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PRIMERA LEGISLATURA ORDINARIA DE 2015 22.ª SESIÓN (Matinal) JUEVES 22 DE OCTUBRE DE 2015 PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES MARIANO PORTUGAL CATACORA, DEL SEÑOR LUIS IBERICO NÚÑEZ Y SEÑORA NATALIE CONDORI JAHUIRA SUMARIO Se pasa lista; y, no habiendo quórum, la Presidencia dispone que se vuelva a pasar lista luego de 30 minutos.— Vencido dicho término, se pasa lista, y, con el quórum reglamentario, se abre la sesión.— Dispensado de dictamen de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, se debate y se aprueba en primera votación el proyecto de Ley que protege a la madre trabajadora contra el despido arbitrario y prolonga su periodo de descanso; y a continuación se acuerda exonerarlo de segunda votación.— Se aprueba la cuestión previa de vuelta a Comisiones del texto sustitutorio materia de debate, contenido en el dictamen de la Comisión de Vivienda y Construcción, en virtud del cual se propone declarar de necesidad pública el mejoramiento y renovación de la calidad habitacional, a través de programas de destugurización, del entorno del corredor turístico Jr. Hualgayoc– Plaza de Acho–Paseo de Aguas–Alameda de los Descalzos–Alameda de los Bobos y Jr. Trujillo, así como la expropiación de inmuebles para la ejecución de la obra.— Se aprueba en primera votación el texto sustitutorio materia de debate, contenido en el 1

dictamen de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del período anual de sesiones 2013-2014, sobre la Ley de la Carrera Fiscal; y a continuación se acuerda exonerarlo de segunda votación.— Se aprueba en primera votación el texto sustitutorio materia de debate, propuesto en el dictamen de la Comisión de Transportes y Comunicaciones del período anual de sesiones 2013-2014, por el que se declara de interés nacional y necesidad pública el mejoramiento y asfaltado de la carretera Tauca-Cabana–Huandoval– Pallasca y la refacción del puente Chuquicara sobre el río Santa en la provincia de Pallasca, departamento de Áncash; y a continuación se acuerda exonerar a dicha fórmula de segunda votación.— En sustitución de la propuesta original, se aprueba el texto del proyecto de resolución legislativa contenido en el dictamen de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, mediante el cual se autoriza el ingreso de unidades navales y de personal militar extranjero al territorio de la República de acuerdo con el Programa de Actividades Operacionales de las Fuerzas Armadas del Perú con Fuerzas Armadas Extranjeras, correspondiente al mes de noviembre de 2015.— Se aprueban las mociones de saludo al distrito de Jepelacio, provincia de Moyobamba, departamento de San Martín, en el aniversario de su creación política; al diario oficial El Peruano, en un nuevo aniversario de su fundación; a la Institución Educativa Pública Antonio Raymondi del distrito de Llamellín, provincia de Antonio Raymondi, departamento de Áncash, en el aniversario de su fundación; a la Hermandad del Señor de los Milagros de Barranco, en el aniversario de su fundación; al diario Expreso, por el aniversario de su fundación; a los integrantes de la promoción José Quevedo Oblitas de la Gran Unidad Escolar San Carlos de Puno, en sus Bodas de Oro; y, a la provincia de San Román, departamento de Puno, en un nuevo aniversario de creación política.— Se aprueba en primera votación el texto sustitutorio materia de debate, propuesto en el dictamen de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas del período anual de sesiones 2013-2014, por el cual se modifica el artículo 10 de la Ley 24053, que denomina "Campaña Militar de 1941" a los gloriosos hechos de armas cumplidos en Zarumilla y en la frontera nor oriente, y declara el 31 de julio día central conmemorativo; y a continuación se acuerda exonerar de segunda votación a la referida fórmula.— Se rechaza el texto sustitutorio materia de debate, contenido en el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, por el cual se propone la aprobación de la Cuenta General de la República correspondiente el ejercicio fiscal del año 2014; y la Presidencia anuncia que dicha decisión se comunicaría al Poder Ejecutivo y a la Contraloría General de la República.— De conformidad con la recomendación contenida en el dictamen de la Comisión de Energía y Minas, se aprueba la insistencia en la autógrafa de ley, observada por el Poder Ejecutivo, en virtud de la cual se incorpora una cuarta disposición complementaria y final a la Ley 30130, con el objeto de autorizar a Perupetro S.A. para que, previa evaluación y mediante negociación directa, suscriba el contrato de explotación de hidrocarburos del Lote 192 a la empresa Petróleos del Perú (Petroperú S.A.).— En sustitución del texto contenido en el dictamen de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural, materia de debate, se aprueba la nueva fórmula presentada por el presidente de la precitada Comisión, por la cual se deroga el Decreto Legislativo 1198, que modificó el artículo 6 de la Ley 8296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación.— Se acuerdan las modificaciones al Cuadro de Comisiones Ordinarias y a la Comisión Especial de Seguimiento Parlamentario al Acuerdo de la Alianza del Pacífico.— Según la propuesta de la Junta de Portavoces, se acuerda ampliar el número de integrantes de la Comisión 2

Especial de Seguimiento Parlamentario al Acuerdo de la Alianza del Pacífico, con la finalidad de incorporar al congresista Chehade Moya.— En atención a la propuesta de la Junta de Portavoces, se acuerda adicionar un miembro al número de integrantes de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, a los efectos de incorporar a la congresista Uribe Medina.— Se levanta la sesión. —A las 9 horas y 28 minutos, bajo la Presidencia del señor Mariano Portugal Catacora, el Relator pasa lista, a la que contestan los señores Miguel Grau Seminario1, Apaza Condori, Bardález Cochagne, Becerril Rodríguez, Benítez Rivas, Cabrera Ganoza, Castagnino Lema, Ccama Layme, Chehade Moya, Condori Cusi, Crisólogo Espejo, De La Torre Dueñas, Delgado Zegarra, Eguren Neuenschwander, Grandez Saldaña, Huaire Chuquichaico, Lay Sun, Lescano Ancieta, Llatas Altamirano, López Córdova, Mavila León, Melgar Valdez, Merino de Lama, Mulder Bedoya, Nayap Kinin, Oseda Soto, Otárola Peñaranda, Rimarachín Cabrera, Rodríguez Zavaleta, Romero Rodríguez, Rondón Fudinaga, Saavedra Vela, Salgado Rubianes, Sarmiento Betancourt, Schaefer Cuculiza, Tubino Arias Schreiber, Valencia Quiroz, Valle Ramírez, Valqui Matos, Velásquez Quesquén, Yrupailla Montes, Zamudio Briceño y Zerillo Bazalar. (Los señores congresistas precitados, además de contestar a la lista registran su asistencia por medio del sistema digital.) Con licencia oficial, los congresistas Beteta Rubín, Bruce Montes de Oca, León Rivera, Núñez de Acuña, Pérez Tello de Rodríguez y Simon Munaro. Con licencia por enfermedad, los congresistas Acha Romaní, Chávez Cossío, Ruiz Loayza y Vacchelli Corbetto. En función de representación, los congresistas Galarreta Velarde, Acuña Núñez, Canches Guzmán, Reátegui Flores, Rosas Huaranga, Urquizo Maggia y Zeballos Salinas. Ausentes, los congresistas Condori Jahuira, Abugattás Majluf, Acuña Peralta, Aguinaga Recuenco, Alcorta Suero, Andrade Carmona, Angulo Álvarez, Anicama Ñañez, Apaza Ordóñez, Bedoya de Vivanco, Beingolea Delgado, Belaunde Moreyra, Capuñay Quispe, Cárdenas Cerrón, Carrillo Cavero, Chacón De Vettori, Chihuán Ramos, Coa Aguilar, Coari Mamani, Cordero Jon Tay, Cuculiza Torre, Dammert Ego Aguirre, Díaz Dios, Elías Ávalos, Espinoza Cruz, Espinoza Rosales, Falconí Picardo, Fujimori Higuchi, Gagó Pérez, Gamarra Saldívar, García Belaunde, Gastañadui Ramírez, Guevara Amasifuen, Gutiérrez Cóndor, Huayama Neira, Hurtado Zamudio, Inga Vásquez, Isla Rojas, Jara Velásquez, Julca Jara, Kobashigawa Kobashigawa, León Romero, Lewis del Alcázar, Medina Ortiz, Mendoza Frisch, Molina Martínez, Monterola Abregu, Mora Zevallos, Neyra Huamaní, Neyra Olaychea, Omonte Durand, Pari Choquecota, Pariona Galindo, Pérez del Solar Cuculiza, Ramírez Gamarra, Reggiardo Barreto, Reynaga Soto, Rivas Teixeira, Salazar Miranda, Solórzano Flores, Spadaro Philipps, Tait Villacorta, Tan de Inafuko, Tapia Bernal, Tejada Galindo, Teves Quispe, Uribe Medina y Wong Pujada. Suspendido, el congresista Luna Gálvez. 1

Por Res. Leg. N.° 23680 (13-10-83), se dispone permanentemente una curul, en el Hemiciclo del Congreso, con el nombre del Diputado Miguel Grau Seminario. La lista de asistencia comenzará con el nombre del Héroe de la Patria, MIGUEL GRAU SEMINARIO, tras cuyo enunciado la Representación Nacional dirá ¡PRESENTE!

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El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Han registrado su asistencia 44 congresistas. El quórum es de 61. No hay quórum en la sala. Se va a volver a pasar lista dentro de 30 minutos para iniciar la sesión. —Eran las 10 horas y 2 minutos. —A las 10 horas y 32 minutos, bajo la Presidencia del señor Luis Iberico Núñez, el Relator vuelve a pasar lista, a la que contestan los congresistas Condori Jahuira, Acuña Peralta, Anicama Ñañez, Apaza Condori, Bardález Cochagne, Becerril Rodríguez, Belaunde Moreyra, Benítez Rivas, Beteta Rubín, Cabrera Ganoza, Cárdenas Cerrón, Ccama Layme, Chacón De Vettori, Chávez Cossío, Chehade Moya, Chihuán Ramos, Coa Aguilar, Coari Mamani, Cordero Jon Tay, Crisólogo Espejo, Cuculiza Torre, Dammert Ego Aguirre, Delgado Zegarra, Díaz Dios, Eguren Neuenschwander, Elías Ávalos, Espinoza Cruz, Espinoza Rosales, Fujimori Higuchi, Gamarra Saldívar, García Belaunde, Gastañadui Ramírez, Grandez Saldaña, Guevara Amasifuen, Huaire Chuquichaico, Hurtado Zamudio, Inga Vásquez, Lay Sun, Lescano Ancieta, Lewis del Alcázar, Medina Ortiz, Melgar Valdez, Mendoza Frisch, Merino de Lama, Mulder Bedoya, Nayap Kinin, Omonte Durand, Oseda Soto, Pari Choquecota, Pariona Galindo, Pérez del Solar Cuculiza, Ramírez Gamarra, Reátegui Flores, Reggiardo Barreto, Reynaga Soto, Rivas Teixeira, Rodríguez Zavaleta, Rondón Fudinaga, Saavedra Vela, Salazar Miranda, Salgado Rubianes, Schaefer Cuculiza, Solórzano Flores, Tait Villacorta, Tan de Inafuko, Tejada Galindo, Teves Quispe, Tubino Arias Schreiber, Urquizo Maggia, Valencia Quiroz, Valle Ramírez, Yrupailla Montes, Zamudio Briceño y Zerillo Bazalar. (Los señores congresistas registran nuevamente su asistencia por medio del sistema digital.) Con licencia oficial, los congresistas Bruce Montes de Oca, León Rivera, Núñez de Acuña, Pérez Tello de Rodríguez y Simon Munaro. Con licencia por enfermedad, los congresistas Acha Romaní, Ruiz Loayza y Vacchelli Corbetto. En función de representación, los congresistas Galarreta Velarde, Acuña Núñez, Andrade Carmona, Apaza Ordóñez, Canches Guzmán, Condori Cusi, Gutiérrez Cóndor, León Romero, Rosas Huaranga, Sarmiento Betancourt, Spadaro Philipps y Zeballos Salinas. Ausentes, los congresistas Portugal Catacora, Abugattás Majluf, Aguinaga Recuenco, Alcorta Suero, Angulo Álvarez, Bedoya de Vivanco, Beingolea Delgado, Capuñay Quispe, Carrillo Cavero, Castagnino Lema, De la Torre Dueñas, Falconí Picardo, Gagó Pérez, Huayama Neira, Isla Rojas, Jara Velásquez, Julca Jara, Kobashigawa Kobashigawa, Llatas Altamirano, López Córdova, Mavila León, Molina Martínez, Monterola Abregu, Mora Zevallos, Neyra Huamaní, Neyra Olaychea, Otárola Peñaranda, Rimarachín Cabrera, Romero Rodríguez, Tapia Bernal, Uribe Medina, Valqui Matos, Velásquez Quesquén y Wong Pujada. Suspendido, el congresista Luna Gálvez. 4

El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Han registrado su asistencia 75 congresistas. El quórum es de 61. Con el quórum reglamentario, se inicia la sesión. Se informa que en este momento está sesionando la Comisión de Constitución y Reglamento; por lo que se considera a sus integrantes con licencia. También han sido convocadas a sesión, para hoy, día de Pleno, la Comisión de Defensa Nacional, la Comisión de Cultura y la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria; por lo que invoco a los señores presidentes de Comisiones que esto no siga ocurriendo los días jueves, salvo que sean casos extremos, porque, de ser así, vamos a tener el problema que hoy se suscitó, a la hora de computar el quórum, que no había presencia de congresistas; y, como no se había informado de ello a la Mesa, no se pudo descontar el número de integrantes para computar el quórum. Es una invocación que les hago, estimados colegas, porque tenemos que sacar siempre adelante la imagen del Congreso de la República. Dicho esto, empezamos con los asuntos de agenda. Dispensado de dictamen de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, se debate y se aprueba en primera votación el proyecto de Ley que protege a la madre trabajadora contra el despido arbitrario y prolonga su período de descanso; y a continuación se acuerda exonerarlo de segunda votación El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— El primer punto, señor Relator. El RELATOR da lectura: Proyecto de Ley 3002/2013-CR, por el cual se propone proteger a la madre trabajadora contra el despido arbitrario y prolongar su periodo de descanso.(*) El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Tiene el uso de la palabra… Señor, si es algo urgente, porque estamos empezando la sesión a las 11 de la mañana. Se ha informado debidamente a los medios de comunicación que ha habido un problema de quórum, porque muchos congresistas estaban esperando el inicio de la sesión de algunas Comisiones ordinarias; y, si damos la palabra en este momento, vamos a empezar a debatir los proyectos de ley al mediodía. Creo que ello no es prudente, menos ahora en que estamos empezando a las 11 de la mañana. La Junta de Portavoces, con fecha 4 de marzo de 2015, acordó la exoneración del dictamen de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social y la ampliación de agenda. Tiene la palabra el vicepresidente de la Comisión de Trabajo, congresista Lescano Ancieta, para sustentar el Proyecto de Ley 3002, por el que se propone proteger a la madre trabajadora contra el despido arbitrario y prolongar su periodo de descanso. 5

El señor LESCANO ANCIETA (AP-FA).— Señor Presidente: Como usted bien ha señalado, se trata de un proyecto de ley presentado por la congresista Luz Filomena Salgado Rubianes, que ha sido exonerado de dictamen de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, y que propone proteger a la madre trabajadora contra el despido arbitrario y prolongar el periodo de descanso en el caso de la madre gestante. En consecuencia, hay dos propuestas para proteger a la mujer en el trabajo. En el Perú, todavía las mujeres están en desventaja frente al varón en el trabajo. Ellas ganan 60% de lo que gana el varón, y esa desigualdad aún no se ha eliminado. Por lo tanto, se requiere seguir protegiendo a la mujer, por lo menos en las condiciones de trabajo; en este caso, a una mujer gestante, a una mujer embarazada que ha tenido su hijo y que, por consiguiente, requiere de un trato especial en las condiciones de trabajo. El proyecto, consecuentemente, propone que se modifique un literal del artículo 29 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 728. Los colegas conocen, como también la población y los trabajadores, que el Decreto Legislativo 728 se refiere al régimen privado laboral en el Perú; es decir, que regula la actividad de los trabajadores en las empresas, no en el Estado. Obviamente, algunas veces, los empleadores despiden indebidamente a los trabajadores; y uno de esos casos de despido indebido del trabajador, específicamente de la trabajadora, ocurre cuando saben que ella está embarazada. Algunos empleadores, que no tienen sentido social y no se comprometen con el desarrollo social del país, dicen: ‘Está embarazada y vamos tener más costos laborales’, y despiden a la trabajadora. Eso está prohibido por la ley, pues es absolutamente nulo el despido de una trabajadora cuando está embarazada. El proyecto de la congresista Salgado propone, además, que se pueda declarar nulo el despido de una trabajadora por motivo de nacimiento y sus consecuencias o la lactancia. Entonces, cuando se produce el despido por razones de embarazo, nacimiento o lactancia, ese despido es nulo, y nosotros estamos absolutamente de acuerdo con ello. Existe también el despido de los dirigentes sindicales, y ese despido es nulo; con mayor razón lo es cuando a una mujer se la despide por tales motivos. Ese despido tiene que ser nulo, porque hay que proteger a la mujer; protegiendo a la mujer, se protege a los hijos; protegiendo a la mujer, se protege a la familia, más aún, a una mujer trabajadora. De manera que debe incluirse en ese artículo 29 del Decreto Legislativo 728 que el despido es nulo si es que la trabajadora ha sido despedida por razones de embarazo, nacimiento o lactancia. Y la segunda propuesta, también establecida en este dictamen, es que el goce de descanso pre y posnatal sea de 98 días: 49 días de descanso prenatal y 49 días de descanso posnatal. Ya se está dando descanso por este espacio de días en varios países; porque, repito, a la familia se la tiene que proteger; al niño nacido, o no nacido, se le tiene que proteger, se le tiene que cuidar. No se tiene que obligar a la mujer a que siga trabajando. En algunas empresas privadas de ‘prestigio’ —entre comillas—, hemos visto a mujeres embarazadas atendiendo al público, hasta cargando cajas. Eso no se puede

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permitir. Por lo tanto, que descansen 49 días antes y 49 días después, para que puedan atender a sus hijos. Estas son las dos propuestas que me permito presentar a la Representación Nacional, para que sean aprobadas, porque se trata de la protección de la mujer trabajadora, lo cual creo que es importantísimo en el país, porque hay que seguir protegiendo a la mujer, no solamente en el trabajo sino también en la sociedad. Pido a la Representación Nacional que nos acompañe con su voto aprobatorio, porque se trata de disposiciones altamente favorables para el ámbito laboral y para que las condiciones de la mujer sean favorables también en el Perú, sobre todo en sus centros de trabajo. Gracias. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Tiene la palabra la congresista Salgado Rubianes, autora del proyecto. La señora SALGADO RUBIANES (GPFP).— Presidente: Bien ha dicho el vicepresidente de la Comisión de Trabajo. Lo que se está haciendo aquí es adecuar un tratado internacional, aprobado ya por este Congreso —con la Resolución Legislativa 30312, iniciativa del Ejecutivo, enviada en el año 2012—, con un proyecto mío que presenté casualmente para adecuar la norma. Ante la OIT, el Perú ya está de acuerdo. Hay 68 países en el mundo que aprueban esta protección a la madre trabajadora, prolongando el periodo de descanso por maternidad. La madre trabajadora tenía antes 45 días de descanso prenatal y 45 días de descanso postnatal. Lo que hace este proyecto, en los hechos, y para un mejor entendimiento, es aumentar los días de esos períodos, a 49 días antes del parto y a 49 días después del parto; o sea, unos días adicionales a los períodos pre y postnatal. Pero además prohíbe que se la pueda despedir no solo por razón de embarazo, sino además por motivos del nacimiento y sus consecuencias o la lactancia, aprovechando esto como pretexto con ese fin. Nosotras las mujeres somos las que damos vida, las que tenemos la misión bendita de traer al mundo a un ser humano, de constituir la familia; y, a veces, hay familias donde es padre y madre solamente la mujer; entonces, tenemos que protegerla. Ya las Naciones Unidas, mediante la Organización Internacional del Trabajo, ha aprobado estas medidas en más de 68 países. El Ejecutivo tomó este Convenio de la OIT para aprobarlo. Lo hemos aprobado en la Comisión de Relaciones Exteriores; lo hemos aprobado en el Pleno, mediante resolución publicada en El Peruano. Lo que estamos haciendo con esta norma —de ahí su importancia— es adecuar a ella nuestra legislación nacional. Estamos adecuando la legislación nacional a un compromiso internacional que ya tenemos y que va en defensa de los derechos de las mujeres en caso de quedar embarazadas o en caso del propio nacimiento y sus consecuencias, o en el caso de los días de lactancia. 7

Por eso, espero que, como ya hemos aprobado en este mismo Congreso la resolución legislativa, aprobemos de una vez, sin ningún inconveniente, este proyecto de ley; y ojalá que pueda ser por el voto unánime. Presidente, me pide una interrupción la congresista Cecilia Tait; con todo gusto. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Tiene la interrupción, congresista Tait Villacorta. La señora TAIT VILLACORTA.— Gracias, Luz. Presidente, en este proyecto habría que tomar también en consideración la situación de mujeres, algunas de las cuales han venido a mi despacho, que salen embarazadas y, a consecuencia de ello, se encuentra que tienen alguna enfermedad. ¿Qué es lo que sucede? Que dan a luz y se les da licencia por la propia enfermedad, y esta muchas veces es cáncer. Tienen entonces la posibilidad de dar a lactar, y muchas veces no pueden hacerlo; y, con el pretexto de que la enfermedad va a ser más larga, también las despiden. ¿Qué podemos hacer en este caso? Es muy importante que no sea sinónimo de discriminación el hecho de sufrir de cáncer y tener que recuperarse, porque esa mujer puede seguir trabajando. Nadie tiene derecho a retirarla o sacarla arbitrariamente. No sé si habría la posibilidad de incluir esto que estoy proponiendo. Porque si la OIT está pidiendo que se protejan los derechos de las mujeres, tendríamos que incluirlo. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Continúe, congresista Salgado Rubianes. La señora SALGADO RUBIANES (GPFP).— Casualmente, esa posibilidad está contemplada, porque antes decía solamente embarazo, y ahora habla del nacimiento y sus consecuencias o la lactancia. Esa sugerencia, entonces, estaría contemplada; porque no se puede despedir a trabajadoras con todo ese proceso, y encima si sufre una complicación, con mayor razón. Sé que, tratándose de enfermedades como el cáncer o la tuberculosis, hay licencias hasta por un año. Así que, por todas estas consideraciones, pido el voto favorable de todos. Gracias. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Tiene la palabra la congresista Schaefer Cuculiza. La señora SCHAEFER CUCULIZA (GPFP).— Presidente: Saludo esta iniciativa tan importante para mejorar el desarrollo integral de nuestros niños, con el fin de que tengan un futuro mejor. Nos estamos acoplando a los convenios internacionales de países desarrollados; en este caso, por ser muy importante la presencia del padre y la madre en las primeras etapas del desarrollo del niño. 8

Hay países que dan hasta un año, Presidente, imagínese usted; y se notan los resultados. El contacto con los padres es parte del desarrollo emocional que debe tener el niño. Se ha determinado que es casi el 8% de la parte emocional que requiere tener el niño para su desarrollo neurológico integral. Pediría, si me puede escuchar el vicepresidente de la Comisión de Trabajo, congresista Lescano, si fuera tan amable, que se viera la posibilidad de acumular a este extraordinario proyecto el Proyecto 2914, el cual, ¿qué hace?, se aplica a la ley que anteriormente hemos aprobado en este Congreso, donde se amplía a 30 días el descanso postnatal para los partos múltiples o de niños con discapacidad. El proyecto 2914, ¿qué contempla? Incluir en esta ley y en este proyecto la posibilidad de que las madres de niños prematuros, que son los que más necesitan el contacto directo con la técnica canguro, puedan gozar de 30 días adicionales de descanso postnatal, derecho que ya asiste a las mujeres con parto múltiple o de niños con discapacidad. Presidente, me pide una interrupción la congresista Salgado. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Tiene la interrupción, congresista Salgado Rubianes. La señora SALGADO RUBIANES (GPFP).— Presidente, considerando que es muy importante la iniciativa de la que habla la congresista Karla Schaefer, creo, sin embargo, que debería ser materia de otro dictamen, porque este proyecto está adecuándose a la norma internacional y, por tanto, tiene que salir tal cual precisa dicha norma internacional. Yo prometo apoyarla con su proyecto. Pero, de incorporar esa propuesta, este proyecto cambiaría su estructura, cuando tiene que estar de acuerdo con la norma internacional que ya está aprobada. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Continúe, congresista Schaefer Cuculiza. La señora SCHAEFER CUCULIZA (GPFP).— Presidente, si me permite, concedo la interrupción que me ha solicitado la congresista Tait. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Tiene la interrupción, congresista Tait Villacorta. La señora TAIT VILLACORTA.— Gracias, Karla. Presidente, en la Comisión de la Mujer, justamente, se aprobó el Proyecto del Niño Hospitalizado, para que los padres acompañen a su hijo cuando tenga una enfermedad o cuando nació con alguna consecuencia. Por eso, de repente, podría acumularse el Proyecto 3213, de mi autoría, o incluirlo en agenda para que se pueda debatir. En cuanto a lo que dijo la congresista Luz Salgado, en el artículo 1, que habla claramente del nacimiento y sus consecuencias, haría una recomendación. Hablar de ‘sus consecuencias’ es muy general; yo recomendaría que se diga ‘enfermedades graves’; 9

porque, si no, las consecuencias pueden ser muy relativas y podrían interpretarse. Y, así como las leyes se pueden interpretar, yo preferiría que diga y se plasme con letras, en blanco y negro, qué significa... El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Gracias. Continúe, congresista Schaefer Cuculiza. La señora SCHAEFER CUCULIZA (GPFP).— Efectivamente, estos proyectos han sido aprobados por unanimidad en la Comisión de la Mujer; y el Proyecto 2914, también lo ha sido, y es igualmente parte de la legislación internacional y los convenios internacionales, que ven clara la importancia de la estadía de la madre con el recién nacido. Ojalá que nuestro país el día de mañana pueda avanzar en materia de los plazos, para que la madre pueda permanecer con su niño, especialmente en esa etapa de la primera infancia que es tan importante para el desarrollo del mismo. Gracias, de todas maneras. El equipo de técnicos lo va a decidir, ¿no?, de acuerdo a las posibilidades. Si no fuese así, Presidente, yo le pediría que se agende tanto el Proyecto 2914, como el de la congresista Tait, que son muy necesarios para proteger a los niños y a las niñas, que son lo más importante que tenemos en nuestro país. Gracias. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Tiene la palabra el congresista Abugattás Majluf. El señor ABUGATTÁS MAJLUF (NGP).— Señor Presidente: Quería saludar esta propuesta legislativa que estamos debatiendo el día de hoy, y comentar que el Acuerdo 183 de la OIT no solo contiene puntualmente la referencia al tiempo del descanso pre y postnatal y a los casos de reposición de trabajadoras que hayan sido despedidas violando su situación de embarazo o de descanso posnatal, sino también otros aspectos. Si estamos legislando en este momento, sería bueno que veamos la aplicación plena del Convenio 183 de la OIT, que es muy importante para el desarrollo de los trabajadores y las trabajadoras del país. Eso es lo que quería comentar. Gracias. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Tiene la palabra el congresista Díaz Dios. El señor DÍAZ DIOS.— Presidente: Simplemente quiero pedirle al vicepresidente de la Comisión de Trabajo que se sirva tener en cuenta el Proyecto de Ley 4922, que, precisamente siguiendo lo que dijo la congresista Luz Salgado, y tomando en cuenta lo que se ha aprobado en el Convenio 183 de la OIT, básicamente lo que plantea es que se pueda extender la protección al despido nulo no solo en el supuestos de embarazo, sino

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también en los supuestos de nacimiento y de lactancia, tal cual están considerados en el Convenio 183 de la OIT aprobado por este Congreso de la República. Entonces, le pido nuevamente al vicepresidente de la Comisión de Trabajo tenga a bien tomar en cuenta el Proyecto 4922, que, básicamente, tiene eso como punto central que intenta aportar, en todo caso, al proyecto que está puesto en debate en este momento. Gracias. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Tiene la palabra el congresista Ramírez Gamarra. El señor RAMÍREZ GAMARRA (GPFP).— Señor Presidente: Quiero solicitarle al vicepresidente de la Comisión de Trabajo la acumulación del Proyecto de Ley 2116, de mi autoría, que fue presentado el 12 de abril del 2013 y que está bajo los términos del proyecto de ley que se está discutiendo, donde precisamos el goce del descanso prenatal y posnatal de las trabajadoras gestantes. He recogido en este proyecto de ley legislación comparada de más de 15 países; más aún, teniendo nosotros un convenio con la OIT, creo que es necesario e importante, y viendo también que el Estado está en la obligación de proteger a la madre trabajadora gestante, y garantizar de esta manera su pleno desarrollo. Por eso, pido al vicepresidente de esta Comisión que se sirva acumular el Proyecto de Ley 2116. Muchas gracias. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Tiene la palabra la congresista Tait Villacorta. La señora TAIT VILLACORTA.— Presidente: Del Convenio de la OIT no se puede modificar ni una coma. Pero tal vez se podría agregar al proyecto materia de debate una disposición complementaria que prohíba el despido arbitrario y, además, la discriminación de las mujeres que sufran enfermedades graves como el cáncer. Estoy coordinando con el vicepresidente de la Comisión de Trabajo para poder incluir esa disposición complementaria. Gracias. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Tiene la palabra la congresista Beteta Rubín. La señora BETETA RUBÍN (GPFP).— Presidente: Quiero felicitar a la autora de este proyecto de ley y también al Congreso por haberlo puesto en primer lugar para su debate. Efectivamente, quienes somos madres sabemos de la necesidad y de la importancia de la protección que se tiene que brindar a todas las mujeres; sobre todo, no olvidemos que 11

una mujer durante el embarazo y el período postnatal transmite todo lo que siente a los niños a través de la lactancia. Entonces, sería traumatizante que una madre en la época postnatal fuera despedida; porque, obviamente, estaría transmitiendo todo lo que le produce esa situación a su hijo. Considero, entonces, que es importante la aprobación de este proyecto de ley; más aún cuando se ha dado la circunstancia de que a mi despacho congresal han llegado diversas denuncias de madres gestantes que trabajan en el Banco de la Nación y otras instituciones de haber recibido notificaciones de despido. ¿Por qué? Porque algunos consideran que la maternidad es una enfermedad, lo cual es totalmente falso. Científicamente está comprobado, y también lo hemos demostrado, que muchas mujeres trabajadoras, estando embarazadas, pueden cumplir sus labores. Por ello, considero que se tiene que fortalecer la maternidad y, sobre todo, proteger al bien nacido que es el niño. En esas circunstancias, considero prudente aprobar este proyecto de ley, porque permite y garantiza que una madre, luego de haber dado a luz, continúe en su centro de trabajo sin el riesgo de ser despedida. Presidente, el congresista Abugattás me pide una interrupción. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Tiene la interrupción, congresista Abugattás Majluf. El señor ABUGATTÁS MAJLUF (NGP).— Muy amable, Karina. Estoy revisando el Convenio 183, y veo que un gran sector de la población estaría siendo discriminado por esta norma: no solamente los empleados públicos del Decreto Legislativo 276, que ha mencionado el congresista Lescano, sino todas las trabajadoras que están bajo el régimen de prestación de servicios. O sea, el 70% de la población femenina que está contratada con recibos por honorarios no tiene derecho a descanso pre ni postnatal, y son tan trabajadoras como cualquier trabajadora que está en planilla. Y el Convenio 183 de la OIT dice que tendrán que tener un seguro obligatorio. Entonces, lo que tendríamos que incorporar el día de hoy, para ser consecuentes con el Convenio 183 de la OIT, es que toda trabajadora, esté o no en planilla, deberá tener un seguro obligatorio pre y postnatal, para que cubra los 90 días. Eso lo establece el artículo 8, referido a prestaciones, del Convenio del que estamos hablando. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Tiene 30 segundos más, congresista. El señor ABUGATTÁS MAJLUF (NGP).— Creo que no podemos legislar y seguir consolidando derechos para el 15% de la población; ¿y el resto, los trabajadores del régimen CAS, los trabajadores del Decreto Legislativo 276, las mujeres que prestan servicios, qué pasa con ellas? Simplemente, no pasa nada, se acabó y se van a su casa. Eso es lo que ocurre el día de hoy: la mujer está absolutamente desprotegida, y la gran mayoría de los peruanos no está en planilla. 12

Es muy loable, muy simpática la propuesta; pero en la práctica no se aplica más que al 15% de trabajadores del país. Pediría que se haga un esfuerzo para incorporar a todos los trabajadores del régimen CAS, a todos los trabajadores del Estado y a todas las trabajadoras que prestan servicios con recibos por honorarios profesionales, a través de un seguro que tendrá que ser pagado por el empleador. Gracias. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Puede continuar, congresista Beteta Rubín. La señora BETETA RUBÍN (GPFP).— Efectivamente, considero que este proyecto tiene que ser ampliado para toda modalidad de contrato, sin excepción alguna; y así todas las mujeres serán beneficiadas, sin ninguna excepción. Espero que no haya oposición para la aprobación de este proyecto, porque estamos legislando para defender no solamente a la madre trabajadora, sino fundamentalmente al recién nacido. Entonces, creo que tenemos que ser consecuentes; porque cuando nos preguntan si vamos a defender al niño, todos decimos que lo defendemos; o, si vamos a defender a las mujeres, respondemos de la misma manera; pero cuando se tiene que legislar, no hay que poner zancadillas. Por el contrario, hay que dar opiniones en este debate para que el presidente de la Comisión tenga a bien escucharnos, considerar los aportes y así sacar una norma que beneficie a todas las mujeres cualquiera que sea la modalidad de trabajo. Gracias. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Ha finalizado el debate; tiene la palabra el vicepresidente de la Comisión de Trabajo, congresista Lescano Ancieta. El señor LESCANO ANCIETA (AP-FA).— Presidente, muchas gracias por los aportes de los señores parlamentarios. Este dictamen es consecuencia del Convenio 183 de la OIT, que se refiere a esos aspectos. Estamos incorporando dentro de la legislación nacional algunas precisiones importantes a los efectos de proteger a la mujer trabajadora. Es consecuencia —repito— de un tratado internacional que contempla la protección de la mujer trabajadora que está embarazada o que está dando de lactar a su hijo o que simplemente lo está criando. No puede ser despedida por estas razones. Consecuentemente, si se ha ratificado el Convenio 183, rige como ley en el Perú, y todas las disposiciones contenidas en el mismo se aplican a las trabajadoras en general. Lo que estamos tratando es de reproducir algunas disposiciones del Convenio en esta ley, que se refieren al Decreto Legislativo 728. ¿Y por qué estamos haciendo las precisiones en el Decreto Legislativo 728? Porque normalmente lo que ocurre a una trabajadora del sector privado es que la despidan y 13

solamente tenga derecho a una indemnización. Esa es la norma general. El despido, de manera general, bajo el régimen del Decreto Legislativo 728, da lugar solamente a una indemnización. Pero en algunos casos se tiene que hacer alguna excepción. No se pagan indemnizaciones, sino que se tiene que reponer al trabajador en su cargo. En este caso se está diciendo que no se va a pagar indemnización si a una mujer embarazada se la despide, o si se despide a una mujer que está criando a su niño o que le está dando de lactar. En es ese caso, si se le despide, que se la tiene que reponer, porque el despido es nulo por esos motivos. Eso es lo que se está diciendo en este dictamen; y, además, que el descanso prenatal sea de 49 días y que el descanso postnatal sea también de 49 días. Es decir, estamos legislando para un régimen especial. Presidente, me pedía una interrupción el congresista Abugattás. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Tiene la interrupción, congresista Abugattás Majluf. El señor ABUGATTÁS MAJLUF (NGP).— Muchas gracias, congresista Lescano. Creo que se está obviando algo fundamental como son los sectores excluidos de la aplicación de esta norma. Este convenio que el Perú ha hecho suyo a través de la aprobación del Pleno del Congreso, exige que el Estado puntualice quiénes están excluidos de este beneficio, y eso lo dice el artículo 2, inciso 3). Tenemos la obligación de decir a quién se aplica y a quién no se aplica. Estamos viendo que se aplica solamente a aquellos que están en planilla, y todo el resto de las mujeres del país quedan excluidas de ese beneficio. Eso va contra el espíritu mismo del Convenio 183 de la Organización Internacional del Trabajo. De otro lado, cuando hablamos de despido nulo, ¿qué significa?, ¿que el trabajador se pasará cuatro años en el Poder Judicial para que le declaren la nulidad? El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Tiene la segunda interrupción, congresista. El señor ABUGATTÁS MAJLUF (NGP).— Si vamos realmente a proteger el derecho de las mujeres durante el período de lactancia y durante el período de embarazo, ¿se las va a someter a un proceso judicial de cuatro años para que recuperen su derecho, o vamos a ir más allá, para que sea una reposición automática sin derecho? Entonces, ¿para qué la ponen, pues? Gracias. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Continúe, congresista Lescano Ancieta. El señor LESCANO ANCIETA (AP-FA).— Señor Presidente, vamos a aclarar el panorama al congresista Abugattás.

