Estamos para servirlo de lunes a viernes de 09:00 a 17:00 horas. Jr. Junín s/n cuadra 5. Teléfono 311-7777 anexos 5152 - 5153 - 5154 (fax)

http://www.congreso.gob.pe E-mail: [email protected]

Esta sesión ha sido publicada en el Portal del Congreso de la República a las 21:50 horas del miércoles 2 de julio de 2014 PERÍODO LEGISLATIVO 2013-2014 COMISIÓN PERMANENTE 11.ª SESIÓN (Matinal) (Texto Borrador) MIÉRCOLES 2 DE JULIO DE 2014 PRESIDENCIA DEL SEÑOR LUIS IBERICO NÚÑEZ, FREDY ROLANDO OTÁROLA PEÑARANDA Y DE LA SEÑORA CARMEN OMONTE DURAND SUMARIO Se pasa lista.— Se abre la sesión.—

1

—A las 10 horas y 25 minutos, bajo la Presidencia del señor Luis Iberico Núñez, el Relator pasa lista, a la que contestan los señores congresistas Miguel Grau Seminario1, El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Señores congresistas, muy buenos días. Se va a pasar lista para computar el quórum. El RELATOR pasa lista: El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Han contestado a la lista 18 congresistas. El quórum para la presente sesión es de 13 señoras y señores parlamentarios. Con el quórum reglamentario, iniciamos la sesión. Se pone en observación el acta correspondiente a la sesión celebrada el 6 de junio de 2014. Si ningún congresista formula observaciones, se dará por aprobado. —Se aprueba, sin observaciones, el acta de la 10.ª sesión celebrada el 6 de junio de 2014. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Ha sido aprobado. SUMILLA El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— El primer punto de la agenda. El RELATOR da lectura: Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, recaído en el Proyecto de Ley N.º 3592/2013-pe, mediante el cual se propone adecuar la Ley N.º 28621, Ley de Líneas de base del dominio marítimo del Perú, según la delimitación marítima entre la República del Perú y la República de Chile, realizada por el fallo de la Corte Internacional de Justicia del 27 de enero de 2014.* El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Se va a iniciar la sustentación del dictamen por unanimidad de la Comisión de Relaciones Exteriores recaído en el Proyecto de Ley N.° 3592, enviado por el Poder Ejecutivo con carácter de urgencia, por el que se propone la Ley que adecua la Ley N.º 28621, Ley de líneas de base del dominio marítimo del Perú según la delimitación marítima entre la República del Perú y la República de Chile, realizada por el fallo de la Corte Internacional de Justicia del 27 de enero de 2014. La Junta de Portavoces, con fecha 26 de junio de 2014, acordó la exoneración del plazo de publicación del dictamen y la ampliación de Agenda.

1

Por Res. Leg. N.° 23680 (13-10-83), se dispone permanentemente una curul, en el Hemiciclo del Congreso, con el nombre del Diputado Miguel Grau Seminario. La lista de asistencia comenzará con el nombre del Héroe de la Patria, MIGUEL GRAU SEMINARIO, tras cuyo enunciado la Representación Nacional dirá ¡PRESENTE!

2

Tiene la palabra el señor congresista Belaunde Moreyra, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, hasta por diez minutos. El señor BELAUNDE MOREYRA (SN).— Gracias, señor Presidente. Quisiera solicitarle que, por favor, se pase a sesión secreta, dada la naturaleza del tema. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Conforme a lo solicitado por el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, vamos a pasar a sesión secreta. Se suspende la sesión por breves momentos. —A las 10 horas y 43 minutos, se suspende la sesión pública y se pasa a sesión secreta. —A las 12 horas y 35 minutos, se reanuda la sesión pública. —Asume la Presidencia del señor Fredy Rolando Otárola Peñaranda. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Continúa la sesión pública. SUMILLA El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— El siguiente punto. El RELATOR da lectura: Dictamen conjunto de las comisiones de Presupuesto y Cuenta General de la República y de Constitución y Reglamento, recaído en el Proyecto de Ley N.° 3639/2013-PE, mediante el cual se propone establecer medidas para la cautela del adecuado uso de los recursos públicos en los gobiernos regionales y gobiernos locales, así como para asegurar la prestación de los servicios a la población.(*) El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Se va a iniciar la sustentación del dictamen en conjunto en mayoría de las comisiones de Presupuesto y Constitución, recaído en el Proyecto de Ley N.° 3639, enviado por el Poder Ejecutivo con carácter de urgencia, por el que se propone la Ley que establece medidas para la cautela del adecuado uso de los recursos públicos en los gobiernos regionales y gobiernos locales, así como para asegurar la prestación de los servicios a la población. La Junta de Portavoces, con fecha 25 de junio de 2014, acordó la exoneración del plazo de publicación del dictamen y la ampliación de la agenda. Tiene la palabra el congresista Cárdenas Cerrón, presidente de la Comisión de Presupuesto, hasta por 10 minutos. El señor CÁRDENAS CERRÓN (NGP).— Gracias, Presidente. Muy buenas tardes, Presidente; y buenas tardes a todos los señores congresistas. Quisiera informar que este Proyecto de Ley n.° 3639 ha desarrollado y se ha tratado, además se ha debatido en dos comisiones, siendo la comisión principal la que usted ya 3

mencionó, la Comisión de Presupuesto, el cual soy responsable, y como segunda comisión la Comisión de Constitución, que ha sido presidida por el congresista Omar Chehade. Quisiera comentarles que la votación de ambas comisiones ha llegado a una conclusión, y ha sido aprobado por mayoría en ambas comisiones. Presidente, nosotros quisiéramos mencionar que este dictamen del Proyecto de Ley 3639/2013-PE, que propone la Ley que establece medidas para la cautela del adecuado uso de los recursos públicos en los gobiernos regionales y gobiernos locales, así como para asegurar la prestación de los servicios a la población. Vamos a dar inicio mediante la identificación de los problemas. 1. En algunos gobiernos regionales y gobiernos locales existe la presunción del mal manejo de los fondos públicos, debido a actos contrarios a su institucionalidad que afectan su normal desenvolvimiento. Hechos que ha permitido suspender sus cuentas bancarias para cautelar los recursos públicos, y peor aún, evitar su desaparición. 2. Pero la suspensión de las cuentas tiene efecto adverso en las unidades ejecutoras de los gobiernos regionales y gobiernos locales involucradas, que no permiten utilizar sus recursos públicos para cumplir con sus compromisos, poniendo en riesgo la prestación de los servicios de salud, seguridad ciudadana, así como interrupción de la ejecución de los programas sociales y pago de las obligaciones laborales y previsionales. Este Proyecto de Ley 3639, Presidente, tiene los objetivos siguientes: 1. Fortalecer la democracia que se basa en el respeto de la institucionalidad. 2. Contribuir con la gobernabilidad de los gobiernos regionales y locales. Crear una unidad ejecutora extraordinaria, transitoria y especial en aquellos gobiernos regionales y gobiernos locales cuyas operaciones en cuentas bancarias han sido suspendidas. También tiene por objeto modificar el artículo 53.° del Texto Único Ordenado de la Ley General del Sistema Nacional de Tesorería, aprobado por el Decreto Supremo n.° 0352012-EF, estableciendo medidas que aseguren la dirección y gestión en las entidades a las que se les ha aplicado la medida preventiva de suspensión temporal de operaciones en las cuentas bancarias ante el riesgo posible, en este caso, de uso inadecuado de los fondos públicos. ¿Y cuáles son los antecedentes, Presidente? 1. Existen gobiernos regionales y gobiernos locales que están suspendidas sus cuentas por presuntos malos manejos de los recursos públicos. El artículo 53.° de la Ley 28693, Ley General del Sistema Nacional de Tesorería, establece los procedimientos para adoptar medidas preventivas en el manejo de los fondos públicos.

4

Al respecto quisiéramos mencionar lo siguiente: La Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público procede a la suspensión temporal de operaciones en las cuentas bancarias de aquellas unidades ejecutoras o dependencias equivalentes en las entidades en donde surjan situaciones de conocimiento público que pongan en riesgo el adecuado uso de los fondos públicos, a solicitud del titular de la Contraloría General de la República, del Ministerio de Justicia o Ministerio del Interior. Nuestros antecedentes, señor Presidente: Las entidades que soliciten la medida, deben de remitir dentro los cinco primeros días hábiles de cada mes, un comunicado solicitando que se mantenga la medida de suspensión temporal de operaciones en las cuentas bancarias. De no hacerlos en dicho plazo, la Dirección General de Endeudamiento Público la levantará inmediatamente, sin perjuicio de que se vuelva a presentar una nueva solicitud. La Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público queda facultada para levantar parcialmente la suspensión de las operaciones bancarias efectuadas en las entidades para la atención del pago de ingreso de personal, cargas sociales, pensiones, así como obligaciones relacionadas con el Programa de Vaso de Leche u otros programas sociales. Otros antecedentes, señor Presidente: Sin embargo, la medida no es suficiente, considerando que hay dificultades para continuar con la operatividad de estas instituciones que no pueden hacer pago —en este caso, de los servicios básicos, pago de contratos, de seguros, usos de internet, de limpieza, de seguridad, y bueno, etcétera, así como de mantenimiento— considerando que sus cuentas está suspendidas. Quisiéramos que ustedes puedan ver en la diapositiva que está en frente, señor Presidente y señores congresistas, que los gobiernos regionales y gobiernos locales que han sido suspendidos sus cuentas bancarias, y que las vamos en este caso, enunciar: La Municipalidad Distrital de Chavín de Huantar, en Áncash; del Departamento de Áncash, la fecha de bloqueo de sus cuentas bancarias ha sido el 05 de junio de este año 2014. La Municipalidad Distrital de San Marcos-Áncash, también el 05 de junio de 2014. Áncash, la unidad ejecutora del Proyecto Especial Chinecas, que han sido justamente bloqueadas sus cuentas bancarias el 04 de abril de 2014; y ha sido desbloqueado el 09 de junio de 2014. Al igual que la unidad ejecutora de sede central que ha sido bloqueado el primero de abril de 2014, y a han sido desbloqueadas sus cuentas bancarias el día 09 de junio de 2014. Así como la Subregión Pacífico, en este caso que es la unidad ejecutora del Departamento de Áncash, del Gobierno Regional de esta región, que su de bloqueo ha sido el primero de abril de 2014, y la fecha de desbloqueo el día 09 de junio de 2014. Así continúan algunas regiones y municipalidades que han sido suspendidas en este caso sus cuentas bancarias. 5

Ustedes lo tienen en la diapositiva, como habríamos mencionado. Quisiéramos pasar a la siguiente información. La propuesta legislativa, señor Presidente, tiene un complemento respecto de la normativa vigente. Para poder solucionar el problema de operatividad en el gobierno regional y en los gobiernos locales suspendidos: Primero; se crea una unidad ejecutora extraordinaria, transitoria y especial; con la finalidad de mantener la operatividad del gobierno regional y el gobierno local correspondiente, así como mantener la adecuada ejecución del nivel de gasto, garantizando la prestación de servicios públicos a favor de la población. Dos; la unidad ejecutora estará en el pliego del Gobierno Nacional que se determine, y tendrá un plazo de 60 días hábiles prorrogables. Tres; la unidad ejecutora se liquida automáticamente por: Falta se solicitud de prórroga del plazo; elección de instalación de las nuevas autoridades, desde el momento en que el Jurado Nacional de Elecciones extiende las credenciales respectivas, o el pedido de liquidación de la unidad ejecutora al Ministerio de Economía y Finanzas por parte de la entidad que solicitó la prórroga. También, si al momento de la liquidación de la unidad ejecutora existen recursos no devengados, estos deben ser transferidos al gobierno regional o gobierno local que han sido objeto de la medida establecida en el artículo 53° de la Ley de Tesorería. ¿Qué más podemos mencionar respecto a esta norma, señor Presidente? Se otorga mayores facultades a la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público, para intervenir cuando hay suspensión en sus cuentas. Podemos mencionar lo siguiente: 1. La Dirección General de Endeudamiento de Tesoro Público queda facultada para levantar parcialmente la suspensión de las operaciones bancarias efectuadas en las entidades a las que se hubiera aplicado el N° 53.1, únicamente para la atención de pagos de ingreso de personal, carga sociales, pensiones, seguros, servicios públicos, básicos, en este caso internet, limpieza, seguridad de las instituciones, arbitrios; así como obligaciones relacionadas con el programa de Vaso de Leche u otros programas sociales. 2. Las entidades que soliciten la medida a que se refiere el N° 53.1, deben remitir dentro de los 10 días hábiles de cada mes una solicitud que prorroga dicha medida, de no serlo en dicho plazo, la Dirección General de Endeudamiento del Tesoro Público la levantara de inmediato, sin perjuicio de que se vuelvan a presentar una nueva solicitud. ¿Y cuáles son los fundamentos de este Proyecto de Ley 3639? En lo referido a los aspectos constitucionales: 1. La administración económica y financiera del Estado se rige por el presupuesto que anualmente aprueba el Congreso.

6

La programación en ejecución responde a criterios de eficiencia, de necesidades sociales básicas y de descentralización; esto está estipulado en el artículo 77.° de la Constitución Política de nuestro país. 2. El Gobierno es unitario, representativo y de descentralizado; artículo 43.° de la Constitución Política. 3. El Gobierno unitario en materia económica y financiera se evidencia en las atribuciones conferidas al Presidente de la República; articulo 118.° de la Constitución Política del Perú. ¿Para qué? Para dirigir la política en general del Gobierno, administrar la Hacienda Pública, negociar los empréstitos, dictar medidas extraordinarias mediante decretos de urgencia con fuerza de ley en materia económica y financiera, cuando así lo requiera el interés nacional. Pero también dentro de los aspectos que queremos considerar, Presidente, es la Ley de Bases de la Descentralización. El artículo N° 8 de la Ley de Bases de la Descentralización, la Ley 27783, ha definido la autonomía como el derecho y la capacidad efectiva del Gobierno en sus tres niveles, de normar, regular y administrar los asuntos públicos de su competencia, ello se sustenta en afianzar en las poblaciones e instituciones la responsabilidad y el derecho de promover y gestionar el desarrollo de sus circunscripciones, en el marco de la unidad de la nación; afirmando que la autonomía se sujeta a la Constitución y a las leyes de desarrollo constitucional respectivas. Respecto a la autonomía de los gobiernos regionales y gobiernos locales, Presidente, quisiéramos mencionar algunos puntos y mencionamos lo siguiente: 1. Los gobiernos regionales. El gobierno descentralizado se materializa en la autonomía de los gobiernos regionales, la cual es ejercida dentro de sus competencias en marco de la Constitución y de la ley, con los bienes y rentas, los cuales están regulados en los artículos 191.°, 192.° y 193.° de la Constitución Política del Perú de 1993. La autonomía es ejercida por el consejo regional como órgano normativo y fiscalizador y el presidente como órgano ejecutivo. En el caso de los gobiernos regionales, Presidente, el gobierno descentralizado se concreta en la autonomía de las municipalidades provinciales y distritales, la cual es ejercida dentro de sus competencias, en el marco de la Constitución y de la ley, con los bienes y rentas, los cuales están regulados en los artículos 194.°, 195° y 196.° de la Constitución Política del Perú del año 1993. La autonomía es ejercida por el consejo municipal como órgano normativo y fiscalizador, y la alcaldía presidida en este caso como órgano ejecutivo. Los órganos de gobierno regional y local, Presidente. Los órganos de gobiernos de los gobiernos regionales son el consejo regional que es el órgano normativo y fiscalizador del gobierno regional y la presidencia regional, en ese caso es el órgano ejecutivo del gobierno regional.

7

Los órganos de gobiernos de los gobiernos locales son el consejo municipal que ejerce funciones normativas y fiscalizadoras, y la alcaldía que es el órgano ejecutivo del gobierno local. La propuesta normativa, en este caso como habríamos mencionado, Presidente, el Proyecto de Ley N° 3639, no afecta a ninguno de estos órganos de gobierno, toda vez que afecta a un órgano que está abajo del órgano ejecutivo del respectivo gobierno que es la unidad ejecutora, la cual se ubica, en el caso del gobierno regional, en las gerencias regionales, en el caso de gobiernos regionales, en las gerencias municipales. Pero, Presidente, se debe de considerar que solo afecta la ejecución del presupuesto por caso de excepción, y para esto queremos sustentarla del siguiente modo: Uno, se precisa que la ejecución del presupuesto de estas unidades ejecutoras es la que está en peligro, considerando que su presupuesto, en este caso, del año 2014, ya fue aprobado por los órganos regionales y locales pertinentes. Además, en este sentido, por ser casos excepcionales y de urgencia donde no se puede perjudicar a la población se toma esta medida precisando que solo es para continuar la ejecución de un presupuesto suspendido por malos manejos financieros. El fin del Estado, Presidente, es la persona y en este caso, por actos posibles de corrupción o posibles malos manejos financieros no se pueden castigar o postergar los anhelos de miles de ciudadanos de la región o gobierno local en esta situación. Presidente, nosotros habríamos mencionado y habríamos sustentado esta propuesta legislativa que habría sido debatido ampliamente por las dos comisiones, en este caso, la Comisión de Constitución y la Comisión de Presupuesto de la República. Y como hemos mencionado a un inicio, esa ha sido aprobado por mayoría. Nosotros el día de hoy, ante esta Comisión Permanente, estamos sustentando que no se afecta en ningún caso los aspectos de autonomía de los gobiernos regionales ni mucho menos de los locales. En ese sentido, Presidente, habríamos culminado el sustento de esta propuesta legislativa y esperemos, en todo caso, que se considere y se valore por los señores congresistas. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Antes de continuar el debate, se solicita la dispensa del trámite de sanción del Acta para ejecutar lo acordado en la sesión secreta. Los señores congresistas que estén a favor se servirán expresarlo levantando la mano. Los que estén en contra, de la misma manera. Los que se abstengan, igualmente. —Efectuada la votación, se acuerda tramitar el asunto tratado en la sesión secreta sin esperar la aprobación del acta. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Aprobado por unanimidad.

8

Tiene la palabra el congresista Spadaro. El señor SPADARO PHILIPPS (GPFP).— Gracias, Presidente. Presidente, me está pidiendo una interrupción el congresista Gutiérrez. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Puede interrumpir el congresista Gutiérrez. El señor GUTIÉRREZ CÓNDOR (NGP).— Muchas gracias, Presidente; muchas gracias, congresista Spadaro. Solamente para hacer una precisión, Presidente, que esto fue aprobado por dos comisiones: la Comisión de Presupuesto y la Comisión de Constitución Si es que se prescinde la exposición de Constitución, yo no veo ningún problema, pero solamente quería advertir a la mesa para que haga la correcta sustentación de caso. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Bien. Se trata de un dictamen conjunto y lo puede sustentar cualquier miembro. Inicie su intervención, congresista Spadaro. El señor SPADARO PHILIPPS (GPFP).— Gracias, Presidente. Presidente, definitivamente nosotros estamos a favor de la lucha contra la corrupción. Todo funcionario público que comete delito en la función pública es drásticamente sancionado, por supuesto, por las entidades competentes, la Contraloría General de la República, a quien puede detectar; el Ministerio Público, quien evalúa si efectivamente hay delito y el Poder Judicial que sancione, Presidente, drásticamente y hay que señalarlo con absoluta claridad. Sin embargo, Presidente, de este Proyecto de Ley nos preocupan varios temas. En primer lugar, Presidente, que no concuerdo con el congresista Johnny Cárdenas, que establece que esto no viola ningún tipo de autonomía tanto en los gobiernos locales como en los gobiernos regionales. El Artículo 2.° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Presidente, establece que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, la autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades, radica en la facultad de ejercer actos de gobierno administrativos y de administración con sujeción al ordenamiento jurídico. De igual forma, Presidente, el Artículo 31.° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Hemos visto, Presidente, en estos últimos meses que lamentablemente han habido actos de corrupción dados por autoridades que la Contraloría solicita el bloqueo de las cuentas al Ministerio de Economía y Finanzas y en algunos casos, Presidente, se ha visto que efectivamente se ha detenido innecesariamente reitero la administración. Porque tiene que haber, si la autoridad —llámese Presidente Regional o alcalde— es detenido o suspendido en el cargo, una sucesión en el cargo, es decir el vicepresidente o los 9

consejeros encargados de la Presidencia en algún momento o el teniente alcalde o algún regidor de acuerdo a lo que establece la Ley Orgánica de Municipalidades y continuar su curso. Es decir, el que comete el delito es el funcionario, el responsable y no la institución por la cual no debe verse perjudicada. El crear una unidad ejecutora distinta a la municipalidad o al gobierno regional está violando la autonomía de política y administrativa en los asuntos que les competen tanto al gobierno local como al gobierno regional. Más aún este tema debería no verse en la Comisión Permanente porque está modificando la Ley Orgánica tanto de gobiernos regionales como de municipalidades. Por tanto, Presidente, planteo como cuestión de orden que este tema se visto en el Pleno dado que de acuerdo al Artículo 101 inciso 4) de la Constitución expresamente establece: “No pueden delegarse a la Comisión Permanente, materias relativas a la reforma constitucional, ni a la aprobación de tratados internacionales, leyes orgánicas como es el caso la Ley General de la República”. Gracias. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Tiene la palabra la congresista Chacón. La señora CHACÓN DE VETTORI (GPFP).— Gracias, señor Presidente. Más allá del planteamiento de la cuestión de orden, en la que estamos totalmente de acuerdo y que espero se pueda dar a votación lo antes posible. Porque lo ha explicado el congresista Spadaro, nosotros estamos convencidos de que se está violando la Constitución al poner en debate en Comisión Permanente y no en el Pleno del Congreso, un tema que va claramente en contra de las leyes orgánicas. Por lo tanto, en ese sentido también plantear la cuestión de orden. Más allá de eso, señor Presidente, decir que definitivamente esto va en contra de la autonomía de los gobiernos regionales. Si bien es cierto se tienen que tomar medidas ante los hechos que hemos estado viendo y ante lo que lamentablemente hemos sido testigos, esta es una responsabilidad que le compete, señor Presidente, al mismo Poder Ejecutivo. Esto podría hacerlo fácilmente a través de decretos de urgencias. Pero no solamente eso, sino que no nos olvidemos que la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales establece una sucesión en el cargo ante la vacancia o suspensión del presidente regional. A este paso, cuando tenemos a varios presidentes regionales presos; varios, cuestionados y varios que también se podría ordenar su orden de detención por lo que estamos viendo. Entonces, resultaría que en términos reales estaríamos yendo y destruyendo la regionalización. Sería el gobierno central y el Presidente de la República a través de esta norma, quien se habría tirado abajo todos los años que nosotros hemos venido construyendo o hemos venido apoyando el tema de la regionalización. 10

No podemos, señor Presidente, permitir que a través de una ley que además nos parece inconstitucional, el Presidente de la República de un sólo plumazo entonces se haga de todos los gobiernos regionales y como consecuencia de todos sus presupuestos y de todas sus funciones. Esto, señor Presidente, puede llevarnos a pensar que es un manejo político preelectoral justamente cuando estamos a puertas el 5 de octubre de una elección regional. Aquí, la ley es bastante clara y ha sido prevista para que en cualquier situación anómala —como la que estamos pasando— ahora sean ya sea el vicepresidente o el Consejo a través de una elección dentro de sus miembros, quienes continúan el funcionamiento de una región. Las regiones no están hechas por su presidente regional sino por sus pueblos. El pueblo tiene derecho y merece una descentralización que debemos de corregir, por supuesto que sí, pero no podemos destruir con una ley que lo que va a ser es no solamente tener todo el presupuesto de las regiones y del país, sino también destruir todo lo que se ha avanzado en cuanto a descentralización, y le pediría, señor Presidente, que se pueda plantear la cuestión previa lo antes posible. Gracias. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Congresista Dammert Ego Aguirre, puede hacer uso de la palabra. El señor DAMMERT EGO AGUIRRE (AP-FA).— Señor Presidente, la bancada de Acción Popular-Frente Amplio presentó un proyecto que tenía que ver con acciones de la tesorería, cuando se interviene un gobierno regional y se le congelan las cuentas que es una facultad dada ya por la ley, y se decía y se señalaba con certeza y con claridad, que muchas veces eso afectaba a la prestación de los servicios públicos. El proyecto de ley tenía que ver con ese tema, pero de pronto ha llegado al despacho de alguien ese proyecto de ley y ha dicho: esta es la oportunidad, aquí le ponemos el puñal a la descentralización y la acabamos, porque lo que están construyendo, lo que plantea este proyecto de ley, es crear unas unidades ejecutoras transitorias y extraordinarias que se prolongan solas, que no tiene límite ni del ámbito al cual alcanzan ni del tiempo en el cual se reproducen ni la cantidad de dinero que tienen ni tampoco a quienes lo van a designar. Esto es la dictadura perfecta del MEF, que el Ministerio de Economía y Finanzas sobre toda la administración del Estado y va abiertamente contra el manejo constitucional que dice que el Estado es unitario y descentralizado. Hay tres niveles de gobierno y los niveles de gobierno tienen autonomía. Aquí hacen una parrafada extraordinaria sobre que esto no afecta a las competencias constitucionales, lo garantiza la gobernabilidad, cuando esto los afecta totalmente. Bien se ha señalado y coincido con el congresista que ha señalado que una cosa es que un funcionario comete un delito y otra cosa es que la institución sea sancionada por ese delito. 11

Es como sino hubieran los organismos municipales y regionales procedimientos y responsabilidades. Si un presidente comete un delito, si es sancionado, si va al Poder Judicial, tiene que ser reemplazado por lo que manda la ley, lo que manda la Ley Orgánica de Municipalidades es la Ley de Regiones, lo que manda la Constitución, y si un alcalde comete un error y va preso, ese alcalde mientras va preso es reemplazado en la municipalidad y eso está así establecido ya en las leyes vigentes. Lo que se quiere con esta ley es crear unas unidades ejecutoras, que como digo, permanentes, reemplazan a los gobiernos regionales y municipales, anula la autonomía. Después de tantos años y todo lo que se ha avanzado me parece realmente extraordinario, inusitado, que el Congreso pueda estar discutiendo una ley como esta a puertas de una elección municipal y regional. Entonces, si alguien le quiere dar una bandera a todo el pueblo, porque ciertamente lo primero que va a votar en esta elección el pueblo es rechazar cualquier intento de descentralizar los gobiernos regionales y municipales, porque ya tienen una legitimidad de gestión los gobiernos regionales y locales. Otro tema muy importante es el tema de la corrupción y en el tema de la corrupción también hay que decir que hay responsabilidades compartidas o distintas. Por ejemplo, acaso no ha permitido el gobierno nacional que los gobiernos municipales y regionales como tienen dificultades para convocar su proceso de licitación se exoneren de la administración pública y lo hagan vía oficinas de migraciones internacionales... —Asume la Presidencia la señora Carmen Omonte Durand. La señora PRESIDENTA (Carmen Omonte Durand).— Tiene tiempo adicional, congresista Dammert. El señor DAMMERT EGO AGUIRRE (AP-FA).— ... Oficinas diversas, que es uno de los elementos de la corrupción de los gobiernos regionales. El gobierno regional de Áncash lo utilizó masivamente, ¿quién le permitió, el gobierno regional o el gobierno nacional? El gobierno nacional le permitió, le dio pase y se empezó a generar un sistema en el cual desde el gobierno central unos programas presupuestales se fueron convirtiendo en programas de ejecución de gobierno y poco a poco ahora la mayoría del presupuesto de la República es decidido vía lo que manda el MEF y el MEF acaba de constituir un organismo que ya tiene un año de seguimiento de la inversión que es el que manda. Entonces, llaman por teléfono a una localidad y le preguntan: oiga, a cómo está la gasa en tu distrito, dame la información para poder ponerla en el costo que yo estoy estableciendo para poder recién mandarte el dinero y decir como vas a ejecutar, le anula la autonomía hasta definir cómo va a ser el gasto y ese proceso que ha venido creciendo ha permitido mucho de corrupción, pero ha permitido la descentralización práctica de lo que es la gestión presupuestal. La señora PRESIDENTA (Carmen Omonte Durand).— Para que concluya, congresista Dammert. 12