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Fíjese, en el Decreto Legislativo 728, para los trabajadores del sector privado, en el despido la consecuencia natural en estos momentos es solamente la indemnización. En el sector privado se paga una indemnización. Nosotros estamos diciendo, respecto a este sistema laboral privado, que si a una mujer trabajadora gestante o que está dando de lactar o que está criando a su niño, se la despide, no la van a indemnizar, sino que la van a reponer porque ese despido es absolutamente nulo. Sería una burla mantener la norma general para que, ante el despido de una trabajadora gestante, se le pague solamente una indemnización. No, a esa trabajadora se la repone. En los demás casos, en el sector privado laboral se despide y se indemniza solamente. Pero estos casos son especiales; estamos diciendo: ‘No, señor; no le va a pagar solamente una indemnización. La va usted a reponer’. En el sector público, la trabajadora que es despedida por estar embarazada tiene que ser repuesta, sea bajo el régimen CAS, sea bajo el régimen del Decreto Legislativo 276. La norma, ahí, no permite el pago de indemnización: si una mujer trabajadora gestante es despedida, tiene que ser repuesta. ¿Por qué razón? El Decreto Legislativo 276 establece ciertas faltas graves por las cuales un trabajador puede ser despedido. Si no se prueban esas faltas graves, y si se prueba, muy por el contrario, que una mujer trabajadora ha sido despedida por haber estado embarazada o por dar de lactar a su hijo, se la tiene que reponer. Ahí no hay pago de indemnización. Ahí, simplemente, el trabajador regresa a su puesto de trabajo. Por eso estamos haciendo la precisión en el Decreto legislativo 728, porque en esta norma sí hay necesidad de hacer esta precisión. Repito, si a una trabajadora de otro régimen laboral, que está embarazada, se la despide, se la tiene que reponer. Hay ya sentencias del Tribunal Constitucional y de cortes judiciales que así lo establecen. Por eso, nosotros pensamos que esta norma es necesaria en este régimen laboral privado; porque, en los demás, ya la interpretación de la norma hace que una trabajadora vulnerada en sus derechos, que está gestando, regrese a su puesto de trabajo. No se puede jugar con ese tipo de casos, porque ya están previstos en la ley. Eso, por un lado. Por otro lado, vamos a acumular los Proyectos de Ley 2116, citado por el congresista Joaquín Ramírez, y el 4922, mencionado por el congresista Díaz Dios, a este importante dictamen, que creo que va a favorecer a las mujeres trabajadoras. Finalmente, son interesantes las cosas que ha dicho Cecilia Tait, pero creo que se requiere, más bien, un proyecto de ley individual para evitar el despido de trabajadoras que sufren enfermedades terminales, o el aborto terapéutico, que podría ser también causal de despido. Necesitamos un proyecto de ley para poder procesar esto.

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En cuanto a lo dicho por Karla Schaefer, sobre el proyecto relativo a los partos múltiples, que ya está dictaminado en la Comisión de la Mujer, sería bueno traerlo acá, y lo aprobamos; pero la Comisión de Trabajo tendría que verlo también. Son temas interesantes los que trata, pero no podemos acumularlo porque podría desnaturalizar o confundir las cosas que establece este Convenio 183 de la Organización Internacional del Trabajo. Creo que esta es una norma importante. Sé que hay algunas cosas que requieren algunas precisiones; eso se puede hacer con algunos proyectos de ley que puedan mejorar las condiciones de las trabajadoras. Pero demos este primer paso para atender estas necesidades de las trabajadoras que están en condición de embarazadas o que ya han tenido su hijo o que están en proceso de lactancia. Por lo tanto, pido a la Representación Nacional votar a favor de este dictamen que trae la Comisión de Trabajo al Pleno del Congreso Nacional. Muchas gracias. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Concluida la intervención del señor vicepresidente de la Comisión de Trabajo, los señores congresistas se servirán registrar su asistencia para proceder a votar. —Los señores congresistas registran su asistencia mediante el sistema digital para verificar el quórum. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— La Mesa Directiva expresa su saludo a los exalumnos y alumnos de la Institución Educativa República Peruana, de la ciudad de Chimbote, departamento de Áncash, que está cumpliendo 50 años de creación institucional. Ellos están en la galería diplomática en compañía de los congresistas López Córdova y Otárola Peñaranda. (Aplausos). Han registrado su asistencia 91 congresistas. Al voto. —Los señores congresistas emiten su voto a través del sistema digital. —Efectuada la consulta, se aprueba, en primera votación, por 89 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, el proyecto de Ley que protege a la madre trabajadora contra el despido arbitrario y prolonga su período de descanso. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Ha sido aprobado por unanimidad. Se deja constancia del voto a favor de los congresistas Llatas Altamirano, Acuña Peralta y López Córdova. 16

De conformidad con el artículo 78 del Reglamento, el proyecto aprobado será materia de segunda votación. —El texto aprobado es el siguiente: “EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA; Ha dado la Ley siguiente: LEY QUE PROTEGE A LA MADRE TRABAJADORA CONTRA EL DESPIDO ARBITRARIO Y PROLONGA SU PERIODO DE DESCANSO Artículo 1. Modificación del artículo 29 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 728 Modifícase el inciso e) del artículo 29 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, en los términos siguientes: “Artículo 29.- Es nulo el despido que tenga por motivo: [...] e) El embarazo, el nacimiento y sus consecuencias o la lactancia, si el despido se produce en cualquier momento del periodo de gestación o dentro de los 90 (noventa) días posteriores al nacimiento. Se presume que el despido tiene por motivo el embarazo, el nacimiento y sus consecuencias o la lactancia, si el empleador no acredita en estos casos la existencia de causa justa para despedir. Lo dispuesto en el presente inciso es aplicable siempre que el empleador hubiere sido notificado documentalmente del embarazo en forma previa al despido y no enerva la facultad del empleador de despedir por causa justa”. Artículo 2. Modificación del artículo 1 de la Ley 26644 Modifícase el primer párrafo del artículo 1 de la Ley 26644, Ley que precisa el goce del derecho de descanso prenatal y postnatal de la trabajadora gestante, en los términos siguientes: “Artículo 1. Precísase que es derecho de la trabajadora gestante gozar de 49 días de descanso prenatal y 49 días de descanso postnatal. El goce de descanso prenatal podrá ser diferido, parcial o totalmente, y acumulado por el postnatal, a decisión de la trabajadora gestante. Tal decisión deberá ser comunicada al empleador con una antelación no menor de dos meses a la fecha probable de parto. [...]”. Comuníquese, etc.” Primera votación del Proyecto 3002 17

Señores congresistas que votaron a favor: Abugattás Majluf, Acuña Núñez, Aguinaga Recuenco, Andrade Carmona, Anicama Ñañez, Apaza Condori, Bardález Cochagne, Becerril Rodríguez, Bedoya de Vivanco, Belaunde Moreyra, Benítez Rivas, Beteta Rubín, Cabrera Ganoza, Cárdenas Cerrón, Castagnino Lema, Ccama Layme, Chacón De Vettori, Chávez Cossío, Chehade Moya, Chihuán Ramos, Coa Aguilar, Condori Jahuira, Cordero Jon Tay, Crisólogo Espejo, Cuculiza Torre, Dammert Ego Aguirre, De la Torre Dueñas, Delgado Zegarra, Díaz Dios, Eguren Neuenschwander, Elías Ávalos, Espinoza Cruz, Espinoza Rosales, Falconí Picardo, Fujimori Higuchi, Gamarra Saldívar, García Belaunde, Gastañadui Ramírez, Grandez Saldaña, Huaire Chuquichaico, Hurtado Zamudio, Inga Vásquez, Isla Rojas, Jara Velásquez, Kobashigawa Kobashigawa, Lay Sun, Lescano Ancieta, Lewis del Alcázar, Mavila León, Medina Ortiz, Mendoza Frisch, Merino de Lama, Molina Martínez, Mulder Bedoya, Nayap Kinin, Neyra Huamaní, Omonte Durand, Oseda Soto, Otárola Peñaranda, Pari Choquecota, Pariona Galindo, Pérez del Solar Cuculiza, Portugal Catacora, Ramírez Gamarra, Reátegui Flores, Reggiardo Barreto, Rivas Teixeira, Rodríguez Zavaleta, Romero Rodríguez, Rondón Fudinaga, Saavedra Vela, Salazar Miranda, Salgado Rubianes, Schaefer Cuculiza, Solórzano Flores, Tait Villacorta, Tan de Inafuko, Tejada Galindo, Teves Quispe, Tubino Arias Schreiber, Urquizo Maggia, Valencia Quiroz, Valle Ramírez, Valqui Matos, Velásquez Quesquén, Wong Pujada, Yrupailla Montes, Zamudio Briceño y Zerillo Bazalar.” El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Tiene la palabra el vicepresidente de la Comisión de Trabajo. El señor LESCANO ANCIETA (AP-FA).— Señor Presidente, conforme aparece de la votación unánime de los colegas, pido que se exonere el proyecto aprobado de segunda votación. Muchas gracias. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Atendiendo a lo solicitado por el señor vicepresidente de la Comisión de Trabajo, se va a votar con la misma asistencia la exoneración de segunda votación. La Mesa Directiva expresa su saludo al gobernador regional y a los alcaldes del departamento del Cusco, que se encuentran en la galería del Congreso, acompañados por la congresista Teves Quispe. Bienvenidos al Parlamento Nacional. (Aplausos). —Los señores congresistas emiten su voto a través del sistema digital. —Efectuada la consulta, se acuerda, por 88 votos a favor, ninguno en contra y una abstención, exonerar de segunda votación el proyecto de Ley que protege a la madre trabajadora contra el despido arbitrario y prolonga su período de descanso. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Ha sido acordado. 18

Se deja constancia del voto a favor de los congresistas Spadaro Philipps, Neyra Olaychea, Llatas Altamirano, Huayama Neira, Angulo Álvarez y Reynaga Soto. Ha sido exonerado de segunda votación el Proyecto de Ley 3002. “Votación de la exoneración de la segunda votación del Proyecto 3002 Señores congresistas que votaron a favor: Abugattás Majluf, Acuña Núñez, Aguinaga Recuenco, Andrade Carmona, Anicama Ñañez, Apaza Condori, Bardález Cochagne, Becerril Rodríguez, Bedoya de Vivanco, Belaunde Moreyra, Benítez Rivas, Beteta Rubín, Cabrera Ganoza, Cárdenas Cerrón, Castagnino Lema, Ccama Layme, Chacón De Vettori, Chehade Moya, Chihuán Ramos, Coa Aguilar, Condori Jahuira, Cordero Jon Tay, Crisólogo Espejo, Cuculiza Torre, Dammert Ego Aguirre, De la Torre Dueñas, Delgado Zegarra, Díaz Dios, Eguren Neuenschwander, Elías Ávalos, Espinoza Cruz, Espinoza Rosales, Falconí Picardo, Fujimori Higuchi, Gamarra Saldívar, García Belaunde, Gastañadui Ramírez, Grandez Saldaña, Huaire Chuquichaico, Hurtado Zamudio, Inga Vásquez, Isla Rojas, Jara Velásquez, Kobashigawa Kobashigawa, Lay Sun, Lescano Ancieta, Lewis del Alcázar, López Córdova, Mavila León, Medina Ortiz, Mendoza Frisch, Merino de Lama, Molina Martínez, Mulder Bedoya, Nayap Kinin, Neyra Huamaní, Omonte Durand, Oseda Soto, Otárola Peñaranda, Pari Choquecota, Pariona Galindo, Portugal Catacora, Ramírez Gamarra, Reátegui Flores, Reggiardo Barreto, Rivas Teixeira, Rodríguez Zavaleta, Romero Rodríguez, Rondón Fudinaga, Saavedra Vela, Salazar Miranda, Salgado Rubianes, Schaefer Cuculiza, Solórzano Flores, Tait Villacorta, Tan de Inafuko, Tejada Galindo, Teves Quispe, Tubino Arias Schreiber, Urquizo Maggia, Valencia Quiroz, Valle Ramírez, Valqui Matos, Velásquez Quesquén, Wong Pujada, Yrupailla Montes, Zamudio Briceño y Zerillo Bazalar. Señora congresista que se abstuvo: Chávez Cossío.” Se aprueba la cuestión previa de vuelta a Comisiones del texto sustitutorio materia de debate, contenido en el dictamen de la Comisión de Vivienda y Construcción, en virtud del cual se propone declarar de necesidad pública el mejoramiento y renovación de la calidad habitacional, a través de programas de destugurización, del entorno del corredor turístico Jr. Hualgayoc–Plaza de Acho–Paseo de Aguas–Alameda de los Descalzos– Alameda de los Bobos y Jr. Trujillo, así como la expropiación de inmuebles para la ejecución de la obra El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— El siguiente punto. El RELATOR da lectura: Dictamen en mayoría de la Comisión de Vivienda y Construcción del período anual de sesiones 2013-2014, con un texto sustitutorio de los Proyectos de Ley 1761/2012-CR y 2324/2012-GL, mediante el cual se propone declarar de necesidad pública el mejoramiento y renovación de la calidad habitacional, a través de programas de destugurización, del entorno del Corredor Turístico Jr. Hualgayoc-Plaza de Acho-Paseo de Aguas-Alameda de Los Descalzos-Alameda de los Bobos y jirón Trujillo; así como la expropiación de inmuebles para la ejecución de la obra.(*) 19

El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Se va a iniciar la sustentación del dictamen en mayoría de la Comisión de Vivienda y Construcción del período anual de sesiones 2013-2014, con un texto sustitutorio de los Proyectos de Ley 1761 y 2324, por el que se propone declarar de necesidad pública el mejoramiento de la calidad habitacional, a través de programas de destugurización y renovación urbana, así como la puesta en valor del entorno monumental del corredor turístico Jr. Hualgayoc-Plaza de Acho-Paseo de Aguas–Alameda de Los Descalzos–Alameda de Los Bobos y Jr. Trujillo; así como la expropiación de once inmuebles para la ejecución de la obra, ubicados en el distrito del Rímac, provincia y departamento de Lima. Tiene la palabra el presidente de la Comisión de Vivienda, congresista Merino de Lama, hasta por diez minutos. El señor MERINO DE LAMA (APFA).— Señor Presidente: Efectivamente, el día de hoy estamos aquí, en el Pleno soberano, para exponer el Proyecto de Ley 2324, presentado por la municipalidad distrital del Rímac, el cual se ha acumulado al Proyecto de Ley 1761, de la bancada Acción Popular-Frente Amplio, y que tiene como objetivo principal declarar de necesidad pública el mejoramiento y renovación de la calidad habitacional, a través del programas de destugurización, del entorno de la Plaza de Acho, en el distrito del Rímac, y autorizar la expropiación de los inmuebles necesarios para la realización de las obras. Para este efecto, se detallan los once inmuebles a expropiar, se justifica la razón de necesidad pública de las expropiaciones, se señala a la municipalidad distrital del Rímac como sujeto activo de la expropiación y se regula el pago de la indemnización justipreciada. El Proyecto de Ley 2324 se fundamenta en que mediante Ordenanza 125, de abril de 2006, la municipalidad distrital del Rímac aprobó el Plan de Desarrollo Concertado del Rímac al 2014. El citado plan contempla la mejora de la infraestructura de acceso de la población a los espacios urbanos del distrito, incluyendo el tratamiento especial del espacio urbano, habilitación de vías y mejoramiento del tránsito, recuperación del espacio urbano y promoción de la construcción de viviendas en las zonas residenciales del distrito con la participación ciudadana, estableciendo e incentivando la inversión privada inmobiliaria, la reconversión urbana de bienes inmuebles en situación de deterioro físico que constituyen un potencial peligro para el desarrollo del Rímac, y la consecución urbana de una vida digna para los habitantes del distrito. La informalidad en materia de vivienda digna para los vecinos del Rímac es uno de los grandes problemas del distrito. Como consecuencia de ello, la tugurización en inmuebles ruinosos se ha convertido en un aspecto a tratar; por lo que es necesario que se ponga en marcha el programa de destugurización del distrito del Rímac. La expropiación consiste en la transferencia forzosa del derecho de propiedad privada, autorizada únicamente por ley expresa del Congreso de la República a favor del Estado, a iniciativa del Poder Ejecutivo, regiones o gobiernos locales, como en este caso, y previo pago en efectivo de la indemnización justipreciada que incluya compensación por el eventual perjuicio.

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Conforme lo dispone la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, en el numeral 7 del artículo 96 se consideran causas de necesidad pública para los efectos de expropiación con fines municipales, ‘El mejoramiento y renovación de la calidad habitacional, a través de programas de destugurización’. A este respecto, la citada Ley Orgánica de Municipalidades establece que ‘La expropiación de bienes inmuebles se sujeta a la legislación sobre la materia. El requerimiento de expropiación por causas de necesidad pública es acordado por el concejo provincial o distrital de su jurisdicción, con el voto aprobatorio de más de la mitad del número legal de regidores y procede únicamente para la ejecución de los planes de desarrollo local o la prestación, o mejor prestación, de los servicios públicos’. A mayor abundamiento, debe señalarse que la Ley 29415, Ley de saneamiento físico legal de predios tugurizados con fines de renovación urbana, establece que en aquellos casos donde se cuente con titulación saneada, para la ejecución de las acciones conducentes a la renovación urbana, se puede emplear el mecanismo siguiente: Expropiación con fines de renovación urbana.- En aquellos casos donde los propietarios no acepten someter sus predios a programas de renovación urbana, los municipios formulan las solicitudes de expropiación. Como consecuencia de los antes señalado, mediante el Acuerdo de Concejo 50-2013MDR, de 15 de mayo de 2013, la municipalidad distrital del Rímac acordó aprobar el proyecto de ley materia del presente dictamen. La Comisión, al emitir el dictamen, ha tomado en consecuencia las opiniones favorables del Ministerio de Cultura, de la Municipalidad Metropolitana de Lima, del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, que —aunque considero que no era competente para opinar— formuló observaciones que han sido superadas en el texto sustitutorio. Ante la Comisión se presentaron en su momento el alcalde distrital del Rímac, Enrique Peramás, que sustentó la iniciativa legislativa, y el entonces viceministro de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, doctor Jaime Castillo, que apoyó la aprobación de la iniciativa. En ese sentido, teniendo la Representación Nacional la propuesta en sus manos, pido que se debata si es necesario, como también que se pueda someter al voto. Espero el respaldo de mis colegas para la aprobación de este importante proyecto de ley que ha sido aprobado en la Comisión de Vivienda y Construcción. Es todo por el momento, Presidente. Muchas gracias. —Asume la Presidencia la señora Natalie Condori Jahuira. La señora PRESIDENTA (Natalie Condori Jahuira).— Concluida la sustentación, se da inicio al debate. Tiene la palabra el congresista Chehade Moya. 21

El señor CHEHADE MOYA.— Presidenta: Hay que aclarar, en primer lugar, que estos proyectos de ley ya han sido debatidos en su oportunidad en este periodo parlamentario, en el año 2012; es decir, ya se ha debatido de manera continua. Lamentablemente, se ha dilatado el debate porque ha habido una mala interpretación. Este asunto nada tiene que ver con la corrida de toros, sino con el ornato, la limpieza y la destugurización de la zona. En todas las plazas de toros del mundo, sea en Las Ventas de Madrid, o en Sevilla, o en la Monumental de México, siempre los alrededores de las plazas, que son lugares turísticos, tienen evidentemente otro ornato y otro tipo de seguridad. Lamentablemente, los alrededores de nuestra plaza de toros —que dicho sea de paso el próximo año va a cumplir 250 años—, durante décadas se han convertido en zonas absolutamente inseguras, tugurizadas; y es evidente que, siendo un patrimonio cultural e histórico de la humanidad, después de 250 años, incluso desde de la época del Virreinato, necesitamos darle otra cara a Lima, otra cara a la ciudad y otra cara al turismo. Repito, esto, más allá de que a uno le puedan gustar o no las corridas de toros, no tiene que ver necesariamente con esas corridas. Este es un tema cultural, un tema de fomento del turismo y un tema de limpieza de lacras que se insertan con el crimen organizado cuando, lamentablemente, hay zonas tugurizadas, como son los alrededores de la bicentenaria Plaza de Acho, que ahora va a cumplir 250 años. Por eso, este proyecto es provechoso para el turismo interno, para el turismo externo y para las inversiones en el país, más allá de que muchos puedan ser taurinos o antitaurinos. Este es un debate que se inició en el Pleno del Congreso de la República en el año 2012. Lamentablemente, por haberse insertado un tema que nada tiene que ver, que es la corrida de toros, se ha ido dilatando, por más de tres años, hasta llegar hoy día a octubre de 2015, este proyecto de ley que ha sido, por lo que ha dicho el congresista Manuel Merino, aprobado por unanimidad en la Comisión de Vivienda. Por eso, exhorto a la Representación Nacional a que hoy, después de años de discusión, ponga punto final al debate y apruebe este proyecto de ley, por el bien de la ciudad y por el bien de la seguridad ciudadana. Gracias. La señora PRESIDENTA (Natalie Condori Jahuira).— Tiene la palabra el congresista Abugattás Majluf. El señor ABUGATTÁS MAJLUF (NGP).— Señora Presidenta: Quiero formular una consulta. Revisando las unidades a ser expropiadas, veo que hay coherencia con aquellas que circundan la Plaza de Acho, que son las que están ubicadas en el jirón Hualgayoc y en el jirón Cajamarca. Lo que no sé es qué tiene que ver el jirón García Hurtado de Mendoza con este proyecto.

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Quisiera una respuesta, porque en el Google Map no aparece este jirón, y son más de dos mil metros. ¿No nos estarán metiendo un contrabando acá para utilizar esta norma so pretexto de la destugurización? Porque no existe alrededor de la Plaza de Acho ese jirón. Salvo error u omisión, por supuesto; si no, que se excluya de la propuesta. Si no está identificado el inmueble, que se excluya. Hago ese pedido, señora Presidenta. La señora PRESIDENTA (Natalie Condori Jahuira).— Tiene la palabra la congresista Anicama Ñañez. La señora ANICAMA ÑAÑEZ (GPDD).— Presidenta: Esta es una ley que tiene un fin, que es la imagen de esa zona donde hay un ruedo. Lamentablemente, no se han considerado dos situaciones. Una es la corrida de toros, actividad en la que prácticamente se somete a sufrimiento a los toros, y creo que se consideró que ello no fuese tomado en cuenta en una ley. No recuerdo el número de la ley ni los antecedentes, pero se dijo que la Asociación en Defensa de los Animales no consideraba esa actividad. Esta sería una condición para poder sopesar a qué le damos prioridad: a la protección de los animales, y, en este caso, la corrida de toros no debería realizarse; o a lo que es la razón de ser del humano, poder tener una posesión que ha adquirido. De acuerdo a ley, ellos tendrían ya la potestad de regularizar su lugar para vivir. Entonces, son dos situaciones que quedan en tela de juicio y que este Pleno tiene que considerar, para poder tomar recién una decisión, de acuerdo con la cual la ley se tiene que respetar. Pero si no se considera esa parte humana, ni se considera el sufrimiento de los animales, se tiene que sopesar a qué se da prioridad, para que eso sea tomado en cuenta cuando tengamos que decidir. Son dos situaciones que debemos examinar para poder decidir en estos momentos. Muchas gracias. La señora PRESIDENTA (Natalie Condori Jahuira).— Tiene la palabra el congresista Cárdenas Cerrón. El señor CÁRDENAS CERRÓN (NGP).— Presidenta: Es cierto que nosotros somos elegidos por la población en general, y queremos que se promuevan nuevas inversiones y se pongan en valor distintos atractivos turísticos, incluso crear corredores turísticos que tienen que ver con esos atractivos. En este dictamen de los Proyectos de Ley 1761 y 2324, en el texto propuesto se propone declarar de necesidad pública el mejoramiento y renovación de la calidad habitacional, a través de programas de destugurización, del entorno de la Plaza de Acho y otros ejes turísticos; y aquí viene una observación que vamos a hacer.

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Cuando se dice ‘del entorno de la Plaza de Acho’, nosotros estamos de acuerdo, y creemos que debe haber una prioridad respecto a la Alameda de los Bobos, Alameda de los Descalzos, Iglesia de San Lorenzo, Paseo de Aguas. Sin embargo, en el artículo 2.2 dice lo siguiente: ‘Las razones de necesidad pública que se establecen en el artículo 1 de la presente Ley obedecen a factores que coadyuvan al desarrollo de la ciudad de Lima, los cuales permitirán resaltar un monumento nacional, como la Plaza de Acho’. Nosotros quisiéramos que se retire todo ese párrafo referido a resaltar a la Plaza de Acho. Es más, lo que algunos necesitamos creer es que este Congreso de la República defiende la vida. La Plaza de Acho es un monumento al asesinato, a la crueldad, que debe desaparecer. En todo caso, podría redactarse un artículo en que se mencione que se declara de necesidad pública desaparecer la Plaza de Acho o, en todo caso, hacer un museo, para que no se pueda repetir ni replicar en ninguna parte del país estas crueles acciones que se desarrollan en ese coliseo. Esperamos que los colegas puedan valorar este planteamiento; porque acá hay varios congresistas que son defensores de los animales, de la vida, y podrán valorarlo para que se retire el artículo 2.2. Presidenta, el congresista Omar Chehade me solicita una interrupción. La señora PRESIDENTA (Natalie Condori Jahuira).— Tiene la interrupción, congresista Chehade Moya. El señor CHEHADE MOYA.— Gracias, congresista Cárdenas. Presidenta, solamente quiero decirle al colega que no está en discusión el tema taurino o antitaurino. Eso seguramente se debatirá después. No está en discusión si uno defiende o no la vida de los animales. Este es un proyecto para la destugurización de los alrededores de la Plaza de Acho, para mejorar el ornato y la seguridad ciudadana, muy aparte del turismo que da a la ciudad y al Perú. Quiero también decirle al congresista Cárdenas que solo el 4% de las corridas a nivel nacional se realiza en la Plaza de Acho, durante la feria de octubre. El 96% de las corridas de toros se lleva a cabo en provincias, como en la provincia del colega, en Huancayo, en Junín, en Cajamarca, en Arequipa, en Celendín, en diferentes partes del país. Entonces, sí es, efectivamente, un monumento histórico. Gracias. La señora PRESIDENTA (Natalie Condori Jahuira).— Continúe, congresista Cárdenas Cerrón. El señor CÁRDENAS CERRÓN (NGP).— Antes de darle la interrupción al congresista García Belaunde, quisiera decir que el distrito de Concepción, en Junín, es una de las primeras ciudades a nivel nacional en que la autoridad se ha declarado amiga de los animales y ha destruido el coliseo de toros de esa ciudad. Creo que este es un ejemplo de que no todos estamos de acuerdo. Y los juegos que se realizan allá con los toros son eso: juegos; no los matan. 24

Cedo la interrupción al congresista García Belaunde. La señora PRESIDENTA (Natalie Condori Jahuira).— Tiene la interrupción, congresista García Belaunde. El señor GARCÍA BELAUNDE (AP-FA).— Presidenta, con esta propuesta se trata de revalorar el Rímac, de darle su valor a un distrito que es tan antiguo como la ciudad de Lima y que tiene unos monumentos extraordinarios pero en mal estado. Hay, entonces, que recuperar el Rímac para que pueda ser un centro de turismo como es hoy día la ciudad. Y no hablemos de la plaza de toros, porque podemos dar mañana una ley que prohíba las corridas, y no pasó nada. Me parece que hay que presentar un proyecto de ley para que se prohíban las corridas, y aquí no pasó nada. Pero no hay que usar el argumento sobre el monumento como tal, porque con ese criterio habría que destruir el Tribunal de la Santa Inquisición, aquí a media cuadra, donde funcionaba el Senado y donde funciona el Museo del Congreso; porque ese Tribunal mató a muchísimas personas acusadas de infieles y herejes. Y con ese mismo criterio, el Coliseo Romano, donde sacrificaron a tantas personas, desde el siglo I hasta el siglo X, también tendría que ser destruido. Y ni hablar de recuperar los alrededores del Coliseo Romano, porque ese lugar fue un centro de sacrificio humano. La señora PRESIDENTA (Natalie Condori Jahuira).— Continúe, congresista Cárdenas Cerrón. El señor CÁRDENAS CERRÓN (NGP).— Presidenta, nosotros solicitamos que los congresistas defensores de los animales valoren este planteamiento. No estamos en contra del Corredor Turístico; que se sigan todos los procedimientos que correspondan respecto al Paseo de Aguas, a la Iglesia de San Lázaro, a la Alameda de los Descalzos, a la Alameda de los Bobos, pero que se retire la referencia a la Plaza de Acho. ¿Tan difícil es entender que no estamos de acuerdo con ningún monumento que tenga que ver con el asesinato y el sufrimiento innecesario de los animales? Ojalá que se valore y que el presidente de la Comisión pueda hacer caso a esta sugerencia que estamos haciendo aquí en este momento. Gracias. La señora PRESIDENTA (Natalie Condori Jahuira).— Tiene la palabra el congresista Bedoya de Vivanco. El señor BEDOYA DE VIVANCO (PPC-APP).— Señora Presidenta: Voy a hacer un par de comentarios breves en torno a este proyecto. En primer lugar, tal como reza la sumilla o encabezamiento, lo que se propone es declarar de necesidad pública el mejoramiento y la renovación de la calidad habitacional, a través de programas de destugurización, del entorno de la Plaza de Acho y otros ejes turísticos.