El señor DAMMERT EGO AGUIRRE (AP-FA).— Estoy concluyendo, señora Presidenta. Y los problemas presupuestales tienen que ver con esas dificultades de las cuales el centralismo tiene mucha responsabilidad que no puede ocultarse. Por eso, señora Presidente, señores congresistas, la opinión nuestra es que alguien ha mal utilizado un problema real, el problema real es si se va a intervenir la cuenta de un gobierno local y regional, esa intervención tiene que garantizar que se ha puesto en los servicios, es un problema real. Otro problema distinto es: señores, van todos presos y la empezamos ahora, ya no hay autonomía, no hay gobierno regional, no hay gobierno municipal, el MEF es el que manda en el Perú, la dictadura y el MEF deciden qué pasa en la estructura del Estado. Eso va contra toda la constitución. No hay ningún artículo que pueda ser sujetado a lo que este proyecto de ley, lamentablemente... Me piden una interrupción antes de terminar. La señora PRESIDENTA (Carmen Omonte Durand).— Ya está en tiempo adicional, congresista Dammert. El congresista Julca seguramente le concederá una interrupción a la congresista Mavila. El señor DAMMERT EGO AGUIRRE (AP-FA).— Entonces, termino. La señora PRESIDENTA (Carmen Omonte Durand).— Sí, por favor, congresista Dammert. El señor DAMMERT EGO AGUIRRE (AP-FA).— Entonces, termino diciendo nuestra opinión, además de manifestar nuestra extrañeza que un proyecto que mata la descentralización no haya ido a opinión de la Comisión de Descentralización del Congreso. Pero es extraordinaria. Creo que debe ir a la Comisión de Descentralización y debe retornar a esa comisión. La señora PRESIDENTA (Carmen Omonte Durand).— Gracias, congresista. Congresista Julca, ¿le concede una interrupción a la congresista Mavila? El señor JULCA JARA (PP).— Gracias, señora Presidenta. Si usted lo considera, con todo gusto. La señora PRESIDENTA (Carmen Omonte Durand).— Puede interrumpir la congresista Mavila. La señora MAVILA LEÓN (AP-FA).— Gracias, señora Presidenta; gracias, congresista Julca. Quiero hacer notar tres temas en el proyecto de ley materia de análisis. El primero es que la unidad ejecutora especial, constituida por el Ministerio de Economía en el pliego del gobierno nacional, tiene, en primer lugar, un plazo de 60 días hábiles para hacer su gestión. Pero curiosamente esta unidad ejecutora de gasto tiene ese plazo prorrogable y esa prórroga en realidad no se dispone por qué tiempo puede hacerse, en consecuencia, la prórroga puede ser indefinida. En buen romance, no estamos entonces respondiendo a 13

una situación específica de riesgo creada por los problemas de corrupción en algunos gobiernos regionales, porque eso tendría que ver con un lapso de temporalidad específico y concreto. En segundo lugar, para fundamentar la legitimidad de esta ley se dice que la Contraloría debe realizar un control concurrente de todas las acciones que desarrolle la unidad ejecutora previa a la ejecución del gasto público. O sea, esta unidad ejecutora especial... La señora PRESIDENTA (Carmen Omonte Durand).— ¿Le permite la segunda interrupción, congresista Julca? Correcto. Continúe, congresista Mavila. La señora MAVILA LEÓN (AP-FA).— Ejecutora especial estaría controlada por la Contraloría. Y, sin embargo, en el fondo la visión que tienen del control es que solo con control posterior, porque, obviamente, no puede haber control previo ni concurrente en estos actos de riesgo y en las circunstancias fácticas que se han creado. Y en tercer lugar, aquí está el tema de fondo, que el presupuesto con el que se pone en marcha esta unidad ejecutora especial no proviene de los fondos del MEF, sino proviene de los mismos fondos del gobierno regional. O sea, que en la práctica se crea una unidad ejecutora financiada por el propio gobierno regional. Y francamente yo sí creo que esto está planteado sin parámetros sin límites y creo que la norma no se justifica con la fundamentación de enfrentar la corrupción. Creo que el proyecto que ha planteado el congresista de Tumbes por lo menos precisa qué funciones se van a mantener en estas áreas de intervención, y a mí me parece que este proyecto debe bajar a comisión por lo menos para que se definan plazos... La señora PRESIDENTA (Carmen Omonte Durand).— Gracias, congresista. Inicie su intervención, congresista Julca. El señor JULCA JARA (PP).— Gracias, señora Presidenta. Señora Presidenta, éste es un tema muy sensible, definitivamente tiene que ver con lo que hoy día estamos viviendo en muchas regiones y localidades. La ley sobre el manejo presupuestal y financiero ya determina medidas que, como se ha conocido, se pueden tomar para cautelar fondos públicos cuando hay problemas graves, graves, de manejo por temas de corrupción sobre todo. Entonces, ya existe la norma. Lo que se ha podido experimentar en el caso, por ejemplo, de Ancash es que no puede tampoco frenarse la operatividad de una región una municipalidad, porque tiene que continuar con la prestación de servicios fundamentales, críticos, pago de servicios, planillas y sobre todo el tema de mantenimiento e infraestructura. Entonces, cuando se ha dado la experiencia que ha ocurrido, y aparentemente va a continuar en muchos lugares, es necesario, y ahí considero que es necesario precisar y

14

optimizar la intervención, optimizar la intervención para que la operatividad continúe, pero cautelando los fondos que se están utilizando. Lamentablemente, cuando se interviene una región, una municipalidad los mismos que han venido participando en la corrupción, en el caso de Ancash, por ejemplo, quiero ser preciso, hoy día están presos el presidente regional y su principal funcionario, el gerente general y el vicepresidente, pero todos los demás gerentes, todo el sistema sigue funcionando igual que antes, y siguen con las mismas malas costumbres de generar procesos, pagos, servicios, intentando continuar con todo el sistema de corrupción que ha existido. O sea, no se ha cambiado, solo se ha detenido a los principales responsables que están siendo investigados. Ahí viene, y nosotros hemos hecho una propuesta parecida a esta, que de hecho está en proceso, con el fin de que se dé una mayor cautela; evidentemente, yo sí considero que hay que tal vez debatirla un poco más, y considero que tal vez debamos llevarla a la Comisión de Descentralización, estoy de acuerdo con eso. Pero, el principio básico es que sí necesitamos mejorar el sistema de control de cautela y luego la garantía de que los servicios básicos deben continuar operando. Eso es independiente a la investigación y a la responsabilidad que se determine en los funcionarios que han cometido actos de corrupción, porque finalmente todo nace de eso. La garantía de la cautela es porque hay malos manejos, y los malos manejos tienen que cautelarse, por un lado, a la vez investigar a los que son responsables, pero —repito— debe garantizarse el operativo. Yo creo que por ahí, esto puede generar un mayor debate y considero que debe regresar a la comisión, pero con el compromiso de que vamos a debatir y aprobar; tampoco no es la idea que se bloquee esta propuesta, porque eso es lo que yo sugeriría en principio, Presidenta. Gracias. La señora PRESIDENTA (Carmen Omonte Durand).— Gracias, congresista. Puede hacer uso de la palabra el congresista Guevara. El señor GUEVARA AMASIFUEN (AP-FA).— Gracias, Presidenta. Solicita, por su intermedio, una interrupción el congresista Pedro Spadaro, si lo tiene a bien. La señora PRESIDENTA (Carmen Omonte Durand).— Puede interrumpir el congresista Spadaro. El señor SPADARO PHILIPPS (GPFP).— Gracias, Presidenta. Presidenta, creo que hay que señalar con claridad. Los actos de corrupción son individuales, la institución nunca queda acéfala, Presidenta, porque además de los 15

funcionarios están las autoridades elegidas; si el alcalde va preso por corrupto quedará el teniente alcalde o quien lo suceda. Si el presidente regional va preso por corrupto, quedará el vicepresidente o quien lo suceda. Presidenta, lo que está ocurriendo en Ancash, como el anterior parlamentario ha señalado, no puede ser un ejemplo para todo el país, para 25 regiones y 2000 municipalidades. No podemos dejar que desde el gobierno central con el MEF, se pueda manejar simplemente a discreción las cuentas. Y es más, como lo ha señalado el congresista Dammert, a discreción abro, retiro y hago las prórrogas respectivas. La señora PRESIDENTA (Carmen Omonte Durand).— ¿La segunda interrupción? Correcto. Concluya, congresista Spadaro.. El señor SPADARO PHILIPPS (GPFP).— Presidenta, puede ser utilizado políticamente este tema justamente en la época electoral. Gracias. La señora PRESIDENTA (Carmen Omonte Durand).— Congresista Guevara. El señor GUEVARA AMASIFUEN (AP-FA).— El congresista Cárdenas me está solicitando la segunda interrupción. La señora PRESIDENTA (Carmen Omonte Durand).— Puede interrumpir el congresista Cárdenas, por favor. El señor CÁRDENAS CERRÓN (NGP).— Gracias, congresista. Por su intermedio, Presidenta, creo que es importante escuchar todas las preocupaciones que tienen los señores congresistas, pero sería importante para mí, y en este caso los asesores de la Comisión de Presupuesto, que nos orienten un poco más los congresistas cuando dicen que es anticonstitucional y que nos digan qué artículos más o menos estamos vulnerando de la Constitución Política, uno de ellos. Eso, puntualmente. También mencionan que pase a la Comisión de Descentralización, y quisiéramos que nos mencionen qué artículo del proceso de descentralización estamos afectando. De tal manera que nosotros podamos ver y podamos analizar respecto de estos puntos. Entonces, sería importante pedirles, Presidenta, por su intermedio, que por favor un poquito nos orienten los señores congresistas, de tal manera que podamos tener alguna información que nosotros podamos agregar al final de nuestra presentación o al final de debate en todo caso. Gracias, Presidenta. La señora PRESIDENTA (Carmen Omonte Durand).— Continúe, congresista Guevara. 16

El señor GUEVARA AMASIFUEN (AP-FA).— Gracias, Presidenta y colegas congresistas. Este tema en definitiva es de mucha importancia para nuestro país y requiere de un debate bastante técnico y alturado, y sobre todo que se realicen en las comisiones que corresponden. Es cierto, que este tiene un alto impacto en la Comisión de Presupuesto, en la Comisión de Economía; pero también tiene un impacto directo en la Comisión de Descentralización, ¿en qué sentido? Porque prácticamente se está creando una unidad, un cambio dentro de lo que es la reforma del Estado, específicamente en la parte de la LOPE, y eso tiene que ver todo lo que significa la Comisión de Descentralización, por un lado. Por otro lado, colegas congresistas, todos somos conscientes que estamos asistiendo en definitiva a una serie de interrupciones a los gobiernos regionales; pero sin embargo esto no significa que todo el proceso de descentralización, porque ese es el nombre correcto 'descentralización', no 'regionalización' sino 'descentralización' que esto es el fin, el objeto, de lo que nosotros estamos buscando, nadie está poniendo en cuestión. Lo que sí es cierto, lo que está fallando, y eso es bueno que todos pongamos los reflectores de manera conjunta, de manera consensuada y articulada, incluso dentro de una política nacional del Estado que recoge el Acuerdo Nacional, es fundamentalmente el fortalecimiento de todas las instituciones. Han fallado en todos estos temas más que los gobiernos regionales ha fallado, por ejemplo, la actuación del Ministerio Público; ha fallado la actuación del Poder Judicial; ha fallado la actuación de la Contraloría General de la República; ha fallado el tema relacionado con la propia OSCE; ha fallado también en cierto punto la Superintendencia de Banca y Seguros, que sí tengo que ser hidalgo en reconocer que en su momento ellos establecieron un mecanismo para establecer no dar válidas aquellas carta fianzas que no tendrían ningún sustento ni legal ni económico ni financiero. Por lo tanto, aquí es el tema donde todos y cada uno de nosotros debemos de enfocarnos; y tampoco vamos a relevar de esta responsabilidad al Ministerio de Economía y Finanzas. Ellos en estos momentos, el Ministerio de Economía y Finanzas es bueno que lo digamos y puntualicemos que en estos momentos pretenden actuar como bomberos, es decir, pretenden apagar un fuego que ellos en su debido momento jamás supieron hacerlo. Una media que lejos de ser proactiva es eminentemente reactiva, y es por eso que se están convirtiendo en bomberos. Fíjense que en el Ministerio de Economía y Finanzas cada región tiene sus propios sectoristas, cada región tiene su pro tesorería, y estos sectoristas no han controlado de manera eficiente. Sí han controlado aquellas regiones donde están en un conflicto eminentemente compulsivo. Por otro lado es bueno recordar que en la PCM, en la Presidencia del Consejo de Ministros, está adscrita la Secretaría de Descentralización. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿qué ha hecho la Secretaría de Descentralización?... 17

La señora PRESIDENTA (Carmen Omonte Durand).— Para que concluya, congresista Guevara. El señor GUEVARA AMASIFUEN (AP-FA).— Que incluso, colegas congresistas, preside el Foniprel. Foniprel que ha dado recursos, incluso, muchas veces bajo concursos con sospechas, es decir, sin haberlo llevado de manera estratégica, seria, transparente y responsable. Por lo tanto, aquí creo que todos convenimos en lo siguiente, que debemos de fortalecer a las instituciones que tienen que velar el monitoreo, control y fiscalización permanente de todos los fondos de los recursos públicos, y las instituciones que he mencionado es ahí donde nosotros debemos de atacar fundamentalmente. En lo personal considero que formar una Unidad Ejecutora Transitoria y Especial, significa prácticamente ya quitarle toda la acción a las regiones. Significaría ir en un proceso de recentralización y no a consolidar la descentralización. Y por otro lado nos dicen que estas unidades ejecutoras tendrían un tiempo de 60 días prorrogables; pero no nos dicen hasta cuándo. La señora PRESIDENTA (Carmen Omonte Durand).— Concluya, congresista Guevara. El señor GUEVARA AMASIFUEN (AP-FA).— Gracias, Presidenta. No nos dicen hasta cuándo, dicen prorrogable; pero no dicen hasta cuándo sería prorrogable. Por lo tanto, ahí también hay otro tema que nosotros en lo especial no podemos apoyar. Lo que sí también como dijo mi colega congresista Manuel Dammert, nosotros en su momento a través el congresista Manuel Merino, presentamos como bancada un proyecto de ley, pero para ver el tema de los servicios, es decir, aquellas cuentas que han sido intervenidas. Fíjense que algo sustancial es de que en estos momentos nosotros —vuelvo a reiterar— como Estado no podemos someter y quebrar un proceso de descentralización que incluso tiene un destino histórico, un mandato y un clamor popular. Señora Presidenta, yo creo que este proyecto seguramente como todos los proyectos tienen buenas intenciones, pero sin embargo, consideramos que debe de ir a la Comisión de Descentralización o en todo caso ampliar el debate, señora Presidente. Muchísimas gracias. La señora PRESIDENTA (Carmen Omonte Durand).— Gracias. Tiene la palabra el congresista Gutiérrez. El señor GUTIÉRREZ CÓNDOR (NGP).— Muchas gracias, Presidenta.

18

El presente dictamen da cuenta de un debate de dos comisiones del Congreso de la República, para ver el tema en estricto vinculado a asuntos de orden presupuestal y ver los temas vinculados estrechamente a la constitucionalidad de la intervención del Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, motivado por una petición de Contraloría General de la República y otros, para fines de intervención temporal. Si nos remitimos a los hechos que han venido ocurriendo en el Perú, no solamente este año, sino en años inclusive que preceden a gobiernos anteriores, hemos visto cómo se ha dado cuenta de mal uso de los fondos públicos que algunas autoridades han estado disponiendo para tal fin. El gobierno del presidente García en su momento tomó la decisión de intervenir la Municipalidad Provincial de Chiclayo, y lo tomó motivado y respaldado por un marco constitucional, que en ningún momento fue objeto de crítica ni de cuestionamiento, se trataba de un hecho de excepción; sin embargo, en el tema del congelamiento de las cuentas existe, de alguna forma, una cuenta pendiente por resolver. Y el estamento que asume esto por resolver es el Congreso de la República, que tiene que estar a la altura de las circunstancias para hacer que la fluidez de la inversión del sector público, los servicios que brinda el sector público no se paralicen. Y, en efecto, es bueno distinguir dos hechos fundamentales: el titular del pliego seguirá siendo el mismo en el orden de prelación que corresponde, es decir, si el presidente ha sido detenido, es cuestionado, ha sido separado de la función, asumirá el vicepresidente. Y si el vicepresidente también está cuestionado asumirá el que elige el consejo regional, y así sucesivamente en ese orden. La ley, en estricto, no se está modificando cuando se trata de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, menos cuando se trata de un análisis mucho más profundo que puede llevarnos inclusive a temas de procesos electorales o de la Ley de Procesos Electorales. De tal manera que se distingue con claridad quién es el titular del pliego, se distingue además con claridad cuál es el estamento de fiscalización y estamento normativo al interior de los municipios y de los gobiernos regionales; y esto queda a la función constitucional que ejercen los consejeros regionales y lo señores regidores a lo largo y ancho del país. De tal manera que esa función... La señora PRESIDENTA (Carmen Omonte Durand).— Para concluir, congresista Gutiérrez. El señor GUTIÉRREZ CÓNDOR (NGP).— Muchas gracias, Presidenta. De tal manera que la función, de tal manera que ese aspecto fundamental de la institucionalidad tiene que preservarse y que en ningún momento está siendo trastocado en esta iniciativa legislativa. Presidenta, me está pidiendo una interrupción el congresista Virgilio Acuña, para continuar con mi alocución. 19

La señora PRESIDENTA (Carmen Omonte Durand).— Puede interrumpir el congresista Acuña. El señor ACUÑA PERALTA (SN).— Gracias, Presidenta; gracias, congresista Josué Gutiérrez. Colegas, estamos viendo una situación de una mala administración de los recursos, y en esta administración de los recursos intervienen tres elementos, pero queremos prácticamente sancionar a uno. Intervienen los que los transfieren el dinero, que en este caso es Economía y Finanzas; intervienen los administradores del dinero, que son los gobiernos regionales o gobiernos locales; e interviene también el contralor. Nosotros, como solución al problema, lo que estamos viendo es cómo es que le quita funciones al administrador, que es el que maneja el dinero. Es más, estamos planteando quitarle funciones o darle solo un plazo para quitarle las funciones; sin embargo, yo creo que ese no es el que resuelve el problema. Yo creo que acá los responsables más directos son los que transfieren el dinero, porque los que transfieren son los que tienen que saber si sus transferencias están de acuerdo o no, si están controladas o no. Y en segundo lugar, colegas, y quiero decirlo claramente, no estamos haciendo nada por quien es el que debe controlar el dinero. ¿Qué hemos hecho por el contralor? ¿Qué estamos haciendo con el órgano de...? La señora PRESIDENTA (Carmen Omonte Durand).— La segunda interrupción, para que pueda concluir, en favor del congresista Acuña. El señor ACUÑA PERALTA (SN).— Para simplificar, colegas, las cosas. Todos sabemos lo que es la función de una persona que controla, que da la seguridad. Es como en la casa, si tú le das el control a una persona, todo el mundo te roba y simplemente tú sigues con el mismo controlador, cómo podemos seguir con el mismo controlador si todo el día te están robando. Yo creo que la primera función, o sea, la primera actitud que tenemos que tener nosotros es hacer algo sobre el controlador, porque no podemos seguir entregando la función de control a quien se ha dejado robar todos los días; así que yo además de discutir esta ley, planteo que tenemos que hacer algo sobre la Contraloría General de la República. Gracias, congresista, gracias, Presidenta. La señora PRESIDENTA (Carmen Omonte Durand).— Gracias. Continúe, congresista Gutiérrez. El señor GUTIÉRREZ CÓNDOR (NGP).— Presidenta, no quiero abusar de su paciencia, la verdad, yo no quería conceder la segunda interrupción, porque ya me había solicitado el congresista, y yo quería cumplir mi palabra. Pero, atendiendo su solicitud lo había hecho...

20

La señora PRESIDENTA (Carmen Omonte Durand).— El congresista Aguinaga ya le puede conceder después la interrupción. Gracias. El señor GUTIÉRREZ CÓNDOR (NGP).— ... ya, ya. Gracias, Presidenta. La señora PRESIDENTA (Carmen Omonte Durand).— Gracias, congresista Gutiérrez, puede continuar. El señor GUTIÉRREZ CÓNDOR (NGP).— Bueno, en todo caso, no porque no quería sino porque sencillamente ya me había comprometido con el congresista. Entonces, Presidenta, lo que estamos es en un escenario donde el Perú ha respaldado en su momento al señor García, y respalda en su momento, en los actuales momentos, la intervención que está solicitando Contraloría a través del Ejecutivo y que se viene implementando en Ancash. Y, otro tema que tiene que quedar claro, es que se está pidiendo la intervención y el congelamiento de una unidad ejecutora, no de las 22 o 23 que pueda tener a cargo el gobierno regional, y eso que quede claro. O sea, la unidad ejecutora vinculada a la Dirección Regional de Salud continúa, porque tiene que pagar planilla, tiene que cumplir sus compromisos, tiene que salir adelante, porque sino sería un San Quintín. De igual manera, la unidad ejecutora que está vinculado al tema de la Dirección Regional de Educación, similar, o sea, una sola unidad ejecutora, por lo tanto, ese congelamiento se va en búsqueda además de preservar el recurso público, que es la finalidad de todos los peruanos... La señora PRESIDENTA (Carmen Omonte Durand).— Para que concluya, por favor, congresista Gutiérrez. El señor GUTIÉRREZ CÓNDOR (NGP).— ... gracias, Presidenta. Si tenemos que hablar de políticas de control probablemente vamos hablar muchísimo, pero este es un tema específico, cuya responsabilidad tiene que asumirlo con entereza el Congreso de la República, no es posible que vayamos a implementar políticas a libre albedrío; darle por ejemplo, intervinimos la Municipalidad de Chiclayo y sus recursos darlos al gobernador para que lo ejecute o a otra instancia, sino que tenemos que regularizar. Finalmente, Presidenta, estas transferencias de partidas son atípicas, no son las clásicas que nosotros estamos acostumbrados, por eso es que no tiene ninguna colisión con un tema de transferencia de partidas, no hay ningún impedimento que así lo sea. Este es un tema de carácter extraordinario, transitorio y especial, y fundamentalmente temporal y excepcional, que quede claro.

21

Y, la única responsabilidad es dar continuidad a los compromisos previamente establecidos para que no se paralicen todos esos compromisos que están generalmente llevados con terceros, que son las relaciones contractuales que existen. Por lo tanto, Presidenta... La señora PRESIDENTA (Carmen Omonte Durand).— Ya ha tenido... solo termine, por favor, congresista Gutiérrez. El señor GUTIÉRREZ CÓNDOR (NGP).— ... gracias por su benevolencia. Finalmente, no hay una lesión al marco constitucional porque de lo contrario el presidente García, el presidente Humala, hubieran infringido algún aspecto de la Constitución, y eso la Comisión de Constitución lo dijo con claridad. Segundo, no existe un proceso o no existe un carácter que pueda impedir unas transferencias cuando son hechos totalmente atípicos, temporales, cuya excepcionalidad, esta unidad ejecutora no se está creando para que viva y subsista; sino para que cumpla compromisos y no se paralice el tema del desarrollo en términos de inversión pública. Presidente, por lo mismo, yo pido que tengamos la madurez, así como hay una exigencia para que los demás cumplan su función, también nosotros no abdiquemos de la misma, y como Congreso de la República estemos a la altura de las circunstancias y votemos adecuadamente. No es la paralización a un proceso de descentralización, que quede claro, nosotros alentamos que la descentralización se consolide; pero, eso no significa ser cómplice de la corrupción. Muchas gracias, señor Presidente. —Reasume la Presidencia el señor Fredy Rolando Otárola Peñaranda. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Proceda, congresista Aguinaga. El señor AGUINAGA RECUENCO (GPFP).— Presidente, por favor, le voy a conceder una interrupción al congresista Reátegui. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Puede interrumpir el congresista Reátegui. El señor REÁTEGUI FLORES (GPFP).— Presidente, en realidad, lo que hay que pedirle que madure un poco es al gobierno, porque para esto no se necesita una ley para poder intervenir de una medida extraordinaria a un gobierno regional y a un gobierno local, la propia Constitución en su artículo 118° y artículo 119° dice: Dictar medidas extraordinarias; o sea, el Presidente de la República puede dictar medidas extraordinarias mediante decretos de urgencia con fuerza de ley en materia económica y financiera cuando así lo requiere el interés nacional y con cargo a dar cuenta al Congreso de la República. El Congreso puede modificar o derogar los referidos decretos de urgencia".

22

Pero no solamente, en el Reglamento propio del Congreso de la República, en el artículo 91 dice: "El congreso ejerce control sobre los decretos de urgencia dictados por el Presidente de la República en uso de la facultad que le concede el inciso 19)". ¿Qué quiere decir, señor Presidente?... El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— La segunda interrupción es también para el congresista Reátegui. El señor REÁTEGUI FLORES (GPFP).— Señor Presidente, ¿qué quiere decir esto? Que el Ejecutivo tiene que tener responsabilidad y tiene que tener la capacidad para tomar decisiones. No se necesita modificar o hacer una ley para poder intervenir a un gobierno local y nacional que a clara luces tiene una asociación ilícita para delinquir, están delinquiendo, están usando los fondos públicos de todos los peruanos, pero no puede hacerse una ley para prorrogar y poner desde el Ejecutivo una —lo que se denomina— unidad ejecutora para lograr realmente una intervención a todos los gobiernos regionales. Por lo tanto, no es necesario esta ley, señor Presidente. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Continúe, congresista Aguinaga. El señor AGUINAGA RECUENCO (GPFP).— Gracias, señor Presidente. Es evidente que nosotros como grupo tenemos que apoyar todo lo que sea lucha contra la corrupción, pero también tenemos que señalar con la misma energía, señor Presidente, que en nombre de la lucha contra la corrupción se puedan estar buscando intereses de otra índole. ¿Acaso desconocemos que la ausencia del Estado, tanto del Poder Ejecutivo como de los órganos que luchan contra la corrupción, el Ministerio Público y la Contraloría, han estado ausentes durante estos tres años en los gobiernos locales y regionales? Eso lo pretendemos ahora corregir con medidas que son intervencionistas, porque si queremos realizar de alguna manera o colocar una unidad ejecutora tiene que estar claramente sustentado el por qué, cuáles son las razones y fundamentos. Pero sí de otra manera tenemos que rechazar que se viole la Ley de Regionalización y Descentralización, donde se han transferido competencias y se tiene que completar las responsabilidades, pero no un intervencionismo a mansalva, señor Presidente. Por eso, el pretender generar unidades ejecutoras transitorias violentando la Ley de Gobiernos Regionales, cuando ante una vacancia o una suspensión temporal asumen los cargos quienes siguen al que ha sido vacado, me refiero al vicepresidente regional o al consejero, o al consejero regional, esto no se está realizando, señor Presidente. Por eso, el gobierno tiene que asumir su responsabilidad y no echarle al Congreso la responsabilidad que tienen que asumir. Si quieren intervenir que lo fundamenten y hagan un decreto de urgencia, pero, lógicamente, hay el temor porque hemos visto que muchos presidentes han sido 23

sancionados, vilipendiados como consecuencia de los decretos de urgencia que se dieron para corregir rumbos en el país. Entonces, aquí se tiene que actuar y asumir responsabilidades con decretos de urgencia y por eso nosotros estamos por la cuestión de orden que ha solicitado nuestro vocero. De la misma manera, tengo que aclarar al congresista que habla de Chiclayo, de la intervención a Chiclayo, no hubo tal intervención en la Municipalidad de Chiclayo, lo que hubo es que ante la declaratoria de vacancia de quien fuera alcalde por el Jurado Nacional de Elecciones, el Tribunal Constitucional, a través de un correligionario, de quien presidía el Tribunal Constitucional en esos momentos, violentando la ley electoral, que es terminal y de observancia obligatoria, repuso al Alcalde de Chiclayo y trajo como consecuencia... El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Culmine, congresista Aguinaga. El señor AGUINAGA RECUENCO (GPFP).— Y trajo como consecuencia, señor Presidente, este tremendo problema y estos enfrentamientos entre la gente que condujo a la quema de esa joya arquitectónica, que es el Palacio Municipal de Chiclayo, que felizmente ya se ha podido reparar. Gracias, presidente. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Tiene la palabra el congresista Tapia. El señor TAPIA BERNAL (GPFP).— El congresista Spadaro y el congresista Zeballos, con su venia, presidente, interrupciones. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Puede interrumpir el congresista Spadaro. El señor SPADARO PHILIPPS (GPFP).— Presidente, gracias. El presidente de la Comisión de Presupuesto, ha solicitado que se ilustre sobre qué artículos de la Constitución se estarían violando. Para indicarle, a través suyo, presidente, se estaría violando el artículo 188, en el capítulo señalado de la descentralización, donde señala que el proceso de descentralización se realiza por etapas, en forma progresiva y ordenada, conforme a criterios que permita una adecuada asignación de competencias y transferencia de recursos del gobierno nacional hacia los gobiernos regionales. Del mismo modo, el artículo 191 de la Constitución, donde establece que los gobiernos regionales tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Gracias, presidente. 24

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— De acuerdo. Solo que se ha puesto en debate esto luego de tener el informe favorable de la Comisión de Constitución. Puede interrumpir el congresista Zeballos. El señor ZEBALLOS SALINAS (SN).— Presidente, gracias. Siguiendo el grato hecho histórico consagrado por el congresista chiclayano Alejandro Aguinaga, es cierto, aconteció una circunstancia bastante extraña. Un alcalde provincial, instaurado por el Jurado Nacional de Elecciones, y otro, repuesto por el Tribunal Constitucional de aquel entonces, obviamente generó un grave desgobierno. Ante ese desgobierno, estábamos casi a último año del período de gobierno de Alan García, dispuso un decreto de emergencia. Si mal no recuerdo, instauró como autoridad a un gobernador. Ahora, en esa circunstancia histórica especial, ¿por qué actuó el Estado?, ¿por qué intervino? Y acá se dejó a un lado lo que es la autonomía de ese gobierno municipal, ¿por qué? Justamente, por una circunstancia extrema de desgobierno. Y algo se tiene que hacer. En ese contexto, es buena esta cita histórica. Porque también tenemos que ubicar este espacio en la coyuntura que está viviendo el país. Gracias, presidente. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Continúe, congresista Tapia. El señor TAPIA BERNAL (GPFP).— Gracias, presidente. Efectivamente, se ha presentado el Proyecto de Ley 3639, que propone establecer medidas para la cautela adecuadas de los usos de los recursos públicos de los gobiernos regionales y gobiernos locales, así como para asegurar la prestación de los servicios a la población. Es así, que esta propuesta se presenta debido al congelamiento de cuentas bancarias de los gobiernos regionales y locales, que ha realizado a solicitud de la Contraloría, el Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia, básicamente en el tema de la corrupción que se ha presentado últimamente, como es el tema del destape de la corrupción en los gobiernos de Ancash, Tumbes, Cajamarca, etcétera. En ese sentido, quiero decir que aquí, en el marco de la Ley de Descentralización, perfecto hay gobiernos regionales que han caído en presuntos actos de corrupción. Y quiero decirle, en primer lugar, que el comando nunca muere. Para eso están los vicepresidentes regionales o quién decida los consejos regionales, para que puedan llevar adelante el gasto público.

25

Por otro lado, presidente, en este momento estamos en una situación electoral, el 5 de octubre, y nos llama la atención que esto suene a un intervencionismo. Cuidado con el clientelismo político, que estamos prestos ya. El 5 de octubre son las elecciones regionales y de gobiernos locales. Y ya lo han dicho acá. Si bien es cierto habla de 60 días, de la unidad ejecutora de 60 días, pero prorrogables. No sabemos hasta cuándo, presidente. O sea, aquí no hay un tiempo bien definido, por el cual esto pueda que sea infinito. Presidente, debo recalcar también que acá es un tema en ausencia del Estado, en reiteradas ocasiones. Y saludo que la Comisión de Fiscalización y el Congreso en sí hayan intervenido directamente, destapando los temas de corrupción y que permitido, incluso el día de hoy, que muchos de ellos estén en la cárcel. Por ejemplo, en el Gobierno Regional de Cajamarca ahora hay una corriente de decir a las rondas campesinas, de la cual provengo, de Chota, que hay una persecución política. Públicamente acá quiero decirle, no es un tema de persecución política aquí, con el señor Gregorio Santos, es un tema de presuntos delitos de corrupción. Entonces, Presidente, yo considero que acá, incluso, cuántas veces hemos discutido que aquí pasa por un tema de ausencia del Estado. ¿Dónde estuvo la Contraloría? ¿Dónde estuvo la OSCE? ¿Dónde estuvo el Ministerio Público? Entonces, Presidente, es importante también... El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Continúe, congresista Tapia. El señor TAPIA BERNAL (GPFP).— Frente a la ausencia, Presidente, del Estado, es que justamente la ausencia de los órganos de control es que, justamente, ha producido también este desastre total. Entonces, Presidente, incluso aquí hemos discutido, por ejemplo, ¿quiénes pagan a la OCI? Los gobiernos regionales. ¿Quiénes pagan a la OCI en los gobiernos locales? La municipalidad provincial. ¿Y quién, entonces, los va a controlar? Presidente, ahí las consecuencias. Otro tema importante, Presidente, es que, como se ha planteado en su momento en una cuestión de orden, al ver este tema en el marco del artículo 59.° de la Constitución en la que justamente, Presidente, por tratarse esto de una Ley Orgánica, Ley Orgánica de Descentralización, Ley Orgánica de los Gobiernos Locales, Presidente, esto no corresponde verlo acá en la Comisión Permanente; por más que la Comisión de Constitución haya dicho y haya dado luz verde, pero, Presidente, acá no corresponde que se vea esto en la Comisión Permanente. Y por otro lado también exhortar en el artículo 101.°, inciso 4) de la Constitución, expresamente establece: "No pueden delegarse a la Comisión Permanente materias relativas...

26

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Culmine, congresista Tapia. El señor TAPIA BERNAL (GPFP).— ...a la reforma constitucional ni a la aprobación de tratados internacionales y —punto dice— leyes orgánicas". Entonces, Presidente, yo quiero exhortar a la Presidencia para que termine bien, pues, su Presidencia, porque esto es motivo incluso de censura y de acusación constitucional. Y acá respetemos la autonomía de los gobiernos locales, Presidente, y de los gobiernos regionales. Y, Presidente, exhortarlo una vez más para que esto se vea en el Pleno del Congreso de la República por tratarse de una Ley Orgánica. Muchas gracias. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Tiene la palabra el congresista Zeballos. El señor ZEBALLOS SALINAS (SN).— Presidente, gracias. En primer lugar, descartar todo espíritu contra la descentralización, que podría estar detrás de esta norma. Creo que no es el tema. Lo segundo también creo que no ayuda en absoluto generar una corriente de alarmismo, tenemos que actuar con mucha prudencia. Y es bueno reiterarlo, Presidente, la circunstancia de que se faculta al Poder Ejecutivo a suspender transferencia de recursos a distintos niveles de gobierno no es reciente. Este Parlamento a través de la Ley N.° 30115, con fecha 2 de diciembre de 2013, en que aprueba la Ley General de Presupuesto, aprobó una modificación al artículo 53.° de la Ley General de Tesorería, ya está facultado. Lo ha reseñado el presidente de la Comisión de Presupuesto con mucha claridad. Son creo dos gobiernos regionales y alrededor de siete municipalidades provinciales y distritales que están sujetas a esta suspensión en estos momentos, y este requerimiento lo hizo Contraloría General de la República. Perfectamente podría hacerlo el Ministerio del Interior o el Ministerio de Justicia, como lo autoriza la norma, pero no; y obviamente si lo hubieran pedido estos ministerios ahí entenderíamos con claridad que se trata de una persecución política de cierta connotación política y que estaríamos de repente abusando de la coyuntura, ya que estamos inmersos en un proceso electoral y, obviamente, los que son contrarios hay que neutralizarlos. No. La lógica pasa porque esto lo ha pedido Contraloría y, obviamente, hay un sustento técnico, económico, que viabiliza este requerimiento. Y no es bueno salirnos del contexto de esta propuesta, que nos ha alcanzado el Poder Ejecutivo para aprobarlo, si es posible, es esta Comisión Permanente, porque —decía— no es una ley nueva, lo que pretende es complementar una ley preexistente, y me voy a referir textualmente a lo que dice la norma vigente:

27

"La Dirección General del Tesoro Público procede a la suspensión temporal de operaciones en las cuentas bancarias en aquellas Unidades Ejecutoras, etc.". "Suspensión temporal". Y la pregunta de la lógica sería: si suspendemos temporalmente la transferencia de recursos, ¿quién va a administrar ese espacio de temporalidad, quién va a asumir? Y justamente ese vacío es coberturado con la creación de las llamadas Unidades Ejecutoras, que técnicamente está sostenido. Yo no creo que esta ley vaya o atente contra las llamadas 'autonomías'. Creo que esta ley tiene en cierta forma un enfoque operativo, extraordinario, —se ha enfatizado ya este mediodía— práctico, trata de dinamizar una realidad. Y por eso la propuesta alcanzada trata de desarrollar los entrampamientos propios que pudiera tener la ley vigente. Se ha dicho, y obviamente con todo derecho, que de repente el Poder Ejecutivo pudiera hacer uso perfectamente los hoy llamados "decretos de urgencia", antes "medidas extraordinarias". Sí, y nadie le está quitando al Poder Ejecutivo esa facultad, sino que estamos hablando de otro escenario; es el escenario de una ley vigente, en el cual está en estos momentos ejecutándose, y a efecto de ello reitero una vez más, hay 10 gobiernos regionales o locales que están con suspensión de transferencia, ¿qué hacemos? Justamente, nuestra responsabilidad es dar una respuesta a ese quehacer... El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Continúe, congresista Zeballos. El señor ZEBALLOS SALINAS (SN).— Sería muy cómodo decir "que pase a la Comisión de Fiscalización", pero también hay que ser bastante cautos en la oportunidad. Alguien de nosotros podía pensar que las circunstancias críticas que está viviendo el país en estos momentos por corrupción in crescendo, ¿estaba concretada para los meses de mayo, junio, julio de este año? No. No cruzaba por nuestras decisiones políticas, y esa coyuntura, obviamente, que el Parlamento tenía que tener una capacidad de respuesta, y justamente esta norma implica una oportunidad en que el Parlamento tiene que manifestar, exteriorizar un punto de vista, por qué no aportar constructivamente a solucionar un problema, es cierto, sí, pues, o sea, la circunstancia que un funcionario, un presidente o un gerente de una institución regional o municipal esté inmerso en delitos no nos permite generalizar, pues se ha dado casos extraños, Presidente. En el caso concreto de Áncash, está comprometido el presidente regional, el vicepresidente regional, el vicepresidente regional, algunos consejeros, los gerentes generales, gerente de Presupuesto, un grupo de 50 funcionarios están comprometidos y denunciados; lo mismo pasa con Tumbes. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Culmine, congresista Zeballos. El señor ZEBALLOS SALINAS (SN).— Si fuera una circunstancia aislada, quizás; pero lamentablemente estamos hablando ya de una situación que podría tener vicios de crimen organizado, de concertación. 28

Justamente en esta norma a través de la generación de las llamadas "Unidades Ejecutoras" pretende aportar con un mecanismo que le de operatividad a una circunstancia extraordinaria y temporal como lo que es la suspensión de las transferencias. Lo otro, Presidente, en un estado de derecho se da asimismo mecanismos de autodefensa. Algún constitucionalista decía "que la posibilidad de que se decrete el estado de emergencia" es una dictadura constitucional ante una situación excepcional. Estamos compartiendo la crisis —no generalizada obviamente—, están compartiendo algunos gobiernos regionales, algunos gobiernos provinciales, y este Parlamento no va a tener la capacidad de aportar en solucionar nuestra problemática, creo que la oportunidad ayuda, Presidente, a que tengamos en cierta forma capacidad para comprometernos en la solución de la diversidad problemática que se nos está alcanzando a este Parlamento. Me pide una interrupción el congresista Gutiérrez, si lo permite, Presidente. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Puede interrumpir el congresista Gutiérrez. El señor GUTIÉRREZ CÓNDOR (NGP).— Sí, Presidente, solo quiere abonar a lo que ha dicho muy bien el congresista Zeballos. Señalar que no hay ningún riesgo ni ningún retroceso, que todo se circunscribe a un marco de orden constitucional. Esta medida planteada, señor Presidente, se basa en el principio de unidad del Estado prevista en el artículo 43.° de la Constitución Política del Perú, toda vez que esta refiere a que el Perú es un país unitario, representativo y descentralizado y se organiza según el principio de la división de poderes; también el artículo 77.° de la Constitución Política del Perú, señor Presidente, regula el tema del presupuesto que se asigna equitativamente los recursos públicos, su programación y ejecución. Ahí viene el tema, que esa programación y esa ejecución no se interrumpa justamente porque hay un vacío de la ley. Pienso que el discurso más es político y no se circunscribe argumentos en absoluto que tengan que ver con el tema constitucional que nosotros la respaldamos, señor Presidente. Gracias, congresista Zeballos. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Ya terminó el tiempo del congresista Zeballos. Tiene la palabra el congresista Gamarra. El señor GAMARRA SALDÍVAR (NGP).— Gracias, Presidente. Ante todo, un saludo a todos los colegas.

29

Con relación a lo que se viene planteando con respecto al Proyecto de Ley 3639, debemos señalar categóricamente que no contraviene en absoluto a las disposiciones constitucionales señaladas en los artículos 191.°, 192.°, 193.° y siguientes, con relación al tema de la regionalización, por un lado; y por otro lado, creo que es necesario definir en este momento qué hace el Congreso cuando se presenta situaciones casi generalizadas en más de diez gobiernos regionales, en donde se ha pedido o se ha solicitado la suspensión de la ejecución de los gastos ante hechos evidentes que han sido denunciados ante los medios de comunicación. ¿Qué hacemos frente a esto? ¿Nos quedamos paralizados? ¿Nos quedamos sin hacer nada? ¿Sin otorgar una ley que pueda permitir la operatividad en la ejecución de los gastos por parte de los gobiernos regionales? ¿Esto es un intervencionismo? ¿Este es una limitación a el desarrollo de la regionalización en el país? No. Sino es una medida que necesariamente tiene que ser establecida por una ley y no por un decreto de urgencia por cuanto no estamos hablando únicamente de un gobierno regional o de un gobierno local, sino estamos hablando de varios gobiernos regionales inmersos en investigaciones que en estos momentos se vienen realizando. Entonces corresponde un decreto de urgencia por ser una situación de excepcionalidad, no, sino porque es necesario legislar para establecer el procedimiento que se debe dar en situaciones de esta naturaleza, cuando hay varios gobiernos regionales que están implicados en una serie de actos de corrupción y que en estos momentos no pueden ejecutar sus gastos, ¿qué hacemos? El congresista Mesías, me pide una interrupción, si usted lo permite con mucho gusto. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Puede interrumpir el congresista Guevara. El señor GUEVARA AMASIFUEN (AP-FA).— Gracia congresista Gamarra; gracias presidente. El congresista Teófilo Gamarra se pregunta qué hacer, la respuesta es muy sencillo, existe lo que se llama el Consejo Nacional del Estado en la que está el presidente de la República, está el presidente del Congreso, está el presidente del Poder Judicial, está la Contraloría General de la República; por lo tanto, es importante que el Consejo del Estado se reúna para lograr el fortalecimiento del sistema anticorrupción, aquí en el Congreso de la República ya hemos dado esa ley, ya hemos aprobado esa ley y, por lo tanto, el Consejo Nacional Anticorrupción debe de ponerse en efectividad lo más pronto posible y ahí están todos los instrumentos y herramientas necesarias para poder fiscalizar, monitorear a los gobiernos regionales. Gracias, congresista Teófilo Gamarra. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Continúe, congresista Gamarra. El señor GAMARRA SALDÍVAR (NGP).— Muchas gracias, presidente. 30

Bueno, en efecto, ya el Consejo de Estado se ha reunido en varias oportunidades y ha establecido las políticas de estado con relación a la lucha contra la corrupción. Sin embargo, en el tema operativo en el tema de la ejecución del gasto, qué hacemos, o sea, dejamos que las autoridades que en estos momentos están encarceladas o que hay algunos consejeros o gerentes que se encuentran implicados en estos actos, siguen administrando los recursos, o se designa una unidad ejecutora capaz temporalmente de mantener la operatividad en la ejecución del gasto, mantener la operatividad en la ejecución, en la adquisición de los servicios, en el pago de deudas y una serie de temas administrativos. Entonces, definitivamente hay la necesidad de una ley, de hecho que hay necesidad también de plantear algunas modificaciones constitucionales que nos permitan un control monitoreo, pero esto ya dentro del tema constitucional, pero hoy no estamos hablando de modificaciones que permitan el control de los gobiernos regionales en el aspecto constitucional, sino estamos hablando específicamente de una unidad ejecutora que tenga a su cargo temporalmente. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Culmine, congresista Gamarra. El señor GAMARRA SALDÍVAR (NGP).— La ejecución del gasto para mantener la operatividad y creo que no contraviene la Constitución, no hay necesidad de emitir un decreto se urgencia, por el contrario, es necesaria la emisión de una ley y este Congreso con la propuesta del Ejecutivo, tiene que dar una ley que permita mantener la operatividad temporal. Ahora, ¿cuándo se termina?, muchos han dicho esto hasta cierto punto indefinido, sin embargo, la ley misma establece que esto termina a falta de solicitud de prórroga del plazo, cuando se instale las nuevas autoridades regionales y por otro lado a pedido de liquidación de la unidad ejecutora al Ministerio de Economía. De modo que esta norma establece en los momentos en que se produce la conclusión del trabajo que vaya a hacer la unidad ejecutora. En ese sentido creo que debemos concluir, que no existe ninguna norma que se oponga a este proyecto de ley, no contraviene la Constitución, no tendría que hacerse por decreto de urgencia, sino a través de una ley y en ese sentido creo que estamos de acuerdo, señor presidente. Muchas gracias. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Tiene la palabra la congresista Mavila. La señora MAVILA LEÓN (AP-FA).— Gracias, señor presidente. Señor presidente, no es caprichoso que digamos que esa normatividad es anticonstitucional. 31

El artículo 192.° nos dice claramente que entre las funciones de los gobiernos regionales, está: Uno, aprobar su organización interna de su presupuesto. Y tres, administrar sus bienes y rentas. Y nos dice que son bienes y rentas del gobierno regional, es el artículo 193.° inciso 2) las transferencias específicas que les asigne la Ley Anual del presupuesto. Conforme acaba de argumentar el congresista que me ha antecedido en el uso de la palabra, en la práctica está diciendo que esta unidad ejecutora, llamémosle de emergencia, va a durar hasta el fin del periodo de gobierno regional, y ¿qué va a asumir? Va a asumir la gestión de ejecución de gasto de las transferencias específicas que le asignan a los gobiernos regionales es la Ley Anual del Presupuesto, porque ni siquiera viene con su propio presupuesto, sino administra el presupuesto del gobierno regional. Aquí si hay pues una colisión de naturaleza constitucional. En segundo lugar, se plantea acá que esto se resuelve solamente precisando el plazo de duración de la Unidad Ejecutora. No señor, porque esa eventualidad de ejecución del gasto, todos sabemos el poder omnímodo el control de patrimonio en cualquier órgano de gestión pública pues. Acaso no significa esta decisión, quitarle recursos a los gobiernos regionales, no los inhabilita en su capacidad de gestión real, en su ámbito geofísicos territorial. Que nos inhabilita, señor. Por ejemplo, el congresista de Tumbes está pidiendo que queden facultados para disponer el levantamiento y medida en aquella sub partidas, en las entidades afectas que consideren. En la práctica, toda subpartida que tengan que ver con Fondos de Inversión, va tener que estar, discúlpeme el término; de rodillas ante la Unidad Ejecutora de Gasto, para ver si se puede mantener una obra, que no colisiona nada con actitudes vinculadas a la corrupción. Señor, la corrupción no se soluciona impidiendo la gestión de los gobiernos regionales y locales, la corrupción se soluciona dando un tratamiento adecuado a los operadores vinculados a la corrupción. Me pide una interrupción el congresista Dammert, señor presidente. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Puede interrumpir el congresista Dammert. El señor DAMMERT EGO AGUIRRE (AP-FA).— Señor presidente, en la actualidad el MEF maneja el Presupuesto de la República, y tiene un poder discrecional inmenso, vía el presupuesto por resultados maneja el 80% de inversión que se hace en los gobiernos regionales y locales. Y responde, la cuota desde cuánto cuesta algo hasta si te voy a dar o no la partida presupuestal. Y vía los grandes instrumentos de Control del Estado como la Contraloría, es que se ha dado curso a procesos que han permitido la corrupción. La corruptela tiene que ver con 32

fallas en los organismos centrales. Esta contratación con organismos internacionales para obra pública, es una derivación de ese problema. Entonces, creo que esta clarísimo que si es que se aprobara este proyecto que ha sido exonerado de una de la Comisión de Descentralización, y que además como tiene tema presupuestal supone una votación calificada, si es que se buscara votar este proyecto y aprobar, sería el día de hoy declarado por el Congreso, el día de la recentralización, el día del asesinato de la designación del Perú. Yo estoy convencido que este no quiere ni los congresistas ni el Perú, y además no es ni constitucional ni legal. La señora MAVILA LEÓN (AP-FA).— Me pide otra interrupción el congresista Spadaro, señor presidente. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Puede interrumpir el congresista Spadaro. El señor SPADARO PHILIPPS (GPFP).— Gracias, presidente. En virtud de lo que ha señalado la congresista Mavila, que coincido plenamente, a puertas de una elección. Presidente, ya no hagamos elecciones pues, pongamos a dedo, o el MEF ponga a dedo quienes van a hacer los presidente y alcaldes, y que ellos sean los que manejen el recurso que le corresponde a la municipalidad y al gobierno regional. Reitero lo que dije al inicio de mi exposición, presidente, las responsabilidades penales son individuales, no de la institución, la institución no queda acéfala, presidente, estamos como ha dicho el congresista Dammert, asesinando a la descentralización. Esto es un atropello a descentralización, y hemos planteado una cuestión de orden para que esto no se vea y se discuta en el Pleno. Gracias, presidente. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Culmine, congresista Mavila. La señora MAVILA LEÓN (AP-FA).— Sí, señor presidente. Yo creo que esto es una nueva versión a la peruana, a la criolla de una suerte de Estado providencia. Miren el raciocinio, la estructura de sentido que esta acá. Como hay corrupción en los gobiernos regionales, entonces el Ministerio de Economía asume la gestión pues de la obra pública en los gobiernos regional. Cuando definitivamente la obra pública es un elemento fundamental de gestión de los gobiernos regionales. Entonces si pues, aunque no se diga, hay una recentralización económica y política. Y de otro lado, señor, el plazo es hasta la culminación del periodo del gobierno regional, entonces, francamente, estamos interviniendo ya los gobiernos regionales.

33

Y en tercer lugar, señor, en otros países como en España, en circunstancias así se auspician procesos de nueva elección, pero como nuestra normatividad no lo permite, y además estamos ad portas de un mecanismo nuevo de elección, el tratamiento de la corrupción va a ser parte del debate electoral. Y creo; yo les pregunto a los congresistas qué tanta fe tienen en la Contraloría y en el MEF. ¿Están tan seguros de que la Contraloría es eficiente, autónoma, transparente, anticorrupción? ¿Están seguros que el Ministerio de Economía y Finanzas es transparente eficiente, anticorrupción y puede suplantar la gestión de más de... El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Tiene la palabra el congresista Galarreta. El señor GALARRETA VELARDE (PPC-APP).— Gracias, Presidente. Voy a tratar de ser lo más breve posible, toda vez que creo que ya se han dado varios puntos de vista. Lo primero que cabe señalar en este debate es que la intervención a los gobiernos subnacionales por parte del gobierno nacional es una figura que no está contemplada en la Constitución Política del Perú. Nadie va a discutir que existen problemas en el modelo de descentralización, que existen problemas en el desarrollo de modelo de descentralización en el Perú. Creo que hay demasiados errores, ha crecido o de alguna manera se empezó como un proceso de descentralización que no fue acompañado con los mecanismos de control necesarios, llámese mayor presupuesto a Contraloría, mayor eficiencia, mejores indicadores. Sin embargo, la respuesta no puede ser una respuesta coyuntural, y tampoco puede ser una respuesta en la que estemos pasando por alto la norma de estado de derecho que establece nuestra Constitución. Yo he escuchado a algunos congresistas de Gobierno decir que esto no afecta a la Constitución Política del Perú. Sin embargo, es clarísima que la figura es ausente en la legislación nacional, habría que trabajar esa figura, habría que estudiar esa figura. La congresista Mavila ha señalado que en España, por ejemplo, existe una figura similar. En España, presidente, la legislación comparada nos dice que cuando el gobierno nacional va a intervenir o es a pedido del presidente de la autoridad autónoma, o es cuando no pide el presidente de la comunidad autónoma es por acuerdo unánime del senado. O sea, miren la magnitud de lo que significa que un gobierno nacional tome estas decisiones sobre gobiernos subnacionales. Por lo tanto, Presidente, creo que existen varios elementos a puertas de un proceso electoral, etcétera, que no puede mezclarse con la necesidad de seguir investigando que ha habido corrupción; buscar en esa investigación de la cual yo soy miembro de una comisión que la preside bastante bien el congresista Mesías Guevara. Buscar no solamente culpables, sino mecanismos de control más eficientes, que creo que es donde ha fallado el Estado; pero si la respuesta del Estado va más bien por crear figuras jurídicas inexistentes en la legislación, en la Constitución, creo que es una respuesta equivocada, Presidente, y creo que tampoco podemos estar pensando que desde el 34

Ejecutivo o desde el Ministerio de Economía se tiene la salvación para todos los peruanos. Hay muchos temas relacionados a proyectos de inversión que son cuestionados por muchos alcaldes, por muchas trabas o hasta por cuestionamientos que sería importante ir investigando por qué a los alcaldes los frenan o les piden algunas situaciones que a veces se escapa de su propia función del propio alcalde. Me pide una interrupción, Presidente, antes de terminar, el congresista Mesías Guevara, si usted lo permite. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Puede interrumpir el congresista Guevara. El señor GUEVARA AMASIFUEN (AP-FA).— Para decir solamente lo que dice el congresista Galarreta. Efectivamente, poner un refresco de memoria aquí en nosotros. Es que el año pasado el Ministerio de Economía y Finanzas, incluso premió al señor César Álvarez, lo premio por eso, a través del Congreso, o sea, que a través del Congreso premio al señor César Álvarez. Entonces, fíjense, el Ministerio de Economía y Finanzas como en ese sentido no ha actuado con absoluta coherencia. Ponerlo a través de indicadores, como muy bien lo expresa el congresista Galarreta; no se han establecido indicadores de control, no se han establecido los mecanismos para poder supervisar de manera adecuada. Por lo tanto, los sectoristas del MEF también están fallando, señor Presidente. Gracias, congresista Galarreta. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Culmine, congresista Galarreta. El señor GALARRETA VELARDE (PPC-APP).— Gracias, Presidente. Dicho esto que ha mencionado, creo que queda absolutamente claro; nosotros en la comisión conjunta de Constitución con Presupuesto tanto el congresista Bedoya como el congresista Eguren, se abstuvieron señalando que sí se necesita, obviamente, generar un mecanismo dentro de la legislación, buscar, si se quiere una modificación constitucional, si ese es finalmente el espíritu de los legisladores para ver modelos parecidos como sucede en España, o buscar más bien, mayores controles de otro tipo. Eso tendría que debatirse; pero, ¡que hoy inventemos una figura que no existe en nuestra Constitución, que atenta contra el tema de la autonomía de los gobiernos locales y gobiernos regionales, más allá de la discrepancia o coyuntura que existe hoy en contra de alguno de ellos!, creo que sería bastante perjuicio para el estado de derecho y para el cumplimiento de las normas en nuestro país, señor Presidente. Gracias.