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Yo recuerdo que, en el quinquenio pasado, una de las leyes iniciales que se aprobó fue una ley de destugurización de los inmuebles en todo el país, precisamente para recobrar su valor y ponerlos en valor. Y ha resultado letra muerta, porque los municipios han evidenciado su incapacidad para asumir las tareas que se les delegaba en virtud de esa ley. En consecuencia, no vaya a ser que esta ley, al igual que la de hace ocho o nueve años, resulte letra muerta, papel mojado en tinta, que a nada conduce. Y en segundo lugar, y pido al presidente de la Comisión dictaminadora que preste atención, hay una cita equívoca o errada. Ya que el presidente está ocupado en otros menesteres, pido, en todo caso, que los asesores presten atención. En el artículo 3 de la ley, que se refiere al sujeto activo de la expropiación, se designa como tal a la municipalidad distrital del Rímac, a la que se faculta para que inicie los trámites correspondientes a los procesos de expropiación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 27117, Ley General de Expropiaciones. Parece que los autores del proyecto no han reparado en que esa ley está derogada. En efecto, en uso de las facultades legislativas que dimos hace unos meses al Ejecutivo, este ha expedido el Decreto Legislativo 1192, que expresamente deroga la Ley 27117. En consecuencia, pido rectificar esa cita que se refiere a una ley ya derogada. Gracias. La señora PRESIDENTA (Natalie Condori Jahuira).— Tiene la palabra el congresista Salazar Miranda. El señor SALAZAR MIRANDA (GPFP).— Señora Presidenta: Este es un proyecto interesante porque está poniendo el dedo en la llaga. Estamos viendo el estado en que se encuentran todos los monumentos históricos en Lima, como también en el Rímac, y producto de ello es este proyecto de ley que avizora esa situación y se circunscribe a los problemas que existen en el Rímac. Pero no solamente se trata de los problemas del Rímac, porque la tugurización está en todo el centro de Lima. Todo país pondera su capital y pone en valor sus recursos arqueológicos, el valor les da un adicional. Creo que, aprovechando este proyecto de ley, podríamos extenderlo también al centro de Lima, para poder ponderar todos y cada uno de los recursos arqueológicos que tiene la capital, a fin de ponerla a nivel de las otras capitales latinoamericanas y europeas. Considero que esto es importante, y ese es el aporte que quiero hacer, a los efectos de que el presidente de esta Comisión pueda adicionar el Centro Histórico de Lima, y encargar de ello, obviamente, a la Municipalidad de Lima, para que pueda dirigir la tarea y solicitar los recursos necesarios para la puesta en valor de nuestro Centro Histórico que se cae cada vez más. Estamos viendo eso por muchos lugares, específicamente en el centro de Lima, donde existen casas demasiado antiguas. Estamos perdiendo el valor histórico de lo que significa 26

la Capital de América, nuestra Lima; e indudablemente el colapso de esta infraestructura va desmereciendo a nuestra capital, la Ciudad de los Reyes, y es importante ponerla en valor conjuntamente con algunos distritos, como ya se manifiesta en esta ley. Ese es mi aporte, señora Presidenta. Muchas gracias. —Reasume la Presidencia el señor Luis Iberico Núñez. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Tiene la palabra el congresista Elías Ávalos. El señor ELÍAS ÁVALOS (GPFP).— Presidente, me pide una interrupción la congresista Luisa María Cuculiza. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Tiene la interrupción, congresista Cuculiza Torre. La señora CUCULIZA TORRE (GPFP).— Gracias, colega Elías. Presidente, en horas la mañana, cuando el tráfico estaba interrumpido y mi carro estaba frente a lo que es El Buque, tuve la ocasión de poder ver una casa que se cae a pedazos. ¿Qué espera la Municipalidad del Rímac, o la que sea, para que se haga cargo? No puede ser posible que en mis narices hayan empezado a caer las maderas del interior de ese edificio, mientras los balcones se tambaleaban. Tuve que salir del carro porque dije: ‘Esto se viene encima’. ¿Qué están esperando?, ¿que muera gente, que se destruya solo, o que una vez más tengamos que ver una destrucción así? Por eso, hay que apoyar esta ley para que, de una vez por todas, todo lo que es patrimonio histórico lo vean no solamente la municipalidad y los gobiernos locales, sino también el Ministerio de Cultura, para que tome inmediatamente acciones; de lo contrario, nos vamos a ver con muchos muertos, ya que es una construcción de tres pisos, todos ellos de tablones. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Gracias, congresista. Continúe, congresista Elías Ávalos. El señor ELÍAS ÁVALOS (GPFP).— Presidente: Yo soy José Luis Elías y tuve el honor de vivir en un callejón en el Cercado de Lima, en Huancavelica con Angaraes. Recuerdo que cuando estuve en Marruecos, me llevaron al mejor restaurante de la zona, que estaba dentro de una medina. Las medinas son los callejones de Marruecos, y de España también. Considero que este proyecto debe quedar solo con un artículo. Le alcanzo la propuesta al presidente de la Comisión. Quedaría solo el primer artículo que diría: ‘Declárese de necesidad pública el mejoramiento de la calidad habitacional a través de programas de destugurización y renovación urbana, así como la puesta en valor de todo el Cercado de Lima’, en donde están construidos solares o callejones y otras construcciones coloniales, 27

como en los jirones Huancavelica, Moquegua, Cañete, Ica, Pachacamilla o Torrecilla, nombres que se están perdiendo en la historia del Cercado de Lima. Esta es una tarea que le corresponde a los ministerios, al Ejecutivo. Quiero resaltar que rescatar un monumento no significa que tengamos que destruir y dejar sin hogar a muchas personas que viven acá. En la ley, simplemente, se han puesto las direcciones de gente que no conozco y que debe estar muy alterada con esta propuesta. ¿Es que acaso el municipio y el Estado peruano le van a dar otra ubicación dentro del Cercado de Lima o dentro de la zona? ¿O la van a mandar a Ventanilla, una nueva provincia? Mi pedido es que el presidente de esta Comisión analice y acepte mi propuesta, para que el artículo 1 y único quede como está, porque no podemos destruir para poder mejorar. Presidente, me pide una interrupción la congresista por Pisco, señora Anicama. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Tiene la interrupción, congresista Anicama Ñañez. La señora ANICAMA ÑAÑEZ (GPDD).— Señor Presidente, un problema social no tiene figura ni tiene color político, y, por eso, estoy de acuerdo con lo expresado por el congresista Elías, cuando plantea que hay que considerar a las personas. Por humanidad, tenemos que ser sensibles ante la realidad de su economía, una economía con la que no han tenido ninguna oportunidad. Por lo tanto, considero que este proyecto de ley debe ser modificado. Si bien es cierto que se quiere un mejor ambiente para mejorar la imagen del Rímac, y, en este caso, los lugares que van creciendo, que se van expandiendo, necesitan, de hecho, tener una mejor presentación, y estoy de acuerdo con ello; también es cierto que no estoy de acuerdo con que se enajenen posesiones adquiridas, que se saque a gente que está viviendo años en un lugar y que se considere como una tugurización el hecho de no tener oportunidad. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Ya se cumplieron los dos minutos de interrupción, estimada congresista. Continúe, congresista Elías Ávalos. El señor ELÍAS ÁVALOS (GPFP).— Termino, Presidente. En México, cuando hacían el Metro, encontraron maravillas en el subsuelo. No significa que tienen que botarse después los alrededores. Y qué bueno que se mejore la Plaza de Acho. Pero también estoy en desacuerdo con la matanza de los toros y con el daño a los animales, para que se deleiten algunos a los que les gusta la fiesta taurina. Estoy totalmente en contra de la matanza de toros. Hay gente que nos está enviando proyectos de ley, que hay que atender también en la Comisión respectiva. En conclusión, Lima es patrimonio cultural reconocido por la Unesco. No vayamos a perder ese patrimonio por querer destruir unos solares antiguos, cuando lo que tiene que hacer el municipio y el Estado peruano es repararlos y dar seguridad a esa gente. 28

Muchas gracias. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Tiene la palabra el congresista Andrade Carmona. El señor ANDRADE CARMONA (PP).— Presidente: Aparte de mi función legislativa, también soy miembro del Patronato del Rímac, donde estamos viendo la recuperación y la mejora del conjunto de todo el Rímac. Están participando, por ejemplo, personalidades como el señor Raúl Vargas, por todos ustedes conocido, representando a los medios de comunicación. Hay empresas como la Cervecera, Inca Kola, Telefónica, Banco de Crédito, entre otras, que están apoyando el trabajo de mejora del Rímac. Ustedes pueden ir a ver el trabajo que se está haciendo no solo en la Alameda, sino también en la Quinta de Presa, que es parte de la recuperación y de un trabajo en conjunto que se está realizando para mejorar ese patrimonio de la humanidad que es el Rímac y Lima. El Rímac tiene el 40% de ese patrimonio, y esto es una parte de todo el trabajo que se está haciendo. La Plaza de Acho no solo se usa para corridas de toros. Muchos colegas de aquí de Lima, que también participan en actividades políticas, se han reunido varias veces en ese local con sus vecinos, con sus partidarios. Entonces, no es solo para un único uso, sino para múltiples usos. En ese sentido, lo que se está planteando aquí es para seguir mejorando el Rímac en su conjunto, y esta expropiación es con ese fin. Espero que esto sea entendido como un trabajo que viene realizando el Patronato del Rímac, como lo ha pedido su señor alcalde, y de esa forma este proyecto pueda ser aprobado con el voto de todos ustedes. Gracias. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Tiene la palabra la congresista Chávez Cossío. La señora CHÁVEZ COSSÍO (GPFP).— Presidente: Más allá de la posición que podamos tener muchos con relación a la necesidad de ir superando esas actividades, que son constructivas, culturales o positivas para otras personas, estoy de acuerdo con que el sufrimiento de los animales no tiene ninguna justificación, más aún perpetrado por el ser humano. Llegará el momento en que este tipo de actividades no se permitan más. Sé de otros países en los que se llevan a cabo de manera tal que no sean cruentas. Hay países, como Portugal por ejemplo, donde se pone un cojín, donde se evita poner las banderillas, donde se evita dar el puntillazo que se da al inicio al animal, y todos estos actos que son repulsivos para muchas personas, aunque para otras no. En verdad, sí sé de eso, pero no lo justifico.

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Pero, yendo ya al texto de la norma, en el propio dictamen, página ocho, se señala, porque así lo ha hecho ver el Ministerio de Cultura, que en el proyecto no se establece claramente la justificación de la necesidad pública de expropiación de los 11 inmuebles incorporados aquí, ni el uso o destino final de los mismos. De otro lado, sabemos que en la sesión de la Comisión se introdujo, porque no estaba así proyectado, a pedido del viceministro de Patrimonio Cultural, el artículo 7, referido a que la intervención y destino de los bienes inmuebles culturales involucrados en la expropiación deberá concordar con la condición cultural de los mismos y el ambiente urbano monumental en donde se ubican. Nada en este texto nos lleva a decir qué es lo que se va a hacer ahí, y son 11 inmuebles que tienen más de medio siglo de existencia. Y, además, con respecto a esos 11 inmuebles, que tienen dimensiones bastantes grandes, de más de mil metros cuadrados varios de ellos, otros de 361 metros, no se nos dice cuánta gente hay ahí. Porque se habla de destugurización, de mejoramiento de la calidad habitacional, pero no se nos dice qué se va a construir en el área de esos 11 inmuebles expropiados, ni se nos dice cuántas familias viven en esos inmuebles. Hay una casa, como se señala en el inciso k del artículo 4, que tiene un área de mil 275 metros cuadrados. ¿Esa casa está ocupada por una sola familia? El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Continúe, congresista. La señora CHÁVEZ COSSÍO (GPFP).— Luego, en el inciso i), se habla de otro inmueble, con un área de 956 metros; ¿cuántas familias están ahí involucradas? Entonces, no solamente se podría afectar el derecho de propiedad de los titulares de esos bienes, sino el de las personas que pudieran ser las ocupantes, incluso por los 70 años que en la mayoría de casos tienen estos inmuebles. Pero, por otra parte, conociendo lo que ha pasado con el Penal de San Jorge, como recién se está evidenciando, que de la noche a la mañana trasladaron a los internos y, mediante una iniciativa privada, a gente que no está especializada le van a poner a disposición diez mil metros cuadrados en el centro de Lima, con una valorización además cuestionada, para que esa gente construya un moll y supuestamente entregue, no se sabe dónde, ni cuándo, ni cómo... El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Ampliación de tiempo, congresista. La señora CHÁVEZ COSSÍO (GPFP).— Señor Presidente, el congresista Ángel Neyra me solicita una interrupción. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Tiene la interrupción, congresista Neyra Huamaní, por un minuto. El señor NEYRA HUAMANÍ (GPFP).— Muchas gracias, congresista Chávez. Presidente, nos estamos acostumbrando a utilizar al Congreso para beneficio de ciertos neomercantilistas que lo único que buscan es aprovecharse de los terrenos para intereses muy particulares. 30

Eso ya nos pasó hace dos años acá, con el alcalde Peramás, que pretendía hacer lo mismo, con la intención y el pretexto de la renovación de la calidad habitacional a través de programas de destugurización en torno a la Plaza de Acho, y, como decía la congresista Martha Chávez, sin precisar cuál es el fin. Acá solamente se advierte el propósito de quitarles el terreno, pero no se nos dice quiénes son realmente los beneficiarios; y utilizan la destugurización. Esta es una práctica de lobistas, y nosotros no podemos prestarnos a eso. Aquí deben pronunciarse al respecto, y no utilizar al Congreso. Buscan la legalización para el tráfico y especulación de terrenos de todos los peruanos. Gracias. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Continúe, congresista Chávez Cossío. La señora CHÁVEZ COSSÍO (GPFP).— Presidente, aquí no se dice qué se va a construir en ese sitio. En algún momento nos dieron la información. Creo que la vez pasada, cuando se intentó ver esto antes de que vuelva a Comisión, se dijo que ahí se iba a construir estacionamientos, que es lo que necesitan los actuales aficionados a la feria taurina. Antes quizás iban en calesas o a pie; pero ahora necesitan una playa de estacionamiento. ¿En eso vamos a convertir esta área? ¿Qué vamos a hacer ahí: molles, torres? ¿Qué vamos a hacer en esos inmuebles? Nada de eso aparece aquí; es como dar carta blanca. Es más, ya hubo una ley que caducó sin que se utilice, que es la Ley 29650, que dio dos años para hacer lo mismo. Pero, por otra parte, acá no se dice con qué dinero se va a pagar esto; no se precisa el fondo, por lo menos. Si se me ha pasado, que me lo digan. He leído el dictamen y no se dice de dónde va a salir el dinero. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Ampliación de tiempo, congresista. La señora CHÁVEZ COSSÍO (GPFP).— Presidente, lo menos que debiera pasar es que con precisión se nos indique qué va a resultar mañana, cuando se ejecuten esos programas de destugurización de dicho entorno. ¿De cuántas familias estamos hablando? Nadie puede oponerse a estos programas de destugurización. Creo que es un principio de respeto a la dignidad humana el que no haya gente que tenga que vivir en condiciones de miseria, de permanente peligro, de humedad y de todo lo que significa la tugurización. Pero, con el argumento de lo que puede ser la comodidad para un sector que tiene derecho a tener ciertas aficiones, mientras no haya una ley que las prohíba, no nos pidan que otras personas vean sacrificados sus derechos más elementales en pro de conseguirle a aquel sector su bienestar o su comodidad. Esta, además, es una actividad que cada día va siendo objeto de mayor noticia en el sentido de que no enriquece al ser humano. Gracias. 31

El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Tiene la palabra el congresista Pari Choquecota. El señor PARI CHOQUECOTA (GPDD).— Presidente: Un programa de destugurización para recuperar los valores históricos, arquitectónicos y de importancia turística es muy importante y relevante. Pero hay que hacer las cosas con mucho cuidado. Creo que hay dos situaciones que debemos indicar. ¿Por qué hacer un programa de recuperación en torno a un lugar donde se desarrolla una actividad tan controversial? ¿Por qué no en torno a la Alameda de los Descalzos, por ejemplo, en cuya recuperación todos entramos en consenso? Pero hay que dar un gesto político, y también un gesto a toda una población que tiene una opinión contraria a lo que implican las corridas de toros. ¿Por qué centrar todo en un lugar que simboliza una actividad de muerte? ¿Por qué no centrarnos en el entorno de la Alameda de los Descalzos, por ejemplo? ¿Por qué no en otro lugar simbólico que ayude a entender su importancia arquitectónica para su necesaria recuperación? Eso en primer lugar. En segundo lugar, es totalmente cierto que no hay claridad porque no se dice para qué es lo que se va a expropiar. Decir ‘Exprópiese’, pero sin señalar para qué es, resulta sumamente peligroso. No vaya a ser que ahí aparezca otro tipo de negocios, inmobiliarias o algo así. Eso tiene que estar explícitamente aclarado; porque, si no, estaríamos dando carta blanca, y eso es muy peligroso. Estamos de acuerdo en que hay que modernizar esa zona, y para eso debe haber un diseño y total claridad. No es cuestión de que demos una ley y digamos ‘exprópiese porque necesitamos esto’, sin decir qué es lo que se va a hacer en esa expropiación, o cuáles van a ser los criterios de destugurización, los elementos que hay detrás de todo esto. Eso tiene que quedar claro. Creo que el Congreso en su conjunto quiere que las familias vivan dignamente y, a la vez, recuperar los valores históricos, monumentales y de orden arquitectónico, que son muy importantes en el Rímac y en todo el país; porque, lamentablemente, esos entornos se encuentran descuidados, sin ningún tipo de intervención del Estado o de otros sectores para que puedan ser impulsados. Pero en eso tiene que haber total claridad. Entonces, hay esos dos aspectos. No debemos cerrarnos en un simbolismo cuestionado. Hay que buscar simbolismos que nos ayuden a entender mejor y también aclarar para qué se expropia. Presidente, el congresista me está pidiendo una interrupción. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Tiene la interrupción, congresista Cárdenas Cerrón. El señor CÁRDENAS CERRÓN (NGP).— Presidente, como estamos viendo, congresistas de muchísima experiencia, como la congresista Martha Chávez, nos está orientando 32

respecto del artículo 4 de esta propuesta legal, que está generando una preocupación sobre los bienes a expropiar. Si bien es cierto que en esta propuesta vemos qué bienes se van a expropiar, vemos el pago de justiprecio, vemos los procedimientos y la responsabilidad que asume la municipalidad distrital del Rímac, también es cierto que en ninguno de sus siete artículos se establece la forma de financiamiento; y por eso quiero hacer una sugerencia, que ojalá pueda ser considerada, independientemente de si el artículo 4 va a ser valorado, porque dos congresistas han expresado su opinión al respecto, que me parece que es muy digna de resaltar, para que la Comisión la tenga en consideración. Lo que nosotros queremos proponer es un artículo, que sería el artículo 8, sobre el financiamiento, que diría: ‘Lo establecido en la presente ley se financia con el cargo al presupuesto institucional de la municipalidad distrital del Rímac, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público’. Vamos a hacer llegar esta redacción al presidente de la Comisión. Gracias. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Puede continuar, congresista Pari Choquecota. El señor PARI CHOQUECOTA (GPDD).— Presidente, yo plantearía, como cuestión previa, que esta propuesta vuelva a Comisión, por las siguientes razones. Una: que se nos aclare cuál es el destino, debidamente fundamentado, de los predios que se pretende expropiar; porque yo no puedo dar mi voto por una relación de predios sin saber cuál es la razón y en qué se van a utilizar. No vaya ser que haya un lobby o un negocio por ahí, y el Congreso esté avalando eso. En todo caso, ese es muy delicado, porque estamos hablando de propiedades concretas. Por lo tanto, es importante saber qué se va a hacer ahí. Si hay una razón clara de lo que se va a hacer ahí y va a contribuir al proceso de recuperación, con mucho gusto votaremos a favor. Sin embargo, tiene que haber claridad, porque se da una simple relación; más aún, hay personas que no conocemos, ni siquiera sus nombres. Entonces, cómo vamos a endosar nuestro voto por algo que no se conoce. Y dos: creo que el simbolismo es importante, y la Plaza de Acho es un símbolo de muerte y sangre según nuestro punto de vista. Habrá opiniones muy respetables que sean contrarias. Sin embargo, si se quiere resaltar la Alameda de los Descalzos, que es un símbolo sumamente importante del Rímac, todo el mundo estaría de acuerdo. ¿Por qué no plantear, entonces, un símbolo nuevo que nos integre en lugar de uno que nos separe? El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Para concluir, congresista. El señor PARI CHOQUECOTA (GPDD).— Son estas las razones que sustentan la cuestión previa que me permito plantear, para que la propuesta vuelva a Comisión a fin de que se nos aclare el destino de esta expropiación. 33

El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— En su momento se votará la cuestión previa. Tiene la palabra el congresista Coa Aguilar. El señor COA AGUILAR (NGP).— Presidente: Pienso que se está distorsionando un poco el sentido de este debate porque, en primer término, esta es una iniciativa, de acuerdo al fuero constitucional y al marco jurídico de las municipalidades, estrictamente de competencia de la municipalidad distrital del Rímac. Creo que aquí sí hay coherencia. Ellos han identificado alrededor de 800 predios que están en estado calamitoso y que contribuyen a un escenario de tugurización, no solo del Rímac sino de gran parte de Lima; y, dentro de ello, se está sugiriendo la intervención urgente, apremiante, en 11 predios. ¿Esto es o no competencia, es o no atribución, de acuerdo al marco regulatorio de las municipalidades, de la municipalidad distrital del Rímac? Lo es, y estos programas estarán comprendidos dentro de sus instrumentos de gestión, como son sus planes integrales de desarrollo, sus planes de expansión urbana, sus planes de habilitación urbana, etcétera. Pero la lectura que hacemos de esta iniciativa legislativa, que evidentemente es una iniciativa básicamente declarativa, cuando declara de necesidad pública el mejoramiento y la renovación de la calidad habitacional en torno a la Plaza de Acho, no debe confundirse con argumentos que quieran descalificar algo que ciertamente es controversial, pero sobre el cual hay distintos puntos de vista, como es el tratamiento de la Plaza de Acho y el que debe darse a las corridas de toros o a las fiestas taurinas, que son materia de una discusión distinta. No olvidemos que hay tres ciudades en el Perú reconocidas como patrimonio cultural de la humanidad, que son Cusco, Arequipa y Lima, y que el 40% del patrimonio cultural reconocido dentro del contexto de Lima está en el distrito del Rímac. Y por la propia Unesco, todas las alamedas en torno a la Plaza de Acho han sido reconocidas como parte de ese patrimonio cultural engarzado a la ciudad de Lima. Entonces, creo que aquí debe haber objetividad. Estos criterios contrarios, de oposición a las fiestas taurinas, que vuelven a ser un tema controversial, deben dejarse de lado; porque en ese caso aquí sí nos enfrascaríamos en un debate sobre cuál es el legado cultural que se nos ha dejado a través de los tiempos y de la historia. Si no, recordemos los cientos, por no decir miles, de festividades tradicionales que existen en los pueblos de los andes y la amazonía, en los cuales las fiestas taurinas revisten un carácter absolutamente importante y singular. Este es un debate distinto, que no tiene por qué ser confundido en este escenario. Así que recomiendo... El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Gracias, congresista. Finalmente, tiene la palabra el presidente de la Comisión de Vivienda y Construcción, congresista Merino de Lama. 34

El señor MERINO DE LAMA (APFA).— Presidente, agradezco la participación de todos los congresistas estrictamente dirigida a que este proyecto reciba hoy la aprobación del Pleno soberano. Hace cerca de dos años, cuando se debatió este proyecto, hubo casi las mismas intervenciones y observaciones; y a raíz, justamente, de las observaciones se invitó al alcalde del distrito del Rímac y al Ministerio de Cultura, y se levantaron esas observaciones, sobre las que hoy, persistentemente, han hecho comentarios algunos parlamentarios. Sin embargo, ante las preocupaciones concretas de los parlamentarios sobre qué es lo que pretende el proyecto, quiero señalar que este pretende recuperar el espacio urbano y promover la construcción de viviendas en zonas residenciales del distrito con la participación ciudadana. Esto es, creo, fundamental; y muy bien lo ha dicho el congresista Coa, y lo han dicho otros parlamentarios. Casi todos los parlamentarios que han participado han coincidido en que al proyecto se le puedan hacer algunas mejoras. Este es un proyecto que ha sufrido algunas modificaciones que muy bien voy a señalar en el resumen. Sin embargo, el congresista Bedoya ha hecho una observación, que estamos recogiendo estrictamente en el texto final que vamos a presentar. Efectivamente, el artículo 3 habla, justamente, de dejar sin efecto, y el Decreto Legislativo 1192 se incorpora en este artículo, que vamos a alcanzar a la Presidencia para que sea leído. Igualmente, el congresista Cárdenas hizo una propuesta que estamos recogiendo; en ese sentido, estamos agregando un artículo sobre el financiamiento, que dice: ‘La presente ley se financia con cargo al presupuesto institucional de la Municipalidad Distrital del Rímac sin demandar recursos adicionales del Tesoro Público’. Creo que aquí se requiere la capacidad del alcalde para lograr que esos terrenos realmente cumplan el propósito de esta iniciativa. Sin embargo, el congresista Elías Ávalos planteó que esta medida se extienda ampliamente. Eso no podría ser posible porque distorsionaría una ampliación de esa naturaleza, que aquí está definida; y se han definido estrictamente de acuerdo con lo que hay en los Registros Públicos. De repente, eso era parte de la observación que hizo el expresidente del Congreso, congresista Abugattás, que no se encuentra aquí presente, sobre la ubicación de una de las propiedades, que el proyecto recoge estrictamente sobre la base de las fichas técnicas existentes en los Registros Públicos. Aquí no cabe decir que en Google no aparece, porque eso no concierne al ámbito del proyecto de ley que vamos a aprobar el día de hoy. Por lo demás, acerca de las intervenciones de los parlamentarios sobre la Unesco y el patrimonio histórico, se trata precisamente de destugurizar parte del 40% de ese patrimonio que tiene Lima en lo que corresponde a la zona del Rímac. El congresista Salazar se ha pronunciado en el mismo sentido del congresista Andrade, que ha hecho un comentario y a quien felicito porque él justamente forma parte de quienes están vinculados a este tema, en el ámbito de la competencia que tiene el Patronato; y claramente ha hecho el señalamiento de que no trastoquemos lo que significa este proyecto con las corridas de toros. Este proyecto está direccionado única y 35

estrictamente a poder lograr destugurizar el Rímac; y la competencia la va a tener la municipalidad. Quiero referirme al comentario que se hizo sobre las familias. Creo que es muy clara la experiencia de Ica, por ser una experiencia vivida. No vaya a ser que mañana suceda — estamos hablando de fenómenos naturales— un fenómeno de la naturaleza y que pierdan la vida personas que habitan una zona que ya no tiene condiciones para vivir. Tiene que ser la municipalidad la que pueda generar mejor calidad de vida a través de los programas que existen. De eso va a depender la aprobación de esta norma. Para terminar, recojo el planteamiento del congresista Cárdenas. No tenemos ningún inconveniente en retirar lo sugerido por él en el numeral 2.2, que diría: ‘Las razones de necesidad pública que se establecen en el artículo 1 de la presente Ley obedecen a factores que coadyuvan al desarrollo de la ciudad de Lima, beneficiando directamente a la población y contribuyendo al embellecimiento de la ciudad’. Entonces, toda esa parte ‘los cuales permitirán resaltar un monumento nacional, como la Plaza de Acho…’, la estamos retirando, para evitar cualquier tipo de oposición. Eso no le quita el asunto de fondo al proyecto. Presidente, la congresista Martha Chávez me pide una interrupción. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Tiene la interrupción, congresista Chávez Cossío. La señora CHÁVEZ COSSÍO (GPFP).— Gracias, congresista Merino. Se me quedó en el tintero una observación con relación a tres inmuebles, que son los señalados en los incisos h), i) y k), y que también aparecían en la Ley 29650, que ya caducó; pero la diferencia es que acá aparecen con un metraje y con propietarios distintos a los que aparecían en la ley anterior. Entonces, aquí puede haber un problema. Por otra parte, Presidente, nos hemos informado de que aquí lo que se estaría tratando, aunque no se recoge en el texto, es hacer proyectos de vivienda, inclusive podría haber hasta un convenio con el Ministerio de Vivienda. Entonces, planteo que esta propuesta vuelva a Comisión, para que se exhiban ahí esos convenios y para que se integre a estos la información que nos asegure que en lugar de hacerse ahí un moll, se van a hacer, dentro del escenario monumental del entorno, viviendas para quienes son hoy los ocupantes de esos inmuebles, y con preferencia para ellos. Creo que esa sería la única razón por la que este Congreso se podría involucrar en un proyecto de esta naturaleza. Gracias. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Continúe, señor presidente de la Comisión de Vivienda. El señor MERINO DE LAMA (APFA).— Presidente, me pide la segunda interrupción la congresista Celia Anicama. 36

El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Tiene la interrupción, congresista Anicama Ñañez. La señora ANICAMA ÑAÑEZ (GPDD).— Presidente, con respecto a la reubicación de las personas afectadas por el desplazamiento que se pretende hacer con esta ley, pediría que se tome en cuenta su reubicación dentro de la jurisdicción de cada alcaldía, en este caso, ya que se va a ampliar la potestad. Gracias. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Continúe, congresista Merino de Lama. El señor MERINO DE LAMA (APFA).— Presidente, respecto a la preocupación de la congresista Celia Anicama, que también ha participado en el debate, creo que está recogida en que esta ley dé preferencia y facilidad a esos moradores para que puedan tener una vida digna. En cuanto a la preocupación de la congresista Martha experiencia en apoyar a nuestros alcaldes en proyectos de perfectamente que deben tener el terreno para ver lo que pidiendo el desarrollo de los proyectos habitacionales para imposible llevar eso en un proyecto de esta naturaleza.

Chávez, los que tenemos inversión pública sabemos van a hacer. Aquí se está poderlos testimoniar. Sería

Por lo demás, habiendo recogido las preocupaciones de cada uno de los congresistas, voy a alcanzar el texto final para que se le dé lectura y se ponga a votación, pidiéndole al congresista Juan Pari que se sirva retirar su cuestión previa, porque creo que su preocupación está recogida estrictamente en el tema urbanístico, que es para mejora y destugurización del Rímac. Eso es todo. Muchas gracias. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Antes de ver si el congresista Pari Choquecota recoge o no el guante del congresista Merino, la Mesa Directiva expresa su saludo a la delegación de profesores de la institución educativa Dora Mayer, del distrito de Bellavista, provincia constitucional del Callao, que celebra el 50.° aniversario de su creación institucional. Ellos están en la galería del Congreso acompañados por el congresista Enrique Wong Pujada. (Aplausos). A menos que el congresista Pari Choquecota cambie de idea, pasaríamos a consultar la cuestión previa. Tiene la palabra, congresista.