35

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Señores congresistas, en razón a que la Junta de Portavoces ha dispensado de segunda votación el Proyecto de Ley N.° 3592, sobre adecuación de la Ley de Líneas de Base del Dominio Marítimo del Perú, según la delimitación marítima entre la República del Perú y la República de Chile, realizada por el fallo de la Corte Internacional De Justicia De La Haya, aprobado hoy miércoles, la indicada iniciativa continuará con el trámite reglamentario. Se suspende la sesión hasta las cuatro de la tarde. —Se suspende la sesión a las 14 horas y 8 minutos. —Se reanuda la sesión a las 16 horas y 34 minutos. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Buenas tardes, señoras y señores congresistas. Con el quórum reglamentario, se reabre la sesión. El tema que estamos considerando ya está para el informe final del Presidente. SUMILLA El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Vamos a ver el siguiente punto. El RELATOR da lectura: De la Comisión de Economía y Fiscalización. Proyecto de Ley N.° 3626, por el cual se propone una nueva Ley de contrataciones del Estado. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Se va a iniciar la sustentación del dictamen en conjunto en mayoría de las comisiones de Economía y Fiscalización, recaído en el Proyecto de Ley N.° 3626, enviado por el Poder Ejecutivo con carácter de urgencia, por el que se propone la nueva Ley de contrataciones del Estado. Con fecha 2 de julio de 2014, la Junta de Portavoces acordó la exoneración del plazo de publicación del dictamen y la ampliación de agenda. Tiene la palabra el congresista Valle Ramírez, presidente de la Comisión de Economía, hasta por 10 minutos. El señor VALLE RAMÍREZ (PP).— Gracias, Presidente. Buenas tardes, colegas congresistas. Señor Presidente, la comisión conjunta entre la Comisión de Económica, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera y la Comisión de Fiscalización y Contraloría de la República, ha aprobado el dictamen del Proyecto de Ley 3626/2013, la nueva ley de contratación del Estado. 36

Al respecto, señor Presidente, sobre la situación actual de la actual ley vigente: Primero, el régimen de contratación pública peruano se caracterizaba por ser eminentemente formal, enfocándose más en los resultados a obtenerse, a fin de reducir la corrupción en los procesos de contratación pública. Segundo, amplitud y exceso de regulación de la gestión y operación de las contrataciones desde un punto de vista formal de la lista procedimental y con rigurosidad, y no permite que lo operativo defina en cada caso concreto o situación específica. Tercero, inadecuada regulación a nivel de la ley de reglamento, 402 artículos en este reglamento; adicionalmente se cuenta con aproximadamente 34 directivas, emitidas por el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado – OSCE, que regulan aspectos específicos de la contratación pública, cuyo cumplimiento es de carácter obligatorio. Cuarto, proceso de selección sin una diferenciación sustancial entre sí; dentro de ellos: La citación pública, concurso público, adjudicación directa público, adjudicación directa selectiva y adjudicación de menor cuantía; y el excesivo formalismo y rigidez al que debe someterse la elaboración de las bases de los procesos de selección y la calificación y evaluación de las ofertas. Asimismo, resaltar los efectos negativos de la legislación actual; dentro de ello: La reducción de la competencia efectiva, elevado número de procesos declarados desiertos, elevados costos de transacción, mayor utilización e incremento de los supuesto de inaplicación en la regulación, la existencia de aproximadamente 30 regímenes de excepción determinados por la ley o normas con rango de ley, dificultad de adaptación de los procedimientos a las condiciones del mercado en rápida evolución a las nuevas técnicas de contratación, tecnologías y otros. No se promueve la toma de decisión de tipo estratégico u operativo, considerando las razones de oportunidad y conveniencia que se presentan en cada caso, lo que impide lograr la eficiencia y la calidad de la compra pública. Asimismo, procedimientos excesivamente regulados y concentrados en el desarrollo de pasos estrictos y formales. Sobre los beneficios de la nueva norma: Generar una regulación enfocada en la gestión por resultados, mejorar el sistema de compras públicas para satisfacer oportunamente la necesidad de la población, incrementar la cantidad de proveedores que participan en los procesos de compra dejando de lado los favoritismos y rigidez de los procedimiento, promover y facilitar las inversiones; asimismo, reducir los costos para participar en un proceso de selección. Sobre los alcances, señor Presidente, de este proyecto de ley aprobado, son los que resaltan a continuación: Primero, ampliar el supuesto de exclusión del ámbito de aplicación de la norma a las comprar que no superen los 8 UIT, los mismos que se encontraran sujetas a la supervisión del OSCE y a los lineamientos que establece el reglamento en su artículo quinto, literal a). 37

Segundo, eliminación de la posibilidad de encargar procedimientos de selección a organismos internacionales que se ve en el Artículo 6.°. Tercero, permitir que se encarguen a otras entidades el desarrollo de la programación y planificación de la compra así como el procedimiento de selección. Sobre la fase de la programación y actos preparatorios. El plan anual de contrataciones se elaborará desde un año antes de su aprobación y estará vinculado al plan operativo institucional. Segundo, las entidades que dictan políticas nacionales y/o sectoriales podrán efectuar procesos de homologación para facilitar la implementación de dichas políticas mediante la uniformización de los requerimientos de bienes y servicios bajo sus competencias. Tercero, eliminar el valor referencial para las compras de bienes y servicios, para evitar la distorsión de los precios y reemplazarlo por un valor estimado, solo se descartaran las ofertas que susciten dudas razonables o no cuenten con el presupuesto suficientemente. La medida no se considera en las contrataciones de obras. Sobre el procedimiento de selección. Primero, se introduce nuevos procedimientos de selección tales como: adjudicación simplificada para la contratación de bienes y servicios u obras cuyo valor sea mayor a ocho UIT. Selección de consultores individuales, aplicado para la contratación de personas naturales que brinden servicios de consultoría y no requieren equipos de personal. Comparación de precios, procedimiento ágil para la contratación de bienes y servicios fáciles de obtener y que sean de disponibilidad inmediata. Segundo, se incluya nuevos supuestos de contratación directa. Se introduce la junta de resolución de disputas como un medio de solución de controversias con expertos especializados y conocedores de las obras contratadas, esto sobre la ejecución contractual. Se crea el Registro Nacional de Árbitros, el Registro Nacional de Secretarios Arbitrales y la Acreditación de las Instituciones Arbitrales. Se crea el Consejo de Ética, quien sancionará a los árbitros incluso con la inhabilitación en el ejercicio arbitral en la contratación pública. Asimismo, otras medias que resaltan son las siguientes: Primero, permitir que los funcionarios actúen discrecionalmente para adoptar una decisión administrativa debidamente sustentada que considere la más conveniente para los intereses de la entidad, dentro del marco que establece la ley y con criterio de eficiencia y gestión por resultados. Los actos que se ejercen en mérito a dicha facultad estarán igualmente supervisados por la Contraloría. Asimismo, se incorporan las multas como una sanción, estas no pueden ser menores de 5% ni mayores al 15% de la propuesta económica o del contrato.

38

Crear el Consejo Multisectorial de Monitoreo de las Contrataciones Públicas, con el fin de analizar y denunciar ante las autoridades competentes, la existencia de indicios de fraude, colusión y corrupción en la contratación del Estado. Asimismo, se pondrán en funcionamiento la Central de Compras Públicas, Compra-Perú. Sobre las modificaciones recogías por la comisión se hace la mención expresa de las responsabilidades civiles y penales entre los funcionarios ante el incumplimiento de los objetivos de la ley. Asimismo, se hace mención de los niveles de aprobación de las contrataciones directas a nivel del gobierno central como de los gobiernos subnacionales. Asimismo, se establece que las medidas cautelares de suspensión del derecho de participar en procesos de selección que van asociadas a las multas no se consideraran para el cómputo de la inhabilitación definitiva. Por seguridad jurídica, se incluyó un Artículo sobre la prescripción de las infracciones y se estableció un plazo mayor a siete años para la prescripción de las sanciones en el caso de presentación de documentación falsa. Finalmente, se agregó un artículo para que el Ministerio de Economía, remita anualmente al Congreso, un informe sobre el impacto de la ley. Señor Presidente, este dictamen se ha aprobado por mayoría en sesión conjunta con la Comisión de Fiscalización y Contraloría de la República. Muchas gracias, Presidente. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Tiene la palabra el congresista Zeballos Salinas, presidente de la Comisión de Fiscalización, hasta por 10 minutos. El señor ZEBALLOS SALINAS (SN).— Presidente, —tal como lo ha expresado el Presidente de la Comisión de Economía, Tito Valle— los contenidos y alcances de este proyecto de ley alcanzado por el Poder Ejecutivo ha sido trabajado conjuntamente por ambos equipos técnicos de las respectivas comisiones. En consecuencia, ratificamos la exposición — como si fuera nuestra— vertida por el señor Valle. A efecto de ello, pongo a su consideración que se ponga al debate este proyecto o este dictamen. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Concluida la sustentación, se da inicio al debate. Tiene la palabra el congresista Bruce. El señor BRUCE MONTES DE OCA (GPCP).— Gracias, Presidente, en términos generales la propuesta nos parece positiva.

39

Pero tenemos una inquietud y una preocupación muy grande en lo que se refiere al título IV del artículo 46 cuando se habla de Registro Nacional de Proveedores de las Empresas Nacionales y las Empresas Extranjeras. En el inciso 46.1 se habla lo que necesita las empresas nacionales para precalificar, es decir que la capacidad de contratación es un porcentaje del capital social. Se habla que las empresas no domiciliadas en el país, como no están domiciliadas tienen que depositar en una cuenta el importe del capital social para que de esa manera puedan competir con empresas nacionales. Hasta allí, todo muy bien. Pero en el artículo 46.2 dice: “Que las disposiciones en los párrafos anteriores —es decir en que las empresas extranjeras depositen en una cuenta— no se aplican a los proveedores que provengan de países con los cuales la República del Perú tenga vigente un tratado o compromiso internacional que incluya disposiciones en materia de contrataciones”. Entonces, las empresas extranjeras no requieren tener el capital social que requieran las nacionales. De cualquiera de estos países, —como usted sabe— el Perú tiene firmado tratados con medio mundo. Estas empresas van a poder competir con mejores condiciones que las empresas nacionales. Los tratados, lo que dicen es “Que las empresas extranjeras, empresas de los países con los que tenemos tratados, tienen que competir en igualdad de condiciones”. Eso es lo que obliga a los tratados… Me pide una interrupción el congresista Aguinaga. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Puede interrumpir el congresista Aguinaga. El señor AGUINAGA RECUENCO (GPFP).— Gracias, Presidente. Gracias, congresista Bruce. Efectivamente aquí, Presidente, hay una exclusión perversa a las empresas nacionales porque no hay reciprocidad. Es un principio de reciprocidad y de igualdad. Entonces, empresas que vienen de fuera que son desconocidas, no depositan el 5% de capacidad de contratación como si lo hacen los nacionales. Eso como reitero es una exclusión perversa a las empresas nacionales que se tienen que esforzar y que lógicamente tiene que ver una salvaguarda. Una salvaguarda por si acaso se tenga que responder a situaciones anómalas. Para eso es el 5% de la capacidad de contratación que no lo tienen que muchas empresas extranjeras vienen y se van. Más bien habría que hacer una evaluación de cuantos miles de millones se ha perdido de esa manera. Gracias, Presidente.

40

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Tiene la palabra el congresista Bruce. El señor BRUCE MONTES DE OCA (GPCP).— Así es Presidente, y además quiero ahondar que la Constitución Política del Perú en su artículo 63 dice: “La inversión nacional y extranjera se sujetan a las mismas condiciones, la producción de bienes y servicios y comercio exterior son libres”. En otras palabras, no es constitucional que le estemos dando estas ventajas a las empresas extranjeras, uno. Dos, no es lo que piden los tratados. Los tratados lo que pide es igualdad de condiciones entre nacional y extranjera. No que a las extranjeras le den mejores condiciones que las nacionales. Yo pido, Presidente, que se retire el quinto y el sexto párrafo del artículo 46.2 porque no está de acuerdo a lo que dice la Constitución. Porque además, no es lo que dicen los tratados internacionales. Quiero además leerles otro párrafo 6 que dice allí: Las personas jurídicas extranjeras que tienen suscrito tratados internacionales pueden acreditar —los requisitos se dan en los párrafos precedentes— puede acreditar el capital con la documentación que muestre los gastos realizados en sus operaciones e inversiones en el territorio nacional. O sea, ya no es capital, ahora es gasto. Todos sabemos que una cosa es gasto, y otra cosa es capital. El procedimiento tipo de documentación está en nuestras exigencias, serán establecidas por una directiva que harán más adelante. Así que Presidente, creo que esto es inaceptable, creo que el resto del texto no me parece malo, pero esto me parece negativo. Una interrupción me está pidiendo el congresista León, si usted lo autoriza. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Puede interrumpir el congresista León. El señor LEÓN RIVERA (PP).— Muchas gracias , Presidente. Absolutamente de acuerdo que haya el principio de reciprocidad, habida cuenta que de lo que se trata acá es que en las mismas condiciones, con las mismas obligaciones y derechos, tanto los nacionales como los extranjeros puedan hacer este tipo de contrataciones con el Estado, sobre todo con el Estado. Por eso, además, de lo que ya dijo el congresista Bruce y el congresista Alejandro Aguinaga. Yo propongo, que cuando se habla que deben acreditar haber depositado en una cuenta abierta, en una empresa del sistema financiero, porque tranquilamente mañana cierran la cuenta y 'chau pescao. 41

Presidente, yo creo que debe hacerse este depósito a nombre de su representante legal para que puedan responder solidariamente, ante cualquier como dicen; no termino la obra y se fue sin responsabilidad civil y penal. Que se agregue eso en la propuesta congresista. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Continúe, congresista Bruce. El señor BRUCE MONTES DE OCA (GPCP).— Como no, supongo que aquí los presidentes acogerán eso. Así es, eso es lo que dice el párrafo presente dice que ; en el caso de empresas extranjeras ponen el dinero o valores en una cuenta, pero después dicen en el siguiente párrafo; que si hay un tratado no se requiere eso. Entonces, Presidente, yo pido como cuestión previa que se vote por separado, la inclusión del párrafo cuarto y quinto de la cláusula 46.2 que es la que se refiere a estos asuntos de los tratados, para que sea la comisión que diga si esto se incluye o no se incluye. Gracias, Presidente. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Tiene la palabra el congresista Tapia. El señor TAPIA BERNAL (GPFP).— Gracias, Presidente. En relación al Proyecto de Ley 3626 que propone una nueva Ley de Contrataciones del Estado, a iniciativa del Poder Ejecutivo, y bueno, propone establecer el 3627 también que propone establecer medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y de indemnización de la inversión del país a iniciativa del Poder Ejecutivo. Presidente, considero pertinente que el artículo 18.° del proyecto de ley elimina el cálculo de valor referencial, para caso de consultoría de obras, servicio de elaboración de estudios y supervisión de obras, pero se mantiene para lo que es ejecución de obras. En este punto es preciso señalar Presidente, con la eliminación del valor referencial, se corre el riesgo de que no haya una efectiva competencia. Que los principales proveedores se abstengan en participar en los procesos de selección. Y que las entidades terminen contratando a quienes ofrezcan las ofertas más insuficientes. En este punto, la expresidenta del Tribunal de la OSCE Mónica Yaya, manifiesta que existe una enorme contradicción puesto que el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo, faculta a los encargados de logística, a descalificar a los postores, cuando ellos consideren que existen dudas razonables de la seriedad de algunas ofertas. Justamente, el artículo 28.° del proyecto de ley manifiesta eso, y agrega que sin duda alguna esto favorece a la corrupción, pues se genera incentivos económicos para solicitar sobornos, para descalificar a determinados postores. Presidente, diría que agregue también que los funcionarios no tendrán ahora que esforzarse en sustentar técnica y legalmente los motivos de descalificación de una

42

determinada oferta presentado por un postor. Los funcionarios solamente consideran pues, que la existencia razonable despejara el camino para ciertos postores. En segundo lugar, Presidente, en relación a los centros de arbitraje; exigir que tenga que acreditarse ante la OSCE Ricardo Gandolfo experto en contrataciones del Estado señala: que es incorrecto, porque va propiciar la multiplicación de instituciones arbitrales, afirma que lo más sensato es dejar que estas solo se crean al amparo de las cámaras de comercio, de los colegios profesionales, de especialidades afines a la actividad, y de las universidades. Presidente, en lo que respecta a unas expresiones adicionales. En el proyecto de ley de contrataciones del Estado se debe modificar los comités especiales, para que las áreas involucradas en el proceso designen sus miembros y no el titular de la entidad. Segundo, Presidente, que debe eliminarse las disposiciones que permitan la participación de entidades internacionales en la organización de procesos de contratación... El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Continúe, congresista Tapia. El señor TAPIA BERNAL (GPFP).— O al menos estipularse la obligación de publicar en el Seace todo el proceso de licitación desde su convocatoria. Y esto en relación, Presidente, que ahora se han hecho obras, incluso obras de agua, desagüe, alcantarillado a nivel nacional y, justamente, bajo el marco de contrato ley e instituciones internacionales, como UNOPS, etcétera, tanto para lo que es equipamiento, por ejemplo, de hospitales, tanto para construcción de obras de agua y alcantarillado, pues justamente se involucra el tema de contrato ley y prácticamente son exentos incluso de la supervisión por parte de la Contraloría General de la República. Otro tema, Presidente, es importante que la Contraloría General de la República debería fortalecerse como una entidad financiera, se debería modificar su Ley Orgánica para privilegiar el control ex ante, el control concurrente y oportuno, y el control ex post, entonces, porque solamente la Contraloría General de la República interviene en post y cuando a veces el daño está hecho y se ha perjudicado al Estado. Debe ser antes, durante y después la Contraloría General de la República. Presidente, en cuarto lugar el personal de la OCI de las entidades deberían ser designados única y exclusivamente de manera normativa por la Contraloría General de la República. Esto justo lo traigo a la acotación, incluso del proyecto anterior, en que justamente, Presidente, quienes pagan al personal de OCI de los gobiernos regionales, de los gobiernos locales, justamente son los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Entonces, ¿quién los va a controlar? Están abandonados en el marco del control. Y si hacen acciones de control, pues obviamente es eliminando, prácticamente, todos los tópicos que podrían involucrarlos en temas de corrupción, tanto en gobiernos regionales y locales.

43

Entonces, Presidente, es pertinente que el personal de la OCI de las entidades deberían ser designados única y exclusivamente de manera normativa por la Contraloría General de la República. Y por último, Presidente... El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Culmine, congresista Tapia. El señor TAPIA BERNAL (GPFP).— Para culminar, Presidente, que los Planes Anuales de Control de la Contraloría General de la República, así como de sus OCI, deberían planificar los controles ex ante y concurrente en correlación con los planes anuales de contrataciones de cada entidad pública, reservándose la capacidad para efectuar los controles ex post, como los inopinados a su discreción. Muchas gracias, Presidente. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Tiene la palabra el congresista Spadaro. El señor SPADARO PHILIPPS (GPFP).— Gracias, Presidente. Me está pidiendo una interrupción el congresista Aguinaga, Presidente. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Puede interrumpir el congresista Aguinaga. El señor AGUINAGA RECUENCO (GPFP).— Gracias, Presidente. En la misma línea de lo que ha señalado mi colega no solamente congresista, sino médico, el doctor Tapia, en el artículo 18.° que es el valor estimado del valor referencial, si nosotros queremos transparencia, Presidente, el valor referencial tiene que ser público, porque en este artículo lo contempla como secreto; y es cierto que los que manejan el valor referencial pueden ser, pues, plausibles de algún acto de corrupción porque manejan una información importantísima. Pero cuando usted pone el valor referencial público y que sea actualizado, no menos de seis meses, porque hacer un valor referencial, por ejemplo, en obras —los que son aquí conocen de obras— conlleva, pues, un estudio profundo, entonces no se puede realizar una suerte de subasta inversa secreta en algo que es completamente público. Por eso, yo creo que el artículo... habría que sacar la última parte del 18.°. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Congresista, ¿le da la segunda interrupción? Correcto. La segunda interrupción es también para el congresista Aguinaga. El señor AGUINAGA RECUENCO (GPFP).— Por eso creo que hay que sacar esta última parte del artículo 18.° y hacer hincapié y énfasis en que el valor referencial es público y no debe tener una antigüedad mayor de seis meses. 44

Nada más, Presidente. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Continúe, congresista Spadaro. El señor SPADARO PHILIPPS (GPFP).— Gracias, Presidente. Presidente, definitivamente, volver a cambiar la Ley de Contrataciones en menos de dos años y dentro de cinco o seis años se ha modificado hasta tres o cuatro oportunidades la Ley de Contrataciones, por supuesto que preocupa, pero a la vez lo que se busca es que en el Estado se compre bien, se gaste menos y haya un buen producto y un buen bien para la población y para que pueda ser utilizado y que puedan ser ejecutadas también las obras. Pero nos preocupa, por ejemplo, cuando vemos que se pretende aumentar del 3 al 8% la contratación directa y que, por ejemplo, se diga que va a tener la supervisión de la OSCE. Presidente, 11 400 era el monto del 3% de la UIT, y yo tengo información que he recogido durante estos tres años como congresista, de ene instituciones que no voy a detallar en este momento, en donde, todas las asesorías directas que son a familiares, amigos, incluso vinculados a la propia entidad, son de 11 300 soles; y con eso, por supuesto, cumplen el requisito y lo único que hacen es asesorías, asesoría sobre las asesorías que ya se dieron. Y hoy, Presidente, con esta ley, qué le vamos a dar, que la asesoría ya no va a costar 11 400, pues, sino 30 300, para cumplir escrupulosamente lo que establece esta ley. Presidente, esto no se puede tampoco dar un premio para que algunas instituciones, por supuesto que utilizan mal esta exoneración, pueda darse a diestra y siniestra. Lo que debe ser, Presidente, y se quiere dinamizar, es que se aumente, pero que se incluya como una menor cuantía y se haga en tres o cuatro o en dos días como lo establece una menor cuantía. Pero de ninguna manera exonerarlo de un proceso de selección y que se contrate en forma directa. Presidente, esto, lejos de dinamizar las contrataciones, lo que va a generar es mayor corrupción en las entidades públicas. Luego de eso, no se va al fondo del tema, que lo que se quiere es dinamizar, no se están modificando los tiempos por ejemplo en los procesos de selección: en los concursos públicos, en las licitaciones públicas no se va al fondo de este tema. De igual forma, Presidente, en este tema del aumento del 3 al 8% se está perjudicando también a las mypes porque no se está cumpliendo con el 40% que se debe obligatoriamente realizar las compras estatales a las mypes; esto también se está perjudicando a las mypes. Y otro tema, por supuesto, que sí nos preocupa, que no está en la ley, pero que debería ser recogido en una disposición transitoria, es que por ejemplo en el caso de las obras 45

tenemos empresas supervisoras e ingenieros residentes, y al final estas mismas empresas supervisoras e ingenieros residentes están en cinco, seis o siete obras paralelas. ¿Qué hace el...? El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Continúe, congresista Spadaro. El señor SPADARO PHILIPPS (GPFP).— ¿Qué hace el colegio profesional? Le expide el certificado para poder participar, participan en el proceso, ingresan a supervisar la obra, Presidente, y dejan a una asistente, con lo cual ni supervisan ni residen en la obra. Usted vaya a hacer una inspección en una obra a ver si va a encontrar al ingeniero residente. Presidente, están en cinco o seis obras, es imposible que un ingeniero residente pueda evaluar una carretera en un lugar y evaluar un colegio en otro. Presidente, lo que solicitamos es que, en todo caso, se ponga una disposición que aquellas empresas supervisoras o ingenieros residentes podrán ejecutar una en una obra la vez, y luego de culminada esa obra pueda seguir trabajando, por supuesto, como cualquier profesional. Presidente pero lo que mucho abarca poco aprieta, y en este caso en particular, no están ni supervisando ni residiendo, y ahí vienen los problemas, porque simplemente llenan los cuadernos de obra y luego los problemas que no se conoce... El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Culmine, congresista Spadaro. El señor SPADARO PHILIPPS (GPFP).—... qué material se está empleando en la ejecución de esa obra y, por supuesto, Presidente, que las responsabilidades... Ya di las dos interrupciones. Con todo gusto. Presidente, eso es grave, y por supuesto debería ser recogido. Y hay otro tema que está contemplado en un proyecto de ley de la congresista Schaefer, que es el Proyecto de Ley N.° 1562 y que tiene lógica, presidente. El acto de inauguración, y hemos podido ver en muchas oportunidades, se hacen inauguraciones de obras inconclusas, se hacen inauguraciones de hospitales en donde no funciona una sola máquina y simplemente las autoridades la inauguran por quedar bien para su comunidad y con eso, por supuesto, están ganando ritos políticos. Presidente, la población es la perjudicada porque después seguramente de inaugurada, pasará un año para la puesta en funcionamiento. Lo que estamos pidiendo, presidente, con este proyecto de ley en todo caso que se recoja como una disposición transitoria, es que el acto de inauguración de obras públicas solo debe ...

46

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Continúe, congresista Sapadaro. El señor SPADARO PHILIPPS (GPFP).— El acto de inauguración de obras públicas solo debe realizarse con posterioridad a la conformidad de recepción de la última prestación pactada bajo responsabilidad de la autoridad, presidente. Esto es importante, porque le estaríamos poniendo un candado a aquellas autoridades que buscan abusar de las inauguraciones cuando las obras no están culminadas, y por supuesto burlándose también de la población beneficiada, Presidente, espero que puedan ser acogidas estas observaciones que hemos planteado. Gracias. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Tiene la palabra la congresista López. Perdón, congresista Acuña, luego la congresista López. Congresista Acuña, le pide una interrupción la congresista Alcorta. Correcto. Puede interrumpir la congresista Alcorta. La señora ALCORTA SUERO (GPUR).— Gracias, presidente; gracias, congresista. Casi bizantino la que voy a decir, pero me parece inconcebible realmente, es una realidad que estamos viendo un tema de un tema de la corrupción en los gobiernos regionales y en nosotros mismos, en un país donde realmente campea la corrupción, estamos para ver cómo ponemos candados a la corrupción de gobiernos regionales y acá es cuestión hablar sobre el tema de la población que sale perjudicada, la población es la que elige a las autoridades, eso es verdad. Creo que hay un tema que tenemos que ir más atrás de esto, por eso es que mi intervención es algo bizantina, pero igual no la quería dejar pasar es inverosímil lo que estamos tratando el día de hoy en el Congreso. El señor PRESIDENTE.— Previamente, congresista Acuña, queremos saludar a los miembros del Parlamento Joven de Cajamarca, que están en un programa del Congreso de la República, quienes se encuentran en la galería acompañados del congresista Guevara Amasifuen. (Aplausos). Tiene la palabra el congresista Acuña. El señor ACUÑA PERALTA (SN).— Gracias, presidente, buenas tardes colegas.

47

Presidente, yo primero saludo que el Ejecutivo pueda proponer una norma y que ojalá con esta norma se pueda acelerar todo este proceso de inversiones que el país tanto necesita. Sin embargo, yo quisiera hacer dos acotaciones y me dirijo a los presidentes tanto el de Comisión de Fiscalización, como al de la Comisión de Economía. Por favor, quisiera que me escuchen. El artículo 28.° establece que se pueden desechar propuestas que están por debajo del 90% o por más de 110% del presupuesto base, pero se precisa que es solo para obras, yo considero que ese artículo debe abarcar tanto a lo que son estudios como los que son consultorías supervisión, porque la consultoría y la supervisión son tal vez el desarrollo de los estudios de los más importantes. Sabemos, colegas, que cuando un expediente o cuando un estudio técnico está bien hecho, por supuesto la obra fluye con más agilidad y evita luego tener paralizaciones por adicionales o por obras nuevas. Igual surge con la supervisión, si una supervisión está bien pagada, evitará la aparición de obras. Entonces, le pido a los presidentes de las comisiones que en el artículo 28.2, actualmente dice: "En el caso de ejecución de obras la entidad rechaza las ofertas que se encuentren por debajo del 90% del valor referencial o que excedan el 110". Le pido que se pueda considerar "los estudios, obras y consultoría o supervisión de obras". Ese es una objeción. La otra propuesta, colegas, es que en los procesos de selección de propuestas siempre hay discusiones porque es una competencia. Entonces, resulta que cuando un postor no está conforme con la decisión, tiene la oportunidad de reclamar ante el Órgano Superior de Licitación de Contratación del Estado. Con esta propuesta de ley, solo se dice que podrá reclamar, pero no se establece la garantía que la entidad empresa debe poner en el momento de reclamo. En la ley actual se dice que para cualquier reclamo ante el organismo superior, debe adjuntarse una carta fianza de tres por ciento, de tal manera que eso hace que los reclamos no sean exagerados, porque si no se pudo una garantía, cualquier postor, descontento, puede presentar un reclamo, y por supuesto que se convierte un entrampamiento la decisión. Entonces, yo propongo que en el artículo 48.°, creo que es de la propuesta. En el artículo 41.° del... El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Continúe, congresista Acuña.

48

El señor ACUÑA PERALTA (SN).— En la parte final dice: la garantía por interposición del recursos de apelación debe otorgarse a favor del organismo superior de la Contratación del Estado y de la entidad cuando corresponda. Esta garantía será equivalente al tres por ciento al valor referencial de la obra. Esto nos permite que los que reclaman realmente sean convencidos de su reclamo, que garanticen el reclamo que se haga, y que se evite que haya una cantidad grande de personas que reclaman porque no tenían ninguna garantía. De esa manera podemos garantizar realmente que el reclamo que se hace, sea un reclamo garantizado, para evitar que se pierda tiempo cuando se presentan sin garantía muchos reclamos. Eso son los dos planteamientos que les pido a los presidentes de la Comisiones que puedan ver. En el caso del monto, menos del 90% y más de 110% se abarca los estudios y a la supervisión de obra, y para que un postor pueda reclamar ante el OCE, que sea con una garantía de tres por ciento del valor de la obra. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Gracias, presidente; gracias, colegas. Tiene la palabra la congresista López. La señora LÓPEZ CÓRDOVA (GPFP).— Gracias, presidente. En el artículo 38.° dice: adelantos. La entidad puede entregar adelantos a los contratistas, siempre que haya sido previsto los documentos de procedimiento, de selección, con la finalidad de otorgarles financiamiento y/o liquidez para la ejecución del contrato. ¿Qué es esto presidente? Se supone que estos financistas definitivamente tienen que ser personas, empresas reconocidas, solventes que tengan prestigio para que garanticen a la vez el buen fin de la obra que se les confía. ¿Qué es eso? Cómo es posible que se pueda estar pensando poner un artículo, donde sin ser empresa reconocida improvisadas, y a lo mejor pagando favores políticos, porque cuando llega la campaña dice: apóyame y luego yo te doy una obrita. Porque es así. Entonces, terminamos en lo que hemos visto durante todo este tiempo, presidente, obras sin concluir, obras que no sabían ni por dónde empezar, porque no tenían el financiamiento correspondiente para iniciar estas obras, y luego les daban el adelanto y no sabían que hacer. Yo no creo, presidente, que deba ir ese artículo. Por lo tanto, mi propuesta es que este artículo no vaya. Ese es mi pedido, presidente, el artículo 38.°. Gracias. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Tiene la palabra el congresista Lescano. 49

El señor LESCANO ANCIETA (AP-FA).— Señor presidente, muchas gracias. Me pide una interrupción el congresista Tapia. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Puede interrumpir el congresista Tapia. El señor TAPIA BERNAL (GPFP).— Muchas gracias, congresista Lescano. Presidente, dado que hemos visto que por ejemplo en la obra de agua y alcantarillado en la región Cajamarca, obras que cerca de 500 millones que había entregado hace 2011, y en la región Loreto también por ejemplo, obras que han debido entregarse por ahorita son como 750 millones, han debido entregarse el 2011. Pero, sin embargo, resulta es un caso similar. Que el mismo que hizo el perfil, hizo el expediente técnico, es la consultora, perdón, es la consultora y también es la supervisora NJS. Entonces, presidente, eso al final ha generado un tema de corrupción. Y me gustaría que haya una disposición complementaria donde se quede bien que la empresa contratista no tenga nada que ver, siquiera con la supervisión ni con las consultorías, porque mire, en Iquitos son 160 millones, Presidente, que se han llevado, solamente, en consultoría, y es la misma empresa. Entonces, Presidente, yo considero pertinente de que debería verse una disposición complementaria, porque esto al final ha terminado en una corrupción total, tanto en Cajamarca como en Iquitos, y los dos regionales están presos. Gracias, Presidente. El señor LESCANO ANCIETA (AP-FA).— Presidente... El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Continúe, congresista Lescano. El señor LESCANO ANCIETA (AP-FA).— El congresista Aguinaga me ha pedido una interrupción, Presidente. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Puede interrumpir el congresista Aguinaga. El señor AGUINAGA RECUENCO (GPFP).— Gracias, Presidente. Hablando de transparencia; la verdad que es difícil comprender como en el artículo 27.°, contrataciones directas, en el inciso g), dice: “Para los servicios de publicidad que presta al Estado los medios de comunicación televisiva, radial, escrita o cualquier otro medio de comunicación. Esto es una manera de poder coaccionar a los medios de comunicación, y nadie puede entender cómo puedes pagar si te dicen determinado pauteo.