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El señor PARI CHOQUECOTA (GPDD).— Presidente, vuelvo a insistir: mientras no se precise para qué y cuál es la razón de la expropiación, creo que el proyecto debe volver a Comisión. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Se va a consultar la cuestión previa planteada por el congresista Pari Choquecota para que el proyecto retorne a la Comisión de Vivienda. Los congresistas se servirán registrar asistencia para proceder a votar. —Los señores congresistas registran su asistencia mediante el sistema digital para verificar el quórum. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Han registrado su asistencia 86 congresistas. Al voto. —Los señores congresistas emiten su voto a través del sistema digital. —Efectuada la consulta, se aprueba, por 56 votos a favor, 23 en contra y dos abstenciones, la cuestión previa planteada. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Ha sido aprobada. Se deja constancia del voto a favor de los congresistas Crisólogo Espejo, Gamarra Saldívar, Teves Quispe y De la Torre Dueñas; del voto en contra de la congresista Uribe Medina; y de la abstención de los congresistas Mendoza Frisch y Huayama Neira. La cuestión previa ha sido aprobada. “Votación de la cuestión previa del congresista Pari Choquecota Señores congresistas que votaron a favor: Abugattás Majluf, Acuña Peralta, Aguinaga Recuenco, Anicama Nañez, Apaza Ordóñez, Bardález Cochagne, Becerril Rodríguez, Bedoya de Vivanco, Belaunde Moreyra, Beteta Rubín, Cabrera Ganoza, Cárdenas Cerrón, Castagnino Lema, Ccama Layme, Chacón De Vettori, Chávez Cossío, Condori Jahuira, Cordero Jon Tay, Cuculiza Torre, Delgado Zegarra, Díaz Dios, Eguren Neuenschwander, Elías Ávalos, Fujimori Higuchi, Gastañadui Ramírez, Grandez Saldaña, Hurtado Zamudio, Isla Rojas, Jara Velásquez, Llatas Altamirano, Medina Ortiz, Molina Martínez, Nayap Kinin, Neyra Huamaní, Neyra Olaychea, Oseda Soto, Pari Choquecota, Pariona Galindo, Reátegui Flores, Rimarachín Cabrera, Rivas Teixeira, Romero Rodríguez, Saavedra Vela, Salazar Miranda, Salgado Rubianes, Sarmiento Betancourt, Schaefer Cuculiza, Solórzano Flores, Spadaro Philipps, Tan de Inafuko, Tubino Arias Schreiber, Valencia Quiroz, Valqui Matos, Yrupailla Montes, Zamudio Briceño y Zerillo Bazalar. Señores congresistas que votaron en contra: Andrade Carmona, Apaza Condori, Canches Guzmán, Capuñay Quispe, Chehade Moya, Dammert Ego Aguirre, Espinoza Cruz, García Belaunde, Huaire Chuquichaico, Inga Vásquez, Lay Sun, León Romero, Lescano 38

Ancieta, Lewis del Alcázar, Merino de Lama, Mulder Bedoya, Pérez del Solar Cuculiza, Portugal Catacora, Rodríguez Zavaleta, Rondón Fudinaga, Tait Villacorta, Tejada Galindo y Wong Pujada. Señores congresistas que se abstuvieron: Coa Aguilar y Mavila León.” Se aprueba en primera votación el texto sustitutorio materia de debate, contenido en el dictamen de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del período anual de sesiones 2013-2014, sobre la Ley de la Carrera Fiscal; y a continuación se acuerda exonerarlo de segunda votación El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— El siguiente punto. El RELATOR da lectura: Dictamen en mayoría de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con un texto sustitutorio de los Proyectos de Ley 2408/2015-CNM y 3012/2013-CR, por el que se propone la Ley de la Carrera Fiscal.(*) El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Vencido el cuarto intermedio, continúa el debate del dictamen en mayoría de la Comisión de Justicia, con un texto sustitutorio de los Proyectos de Ley 2408 y 3012, por el que se propone la Ley de la Carrera Fiscal. Con fecha 22 de octubre de 2015, a las 11 y 33 horas, el presidente de la Comisión dictaminadora presentó un nuevo texto sustitutorio. Tiene la palabra el presidente de la Comisión de Justicia, congresista Eguren Neuenschwander. El señor EGUREN NEUENSCHWANDER (PPC-APP).— Presidente: Con relación al proyecto de Ley de la Carrera Fiscal, el dictamen ya ha sido sustentado y debatido en sesión anterior, y varios señores parlamentarios han hecho una serie de propuestas, muchas de las cuales han sido recogidas en el texto sustitutorio que se está entregando. Justamente para ello pedimos un cuarto intermedio: para poder recoger algunas propuestas. Entre los cambios, tenemos el primero, en el artículo IV, del Título Preliminar, donde se ha recogido la propuesta del congresista Spadaro: ‘Los fiscales están sujetos a ratificación por el Consejo Nacional de la Magistratura de conformidad con el artículo 154 numeral 2 de la Constitución Política’. Es un asunto de precisión, para que quede expreso y no haya una remisión a la Constitución. En el artículo 3 se ha aceptado una propuesta, y quedaría: ‘El acceso al primer y cuarto nivel de la carrera fiscal es abierto. En el segundo y tercer nivel, el ascenso es abierto con reserva del 30% de plazas para los fiscales que pertenecen a la carrera’. Se modifica el inciso 2 del artículo 9 (está en negrita la modificación): ‘o haberse desempeñado como asistente de función fiscal’. No se había considerado a los asistentes

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de función fiscal dentro de la línea de carrera con posibilidad de ser aspirantes al ingreso de la carrera. Se les incorpora. En el artículo 12, también se acepta la propuesta y quedaría de la siguiente manera: ‘Dicha convocatoria se realizará mediante publicación, por tres veces consecutivas en el diario oficial El Peruano (se aumenta lo siguiente), en el de mayor circulación del distrito fiscal donde se realiza el concurso y en el portal web del Consejo Nacional de la Magistratura’. En el artículo 19, también se acepta. En el artículo 25, se mejora la redacción. En el artículo 40, hemos recogido el cambio propuesto por el congresista Urquizo: los presidentes y vicepresidentes regionales, ahora son gobernadores y vicegobernadores regionales. Estaba consignado ‘subcontralor’, cuando en realidad la nomenclatura adecuada es vicecontralor. De esa manera, se cumple con el Proyecto de Ley 4724, del Consejo Nacional de la Magistratura. Y se acepta el aporte con relación a no tener afiliación vigente en ningún partido político. Los fiscales no pueden estar afiliados a partidos políticos. También ello fue propuesto por el congresista Guevara, y se acepta en el artículo 4, inciso 8. En el artículo 39, se consigna la prohibición de los fiscales para ser proveedores del Estado con una nueva redacción: ‘Ser proveedor del Estado, ya sea como persona natural o como representante, titular de acciones o participaciones, directivo o administrador de persona jurídica. Del congresista Belaunde Moreyra, se acepta también su propuesta para el artículo 106, inciso 5, que queda de la siguiente: ‘Separación definitiva por disposición del Consejo Nacional de la Magistratura’. Se hablaba de separación definitiva, pero no se señalaba por disposición de quién. Se está consignando al Consejo Nacional de la Magistratura. El congresista Beingolea, con relación al artículo 106, hizo la misma observación que el congresista Belaunde Moreyra. En consecuencia, también queda recogida. En relación con el artículo 21, Entrevista personal, se ha recogido la propuesta para el inciso 4: ‘Conocer sus opiniones sustentadas sobre la función del Poder Judicial y del Ministerio Público’. Se retiran ya las preguntas sobre la reforma del sistema judicial, porque no necesariamente a lo largo de la vida útil de la ley que estamos planteando se tiene que estar discutiendo una reforma. En el inciso 6 se consigna ‘la realidad nacional contemporánea’; y en el inciso 7, ‘con los operadores jurídicos’. El congresista Zeballos hizo un aporte para el artículo VII del Título Preliminar, el cual se acepta y queda redactado de la siguiente manera: ‘Artículo VII. Especialización 40

La carrera fiscal garantiza y preserva la especialización de los fiscales, salvo las excepciones de Ley’. Lo que se agrega es ‘salvo las excepciones de Ley’. El Ministerio Público también ha hecho aportes con relación a la Ley 30270, que modifica artículos de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura. Se aceptan, porque en la Constitución Política del Perú, artículo 2.°, inciso 10, se establece la competencia de los que pueden solicitar el levantamiento del secreto bancario y de las comunicaciones. En el texto primigenio estábamos yendo más allá de lo consignado en la Constitución. Finalmente, hay cambios de forma por técnica legislativa en el artículo 19.2, inciso b). Para mejorar la redacción debe decir: ‘La evaluación de rubro de capacitación considera los certámenes académicos’. Se suprime la palabra ‘de’ del segundo párrafo del inciso c). En el artículo 69 se agrega la ‘y’ entre el inciso 2 y el inciso 3. En el Título III debe decir: ‘Deberes, derechos y prohibiciones’. En el artículo 33, el numeral 12 debe decir: ‘Por su naturaleza’; el numeral 15: ‘de conductas que contravengan’; y el numeral 21: ‘someterse a la evaluación de desempeño’. En el artículo 70 se debe cambiar la palabra ‘emitidos’ por ‘emitidas’. Asimismo, en el tercer párrafo de dicho artículo se cambia la frase ‘los mismos’ por ‘las mismas’. También se agrega en este párrafo, para que se precise: ‘en los porcentajes en que cada uno de estos pronunciamientos corresponde’. En el artículo 71, para una mejor redacción y evitar redundancia, en la parte final se precisaría la frase siguiente: ‘dados en el ejercicio de dicha función’. En el artículo 73, último párrafo, se agrega la letra ‘s’ a la frase que quedaría ‘expedientes establecidos’, en plural. En el artículo 75, numeral 2, debe decir: ‘y que fueron reactivados’; ‘reactivados’ es lo que se agrega. Y en el artículo 104 se reemplaza la palabra ‘corno’ por ‘como’. Eso es todo, señor Presidente. Con esto tenemos recogido la mayor parte de los aportes finales. Se incorpora el proyecto de ley del Consejo Nacional de la Magistratura. Se recogen aportes del propio Ministerio Público. Y se ha realizado el control de técnica legislativa. Gracias. —Reasume la Presidencia la señora Natalie Condori Jahuira. La señora PRESIDENTA (Natalie Condori Jahuira).— Tiene la palabra el congresista Mesías Guevara.

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El señor GUEVARA AMASIFUEN (AP-FA).— Presidenta: Le doy las gracias al colega Eguren por haber recogido las propuestas que hemos hecho. Solamente quiero hacer un pedido. El día anterior al debate se pidió que se acumule un proyecto de ley que tiene que ver con este tema; pero ahora le estoy solicitando que se acumule el Proyecto de Ley 4918/2015CR, en virtud de que el otro proyecto había sido decretado a la Comisión de Constitución, y ahora ha sido decretado a la Comisión de Justicia. Es decir, técnicamente ahora sí se puede acumular. Por lo tanto, hago el mismo pedido, para que el Proyecto de Ley 4918 sea acumulado al dictamen en debate, porque recoge la esencia de lo que usted, colega, ya en su momento ha expuesto, por lo cual le reitero mi agradecimiento y saludo su espíritu democrático. Gracias. La señora PRESIDENTA (Natalie Condori Jahuira).— Tiene la palabra el congresista Abugattás Majluf. El señor ABUGATTÁS MAJLUF (NGP).— Señora Presidenta: Quiero hacer unos comentarios al presidente de la Comisión. Lamentablemente, creo que estaríamos perdiendo, si es que no corregimos, una oportunidad de conceptualizar y ubicar al Ministerio Público donde tiene que estar. Se está ignorando, dentro de la propuesta legislativa, que el nuevo Código Penal ha modificado el rol de los fiscales. Ahora, los fiscales son los que desarrollan la investigación —ya no es la Policía—, y no existe una sola referencia en los requisitos ni en los perfiles ni en las formas, para que los fiscales lleguen preparados en investigación criminal y en todas las áreas pertinentes, para poder realizar una investigación adecuada; cuando simplemente se les pide que sean abogados que hayan enseñado en la universidad o que tengan práctica de abogacía. ¿A qué nos está llevando esto en la práctica? Si ustedes ahondan en el tema y se acercan a la Fiscalía y a la gente que está siendo afectada, se darán cuenta de que la mayoría de los fiscales están, lamentablemente, perdidos en las técnicas de investigación criminal; labor que no tenían cuando ingresaron a la Fiscalía y que seguimos ignorando en la propuesta legislativa. Creo que es una enorme responsabilidad nuestra incorporar esto; salvo que queramos modificar el nuevo Código Penal y eliminar ese traslado de responsabilidades de la investigación criminal a los fiscales, porque eso es lo que está ocasionando el día de hoy múltiples problemas. Yo quería puntualizar ese tema. Y otro tema que quería puntualizar es el de las faltas. Yo no sé cómo podemos considerar falta leve intervenir en una investigación o en un proceso judicial conociendo la existencia de prohibición expresa. Eso resulta una falta leve, ¿y cuál es la sanción? Una cartita de amonestación. Además, abusar el fiscal de sus facultades es una falta leve; al igual que no llevar, injustificadamente, los cursos de capacitación. O sea, si un fiscal nombrado no 42

cumple con la capacitación que le exige la reforma del Ministerio Público o del Poder Judicial, es una falta leve. Las sanciones van por el mismo lado. En otras palabras, si hacemos un análisis detallado de lo que son faltas leves, faltas graves y faltas muy graves, nos daremos cuenta de que los ciudadanos de a pie —no me refiero a los políticos, que tienen abogados— no tienen realmente cómo defenderse, porque dentro... La señora PRESIDENTA (Natalie Condori Jahuira).— Continúe, congresista. El señor ABUGATTÁS MAJLUF (NGP).— Señora Presidenta, pediría que haya silencio. Le agradezco. Si nosotros no somos conscientes de que tiene que haber responsabilidades, y que esas responsabilidades tienen que ser asumidas hasta las últimas consecuencias, no vamos a poder tener un sistema de faltas leves, graves y muy graves, lo que realmente está permitiendo que no haya ningún tipo de sanción. Son cerca de 60 causales incorporadas en el texto; pero, a la larga, todo queda a la discrecionalidad dentro del mismo Ministerio Público. Creo yo que el ciudadano de a pie merece respeto. Él es violentado en su derecho permanentemente, y no existe un mecanismo de sanción que lleve al Ministerio Público a poner orden dentro de su casa. Yo le hago esos dos pedidos al presidente de la Comisión; que revise, reitero, lo de la formación de los fiscales sobre investigación criminal, de la cual carecen y que, lamentablemente, no figura en la propuesta que estamos discutiendo hoy; y lo de las sanciones. La señora PRESIDENTA (Natalie Condori Jahuira).— Concluya, congresista. El señor ABUGATTÁS MAJLUF (NGP).— Si nosotros queremos dar un paso en la lucha contra la delincuencia, contra la corrupción y contra todos los delitos que son competencia del Ministerio Público, tenemos que darle las herramientas y exigir su cumplimiento de acuerdo a los estándares que necesitamos; no a lo que estamos viviendo hoy, en que estamos viendo que no se cumple con los principios elementales de justicia. Gracias. La señora PRESIDENTA (Natalie Condori Jahuira).— Tiene la palabra la congresista Anicama Ñañez. La señora ANICAMA ÑAÑEZ (GPDD).— Presidenta: Traigo el mensaje de mi pueblo, y justamente hemos considerado en la Comisión de Justicia esta situación. Por falta de justicia hay más de tres mil y pico de firmas clamando justicia a este Congreso. A todas las altas autoridades de justicia, y por ende, respecto a esta ley sobre la cual nosotros estamos coincidentemente en evaluación, damos fe de este reclamo que no solamente se da en mi provincia, Pisco, sino también en todo el país. El clamor es popular.

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Vemos las injusticias que se cometen, porque el primer eslabón en la investigación es la Fiscalía de la Nación que acusa. Los fiscales —y no quiero incluir a todos—, lamentablemente, en la mayoría de los casos implican a muchos inocentes presos. Vamos a los centros penitenciarios que hemos tenido oportunidad de visitar, para comprobar in situ, y verdaderamente mucha gente clama justicia y señalan a los verdaderos culpables, que, lamentablemente, están afuera. ¿Quién los calificó? El fiscal, y eso ocurre justamente por no tener una formación. ¿Cómo entran los fiscales? A criterio de una calificación, de un concurso público. Lamentablemente, eso no le da los conocimientos. Como abogado, de todas maneras le falta la formación especial, para que, con conciencia y con equidad de ley, juzgue de acuerdo a lo que emana del poder de la justicia. Lamentablemente, se desvirtúa este derecho por los intereses creados. Eso es lo que dice la población, el país, y por ello es que se incrementa el sicariato. Lamentablemente, los verdaderos sicarios están libres, gozando de la vida con el dinero que roban. Los rateros, los delincuentes amenazan; y eso no lo podemos justificar si es que no se da en este momento la oportunidad para que se enmiende, a través de este Congreso, y se pueda elegir a verdaderos fiscales con una ley que los obligue a capacitarse, para dictar justicia y calificar de acuerdo a ley. Por lo tanto, ellos tienen que prepararse para poder hacer justicia, de modo que los justos estén sueltos y los delincuentes estén presos. Gracias. La señora PRESIDENTA (Natalie Condori Jahuira).— Tiene la palabra la congresista Mavila León. La señora MAVILA LEÓN (AP-FA).— Presidenta: Quiero decirle al congresista Eguren que estoy un poco extrañada, porque en el debate inicial de este proyecto de ley hicimos una propuesta que no está glosada en el texto que ahora se ha presentado y que me parece trascendente. Por eso, insisto. En esta ley, la actuación del Ministerio Público aparece como que es neutra, es perfecta, como que estamos viviendo en una sociedad armónica; y no es así, pues estamos en un particular momento institucional en que, a mi juicio, el actual Fiscal de la Nación tiene todo un reto histórico para hacer frente a una situación —yo me atrevería a decir— de presencia de corrupción y, en algunos casos, hasta de descomposición moral. Por ejemplo, hay demasiada dilación en el trámite en primera instancia en las fiscalías provinciales sobre los casos vinculados al tráfico ilícito de drogas y lavado de activos. Hay procesos que demoran cinco, seis, siete años, ¿y el fiscal? Bien, gracias. Hay el caso de expedientes en que, por la cantidad de insumos documentales que él implica, se requiere usar vehículos para trasladarlos de la Fiscalía al Poder Judicial. El hecho de atender diligentemente el despacho fiscal tiene que ver con el cumplimiento de un plazo razonable en la expedición de las resoluciones del Ministerio Público, sobre todo aquellas que dicen relación con resoluciones de archivo en caso de delitos graves, 44

como tráfico ilícito de drogas, lavado de activos, asociación ilícita para delinquir. Aquí, lo que yo veo es que hay criterios demasiado genéricos para la evaluación del desempeño. Nosotros habíamos planteado, por ejemplo, que las resoluciones de archivo en los casos de tráfico ilícito de drogas y lavado de activos se oficiaran automáticamente al Consejo Nacional de la Magistratura para que sean materia de evaluación; no para cuestionar la discrecionalidad del fiscal pero sí para ver, por ejemplo, la cantidad de archivos. En el caso de Chimbote, ya el pueblo les ha puesto un nombre: ‘fiscales archivadores’; y con ese nomen juris, en el fondo se asume que, detrás de ‘fiscales archivadores’, hay fiscales corruptos que perciben dádivas para el desempeño de la función. Entonces, yo sí creo que la dilación en la expedición de resoluciones del Ministerio Público, la oportunidad en la edición de dictámenes, el balance y contenido de las resoluciones de archivo de delitos graves, debe ser parte de la evaluación del desempeño. La señora PRESIDENTA (Natalie Condori Jahuira).— Continúe, congresista. La señora MAVILA LEÓN (AP-FA).— No podemos dejar la evaluación del desempeño así nomás, como un cajón grueso sujeto a las circunstancias de la coyuntura, sino que hay que consignar algunos elementos objetivos que sean parte de esa evaluación; porque puede haber un fiscal que tenga muchos cartones y que simultánea y paralelamente sea corrupto. En segundo lugar, creo también que hay que evaluar la incoherencia. En Chile ya están evaluando la naturaleza en términos solo de coherencia. Ayer yo revisaba la resolución de una fiscal de Lima en un caso de tráfico ilícito de drogas, y tenía un dictamen en que toda la argumentación estaba orientada a decir que las investigadas obviamente iban a tener una pena privativa de la libertad superior a los cuatro años. Tenían posibilidad de obstaculizar el proceso... La señora PRESIDENTA (Natalie Condori Jahuira).— Concluya, congresista. La señora MAVILA LEÓN (AP-FA).— Concluyo, señora. E incoherentemente, con esa argumentación opinaba, en un caso de tráfico ilícito de drogas de carácter grave, por la aplicación de medidas de comparecencia; con lo que las investigadas han desaparecido, obviamente, porque eran de otra nacionalidad. Entonces, tenemos que incorporar en la evaluación del desempeño, por ejemplo, la cuantía de archivos de casos vinculados a tráfico ilícito de drogas y a lavado de activos, la larga dilación en procesos de naturaleza grave, la permanente incoherencia entre lo que se sostiene en el corpus del dictamen y la medida resolutoria. ¿Y quién puede hacer todo eso en términos profesionales? El Consejo Nacional de la Magistratura, en el momento en que se evalúe la ratificación o no de los integrantes del Ministerio Público.

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Por eso, señor presidente de la Comisión de Justicia, lo que plantearíamos es incorporar, al criterio del desempeño, la coherencia en el contenido de los dictámenes, a criterio de aplicación del plazo debido... La señora PRESIDENTA (Natalie Condori Jahuira).— Concluya, congresista. La señora MAVILA LEÓN (AP-FA).— Gracias, señora Presidenta. La señora PRESIDENTA (Natalie Condori Jahuira).— Tiene la palabra el congresista Díaz Dios. El señor DÍAZ DIOS.— Presidenta: Vamos a ser sumamente breves. Hace dos semanas habíamos solicitado respetuosamente al presidente de la Comisión de Justicia que tenga a bien considerar la acumulación del Proyecto de Ley 4873. Es lo que le pedimos ahora al congresista Eguren. Muchas gracias. La señora PRESIDENTA (Natalie Condori Jahuira).— Tiene la palabra el congresista Spadaro Philipps. El señor SPADARO PHILIPPS (GPFP).— Presidenta: De repente, ha habido una omisión por parte de la presidencia de la Comisión o del órgano técnico, porque vemos que se ha retirado la parte última del artículo 59, que habla del apartamiento del cargo de los fiscales sometidos a queja o a investigación por faltas muy graves. En el caso de la carrera judicial, se establece que se puede levantar el secreto bancario y de las comunicaciones del investigado. Sin embargo, en el dictamen inicial, aprobado por la Comisión, ello se había incluido, y ahora se ha retirado en el texto sustitutorio. Por lo tanto, le pediríamos al presidente de la Comisión que se incluya la parte final, para que se pueda pedir el levantamiento del secreto bancario y de las comunicaciones de los fiscales investigados. Gracias. La señora PRESIDENTA (Natalie Condori Jahuira).— Tiene la palabra el congresista Chehade Moya. El señor CHEHADE MOYA.— Presidenta: Voy a ser muy puntual, mirando a los ojos a mi querido amigo Juan Carlos Eguren, simplemente para hacer una atingencia de orden constitucional. Si bien es cierto que es importante este proyecto de ley, sin embargo, a mí lo que me preocupa es que pueda, en ese extremo, ser objeto de una acción de inconstitucionalidad lo referido a la evaluación parcial. Creo que por el bien del proyecto se debería eliminar toda referencia a lo que es evaluación parcial y a —como acá se ha señalado— la Oficina de Medición del 46

Desempeño, por la razón sencilla de que el único organismo competente para evaluar a los magistrados es justamente el Consejo Nacional de la Magistratura, lo cual se realiza cada siete años. Hay que recordar que justamente es el propio Tribunal Constitucional el que ya declaró inconstitucional los artículos de la Ley de la Carrera Judicial (Ley 29277) referidos a las evaluaciones parciales, tal como se puede apreciar de la sentencia de 22 de marzo de 2010 recaída en el Expediente 0006-2009-AL. Por lo tanto, más allá de los grandes esfuerzos que se han hecho en la Comisión de Justicia, a través de su presidente, congresista Juan Carlos Eguren, creemos que para salvar esta ley, que me imagino que se va a votar mayoritariamente de manera favorable, se debería eliminar —repito— tanto toda referencia a la Oficina de Medición del Desempeño a los magistrados y fiscales, como a toda evaluación parcial, ya que el único organismo constitucionalmente hablando que mide y evalúa a los fiscales y a los jueces es el Consejo Nacional de la Magistratura cada siete años. De lo contrario, habría que hacer una reforma constitucional para que este proyecto de ley no devenga en inconstitucional. Espero que el presidente de la Comisión de Justicia haya tomado nota. Gracias. La señora PRESIDENTA (Natalie Condori Jahuira).— Tiene la palabra el congresista Llatas Altamirano. El señor LLATAS ALTAMIRANO (NGP).— Presidenta: Creo que este es un proyecto de ley importantísimo, pero amerita tenerse en cuenta algunos aspectos que espero que el presidente de la Comisión los pueda considerar. Quiero invocar lo que señala la Ley 26302 en el artículo 81, para acceder al cargo de director y gerente, donde hay unos impedimentos que considero que se deben tomar en cuenta para trasladarlos al presente dictamen. Se trata de normar, y, consecuentemente, tiene incidencia en lo que significa el desempeño de un fiscal y la idoneidad moral. Por ello, sugiero que se incluya en el artículo 4 del proyecto el siguiente requisito: ‘No tener en el sistema financiero créditos vencidos por más de 120 días o que hayan ingresado a cobranza judicial’. Además de ello, en el contenido de esta iniciativa legislativa se habla de que habrá la implementación de una carrera especial para los fiscales. Esto, definitivamente, implica recursos presupuestarios que, al parecer, no están considerados, y, salvo explicación al respecto, no existe el estudio de costo-beneficio de lo que significa el impacto que va a generar este tipo de implementación, lo cual es fundamental. Por tanto, de manera muy puntual hemos hecho el planteamiento de dicho requisito para acceder y permanecer en la carrera fiscal, que estaría contenido en el artículo 4 de la presente iniciativa. Gracias. 47

La señora PRESIDENTA (Natalie Condori Jahuira).— No habiendo más intervenciones, tiene la palabra el presidente de la Comisión de Justicia, congresista Eguren Neuenschwander. El señor EGUREN NEUENSCHWANDER (PPC-APP).— Presidenta, de alguna manera se han repetido argumentos que fueron ya expresados en el debate en anterior sesión. Esta es una ley fundamental. Necesitamos fortalecer nuestras instituciones, aspecto en el que como país tenemos las principales debilidades, y esta norma busca ese fortalecimiento. Obviamente, es una norma compleja, difícil, técnica, que ha tenido que ser durante mucho tiempo trabajada para encontrar mínimos consensos. Entiendo que hay criterios individuales, particulares y algunos detalles por los que no se han logrado conseguir los consensos en esta tarea dura, difícil, de muchos años de trabajo. Son válidos los argumentos; por ejemplo, la preocupación del congresista Abugattás de poner como requisito técnicas de investigación criminal. Sí lo quisiéramos, sin lugar a dudas. Sin embargo, si nos preguntamos qué institución, qué universidad capacita, forma, certifica en técnicas de investigación criminal, no vamos a encontrarla. Si pusiésemos ese requisito, todos los postulantes estarían descalificados porque no lo cumplirían. No quiero decir que ello no se ha preguntado por el Consejo Nacional de la Magistratura, no quiere decir que no se consigne en la evaluación, en la entrevista personal o en el examen de conocimiento. Tiene que estar, debe estar, más aún sabiendo que hay una falencia, y para eso se tiene a la Academia de la Magistratura, que tiene la obligación de formar y capacitar, justamente, en técnicas legislativas —no a todos— a quienes corresponda. A veces, cuando hablamos del Ministerio Público siempre nos orientamos al ámbito penal, probablemente porque es lo más notorio o hace noticia. Pero hay fiscales en lo administrativo, hay fiscales de familia, que no tienen por qué tener como requisito, para esa labor, investigación criminal. No todos los fiscales tienen un rol de investigación criminal; solo los del ámbito penal. En cuanto a sanciones, como bien ha dicho el congresista Abugattás, y es respetable su posición, hay criterios: para uno es más grave una cosa que otra; pero hemos buscado los consensos, con criterios de ponderación, de proporcionalidad, de razonabilidad, y, dentro de ello, además buscando un equilibrio con la Ley de la Carrera Judicial. ¿Por qué? Porque a nivel constitucional se habla de magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público; es decir, a nivel constitucional tienen una misma categoría, y en consecuencia esa ponderación tiene que tener cierta —repito— razonabilidad entre ambas instituciones. La congresista Mavila ha hecho referencia a varios aspectos: cómo luchar contra la corrupción en el Ministerio Público, etcétera. Esta es una Ley de la Carrera Fiscal, no es la Ley Orgánica del Ministerio Público. Sin lugar a dudas, vía la Ley Orgánica del Ministerio Público se puede y se debe, seguramente, estudiar, proponer y aprobar cambios importantes. Pero esta es la Ley de la Carrera Fiscal; o sea, la norma que regula el perfil, 48

cómo se ingresa, cómo es la permanencia, el ascenso, la meritocracia, la evaluación permanente. No entra a resolver problemas sobre las funciones y las competencias, por ejemplo, del Fiscal de la Nación o la Junta de Fiscales; eso corresponde a la Ley Orgánica del Ministerio Público. Como tampoco podemos entrar a tallar en lo que concierne a la dilación de los plazos. Los plazos no son materia de una Ley de carrera. Los plazos tienen que ver con el Código Procesal Penal, y mejor aún, con el nuevo Código Procesal Penal, donde están los plazos de cada una de las actividades que constituyen el proceso. Acá no fijamos los plazos, no corresponde a esta norma establecer los plazos procesales. Sin embargo, se ha tomado en consideración la preocupación válida de la congresista Mavila, y está recogida en el artículo 46, inciso 2: ‘Incurrir en reiterados retrasos y descuidos injustificados en la tramitación de los procesos o diferir las resoluciones por motivo no señalado en la ley procesal de la materia’. Entonces, está recogido el cumplimiento de los plazos. ¿Pero qué plazos? Aquellos establecidos en la ley procesal de la materia. Entonces, no es que no se haya consignado. Se habló también de algunos criterios genéricos. Efectivamente, la Ley de la Carrera Fiscal no es la Ley de la carrera del fiscal penal, del fiscal administrativo, del fiscal en materia familiar. O sea, tiene que haber algunos criterios genéricos aplicados a todos los fiscales, no a cada una de las especialidades dentro de la carrera fiscal. Se ha solicitado que se acumule el Proyecto 4873; no hay ningún inconveniente. Se ha solicitado también que se acumule el Proyecto 4918; tampoco hay inconveniente. Se ha solicitado que en el artículo 59 no se retire la posibilidad de levantamiento del secreto bancario. En realidad, no es necesario consignarlo porque esta materia está en la Constitución. Sin embargo, y tomando en consideración el mismo argumento que he utilizado hace algunos minutos, sobre la necesidad de equiparar en algunos aspectos la Ley de la Carrera Judicial con la Ley de la Carrera Fiscal, al estar consignado en la Ley de la Carrera Judicial, podemos consignarlo también en la Ley de la Carrera Fiscal, sin que sea indispensable; pero no hay inconveniente. El congresista Chehade hizo mención a un pedido que nos vienen haciendo; y a mí también me lo han hecho desde el Ministerio Público. Esa prácticamente es su única preocupación en este momento, y tiene que ver con la evaluación parcial, llámese evaluación de desempeño. Esta ha sido una larga discusión en la carrera judicial, y también se ha trasladado en la Ley de la Carrera Fiscal; y justamente es, diría, un tema sustantivo de la propuesta legislativa de la Carrera Fiscal como lo fue de la Carrera Judicial. Porque si nosotros dejamos que la evaluación sea única y exclusivamente cada siete años, yo pregunto: ¿en qué institución pública o privada vamos a satisfacer las expectativas de mejora continua, de superación permanente evaluando cada siete años? En consecuencia, los magistrados, tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público, deben tener una evaluación permanente que los estimule a la superación, al estudio, a la mejora continua. Es indispensable en cualquier ley de carrera que se pretenda impulsar.

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Efectivamente, la Ley de la Carrera Judicial fue cuestionada ante el Tribunal Constitucional, que aceptó los cuestionamientos pero desde la óptica de la comisión y la composición de la comisión. Acá tenemos la sentencia pertinente que hace relación a la comisión, ¿por qué? Porque la evaluación debe ser una obligación de todas las instituciones, ninguna debería ser exceptuada. Hace poco hemos aprobado la Ley de la Carrera Administrativa. Entonces, es fundamental. Eso no choca con las competencias del Consejo Nacional de la Magistratura, que conserva en autonomía, en exclusividad, como manda la Constitución, la evaluación para efectos de ratificación. El Consejo Nacional de la Magistratura evalúa para efectos de ratificación cada siete años; pero eso no quiere decir que no pueda haber una evaluación permanente y constante del desempeño. Eso es fundamental. Entiendo la inquietud, pero acá, nuevamente, lo que no podemos es dar un tratamiento privilegiado a los magistrados del Ministerio Público versus los magistrados del Poder Judicial. Con relación a lo sugerido por el congresista Llatas, en materia de implementación, en efecto, está consignado y doy lectura: ‘A efectos de la implementación de la presente norma, los órganos competentes del Ministerio Público, Consejo Nacional de la Magistratura y Academia de la Magistratura desarrollan coordinadamente las disposiciones previstas sobre el perfil del fiscal según sus atribuciones’. Esto dentro del artículo 7, último párrafo, y también está en la Ley de la Carrera Judicial. Respecto a faltas leves, a propuesta del congresista Abutattás, estaríamos desplazando el inciso 1 del artículo 45 a faltas graves. Nos parece atendible esta propuesta, y la estamos recogiendo. Creo que es todo, señor Presidente. Antes de terminar, permítame ceder una interrupción al congresista Abugattás y otra a la congresista Mavila. —Durante la anterior intervención, reasume la Presidencia el señor Luis Iberico Núñez. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Tiene la interrupción, congresista Abugattás Majluf. El señor ABUGATTÁS MAJLUF (NGP).— Gracias, congresista Eguren. Creo que no estamos evaluando adecuadamente la pertinencia o no de exigir experiencia y conocimientos en investigación criminal. No olvidemos que los fiscales no ingresan a los concursos para una especialización. Ellos ingresan a la carrera fiscal sin saber si van a ser de familia, administrativos o penales. Esa es una razón. Otra razón es que, como sabemos aquellos que tenemos unos más años que otros, nosotros contábamos con una Policía especializada en investigación, que antes se conocía como la PIP. Pero la PIP fue desactivada, y los actos criminales en el país se incrementaron. El nuevo Código Penal transfiere la responsabilidad de la investigación a quienes no están preparados para hacerla. Esa es la realidad el día de hoy. Y respecto a que no existen cursos, sí existen cursos... 50

El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Continúe, congresista. El señor ABUGATTÁS MAJLUF (NGP).— Creo que debemos darnos cuenta de que la criminalidad avanza. ¿No estamos viendo que ayer se ha soltado a un asesino de un deportista nuestro? ¿Por qué ocurren esos hechos? Porque hay deficiencias en la formación de los fiscales. No están adecuadamente formuladas las acusaciones porque desconocen de investigación criminal. Eso antes lo hacía la Policía de Investigaciones; después fue trasladado a la Policía Nacional, y ahora no lo hace nadie porque nadie está siendo capacitado. Recapacite, señor presidente; tenemos que exigir que tengan esa capacitación. Y sí hay cursos. Le puedo pasar una lista enorme de diplomados que otorgan las universidades peruanas en investigación criminal. Gracias. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Tiene la interrupción, congresista Mavila León. La señora MAVILA LEÓN (AP-FA).— No queremos ser antipáticos sino conscientes, por principio de realidad de la institución para la que estamos normando. Entiendo que esta es una ley general del Ministerio Público; pero incluso en esa ley general, a mi juicio, tiene que haber un objetivo claro en materia anticorrupción. Por ejemplo, en el artículo 2, cuando se describe el perfil del fiscal, es curioso que en ese perfil no se comprendan sino criterios de formación jurídica, capacidad de razonamiento, vocación de servicio, capacidad de identificar el delito, conocimiento de la organización, ítem, ítem, ítem; pero no hay una valoración de su conducta ética y de la transparencia, y de la no percepción de dadivas en el desempeño de la función. Yo planteo que se añada un inciso 11 al artículo sobre el perfil del fiscal; y, dicho sea de paso, yo no me quiero mandar la parte, pero en el Acuerdo Nacional por la justicia, en la Ceriajus, este elemento estaba considerado en el perfil tanto del magistrado como del fiscal... El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Continúe, congresista. La señora MAVILA LEÓN (AP-FA).— En la evaluación del desempeño, simplemente se evalúan criterios de especialidad, aprobación de programas de especialización, antigüedad, docencia, investigaciones, materia jurídica, grados académicos. Y los fiscales archivadores pueden ser muy estudiosos. Insisto, planteo que como criterio de balance del desempeño se contenga este ítem: cantidad y naturaleza de las resoluciones de archivamiento referidas a los delitos graves. No puede ser que el pueblo escuche lo que dice la congresista Anicama: que, en el proceso de igualdad de armas —y constitucionalmente el in dubio pro societatis le corresponde al fiscal—, el fiscal no acuse, sino demore, archive, pierda expedientes.