50

Entonces, aquí sí creo que cabe una Subasta Inversa de acuerdo a los pauteos, pero no una compra directa de publicidad, es apretar a los medios de comunicación par que no critiquen al Gobierno. Esto debe ser el inciso g), pido que sea retirado, eliminado de esto, del artículo 27.°. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Continúe, congresista Lescano. El señor LESCANO ANCIETA (AP-FA).— Señor Presidente, se sobreentiende o se supone que este asunto, que este dictamen va a permitir una mayor control en las contrataciones que haga el Estado, evitar la corrupción, y evitar lo que ha pasado en las regiones, ese es el objetivo de esta ley, pero si usted compara esta ley con las anteriores, simplemente se han hecho algunos maquillajes. Yo no veo ningún cambio sustancial, al contrario, se están relajando más las normas, porque antes se aplicaba esta Ley de Contrataciones a compran que superan las tres unidades impositivas tributarias, la han subido a ocho. Entonces, estamos relajando los controles, y el problema en el Perú no es relajar los controles, sino ser más severos en la contratación, porque en las regiones, en los municipios y en el Estado, a nivel central, hemos visto casos de corrupción o presunta corrupción, incluidos ministros de Estado. Entonces, yo digo, de qué nos sirve esta ley si repite casi en todo lo que dicen las anteriores y, al contrario, está disponiendo que contrate más, sin control alguno, y contratar directamente por mayor plata, por mayor monto. Entonces, yo digo, señor, esta, ¿es una Ley de Contrataciones o es una ley que está casi anexa, es un apéndice de la otra ley para promover, entre comillas, las inversiones”. Porque no hay ninguna norma que establezca un severo control para que no se roben la plata del pueblo. Por ejemplo, no establece esta ley que aquel sinvergüenza que ha falsificado documentos, y en base a eso ha contratado con el Estado, no vuelve a contratar con el Estado nunca más. Al contrario, dice que ese acto administrativo es nulo, nada más; obviamente, tiene que ser nulo, señor, pero se va de alivio el falsificador porque va a seguir contratando con el Estado. No le dicen: Señor, usted no vuelve a contratar nunca más con el Estado. Entonces, habrá sanción, pero no es una sanción definitiva. De tal manera, señor, nunca más a contratar con el Estado. No sé si Pedro Spadaro me pedida una interrupción. Yo con mucho gusto. —Reasume la Presidencia la señora Carmen Omonte Durand. La señora PRESIDENTA (Carmen Omonte Durand).— Puede interrumpir el congresista Spadaro. El señor SPADARO PHILIPPS (GPFP).— Gracias. 51

Presidenta, en virtud de lo que está señalando el congresista es verdad. Ahora, se sanciona a la empresa más no a los integrantes de la empresa. Ahí debería de ir, porque, obviamente, los integrantes de la empresa vuelven a formar otras empresas. Ese el fin, lamentablemente, delincuencial que muchos utilizan. Engañan a una entidad, estafan a una entidad, se van a otra, con otro nombra, con otra empresa; debería ser sancionado las personas naturales también. Gracias. El señor LESCANO ANCIETA (AP-FA).— Me pide la congresista Alcorta, señora Presidenta, si usted lo permite; y Marisol También, con todo gusto. La señora PRESIDENTA (Carmen Omonte Durand).— Puede interrumpir la congresista Alcorta. La señora ALCORTA SUERO (GPUR).— Gracias, Presidenta; gracias congresista. A mí me parece muy bien que las personas involucradas en un proceso de licitación o de concurso que hayan estado involucrados, más allá de que sea un ministro, un gerente, todos los que han pasado ese proceso de involucrados; debe tenerse una relación de todas esas personas y tenerlas publicadas, para que, efectivamente, nunca más en su vida contraten con el Estado. Y aquellos gobernadores regionales, ¡perdón!, alcaldes, presidentes regionales, exactamente también hacer responsabilidades al pueblo que deben de… pero aquellos tampoco, debe haber algún impedimento de que si algunos presidentes regionales se les comprueba fehacientemente que han estado involucrados en porquería y media, tiene que haber alguna forma en el Jurado Nacional de Elecciones, en los partidos, en los que ya lo sean, de impedirles la candidatura, igual que a los alcaldes provinciales y distritales. Pero efectivamente, un listado público y que esté en todas partes, que no pueden contratar con el Estado, los corruptos y sinvergüenzas. Gracias. La señora PRESIDENTA (Carmen Omonte Durand).— Gracias. Por excepción, puede interrumpir la congresista Espinoza. La señora ESPINOZA CRUZ (NGP).— Muchas gracias, señora Presidente, y muchas Yonhy. Señora Presidenta, al presidente de la comisión, precisamente ese es uno de los problemas que generalmente se presentan, sobre todo en las regiones; se cambian de nombre las empresas. Y por eso es fundamental castigar y sancionar a la persona natural, porque suelen además hacer consorcios. Una vez formado el consorcio, después se disuelve el consorcio y vuelven a formar otro consorcio con otro nombre. Y así tenemos siempre la misma modalidad de empresas estafadoras, y sobre todo que estafan con proyectos en las cuales la población tiene mucha esperanza, como es de agua potable y 52

de alcantarillado que nosotros hemos visto junto con la congresista Schaefer cuando hemos estado fiscalizando varias obras. Esta es la modalidad común que utilizan, armar consorcios y de allí desaparecen. Creo que la sanción tiene que ser, tanto como para la empresa como para la persona natural; y evitar que estas modalidades de estafa se sigan, además, van de región a región. Una vez que estafan en una región se trasladan a otras regiones. Creo que ese es un tema que sí deberíamos de atender, señora Presidenta. Gracias. La señora PRESIDENTA (Carmen Omonte Durand).— Gracias. Concluya, congresista Lescano. Inmediatamente después intervendrá el congresista León. El señor LESCANO ANCIETA (AP-FA).— Señora Presidenta, la aclaración o el agregado que han hecho los colegas, es sumamente importante. Crean empresas, como tiene problemas las dejan de lado, se disuelven de facto y crean otras empresas los mismos estafadores, los mismos falsificadores y las mismas mafias. Pero en este conjunto de sanciones, señora Presidenta, el artículo 50°, no se ve mano dura, pues, incluso establecen como infracción, fíjense, la falsificación, presentar documentos falsos o adulterados. Y las sanciones no son pues definitivas, señor. Ese señor no va a tener que ser reincidente para no contratar nunca más con él; en la primera se va; no se contrata nunca más. En cambio, las sanciones que hay les permiten nuevamente presentarse. Entonces, muy blandengue, señora Presidenta, las sanciones que hay en este dispositivo. Y uno de los objetivos precisamente de la ley, se supone que es controlar las corruptelas que hemos visto en nuestros gobiernos regionales y en los municipios y a nivel central. Entonces… La señora PRESIDENTA (Carmen Omonte Durand).— Para que concluya, congresista Lescano. El señor LESCANO ANCIETA (AP-FA).— Este es uno de los aspectos, señora Presidente, que no sé si hay un límite de tiempo en la participación. Bueno, más bien voy a tratar de correr. Quedan excluidos —un segundo aspecto— de esta ley, la contratación de servicios bancarios y financieros; o sea, las instituciones; los gobiernos regionales van a elegir a dedo los bancos, les van a ofrecer, señora Presidenta, la cartera o el dinero que tiene, a dedo; sin elegir adecuadamente qué banco le conviene al Estado, porque esto se elige a dedo cuando se están manejando millones de soles por 53

el Estado. Y las condiciones que pueden ofrecer otros bancos, si hay una licitación, si hay un concurso, pueden ser muchos mejores. Pero aquí, a dedo, señora Presidenta. Creo que eso no se puede permitir en el artículo cuarto, excluir de la Ley de Contrataciones a os bancos; o por ejemplo, en el artículo 9° no se establece la responsabilidad solidaria de los responsables de algún acto irregular en la contratación; dice solamente son responsables. Son responsables solidarios, a cualquiera de ellos se les puede cobrar todo el monto del daño. Y no se dice responsabilidad solidaria, señora Presidenta. En los impedimentos dice lo siguiente: “Se pone plazo, impedimento un año…” Para aquel que se ha retirado de un operador privado, tiene que pasar solamente un año para irse al Estado, y eso es absolutamente insuficiente, Presidenta; porque en un año puedo dejar armado un negocio para que lo contrate el Estado, entro al Estado y promuevo ese negocio... La señora PRESIDENTA (Carmen Omonte Durand).— Para terminar, congresista Lescano. El señor LESCANO ANCIETA (AP-FA).— Presidenta. Tiene que ser por lo menos tres años el impedimento por los cuales un funcionario, Presidenta, para evitar prácticas colusorias pueda ingresar al estado. Tres años por los menos. Y, ¿sabe qué? Se ha remitido al reglamento la calificación que van a tener los proveedores, los requisitos para los proveedores, los métodos de contratación. Todo al reglamento, de ahí van a armar una serie de reglas para seguir promoviendo la corrupción, señora Presidenta, sin que el Congreso pueda hacer nada; ¿cómo?, se elige a los proveedores, reglamento; ¿Cómo se va hacer las contrataciones? Reglamento. No puede ser, Presidenta. Entonces, todo se está yendo al Ejecutivo; y en el Ejecutivo hemos visto hasta ministros que están acusados por negociaciones incompatibles. Entonces, ¿de qué nos sirve esta nueva ley de contrataciones? Creo que eso no debe ser materia de contratación. Tiene que hacerse aquí en el Congreso los requisitos del contrato y tiene que hacerse aquí, señora Presidenta, qué requisitos tienen los proveedores para poder presentarse a darles bienes y servicios al Estado. La señora PRESIDENTA (Carmen Omonte Durand).— Gracias, congresista. Consulto al congresista León el pedido de interrupción de la congresista Schaefer. El señor LEÓN RIVERA (PP).— Sí, con todo gusto a la congresista Schaefer y el congresista Guevara. La señora PRESIDENTA (Carmen Omonte Durand).— Puede interrumpir la congresista Schaefer.

54

La señora SCHAEFER CUCULIZA (GPFP).— Gracias, congresista León. Gracias, señora Presidenta. Para sumar a lo dicho por mis colegas congresistas. En lo que he podido ver en la función de fiscalización, creo que el punto de inicio de lo que se llama una obra a dedo y que tengamos malas obras, comienza en la base y en la reglamentación; creo que en estos momentos, bajo los parámetros que se rige la OSCE es el gran aliado de este tipo de corruptelas que existe. Efectivamente, o sea, acá el contratista que deja la obra tirada, que abandona la obra, que se le da adelanto, o que hace mal una obra, se saca el disfraz y se vuelve a disfrazar, -me había dado una interrupción el congresista León, congresista, sino encantada, congresista Alcorta- y se vuelve a disfrazar del corderito; entonces, tenemos que ponerles los candados suficientes. La reglamentación es importante que la determinemos acá o en la OSCE… La señora PRESIDENTA (Carmen Omonte Durand).— Concluya, congresista Schaefer. La señora SCHAEFER CUCULIZA (GPFP).— Para determinados montos de obras, especialmente vemos ensañamientos, pues, obras mal hechas, obras abandonadas, empresas que no tienen la garantía del caso. Vemos, encima, en Piura hemos tenido un caso que lo acaba de mencionar la congresistas Espinoza, en donde el consorcio que ya venía de haber hecho obras irregularmente, que va en arbitraje con diferente institución, ya sea con la región o con la municipalidad, trae una carta fianza que no estaba acreditada por la Superintendencia de Bienes de la Banca y Seguro, y se va donde un juez de Santa para que exija que esa carta fianza que fue observada por los vecinos, no por el comité de adjudicación, sea aceptada. O sea, acá permitimos que encima el Poder Judicial se coluda y que participe. No; acá se tiene que poner en esa reglamentación que las cartas fianzas… hay un proyecto del congresista Becerril, creo congresista Zeballos, que sería bueno tenerlo, que solo… —Reasume la Presidencia el señor Fredy Rolando Otárola Peñaranda. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Congresista León. Perdón, puede interrumpir el congresista Guevara. El señor GUEVARA AMASIFUEN (AP-FA).— Gracias, congresista León. Gracias, señor Presidente. Quisiera trasladarle dos preocupaciones al señor presidente de la comisión, que hay que tomarlos en cuenta en el sentido que por experiencia que estamos teniendo, hay muchas cartas fianzas que no tienen ningún respaldo financiero, sin embargo, a pesar que la 55

Superintendencia de Banca y Seguro para ciertas instituciones les han prohibido y les han dado los parámetros para que no puedan recibirse esas cartas fianzas; Sin embargo, el Poder Judicial, a través de una medida cautelar les ha obligado para que esas cartas fianzas sean tomadas en cuenta. Entonces, quisiera pedirle al presidente de la comisión, para buscar ahí un candado y de tal manera de decirle al Poder Judicial que se abstenga de dictar estas medidas cautelares para que esas cartas fianzas se tomen en cuenta. Fíjese que en el caso de Chimbote hay una obra emblemática en la que han dado cartas fianzas por 30 millones de soles... El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Inicie su intervención, congresista León. El señor LEÓN RIVERA (PP).— Señor Presidente, estoy absolutamente de acuerdo que hay que ponerle todos los candados, a efectos que lo que ha pasado con la actual de Ley de Contrataciones y que ha terminado en tremendo y graves casos de corrupción, es uno de los elementos que hay que debatir y mejorar en esta nueva propuesta, pero también no podemos perder de vista que esto viene en un momento en que se necesita dinamizar la economía y promover inversiones y hacer que el Estado paquidérmico se pueda volver un poco más ágil. Esta mañana escuchaba el reporte de uno de los colegas congresistas, que en los niveles tanto central, regional, municipal, en ese orden, viene las falencias de ejecución del gasto público. Entonces, por lo tanto, creo que hay que eliminar también esas barreras que han utilizado los que no saben perder o sencillamente los que siempre han buscado mecanismos que les posibilita la norma para hacer determinar todos los procesos en estas impugnaciones y esas apelaciones que no hace más que para la obra pública. Y, allí ya lo dijo de alguna manera el congresista Acuña, que al haberse liberado en esta propuesta la obligación de pagar una garantía respecto al 3% del valor de la obra, estamos absolutamente de acuerdo en esta necesidad de volver a poner esta garantía en el orden del 3%, lo comparto; y además ahí quisiera también ponerle un candado en lo que podría ser la garantía mínima, no hay garantía mínima. Entonces, complementar la idea que ha tenido y que tomé nota y dice: esta garantía será equivalente al 3% del valor estimado o valor referencial del procedimiento de selección o del ítem que se decida impugnar. Y agregarle ahí, “la garantía no puede ser menor al 50%, señor Presidente, por favor, si lo toma a bien, la garantía no puede ser menor al 50% de una UIT.” Y de esta manera vamos a cerrando esta proliferación de impugnaciones que finalmente no hacen más que evitar que esta inversión fluya. Muchas gracias, Presidente. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Tiene la palabra el congresista Velásquez Quesquén. 56

El señor VELÁSQUEZ QUESQUÉN (GPCP).— Me pide una interrupción, la congresista Alcorta y luego el congresista Tapia. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Puede interrumpir la congresista Alcorta. La señora ALCORTA SUERO (GPUR).— Gracias, Presidente; gracias, congresista. Acá hay un tema bien complicado también, porque hay obras, el típico caso actual ahorita Barlovento a la Municipalidad de Lima, una playa de Villa El Salvador, que está totalmente abandonado, porque la licitación no cumplió, se mandaron mudar y tienen todo tirado con maquinaria y no hay un cristo que responda a esa licitación. La Línea Amarilla de Lima, por ejemplo, una inversión 700 millones de soles, tiene como garantía 40 millones, ¿qué porcentaje es esa de la obra?, o sea, que se mandan mudar, no cubre, pero aun, porque esos 40 millones de la garantía salen del fondo del peaje, del peaje que nosotros pagamos ahora por lo que tenemos. O sea, estamos financiando en una concesión lo que debería poner y ser riego de la propia concesionada. Tenemos el caso de algo más sensible, la Calle Berlín, en Miraflores, toda la calle Berlín hasta Comandante Espinar, se quedaron un año con la calle abierta, porque fallaron las licitaciones, porque entran contratistas de pacotilla, armados en último instante, que no tienen las referencias y las exigencias que se piden no se cumplen. Tenemos, por ejemplo, el caso del terremoto de Ica o el mismo presidente de la región Ica… El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Puede interrumpir el congresista Tapia. El señor TAPIA BERNAL (GPFP).— Gracias, Presidente; gracias, congresista Javier Velásquez. Presidente, en el sector salud, por ejemplo, la Ministra de Salud —dígase de paso la crisis por la que pasa el sector salud— y se ha tomado la facultad de dar hasta postor único — digamos contratar sin licitación— 72 millones de soles para publicidad, lo que habría sido para siquiera unos 100 establecimientos de salud de primer nivel, ha gastado 72 millones en publicidad. Presidente, yo pido al igual que el congresista Alejandro Aguinaga que se elimine en el artículo 27 en el inciso g): “Que para los servicios de publicidad que prestar el Estado los medios de comunicación televisiva, radial, escrita o cualquier otro medio de comunicación, excepcionalmente las entidades puedan contratar directamente con un determinado proveedor en ese caso”. Presidente, quiero por favor que se elimine ese artículo, lo que ha ocasionado incluso en el sector salud que se gasten 72 millones, Presidente, en publicidad. ¿Publicidad de qué, Presidente?

57

Muchas gracias. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Continúe, congresista Velásquez. El señor VELÁSQUEZ QUESQUÉN (GPCP).— Presidente, quiero primero decir que… El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Congresista Velásquez, le tocaba a la congresista Mavila, le pido… El señor VELÁSQUEZ QUESQUÉN (GPCP).— Perdón. La señora MAVILA LEÓN (AP-FA).— No es responsabilidad, señor. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Subsanado el asunto. Proceda, congresista Mavila. La señora MAVILA LEÓN (AP-FA).— Parece reiterado la omisión del señor Presidente cuando se trata de mi persona en temas además de naturaleza conflictiva. Bueno, señor Presidente, colegas congresistas, la ley distingue supuestos excluidos del ámbito de aplicación entre lo que incorpora los órganos del servicio exterior y también las contrataciones con órganos internacionales que tienen que ver con procesos de endeudamiento exterior. Pero en el artículo 5, hay un matiz, hay supuestos excluidos del ámbito de aplicación sujetos a supervisión. Es decir, hay unos no sujetos a supervisión, y otros sujetos a supervisión. Es curioso como la redacción es amorfa, es difusa. Este segundo supuesto dice: “Están sujetos a supervisión de la OSCE los siguientes supuestos excluidos de la aplicación de la ley”. La verdad yo no entiendo, sino les fiscaliza a la OSCE, entonces si están excluidos de la supervisión o no. Porque si no les fiscaliza la OSCE entonces están excluidos del ámbito de supervisión. Es curioso como en esta materia están en el inciso d) las contrataciones realizadas con las exigencias y procedimientos de una organización internacional. No quiero aludir al significado de la OEF en el caso del gobierno regional de Ancash. Todavía dice: “A contrataciones que se deriven de donaciones siempre que dichas donaciones representen por lo menos el 25% del monto total de las contrataciones involucradas”. A contrario sensu, lo que está debajo del 25% de las donaciones se puede permitir que se pacten sin lo que se llamaría “una interpretación Bonaparte” una aplicación sujeta a supervisión. Entonces, evidentemente aquí, hay un tratamiento hasta un 25% de un ámbito de ejecución no sujeto a supervisión en contrataciones con organismos internacionales. 58

A mi juicio este estatus de organismos internacionales no sujetos a supervisión debe superarse. Debe superarse, todo debe estar sujeto a criterio de fiscalización de naturaleza interna. No debe haber unas islas autárquicas que por vínculos con organizaciones internacionales de participación en procesos de selección no están sujetos a las normas de auditoría y control. En segundo lugar, en lo que se refiere a los impedimentos en las condiciones exigibles a los proveedores. La norma habla que en el inciso f) de que están impedidos las personas señaladas en los literales precedentes específicamente cónyuge, conviviente o parientes hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Sin embargo, en el ámbito y tiempo establecido para las personas señaladas —es lo que hay que hurgar— porque el tiempo es un año y en el ámbito… El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Continúe, congresista Mavila. La señora MAVILA LEÓN (AP-FA).— Se refiere solo a las personas naturales o jurídicas que tengan intervención directa en la determinación de características técnicas y valor referencial. O sea, son solo los parientes que han intervenido directamente en la elaboración de bases y los parientes que sin hacer esa intervención, por la naturaleza del parentesco, su sola participación. Implica pues, problemas en la competencia salen de esta esfera. Y, quiero referirme solo muy brevemente, al caso Krasny pues, creo que es más o menos del público reconocimiento, la consorciada Krasny del Perú S.R.L. De la que primero era presidente de su directorio el señor Alexis Humala, y que posteriormente, asumió una serie de participaciones en proceso de selección para la compra de medicamentos a nombre del consorcio y donde conforme han dicho otras representantes y otros, intento jugar con el mecanismo de; una cosa es Krasny y otras cosa es Alexis Humala, no es cierto. En ese sentido, apesar de que había fallos de los órganos de la OSCE que le imponían dieciséis meses para no poder participar en contrataciones del Estado, participaba según él como Krasny, y no como Alexis Humala. Y entonces, en el juego, en el movimiento de la contratación, la actuación como persona jurídica o a titulo personalísimo, puede llevar a evadir lo que deben ser limitaciones a personas que tienen vinculo de parentesco, no solo con quienes elaboran directamente las bases, sino que por su status mismo, vinculo, por ejemplo, con altos funcionarios del Estado, violan pues la propia participación, va en contra de las reglas de la competencia y de las reglas de la transparencia y de la competencia leal en el mercado. En tercer lugar, señor, en las contrataciones directas, el artículo 27.° en realidad se dice que, puede excepcionalmente contratarse directamente. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Continúe, congresista Mavila. 59

La señora MAVILA LEÓN (AP-FA).— En el inciso b y c, situaciones de emergencia y de desabastecimiento. No quiero copar el tiempo con el significado de Ica y las inundaciones y desastres. Y, entonces, la situación de urgencia y de emergencia no puede llevar pues a que no haya un mínimo de competencia, porque evidentemente no va haber un mecanismo de control real. Y, yo sí tengo experiencia de gestión, no es necesario un tiempo muy largo, para que haya por lo menos tres postores en eventuales procesos de urgencia o de emergencia o de desabastecimiento. Máxime cuando situaciones de desabastecimiento a veces se crean a fortiori, por ejemplo, en el INPE, las empresas que daban alimento a los presos a propósito creaban situaciones de desabastecimiento, para obligar a suscribir cláusulas adicionales o adendas con ellas mismas, y así sortear lo que debía ser la convocatoria a otro proceso de selección. Luego, también en el caso de contrataciones de carácter secreto, secreto militar o por razones de orden interno. Yo quiero no más recordar todo lo que significó para el país. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Continúe, congresista Mavila. La señora MAVILA LEÓN (AP-FA).— Anuncia el Ministerio del Interior, y similares que eran de naturaleza secreta y que en realidad violaron el principio de transparencia, y también el de libre competencia. Y de otro lado, si comparto con lo que ya se ha dicho los servicios de publicidad que prestan al Estado los medios de comunicación televisiva, porque pueden someterse a criterios de clientela. Y de otro lado, también la contratación de servicios educativos de capacitación. Mire yo he trabajado en el Ministerio de Educación, he sido su secretaria general. Y entonces, la contratación de servicios educativos de capacitación en forma directa, sí viola el principio de competencia leal, porque muchas universidades quieren participar en estos procesos de macro capacitación de docentes a nivel nacional incluso regional y local. Y después, señor, está también las prestaciones no ejecutadas derivadas de contrato resueltos o declarados nulos. ¿Qué pasa? Hay la OSCE, y a veces el Tribunal de Contrataciones del Estado en su máximo nivel administrativo declara nulo un contrato, pero el participe, y disculpen que sea renuente en ello, el señor Alexis Humala, se surra pues en la decisión de los órganos fundamentales del Estado de que no puede participar en los contratos, e interviene en forma consorciada y a veces en forma directa. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Culmine, congresista Mavila. La señora MAVILA LEÓN (AP-FA).— Un ejemplo, señor, con las mismas bases de selección, el señor Alexis Humala intervino en distintos procesos en diversos gobiernos regionales y para distintas finalidades. 60

Entonces, a mí me parece que, por ejemplo, hay que poner mucho más control en el registro de proveedores, en el registro de personas jurídicas y físicas sentenciadas, porque, por ejemplo, yo no creo, pues, que la OSCE al dar la credencial de que Alexis Humala no tenía ninguna limitación para ser postor, haya podido ser tan negligente; y a mi juicio la norma debe incorporar criterios de responsabilidad también a las entidades encargadas de certificar la documentación previa a ser partícipe en procesos de selección, sobre todo los de gran envergadura. Hasta ahí por ahora. Me pidió interrupción la congresista Alcorta, señor. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Por excepción, puede interrumpir la congresista Alcorta. La señora ALCORTA SUERO (GPUR).— Gracias, Presidente. Dos cositas quería hacer. Yo sí quisiera mencionar, porque no tuvo ya tiempo la congresista Rosa Mavila, el caso de Ica. El presidente regional de Ica contrató camiones para sacar el desmonte, y lo contrató por horas, no por cantidad ni por toneladas ni por cuadras, por horas, dos millones de soles pagados y no sacó el desmonte. Y lo segundo es cuando los bienes y servicios solo pueden obtenerse de un determinado proveedor o determinado proveedor posea los derechos. Eso se hace por urgencia. Cuando lo tiene un proveedor y no lo tiene nadie más, se hace por urgencia, que es en el mismo artículo 27.° en la letra e). Gracias. La señora MAVILA LEÓN (AP-FA).— Pide también, señor, una última interrupción el congresista Tapia. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Puede interrumpir el congresista Tapia. El señor TAPIA BERNAL (GPFP).— Gracias, Presidente. Para unirme a esta propuesta del congresista Lescano y la congresista Espinoza, Marisol, Presidente, que quede bien claro el tema de que hay que eliminar los consorcios. Ejemplo: en Iquitos un consorcio con 500 soles forma una empresa, con 1500 soles otra empresa y se junta con otra empresa que tiene 6 millones y todavía deciden ellos. Ellos, los que están así en ese plan, Presidente, la empresa que se presenta tiene que hacer la obra. Que se presenten las obras, no consorcios, porque esto de consorcios también igualito, Presidente, en Cajamarca, lo mismo en Cajamarca. Entonces son unos vivos que al final usufructúan estos dineros y caen en corrupción, las obras al final votadas.