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Entonces, qué duda cabe que en la Ley Orgánica del Ministerio Público tiene que haber un requerimiento de conducta ética, no solamente de calificación académica. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Concluya, congresista. La señora MAVILA LEÓN (AP-FA).— Termino, señor. Qué duda cabe que los fiscales tienen que tener establecido el principio de disuasión para que les tiemble la mano antes de archivar con respecto a un delincuente, sobre todo, a un miembro de mafia, a un agente de criminalidad organizada, a un narcotraficante, a un lavador de activos. Y eso debe estar puesto en el perfil del fiscal en cuanto al balance del desempeño. En todo caso, si el presidente da otro criterio, planteo que se vote si queremos una norma simbólica que establece parámetros hermenéuticos de una institución pública, o si queremos tratar problemas específicos que tienen que ver con la realidad nacional. Gracias. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Puede continuar, congresista Eguren Neuenschwander. El señor EGUREN NEUENSCHWANDER (PPC-APP).— Presidente, insisto, el congresista Abugattás está planteando un requisito que no tienen por qué cumplir todos los postulantes al Ministerio Público. Sin embargo, vamos a recoger el agregado para los casos pertinentes, porque las convocatorias en el Ministerio Público, a diferencia del Poder Judicial, son por especialidad. En el Ministerio Público se convoca para lavado de activos, se convoca para crimen organizado, es decir, por especialidad; y el criterio especialidad está recogido en esta ley de la carrera. Sin embargo, para no hacer cuestión de estado en temas que se pueden solucionar, vamos a recoger ese criterio, congresista Abugattás. El criterio de la congresista Mavila, insisto, también está recogido; y es tan importante y relevante que ni siquiera está en un artículo, porque el criterio de eticidad, probidad, no podemos resumirlo en un artículo. Tiene que ser transversal, en toda la carrera; y para que sea transversal y no de un capítulo, ¿dónde lo hemos puesto? Lo hemos puesto en el Título Preliminar, sobre los principios rectores que inspiran toda la norma; y entre los principios rectores leo: ‘Artículo V. Eticidad y probidad: La ética y la probidad son componentes esenciales de los fiscales en la carrera fiscal’. Es transversal, para toda la ley y no para un capítulo. A mayor abundamiento al respecto: ‘Artículo 2. inciso 3. Vocación de servicio a la sociedad y sentido de justicia’; un corrupto no tiene sentido de justicia. ‘Inciso 5. Rectitud y firmeza para conducir la investigación a su cargo y para defender la legalidad y el interés público’; un corrupto no defiende la legalidad y el interés público. ‘Inciso 11. Trayectoria personal éticamente irreprochable’; los corruptos no tienen una trayectoria personal éticamente irreprochable. ´

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Entiendo y comparto, pero está recogido; los gustos y peculiaridades son respetables, pero tenemos que entender que están recogidas las cosas, tal vez no con el énfasis individual que cada uno pueda aportar con la mejor intención. Finalmente, ya se leyó la modificación al Título III; pero en ese título tenía que haber dicho que siguen puntos suspensivos, para que no haya ningún problema. Señor Presidente, una vez que se pueda verificar el quórum, que es indispensable para esta votación calificada, le pido que someta a votación el texto propuesto. Ya dijimos que se acepta la sugerencia sobre la investigación criminal. Solo me resta agradecer a todos los parlamentarios y decirles que tengan la certeza de que vamos a aprobar una buena ley, seguramente perfectible, que se podrá mejorar; pero necesitamos primero que nazca la ley, porque estamos sin esta ley hace años. Gracias, señor Presidente. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— A solicitud del presidente de la Comisión, agradeceré a los señores congresistas registrar su asistencia para proceder a votar. —Los señores congresistas registran su asistencia mediante el sistema digital para verificar el quórum. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Se va a votar el texto sustitutorio presentado por la Comisión de Justicia a las 14:01 h. Han registrado su asistencia 83 congresistas. Al voto. —Los señores congresistas emiten su voto a través del sistema digital. —Efectuada la consulta, se aprueba en primera votación, por 70 votos a favor, ninguno en contra y diez abstenciones, el texto sustitutorio sobre la Ley de la Carrera Fiscal. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Ha sido aprobado. Se deja constancia del voto a favor de los congresistas Gamarra Saldívar, De la Torre Dueñas, Cárdenas Cerrón, Condori Jahuira y Uribe Medina. Ha sido aprobado en primera votación. —El texto aprobado es el siguiente: “EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA; Ha dado la Ley siguiente: LEY DE LA CARRERA FISCAL

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TÍTULO PRELIMINAR PRINCIPIOS RECTORES Artículo I. Autonomía, independencia e imparcialidad El Ministerio Público es un organismo constitucionalmente autónomo, ejerce sus funciones de manera independiente y objetiva, con arreglo a la Constitución Política y a la ley. Artículo II. Ingreso y desarrollo de la carrera fiscal El ingreso a la carrera fiscal es voluntario, su desarrollo guarda relación con las competencias institucionales y personales requeridas por la presente ley. Artículo III. Permanencia e inamovilidad de los fiscales La carrera fiscal garantiza la permanencia de los fiscales en la función que ejercen, sin perjuicio de la ratificación a la que están sujetos por el Consejo Nacional de la Magistratura de conformidad con el artículo 154, numeral 2, de la Constitución Política y lo establecido en la presente ley en cuanto al régimen disciplinario. Asimismo, garantiza el derecho de los fiscales a no ser trasladados de su cargo sin su consentimiento, salvo por necesidad del servicio debidamente comprobado. Artículo IV. Mérito El ingreso, la permanencia y la promoción en la carrera fiscal, y cualquier beneficio distinto a los de naturaleza económica que se otorgue a los fiscales, se rigen por un sistema de méritos que reconozca y promueva a quienes demuestren capacidad e idoneidad. Los fiscales están sujetos a ratificación por el Consejo Nacional de la Magistratura de conformidad con el artículo 154, numeral 2, de la Constitución Política. Artículo V. Eticidad y probidad La ética y la probidad son componentes esenciales de los fiscales en la carrera fiscal. Artículo VI. Capacitación permanente La carrera fiscal garantiza y propicia la permanente y óptima capacitación de los fiscales. Artículo VII. Especialización La carrera fiscal garantiza y preserva la especialización de los fiscales, salvo las excepciones de Ley. Artículo VIII. Debido proceso, legalidad, proporcionalidad y razonabilidad La carrera fiscal asegura que las decisiones que afecten la permanencia de los fiscales en sus cargos se adopten previo procedimiento, en el que se observen las garantías del debido proceso; y, en el caso de que se trate de la imposición de una sanción, los principios constitucionales de legalidad, proporcionalidad y razonabilidad. 54

Artículo IX. Unidad de actuación institucional Los fiscales actúan en concordancia con los lineamientos y los criterios institucionales para el logro de sus objetivos, emitidos por el órgano competente. Artículo X. Rol social El Ministerio Público es una institución de servicios que ejerce sus funciones y actúa en representación de la sociedad en juicio con el propósito de establecer el orden legal quebrantado, defiende a la familia, a los niños, a las niñas y a los adolescentes incapaces; previene, investiga y persigue el delito. Sus decisiones causan impacto en la sociedad y asume la responsabilidad de estas. Artículo XI. Eficiencia y eficacia El Ministerio Público adopta una administración moderna para brindar a la sociedad un servicio eficaz y eficiente que contribuya al cumplimiento de sus fines institucionales, con una cultura humanista. Artículo XII. Responsabilidad Los fiscales actúan bajo responsabilidad administrativa, civil y penal. TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1. Concepto y objetivos de la carrera fiscal La carrera fiscal regula el ingreso, la permanencia, el ascenso y la terminación en el cargo de fiscal; los derechos y las obligaciones esenciales de la función fiscal, así como el régimen disciplinario. La carrera fiscal tiene como objetivos: 1. Garantizar la independencia, idoneidad, permanencia y especialización de los fiscales. 2. Optimizar las funciones constitucionales y legales de los fiscales. Artículo 2. Perfil del fiscal El perfil del fiscal está constituido por el conjunto de capacidades y cualidades personales y profesionales que aseguran que, en el ejercicio de sus funciones, los fiscales respondan idóneamente a los roles constitucionales de defensa de la legalidad, de los intereses públicos tutelados por el derecho, de representación de la sociedad en juicio y de investigación del delito. En tal sentido, las principales características de un fiscal son: 1. Formación jurídica sólida. 2. Capacidad para interpretar y razonar jurídicamente a partir de casos concretos. 55

3. Vocación de servicio a la sociedad y sentido de justicia. 4. Capacidad para identificar y prevenir el delito y los conflictos sociales dentro del ámbito de su competencia. 5. Rectitud y firmeza para conducir la investigación a su cargo y para defender la legalidad y el interés público. 6. Independencia y objetividad en el ejercicio de la función. 7. Conocimiento de la organización y manejo del despacho fiscal. 8. Conocimiento de la realidad nacional y prácticas culturales del lugar donde desempeñe su función. 9. Compromiso con la promoción y defensa de los derechos humanos. 10. Propensión al perfeccionamiento del sistema de justicia. 11. Trayectoria personal éticamente irreprochable. 12. Acreditar conocimientos en técnicas de investigación e interrogatorio criminal adecuadas a la legislación penal vigente, según la especialidad que corresponda. A efectos de la implementación de la presente norma, los órganos competentes del Ministerio Público, Consejo Nacional de la Magistratura y Academia de la Magistratura desarrollan, coordinadamente, las disposiciones previstas sobre el perfil del fiscal, según sus atribuciones. Artículo 3. Niveles y sistema de acceso a la carrera fiscal La carrera fiscal se organiza en los siguientes niveles: 1. Cuarto nivel, que comprende a los fiscales supremos. 2. Tercer nivel, que comprende a los fiscales superiores o fiscales adjuntos supremos. 3. Segundo nivel, que comprende a los fiscales provinciales o fiscales adjuntos superiores. 4. Primer nivel, que comprende a los fiscales adjuntos provinciales. El acceso al primer y cuarto nivel de la carrera fiscal es abierto. En el segundo y tercer nivel, el acceso es abierto con reserva del treinta por ciento (30%) de plazas para los fiscales que pertenecen a la carrera. El concurso de ascenso para acceder al treinta por ciento (30%) de plazas reservadas para los fiscales de carrera se convoca y realiza previamente, en forma independiente del concurso de selección para cubrir las plazas vacantes del porcentaje abierto. El ascenso para los fiscales titulares se produce obligatoriamente al nivel inmediato 56

superior sea en el porcentaje abierto o cerrado. En ningún caso, los fiscales de carrera pueden ser impedidos de postular en igualdad de condiciones en el proceso de selección para las plazas del porcentaje abierto, siempre que cumplan los requisitos establecidos por la Constitución Política y la ley en cada uno de los niveles a los que postula. Artículo 4. Requisitos generales para acceder y permanecer en la carrera fiscal Son requisitos generales para el ingreso y permanencia en la carrera fiscal: 1. Ser peruano de nacimiento. 2. Tener el pleno ejercicio de la ciudadanía y los derechos civiles. 3. Tener título de abogado expedido o revalidado conforme a ley, así como encontrarse hábil en el ejercicio profesional. 4. No haber sido condenado ni haber sido pasible de una sentencia con reserva de fallo condenatorio por la comisión de un delito doloso ni encontrarse dentro del Registro de Deudores Judiciales Morosos. La rehabilitación, luego de cumplida una sentencia condenatoria, no habilita para el acceso a la carrera fiscal. 5. No encontrarse en estado de quiebra culposa o fraudulenta, ni ser deudor alimentario moroso. 6. No presentar discapacidad mental, física o sensorial debidamente acreditada, que lo imposibilite a cumplir con sus funciones. 7. No haber sido destituido por medida disciplinaria del Ministerio Público o del Poder Judicial ni despedido de cualquier otra dependencia de la administración pública, empresas estatales o de la actividad privada por falta grave. 8. No tener afiliación vigente en ningún partido político. 9. No estar incurso en ninguna de las otras incompatibilidades señaladas por ley. 10. Cumplir con los requisitos exigidos para cada nivel por la presente ley. TÍTULO II INGRESO A LA CARRERA FISCAL CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES Artículo 5. Sistema de ingreso a la carrera fiscal El sistema de ingreso a la carrera fiscal se realiza mediante un concurso de selección a 57

cargo del Consejo Nacional de la Magistratura, basado en el criterio de méritos por competencias, y culmina con el nombramiento y la juramentación a cargo de esa misma institución. CAPÍTULO II REQUISITOS ESPECIALES Artículo 6. Requisitos especiales para fiscal supremo Para ser elegido fiscal supremo se exige, además de los requisitos generales: 1. Ser mayor de cuarenta y cinco (45) años. 2. Si es magistrado, haber ejercido el cargo de fiscal superior titular o fiscal adjunto supremo cuando menos diez (10) años y si no lo es, haber ejercido la abogacía o desempeñado docencia universitaria en materia jurídica por quince (15) años. 3. Haber aprobado la evaluación prevista por el Consejo Nacional de la Magistratura. 4. Participar en el programa de inducción. Artículo 7. Requisitos especiales para fiscal superior o fiscal adjunto supremo Para ser elegido fiscal superior o fiscal adjunto supremo se exige, además de los requisitos generales: 1. Ser mayor de treinta y cinco (35) años. 2. Si es magistrado, haber ejercido el cargo de fiscal provincial titular, fiscal adjunto superior titular, o juez especializado o mixto titular durante cinco (5) años y si no lo es, haber ejercido la abogacía o desempeñado la docencia universitaria en materia jurídica, por un periodo no menor de diez (10) años. 3. Haber aprobado la evaluación prevista por el Consejo Nacional de la Magistratura. 4. Aprobar el curso de ascenso del nivel correspondiente en la Academia Nacional de la Magistratura, para el porcentaje de acceso cerrado o abierto si se trata de magistrados titulares, o aprobar el curso de formación de aspirantes para este nivel de la Academia de la Magistratura para postulantes que ingresen a la carrera fiscal que no sean magistrados titulares, en este último caso no es requisito para postular pero sí para jurar el cargo. Artículo 8. Requisitos especiales para fiscal provincial o fiscal adjunto superior Para ser elegido fiscal provincial o fiscal adjunto superior se exige, además de los requisitos generales: 1. Ser mayor de treinta (30) años. 2. Haber sido fiscal adjunto provincial, juez de paz letrado o secretario o relator de sala 58

al menos por cuatro (4) años o haber ejercido la abogacía o desempeñado la docencia universitaria en materia jurídica, por un periodo no menor de cinco (5) años. 3. Haber aprobado la evaluación prevista por el Consejo Nacional de la Magistratura. 4. Aprobar el curso de ascenso del nivel correspondiente en la Academia de la Magistratura, para el porcentaje de acceso cerrado o abierto si se trata de magistrados titulares, o aprobar el curso de formación de aspirantes para este nivel de la Academia de la Magistratura para postulantes que ingresen a la carrera fiscal que no sean magistrados titulares, en este último caso no es requisito para postular pero sí para jurar el cargo. Artículo 9. Requisitos especiales para ser fiscal adjunto provincial Para ser fiscal adjunto provincial se exige, además de los requisitos generales: 1. Ser mayor de veintiséis (26) años. 2. Haber ejercido la abogacía o desempeñado la docencia universitaria en materia jurídica, por un periodo no menor de tres (3) años; o haberse desempeñado como asistente de función fiscal por un periodo no menor de tres (3) años. Para el caso del ejercicio de la abogacía y la docencia universitaria, los periodos en una y otra condición son acumulables, en tanto no se hayan prestado de forma simultánea. 3. Haber aprobado la evaluación prevista para tal caso por el Consejo Nacional de la Magistratura. 4. Aprobar el programa de inducción. CAPÍTULO III SELECCIÓN Artículo 10. Finalidad y alcance El proceso de selección, a cargo del Consejo Nacional de la Magistratura, responde a la evaluación de méritos y su finalidad es nombrar a los postulantes que cumplan con el perfil y los requisitos establecidos en la presente ley. Artículo 11. Fases del proceso de selección El ingreso a la carrera fiscal comprende las siguientes etapas: 1. Convocatoria pública al concurso. 2. Selección de los postulantes. 3. Declaración de los candidatos aptos. 4. Participación en los programas de habilitación y de inducción según corresponda.

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5. Nombramiento y juramentación en el cargo de fiscal. Artículo 12. Convocatoria La convocatoria para el ingreso a la carrera fiscal comprende las vacantes existentes. Además pueden preverse las que resulten inminentes conforme a las necesidades del servicio del Ministerio Público. La convocatoria debe indicar el nivel, la especialidad, los plazos de las etapas del proceso de selección, la nota mínima aprobatoria y la valoración que se le da a los distintos componentes de la evaluación. Dicha convocatoria se realizará mediante publicación, por tres (3) veces consecutivas en el diario oficial El Peruano, en el de mayor circulación del distrito fiscal donde se realiza el concurso y en el portal web del Consejo Nacional de la Magistratura. Artículo 13. Proceso de selección Los postulantes que hayan superado el proceso de selección son nombrados fiscales titulares en estricto orden de méritos, conforme al artículo 32 de la presente ley. Artículo 14. Inscripción El postulante se inscribe al concurso convocado por el Consejo Nacional de la Magistratura, de acuerdo al procedimiento que establezca el reglamento respectivo. Los datos consignados por el postulante en la ficha de inscripción tienen el carácter de declaración jurada. Artículo 15. Etapas Las etapas del proceso de selección son las siguientes: 1. Evaluación de habilidades, destrezas y conocimientos para el ejercicio de la función fiscal, mediante examen escrito. 2. Evaluación de antecedentes o desarrollo profesional del postulante (currículum vitae documentado). 3. Evaluación psicológica y/o psicométrica. 4. Entrevista personal. Artículo 16. Proceso de evaluación Los resultados de cada evaluación tienen carácter eliminatorio. Para aprobar las etapas señaladas en los incisos 1 y 3 del artículo 15, se debe obtener, en cada caso, la nota aprobatoria de dos tercios sobre el máximo obtenible, conforme al reglamento respectivo. Los postulantes que aprueben las dos (2) primeras etapas del concurso pasan a la evaluación psicológica y/o psicométrica y continúan en el proceso hasta el resultado final del concurso de selección y nombramiento. 60

Artículo 17. Carácter de la evaluación Solo la evaluación escrita y la psicológica y/o psicométrica son privadas. Los resultados de todas las pruebas realizadas, salvo los de esta última, serán públicos. La entrevista personal se realiza en sesión pública. Artículo 18. Examen escrito El examen escrito tiene por finalidad evaluar habilidades, destrezas y conocimientos para el ejercicio de la función fiscal. Son componentes esenciales de estos: el razonamiento, la argumentación e interpretación jurídica, la objetividad, la apreciación crítica de las instituciones, la cultura jurídica, la capacidad de redacción, y las demás que establezca el reglamento para el proceso de selección. En cada caso, se busca que la evaluación del examen pondere los requerimientos para cada nivel o especialidad. Artículo 19. Evaluación del currículum vitae 19.1. Criterios generales para la evaluación del currículum vitae documentado: a) La calificación asigna un puntaje a cada mérito acreditado documentalmente, conforme al reglamento de selección aprobado por el Consejo Nacional de la Magistratura. b) La evaluación considera los rubros de experiencia en función de la condición del postulante o candidato: juez o fiscal, abogado o docente universitario en materia jurídica. c) La calificación consta en el acta correspondiente para cada postulante, la que será firmada por los consejeros participantes y puesta en conocimiento del Pleno para su aprobación. 19.2. Méritos a ser considerados para la evaluación del currículum vitae: La evaluación considera los siguientes componentes por separado: a) Formación académica. La calificación de la formación académica deberá tener como parámetros los grados académicos (maestría y/o doctorado), así como los estudios curriculares de postgrado, acreditados con certificado oficial de notas. También se valorarán los títulos profesionales o grados académicos obtenidos en otras disciplinas profesionales. b) Capacitación. La evaluación del rubro de capacitación considera los certámenes académicos en los que el candidato hubiera participado durante los últimos siete (7) años anteriores a la 61

convocatoria del concurso respectivo. Tratándose de eventos de carácter jurídico, acreditarán la presentación de ponencias en seminarios, talleres, foros, mesas redondas, ciclos de conferencias, etc. Se adjuntará, si correspondiese, el certificado de estudios de la Academia de la Magistratura. c) Experiencia profesional. Se considera para este efecto: i) la magistratura, ponderando en cada caso la especialidad y el cargo; ii) la docencia universitaria en materia jurídica; y iii) el ejercicio de la abogacía. En cuanto a la experiencia profesional de los fiscales, se tiene en cuenta además l os dictámenes, los requerimientos, acusaciones, actuación funcional, participación en comisiones de trabajo con resultados concretos, representaciones nacionales y en el extranjero. d) Publicaciones. Las publicaciones que se acreditan con los originales correspondientes. Estas pueden ser libros o textos universitarios; investigaciones jurídicas doctrinarias o de campo; y ensayos y artículos editados en publicaciones. También otras publicaciones académicas en materias no jurídicas. e) Idiomas. La evaluación de idiomas considera el dominio de lenguas extranjeras y originarias en los casos que el reglamento lo establezca. Observar las demás previsiones que establezcan los reglamentos de selección. Artículo 20. Evaluación psicológica o psicométrica Esta etapa tiene por finalidad evaluar las aptitudes y condiciones psicológicas requeridas para el ejercicio de la función fiscal, así como identificar los casos que impidan a un candidato ser fiscal. La evaluación psicológica y/o psicométrica se realiza en estricto acto privado, salvo que el postulante solicite su publicidad. La elaboración de las pruebas psicológicas y/o psicométricas está a cargo de un ente especializado de reconocida trayectoria, elegido por el Consejo Nacional de la Magistratura. Artículo 21. Entrevista personal La entrevista tiene por finalidad conocer el desenvolvimiento del postulante y su relación 62

con el entorno. Para ello el Consejo Nacional de la Magistratura debe: 1. Revisar la experiencia profesional del postulante. Se toman en cuenta las diferentes condiciones en que se puede postular a un cargo de fiscal, según lo señalado en el artículo 19. 2. Evaluar la vocación del postulante en relación con la magistratura. 3. Conocer sus criterios sobre los principios jurídicos, valores éticos, morales y sociales. 4. Conocer sus opiniones sustentadas sobre la función del Poder Judicial y del Ministerio Público. 5. Analizar el grado de conocimiento del sistema de justicia. 6. Indagar sobre el conocimiento de la realidad nacional contemporánea. 7. Conocer la capacidad de buen trato con el público y con los operadores jurídicos. 8. Conocer si tiene una visión clara de qué se espera de su función. 9. Observar las demás previsiones que establezca el reglamento de selección. En ningún caso, la entrevista personal afectará el derecho a la intimidad del postulante. Artículo 22. Tachas La ciudadanía podrá interponer tachas a los postulantes a fiscales. Las tachas se resuelven antes del inicio de los programas de habilitación y de inducción según corresponda. El procedimiento es normado por el Consejo Nacional de la Magistratura. Las tachas declaradas fundadas eliminan la candidatura del postulante. SUBCAPÍTULO I SELECCIÓN DE LOS FISCALES ADJUNTOS PROVINCIALES, FISCALES PROVINCIALES Y FISCALES ADJUNTOS SUPERIORES EN EL SISTEMA ABIERTO Artículo 23. Valoración de las etapas de evaluación La valoración de cada etapa de la evaluación de los postulantes a fiscales adjuntos provinciales, fiscales provinciales y fiscales adjuntos superiores es la siguiente: 1. Prueba escrita, cincuenta por ciento (50%) del total de la calificación. 2. Currículum vitae, veinticinco por ciento (25%) del total de la calificación. 3. Entrevista personal, veinticinco por ciento (25%) del total de la calificación. SUBCAPÍTULO II SELECCIÓN DE LOS FISCALES SUPERIORES, FISCALES ADJUNTOS SUPREMOS Y 63

FISCALES SUPREMOS EN EL SISTEMA ABIERTO Artículo 24. Valoración de las etapas de evaluación La valoración de cada etapa de la evaluación de los postulantes a fiscales superiores, fiscales adjuntos supremos y fiscales supremos es la siguiente: 1. Prueba escrita, cuarenta por ciento (40%) del total de la calificación. 2. Currículum vitae, cuarenta por ciento (40%) del total de la calificación. 3. Entrevista personal, veinte por ciento (20%) del total de la calificación. Artículo 25. Examen escrito para los fiscales supremos El contenido del examen escrito de los candidatos a fiscales supremos es diferente al correspondiente para los demás niveles. Este consiste en preparar, en el acto del examen, un trabajo sobre un aspecto de la temática fiscal y su reforma, según se les plantee; y, en emitir opinión sobre casos judiciales en los que intervenga el Ministerio Público, reales o hipotéticos, que les sean sometidos a su consideración. CAPÍTULO IV HABILITACIÓN, INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN PERMANENTE Y CAPACITACIÓN PREVIA PARA EL ASCENSO Artículo 26. Habilitación, inducción, capacitación permanente y capacitación previa para el ascenso La Academia de la Magistratura provee programas específicos dirigidos a proporcionar: 1. Habilitación para los candidatos que hayan sido seleccionados como resultado de haber superado las pruebas previstas para cubrir las plazas de fiscal adjunto provincial, fiscal provincial o fiscal adjunto superior que ingresen a la carrera por estos niveles. 2. Inducción para el ejercicio del cargo de fiscal superior, fiscal adjunto supremo y fiscal supremo cuando los elegidos no provengan de la carrera fiscal. 3. Capacitación permanente para todos los niveles, a través de programas de actualización obligatoria, especialización y perfeccionamiento. 4. Capacitación previa para el ascenso. CAPÍTULO V PROGRAMAS DE HABILITACIÓN Y DE INDUCCIÓN Artículo 27. Objetivos y configuración del programa de habilitación La participación en el programa de habilitación de los seleccionados a cargo de la 64

Academia de la Magistratura es requisito para ejercer la función en los dos primeros niveles. Los objetivos del programa de habilitación son los siguientes: 1. Preparar al futuro fiscal para el desempeño de su función. 2. Desarrollar las destrezas, habilidades y conocimientos requeridos para el ejercicio de la función fiscal. Artículo 28. Contenido del programa de habilitación El contenido temático del programa de habilitación debe tener en cuenta las necesidades específicas del Ministerio Público y el perfil del fiscal. Las áreas temáticas mínimas son: 1. Destrezas para la argumentación jurídica. 2. Formación en ética fiscal. 3. Conocimientos sobre los tópicos generales del derecho. 4. Conocimientos sobre materias especializadas del derecho. 5. Gestión del despacho fiscal. 6. Conocimientos de técnicas de investigación del delito. 7. Elaboración de propuestas de solución a problemas de nivel legal y funcional. Artículo 29. Finalidad del programa de habilitación Los seleccionados son capacitados para ejercer la función fiscal en cualquier especialidad. Solo las materias no jurídicas ni fiscales son optativas. Artículo 30. Pasantías del programa de habilitación Pueden establecerse pasantías en instituciones públicas del sistema de justicia. La Academia de la Magistratura suscribe los convenios que correspondan. Artículo 31. Objetivos y configuración del programa de inducción El programa de inducción, a cargo de la Academia de la Magistratura, es requisito para ejercer la función fiscal en los dos últimos niveles. El objetivo del programa de inducción es vincular a los seleccionados con el despacho fiscal. CAPÍTULO VI NOMBRAMIENTO Y DESIGNACIÓN 65

Artículo 32. Nombramiento y designación El nombramiento de los fiscales, en todos los niveles y especialidades, corresponde al Consejo Nacional de la Magistratura. La designación en la plaza específica, para el órgano fiscal respectivo, compete al Ministerio Público sobre la base de la especialidad. Los consejeros, reunidos, proceden a nombrar al postulante o a los postulantes aptos según el orden de mérito alcanzado y hasta cubrir las plazas vacantes en los niveles o especialidades. Para efectuar el nombramiento en cada cargo se requiere la mayoría prevista por el artículo 154 de la Constitución Política del Perú. En el caso de que el postulante a quien correspondiese nombrar según el orden de méritos no obtuviese la mayoría establecida por la disposición constitucional, el Consejo Nacional de la Magistratura puede elegir entre los dos (2) siguientes en el orden de méritos, con obligación de fundamentar claramente las razones por las que no se eligió al primero. Si ninguno de los tres postulantes mejor situados en orden de méritos alcanzase mayoría para ser nombrado, el concurso de esa plaza será declarado desierto. TÍTULO III DEBERES, DERECHOS, PROHIBICIONES, IMPEDIMENTOS E INCOMPATIBILIDADES DE LOS FISCALES CAPÍTULO I DEBERES Artículo 33. Deberes Son deberes de los fiscales los siguientes: 1. Defender la legalidad, cumplir y hacer cumplir la Constitución Política del Perú, la ley y las demás normas del ordenamiento jurídico de la Nación. 2. Perseguir el delito con independencia, objetividad, razonabilidad y respeto al debido proceso. 3. Velar por la defensa de los derechos fundamentales y la recta impartición de justicia en el ejercicio de su función fiscal. 4. Respetar y cumplir los reglamentos y directivas y demás disposiciones que impartan sus superiores, siempre que sean de carácter general. 5. No dejar de actuar por vacío o deficiencia de la ley. 6. Ejercer sus funciones sobre la base de la inmediación. 7. Mantener un alto nivel profesional y preocupación por su permanente capacitación y actualización. 66

8. Observar estrictamente el horario de trabajo establecido, así como el fijado para los informes orales, las audiencias y otras diligencias. El incumplimiento injustificado constituye inconducta funcional. 9. Observar con diligencia los plazos legales para expedición de dictámenes y acusaciones, así como cumplir y vigilar el cumplimiento de la debida celeridad procesal. 10. Respetar estrictamente y exigir a los auxiliares el cumplimiento del horario de trabajo para la atención del despacho, emisión de dictámenes y otros actuados fiscales. En caso de incurrir en retardo respecto a los plazos legales, deben informar a las oficinas de control respectivas las razones que lo motivaron, bajo responsabilidad disciplinaria. 11. Atender diligentemente el despacho fiscal. 12. Guardar la reserva debida en aquellos casos que, por su naturaleza o en virtud de leyes o reglamentos, así lo requieran. 13. Denegar pedidos maliciosos. 14. Impedir que las partes practiquen maniobras dilatorias. 15. Denunciar los casos de ejercicio ilegal de la abogacía, de conductas que contravengan la ética profesional, y otros comportamientos delictivos de los que tome conocimiento en el ejercicio de sus funciones. 16. Dedicarse exclusivamente a la función fiscal. No obstante, puede ejercer la docencia universitaria a tiempo parcial, hasta por ocho (8) horas semanales de dictado de clases y en horas distintas de las que corresponden al despacho fiscal. Igualmente, con las mismas limitaciones, puede realizar labores de investigación e intervenir, a título personal, en congresos y conferencias. 17. Presentar una declaración jurada de bienes y rentas al inicio del cargo, anualmente, al dejar el cargo y cada vez que sus bienes o rentas varíen en más de un veinte por ciento (20%). 18. Residir en el distrito fiscal donde ejerce el cargo. 19. Seguir los cursos de capacitación programados por la Academia de la Magistratura y los cursos considerados obligatorios como consecuencia del resultado de la medición del desempeño. 20. Guardar en todo momento conducta intachable. 21. Someterse a la evaluación de desempeño. 22. Cumplir con los demás deberes señalados por ley. CAPÍTULO II DERECHOS 67

Artículo 34. Derechos Son derechos de los fiscales los siguientes: 1. La independencia en el desempeño de su función fiscal. 2. La permanencia en el servicio hasta los setenta (70) años, de acuerdo con la Constitución Política del Perú y la ley. 3. Ser trasladados, a su solicitud y previa evaluación, cuando por razones de salud o de seguridad debidamente comprobadas, no sea posible continuar en el cargo. 4. No ser trasladados sin su consentimiento, salvo en los casos establecidos por ley. 5. Integrar la carrera fiscal, diferenciada del régimen general del empleo público, conforme a la naturaleza especial de sus funciones y atribuciones consagradas en la Constitución Política del Perú. 6. La determinación, el mantenimiento y desarrollo de la especialidad, salvo en los casos previstos en la ley. 7. La evaluación integral y la medición del desempeño para los fines que correspondan a cada una de ellas, tendientes al ascenso y la promoción. 8. La protección y seguridad de su integridad física y la de sus familiares, cuando sea necesario. 9. La capacitación y la especialización permanentes. 10. Permisos y licencias, conforme a ley. 11. Percibir una retribución acorde con su función y jerarquía, y gozar de los derechos laborales y previsionales durante el servicio activo y la jubilación que les corresponda. La retribución, derechos y beneficios que perciben los fiscales no pueden ser disminuidos o dejados sin efecto. 12. La libre asociación conforme a las leyes y sus disposiciones estatutarias. 13. Recibir de toda autoridad el trato correspondiente a su investidura, bajo responsabilidad. 14. No ser detenidos sino por orden del juez competente o en caso de flagrante delito. En este último supuesto, deben ser conducidos de inmediato a la fiscalía competente, con conocimiento del Presidente de la Junta de Fiscales respectiva, por la vía más rápida y bajo responsabilidad. 15. Gozar de la cobertura de un seguro de vida cuando trabajen en zonas de emergencia o en distritos fiscales declarados de alto riesgo por el órgano de gobierno del Ministerio Público. 68

16. La ejecución inmediata de los derechos declarados por un organismo de justicia supranacional al que el Estado peruano se haya adherido y ratificado, ya sea por acuerdo de solución amistosa o por sentencia de fondo. 17. Los demás que señalen la ley y la Constitución Política del Perú. Artículo 35. Derecho a la evaluación integral del desempeño Los fiscales comprendidos en la carrera fiscal tienen derecho a la evaluación integral del desempeño en forma periódica a través de un sistema técnico, objetivo, imparcial y equitativo. Los resultados de las evaluaciones son publicados y constituyen el elemento central para los ascensos y promociones. Artículo 36. Derecho a mantenimiento de la especialidad La especialidad de los fiscales se mantiene durante el ejercicio del cargo, salvo que por razones de necesidad en el servicio fiscal se requiera el cambio de especialización. Se exceptúan a los fiscales supremos. El ingreso a una función especializada no impide postular a distinta especialidad. El fiscal puede recuperar su especialidad solamente cuando se produzca vacante. En el caso de crearse nuevas especialidades, el fiscal puede solicitar su cambio de especialidad. Artículo 37. Determinación de la especialidad La especialidad se determina por lo siguiente: 1. La aprobación de los programas de especialización impartidos por la Academia de la Magistratura. 2. La antigüedad en la especialidad durante el ejercicio de la función fiscal. 3. El ejercicio de docencia universitaria en la materia. 4. La realización de investigaciones y otros trabajos académicos similares en la materia. 5. Las publicaciones sobre materia jurídica especializada. 6. Los grados académicos de la especialidad. 7. Los trabajos desempeñados en cargos afines. Artículo 38. Capacitación La capacitación de los fiscales es un derecho de su función y un factor indispensable para medir su desempeño. Está a cargo, fundamentalmente, de la Academia de la 69

Magistratura. Todos los fiscales tienen el derecho a perfeccionarse y actualizarse continuamente, en igualdad de condiciones y oportunidades. La capacitación se realiza con el objetivo de impulsar el desarrollo profesional pleno del fiscal y eliminar cualquier deficiencia en el servicio de justicia. La capacitación se puede realizar a través de cursos y actividades académicas que brindan la Academia de la Magistratura, universidades, centros de estudios especializados, así como los que se dictan periódicamente en cada distrito judicial. CAPÍTULO III PROHIBICIONES, IMPEDIMENTOS E INCOMPATIBILIDADES Artículo 39. Prohibiciones Está prohibido a los fiscales: 1. Defender o asesorar, pública o privadamente, salvo en causa propia, a su cónyuge o conviviente, a sus padres e hijos. 2. Aceptar de los litigantes o sus abogados, o por cuenta de ellos, donaciones, obsequios, atenciones, agasajos o sucesión testamentaria en su favor o en favor de su cónyuge o conviviente y parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Igual prohibición se aplica en caso de ofrecimiento de publicaciones, viajes o capacitaciones de cualquier institución nacional o internacional que tenga juicio en trámite contra el Estado. 3. Aceptar cargos remunerados dentro de las instituciones públicas o privadas, a excepción del ejercicio de la docencia universitaria. 4. Ejercer el comercio, industria o cualquier otra actividad lucrativa, personalmente o como gestor, asesor, socio, accionista (a excepción de que tal condición se haya adquirido por sucesión hereditaria o antes de la asunción del cargo) o como empleado, funcionario, miembro o consejero de juntas, de directorios o de cualquier organismo o entidad dedicada a actividad lucrativa. 5. Variar su domicilio del lugar donde ejerce el cargo, salvo el caso de vacaciones, licencia o autorización del órgano competente. 6. Participar en política, sindicalizarse y declararse en huelga. 7. Influir o interferir de manera directa o indirecta, en el resultado de las investigaciones fiscales que no estén a su cargo. 8. Ausentarse del lugar donde ejerce el cargo, salvo motivadas excepciones. 9. Ejercer labores relacionadas con su función fuera del recinto fiscal, judicial o en las dependencias donde tenga que concurrir, con las excepciones de ley. 70

10. Adquirir bajo cualquier título, para sí, para su cónyuge o conviviente, sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, directamente o por intermedio de terceros, los bienes objeto de litigio en los procesos que conozcan o hayan conocido, y aunque hayan dejado de ser litigiosos durante los cuatro años siguientes a que dejaran de serlo. Todo acto que contravenga esta prohibición es nulo, sin perjuicio de las sanciones que corresponden conforme a ley. 11. Conocer un proceso cuando él, su cónyuge o conviviente, sus apoderados, sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, o estudio jurídico del que forme parte tengan o hubieran tenido interés o relación laboral con alguna de las partes. En este último caso, el impedimento se extiende hasta un año después de producido el cese de la relación laboral o la culminación de los servicios prestados bajo cualquier modalidad contractual. Se exceptúa de la presente prohibición, los procesos en los que fuera parte el Ministerio Público. 12. Ser proveedor del Estado, ya sea como persona natural o como representante, titular de acciones o participaciones, directivo o administrador de persona jurídica. 13. Adelantar opinión respecto de los asuntos que conozcan o deban conocer. 14. Las demás señaladas por ley. Artículo 40. Impedimentos Están impedidos para postular al cargo de fiscal de cualquier nivel, mientras ejerzan función pública y hasta seis (6) meses luego de ser cesados en su cargo: 1. El Presidente de la República y los Vicepresidentes. 2. Los congresistas, gobernadores regionales, vicegobernadores regionales, alcaldes, regidores y demás funcionarios cuyos cargos provengan de elección popular. 3. Los ministros de Estado, viceministros y directores generales de los ministerios. 4. Los gobernadores y tenientes gobernadores o cualquier otro funcionario que ejerza autoridad política. 5. Los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, del Tribunal Constitucional, del Jurado Nacional de Elecciones; y el Defensor del Pueblo. 6. El Contralor General de la República y el Vicecontralor. 7. Los Jefes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC). Artículo 41. Incompatibilidades Hay incompatibilidad por razón de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, por matrimonio y unión de hecho: 71

1. Entre el Fiscal de la Nación y los fiscales supremos; entre estos y los fiscales superiores, provinciales y adjuntos de los distritos judiciales de la República. 2. En el mismo distrito fiscal, entre fiscales superiores y entre estos y los fiscales provinciales y adjuntos en las respectivas categorías; entre los fiscales provinciales y entre estos y los adjuntos. 3. Entre el personal administrativo y entre estos y los fiscales, pertenecientes al mismo distrito fiscal. CAPÍTULO IV RESPONSABILIDADES Artículo 42. Responsabilidad civil, penal y administrativa Los miembros del Ministerio Público son pasibles de ser responsables civil, penal y administrativamente con arreglo a la ley de la materia. CAPÍTULO V RÉGIMEN DISCIPLINARIO SUBCAPÍTULO I FALTAS Artículo 43. Objeto Son objeto del régimen disciplinario aquellas conductas señaladas expresamente como faltas en la ley. Contra todas las medidas disciplinarias impuestas, proceden los recursos que correspondan según las garantías del debido proceso. Artículo 44. Tipos Los tipos de faltas son los siguientes: leves, graves y muy graves. Artículo 45. Faltas leves Son faltas leves las siguientes: 1. Incurrir en tardanza injustificada al despacho fiscal hasta por dos (2) veces en el periodo de un mes. 2. Emitir los informes administrativos solicitados fuera de los plazos fijados, injustificadamente. 3. No ejercitar el control permanente sobre el personal administrativo a su cargo, o no imponerles las sanciones pertinentes cuando el caso lo justifique. 4. Abusar de las facultades que la ley le otorga respecto al personal administrativo a su 72

cargo o sobre las personas que intervienen en cualquier forma en un proceso. 5. Incurrir en inobservancia reiterada del horario de trabajo sin causa justificada, siempre que no implique una falta de mayor gravedad conforme a esta Ley. 6. Faltar el respeto debido al público, compañeros y subalternos, funcionarios judiciales u otros de la administración pública, representantes de órganos auxiliares de la justicia, de la defensa de oficio y abogados, en el desempeño del cargo. 7. Desacatar las disposiciones administrativas internas del organismo fiscal, siempre que no impliquen una falta de mayor gravedad. 8. No llevar, injustificadamente, los cursos impartidos por la Academia de la Magistratura dentro del programa de capacitación regular y que sean obligatorios. 9. Incurrir en negligencia en el cumplimiento de los deberes propios de su cargo, establecidos en esta Ley, cuando no constituyan falta grave o muy grave. 10. Ausentarse injustificadamente de sus labores por un (1) día. Artículo 46. Faltas graves Son faltas graves las siguientes: 1. Abandonar total o parcialmente las tareas propias del desempeño del cargo fiscal. 2. Incurrir en reiterados retrasos y descuidos injustificados en la tramitación de los procesos o diferir las resoluciones por motivo no señalado en la ley procesal de la materia. Para determinar esta falta se tienen en consideración los pedidos que hubiesen formulado las partes exigiendo el cumplimiento legal y razonable de las actuaciones o plazos para expedir las resoluciones, el periodo de tiempo que el fiscal viene procurando el proceso, la conducta de las partes y demás intervinientes en dicho proceso, y la complejidad del asunto controvertido. 3. Causar grave perjuicio al desarrollo de las incidencias y diligencias del proceso, frustrando o retrasando injustificadamente la realización de los actos procesales. 4. Ejercer injustificadamente labores relacionadas con su función fuera del despacho fiscal. 5. Admitir o formular recomendaciones en investigaciones fiscales o procesos judiciales. 6. No guardar la discreción debida en aquellos asuntos que, por su naturaleza o en virtud de leyes o reglamentos, requieran reserva. 7. Incurrir en conducta y trato manifiestamente discriminatorios en el ejercicio del cargo. 8. Ocultar documentos o información de naturaleza pública de la que tenga conocimiento a consecuencia de la investigación. 73

9. Ausentarse injustificadamente a sus labores hasta por tres (3) días consecutivos. 10. Asistir a sus labores en estado de embriaguez o bajo el efecto de estupefacientes o sustancias psicotrópicas. 11. Delegar a los auxiliares de la función fiscal la realización de diligencias que, por ley o por la naturaleza de las circunstancias, requieren de su presencia. 12. No llevar injustificadamente los cursos que la Academia de la Magistratura imparte y que le han sido asignados como resultado de la medición del desempeño del fiscal. 13. La tercera falta leve que se cometa durante los dos (2) años posteriores a la comisión de la primera, siempre y cuando no se encuentren cancelada. 14. Incumplir el deber de dedicarse exclusivamente a la labor jurisdiccional o dedicar más horas de las previstas a otras funciones permitidas por disposición constitucional, legal o autorizada por el órgano competente. 15. Abusar de la condición de fiscal para obtener un trato favorable o injustificado. 16. Utilizar en resoluciones, disposiciones, providencias, dictámenes, requerimientos o expresiones impropias o manifiestamente ofensivas que no guarden con los hechos del caso y que sean producción propia del fiscal. 17. Acumular indebida o inmotivadamente casos que le han sido asignados. 18. Adoptar medidas disímiles, sin la debida motivación, respecto de partes procesales que se encuentran en la misma situación o condición jurídica. 19. Comentar a través de cualquier medio de comunicación aspectos procesales o de fondo de una investigación o proceso en curso. 20. Intervenir en una investigación o en proceso judicial conociendo la existencia de prohibición expresa. Artículo 47. Faltas muy graves Son faltas muy graves las siguientes: 1. Emitir resoluciones, disposiciones, providencias, dictámenes o requerimientos sin motivación. 2. Desempeñar, simultáneamente a la función fiscal, empleos o cargos públicos remunerados o prestar cualquier clase de servicios profesionales remunerados, salvo lo previsto en la Constitución Política para la docencia universitaria. 3. Ausentarse injustificadamente del despacho fiscal por más de cinco (5) días consecutivos en un periodo de treinta (30) días calendario o más de quince (15) días en un periodo de ciento ochenta (180) días calendario, hayan sido o no sancionadas disciplinariamente en cada caso. 74

4. Ejercer la defensa o asesoría legal pública o privada, salvo en los casos exceptuados por ley. 5. Actuar en un proceso o procedimiento a sabiendas de estar legalmente impedido de hacerlo. 6. Interferir en el ejercicio de funciones de los otros órganos del Estado, sus agentes o representantes o permitir la interferencia de cualquier organismo, institución o persona que atente contra el órgano fiscal o la función fiscal. 7. Ocultar alguna prohibición que le sea imputable para el ejercicio de la función o abstenerse de informar una causal sobreviniente. 8. Intentar el ejercicio de influencia ante otros fiscales o jueces en causas que investigan o tramitan en el marco de sus respectivas competencias. 9. No justificar documentalmente, dentro del plazo de treinta (30) días hábiles, los signos exteriores de riqueza que evidencien, previo requerimiento del órgano de control. Los signos exteriores de riqueza se aprecian con relación a la declaración jurada de bienes y rentas efectuada anualmente. 10. Cometer actos de acoso sexual o coacción laboral debidamente comprobados. 11. Establecer relaciones de carácter extraprocesal con las partes o terceros, que afecten su objetividad e independencia, o la de otros, en el desempeño de la función fiscal. 12. La tercera falta grave que se cometa durante los dos (2) años posteriores a la comisión de la primera. 13. Incurrir en acto u omisión que, sin ser delito, comprometa gravemente los deberes del cargo. 14. La afiliación a partidos, grupos políticos, grupos de presión; o el desempeño de actos propios de estos grupos o en interés de aquellos en el ejercicio de la función fiscal. 15. Los demás casos expresamente previstos en las leyes sobre la materia. SUBCAPÍTULO II SANCIONES Artículo 48. Sanciones Las sanciones son consecuencia de la comprobación de las faltas cometidas. Deben estar previstas legalmente y ser impuestas previo proceso administrativo. Las sanciones serán anotadas en el registro personal del fiscal. Artículo 49. Sanciones disciplinarias

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Las sanciones disciplinarias aplicables a los fiscales son las siguientes: 1. Amonestación. 2. Multa. 3. Suspensión. 4. Destitución. Artículo 50. Proporcionalidad entre tipos de faltas y sanciones Las sanciones previstas en el artículo anterior se impondrán según los siguientes lineamientos: 1. Las faltas leves solo pueden sancionarse en su primera comisión, con amonestación; y, en su segunda comisión, con multa. 2. Las faltas graves se sancionan con multa o suspensión. La suspensión tiene una duración mínima de quince (15) días y una duración máxima de tres (3) meses. 3. Las faltas muy graves se sancionan con suspensión, con una duración mínima de cuatro (4) meses y una duración máxima de seis (6) meses, o con destitución. No obstante ello, los órganos disciplinarios competentes pueden imponer sanciones de menor gravedad que las que tienen ordinariamente atribuidas, salvo el supuesto de amonestación, si al examinar el caso resulta que los hechos objeto del procedimiento merecen un inferior reproche disciplinario. Artículo 51. Amonestación La amonestación se materializa a través de una llamada de atención escrita que se hace al fiscal, dejándose constancia en su registro y legajo personal respectivo. Artículo 52. Multa La multa consiste en el pago por una sanción impuesta. El límite de la sanción de multa es el diez por ciento (10%) de la remuneración total mensual del fiscal. Artículo 53. Suspensión La suspensión es sin goce de haber y consiste en la separación temporal del fiscal del ejercicio del cargo. La suspensión tiene una duración mínima de quince (15) días y una duración máxima de seis (6) meses. Artículo 54. Destitución La destitución consiste en la cancelación del título de fiscal debido a una falta disciplinaria 76

muy grave, o en su caso, por sentencia condenatoria o reserva de fallo condenatorio por la comisión de un delito doloso. El fiscal destituido no podrá reingresar a la carrera fiscal o ingresar a la carrera judicial. Artículo 55. Anotación y cancelación de sanciones Las sanciones disciplinarias se anotan en el expediente personal del fiscal con expresión de los hechos cometidos. La anotación de la sanción de amonestación se cancela por el transcurso del plazo de un año desde que adquirió firmeza si durante ese tiempo no hubiese dado lugar a otro procedimiento disciplinario que termine en la imposición de sanción. La anotación de multa se cancela, a instancia del fiscal sancionado, cuando hayan transcurrido, al menos, dos años desde la imposición firme de la sanción, y durante ese tiempo el sancionado no ha dado lugar a un nuevo procedimiento disciplinario que termina con la imposición de sanción. La cancelación en el caso de la suspensión, bajo los mismos presupuestos y condiciones, requiere el plazo de tres (3) años. SUBCAPÍTULO III PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO Artículo 56. Procedimiento disciplinario El procedimiento disciplinario es aquel en el cual se determina o no la comisión de una falta, a través de la actuación y valoración de todas las pruebas existentes, aplicándose la sanción correspondiente, de ser el caso. Artículo 57. Quejas e investigaciones de oficio Las quejas e investigaciones de oficio, formuladas contra los fiscales se tramitan y resuelven por el órgano disciplinario que corresponda conforme a la Constitución Política del Perú y la ley. Las investigaciones se pueden iniciar de oficio por el órgano de control o mediante la formulación de una queja a instancia de parte, en la forma señalada por ley. El órgano disciplinario puede rechazar de plano la queja o, en su defecto, puede correr traslado de esta y oír al fiscal quejado o investigado. Asimismo, otorga un tiempo razonable para que estructure su defensa, permite que revise las actuaciones, que ofrezca las pruebas pertinentes de descargo e intervenga en la actuación de los actos de investigación que se realicen, cuya realización debe notificársele oportunamente. Es nula toda resolución que vulnere esos derechos mínimos, así como los demás derechos que integran la garantía del debido proceso. Artículo 58. Indagación preliminar 77

La indagación preliminar es aquella en la cual el órgano encargado investiga una presunta falta en busca de los elementos de prueba necesarios que le permitan sustentar la respectiva investigación o queja, la cual, de ser atendible, dará inicio al procedimiento disciplinario. Artículo 59. Apartamiento del cargo de los fiscales sometidos a queja o investigación por faltas muy graves El apartamiento en el ejercicio de la función fiscal se adopta en situaciones excepcionales y de suma gravedad que comprometan la dignidad del cargo y desmerezcan al fiscal en su concepto público. Es de naturaleza cautelar y se dicta en forma motivada a fin de asegurar la ejecución de la resolución final, así como una adecuada labor fiscal. Esta medida no constituye sanción y caduca a los seis (6) meses de consentida o ejecutoriada la decisión. El fiscal apartado preventivamente percibirá el ochenta por ciento (80%) de la retribución mensual que le corresponde, la misma que, en caso de ser destituido, se tiene como pago a cuenta de la compensación por tiempo de servicios que le corresponda. Asimismo, el órgano encargado del procedimiento disciplinario puede solicitar al juez competente el levantamiento del secreto bancario y de las comunicaciones del investigado, conforme a ley. Artículo 60. Plazo de caducidad y de prescripción de la queja y de la investigación El plazo para interponer la queja contra los fiscales caduca a los seis meses de ocurrido el hecho. La facultad del órgano de control para iniciar investigaciones por faltas disciplinarias prescribe a los dos años de ocurrido el hecho. Cumplida la sanción, el fiscal queda rehabilitado automáticamente al año de haberse impuesto la misma, siempre que la sanción sea de apercibimiento, multa o suspensión. Los plazos de prescripción y la rehabilitación no impiden que sean considerados como antecedentes disciplinarios al momento de la medición del desempeño. Artículo 61. Queja maliciosa En caso de declararse infundada la queja, por ser manifiestamente maliciosa, quien la formuló debe pagar una multa no mayor a cuatro unidades de referencia procesal (URP) sin perjuicio de las otras responsabilidades a que hubiese lugar. El patrocinio de la queja maliciosa será puesto en conocimiento del colegio de abogados respectivo. SUBCAPÍTULO IV ÓRGANOS COMPETENTES Artículo 62. Órganos sancionadores por responsabilidad disciplinaria Las sanciones las aplican el Consejo Nacional de la Magistratura o los órganos de 78

control del Ministerio Público, conforme a la Constitución Política del Perú y a la ley. Artículo 63. Órganos competentes y legitimidad El órgano encargado de la investigación preliminar debe ser distinto de aquel competente para tramitar el procedimiento disciplinario, salvo las excepciones previstas por ley. Las partes procesales se encuentran legitimadas para interponer directamente, ante el órgano competente, queja contra el fiscal que conoce la causa por la comisión de una falta disciplinaria. TÍTULO IV FISCALES TITULARES Y PROVISIONALES Artículo 64. Definiciones 64.1. Fiscales titulares son aquellos a los que se nombra de manera permanente para el ejercicio de la función fiscal en el nivel que corresponde. 64.2. Fiscales provisionales son aquellos fiscales titulares que ocupan en caso de vacancia, licencia o impedimento el nivel superior inmediato vacante y aquellos abogados que cumplen con los requisitos para el nivel que se le designa. La plaza original del fiscal que cubre provisionalmente el nivel superior debe ser cubierta de manera temporal en las mismas condiciones por un fiscal del nivel inmediato inferior. Esta categoría no es aplicable a la Junta de Fiscales Supremos, salvo los casos de fuerza mayor. Artículo 65. Prioridad en la provisionalidad El fiscal llamado a cubrir provisionalmente una plaza superior es aquel que ocupe el puesto más alto en el cuadro de méritos de su nivel, como consecuencia del proceso de evaluación del desempeño parcial. TÍTULO V EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO PARCIAL E INTEGRAL CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES Artículo 66. Finalidad y campos de evaluación La evaluación del desempeño parcial por la Oficina de Medición del Desempeño Fiscal tiene por finalidad conocer el rendimiento y mérito de los fiscales, así como detectar las necesidades de capacitación o recomendar la incorporación de mejores prácticas para optimizar la impartición de justicia. La evaluación del desempeño parcial e integral medirá la eficacia y eficiencia en el 79

ejercicio de la función, para lo cual se considerarán los siguientes aspectos: 1. Las decisiones fiscales y dictámenes emitidas por el fiscal, equivaldrá al treinta por ciento (30 %) de la calificación final. 2. La gestión del proceso, que equivale al veinte por ciento (20%) de la calificación final. 3. La celeridad y rendimiento, que equivalen al treinta por ciento (30%) de la calificación final. 4. La organización del trabajo, que equivale al diez por ciento (10%) de la calificación final. 5. Las publicaciones jurídicas y de temas afines, que equivalen al cinco por ciento (5%) de la calificación final. 6. El desarrollo profesional durante el ejercicio de la función, que equivale al cinco por ciento (5%) de la calificación final. Artículo 67. Principios que rigen la evaluación integral del desempeño La evaluación integral del desempeño se sustenta en los siguientes principios: 1. Igualdad de condiciones: Los fiscales sin distinción deben ser evaluados bajo los mismos criterios. 2. Transparencia: Los fiscales deben conocer oportunamente los periodos de evaluación, aspectos y puntajes de las evaluaciones, así como los resultados de las mismas, que son a la vez de acceso público. 3. Objetividad: Las evaluaciones deben efectuarse con objetividad y en estricta sujeción a los criterios de evaluación, previamente establecidos en la ley. 4. Medición: Las evaluaciones deben ser medidas a través de indicadores previamente definidos. 5. Comprobación: Los resultados de las evaluaciones deben ser posibles de verificar tanto por el funcionario evaluado como por las autoridades a cargo de la evaluación. Artículo 68. Escala de rendimiento La escala de rendimiento satisfactorio de los fiscales es la siguiente: 1. De ochenta y cinco (85) hasta cien por ciento (100%) de la nota: Excelente. 2. De setenta (70) hasta ochenta y cuatro por ciento (84%) de la nota: Buena. 3. De sesenta (60) hasta sesenta y nueve por ciento (69%) de la nota: Insuficiente. 4. De cero (0) hasta cincuenta y nueve por ciento (59%) de la nota: Deficiente. 80

CAPÍTULO II CRITERIOS DEL DESEMPEÑO FISCAL OBJETO DE EVALUACIÓN SUBCAPÍTULO I EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS PRONUNCIAMIENTOS JURÍDICOS Artículo 69. Criterios de evaluación de los pronunciamientos fiscales Los criterios de evaluación de las decisiones fiscales, que deben tener igual puntaje, son los siguientes: 1. La comprensión del problema jurídico y la claridad de su exposición. 2. La coherencia lógica y solidez de la argumentación utilizada para su tesis. 3. La congruencia de las opiniones emitidas en los procesos en que participe. Artículo 70. Muestra de los pronunciamientos a evaluar La evaluación se realiza solo sobre las decisiones fiscales que hayan sido emitidas dentro del periodo evaluado. El total de decisiones fiscales a evaluar es seleccionado, en partes iguales, por el fiscal que es evaluado y el órgano evaluador. En este último caso las decisiones fiscales son escogidas mediante un método aleatorio dentro del total de resoluciones. En ningún caso, el total de la muestra puede comprender menos de dieciséis (16) decisiones fiscales, las mismas que deben corresponder a dictámenes, acusaciones fiscales, informes, recursos impugnatorios, entre otros instrumentos propios de la función fiscal, en los porcentajes en que cada uno de estos pronunciamientos corresponde al total de pronunciamientos emitidos en el periodo a ser evaluado. Cuando el fiscal evaluado tenga varias especialidades, la muestra de los pronunciamientos debe conformarse de todas las materias que conoce, en el porcentaje que cada una de ellas tiene en el total de causas que aquel conoce. SUBCAPÍTULO II EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EN LA GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y LOS PROCESOS JUDICIALES Artículo 71. Objeto de evaluación La calidad en la gestión de las investigaciones se evalúa analizando pronunciamientos y otros instrumentos propios de la función fiscal, dados en el ejercicio de dicha función. Artículo 72. Criterios de evaluación de las decisiones fiscales

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Los criterios de evaluación en la calidad de gestión fiscal de la investigación y los procesos judiciales, que deben tener igual puntaje, son los siguientes: 1. La conducción de la investigación. 2. La participación en el proceso judicial. 3. La participación en los procesos por terminación anticipada. 4. El cumplimiento de los términos procesales y el rechazo de las prácticas dilatorias. 5. Las medidas adoptadas para efectivizar el trámite o la ejecución de las resoluciones judiciales. 6. La participación en otros actos procesales y de naturaleza semejante en los que intervenga por razón de su función y atendiendo a su especialidad. Artículo 73. Muestra de los procesos a evaluar La gestión de los procesos es evaluada en virtud de las actuaciones fiscales que se desprenden de los respectivos expedientes fiscales y judiciales. Estos expedientes son fijados, en partes iguales, por el mismo fiscal evaluado y el ente evaluador. Dichos expedientes son escogidos por un método aleatorio dentro de los correspondientes universos. En total, el número de los procesos evaluados no debe ser menor de doce (12), de los cuales la mitad pertenece al primer año evaluado, y la otra mitad, al segundo. Si agotado el procedimiento de determinación no es posible completar el mínimo de expedientes establecidos, la evaluación se realizará con los que hubiere. SUBCAPÍTULO III EVALUACIÓN DE LA CELERIDAD Y RENDIMIENTO Artículo 74. Objeto de evaluación Esta evaluación se efectúa sobre la celeridad y rendimiento de los fiscales durante el periodo a evaluar. Artículo 75. Información requerida para la evaluación Para llevar adelante esta evaluación, se requiere contar con la siguiente información: 1. El número de casos que ha conocido. 2. El número de casos no concluidos que no se encontraban en trámite desde el periodo anterior y que fueron reactivados. 3. El número de denuncias con investigaciones concluidas con formulación de denuncia 82

fiscal. 4. El número de recursos impugnatorios emitidos en el periodo a evaluar. 5. El número de los casos enviados a otros fiscales para que ellos continúen el trámite. 6. El número de diligencias realizadas. 7. El número de veces que la expedición de un dictamen, pronunciamiento, disposición, informe, requerimiento, acusación o una diligencia se difirió injustificadamente. 8. El número de audiencias frustradas por no encontrarse presente injustificadamente en la actividad judicial. 9. El número de investigaciones consideradas de especial complejidad. 10. Las demás previsiones que establezcan los reglamentos de evaluación. Esta información es recabada por el órgano evaluador. En el caso de que el fiscal se haya desempeñado en más de un despacho durante el periodo evaluado, corresponde su evaluación conforme a cada cargo desempeñado. Si se establece que la información otorgada al ente evaluador es errónea, ya sea por parte del fiscal o de algún ente institucional, sin perjuicio de las acciones a las que hubiere lugar, se le asigna la calificación de cero (0) puntos en este factor, salvo que se demuestre la ausencia de culpa del fiscal evaluado, en cuyo caso procede a una nueva evaluación sobre la base de información veraz. Artículo 76. Criterios de evaluación de la celeridad y rendimiento El rendimiento es medido teniendo en cuenta la producción efectiva y los factores ajenos al fiscal evaluado que en ella incidan, los mismos que son medidos en términos objetivos. Tales factores a tener en cuenta son la carga procesal y la complejidad de los casos, los mismos que son determinados cuantitativamente mediante un sistema de información estadística con criterios adecuados. Para determinar la productividad, teniendo en cuenta la carga procesal, se consideran los criterios de la carga procesal efectiva y la carga estándar: 76.1. La carga procesal efectiva es aquella que el fiscal tiene realmente como casos a investigar, perseguir o participar. Para efectos de determinarla, se debe precisar lo siguiente: a) La carga efectiva no comprende las causas que, de acuerdo a ley, no exigían, dentro del periodo a ser evaluado, el desarrollo de la función por parte del fiscal. b) El egreso efectivo no comprende aquellos procesos que, de acuerdo a ley, han dejado de formar parte de la carga de la fiscalía por causas diferentes al desarrollo de la función del fiscal, o que no le correspondiesen en instancia. 83

76.2. La carga estándar es aquella máxima que cada fiscalía puede tramitar de manera eficiente, de acuerdo a los recursos humanos y materiales con los que cuenta. El establecimiento de la misma es bianual y compete a la Gerencia de Planificación del Ministerio Público bajo la supervisión del Consejo Nacional de la Magistratura. 76.3. Para la evaluación, las fiscalías se diferencian en razón del índice que resulte de comparar la carga efectiva que tramitan en el periodo a evaluar con la carga estándar para el mismo periodo. De tal manera que las fiscalías pueden ser de tres (3) niveles. a) Primer nivel: fiscalías que tienen una carga efectiva menor que la carga estándar. b) Segundo nivel: fiscalías que tienen una carga efectiva igual a la carga estándar o mayor que ella hasta un cuarenta por ciento (40%). c) Tercer nivel: fiscalías que tengan una carga efectiva superior al cuarenta por ciento (40%) respecto de la carga estándar. 76.4. De acuerdo a esta clasificación, los fiscales evaluados, de cada uno de estos niveles, son calificados de acuerdo al criterio de expedientes fiscales y judiciales dejados de tramitar. A mayor cantidad de expedientes no tramitados, el puntaje a otorgar es menor. La escala de puntajes a otorgar es indicada por el órgano competente de la evaluación. A cada tipo de carga se le debe asignar un índice, donde el número cien (100) indica una carga normalizada. A partir de estos índices se efectúa la evaluación, contrastando el índice de carga procesal con la producción del fiscal evaluado. Para determinar la productividad se tiene en cuenta el grado de complejidad y la cantidad de los mismos. Para efectos de determinar el grado de complejidad de los procesos, se tienen en cuenta los siguientes criterios: el número de encausados o partes, el número de delitos o petitorios, la naturaleza de los hechos y derechos controvertidos, así como la acumulación. Estos criterios definen el carácter de complejo o no del caso, de manera conjunta o independiente, según corresponda. Para la evaluación, solo se consideran los casos de excepcional complejidad, es decir, aquellos que por la concurrencia o presencia de alguno de los criterios anteriormente mencionados se tornan en objeto de una especial dedicación. El órgano evaluador es el que define el carácter de complejo de los casos. Los fiscales evaluados deben reportar los casos complejos al ente competente, a fin de que sean considerados en la evaluación; ello sin perjuicio de los casos que el mismo ente esté considerando como tales. La evaluación del factor complejidad en la producción del fiscal se relaciona con el factor de la carga procesal mediante índices de reducción, relacionados al rendimiento o productividad esperados. SUBCAPÍTULO IV