61

Presidente, una vez más que se elimine ese tema de los consorcios, que mucho daño le ha hecho al país. Muchas gracias, Presidente. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Continúe, congresista Velásquez. El señor VELÁSQUEZ QUESQUÉN (GPCP).— Presidente, me parece que este paquete de reformas, que ha planteado el gobierno, es un reconocimiento de que en estos tres años, debido a la incompetencia, se ha caído la inversión y por eso que vemos que hay niveles de crecimiento nunca antes visto, lo único comparable con lo que pasó el 2009 con los efectos de la crisis financiera internacional. ¿Y qué propone este paquete? Lo que propone es buscar mecanismos que, sin alentar la corrupción, puedan estimular el gasto de los recursos públicos, el gasto público, que es fundamental para el crecimiento de la economía. Me temo que conforme viene planteada la supuesta reforma, la aspiración de llegar al 3% a fin de año va a ser ilusoria. Yo quiero hacer una primera reflexión. La Ley de Contrataciones, creo que hay una confusión aquí, veo en el debate que se plantean temas de control. No estamos, no estamos debatiendo la modificación a la Ley del Sistema Nacional de Control. Fíjese, a mí me preocupa en términos generales, fíjese le voy a decir con cifras que lo he bajado del propio dictamen. El año 2012 el Estado realizó contrataciones por 41 683 millones a través de 119 115 procesos, el año 2012. El año 2013, ¿saben cuánto hemos gastado? 36 205 millones. Entonces, lo que pretende esta propuesta de reforma tributaria y contrataciones es generar mecanismos más flexibles. Yo creo que los objetivos, y los reconoce el propio dictamen, es que tenemos un marco de contrataciones muy rígido, muy formal, que privilegia la formalidad y la rigidez, y que eso desalienta la competencia. Miren, ayer nomás hemos visto, por ejemplo, la entrega de una obra importante por 7 mil millones de dólares donde han habido dos postores y ha terminado con postor único, o sea desalienta la competencia un marco rígido. Algunos dirán: "Sí, la corrupción, la corrupción". Este gobierno ha planteado, esta es la segunda reforma. Me pide una interrupción la congresista. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Puede interrumpir la congresista Mavila. 62

La señora MAVILA LEÓN (AP-FA).— Yo solo quiero plantear una pregunta, señor. ¿No desalienta la competencia la contratación sobredimensionada directa? Por supuesto, pues, porque en esos marcos de contratación sobredimensionada directa más bien se induce a mecanismos vinculados a la corrupción. Gracias, congresista. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Continúe, congresista Velásquez. El señor VELÁSQUEZ QUESQUÉN (GPCP).— Mire, "una cosa es con guitarra, dice el aforismo criollo, y otra cosa con cajón". Una cosa es estar gobernando, y otra cosa es estar en cómoda posición de ser solamente de oposición, y en ese sentido creo yo, señor Presidente, las compras estatales se han caído, representan el 8% del PBI, es un porcentaje sustantivo. No, de repente, no es comparable con lo de países desarrollados, pero es muy importante, y eso se está cayendo, y eso está afectando el crecimiento, está afectando el empleo. Entonces es dramática las cifras que nos da la OSCE. Hay 10% de las contrataciones que el Estado debe hacer anualmente que se cae por desiertas, la excesiva rigidez que hay en el marco normativo. Mire, la propuesta plantea: hay 30 excepciones a la aplicación de esta norma. La propuesta plantea eliminar 11 excepciones, o sea, hacer el marco más rígido, me parece muy bien para aquellos que dicen "que hay que privilegiar la lucha contra la corrupción". Y el problema de la lucha contra la corrupción no es el tema de aquellos que le sacan la vuelta a esta ley, porque a cualquier ley un inescrupuloso le saca la vuelta. Lo que pasa es que no funcionan los controles, y los controles no están en esta ley. El Sistema Nacional de Control... El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Continúe, congresista Velásquez. El señor VELÁSQUEZ QUESQUÉN (GPCP).— El Ministerio Público, los consejeros regionales; hay un sinnúmero de controladores. A propósito, hablando de controladores, me está pidiendo una interrupción el congresista... El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Usted ya había dado sus dos interrupciones, congresista Velásquez. El señor VELÁSQUEZ QUESQUÉN (GPCP).— Entonces, Presidente... El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Le voy a pedir al siguiente orador que conceda la interrupción. Continúe, congresista Velásquez.

63

El señor VELÁSQUEZ QUESQUÉN (GPCP).— Presidente, por ejemplo, a un proveedor en cualquier parte del mundo, en cualquier sociedad democrática cuando se le inhabilita indeterminadamente para contratar con el Estado tiene que ser después de una declaración judicial. No puede ser un ente administrativo el que le diga a un proveedor: "Sabes qué, has cometido una falta grave y te inhabilito de por vida para que contrates con el Estado". Eso no lo puede hacer. Lo dice, y el proyecto de ley lo establece claramente: después de una declaración judicial hay una inhabilitación definitiva. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Continúe, congresista Velásquez. El señor VELÁSQUEZ QUESQUÉN (GPCP).— Yo creo que esta es una reforma muy tibia, muy tibia. Necesitamos estimular la inversión pública, necesitamos nuevamente volver a niveles de crecimiento que permitan abatir la pobreza, el empleo. Este marco regulatorio de las contrataciones privilegia el formalismo, el formalismo al resultado; o sea no se ven resultados, si la calidad de la contratación es buena o mala, entonces... Es cierto que es un peligro, es cierto que es un peligro hacer una contratación directa, pero para qué están los consejeros, para qué están los regidores de los municipios, para qué estamos nosotros; entonces, partimos de una evaluación de un supuesto "que todo es corrupto y que hay que cerrar la puerta". Entonces, Presidente, el enfoque que hay que darle me parece muy bien. Por ejemplo, creo que hay algo que tiene que precisarnos el presidente de la comisión, qué entiende por proveedores de países extranjeros, a los que se trata también de acentuar en la norma, pero creo que hay que hacer una reflexión. Hay 30 supuestos de inaplicación de la ley, se están eliminando 11 justamente por las protestas que hay. A Áncash o a cualquier gobierno regional o municipal no puede ser el supuesto sobre la cual partamos de desalentar la inversión pública. Miren, en el país, de todo lo que constituye el crecimiento de la economía, de cada cinco soles, cuatro lo hacen los privados, uno lo hace el Estado... El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Continúe, congresista Velásquez. El señor VELÁSQUEZ QUESQUÉN (GPCP).— Y si de ese 1%, que es el 8% de nuestro PBI, el 10% se declara desierto, justamente porque esta norma es tan formalista, tan rígida, no promueve la competencia. Cuando haya una competencia abierta, cuando haya más participación de proveedores será más reducido el espacio de los inescrupulosos que se corrompen en el Estado.

64

Entonces, creo que por ahí tiene que ir el enfoque, presidente, y creo que seguir, por ejemplo, cerrando la posibilidad, yo creo que es de buena fe lo que están planteando algunos, pero en la práctica no se va a poder dar, o sea, en todas partes del mundo hay consorcios. En Chile donde es más eficiente que la nuestra, y dígase de paso que el nivel de inversión pública chilena es menor que con respecto al PBI que la nuestra. Entonces, me parece hasta contradictorio que hoy día se plantee un marco jurídico más rígido cuando el supuesto parte de plantear mecanismos que ... El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Culmine, congresista Velásquez. El señor VELÁSQUEZ QUESQUÉN (GPCP).— La inversión pública justamente para empujar el crecimiento de la economía. Entonces, presidente, creo que no confundamos, esta ley del Sistema Nacional de Control, esta Ley es de Contrataciones, cómo buscamos, que la contratación sea cualitativamente mejor que la que ahora hace el Estado, me parece bien que el Gobierno reconozca el error que han cometido, este es la segunda reforma que hace este Gobierno, ¿por qué? Porque las formalidades y las rigideces no han ahuyentado la corrupción, si con esta actual ley fíjese lo que está pasando en Ancash, en Tumbes y Cajamarca, siempre habrá un inescrupuloso. Pero cambiemos la Ley del Sistema Nacional de Control, pero la Ley de Contrataciones persigue otro objetivo, ser el vehículo que permita que la inversión pública fluya de tal manera que permita ser compatible con niveles de crecimiento que hemos tenido en los últimos años y que ha derrotado ostensiblemente la pobreza y si queremos ahora que este año supuestamente vamos a crecer cerca del 3% el otro año se va a reflejar en que recrudece el desempleo abierto porque cada año se incorporan a la población económicamente activa el 3%. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Termine, congresista Velásquez. El señor VELÁSQUEZ QUESQUÉN (GPCP).— 300 mil jóvenes. Entonces, no hagamos más rígido este marco de las contrataciones, señor presidente, y si las contrataciones directas han aumentado de 11 mil a 30 mil el problema no es que esto es que estamos permitiendo que el funcionario pueda contratar a dedo, el proyecto tiene cuatro aspectos fundamentales, las disposiciones generales se eliminan principios para ser evidentemente orientar la Ley de Contrataciones a Resultados ya no a formalidad. Pero lean el capítulo 2) y el capítulo 3) se establecen plazos que en la práctica no se cumple, la licitación se hace en 30 días, no, no se hace en 209 días casi en un año se hace una licitación. Entonces, creo que debemos enfocar la aprobación de esta norma en ese sentido, presidente, si el Ministerio de Economía considera que este es una herramienta para 65

estimular la inversión pública, yo creo que hay que hacer un acto de fe y nosotros que somos de oposición... El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Termine, congresista Velásquez. El señor VELÁSQUEZ QUESQUÉN (GPCP).— Actuemos, pues, pero no paremos la inversión pública, no la paremos, estamos parando, estamos comprando el año que ha pasado menos, que el año 2012 y no podemos hacer más rígido el marco normativo, eso para por controles que son los que están fallando, señor presidente. Esa era mi sugerencia con relación a este proyecto de ley. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Congresista Gutiérrez, le voy a pedir que le otorgue la interrupción al congresista Lescano, El señor GUTIÉRREZ CÓNDOR (NGP).— La dos si es posible, señor presidente, por favor. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Las dos interrupciones son en favor del congresista Lescano. El señor LESCANO ANCIETA (AP-FA).— Señor presidente, solamente quería indicar que esta ley establece los supuestos para contratar, si los supuestos son muy endebles, débiles, se relajan, tiene usted más campo para la corrupción, señor y nadie dice que se pare la inversión con esta norma, pero si pone usted que los métodos de contratación van a un reglamento, los requisitos exigibles al proveedor va a un reglamento habiendo tantos casos de corrupción, cómo no va a afectar, señor presidente, cómo no va a afectar que esta ley deje estos dos aspectos importantes al Ejecutivo. Estos dos aspectos por lo menos debía estar en la ley poniendo los métodos contratación y los requisitos para los proveedores, obviamente, estamos mejorando que los contratos se hagan bien, pero no, señor presidente, dejarlo todo a la Ley Contraloría; tiene otro ámbito la Ley de Contraloría, es otra cosa. Eso es ex post, controla después de. Esto establece los requisitos como debe contratar.

de de de se

Si lo dejamos todo al Ejecutivo y no vemos la realidad que ha habido una escalada de actos de corrupción, entonces, estamos cerrando los ojos a la realidad. O sea, ahí inviertan no más, aunque roben. No. Estos dos aspectos son fundamentales, señor presidente, y otros más. Por ejemplo, que se diga en el artículo 38.° que se pueda dar adelanto a acreedores obviamente insolventes, das adelanto, se presenta un empresa con mil soles y les das adelanto. Esos señores formalmente son empresas, pero son insolventes, y el Estado le va a dar plata para que ellos hagan negocio a costa del Estado. Oiga, eso no se tiene que resolver, se tiene que resolver. Entonces, presidente, yo creo que lo dicho por el congresista Velásquez, no es cierto…

66

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Inicie su intervención, congresista Gutiérrez. El señor GUTIÉRREZ CÓNDOR (NGP).— Gracias, presidente. Los dos minutos ha corrido para el congresista Lescano. Presidente, quisiera señalar lo siguiente. Estamos discutiendo una Ley de Contratación del Estado, que es una fase primaria de un proceso de selección. Y lo segundo, es ver el proceso de ejecución de compromisos, es decir, como ese vínculo contractual entre el Estado y la empresa proveedora que está incluido dentro del registro nacional de proveedores, proceden con la ejecución de esos términos contractuales. En lo primero, es verdad, estamos tratando de flexibilizar una norma que permite mayor competitividad, no es posible que solo exista bajo este marco procedimental, ciertamente engorroso, la participación de uno, dos o tres postores que finalmente bajo el concierto de voluntades, muchas veces lo que hace es no abaratar los costos, no garantizar la calidad, y muchas veces lo que hace es perjudicar al Estado, bajo ese parámetro que no da pie a una participación masiva, a una participación mucho más competitiva de parte de los proveedores que van a atender con sus productos. De tal manera que esa flexibilización trasciende sin duda en la modificación sustantiva de la Ley de Contratación del Estado. Esto a decir lo menos, está recogiendo mucho de lo que hemos discutido en la misma Comisión de Fiscalización, en las distintas comisiones de investigación, como así los inescrupulosos sacan la vuelta al Estado aun cuando los procedimientos son totalmente engorrosos. Y es verdad, se cuestionan por ejemplo, que la OSCE sanciona a una empresa de por vida. Naturalmente esa empresa tiene el derecho o interés o legitimidad, de ir a un procedimiento de orden jurisdiccional, ahí está el contencioso administrativo expedito para poder tratar esos temas, de tal manera que la garantía del derecho, la garantía de la pluralidad de instancias y la garantía después de haberse concluido un proceso administrativo, recurrir a la vía judicial, eso está ahí y nunca se ha modificado, ni pensamos que con eso se va a modificar. De tal manera que somos consecuentes con esa posición que se está señalando. Por otro lado, he escuchado, bueno, ya no está creo el congresista, o perdón, está afuera, que con esta norma no se está atacando a quienes de manera hábil van sacando la vuelta al Estado, a las normas, siendo participe, presidente, de un consorcio, sea como socio, como gerente, como director, como representante legal, y esta empresa es sancionada ahora con esta ley... El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Continúe, congresista Gutiérrez. El señor GUTIÉRREZ CÓNDOR (NGP).— Gracias, presidente.

67

En el artículo 11.° literal k) se precisa justamente que la sanción también es solidaria para quienes dirigen la empresa, y con esto ya no se va a poder hacer empresas, empresas, empresas de fachada, y si uno es sancionado, indirectamente se perjudica a todas las demás. Esto si bien es drástico, va a favorecer, presidente, para que la actuación en ejecución de contrato de las empresas sea más prolija, sea más responsable en beneficio del cuidado del erario nacional que es la finalidad, entiendo, de todos los que están haciendo uso de la palabra en esta tarde. Por todo lo demás es falso, señor Presidente, que esta norma flexibilice el tema de incompatibilidad con relación al nivel consanguíneo o al nivel de afinidad. Absolutamente, falso, y quien lo ha hecho lo ha hecho de manera tendenciosa. Pero en fin, el artículo 11.°, invitamos a que se dé lectura, el inciso f), establece con claridad... El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Continúe, congresista Gutiérrez. El señor GUTIÉRREZ CÓNDOR (NGP).— Con claridad esos supuestos y queda claramente definido. De tal manera, que a nosotros nos interesa hoy una discusión en función a lo que dice la ley, a lo que es la expectativa de todos los parlamentarios, frente a esta nueva ley, aplicada ya en el campo de la implementación reglamentaria. Es histórico, y siempre ha sido así, que después de esta ley tiene emitirse un proceso de reglamentación donde se flanquea otros procedimientos que son más de fondo, analizados, digamos, a implementar su aplicabilidad. De tal manera, que para nosotros sí es importante, por ejemplo, que se señale que todos los supuestos que no están precisados en la misma y, además, que la ley está mandando que se elabore un reglamento, se va a dar el proceso de implementación; como, por ejemplo, en la parte que corresponde a las garantías para la interposición de los recursos de apelación que debe otorgarse a favor del organismo supervisor. Estas garantías... El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Continúe, congresista Gutiérrez. El señor GUTIÉRREZ CÓNDOR (NGP).— Estas garantías, señor Presidente, sin duda son siempre favorables a la entidad, para cautelar lo que corresponde al monto de adelanto. Y no es verdad, como existe en estos momentos, que se haya estafado a las entidades con garantías de carta fianza, que son falsas y que no se pueden ejecutar, ese es otro tema, eso puede darse en cualquier momento, no estamos ajenos a facinerosos que puedan adulterar documentos. Pero por ahí tiene que tener una activa participación el control concurrente, el control previo, para evitar que después estemos lamentándonos.

68

El tema de las garantías que sin preeminencia, sin el asentimiento de las Superintendencia de Banca y Seguros van entregando para el cumplimiento de diversos contratos, igual, Presidente. Entonces, lo que encontramos acá es de que todo adelanto para la ejecución contractual que consigne una garantía, esto, señor, es amparable y es viable bajo todo punto de vista, porque las empresas tienen un sistema de apalancamiento financiero vinculado, justamente, a sus activos y todo lo que significa la programación financiera de una ejecución a cargo de cualquier empresa. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Culmine, congresista Gutiérrez. El señor GUTIÉRREZ CÓNDOR (NGP).— Muchas gracias, Presidente. Son 65 artículos, más de 10 disposiciones complementarias finales, señor Presidente, y abarcar cada una de ellas sería muy tediosa, por eso es que abreviando el tiempo, yo pediría a los presidentes de las comisiones de Fiscalización y Economía, puedan, puedan, por favor, incluir el Proyecto de Ley 3626, que es de mi autoría, habida cuenta que desarrolla uno de los extremos de este proyecto de ley. Que está vinculado estrictamente con la creación del Registro Nacional de Árbitros. También el Registro Nacional de Secretarios de Arbitraje. Por lo tanto, Presidente, yo también saludo, como todos, con la gran mayoría de parlamentarios esta iniciativa, porque nos permite discutir un tema que sin duda va a sentirse en la competencia, mucho más amplia, en la reducción de los costos de los oferentes, en fin. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Culmine, congresista Gutiérrez. El señor GUTIÉRREZ CÓNDOR (NGP).— Gracias, Presidente. Y creo ese interés legítimo que tienen los señores parlamentarios, en gran parte, ha sido recogido en esta iniciativa legislativa, y en gran parte creemos que va a tener su implicancia en materia de resultados. No es posible que en términos de resultados haya mucha cantidad de procesos de selección que cae la condición de desiertos. Hay muchos que por impedimentos de orden estrictamente formal no lleguen a concretarse en los tiempos oportunos. Por todo lo mismo, señor Presidente, nuestra bancada, la Bancada Nacionalista, coherente con su postulado de atención a resolver la necesidad más apremiante del país, va a votar de manera favorable. Gracias, señor Presidente.

69

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Por alusión, tiene la palabra la congresista Mavila, luego el congresista Velásquez. La señora MAVILA LEÓN (AP-FA).— Gracias, señor Presidente. Aunque no me han aludido directamente, sí he tomado debida nota del diagnóstico de señalamiento tendencioso a la objeción que hemos hecho del criterio del parentesco en lo que concierne a las condiciones exigibles a los proveedores. El tema, señor, es practicando directamente el principio de literalidad, si leemos de los incisos a) al inciso d) del artículo 11° de la norma, se refiere en primer a funcionarios de alta investidura hasta 12 meses después de haber dejado el cargo en gobiernos regionales, alcaldes, regidores, directores de empresas del Estado. Y luego dice literalmente: “En lo correspondiente a procesos de contratación, las personas naturales o jurídicas que tengan intervención directa en la determinación de las características técnicas y valor referencial y elaboración de bases”. De donde se deduce, como es obvio, que personas naturales o jurídicas que estén conectadas por parentesco con personas que no tiene directa responsabilidad en la elaboración de bases, no entran dentro de este criterio… El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Congresista Velásquez, por alusión. El señor VELÁSQUEZ QUESQUÉN (GPCP).— Hay un congresista, para que no interrumpa, me ha dicho que no digo la verdad. Y yo digo que ese congresista ignora la Ley del Sistema Nacional de Control, sus principios que le inspiran, porque hay en control previo, el control concurrente y el control posterior. Bueno, se sintió aludido el congresista Lescano, le puedo conceder la interrupción. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Está en alusión, congresista Velásquez. El señor VELÁSQUEZ QUESQUÉN (GPCP).— Señor Presidente, fíjese; esta información está en el dictamen que ha dado la OSCE. Solamente los planes anuales; de los planes anuales de contrataciones, solamente se ejecuta el 75%. Y es terrible eso; el Gobierno Central el 80%, los gobiernos regionales 50% Y con un marco normativo de contrataciones como el que tenemos ahora, y lo queremos hacer más rígido. Entonces, por eso creo que —vuelvo a repetir— lo que hay que reenfocar el objetivo y el propósito de la ley, de este paquete normativo. Y en ese sentido, esta norma no está relajando los sistemas de control, no le está diciendo a la Contraloría que no fiscalice, no le está diciendo a los fiscales que no intervengan; lo que está generando son mecanismos que permitan que las compras… El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Culmine, congresista Velásquez, está en alusión.

70

El señor VELÁSQUEZ QUESQUÉN (GPCP).— … y por resultados. Pero también quisiera, señor Presidente, pedirle al presidente de la Comisión, que nos pudiera dar una explicación por qué esta disposición que sí me parece absolutamente ilegal. Dice la segunda disposición complementaria: “Mediante acuerdo de su directorio, la agencia de promoción de la Inversión Pública-Proinversión, puede exceptuar de la aplicación total o parcial de la presente ley a las contrataciones vinculadas a los procesos a que se refiere el Decreto Legislativo 674 y 1012”. Si son recursos públicos, obviamente que el alcance de esta norma tiene que ser aplicado. No entiendo, la verdad, por qué el Consejo Directivo de Proinversión puede decir: “Esta ley se aplica o implica total o parcialmente”. Me parece demasiado poder. La segunda disposición complementaria. En ese sentido, señor Presidente, quería dejar muy claro de que no se están relajando los sistemas de control; esta ley es de contrataciones, no es del sistema nacional de control. Gracias. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Tiene la palabra el congresista Eguren. El señor EGUREN NEUENSCHWANDER (PPC-APP).— congresista Acuña me han pedido interrupciones.

La congresista Alcorta y el

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Puede interrumpir la congresista Alcorta. La señora ALCORTA SUERO (GPUR).— Gracias, señor Presidente. No quiero ser alusiones a ninguna persona, pero creo una propuesta extremadamente flexible, realmente me preocupa bastante por un lado. Y tiene que haber ciertos controles. Lo otro es, ¿qué pasa con los contratos de consorcios pequeños, contratistas medianos y pequeños que han hecho, por ejemplo, casas para la Policía Nacional, para las Fuerzas Armadas, y los han estafado, no han cumplido, las cañerías se caen, no hay los servicios, han contratado pésimo? ¿Tenemos que esperar un juicio para que los sentencien, para de allí descalificarlos si están en una relación para que nunca más contraten, o de arranque los ponemos en una lista porque sabemos con claridad quiénes son, a quien le hemos entrego esa concesión o esa licitación que ha dejado a la gente estafada. Eso es lo que tenemos que ver también. Y lo de las garantías es bien relativo también, a veces las garantía la pone la propia municipalidad, la disfraza, como a las concesiones, igualito. Creo que hay que tener cuidado con las cosas. Sí, hay que flexibilizar y hay que traer también inversión, pero hay que tener también cuidado, sobre todo por las ultimas estafas. En el caso de la Policía, cualquier cantidad de policías, gente civil inclusive, estafada porque la constructora no cumplió y lo dejo tirando cintura con su poquita plata que 71

juntaron los estafaron. Creo que debería de haber una lista que generalice esa gente y los… El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Puede interrumpir el congresista Acuña. El señor ACUÑA PERALTA (SN).— Gracias, señor Presidente. Señor Presidente, quiero referirme básicamente a la intervención del congresista Javier Velásquez, que ha estado atento escuchándome, me parece muy bien que haga un enfoque general de lo que son las inversiones. Y, ahí coincido en la situación que tenemos que mirar más a lo que es la Contraloría, eso es un tema central porque ellos son los encargados de hacer el control y ahí nos corresponde a nosotros hacer algo, porque todo lo que ha pasado específicamente es responsabilidad de Contraloría. Lo he dicho en la mañana, es como si dejaras un guardián en tu casa, te roban todos los días y el guardián sigue cobrando. Entonces, es un tema que verlo bien. En la parte que no coincide, que me parece un mal ejemplo de Javier, es que él ha mencionado lo que ha pasado ayer en la concesión del gaseoducto, esa no es inversión privada, esa es una concesiones; pero sí creo que tenemos que revisar también, porque todas las concesiones que está haciendo este Gobierno resulta que hay un solo postor y hay un solo postor porque no se hace flexible las bases. Entonces, mi apreciación, que hay que mirar más la Contraloría; y segundo, lo que son concesiones tenemos que revisarlo para poder… El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Inicie su intervención, congresista Eguren. El señor EGUREN NEUENSCHWANDER (PPC-APP).— Gracias, señor Presidente. Señor Presidente, en principio para coincidir con algunos criterios que se han vertido, que creo que son correctos. Cuando pensamos en corrupciones tenemos que pensar en el fracaso del Sistema Nacional de Control, liderado por la Contraloría General de la República y que tiene que ver también con la debilidad institucional del Ministerio Publico, del Poder Judicial, de las procuradurías, y no es responsabilidad exclusiva y excluyente de esas instituciones, sino hay una corresponsabilidad con el Poder Ejecutivo que no ha asignado las partidas presupuestarias suficientes para fortalecer estas instituciones. Igualmente, cuando pensamos en la debilidad para ejecución de inversiones, el año pasado se han dejado de invertir 11 mil millones, y como vamos este año va ser muy similar. En consecuencia, ahí tenemos que dinamizar, promover, facilitar la inversión, tanto la inversión pública como la inversión privada, y ahí entramos a tallar en los proyectos que 72

he enviado el Ejecutivo que en líneas generales son positivos, tienen el alineamiento correcto, pero en varios extremos tienen algunas –humildemente desde nuestro punto de vista- inconsistencias. La primera de ellas, en el 28.2, y en esto coincido con el congresista Acuña; se está exigiendo solamente el límite del 90 y 10% para la ejecución de obras, pero no es suficiente, no vamos a tener obras de calidad si las consultorías, si los estudios previos no reúnen las exigencias y el nivel de calidad necesario e igualmente si la supervisión que es permanente a lo largo de la ejecución no tiene y no nos asegura empresas de nivel, que den una adecuada supervisión, vamos a tener obras mal ejecutadas; y en consecuencia, señor Presidente, no vamos a lograr ningún objetivo. En consecuencia, debería en el 28.2, considerarse tanto las obras como las consultorías vinculas a ellas. Espero que estén los presidentes de las comisiones viendo este tema. Después, señor Presidente, el tercer párrafo del artículo 29.°, que es un tema bien controversial y que de alguna manera lo han señalado anteriormente, que tiene que ver con seguros patrimoniales. O sea, se está planteando en el tercer párrafo del artículo 29.° que estos puedan contactarse directamente en el extranjero, o sea, sin pasar por el filtro de la Ley de Contrataciones, sin pasar por el filtro de la OCI y los órganos de control y tribunal correspondiente… El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Continúe, congresista Eguren. El señor EGUREN NEUENSCHWANDER (PPC-APP).— Gracias, Presidente. Sin pasar por la Contraloría General de la República, es decir, un espacio enorme, si bien es cierto, no debemos tener un criterio de que va haber corrupción, pero no podemos dejar, señor Presidente, espacios de esa magnitud abiertos, porque de ahí nos remiten al Artículo 5.°, inciso f), donde se señala que habrá contratación directa, o sea, ni siquiera hablamos, si se requiere contratar seguros, lo debería hacerse es desde el inicio, es una licitación pública internacional donde puedan participar operadores nacionales y extranjeros si quiere para mayor competencia, pero contratar directamente, señor Presidente, sin ninguna garantía de por medio ni obligación de coercitiva por parte del Estado con posterioridad a cualquier incumplimiento, me parece sumamente avezado. Y ahí también hemos plateado en el Artículo 29.°, un procedimiento distinto que es el que establece la… El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Continúe, congresista Eguren. El señor EGUREN NEUENSCHWANDER (PPC-APP).— Que establece la propia ley, utilizarlo lo provisto en el literal c) del Artículo 27.°, realizar una contratación directa bajo el supuesto de desabastecimiento o cualquier otra alternativa mejor que pueda haber, pero no de esta forma. 73

Después, señor Presidente, tenemos el caso del Artículo 45.6, en esto se está estableciendo requisitos –como decía el congresista Velásquez- formales, o sea, los árbitros tienen que tener cartones que sabemos después de haber conversado y discutido tanto de las universidades peruanas, tienen que acumular cartones. Nosotros creemos que tiene que ser otro criterio, un criterio cualitativo, no de cuantitativo de cuantos cartones se tienen, porque mucho de los mejores profesionales probablemente no están acumulando cursitos ni están acumulando cartones, sino están ejerciendo con calidad la profesión. Entonces, ahí no debiéramos intervenir… El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Culmine, congresista Eguren. El señor EGUREN NEUENSCHWANDER (PPC-APP).— Después, señor Presidente, un tema que va contra el espíritu de las norma, se pretende que se inscriban en la OSCE. Nos parece muy bien que hay aun registro de la OSCE, pero de los árbitros que van a representar al Estado. El Estado tiene derecho a hacerles un control de calidad y acreditar algunos y no otros, con los criterios que había por conveniente, pero los árbitros de los privados qué tienen que pasar por registros. O sea, si los privados se equivocan, designan mal, será su responsabilidad y pierden ellos, en el caso del Estado, sí, obviamente el Estado tiene derecho a protegerse, pero acá se está metiendo los privados y a los públicos en la misma camisa de fuerza que tiene que ver con la OSCE. Peor aún, señor Presidente, en el 45.7, donde se pretende también crear un registro para los secretarios arbitrales que dependen única y exclusivamente de privados, de árbitros privados. Qué tiene que hacer el Estado creando registros de los empleados de los árbitros privados. No tiene ningún sentido. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Continúe, congresista Eguren. El señor EGUREN NEUENSCHWANDER (PPC-APP).— En el 45.10 del Artículo 45, se habla de sanciones éticas, en esto hay un tema constitucional, señor Presidente, que es el principio de legalidad. Toda sanción de acuerdo a ley tiene que estar establecida y tipificada, o sea, no se puede remitir al reglamento lo que es sanciones por principio de legalidad y creo que eso debería corregirse. Finalmente, señor Presidente, el congresista Bedoya, en su momento, planteó que no está la amonestación para faltas leves, debiera haber una amonestación, no debiéramos ir de frente a acciones punitivas. Si el tema es leve, si no es intencional, si no hay ninguna voluntad de solo, no tendría sentido. Ahora si termino, señor Presidente, en la octava disposición complementaria final se pretende crear un nuevo organismo, más burocracia, más personal que va a cumplir funciones que le corresponden… El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Culmine, congresista Eguren.

74

El señor EGUREN NEUENSCHWANDER (PPC-APP).— Que le corresponden típicamente a la Contraloría General de la República y además hay que tener en todo caso precisión en lo que se refiere al secreto bancario y secreto tributario. Porque se habla que van a pedir información de la SBS, etcétera, de los proveedores. Puede haber una vulneración grave. Eso es todo, señor Presidente, espero que se pueda recoger los aportes señalados. Gracias. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Tiene la palabra el congresista Reátegui. El señor REÁTEGUI FLORES (GPFP).— Gracias, Presidente. Por un lado, es realmente es contradictorio lo que piensa este gobierno. Por un lado, se aprobó una ley, la nueva ley de las universidades en la cual lo que se prioriza es el control versus la competencia. Por otro lado, se quiere modificar, se quiere agilizar la nueva Ley de Contrataciones del Estado para que sea más ágil y haya más competencia. Esta contradicción realmente no sabemos, a dónde ir, cuál es el mensaje que da este gobierno. Que por una mano dice una cosa y con la otra mano quiere salirse todo. Entonces, por lo tanto, Presidente, esto sí que nos preocupa. Realmente tienen razón algunos congresistas que han dicho: “Oye, nosotros estamos hablando de la nueva Ley de Contrataciones del Estado, por lo tanto la ley de control es un tema aparte”. Pero para contratar también debe tener algunos parámetros mínimos. Estos parámetros mínimos deben estar en la ley, pero estos parámetros mínimos no pueden irse al extremo. ¿Por qué no pueden irse al extremo? Porque sucede sí que esto conviene situaciones muy preocupantes con el caso del artículo 27. Ejemplo: Cuando se compra para las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional. Los organismos conformantes del Sistema Nacional de Inteligencia requieren afectar contrataciones con respecto de carácter secreto militar. Dice que tiene que ser con previa autorización de la Contraloría General de la República, también hay que ponerlo que el informe tiene que venir a la Comisión de Inteligencia del Congreso. Porque de lo contrario, ¿Quién va a hacer el control? La Contraloría no va a hacer el control. Se ha visto que la Contraloría en sucesivas veces falla, falla, falla. Después que viene el escándalo recién actúa para tapar su incompetencia. Eso es. Entonces tiene que venir al Congreso, a la Comisión de Inteligencia para que también se vea, qué has comprado, a quién has comprado. Entonces, todo esto se tiene que determinar.

75

Después, Presidente, en el punto que si nos parece una película. Dice: “Para los servicios personalísimos prestados por personas naturales que cuenten con la debida sustentación”. El punto f) ¿A quién van a contratar? ¿A Favre, a Paiva? De repente, ¿La señora Villarán puede contratar como alcaldesa, servicios personalísimos a Favre para hacer la campaña electoral? ¿Servicios personalísimos? Por lo tanto, esto es muy gracioso. Luego, fíjese, en el punto h): “Para los servicios de consultoría, distintos a las consultorías de obra, que son la continuación y la actualización de un trabajo previo ejecutado por un consultorio individual a la conformidad de la entidad”. Si tú contratas a uno que no está haciendo una consultoría, le vas a controlar ad infinitum. Ad infinitum quiere decir… El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Continúe, congresista Reátegui. El señor REÁTEGUI FLORES (GPFP).— Puede seguir siendo contratando, contratando, contratando hasta el infinito a esto. Por lo tanto, no tiene límites. No te puede ir por un parámetro mínimo a un parámetro absolutamente extremo y sin control. Luego esto sí, en el punto i) dice: “Para los bienes y servicios con fines de investigación y experimentación o desarrollo de carácter científico, tecnológico cuyo resultado pertenezca exclusivamente a la entidad para su utilización en el ejercicio de sus funciones”. Efectivamente absolutamente gracioso. De repente, el Ministerio de Trabajo va a consultar a un estudio para que haga una investigación; ¿A qué? ¿A los genes humanos? ¿A quién? ¿Para qué va a contratar? ¿Qué se quiere investigar? ¿Qué entidad? Este punto debería salir, porque eso no está bien. Y luego, para el arrendamiento en el punto j) para el arrendamiento de bienes inmuebles y adquisiciones de bienes inmuebles existentes. Yo recuerdo Presidente, y recuerdo cuando en el SIS se contrató me parece no se qué gobierno se contrató un local que costo más o menos un millón de dólares me parece un local, o sea, con la simple idea decía yo quiero contratar este local por más que cueste tanto. Como el local del Banco de la Nación que acaban de alquilar por un millón de dólares en el Jockey Plaza. Entonces, simplemente, aquí le están dando puerta abierta a cualquier funcionario del Estado peruano para que contrata con cualquiera el precio que quiera, y sin ningún parámetro, o sean está dando libertad, para esto. Entonces, yo creo que este punto...

76

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Culmine, congresista Reátegui. El señor REÁTEGUI FLORES (GPFP).— Debería salir Presidente. Y, yo coincido también con la congresista Rosa Mavila en el punto M) para contratar servicios educativos de capacitación que cuente con un procedimiento de admisión o selección para tener el ingreso o aceptación de las personas interesadas por parte de las entidades educativas que lo brindan. O sea, ¿qué es eso?, verdaderamente, o sea, quiere decir yo lo voy a contratar a la universidad técnica politécnica del Callao, sin ningún tipo de estudio para que me den un estudio a que entidad de repente el Congreso podemos contratar a La Católica sin ningún tipo de licitación y nada por el estilo. O sea, este punto de la contratación directa, está llevando a que realmente sea una puerta abierta para cualquier tipo de contratación que no tenga ningún tipo de control. Por lo tanto, esto debería salir, Presidente, debería salir no debería estar. No les quiero aburrir más Presidente, porque hay mucho más así es que lo dejo ahí. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Tiene la palabra el congresista Julca. El señor JULCA JARA (PP).— Gracias, Presidente. Presidente, creo que en principio estamos debatiendo unos proyectos que deben permitir una suerte de apoyo y fomento a la inversión que es la forma como se han presentada aquí en el Congreso, tanto esto como el paquete de reactivación económica. En este tema de la Ley de Contrataciones, debemos recordar Presidente, que el año pasado el año 2012, se hizo la primera modificación como algunos congresistas lo han recordado, hubo un debate muy largo de esta modificación inicial de semanas y luego horas en la que se logró aprobar un proyecto que finalmente terminó en una Ley 29873 de 01 de junio de 2012. Y dentro de esa propuesta Presidente, había un tema en el que quisiera referirme específicamente, que es el registro nacional de proveedores. Nosotros fuimos proponentes de una de las propuestas para que se busque de alguna manera el trato igualitario a los empresarios nacionales con los extranjeros. Y de lo que habíamos revisado e investigo en esa oportunidad era evidentemente claro que había una suerte de discriminación. Y más aún debido a las crisis que pasaba Europa en ese momento se iniciaba había una suerte de afluencia de muchas empresas extranjeras, muchas quebradas que venían al país y lograban tener montos de contratación sumamente altísimos en relación a los montos de capital pequeñísimos que tenían registrado aquí en el país. En base a eso se hizo una propuesta y se logró en la ley en esa oportunidad se discutió que se logre una suerte de declaración de trato igualitario una suerte de darle una reciprocidad al trato de las empresas peruanas con las extranjeras, pero cuando salió la 77

ley final y el reglamento Presidente, prácticamente a la fecha eso ha sido inaplicable. O sea, hoy día a hoy día sigue una suerte de discriminación a las empresas extranjeras. Por lo tanto, en el artículo 46.° que tiene que ver con el registro de proveedores, quiero hacer una serie de propuestas para que esto pueda resarcirse lo que ya se había debatido y discutido en la anterior oportunidad que se vio esta Ley de Contrataciones del Estado, Presidente. Y quiero ser directo y sintético respecto a las propuestas, que voy a plantear que sean consideradas, para que podamos luego, Presidente, espero, de tomar la determinación, que sean aprobadas. En el artículo 46.2 hay, Presidente, un párrafo que consideramos que debe eliminarse, es 46.2, a la mitad del párrafo. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Continúe, congresista Julca. El señor JULCA JARA (PP).— Presidente, lo primero que al determinar que el capital suscrito y pagado de las personas jurídicas inscritas como ejecutoras de obras en el Registro Nacional de Proveedores, que no puede ser inferior al 5% de su capacidad máxima de contratación, para que esto quede claro, Presidente, debe agregarse el siguiente párrafo: "Y en el caso de personas jurídicas que no estuvieran constituidas en el Perú y que en consecuencia no contaran con el capital social en el país en función de la asignación del capital que le hubiere sido, efectivamente, depositado en una entidad del Sistema Financiero Nacional en el caso de sucursales y de un mecanismo equivalente en el caso de personas jurídicas no domiciliadas, quienes deberán acreditar haber depositado en una cuenta abierta en una empresa del Sistema Financiero Nacional a nombre de su representante legal del país el monto, en virtud del cual se calculará su capacidad máxima de contratación". Esto es necesario, Presidente, para garantizar que se cumpla. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Continúe, congresista Julca. El señor JULCA JARA (PP).— Presidente, voy a necesitar, por favor, si es necesario, a nombre de mi colega Pepe León, que se inscribió y no está presente, el tiempo necesario. El cual se calculará su capacidad máxima de contratación. Asimismo, Presidente, en ese mismo párrafo debe agregarse al final donde indique: "En el caso de las personas jurídicas no domiciliadas se debe acreditar haber depositado en una cuenta abierta en una entidad del Sistema Financiero Nacional a nombre de su representante legal". Hay que especificar a nombre de quién debe estar depositado el monto que garantizaría para que se calcule su capacidad máxima de contratación. Asimismo, Presidente, agregar en el tercer párrafo, para que quede claro, el principio de reciprocidad que fue, repito, el espíritu de la discusión de la ley en la oportunidad 78

pasada, debe agregarse: "Sin perjuicio de lo antes señalado, a efectos de realizar la inscripción de empresas extranjeras en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) se aplicará el principio de reciprocidad". Ese párrafo, que voy a alcanzar, Presidente, de manera detallada, debe ser agregado. Y por otro lado, Presidente, en el cuarto párrafo debe agregarse, a continuación de lo que voy a leer. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Culmine, por favor, congresista Julca. El señor JULCA JARA (PP).— "Las disposiciones establecidas en los párrafos anteriores no se aplican a los proveedores que provengan de países con los cuales la República de Perú tenga vigente un tratado o compromiso internacional que incluya disposiciones en materia de contrataciones públicas". Debe agregarse: "Referidas al capital necesario para la inscripción en el Registro de Proveedores o equivalente, que contravengan lo dispuesto en el presente artículo". Y por último, Presidente, proponemos eliminar el quinto párrafo, que consideramos que está demás y que rompería, justamente, el espíritu, repito, que el legislador del Congreso aprobó, debe eliminarse el párrafo que indica que: "Las personas jurídicas extranjeras pueden acreditar el requisito señalado en los párrafos precedentes con la documentación que demuestren los gastos realizados en sus operaciones e inversiones en territorio nacional. El procedimiento, tipo de documentación y demás exigencias son establecidas en la directiva correspondiente". Consideramos que esto debe verse, Presidente, porque puede inventarse, generarse un sinnúmero de gastos y le estaríamos dando una discrecionalidad a la OSCE... El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Culmine, congresista Julca. El señor JULCA JARA (PP).— Termino, Presidente. Creo que para que se cumpla, justamente, el trato de reciprocidad, este párrafo, que acabo de leer, debe ser eliminado. Voy a hacer llegar, Presidente, las modificaciones que he propuesto debidamente rubricadas. Gracias, Presidente. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Tiene la palabra la congresista Chacón. La señora CHACÓN DE VETTORI (GPFP).— Gracias, Presidente. Presidente, como bien había dicho el congresista Reátegui, hay varios temas y varios puntos que se podrían mejorar. Definitivamente, todo lo que se hace para agilizar, para mejorar es bien recibido. No nos olvidemos, señor Presidente, que reconocemos y 79

aceptamos que la bancada de gobierno y el mismo Ejecutivo ha reconocido el error que muchas veces ustedes han tratado de que esto no sea flexible y ahora están tratando justamente de desenredar lo que se enredó en su momento. En ese sentido, no significa, señor Presidente, que no se pueda mejorar o que no hayan cosas con las que no estemos de acuerdo. Como bien lo ha dicho el congresista Juan Carlos Eguren, en el punto 28.2, creemos que debe de aumentar para lo que significa las ofertas que se encuentren por debajo del 90% del valor referencial, o cedan este en más de 10%, se debería incluir también a las consultorías. Porque, efectivamente, una obra, señor Presidente, que no está bien ejecutada, normalmente es porque los estudios previos que se hicieron no estuvieron bien hechos y porque la supervisión de estas obras tampoco han sido bien hechas. En ese sentido, si es que con mucha razón se le pone el límite 10 para arriba, 10 para abajo, entonces las consultorías también tendrían que tener el mismo tratamiento, tomando en cuenta que cuando hablamos de consultorías nos estamos refiriendo específicamente a los estudios para ejecutar las obras, y luego también para la supervisión, ya que, señor Presidente, si es que se eliminan estos rangos, pues podemos tener consecuencias que ya hemos visto en otras oportunidades. En ese sentido, es la misma propuesta que el congresista Eguren. Igualmente, señor Presidente, en el artículo 50.°, en cuanto a "infracciones y sanciones administrativas", le pediría al presidente de la comisión que ponga como punto L, el haber sido sancionado por incumplimiento en contratos en programas sociales. No nos olvidemos que en muchas ocasiones cuando ha sucedido que los niños de programas, por ejemplo, como el de Qali Warma, en numerosas ocasiones han sido intoxicados justamente por los mismos proveedores; y luego hemos tenido a las diferentes ministras o a los viceministros diciéndonos que no pueden impedirle a nadie ser proveedor del Estado. Pues esta es una gran oportunidad, señor Presidente, para corregir justamente ese tema y que no se vuelva a contratar a aquellos proveedores que han, prácticamente, envenenado a nuestros niños. Y en ese sentido, no nos olvidemos que en la última adjudicación, señor Presidente, se le dio el servicio a 32 proveedores que habían sido sancionados en el 2013, justamente por no cumplir sus contratos. Aprovechemos entonces que se esté dando esta norma para incluir... El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Continúe, congresista Chacón. La señora CHACÓN DE VETTORI (GPFP).— Gracias, Presidente, y nunca más vuelva a ocurrir justamente que estos no puedan nuevamente ser proveedores del Estado.

80

En otro caso, señor Presidente, estos contratos, sobre todo aquellos contratos millonarios que se han dado entre el 2006 y el 2011, que licitaron más de mil millones de dólares por organismos internacionales, los cuales no pueden ser fiscalizados por nadie, ni por el Congreso, ni por la Contraloría, ni por el Poder Judicial, por el Tribunal Constitucional porque se amparan en un derecho internacional. Pero señor Presidente no nos olvidemos que el mismo presidente Humala, en su campaña electoral, indicó que no se iba a contratar con este tipo de organismos. Y fue muy crítico cuando se utilizó este tipo justamente de contratos con otro tipo, ya sea de gobiernos regionales, municipales o el mismo Ejecutivo en su momento cuando él no era el presidente... El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Continúe, congresista Chacón. La señora CHACÓN DE VETTORI (GPFP).— Gracias, Presidente. Por lo tanto, si estamos hablando justamente de transparencia y de poder controlar aquellos contratos para que no exista corrupción dentro de los procesos, entonces señor Presidente, creo que es vital poder incluir justamente en el artículo 3.°, numeral 3.1, inciso 1), que indique "Que los procesos de contratación que se realicen mediante organismos internacionales". De esa manera, señor Presidente, estaríamos cubriendo también estos grandes proyectos. Insisto, han habido mil millones de dólares ejecutados por organismos internacionales solamente en los últimos tiempos. Pero además de eso, señor Presidente, son organismos internacionales que no tienen absolutamente nada que ver con el tema que empiezan a ejecutar. Solamente por dar algunos ejemplos: En Sedapal se adjudicó proyectos de agua potable y alcantarillado, en Lima y Callao, por 350 millones de soles a la Comisión Organización Mundial para las Migraciones, 6 millones, qué tiene que ver la Organización Mundial para Migraciones en lo que se refiere a ejecución de obras de Sedapal. Igualmente en el Ministerio de Vivienda con 520 millones de soles y en el Banco de la Nación con 14 y 12 millones, igualmente con comisión para la Organización Mundial para las Migraciones. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Continúe, congresista Chacón. La señora CHACÓN DE VETTORI (GPFP).— Gracias, presidente. Parecería que esta Organización Mundial para las Migraciones se debería de llamar organización mundial para ejecución de obras, señor presidente, porque en realidad al parecer tiene un expertis enorme en lo que se refiere a contrataciones con los diferentes estados.

81

Por lo tanto, señor presidente, exigimos que se elimine el inciso f) del artículo 4.°, el literal f) del artículo 5.° y obviamente se pueda introducir lo que he leído con anterioridad e igualmente si queremos que esta ley sirva para agilizar, pero al mismo tiempo para evitar que sigan existiendo estos actos de corrupción, pues esperemos que efectivamente se pueda aumentar estas opiniones a la norma. Gracias, presidente. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Tiene la palabra el congresista Gamarra. El señor GAMARRA SALDÍVAR (NGP).— Muchas gracias, señor presidente. Ante todo muy buenas tardes a los colegas congresistas. De hecho toda norma está en permanente cambio, en permanente innovación debido a los nuevos puestos que se van produciendo a lo largo de los sistemas. Esto hace de que en materia de contrataciones y adquisiciones, el Estado también regule aspectos que no fueron regulados anteriormente y que van a permitir maximizar los recursos del Estado en función a los resultados. Creo que este es un proyecto de ley justamente que propone la maximización del uso de los recursos del Estado y que tiene como objeto también los resultados que se deben dar al interior de las instituciones. En ese contexto, por ejemplo, se ha considerado un aspecto bastante importante como métodos de contratación además de los ya establecidos en el Decreto Legislativo 1017 de licitación pública, concurso público y su gasto inversa aquellos que están contenidos como la adjudicación simplificada, las selección de consultores individuales y la comparación de precios. En fin, son temas que necesariamente tienen que ir modernizando nuestra normatividad en materia de contrataciones y adquisiciones. Asimismo, en cuanto a los requisitos que deben presentar, por ejemplo, las condiciones exigibles a los proveedores, se ha establecido algunas normas en esta quiero hacer un añadido, señor presidente, la misma que voy a alcanzar debidamente suscrita que dice en el inciso f) del artículo 11.° en el ámbito y tiempo establecidos para las personas señaladas en los literales presentes: "El cónyuge, conviviente o los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad". Aquí quiero agregar en el caso del literal d), la previsión solo alcanza al cónyuge, conviviente o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad y los servidores que por su cargo, función o rango tiene influencia directa poder decisión o información formal privilegiada sobre proceso de contratación incluida su fiscalización posterior". Ese es el aspecto que nosotros estamos proponiendo y que lo vamos a alcanzar mediante suscrito al presidente de la Comisión de Economía. 82

En ese contexto, señor presidente, considerando que estamos ante una norma que ha sido, que plantea una serie de modificaciones para maximizar el uso de los recursos del Estado, consideramos muy oportuno la aprobación por parte del Congreso. Muchas gracias. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Tiene la palabra el congresista Johnny Cárdenas. El señor CÁRDENAS CERRÓN (NGP).— Gracias, presidente. En realidad nosotros hemos pedido participar porque creo que es importante resaltar algunas fortalezas que tiene esta propuesta, estas modificatorias respecto a las compras del Estado. Nosotros quisiéramos ver el capítulo II del artículo 16.° en lo referido a las especificaciones técnicas, respecto a los términos de referencia, expedientes técnicos que se debe de formularse, dice de forma objetiva y precisa. Y así gran parte de los señores congresistas han mencionado que existen personas inescrupulosas. Si nosotros quisiéramos dar en realidad un ejemplo de este tipo de personas inescrupulosas y autoridades en realidad que perjudica justamente el buen uso de los recursos del Estado. Existen dos o tres municipalidades en mi región Junín que definitivamente estos expedientes técnicos, estos procedimientos, lo que hacen es copiar, hacer un copy de los proyectos que tienen en relación, digamos, a un proyecto de canal de riego de una localidad, y esta misma cambiando el aspecto geográfico y algunos otros puntos son copiados tal cual a otros proyectos. Entonces, nosotros vemos en realidad que existe en realidad la falta de claridad en estos procedimientos para los expedientes técnicos que van a pasar a la fase de la inversión. Entonces, nosotros que queremos llegar respecto de este punto, a este capítulo II, existe una fortaleza importante que puede fundamentalmente ayudar a que se puedan facilitar las inversiones, en este caso respecto a una propuesta o a un tes. Vemos como el valor referencial es cambiado por el valor estimado, el valor referencial en realidad es una barrera importante que se obtenía para que justamente los procesos en la elaboración del expediente técnico se puedan demorarse en unos aspectos. Por decir, otro ejemplo que le pudiéramos decir que hemos vivido y por conocimiento en las funciones de representación que tenemos en un ministerio, para poder ejecutar sus Ventanillas Únicas que se han demorado aproximadamente un año, no quisiera decir cuál es la institución pública, cuál es el ministerio. Y si le preguntaba por qué se demoraba tanto tiempo usted para poder ejecutar esta Ventanilla Única, mencionaban, tenemos que cumplir los requisitos y procedimientos que corresponden. Y entre estas tener en consideración los aspectos del valor referencial.

83

Y esta se está modificando por un valor estimado que definitivamente ayudaría a que los precios de algunos productos que tengan que ver con la ejecución del presupuesto mismo pueda cumplirse. Pero también pudiéramos decir que había una preocupación por algunos congresistas respecto a la carta fianza, nosotros vemos aquí en el artículo 33.° que en el párrafo cuarto menciona lo siguiente: Las entidades financieras que emitan las garantías a las que se refiere la presente ley, facilitan el acceso a estas, a las entidades públicas beneficiarias, en este caso de las cartas fianzas, debiendo para el efecto implementar los mecanismos correspondientes... El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Continúe, congresista Cárdenas. El señor CÁRDENAS CERRÓN (NGP).— Que permitan en este caso los mecanismos correspondientes para la aplicación de la presente disposición. Esto que quiere decir, presidente, anteriormente las empresas que estaban dentro de un proceso de licitación, y uno de los requisitos ustedes saben que es el de presentar las cartas fianzas; básicamente presentaban hasta de cooperativas. Y vemos que estas eran falsas o no tenían el respaldo que corresponde. En este caso las entidades financieras y el órgano tutelar o responsable, la Superintendencia de Banco y Seguro, tendrá que establecer los mecanismos como dice la presente ley, para que estas instituciones puedan dar el acceso y las facilidades del caso, a las instituciones públicas para ver y verificar si estas cartas fianzas corresponden a la verdad. Y esas tienen el sustento que corresponde al aspecto económico. Por otro lado, presidente, el artículo 50.° que está referido a las infracciones y a las sanciones administrativas, existe una... El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Continúe, congresista Cárdenas. El señor CÁRDENAS CERRÓN (NGP).— Para terminar, presidente. Nosotros estamos mencionando que también el artículo 50.° tiene una duplicidad respecto a la tipificación de las infracciones, porque el literal f) del artículo 50.° sanciona el incumplimiento de las obligaciones asumidas por vicios ocultos. Los cuales están regulados ya en el artículo 40.° para evitar justamente esta mencionada duplicidad, presidente. Propongo a los presidentes de la comisión que corresponda, que se pueda hacer algunas modificaciones, dice artículo 50.° respecto a las infracciones y sanciones administrativas. El literal g) menciona lo siguiente: negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones a que se refiere el artículo 40.° de la presente ley. Debería de decir: g) negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato cuando estas deben verificarse con posterioridad al pago o cuando el pago ya se hubiese efectuado. 84

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Continúe, congresista Cárdenas. El señor CÁRDENAS CERRÓN (NGP).— Bueno, Presidente, yo creo que habría terminado. Ojalá los presidentes de la comisión que corresponda a los procedimientos que estamos tratando hoy pueda acoger y pueda valorar la petición que hemos desarrollado. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Finalizado el debate, tiene el uso de la palabra el presidente de la Comisión. El señor VALLE RAMÍREZ (PP).— Gracias, Presidente. Agradecer los aportes de todos los congresistas que han participado, y del cual, Presidente, amerita tener un cuarto intermedio para que podamos analizar extensamente todas las propuestas y asumirlas, y luego de ello, señor congresista, podamos ir al voto. Un cuarto intermedio, señor Presidente. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Bien. Se abre un cuarto intermedio a pedido del presidente de la Comisión. SUMILLA El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Concluido el debate del dictamen conjunto en su mayoría de las Comisiones de Presupuesto y de Constitución recaído en el Proyecto de Ley N.° 3639, por el que se propone establecer medidas para la cautela del adecuado uso de los recursos públicos en los gobiernos regionales y locales, así como para la prestación de los servicios a la población. Tiene la palabra el congresista Cárdenas Cerrón, presidente de la Comisión de Presupuesto, para que informe sobre el texto que se va a votar. El señor CÁRDENAS CERRÓN (NGP).— Gracias. En realidad, a la hora del debate, respecto a la creación de las unidades ejecutoras provisionales y especiales, se habría generado, en realidad, algunas preocupaciones de los señores congresistas. Y hemos identificado los siguientes: Han mencionado respecto a la ausencia del Estado. Yo creo que acá es válido hacer una pregunta, el Estado somos todos nosotros; somos responsables de nuestras funciones que están dentro del marco de la ley, del reglamento. Están los tres poderes del Estado, está el Ejecutivo; estamos nosotros, el Legislativo; y está el Judicial. Cuando hablamos de ausencia del Estado, algunas personas no nos acordamos que el Ejecutivo, en este caso, que es el responsable, en realidad, de velar por los presupuestos de todo los tres niveles de Gobierno, vemos como se han desarrollado por parte de esta institución, distintas reuniones en Palacio de Gobierno, donde se han reunido los distintos 85

presidentes regionales y alcaldes de nuestro país por más de una vez. Entonces, ¿ausencia del Estado? Seguimos haciéndonos la pregunta. También hemos visto que existe y se han desarrollado consejo de ministros descentralizados en distintas regiones, y han cogido, en este caso, este poder, los distintos problemas y preocupaciones que se tiene. Cuando hablamos del Poder Legislativo, nosotros como congresistas; eso significa cuando dicen ausencia del Estado, que nosotros no habríamos trabajado. Particularmente, mi despacho ha establecido una política de tener una sesión diaria en el cumplimiento de nuestras funciones, y como presidente de la Comisión de Presupuesto hemos desarrollado, aproximadamente, 54 sesiones entre ordinarias, extraordinarias, descentralizadas y sesiones de asesores. Hemos trabajado, aproximadamente, 209 horas, es decir, 3.5 horas diario. Ausencia del Estado han mencionado, en estos momentos algunos de los congresistas. Yo la verdad, esto es discutible, ojalá se pueda aclarar en algún momento. Se ha mencionado que la Contraloría General de la República no ha hecho su trabajo. Bueno, pues, nosotros quisiéramos recordarles, de repente, en el transcurso de nuestras actividades de exposición, y quisiera leerlo. Que a solicitud de la Contraloría General de la República, se ha tenido que suspender las cuentas bancarias de los siguientes gobiernos regionales y gobiernos provinciales y distritales. El señor AGUINAGA RECUENCO (GPFP).— (Intervención fuera de micrófono) El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Le pido mantener el orden porque no han dado interrupción a nadie. El señor AGUINAGA RECUENCO (GPFP).— (Intervención fuera de micrófono) El señor CÁRDENAS CERRÓN (NGP).— Bueno, le pido en todo caso, señor Presidente, con todo respeto le pido disculpas al congresista Aguinaga; en ningún momento he tratado de ofender a nadie… El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Estamos en una democracia y cada congresista tiene derecho a expresarse de la manera que lo crea pertinente, siempre y cuando no afecte la honorabilidad de los otros. Continúe, congresista Cárdenas. El señor CÁRDENAS CERRÓN (NGP).— Vamos a decirlo en términos generales, nada más, y creo que en su momento nosotros habríamos justificado. Se ha suspendido las cuentas bancarias en este caso, de la Municipalidad Distrital de Chavín de Huantar; Distrital de San Marcos; Chinecas; la sede central del Gobierno de Áncash, Subregión Pacífico; la Municipalidad Distrital de Huasmín-Cajamarca; la Unidad ejecutora sede central; en Vilcabamba-Cusco, provincia de Espinar-Cusco; distrito de Morococha en mi Región Junín, y así… 86