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EVALUACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Artículo 77. Objeto de la evaluación Esta evaluación se efectúa sobre la utilización que haga el fiscal de los recursos humanos y materiales de los que dispone su despacho para mejorar la calidad del servicio ofrecido a los denunciantes, ordenar las causas y mejorar la eficiencia y eficacia en el desarrollo del trabajo. La información pertinente está contenida en un informe que el fiscal presenta anualmente. Artículo 78. Criterios de evaluación de la organización del trabajo Los criterios de evaluación de la organización del trabajo, que deben tener igual puntaje, son los siguientes: 1. Los procedimientos de trabajo que hayan sido establecidos. 2. El registro y control de la información. 3. El manejo de expedientes y archivo. 4. La atención a los usuarios. 5. La capacidad para analizar y verificar el desarrollo y grado de ejecución de las actividades, planes y programas. 6. Las demás previsiones que establecen los reglamentos de evaluación. SUBCAPÍTULO V EVALUACIÓN DE LAS PUBLICACIONES Artículo 79. Objeto de la evaluación Esta evaluación se efectúa sobre la producción de trabajos de investigación teóricos o de campo respecto de la impartición de justicia, derecho o ramas afines, que ha publicado el fiscal durante el periodo evaluado. Las obras que son objeto de evaluación son las siguientes: 1. Libros. 2. Capítulos de libros. 3. Publicaciones realizadas en revistas especializadas en derecho. 4. Ponencias. 5. Los demás que consideren los reglamentos de evaluación. Artículo 80. Criterios de evaluación 85

La evaluación de cada obra tiene en cuenta: 1. La originalidad o la creación autónoma de la obra. 2. La calidad científica, académica o pedagógica de la obra. 3. La relevancia y pertinencia de los trabajos con las políticas en materia fiscal. 4. La contribución al desarrollo del derecho. 5. Las demás previsiones que establezcan los reglamentos de evaluación. No se tienen en cuenta las reimpresiones de obras que no contienen un trabajo de corrección o actualización sustancial. SUBCAPÍTULO VI EVALUACIÓN DEL DESARROLLO PROFESIONAL Artículo 81. Objeto de la evaluación Esta evaluación se efectúa respecto de los cursos de capacitación o especialización que el fiscal ha superado satisfactoriamente en la Academia de la Magistratura, universidad u otra entidad académica de reconocido prestigio, en el periodo a ser evaluado. Artículo 82. Criterios de evaluación del desarrollo profesional La evaluación debe realizarse en base a la nota obtenida en los cursos aprobados que se presentan para el caso. CAPÍTULO III ÓRGANOS COMPETENTES PARA LA EVALUACIÓN INTEGRAL DEL DESEMPEÑO SUBCAPÍTULO I EVALUACIÓN INTEGRAL DEL DESEMPEÑO Artículo 83. Evaluación integral del desempeño El Consejo Nacional de la Magistratura efectúa la evaluación integral del desempeño de los fiscales de todos los niveles cada siete (7) años. En caso de que un fiscal ascendiera por concurso público al nivel inmediato superior del Ministerio Público, dentro del plazo antes señalado, su evaluación integral tiene lugar al cumplirse siete años de su acceso al nuevo cargo. El Consejo Nacional de la Magistratura a través de la evaluación integral, desde la perspectiva de la idoneidad profesional, da su conformidad o no para la permanencia del fiscal en la función. La decisión que adopte el Consejo Nacional de la Magistratura requiere el voto de la 86

mayoría simple de sus miembros y de resolución debidamente motivada. Artículo 84. Régimen especial de evaluación integral de fiscales supremos Los fiscales supremos son evaluados por el Consejo Nacional de la Magistratura sobre la base de la calidad de sus dictámenes, pronunciamientos fiscales y desarrollo profesional. Cuando de la evaluación se desprende que se encuentran bajo algún supuesto de separación, el Consejo Nacional de la Magistratura procede a separarlos, a menos que los dos tercios de sus integrantes decidan mantenerlo en la carrera fiscal, mediante resolución debidamente motivada. Artículo 85. Órganos de apoyo y de colaboración para la evaluación integral El Consejo Nacional de la Magistratura solicita a la Academia de la Magistratura el expediente del fiscal a evaluar integralmente, así como los demás documentos que considere necesarios, seis meses antes de la evaluación integral. De ser necesario, puede contar con órganos de apoyo que permitan el correcto y oportuno desarrollo de la función de evaluación integral. Estos pueden ser órganos de alguna entidad perteneciente al sistema de justicia o una entidad académica de prestigio. SUBCAPÍTULO II MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO FISCAL Artículo 86. Medición del desempeño fiscal La medición del desempeño fiscal es el medio de seguimiento y medición funcional de la actividad fiscal. Se lleva a cabo a través de indicadores de desempeño y escalas de rendimiento preestablecidos. Tiene los siguientes objetivos: 1. Conocer el rendimiento profesional real y actualizado de los fiscales. 2. Promover la mejora del desempeño funcional de los fiscales, conforme a las metas institucionales. 3. Incentivar la superación profesional y personal de los fiscales. 4. Reconocer los méritos y determinar los estímulos, distinciones y promociones para los fiscales con eficiente desempeño fiscal. 5. Detectar las deficiencias de los fiscales en el desempeño de su función y adoptar las decisiones sobre capacitación que se requieran. 6. Elaborar el cuadro de méritos del desempeño fiscal. 7. Incorporar buenas prácticas que optimicen la organización del trabajo fiscal. 87

Artículo 87. Órgano, sujetos y carácter de la medición La Oficina de Medición del Desempeño Fiscal aprueba los indicadores de desempeño y escala de rendimiento de la medición de desempeño fiscal. La medición del desempeño fiscal es permanente, con resultados periódicos, y comprende a los fiscales supremos adjuntos, fiscales superiores, fiscales provinciales o mixtos y fiscales provinciales adjuntos. Artículo 88. Indicadores de desempeño Los indicadores de desempeño son los factores que permiten conocer y medir objetivamente el rendimiento y aptitud de los fiscales en el ejercicio de la función fiscal; definir las políticas institucionales de medición y desarrollo de la actividad de los fiscales; corregir y superar las deficiencias detectadas; y, en su caso, promover las buenas prácticas aplicadas por estos. Son indicadores de medición del desempeño fiscal, entre otros, los siguientes: 1. Resoluciones, disposiciones, providencias, dictámenes y requerimientos de trascendencia procesal dictadas en función al tipo de procedimiento, carga procesal y al estándar comparativo fijado por la Oficina de Medición del Desempeño Fiscal conforme al respectivo reglamento. 2. Calidad de los citados actos jurídicos procesales en función a una muestra que seleccionan, en partes iguales, el fiscal evaluado y la Oficina de Medición del Desempeño Fiscal o el órgano que se designe. 3. Actuación del fiscal según la cantidad, naturaleza y complejidad de audiencias y diligencias realizadas mensualmente. 4. Acuerdos conciliatorios en sede judicial cuando corresponda legalmente. 5. Carga procesal y duración de los procesos o recursos judiciales, en función a los plazos o términos legales, la organización y características internas del órgano fiscal y la complejidad de los asuntos a resolver. 6. Calidad y eficiencia del despacho fiscal, según los criterios objetivos y procedimientos establecidos en el reglamento. Para tal efecto, se considera su organización y dirección; la conducción de órganos de gestión fiscales; las relaciones con el público usuario y abogados; la creación, desarrollo y mejoramiento de buenas prácticas en el sistema de justicia; y la proyección social del fiscal. 7. Comisiones y asesorías a los órganos de gobierno fiscal, así como el resultado de su labor e informes emitidos. 8. Estudios y cursos de perfeccionamiento, grados académicos, diplomas obtenidos y títulos profesionales adicionales. La Oficina de Medición del Desempeño Fiscal actualiza y reajusta el valor de los 88

indicadores de medición conforme a las exigencias técnicas y al desarrollo del sistema de medición definido, de acuerdo a las directivas que dicte sobre la materia. Artículo 89. Órganos encargados de la medición del desempeño fiscal La medición permanente del desempeño fiscal está a cargo de la Oficina de Medición del Desempeño Fiscal, órgano desconcentrado del Ministerio Público dependiente únicamente de la Junta de Fiscales Supremos, que se implementa con base en la existente Oficina de Registro y Evaluación de Fiscales, cuya organización y funciones constaren en su reglamento, sin perjuicio de las que se establezcan en la presente ley. Artículo 90. Funciones de la Oficina de Medición del Desempeño Fiscal Son funciones de la Oficina de Medición del Desempeño Fiscal respecto del desempeño fiscal las siguientes: 1. Medir permanentemente, con resultado anual, el desempeño de los fiscales supremos adjuntos, fiscales superiores, fiscales provinciales o mixtos y fiscales provinciales adjuntos. 2. Remitir al Consejo Nacional de la Magistratura los resultados de la medición anual a que hace referencia el numeral 1 para los efectos de la evaluación integral del desempeño de los fiscales. 3. Presentar al Consejo Nacional de la Magistratura el cuadro de méritos como resultado de la medición anual del desempeño de los fiscales. 4. Comunicar a la Junta de Fiscales Supremos los resultados de la medición anual del desempeño fiscal. 5. Elaborar propuestas de instrumentos de gestión institucionales y de acciones tendientes a la mejora de la eficiencia del desempeño fiscal. 6. Formular propuestas de planes anuales de actualización y perfeccionamiento de la medición del desempeño fiscal. 7. Presentar ante el Consejo Nacional de la Magistratura un informe anual de su gestión sobre la medición del desempeño fiscal. 8. Realizar audiencias públicas para recibir propuestas para mejorar el funcionamiento del sistema de medición del desempeño jurisdiccional. 9. Verificar el cumplimiento de las actividades programadas para superar las dificultades detectadas en el desempeño de la función fiscal. 10. Requerir información necesaria a las dependencias del Poder Judicial, del Ministerio Público y de otros organismos vinculados al servicio de justicia, incluido el Ministerio de Justicia, para consolidar el Sistema de Medición del Desempeño Fiscal. 11. Realizar visitas, previa coordinación, a los despachos fiscales para obtener información útil al proceso de medición, conforme a las pautas que establece el 89

reglamento, para garantizar los objetivos de la medición del desempeño fiscal. 12. Las demás que determine la ley. Artículo 91. Órganos de colaboración y apoyo técnico Para el cumplimiento de sus objetivos y el desarrollo de sus funciones, la Oficina de Medición del Desempeño Fiscal puede contar con el concurso de organismos del Estado, así como de universidades, instituciones técnicas especializadas nacionales o extranjeras, de reconocida trayectoria, conforme a lo establecido en el reglamento. Corresponde a la Oficina de Medición del Desempeño Fiscal la adopción de las medidas necesarias para el logro de la certificación de calidad del Sistema de Medición del Desempeño Fiscal. Artículo 92. Veedurías El Sistema de Medición del Desempeño Fiscal promueve la participación ciudadana a través de veedurías externas en todas las etapas de sus actividades. Corresponde a las veedurías: 1. Recibir la información necesaria para sus actividades, asumiendo el costo que depare. 2. Participar como observadores del desarrollo de las diferentes etapas del procedimiento de medición del desempeño fiscal. 3. Emitir opiniones y presentar peticiones, de carácter general, respecto del procedimiento de medición del desempeño fiscal. 4. Formular recomendaciones por escrito para la mejora y eficiencia del referido procedimiento. El reglamento establece los requisitos y atribuciones de las veedurías ciudadanas. Se garantiza la participación de las asociaciones de fiscales, colegios de abogados, facultades de derecho y demás organismos, instituciones o asociaciones que tengan como objeto social la defensa y promoción de un óptimo servicio de impartición de justicia. No pueden participar como veeduría el organismo, institución o asociación privada que patrocine causas de cualquier especialidad en etapa policial, investigación preliminar o de otra índole ante el Ministerio Público o ante los juzgados y tribunales de la República. Artículo 93. Registro de medición del desempeño fiscal La Oficina de Medición del Desempeño Fiscal elabora un cuadro general y un registro personal de resultado anual sobre la base de la información que permanentemente se procesa y de acuerdo con los indicadores de desempeño correspondientes. El resultado de la medición es puesto en conocimiento del fiscal evaluado. Consta en su 90

registro personal y en los registros correspondientes, a los que podrá acceder de solicitarlo. Artículo 94. Resultado de la medición y transparencia El resultado de la medición del desempeño fiscal contribuye al acceso a las promociones, beneficios e incentivos, y a la anotación de los méritos y deméritos contemplados en la presente Ley y el reglamento, así como la participación obligatoria de los fiscales en los programas de capacitación y de mejoramiento del despacho fiscal. El resultado de la medición del desempeño fiscal tiene por finalidad lo siguiente: 1. La elaboración del cuadro de méritos. 2. La implementación de las acciones necesarias para corregir las deficiencias detectadas en el desempeño fiscal. 3. El establecimiento de los criterios que tiene en cuenta la Academia de la Magistratura para elaborar el plan de estudios de los cursos regulares y extraordinarios, dirigidos a la capacitación de los fiscales. 4. La necesidad de participación del fiscal en los cursos o actividades realizadas por la Academia de la Magistratura y la Junta de Fiscales Supremos, a fin de mejorar su desempeño. 5. El impedimento temporal, cuando la medición del desempeño fiscal arroja un resultado insatisfactorio, para ocupar provisionalmente un cargo superior, condicionado al cumplimiento de los correctivos respectivos. 6. Servir de criterio orientador para las evaluaciones que realiza el Consejo Nacional de la Magistratura. El resultado de la medición del desempeño fiscal se publica en la página web del Ministerio Público y del Consejo Nacional de la Magistratura. También se publica por el mismo medio el conjunto de actividades y las fases del Sistema de Medición del Desempeño Fiscal, conforme a lo establecido en el reglamento. Artículo 95. Medidas correctivas La Junta de Fiscales Supremos dispone la aplicación y cumplimiento de las medidas correctivas que permitan superar las falencias en el ejercicio de la función fiscal, de acuerdo con el resultado de la medición anual y sobre la base de las propuestas formuladas por la Oficina de Medición del Desempeño Fiscal. SUBCAPÍTULO III RÉGIMEN EXCEPCIONAL DE EVALUACIÓN DEL FISCAL EN NUEVO CARGO Artículo 96. Evaluación del fiscal en nuevo cargo 91

En caso de que un fiscal accediera por concurso público o ascenso al nivel inmediato superior del Ministerio Público, el cómputo a efectos de la evaluación se inicia a partir del acceso al nuevo cargo. CAPÍTULO IV CUADRO DE MÉRITOS POR LA MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO FISCAL Artículo 97. Cuadro de méritos Para la formulación del cuadro de méritos por la medición parcial del desempeño fiscal se toman en consideración los factores siguientes: 1. Los resultados obtenidos. 2. Las sanciones y medidas disciplinarias. La evaluación del desempeño fiscal tiene un peso igual al ochenta y cinco por ciento (85%) y las sanciones y medidas disciplinarias igual al quince por ciento (15%). Artículo 98. Objetivos del cuadro de méritos El cuadro de méritos sirve para orientar al órgano competente sobre el ascenso de los fiscales de carrera y el otorgamiento de promociones. CAPÍTULO V BENEFICIOS E INCENTIVOS DE LA MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO FISCAL Artículo 99. Tipos de beneficios e incentivos La Oficina de Medición del Desempeño Fiscal propone un programa de beneficios e incentivos para recompensar el buen desempeño de los fiscales de carrera que ocupan los primeros puestos del cuadro de méritos. Los incentivos pueden ser principalmente de tres tipos: 1. Ascensos al nivel inmediato superior. 2. Promociones. 3. Otros beneficios distintos a los de naturaleza económica. Artículo 100. Los ascensos La Oficina de Medición del Desempeño Fiscal propone, según el orden establecido en el cuadro de méritos, a los fiscales titulares para las vacantes que se produzcan en los niveles inmediatos superiores, siempre y cuando correspondan a su misma especialidad dentro del margen de reserva. En este caso, la Oficina de Medición del Desempeño Fiscal remite la propuesta a la Junta 92

de Fiscales Supremos la cual, a su vez, la remite al Consejo Nacional de la Magistratura para los efectos del proceso de selección para las plazas del treinta por ciento (30%) de porcentaje abierto con reserva. Artículo 101. Las promociones Los fiscales, de acuerdo al cuadro de méritos, tienen derecho a lo siguiente: 1. Ocupar una vacante provisional de fiscal en el nivel inmediato superior, siempre y cuando corresponda a su misma especialidad. 2. Licencias para especialización o capacitación. 3. Traslados. 4. Ser preferentemente considerados para cargos administrativos, en caso de que lo soliciten. Para tal efecto, la Oficina de Medición del Desempeño Fiscal desarrolla acciones de coordinación con la Junta de Fiscales Supremos a fin de viabilizar las promociones a que haya lugar. CAPÍTULO VI RECURSOS IMPUGNATORIOS DE LA MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO FISCAL Artículo 102. Derecho de impugnación El fiscal evaluado tiene derecho a impugnar el resultado, en un plazo de cinco días posteriores a la fecha en que fue notificado con su resultado anual. El procedimiento se rige por el reglamento que aprueba la Junta de Fiscales Supremos a fin de viabilizar las promociones a que haya lugar. Artículo 103. Impedimento y recusación del órgano competente o los órganos auxiliares Los miembros de la Oficina de Medición del Desempeño Fiscal y de los órganos auxiliares que incurran en alguna de las causales de impedimento o recusación, a la que se refieren los artículos pertinentes del Código Procesal Civil, no pueden participar en la medición. Tanto el impedimento como la recusación son planteados en la primera oportunidad que se tuviera para ello. La recusación es resuelta por la Junta de Fiscales Supremos. CAPÍTULO VII RÉGIMEN ESPECIAL DE MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO FISCAL Artículo 104. Fiscales en régimen especial de medición La Oficina de Medición del Desempeño Fiscal establece un régimen especial para medir 93

el desempeño de los fiscales que ocupan cargos administrativos o que han sido destacados a un programa especial, el cual es tomado como base para la evaluación integral que desarrolle el Consejo Nacional de la Magistratura. Artículo 105. Responsabilidad disciplinaria Si a consecuencia de la medición de desempeño se detectan indicios de haberse cometido una falta disciplinaria, se da cuenta al órgano de control competente para la adopción de las medidas correspondientes. TÍTULO VI TERMINACIÓN DE LA CARRERA FISCAL Artículo 106. Terminación del cargo El cargo de fiscal termina por lo siguiente: 1. Muerte. 2. Cesantía o jubilación. 3. Renuncia, desde que es aceptada. 4. Destitución dispuesta por el Consejo Nacional de la Magistratura. 5. Separación definitiva por disposición del Consejo Nacional de la Magistratura. 6. Incompatibilidad sobreviniente. 7. Causa física o mental permanente, debidamente comprobada, que impida el ejercicio de la función fiscal. 8. Haber sido condenado por delito doloso u objeto de sentencia con reserva del fallo condenatorio por delito doloso. 9. Alcanzar la edad límite de setenta (70) años. 10. Los demás casos previstos en la Constitución Política del Perú y en la Ley Orgánica del Ministerio Público. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES PRIMERA. Naturaleza de la ley La presente Ley es de naturaleza orgánica, de conformidad con lo prescrito por el artículo 106 de la Constitución Política del Perú. SEGUNDA. Plazo para la implementación de la Medición del Desempeño Fiscal El plazo de implementación de la Medición del Desempeño Fiscal es de tres (3) meses, 94

contados a partir de la aprobación del reglamento. TERCERA. Elaboración del Reglamento de Organización y Funciones de la Oficina de Medición del Desempeño Fiscal La Junta de Fiscales Supremos en el plazo de tres (3) meses, contados a partir de la vigencia de la presente Ley, elabora el Reglamento de Organización y Funciones de la Oficina de Medición del Desempeño Fiscal, encargada de la medición del desempeño fiscal, así como los demás instrumentos técnicos y normativos que se requieran para su funcionamiento. CUARTA. Primer resultado de la medición anual del desempeño fiscal El primer resultado de la medición anual del desempeño fiscal es consolidado al término de un (1) año de concluido el plazo de prueba y validación, a que se refiere la primera disposición complementaria transitoria de la presente Ley. QUINTA. Vigencia La presente Ley entra en vigencia a los sesenta (60) días de su publicación. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS PRIMERA. Reglas de transición En tanto no se implemente la medición del desempeño fiscal y el cuadro de méritos respectivo de todos los fiscales, la designación para ocupar un cargo fiscal en calidad de provisional se realiza de acuerdo al cuadro de méritos transitorio que debe considerar los siguientes aspectos: 1. El desarrollo profesional, es decir, el nivel de estudios, el número y la calidad de las publicaciones jurídicas y no jurídicas en materias afines. 2. La producción del fiscal en relación con la carga procesal que asume. 3. Los antecedentes de sanciones disciplinarias que presente. 4. Los resultados de la evaluación de la calidad de las decisiones o resoluciones finales que emite el fiscal con los mismos requisitos exigidos para las ratificaciones en este régimen transitorio. La elaboración de este cuadro de méritos transitorio está a cargo de la Junta de Fiscales Supremos. SEGUNDA. Concursos públicos en trámite Los procesos de selección y nombramiento en trámite se rigen por las normas con las cuales se convocaron. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DEROGATORIAS ÚNICA. Norma derogatoria 95

Deróganse los artículos 20, 27, 28, 36, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 55, 56, 57, 58, 59 y 60 del Decreto Legislativo 052, Ley Orgánica del Ministerio Público, y las demás normas que se opongan a la presente ley. Comuníquese, etc.” “Primera votación del nuevo texto sustitutorio del Proyecto 4724 y otros Señores congresistas que votaron a favor: Abugattás Majluf, Acuña Núñez, Acuña Peralta, Andrade Carmona, Apaza Condori, Apaza Ordóñez, Bardález Cochagne, Becerril Rodríguez, Belaunde Moreyra, Beteta Rubín, Canches Guzmán, Capuñay Quispe, Castagnino Lema, Ccama Layme, Chávez Cossío, Chehade Moya, Chihuán Ramos, Coa Aguilar, Cordero Jon Tay, Crisólogo Espejo, Cuculiza Torre, Delgado Zegarra, Díaz Dios, Eguren Neuenschwander, Elías Ávalos, Espinoza Cruz, Fujimori Higuchi, Gastañadui Ramírez, Grandez Saldaña, Guevara Amasifuen, Huaire Chuquichaico, Huayama Neira, Hurtado Zamudio, Isla Rojas, Jara Velásquez, Kobashigawa Kobashigawa, Lewis del Alcázar, Llatas Altamirano, López Córdova, Medina Ortiz, Molina Martínez, Neyra Huamaní, Neyra Olaychea, Omonte Durand, Oseda Soto, Otárola Peñaranda, Pari Choquecota, Pariona Galindo, Portugal Catacora, Reátegui Flores, Reynaga Soto, Rivas Teixeira, Rodríguez Zavaleta, Romero Rodríguez, Rondón Fudinaga, Saavedra Vela, Salazar Miranda, Salgado Rubianes, Sarmiento Betancourt, Schaefer Cuculiza, Solórzano Flores, Spadaro Philipps, Tait Villacorta, Tan de Inafuko, Tubino Arias Schreiber, Valencia Quiroz, Velásquez Quesquén, Yrupailla Montes, Zamudio Briceño y Zerillo Bazalar. Señores congresistas que se abstuvieron: Anicama Ñañez, Dammert Ego Aguirre, García Belaunde, Inga Vásquez, Lescano Ancieta, Mavila León, Mendoza Frisch, Merino de Lama, Rimarachín Cabrera y Tejada Galindo.” El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Tiene la palabra el presidente de la Comisión de Justicia. El señor EGUREN NEUENSCHWANDER (PPC-APP).— Presidente, agradezco a la Representación Nacional por su apoyo y pido que se consulte la exoneración de segunda votación. Gracias. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Se va a consultar la exoneración de segunda votación solicitada. Con la misma asistencia, al voto. —Los señores congresistas emiten su voto a través del sistema digital. —Efectuada la consulta, se acuerda, por 70 votos a favor, diez en contra y una abstención, exonerar de segunda votación el texto sustitutorio sobre la Ley de la Carrera Fiscal. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Ha sido acordado. 96

Se deja constancia del voto a favor de los congresistas Gamarra Saldívar, Uribe Medina, Condori Jahuira y Teves Quispe. Ha sido exonerado de segunda votación el texto sustitutorio de los Proyectos de Ley 2408 y 3012. “Votación de la exoneración de la segunda votación del nuevo texto sustitutorio del proyecto 4724 y otros Señores congresistas que votaron a favor: Abugattás Majluf, Acuña Núñez, Acuña Peralta, Andrade Carmona, Apaza Condori, Apaza Ordóñez, Bardález Cochagne, Becerril Rodríguez, Belaunde Moreyra, Beteta Rubín, Canches Guzmán, Capuñay Quispe, Cárdenas Cerrón, Castagnino Lema, Ccama Layme, Chehade Moya, Chihuán Ramos, Coa Aguilar, Cordero Jon Tay, Crisólogo Espejo, Cuculiza Torre, De la Torre Dueñas, Delgado Zegarra, Díaz Dios, Eguren Neuenschwander, Elías Ávalos, Espinoza Cruz, Fujimori Higuchi, Gastañadui Ramírez, Grandez Saldaña, Guevara Amasifuen, Huaire Chuquichaico, Huayama Neira, Hurtado Zamudio, Isla Rojas, Jara Velásquez, Kobashigawa Kobashigawa, Lewis del Alcázar, Llatas Altamirano, Medina Ortiz, Molina Martínez, Neyra Huamaní, Neyra Olaychea, Omonte Durand, Oseda Soto, Otárola Peñaranda, Pari Choquecota, Pariona Galindo, Portugal Catacora, Reátegui Flores, Reynaga Soto, Rivas Teixeira, Rodríguez Zavaleta, Romero Rodríguez, Rondón Fudinaga, Saavedra Vela, Salazar Miranda, Salgado Rubianes, Sarmiento Betancourt, Schaefer Cuculiza, Solórzano Flores, Spadaro Philipps, Tait Villacorta, Tan de Inafuko, Tubino Arias Schreiber, Valencia Quiroz, Velásquez Quesquén, Yrupailla Montes, Zamudio Briceño y Zerillo Bazalar. Señores congresistas que votaron en contra: Anicama Ñañez, Chávez Cossío, Dammert Ego Aguirre, García Belaunde, Inga Vásquez, Lescano Ancieta, Mavila León, Mendoza Frisch, Merino de Lama y Rimarachín Cabrera. Señor congresista que se abstuvo: Tejada Galindo.” El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Pasamos a ver dos temas, probablemente breves, después de los cuales vamos a requerir la presencia de los congresistas para una votación calificada, pues entrará para su consideración la insistencia con relación al Lote 192 y a la Cuenta General de la República. Así que, mientras se van votando esos dos proyectos, los congresistas pueden pasar al comedor y estar atentos, porque aproximadamente en una hora estaremos necesitando su presencia para esa votación calificada. Se aprueba en primera votación el texto sustitutorio materia de debate, propuesto en el dictamen de la Comisión de Transportes y Comunicaciones del período anual de sesiones 2013-2014, por el cual se declara de interés nacional y necesidad pública el mejoramiento y asfaltado de la carretera Tauca–Cabana–Huandoval–Pallasca y la refacción del puente Chuquicara sobre el río Santa en la provincia de Pallasca, departamento de Áncash; y a continuación se acuerda exonerar a la fórmula sancionada de segunda votación 97

El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— El siguiente punto. El RELATOR da lectura: Dictamen por unanimidad de la Comisión de Transportes y Comunicaciones, con un texto sustitutorio del Proyecto de Ley 3103/2013-CR, por el que se propone declarar de interés nacional y necesidad pública el mejoramiento y asfaltado de la carretera Tauca-CabanaHuandoval-Pallasca y la refacción del puente Chuquicara sobre el río Santa, en la provincia de Pallasca, departamento de Áncash.(*) El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Se va a iniciar la sustentación del dictamen por unanimidad de la Comisión de Transportes del período anual de sesiones 20132014, recaído en el Proyecto 3103, por el que se propone declarar de interés nacional y necesidad pública el mejoramiento y asfaltado de la carretera Tauca-Cabana-HuandovalPallasca y la reparación del puente Chuquicara sobre el río Santa, en la provincia de Pallasca, departamento de Áncash. Tiene la palabra el presidente de la Comisión de Transportes, congresista Romero Rodríguez, hasta por diez minutos. El señor ROMERO RODRÍGUEZ (GPDD).— Señor Presidente: La Comisión de Transportes y Comunicaciones, en sesión de fecha del 13 de mayo de 2014, aprobó por unanimidad el dictamen que recomienda un texto sustitutorio del Proyecto de Ley 3103/2013-CR, que declara de interés nacional y necesidad pública el mejoramiento y asfaltado de la carretera Tauca-Cabana-Huandoval-Pallasca y la refacción del puente Chuquicara sobre el río Santa, en la provincia de Pallasca, departamento de Áncash. El área de influencia de esta carretera abarca los distritos de Conchucos, Bolognesi, Huacaschuque, Huandoval, Lacabamba, Llapo, Pallasca, Pampas, Santa Rosa, Tauca y Cabana, en la provincia de Pallasca, departamento de Áncash. Esta vía presenta problemas funcionales y estructurales, con deterioro en la plataforma debido al escaso nivel de mantenimiento. No se ha hecho ningún mejoramiento, situación que dificulta el acceso a los mercados regionales, origina elevados costos de transporte y mayor tiempo de viaje, lo que se traduce en pérdida para los agricultores por la perecibilidad de los productos agrícolas y la menor capacidad de negociación por la venta de sus productos, así como mayor riesgo por accidentes de tránsito. El puente Chuquicara sobre el río Santa se ubica dentro del trama Tauca- CabanaHuandoval-Pallasca, jurisdicción de la provincia de Pallasca, departamento de Áncash, que une la costa con la provincia de Pallasca. Dicho puente tiene más de 40 años de existencia y sus estructuras se encuentran bastante deterioradas debido a que viene soportando intenso tránsito de vehículos pesados de la minería informal. Requiere la refacción de la plataforma para permitir a las unidades móviles transitar sin problemas. El dictamen tiene carácter declaratorio, llamando a unir esfuerzos de las autoridades y a que se contribuya a dar seguridad al transporte de personas y bienes por dicha carretera, elevando la calidad de vida de los habitantes de esa parte del país. 98

Por estas razones, solicito que se someta al Pleno del Congreso la discusión y aprobación del dictamen que propone declarar de interés nacional y necesidad pública el mejoramiento y asfaltado de la carretera Tauca-Cabana-Huandoval-Pallasca y la refacción del puente Chuquicara, sobre el río Santa, en la provincia de Pallasca, departamento de Áncash. Muchas gracias. —Reasume la Presidencia la señora Natalie Condori Jahuira. La señora PRESIDENTA (Natalie Condori Jahuira).— Concluida la sustentación, se da inicio al debate. Como el presente dictamen ha sido aprobado por unanimidad, cada grupo parlamentario tendrá un máximo de dos minutos para que exponga su posición sobre el proyecto, en aplicación de lo dispuesto en el tercer párrafo del inciso b) del artículo 55 del Reglamento. Tiene la palabra el congresista Canches Guzmán, proponente de este proyecto. El señor CANCHES GUZMÁN (GPUR).— Señora Presidenta: Un agradecimiento especial a esta nueva presidencia, dado que este proyecto se presentó en el año 2013. Este proyecto declarativo no es más que la conclusión de un anhelo de los ancashinos y de la zona de Pallasca y Cabana, en donde el expresidente Toledo lanzó este proyecto pero no se terminó, porque hubo un acto de corrupción. Por eso, a través de mí, como ancashino, de padres ancashinos y pallasquinos, se pidió que esta carretera se concluyera; y doy gracias nuevamente en esta oportunidad al presidente Ollanta Humala, porque puso esto en la cartera de obras para poder lograr los objetivos de los de Pallasca. El Ministerio de Transportes ya tiene conocimiento de este proyecto. A Dios gracias me acabo de reunir ayer con ellos, y en 60 días están lanzando ya la terminación de la carretera Pallasca-Cabana-Huandoval, que es el anhelo de toda una provincia alto andina a más de cuatro mil metros de altura. Esas son verdaderas zonas de inclusión social, y espero que se cumpla. El puente Chuquicara, como bien se dijo, tiene más de 40 años. Está solamente sobre madera. Es un puente que también está en el proyecto y ya lo están cambiando. Felicito y agradezco a esta nueva Directiva, porque desde el 2013 estuvo presentado este proyecto; y agradezco y felicito también al presidente de la Comisión de Transportes, que nos ha entendido para que hoy día este proyecto sea una realidad. Agradezco y digo a todos los colegas que proyectos declarativos de esta naturaleza son para el bienestar de un pueblo, de pueblos alejados, de aquellos que lo necesitan. Les agradezco de antemano. Sé que van a colaborar con esos pueblos olvidados que están a cuatro mil 300 metros de altura, donde sí se necesitan esas carreteras, porque se 99

viene el fenómeno de El Niño y van a sufrir mucho, sobre todo el puente Chuquicara. Con esto, espero que se agilice y que muy pronto sea realidad. Colegas, les pido que nos acompañen con su voto. Muchas gracias. La señora PRESIDENTA (Natalie Condori Jahuira).— Tiene la palabra el congresista Hurtado Zamudio. El señor HURTADO ZAMUDIO (GPFP).— Señora Presidenta: En realidad, respecto a este proyecto conviene pensar en los aspectos negativos que se presentaron para no aceptarlo. Así, el Ministerio de Economía da una opinión desfavorable y como razón indica que la máxima autoridad de cada entidad establece las prioridades de ejecución de los proyectos. A mí eso me parece absurdo, porque nosotros somos congresistas y representamos al pueblo; nosotros traemos la voz del pueblo, y el pueblo está pidiendo que se haga la carretera. Pero no; un técnico, sentado en su oficina, redacta un documento en el cual dice: esto es prioritario hacerlo o no lo es. Es absurda esa posición del Ministerio de Economía. No es la primera vez que sucede esto. Con muchos de los proyectos que nosotros presentamos hacen la misma cosa. O sea, ¿qué es prioridad para el Ministerio de Economía? No invertir el dinero. Eso es lo que me parece que es prioridad, y prueba de ello es que no se está considerando esto como inversión. Recordemos que desde el 2004 esa carretera estaba ya lista para sacarla, la habían presupuestado en 52 millones; pero por ociosidad de los Ministerios, por no hacer esto efectivo, en la última evaluación y verificación nos ponen 293 millones. Si no se hace ahora, la siguiente va a ser por 500 millones. Así, vamos a tener después a los pueblos abandonados. Por otro lado, el Ministerio de Transportes a veces señala que para que un proyecto sea viable tiene que haber el flujo vehicular necesario. Es absurdo que alguien pueda, en función del movimiento vehicular, planificar lo que debe ser en el futuro; cuando es al revés: nosotros tenemos que planificar proyectándonos sobre qué sucedería si es que ponemos una carretera. Si es que ponemos una carretera, tenemos un flujo vial que justifica la inversión. Así se planifica. Jamás avanzaríamos en el mundo si dijéramos: ‘Bueno, primero tengo que tener todo el dinero para después planificar’. Eso es absurdo. De acuerdo a la necesidad se planifica; luego viene el flujo, y eso justifica la inversión. Eso es lo que pasa con el Aeropuerto del Cusco, por ejemplo, y con los otros aeropuertos... La señora PRESIDENTA (Natalie Condori Jahuira).— Continúe, congresista.