Entonces, sigo mencionando la ausencia del Estado, un poco creo que estamos hablando sin considerar nuestro propio trabajo. Entonces, entre otros de los problemas que hemos identificado, que han mencionado, respecto al artículo 188°, que se refiere al capítulo de descentralización; al artículo 191° de lo referido al gobierno regional. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— La cuestión previa se va a votar después, congresista. Le ruego coordinar. Esa es la costumbre parlamentaria, así lo hemos hecho siempre. Continúe, congresista Cárdenas. El señor CÁRDENAS CERRÓN (NGP).— Continuo. Entonces, también se han mencionado respecto a la descentralización y respecto a la constitucionalidad de esta norma que hemos tratado, en este caso, respecto a la creación de las unidades ejecutoras. Mencionaron el artículo 188°, 191°, incluso la Ley de Bases de Descentralización, que mencionaban que era en realidad una estocada al proceso de descentralización, y también que es matar esta cuestión donde se delegan las funciones o se transfieren, en este caso, las responsabilidades del Gobierno Nacional. Yo quisiera mencionarles; en ningún procedimiento de nuestra propuesta, está… El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Continúe, congresista Cárdenas. El señor CÁRDENAS CERRÓN (NGP).— En ninguna de nuestras propuestas existe alguna modificatoria, ni mucho menos a la Constitución, ni mucho menos referir a la Ley 27785, que es la Ley de Bases de la Descentralización. Lo único que buscamos es la modificación del artículo 53° del Texto Único Ordenado de la Ley de Tesorería. Entonces, lo que se quiere es modificar algunos aspectos para que se le pueda dar facilidades, en este caso, a las instituciones que corresponden, para que se puedan desarrollar y dar continuidad con esta creación de esta nueva unidad ejecutora, y puedan continuar las obras y no se puedan paralizar en lo que se refiere a sus gastos corrientes, de bienes y servicios. Señor Presidente, pero también existen algunas objeciones mencionando que existen elecciones de los gobiernos regionales y los gobiernos locales ¿En qué parte o en qué artículo de toda la norma, de la Constitución, de todos los procedimientos normativos del imperio de la ley, como dicen, señor Presidente, que cuando haya elecciones no se debe de ver fiscalización, no se debe desarrollar el proceso de fiscalización y las funciones que corresponde a las órganos que son pertinentes? En ninguna de ellas, señor Presidente. Esto obedece justamente a un lineamiento y a una política que le ha tomado, en este caso, los órganos que corresponden —no quiero establecer alguna cuestión que podría generar el resentimiento de algunos de los señores congresistas— pero entonces, ¿porque hay elecciones no vamos a fiscalizar o no van fiscalizar a los gobiernos regionales o a cualquier institución? 87

Es una pregunta que, en todo caso, que deberíamos de respondernos, y todos deberían de establecerlo. Pero también han dicho que se debe de realizar esta propuesta en lo que se refiere a un decreto de urgencia, o que debe dentro del marco de las funciones del Gobierno Nacional, lo pueda desarrollar con un decreto de urgencia. Yo creo que si nos mandan un norma al Congreso de la República, para que esta sea visto por los 130 congresistas, representantes de las distintas ciudades de nuestro país y podamos hacer los aportes, y pueda ser transparente esta norma, ¿no es lo más adecuado?, o, ¿queremos que lo haga en todo caso el Ejecutivo mediante este decreto de urgencia y pueda estar trabajándolo entre gallos y media noche?, o, ¿queremos la transferencia? Entonces, creo que queda también otra pregunta en la cual podríamos resolverlo o podríamos reflexionarnos. También ha mencionado que existe interés de otra índole… Señor Presidente, me solicita una interrupción el congresista Galarreta. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Puede interrumpir el congresista Galarreta. El señor GALARRETA VELARDE (PPC-APP).— Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, congresista Cárdenas. No es que el Ejecutivo pueda hacerlo, probablemente; pero sabe que si hace algo como un decreto de urgencia, no tiene el marco jurídico, por eso es que recurre al Congreso, porque no tiene el sustento legal para hacer esa acción y esa acción si el Congreso se pasa por encima de la Constitución va ser inconstitucional. Gracias, congresista. Gracias, señor Presidente. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Continúe, congresista Cárdenas. El señor CÁRDENAS CERRÓN (NGP).— Bien. En todo caso creemos que es importante tratarlo acá en todo caso. Nosotros vemos que ha mencionado también que existe intereses de otra índole, o sea, el interés –bueno, pregunta-, ¿el interés de proteger en todo caso los procedimientos o posibles procedimientos irregulares de los gobiernos regionales y los gobiernos locales? Es decir, todos nosotros, el Estado, la ausencia del Estado, todos nosotros tendríamos que justificar el aspecto de corrupción o posible corrupción en estas instituciones que han sido intervenidas; definitivamente ¿cuál es el interés acá? Es la transparencia. 88

Y si nos vamos puntualmente al Proyecto de Ley 3639, lo que busca fundamentalmente es ver de qué manera los recursos públicos en los gobiernos regionales y locales se aseguran respecto a la prestación de los servicios a la población. Ese es el objetivo que tiene esta norma, esta propuesta legislativa que el día de hoy estamos tratando. También han dicho que se afecta la autonomía de gobiernos regionales y gobiernos locales. A ver, si nosotros agarramos la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y Locales, vemos las funciones de cada una de ellas, es decir, vemos su estructura, vemos la estructura de estas instituciones, de estos gobiernos subnacionales ¿y en qué momento esta propuesta normativa hace un cambio a la estructura o modificatoria de estas instituciones?, o, ¿en qué momento las decisiones que han sido tomadas en el marco de la autonomía del consejo regional o del consejo provincial o del consejo distrital está siendo modificada? Se está respetando en realidad todas sus decisiones dentro del marco de la autonomía que tienen estas instituciones. Lo que se está haciendo es crear una unidad ejecutora, que nada tiene que ver con este órgano importante y que está respaldada con la autonomía, tiene que ver en realidad con una unidad ejecutora que se ha intervenido y le han cerrado las cuentas porque existe presunciones de corrupción. En ningún momento se está yendo en contra de la autonomía de estas instituciones tan importantes de nuestra nación. Entonces, creo que es importante que se pueda valorar. Han mencionado también los plazos indefinidos, dice que es un plazo indefinido y que podría ser el Gobierno, del Ministerio de Economía, ni muchos menos, que podrían permanentemente desarrollarlo. Pero bien, hay una parte en la cual nosotros abríamos dicho que la unidad ejecutora estará en el pliego del Gobierno nacional, que se determine y tendrá un plazo 60 días hábiles. O sea, la unidad ejecutora solamente tiene una vigencia de 60 días hábiles que podrían ser prorrogables a solicitud, en este caso de las instituciones que así lo habrían solicitado. Pero esta unidad ejecutora, señor Presidente, se liquida automáticamente por los siguientes puntos: Falta de solicitud de prórroga de plazo; elección e instalación de la nuevas autoridades desde el momento en que el Jurado Nacional de Elecciones extiende las credenciales respectivas; el pedido de liquidación de la unidad ejecutara al Ministerio de Economía y Finanzas por parte de la entidad que la solicito, y ¿Quiénes son las entidades que las han solicitado? De acuerdo al artículo 53.°, justamente de la Ley de Tesorería, lo puede realizar la Contraloría General de la República y otras instituciones como el Ministerio del Interior. Entonces, creo que estaría en algunos puntos aclarando las preocupaciones que tienen los señores congresistas. Señor Presidente, quisiera recalcar y mencionar a los señores congresistas, que lo que busca esta propuesta es cautelar los usos de los recursos públicos de los gobiernos regionales y los gobiernos locales para asegurar la prestación de los servicios a la población. 89

Creo que esto habría dicho, Presidente, algunos aspectos en realidad. Me solicita una interrupción, la congresista. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— La segunda y ultima interrupción para la congresista Chacón. La señora CHACÓN DE VETTORI (GPFP).— Gracias, Presidente. Simplemente después de todo lo dicho por el congresista, no tengo tiempo en una interrupción de argumentar. Simplemente decir, señor Presidente, que el gobierno central tiene una ejecución del 22.9% hasta lo que va del año y debería de tener alrededor de 40. Y que los gobiernos regionales y los gobiernos municipales tienen de lejos mucho mejor ejecución que el gobierno central. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo van ejecutar el dinero que vendría de esas cuentas?, si es que ni siquiera pueden gastar lo que ya tienen. Obviamente, señor Presidente, seguimos insistiendo que es inconstitucional por lo que ya hemos dicho, pero además en el Artículo 192.° de la Constitución, dice: que los gobiernos regionales son competentes para administrar sus bienes y rentas. Y en el Artículo 193.°, dice: son bienes y rentas de los gobiernos regionales entre otros, las transferencias específicas que se le asignen la ley anual de presupuesto. Por más que nos quieran decir que lo que quieren es que las cosas vayan bien, señor Presidente, es inconstitucional. Gracias. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Continúe, congresista Cárdenas Cerrón. El señor CÁRDENAS CERRÓN (NGP).— Bueno, Presidente, yo creo que es importante ver que la Comisión de Presupuesto ha desarrollado y presentaremos algunos informes respecto a la capacidad de gasto y a la problemática y algunas barreras legales que impiden, en realidad, alguno de los procedimientos a las instituciones de los gobiernos subnacionales respecto a la ejecución de su gasto, pero ese es otro tema y en algún momento en todo caso lo trataremos, Presidente. Eso es todo lo que nosotros quisiéramos decir respecto a las preocupaciones que han tenido los señores congresistas. Y lo busca nuevamente esta propuesta legislativa es dar continuidad a las obras, es dar continuidad a que los servicios, en realidad, de las distintas instituciones que han sido puesto en observación por los órganos tutelares de fiscalización, puedan continuar sus actividades.

90

Yo quisiera decirles que cuando el día de hoy, un congresista está en problemas, casi todos le dan la espalda o sino todos lo apoyan. Y si van a una institución e identifican a una persona, que le dice: que tiene usted una enfermedad terminal como la tuberculosis, nadie se le acerca. Cuando van a un gobierno regional o una municipalidad y lo intervienen porque existe presunciones en lo que se refiere a la corrupción, ustedes creen que los proveedores podrían trabajar con esa institución, van a tener desconfianza. Entonces, es por eso que sé busca, eso es un ejemplo, en todo caso, para poder establecer y mencionarles que saben que, Presidente, nadie pudiera, en este caso, participar en todo este proceso de continuidad de los servicios por parte de los proveedores ¿Por qué? Nuevamente dije, existiría algunas desconfianzas por parte de ellos respecto a que si pueden o no pagarle los servicios. Entonces, Presidente, esperemos que lo puedan valorar los señores congresistas, no existe otro interés de establecer estos procedimientos en beneficio de la población. Gracias, Presidente. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Se va a consultar la cuestión de orden planteada por el congresista Spadaro para que el presente proyecto se debata en el Pleno en vista de que se estaría afectando el artículo 101.° de la Constitución. Votación nominal. —El RELATOR pasa lista, a la que contestan los señores congresistas expresando el sentido de su voto. —Efectuada la votación nominal, se rechaza, por 12 votos en contra, 10 a favor y ninguna abstención, la cuestión de orden planteada. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— A favor, 10; en contra, 12; ninguna abstención. Ha sido rechazada la cuestión de orden. "Votación de la cuestión de orden Señores congresistas que votaron en contra: Zamudio Briceño, Isla Rojas, Gamarra Saldívar, Gutiérrez Cóndor, Solórzano Flores, Espinoza Cruz, León Rivera, Capuñay Quispe, Huayama Neira, Omonte Durand, Julca Jara y Otárola Peñaranda. Señores congresistas que votaron a favor: Iberico Núñez, Schaefer Cuculiza, Chacón De Vettori, Aguinaga Recuenco, Reátegui Flores, Mavila León, Tapia Bernal, Neyra Olaychea, Lescano Ancieta y Galarreta Velarde." El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Se va a proceder a votar el proyecto debatido. 91

Votación nominal. —El RELATOR pasa lista, a la que contestan los señores congresistas expresando el sentido de su voto. —Efectuada la votación nominal, se pronuncian a favor del texto sustitutorio del proyecto de Ley que establece medidas para la cautela del adecuado uso de los recursos públicos en los gobiernos regionales y gobiernos locales, así como para asegurar la prestación de los servicios a la población, 12 señores congresistas, tres en contra y siete se abstienen. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Han votado a favor 12 señores congresistas, tres en contra y siete se abstienen. El proyecto ha sido aprobado en primera votación. "Votación del Proyecto de Ley 3639/2013-PE Señores congresistas que votaron a favor: Omonte Durand, Zamudio Briceño, Isla Rojas, Gamarra Saldívar, Gutiérrez Cóndor, Solórzano Flores, Espinoza Cruz, León Rivera, Capuñay Quispe, Huayama Neira, Julca Jara y Otárola Peñaranda. Señores congresistas que votaron en contra: Iberico Núñez, Mavila León y Gallarreta Velarde. Señores congresistas que se abstuvieron: Schaefer Cuculiza, Chacón De Vettori, Aguinaga Recuenco, Reátegui Flores, Tapia Bernal, Neyra Olaychea y Lescano Ancieta." SUMILLA El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Quisiera preguntarle al presidente de la Comisión si ya tiene el texto de la Comisión de Economía, si ya tiene el texto final. El señor GALARRETA VELARDE (PPC-APP).— Presidente, una cuestión de orden. El señor VALLE RAMÍREZ (PP).— Sí, gracias, Presidente. Lo que queremos es explicar todo lo que se ha tomado, y lo que va ser considerado como texto sustitutorio, pero antes de ello es importante responder a todas las inquietudes que se ha tomado en cuenta. Si me permite señor Presidente, sobre la participación del congresista Bruce y el congresista Aguinaga, respecto a lo señalado por el congresista Bruce y Aguinaga, sobre el carácter excepcional, que se les da a las empresas de países con tratados internacionales cabe señalar que la actual legislación ya establece esta disposición no habiéndose hecho ningún cambio. Y además, esto es parte de la condiciones de negociación que se acordaron para la suscripción de los TLC. Incluso anteriormente ya la embajada de Estados Unidos, envió una nota de protesta ante la posibilidad de un cambio sobre este aspecto. 92

Sobre la participación del congresista León y Julca, respecto a la observación del congresista León y Julca cabe señalar que el deposito del 5% a nombre de la empresa se basa principalmente en razones de seguridad puesto que ponerlo a nombre de una representante podría generar un riesgo para la propia empresa. El congresista Tapia, al respecto cabe señalar que por el contrario. Permítame terminar, por favor. Respecto a lo señalado por el congresista Tapia, cabe señalar que por el contrario no consignar el valor referencial en las contrataciones de bienes y servicios permitirá que las ofertas se sinceren, y que los postores puedan ofrecer montos muchos menores incluso que los montos estimados. El señor GALARRETA VELARDE (PPC-APP).— Perdón, me pide una cuestión de orden sobre el tema anterior. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— No le he dado el uso de la palabra, congresista. El señor GALARRETA VELARDE (PPC-APP).—Pero estoy pidiendo cuestión de orden. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Apenas termine le voy a dar la palabra. El señor GALARRETA VELARDE (PPC-APP).— No, pues, pero yo le he pedido una cuestión de orden usted le da la palabra al presidente de economía, para que toque el siguiente tema. Yo estoy sobre el tema anterior. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— El tema anterior se votó. El señor GALARRETA VELARDE (PPC-APP).—Pero he pedido una cuestión de orden El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Termine y le doy el uso de la palabra. El señor GALARRETA VELARDE (PPC-APP).— Así no, pues, Presidente, ese es otro tema. Estoy pidiendo una cuestión de orden sobre su comentario. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Congresista Galarreta. El señor GALARRETA VELARDE (PPC-APP).— Usted ha hecho un comentario diciendo que se ha aprobado esta norma con 12 votos a favor, tres en contra y siete abstenciones. El artículo 81.°, y esa es mi cuestión de orden y quiero dejar constancia, el artículo 81.° del Reglamento establece que todo crédito suplementario, habilitación o transferencia, lo que dice el inciso d), que lo tiene ahí el congresista Aguinaga, que lo estaba enseñando, establece que las leyes o decretos suplementarios, habilitaciones y transferencia de partida, —estamos hablando de un organismo que se está creando— deben tramitarse como Ley de Presupuesto, durante el receso parlamentario lo aprueba la Comisión 93

Permanente con el voto favorable de por lo menos los tres quintos del número legal de sus miembros. Por eso en la mañana usted, Presidente, buscaba 15 votos. Ha logrado 12 votos, por lo cual ustedes pueden insistir que se aprobó, pero quiero dejar constancia que la necesidad de aprobar eran 15 votos. O sea, que planteo mi cuestión de orden, Presidente, porque aquí no se trata de lo que usted diga, lo que el Reglamento está señalando es que esta es una votación calificada. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Bien. Hay un dictamen conjunto en mayoría de la Comisión de Constitución, el que nosotros vamos a acatar. Continúe, congresista Valle. El señor VALLE RAMÍREZ (PP).— Señor Presidente, continúo con las apreciaciones del congresista Tapia respecto a que los centros de arbitraje no deberán acreditarse ante el OSCE. Cabe recordar que el gran problema del arbitraje ha sido la transparencia y si no hay un registro de instituciones arbitrarles no hay cómo saber quiénes son los centros arbitrales que están al servicio de las instituciones. Además esto permitirá garantizar que se designen técnicamente a los árbitros y la seguridad documental de los expedientes. Respecto a lo que se debe eliminar las contrataciones de entidades internacionales en las contrataciones. Cabe señalar que el proyecto de ley contrariamente a lo señalado, ya permite esta modalidad de contrataciones, conforme se desprende en el artículo 6.°. Aclaración, Presidente. En lo señalado ya no permite esta modalidad de contrataciones, conforme se desprende en el artículo 6.°. Respecto a la designación del personal de las OCI y el fortalecimiento de su labor, cabe señalar que esto correspondería a la respectiva Ley Orgánica de Contraloría y sus normas especiales, más no a las normas de contrataciones. El congresista Spadaro respecto a los procesos, al proceso de tres a ocho UIT sean a través de la menor cuantía. Cabe señalar que el objetivo del proyecto de ley es simplificar los procesos favoreciendo la agilidad en la compra de menor monto, y además no debe olvidarse que la propuesta contempla que los procesos estarán bajo la supervisión de OSCE y Contraloría, y además se registrarán en Seace para mayor transparencia. Respecto a incluir una disposición para que las empresas supervisoras de obras y los ingenieros residentes solo estén facultados para supervisar una sola obra a la vez, cabe señalar que se está manteniendo el mismo texto de la legislación actual, que establece claramente que los supervisores deben ser a tiempo completo y de un modo permanente en la obra. Es decir, esto ya está contemplado.

94

Respecto a la acumulación de un proyecto para que las autoridades solo puedan inaugurar una obra luego de la recepción del acta de conformidad de obra, cabe señalar que la Ley de Contrataciones no es la norma pertinente para hacer esta precisión, la que en todo caso podría ser incluida en una norma de control, pero no en esta norma. De la congresista López Córdova respecto de los adelantos. Cabe señalar que es una práctica internacional, además es la decisión de la propia entidad otorgar adelanto de acuerdo a las características del contrato. Debemos recordar que esta disposición está vigente hace más de 10 años. Sobre la participación del congresista Acuña respecto a colocar el monto de la garantía para interponer recursos de apelación, cabe señalar que no es posible colocar dicho monto en la ley sin mayor estudio, por eso es que está dejando para el reglamento para que el organismo técnico lo fije, pero garantizando el acceso al derecho de impugnar sin proveer las apelaciones arbitrales. De la misma manera, respecto a la intervención de la congresista Mavila, del congresista Tapia y congresista Aguinaga, respecto a eliminar la excepción de la contratación de servicios de publicidad para el Estado. Cabe señalar que la contratación es directa porque dependerá del alcance y la población objetivo al que el Estado busca llegar, debiendo considerarse que los medios tienen un alcance de una población determinada a lo que llegan, por lo que no ajustaría a su naturaleza convocar a procesos de selección para este tipo de servicios. De la misma manera, sobre la participación de la congresista Alcorta y el congresista Lescano. Acaba de señalar que el proyecto establece sanciones a los proveedores... congresista, Presidente, voy a terminar y con todo gusto. Presidente, me pide una interrupción la congresista Karla Schaefer. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Puede interrumpir la congresista Schaefer. La señora SCHAEFER CUCULIZA (GPFP).— Gracias, gracias congresista Valle. Para no salirnos del tema. El congresista Spadaro —yo llegué tarde, al reinicio de la sesión— pidió la acumulación, bueno, ponerlo como una disposición complementaria un proyecto de ley que se ha visto en la Comisión de Fiscalización, para modificar los artículos 12.°,. 13.°, 14.° y 48.° del Decreto Legislativo de la Ley de Contratación. Esto ya se encuentra, congresista Valle, congresista Valle y su equipo técnico que lo ha asesorado mal. Por favor, congresista Valle, podría escuchar y su equipo técnico que le ha dado una información equivocada. Esto está en el artículo 42.° de la actual Ley de Contratación. Basta ya de engañar a la gente inaugurando obras que no funcionan. No tengamos más un Hospital del Niño, o lo 95

que ha pasado hace poco con el presidente Ollanta Humala inaugurando un hospital que no funcionaba. ¡Hasta cuándo! O sea, no lo quiere poner, ¿para qué? Para que el presidente Ollanta Humala... El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Continúe, congresista Valle. El señor VALLE RAMÍREZ (PP).— El congresista Aguinaga... El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Congresista, así se ha manejado durante un año el Congreso. El señor AGUINAGA RECUENCO (GPFP).— Presidente. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Puede interrumpir el congresista Aguinaga. El señor AGUINAGA RECUENCO (GPFP).— La verdad que estamos sentados acá más de ocho horas por gusto porque no se está incorporando nada de lo que están solicitando los congresistas. Cuando decimos: ¿Por qué el Estado se quiere irrogar la facultad de hacer contratos directos sin un concurso en publicidad? Nosotros, Presidente, yo le digo particularmente, en el problema de vacunaciones, no el problema sino en la publicidad para que la gente vaya a vacunaciones, nos enjuician por 80 000 dólares. Este gobierno 900 millones de soles ha gastado en publicidad, y no pasa nada. No, pues, hay que ser serios con el manejo de los fondos del Estado, y entonces para qué hemos discutido si el señor no recoge nada de lo señalado. Y cuando hablamos en las empresas que tienen que ver con obras, tiene que haber reciprocidad, aquí que no nos saquen la cuestión del TLC. Esta bien que en los países con los cuales tengamos TLC, pero sí en cuanto a la asignación de capital, pero no porque se diga que tengamos TLC, aquí vienen empresas que realmente no tienen ninguna capacidad económica y medran en el país; eso no hay que permitirlo, Presidente. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Continúe, presidente de Comisión. El señor VALLE RAMÍREZ (PP).— Presidente, si usted lo permite, por excepción al congresista León. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Han terminado las dos interrupciones, le pido continuar, congresista Valle. El señor VALLE RAMÍREZ (PP).— Presidente, me falta la exposición. Por excepción, el congresista León. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Puede interrumpir el congresista León Rivera. 96

El señor LEÓN RIVERA (PP).— Quisiéramos ser contributivos a algunas sugerencias que lo encontramos de sentido común y que en práctica se están dando, para evitar que no se sucedan esas fugas, esas estafas que le hacen empresas que vienen de fuera, que no cumplen, sacan adelanto, gastan, no hacen la obra y se largan, Presidente. Entonces nosotros insistimos, por favor, en que se tiene que poner esa garantía y a nombre del representante legal. Así como cuando uno ante la Sunat es solidario por su empresa, el representante tiene que ser solidario por ese gasto. Presidente, así es que insistimos, por favor, que tenga a bien el presidente, lo hacemos con el ánimo de preservar y proteger los recursos del Estado. Y segundo, Presidente, si queremos evitar que se paren las obras, que nos entrampemos y que estemos en esta onerosa forma cómo es que no se ejecuta el gasto, por favor que se ponga una tasa del 3% y un mínimo de media Unidad Impositiva Tributaria para los recursos de apelación, porque sino... El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Congresistas, todos sus argumentos ya han sido expuestos, el presidente de la Comisión determinará si lo toma o no. El señor LEÓN RIVERA (PP).— Insistimos que no ha sido recogido, Presidente. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Congresista León, se le venció el tiempo. El señor LEÓN RIVERA (PP).— Por favor, solo... El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Es facultad del presidente. Continúe, congresista León. El señor LEÓN RIVERA (PP).— Presidente... El señor VALLE RAMÍREZ (PP).— Voy a terminar. El señor LEÓN RIVERA (PP).— Presidente, por favor, déjeme terminar. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Congresista, a todos se les está dando un minuto y en eso vamos a ser estrictos. Continúe, congresista Valle. El señor VALLE RAMÍREZ (PP).— Gracias, Presidente. Sobre lo que ha expuesto el congresista Eguren respecto a incluir a las consultorias de obras en el artículo 28.2 cabe indicar que los límites a la oferta económica, se aplican solo a obras porque están, estas cuentan con expediente técnico que tienen toda la información objetiva, precios y otros. Esta condición no tiene una consultora.

97

Respecto al artículo 29.° cabe señalar que no está restringiendo el derecho a participar de las empresas aseguradoras en cualquier proceso, lo cual está de acuerdo a la Constitución. Respecto al artículo 45.6 cabe señalar que el registro de árbitros y el registro de secretarios arbitrales, resultan obligatorios únicamente para los arbitrajes en materia de contratación pública, además tiene como finalidad conocer quienes participan en materia de contratación pública sea como árbitro del Estado o como árbitro del contratista, pues, se trata de fondos públicos que deben ser cautelados. Los árbitros de controversias del sector privado, no deben estar en estos registros. Respecto al numeral 45.1 sobre la tipificación de las infracciones se está recogiendo el objeto de la propuesta por lo que se eliminará el término "tipificación puesto" que en la norma se están estableciendo excepcionalmente las infracciones en que podrían cubrir los árbitros. El referido numeral en su cuarto párrafo queda redactado de la siguiente manera: "Las infracciones señaladas son desarrolladas en el reglamente y recogidos en el Código de Ética para el arbitraje en contrataciones del Estado. Respecto a la intervención del congresista Cárdenas está acogiendo la modificación del artículo 50.° del literal g) el cual queda redactado en los siguientes términos: Artículo 50.° infracciones y sanciones administrativas. En el literal g) negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato cuando estas deben verificarse con posterioridad al pago o cuando el pago ya se hubiera efectuado. Respecto a la propuesta del congresista Gamarra sobre el artículo 11.° literal f) cabe señalar que esto viene ya contemplado en el impedimentos y se mantiene el artículo que ya está legislado. Y sobre la observancia que hace el congresista Velásquez sobre la disposición complementaria, segunda disposición complementaria transitoria, la razón de que Proinversión se pueda exceptuar de la aplicación total o parcial de esta ley se debe a que las contrataciones que efectúa esta unidad vinculados a los procesos de promoción de inversion privada o APPS están referidas a los TLS y por lo tanto tiene un procedimiento propio definido y bajo responsabilidad del directorio de Proinversión. Esta medida está vigente desde hace 10 años y no existe hasta el momento ninguna luz. Sobre el congresista, sobre lo demás, sobre el artículo 28.2 justamente del congresista Acuña, Eguren, Chacón, del cual en el caso de ejecución de obras lo que manifiesta es incluirse en este artículo también las consultorías. Sería esas todas, bueno, los pedidos que nos haya hecho el congresista Reátegui es sobre artículos 27 de las contrataciones directas han habido las explicaciones que son necesarias que también son vigentes en la actual legislación del cual corresponde a mayor control, hemos estado tomando esos pedidos que se ha hecho. 98

Es eso todo, señor presidente. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Tiene la palabra la congresista Omonte. La señora OMONTE DURAND (PP).— Gracias, presidente. Solicitarla al presidente de la Comisión la acumulación del Proyecto de Ley 2870-2013 de mi autoría en el que planteaba la modificación de diversos artículos de este decreto legislativo a similitud del proyecto presentado hoy. El señor VALLE RAMÍREZ (PP).— Al respecto, yo quiero manifestar, son proyectos que no están en Economía. Tanto la congresista Schaefer, congresista también... El señor ZEBALLOS SALINAS (SN).— Presidente, si me permite, presidente, a lo que ha dicho la congresista Omonte, por favor. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Congresista Zeballos. El señor ZEBALLOS SALINAS (SN).— Presidente, no es que no este. Es un dictamen conjunto de las dos comisiones, o sea, no se puede excluir. A efecto de ello he presentado con fecha 26 de junio, he presentado un documento a su presidencia, en el caso dictamos expresamente que se acumule los siguientes proyectos de ley: el 315-2011, el 1562-2012, el 1809-2012, el 1901-2012, el 2293-2012, el 2025-2012, el 2769-2013, el 2870-2013, el 3636-2013 y finalmente el 3658-2013, para que se pueda acumular a este proyecto. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Congresista Valle. El señor VALLE RAMÍREZ (PP).— Presidente. Estamos, justamente no lo tenía la relación, y el presidente de la Comisión de Fiscalización hace que se acepte estas acumulaciones. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Brevemente, congresista Acuña. El señor ACUÑA PERALTA (SN).— Gracias, presidente. Solo para preguntarle a la Comisión de Economía si se está considerando a las consultoras de los estudios, para que no exceda del 90% y el 110%, pedido que le hemos varios congresistas. El señor VALLE RAMÍREZ (PP).— Al respecto le habíamos explicado que esto no ha sido considerado. El señor ACUÑA PERALTA (SN).— De que sirve, o sea, de que sirve discutir, debatir...

99

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Congresista, no le he dado el uso de la palabra. La Mesa ha apuntado al presidente y así funciona el Congreso de la República. El señor ACUÑA PERALTA (SN).— Presidente, con su autorización... El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— No le he dado el uso de la palabra. Yo le pido que respetemos la práctica parlamentaria. Señores congresistas, se suspende la sesión hasta mañana, jueves 3 de julio, a las 9 horas. —Se suspende la sesión a las 19 horas y 42 minutos.

100