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El señor HURTADO ZAMUDIO (GPFP).— El Aeropuerto de Jauja, igual. Es decir, hay que pensar de manera proactiva y no reactiva. Además, quisiera entender que este proyecto ayuda a que pensemos mucho en el tema del transporte. Recordemos que estamos en desventaja con todos los pueblos de América Latina porque los costos por trasladar los productos agrícolas llegan hasta el 40% de los costos logísticos; esto es absurdo, pues no podemos tener ese nivel de pérdida cuando podemos avanzar mejor. Señora Presidenta, me pide una interrupción el congresista Canches. La señora PRESIDENTA (Natalie Condori Jahuira).— Tiene la interrupción, congresista Canches Guzmán. El señor CANCHES GUZMÁN (GPUR).— Gracias, colega Hurtado. En realidad, mientras que el Ministerio de Transportes considera prioritaria la terminación de esta carretera, el Ministerio de Economía está poniendo trabas, y yo he sido bien claro. Por eso, cuando uno va a tocar puertas, porque se necesita este tipo de carreteras en esas zonas alto andinas que están abandonadas, mientras un ministerio dice: ‘Sí, es prioritario, Rogelio, ya está en manos del Ministerio de Economía’, es ahí precisamente donde muchas veces tenemos trabas; a pesar de que el Ministerio de Transportes ha considerado prioritaria la terminación de esta carretera. Desde acá exhorto al Ministerio de Economía a que no nos pongan trabas, porque este proyecto, como nos ha dicho el mismo ministro de Transportes, ya está para ser lanzado. Muchas gracias. La señora PRESIDENTA (Natalie Condori Jahuira).— Continúe, congresista Hurtado Zamudio. El señor HURTADO ZAMUDIO (GPFP).— Solo para terminar, creo que muchos de los congresistas pensamos, a veces, que un proyecto declarativo no tiene una efectividad. Claro, no tiene una efectividad si lo hacemos desde nosotros mismos; pero, si trasladamos la necesidad del pueblo, se hace efectivo. ¿Qué ha pasado en el Cusco? Que el Cusco se ha levantado y ha paralizado, porque se ha dado una ley por la cual se van a dar en concesión los bienes de su patrimonio cultural; y los cusqueños han dicho: ‘No, no va pues’. Eso es lo que tenemos aquí, en un proyecto declarativo. Muchos piensan: ‘No, es solamente declarativo’; y no es solamente declarativo, es una necesidad cuya satisfacción pide el pueblo, y por eso vamos a votar a favor de este proyecto. Muchas gracias. La señora PRESIDENTA (Natalie Condori Jahuira).— Tiene la palabra el congresista De la Torre Dueñas.

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El señor DE LA TORRE DUEÑAS (NGP).— Presidenta: Nosotros vamos a respaldar todos los proyectos que generen desarrollo, y al mismo tiempo, vamos a formular un pedido. Como quiera que ha habido acuerdos de la Junta de Portavoces la semana pasada para que se analice el Decreto Legislativo 1198, una norma totalmente antipatrimonio, el día de hoy la Comisión de Cultura ya ha elevado un dictamen en mayoría para la exclusión del Cusco de los alcances de ese decreto legislativo. Por nuestra parte, junto con otros colegas hemos presentado un dictamen en minoría proponiendo la derogación de ese decreto legislativo, que piden todas las autoridades del Cusco presentes en este hemiciclo, así como las organizaciones sociales como la FDTC. Por eso, voy a invocarle, señora Presidenta, en virtud del compromiso que asumió la semana pasada el Presidente del Congreso, que se agende hoy en horas de la tarde este asunto, porque el Cusco en este momento lleva dos días con medidas de fuerza reclamando ese justo derecho de revalorar y cuidar nuestro patrimonio, y no podemos permitir un decreto legislativo que afecta el patrimonio cultural de la nación. Muchas gracias. La señora PRESIDENTA (Natalie Condori Jahuira).— Congresista, el Presidente del Congreso ha recibido a todas las autoridades del Cusco, y es el compromiso ver ese asunto hoy en esta sesión de Pleno, previa reunión de la Junta de Portavoces. Tiene la palabra la congresista Teves Quispe. La señora TEVES QUISPE (NGP).— Señora Presidenta: Es importante dar a conocer el día de hoy lo que viene ocurriendo en la región Cusco, y, también, dar a conocer que el presidente de la Comisión de Cultura ha tenido a bien convocar a una sesión extraordinaria, y que hoy ha sido dictaminado un importante proyecto de ley. He tenido a bien presentar el Oficio 104-2015, a las 12 con 57 horas, que obra en manos de Oficialía. Solicitaré que se vea ese tema inmediatamente, considerando la importancia de la materia contenida en el dictamen, y, a la vez, que se someta a consideración del Consejo Directivo la exoneración del requisito de publicación, la ampliación de agenda y la priorización del debate en el Pleno en la sesión de hoy, porque el Cusco está atento a lo que en este momento el Legislativo viene realizando. Por eso pedimos la priorización de este dictamen de la Comisión, presidida por el congresista Ramón Kabashigawa, en la sesión del día de hoy. Hay que pensar en el Cusco. Creo que el pueblo tiene derecho a presentarse en el Legislativo, y podemos atenderlo, para que el Cusco en este momento esté atendido por el Legislativo. Muchas gracias.

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La señora PRESIDENTA (Natalie Condori Jahuira).— No se preocupe, congresista, que es prioritario para la Mesa Directiva y para este Parlamento resolver el conflicto que definitivamente ha generado la emisión del referido decreto legislativo. Habiendo concluido las intervenciones de los señores parlamentarios, tiene la palabra el presidente de la Comisión de Transportes, congresista Romero Rodríguez. El señor ROMERO RODRÍGUEZ (GPDD).— Señora Presidenta, sin lugar a dudas el Proyecto 3103/2013-CR es un proyecto sumamente importante, porque el Congreso de la República pone en alerta al Poder Ejecutivo y le dice: Estas poblaciones de Pallasca, Huandoval, Cabana, entre otras, necesitan una carretera asfaltada de calidad para poder ahí generar corredores, polos de desarrollo, y que su gente realmente tenga otro nivel de vida y pueda traer sus productos. Cuántas razones más hay para justificar y decir que las carreteras, así como otras vías de comunicación, son sumamente importantes para el desarrollo del país. Señora Presidenta, le pido que someta a voto el presente proyecto, y pido a los señores congresistas que le presten su apoyo. Muchas gracias. La señora PRESIDENTA (Natalie Condori Jahuira).— Finalizado el debate, los señores congresistas se servirán registrar su asistencia para proceder a votar. —Los señores congresistas registran su asistencia mediante el sistema digital para verificar el quórum. La señora PRESIDENTA (Natalie Condori Jahuira).— Han registrado su asistencia 64 congresistas. Al voto. —Los señores congresistas emiten su voto a través del sistema digital. —Efectuada la consulta, se aprueba en primera votación, por 62 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, el texto sustitutorio del proyecto de Ley que declara de interés nacional y necesidad pública el mejoramiento y asfaltado de la carretera TaucaCabana-Huandoval-Pallasca y la refacción del puente Chuquicara sobre el río Santa, en la provincia de Pallasca, departamento de Áncash. La señora PRESIDENTA (Natalie Condori Jahuira).— Ha sido aprobado. Se deja constancia del voto a favor de los congresistas Chávez Cossío, Chehade Moya, Espinoza Cruz, Anicama Ñañez, Oseda Soto, Uribe Medina, Mendoza Frisch, Gamarra Saldívar, Mavila León, Lescano Ancieta, Inga Vásquez, Elías Ávalos, Rosas Huaranga y Portugal Catacora; y de la abstención del congresista Abugattás Majluf. Ha sido aprobado en primera votación el texto sustitutorio del Proyecto de Ley 3103. —El texto aprobado es el siguiente: 103

“EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA; Ha dado la Ley siguiente: LEY QUE DECLARA DE INTERÉS NACIONAL Y NECESIDAD PÚBLICA EL MEJORAMIENTO Y ASFALTADO DE LA CARRETERA TAUCA-CABANA-HUANDOVALPALLASCA Y LA REFACCIÓN DEL PUENTE CHUQUICARA SOBRE EL RÍO SANTA EN LA PROVINCIA DE PALLASCA, DEPARTAMENTO DE ÁNCASH Artículo único. Declaración de interés nacional y necesidad pública Declárase de interés nacional y necesidad pública el mejoramiento y asfaltado de la carretera Tauca-Cabana-Huandoval-Pallasca y la refacción del puente Chuquicara sobre el río Santa en la provincia de Pallasca, departamento de Áncash. Comuníquese, etc.” “Primera votación del texto sustitutorio del Proyecto 3103 Señores congresistas que votaron a favor: Aguinaga Recuenco, Apaza Condori, Apaza Ordóñez, Bardález Cochagne, Becerril Rodríguez, Belaunde Moreyra, Benítez Rivas, Beteta Rubín, Canches Guzmán, Capuñay Quispe, Cárdenas Cerrón, Castagnino Lema, Ccama Layme, Chihuán Ramos, Coa Aguilar, Cordero Jon Tay, Crisólogo Espejo, Dammert Ego Aguirre, De la Torre Dueñas, Delgado Zegarra, Díaz Dios, Fujimori Higuchi, García Belaunde, Gastañadui Ramírez, Grandez Saldaña, Guevara Amasifuen, Huaire Chuquichaico, Huayama Neira, Hurtado Zamudio, Isla Rojas, Jara Velásquez, Kobashigawa Kobashigawa, Lay Sun, Lewis del Alcázar, Llatas Altamirano, López Córdova, Medina Ortiz, Molina Martínez, Neyra Huamaní, Neyra Olaychea, Otárola Peñaranda, Pari Choquecota, Pariona Galindo, Reátegui Flores, Reynaga Soto, Rimarachín Cabrera, Rivas Teixeira, Romero Rodríguez, Rondón Fudinaga, Saavedra Vela, Sarmiento Betancourt, Solórzano Flores, Tait Villacorta, Tan de Inafuko, Tejada Galindo, Teves Quispe, Tubino Arias Schreiber, Valencia Quiroz, Velásquez Quesquén, Wong Pujada, Zamudio Briceño y Zerillo Bazalar.” La señora PRESIDENTA (Natalie Condori Jahuira).— Tiene la palabra el presidente de la Comisión de Transportes, congresista Romero Rodríguez. El señor ROMERO RODRÍGUEZ (GPDD).— Señora Presidenta, pido la exoneración de segunda votación. La señora PRESIDENTA (Natalie Condori Jahuira).— Atendiendo a lo solicitado por el presidente de la Comisión, se va a votar, con la misma asistencia, la exoneración de segunda votación. Al voto. —Los señores congresistas emiten su voto a través del sistema digital.

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—Efectuada la consulta, se acuerda, por 61 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, exonerar de segunda votación el texto sustitutorio del proyecto de Ley que declara de interés nacional y necesidad pública el mejoramiento y asfaltado de la carretera Tauca-Cabana-Huandoval-Pallasca y la refacción del puente Chuquicara sobre el río Santa, en la provincia de Pallasca, departamento de Áncash. La señora PRESIDENTA (Natalie Condori Jahuira).— Ha sido acordada la exoneración de segunda votación. Se deja constancia del voto a favor de los congresistas Elías Ávalos, Salazar Miranda, Rosas Huaranga, Mavila León, Lescano Ancieta, Inga Vásquez, Anicama Ñañez, Gamarra Saldívar, Uribe Medina, Oseda Soto, Chehade Moya, Espinoza Cruz y Portugal Catacora; del voto en contra de la congresista Chávez Cossío; y de la abstención del congresista Abugattás Majluf. Ha sido exonerado de segunda votación el texto sustitutorio del Proyecto de Ley 3103. “Votación de la exoneración de segunda votación del texto sustitutorio del Proyecto 3103 Señores congresistas que votaron a favor: Aguinaga Recuenco, Apaza Condori, Apaza Ordóñez, Bardález Cochagne, Becerril Rodríguez, Belaunde Moreyra, Benítez Rivas, Beteta Rubín, Canches Guzmán, Capuñay Quispe, Cárdenas Cerrón, Castagnino Lema, Ccama Layme, Chihuán Ramos, Coa Aguilar, Cordero Jon Tay, Crisólogo Espejo, Dammert Ego Aguirre, De la Torre Dueñas, Delgado Zegarra, Díaz Dios, Eguren Neuenschwander, Fujimori Higuchi, García Belaunde, Gastañadui Ramírez, Grandez Saldaña, Guevara Amasifuen, Huaire Chuquichaico, Huayama Neira, Hurtado Zamudio, Isla Rojas, Jara Velásquez, Kobashigawa Kobashigawa, Lay Sun, Lewis del Alcázar, Llatas Altamirano, López Córdova, Medina Ortiz, Molina Martínez, Neyra Huamaní, Neyra Olaychea, Otárola Peñaranda, Pari Choquecota, Pariona Galindo, Reynaga Soto, Rimarachín Cabrera, Rivas Teixeira, Romero Rodríguez, Rondón Fudinaga, Saavedra Vela, Sarmiento Betancourt, Solórzano Flores, Tan de Inafuko, Tejada Galindo, Teves Quispe, Tubino Arias Schreiber, Valencia Quiroz, Velásquez Quesquén, Wong Pujada, Zamudio Briceño y Zerillo Bazalar. En sustitución de la propuesta original, se aprueba el texto de la resolución legislativa, contenido en el dictamen de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, en virtud del cual se autoriza el ingreso de unidades navales y de personal militar extranjero al territorio de la República de acuerdo con el Programa de Actividades Operacionales de las Fuerzas Armadas del Perú con Fuerzas Armadas Extranjeras, correspondiente al mes de noviembre de 2015 La señora PRESIDENTA (Natalie Condori Jahuira).— El siguiente punto. El RELATOR da lectura: Dictamen por unanimidad de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, con un texto sustitutorio del Proyecto de Resolución Legislativa 4882/2015-PE, por el que se propone autorizar el ingreso de unidades navales y de personal militar extranjero al territorio de la República, de acuerdo 105

con el Programa de Actividades Operacionales de las Fuerzas Armadas del Perú con Fuerzas Armadas Extranjeras, correspondiente al mes de noviembre de 2015.(*) La señora PRESIDENTA (Natalie Condori Jahuira).— Se va a iniciar la sustentación del dictamen por unanimidad de la Comisión de Defensa Nacional recaído en el Proyecto de Resolución Legislativa 4882, enviado por el Poder Ejecutivo con carácter de urgencia, por el que se propone autorizar el ingreso de unidades navales y de personal militar extranjero al territorio de la República, de acuerdo con el Programa de Actividades Operacionales de las Fuerzas Armadas del Perú con Fuerzas Armadas Extranjeras, correspondiente al mes de noviembre de 2015. La Junta de Portavoces, en sesión del 20 de octubre de 2015, acordó la exoneración de plazo de publicación del dictamen y la ampliación de agenda. Tiene la palabra el presidente de la Comisión de Defensa Nacional, congresista Apaza Condori, hasta por diez minutos. El señor APAZA CONDORI (NGP).— Señora Presidenta: El Proyecto de Resolución Legislativa 4882/2015-PE, que propone el ingreso de unidades navales y de personal militar extranjero al territorio de la República, de acuerdo con el Programa de Actividades Operacionales de las Fuerzas Armadas del Perú con Fuerzas Armadas Extranjeras, correspondiente al mes de noviembre 2015, fue presentado en el Área de Tramite Documentario el 12 de octubre de 2015, recibido el 16 del mismo mes en la Comisión de Defensa Nacional y aprobado por este órgano parlamentario en su segunda sesión extraordinaria realizada hoy, jueves 22 de octubre del presente año. De conformidad con la Constitución Política del Perú, constituye una atribución del Congreso de la República prestar consentimiento para el ingreso de tropas extranjeras al territorio de la República siempre que no afecte en forma alguna la soberanía nacional. En el Reglamento del Congreso y en la Ley 27856 se establece que las proposiciones que autorizan el ingreso de tropas extranjeras al territorio de la República deben cumplir con los requisitos de no afectar la soberanía nacional, especificar los motivos, la cantidad de personal militar y equipos de transeúntes y el tiempo de permanencia en el territorio peruano. Se dispone que el ingreso de tropas extranjeras sea autorizado por el Congreso mediante resolución legislativa, previo dictamen de la Comisión de Defensa Nacional, a solicitud del Presidente de la República. La Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Defensa le otorga la función de promover el fortalecimiento de las relaciones internacionales en materia de seguridad y defensa nacional, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, constituyendo un objetivo del sector Defensa la participación en actividades de carácter regional, continental y/o mundial. Proponiendo el ingreso de unidades navales y de personal militar extranjero con armas de guerra, la propuesta formulada por el Poder Ejecutivo considera la realización de actividades. La primera de ellas tiene como objetivo una escala de abastecimiento logístico del Buque ARM Prieto al puerto del Callao, entre la Marina de Guerra del Perú y 106

los Estados Unidos Mexicanos, con la participación de 61 militares, por el plazo de un día, el 1 de noviembre de 2015. La segunda actividad tiene como objetivo una visita oficial del Buque Escuela Brasil al puerto del Callao, por un plazo de tres días, contados desde el 21 de noviembre de 2015, entre la Marina de Guerra del Perú y la República Federativa de Brasil, con la participación de 456 militares. La iniciativa cumple con los requisitos contenidos en la Ley 27856 y en el Reglamento del Congreso, referidos a que no afecta la soberanía nacional; y en cada actividad detalla los motivos, el número de personal, los equipos transeúntes y el tiempo de permanencia. Por principio de desconcentración administrativa se faculta al Poder Ejecutivo para que modifique, mediante resolución suprema, la fecha de ejecución de las actividades, sin exceder el total de días programados, dando cuenta a la Comisión de Defensa Nacional. Por lo expuesto, las dos actividades descritas cumplen los requisitos establecidos en la Ley 27856 y en el Reglamento del Congreso. Señora Presidenta, la presente iniciativa ha sido aprobada por unanimidad, por lo que solicito a usted disponer se proceda de conformidad a lo establecido en el Reglamento del Congreso de la República. Muchas gracias. La señora PRESIDENTA (Natalie Condori Jahuira).— Gracias, congresista. Habiendo concluido la intervención del presidente de la Comisión de Defensa Nacional, se da la palabra a los señores congresistas. No habiendo solicitudes de uso de la palabra, la tiene el presidente de la Comisión de Defensa Nacional, congresista Apaza Condori. El señor APAZA CONDORI (NGP).— Señora Presidenta, pido que se someta a votación el proyecto de resolución legislativa. La señora PRESIDENTA (Natalie Condori Jahuira).— Los señores congresistas se servirán registrar su asistencia para proceder a votar. —Los señores congresistas registran su asistencia mediante el sistema digital para verificar el quórum. —Reasume la Presidencia el señor Luis Iberico Núñez. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Han registrado su asistencia 66 congresistas. Al voto. —Los señores congresistas emiten su voto a través del sistema digital. 107

—Efectuada la consulta, se aprueba, por 58 votos a favor, ninguno en contra y cinco abstenciones, el proyecto de resolución legislativa que autoriza el ingreso de unidades navales y de personal militar extranjero al territorio de la República, de acuerdo con el Programa de Actividades Operacionales de las Fuerzas Armadas del Perú con Fuerzas Armadas Extranjeras, correspondiente al mes de noviembre de 2015. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Ha sido aprobado. Se deja constancia del voto a favor de los congresistas Solórzano Flores, Apaza Ordóñez, Huayama Neira y Kobashigawa Kobashigawa. Ha sido aprobado el texto sustitutorio del Proyecto de Resolución Legislativa 4882. De conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 78 del Reglamento del Congreso, el proyecto de resolución legislativa aprobado no requiere de segunda votación. —El texto aprobado es el siguiente: “EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA; Ha dado la Resolución Legislativa siguiente: RESOLUCIÓN LEGISLATIVA QUE AUTORIZA EL INGRESO DE UNIDADES NAVALES Y DE PERSONAL MILITAR EXTRANJERO AL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERACIONALES DE LAS FUERZAS ARMADAS DEL PERÚ CON FUERZAS ARMADAS EXTRANJERAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 Artículo 1. Objeto de la Resolución Legislativa Autorízase el ingreso al territorio de la República de unidades navales y de personal militar extranjero, de acuerdo con el Programa de Actividades Operacionales de las Fuerzas Armadas del Perú con Fuerzas Armadas Extranjeras, correspondiente al mes de noviembre de 2015, en el marco de lo establecido en el inciso 8) del artículo 102 de la Constitución Política del Perú y conforme a las especificaciones de acuerdo al cuadro siguiente: 1.

Escala por necesidad de abastecimiento logístico

Objetivo

Escala de abastecimiento logístico en el puerto del Callao

Lugar

Callao

Fecha de inicio

1 de noviembre de 2015

Tiempo de permanencia

1 día

108

Institución involucrada

Marina de Guerra del Perú

País participante

Estados Unidos Mexicanos

Tipo de unidad participante

Buque ARM Prieto

Número de casco

PO-143

Cantidad de personal

61 militares

Eslora

75,15 metros

Manga

10,50 metros

Calado

4,25 metros

Altura del mástil principal

18,85 metros

Desplazamiento

1 440 toneladas

Tipo y cantidad de armamento

Cañón Bofors de 57 mm HK-21 calibre 7,62 mm F.A.P. calibre 7,62 mm HK-MP5 calibre 9 mm Mini Uzi calibre 9 mm Escuadra Colt calibre 45 CDP Escuadra Smith and Wesson calibre 45 CDP Escuadra Remington calibre 45 CD

2.

Visita oficial del Buque Escuela Brasil

Objetivo

Viaje de instrucción

Lugar

Callao

Fecha de inicio

21 de noviembre de 2015

109

Tiempo de permanencia

3 días

Institución involucrada

Marina de Guerra del Perú

País participante

República Federativa del Brasil

Tipo de unidad participante

Navío

Número de casco

U-27

Tipo de buque

Buque Escuela

Clase

Niteroi

Cantidad de personal

456 militares

Eslora

130,25 metros

Manga

13,52 metros

Calado

5,80 metros

Altura del mástil principal

30,72 metros

Desplazamiento

3 729 metros

Tipo y cantidad de armamento

4 cañones de salva de 47 mm

Artículo 2. Autorización para modificación de plazos Autorízase al Poder Ejecutivo para que, a través del Ministerio de Defensa y por resolución suprema, pueda modificar, cuando existan causas imprevistas, las fechas de inicio de ejecución de la actividad operacional considerada en el artículo 1, siempre y cuando dicha modificación no exceda el tiempo de permanencia fijado. El ministro de Defensa procede a dar cuenta de la modificación a la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas del Congreso de la República en el plazo de cuarenta y ocho horas después de expedida la citada resolución suprema. Comuníquese, etc.” 110

“Votación del texto sustitutorio del proyecto de Resolución Legislativa 4882 Señores congresistas que votaron a favor: Abugattás Majluf, Apaza Condori, Becerril Rodríguez, Belaunde Moreyra, Canches Guzmán, Cárdenas Cerrón, Castagnino Lema, Ccama Layme, Chávez Cossío, Chihuán Ramos, Crisólogo Espejo, Dammert Ego Aguirre, De la Torre Dueñas, Delgado Zegarra, Eguren Neuenschwander, Elías Ávalos, Falconí Picardo, Fujimori Higuchi, Gamarra Saldívar, García Belaunde, Gastañadui Ramírez, Grandez Saldaña, Huaire Chuquichaico, Hurtado Zamudio, Inga Vásquez, Isla Rojas, Lay Sun, Lescano Ancieta, Lewis del Alcázar, López Córdova, Mavila León, Merino de Lama, Molina Martínez, Nayap Kinin, Neyra Huamaní, Neyra Olaychea, Omonte Durand, Oseda Soto, Otárola Peñaranda, Pari Choquecota, Pariona Galindo, Portugal Catacora, Reátegui Flores, Reynaga Soto, Rivas Teixeira, Romero Rodríguez, Rosas Huaranga, Salazar Miranda, Sarmiento Betancourt, Tait Villacorta, Tejada Galindo, Teves Quispe, Tubino Arias Schreiber, Valencia Quiroz, Velásquez Quesquén, Wong Pujada, Zamudio Briceño y Zerillo Bazalar. Señores congresistas que se abstuvieron: Anicama Ñañez, Coari Mamani, Mendoza Frisch, Rimarachín Cabrera y Saavedra Vela.” Se aprueba una moción de saludo al distrito de Jepelacio, provincia de Moyobamba, departamento de San Martín, con motivo de celebrar el 94.° aniversario de su creación política El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Se va a dar cuenta de una moción de saludo. El RELATOR da lectura: De la congresista Saavedra Vela, al distrito de Jepelacio, provincia de Moyobamba, departamento de San Martín, con motivo de celebrar el 26 de octubre de 2015 el 94.° aniversario de su creación política. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Se va a consultar. Los señores congresistas que están a favor se servirán manifestarlo levantando la mano. Los que estén en contra, del mismo modo. Los que se abstengan, igualmente. —Efectuada la consulta, se aprueba la expresada moción de saludo. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Ha sido aprobada. —El texto de la moción aprobada es el siguiente: “El Congreso de la República; Acuerda: Primero.— Saludar al distrito de Jepelacio, provincia de Moyobamba, departamento de San Martín, con motivo de celebrar el 26 de octubre de 2015 su nonagésimo cuarto aniversario de creación política. 111

Segundo.— Transcribir la presente moción al señor Máximo Garro Heredia, alcalde de la Municipalidad Distrital de Jepelacio; y, por su intermedio haga extensivo el saludo a toda la población de este pujante y laborioso distrito del departamento de San Martín. Lima, 21 de octubre de 2015.” El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Solicito la dispensa del trámite de sanción de acta para ejecutar lo acordado hasta este momento. Los señores congresistas que estén a favor se servirán expresarlo levantando la mano. Los que estén en contra, de la misma manera. Los que se abstengan, igualmente. —Efectuada la consulta, se acuerda tramitar todos los asuntos tratados hasta el momento sin esperar la sanción del acta. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Ha sido acordado. A pedido del presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, se posterga momentáneamente el tratamiento del dictamen de dicha Comisión sobre el texto sustitutorio que propone aprobar la Cuenta General de la República correspondiente al ejercicio fiscal del año 2014 El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— El siguiente punto. El RELATOR da lectura: Dictamen en mayoría de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, con un texto sustitutorio del Proyecto de Ley 4731/2015-PE, por el que se propone aprobar la Cuenta General de la República correspondiente al ejercicio fiscal del año 2014.(*) El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Se va a iniciar la sustentación del dictamen en mayoría de la Comisión de Presupuesto, que recomienda la aprobación del Proyecto de Ley 4731, que contiene la Cuenta General de la República correspondiente al ejercicio fiscal 2014. La Junta de Portavoces, en sesión del 20 de octubre de 2015, acordó la ampliación de agenda. Tiene la palabra el presidente de la Comisión de Presupuesto, congresista Gamarra Saldívar, hasta por diez minutos. El señor GAMARRA SALDÍVAR (NGP).— Señor Presidente, le voy a agradecer que me permita unos minutos para iniciar mi exposición, que estoy preparando el material. Mientras tanto, se podría dar cuenta de algunas mociones de saludo. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— No hay ningún inconveniente, congresista. Se aprueban las mociones de saludo al diario oficial El Peruano, en un nuevo aniversario de su fundación; a la Institución Educativa Pública Antonio Raymondi del distrito de 112

Llamellín, provincia de Antonio Raymondi, departamento de Áncash, por el aniversario de su fundación; a la Hermandad del Señor de los Milagros de Barranco, en el aniversario de su fundación; y, al diario Expreso, por el aniversario de su fundación El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Se va a dar cuenta de algunas mociones de saludo. El RELATOR da lectura: Mociones de saludo De la congresista Condori Jahuira, al diario oficial El Peruano, al conmemorarse el 22 de octubre de 2015 el 190.° aniversario de su fundación. Del congresista Ramón Kobashigawa Kobashigawa, al diario oficial El Peruano, en ocasión de celebrar el 22 de octubre de 2015 el 190.° aniversario de vida institucional. De la congresista Condori Jahuira, a la Institución Educativa Pública Antonio Raymondi del distrito de Llamellín, provincia de Antonio Raymondi, departamento de Áncash, al conmemorarse el 26 de octubre de 2015 el 50.° aniversario de su fundación. Del congresista Iberico Núñez, Presidente del Congreso de la República, a la Hermandad del Señor de los Milagros de Barranco, al conmemorarse el 22 de octubre de 2015 el 67.° aniversario de su fundación. De la congresista Salgado Rubianes, al diario Expreso, con motivo de celebrar el 24 de octubre de 2015 el 54.° aniversario de su fundación. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Relator, suspenda la lectura de las mociones ya que el presidente de la Comisión me está pidiendo un poco más de tiempo. Se va a consultar. Los señores congresistas que estén a favor se servirán expresarlo levantando la mano. Los que estén en contra, del mismo modo. Los que se abstengan, igualmente. —Efectuada la consulta, se aprueban las referidas mociones de saludo. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Han sido aprobadas. —El texto de las mociones aprobadas es el siguiente: “El Congreso de la República; Acuerda: Primero.— Saludar y felicitar al Diario Oficial El Peruano, con motivo de celebrar el 22 de octubre de 2015 el centésimo nonagésimo aniversario de su fundación, dando testimonio en sus páginas de la historia de la República del Perú.

113

Segundo.— Transcribir la presente moción al señor Félix Alberto Paz Quiroz, director (e) del Diario Oficial El Peruano, expresando los mejores deseos de éxito en el cumplimiento de sus funciones. Lima, 22 de octubre de 2015.” “El Congreso de la República; Acuerda: Primero.— Expresar un justo reconocimiento y homenaje, así como su más sincera felicitación al diario oficial El Peruano, con ocasión de celebrar el 22 de octubre de 2015 su centésimo nonagésimo aniversario de vida institucional. Segundo.— Transcribir la presente moción al señor Juan Félix Alberto Paz Quiroz, director del diario oficial El Peruano; y, por su intermedio la haga extensiva a los señores accionistas, miembros del directorio, periodistas, funcionarios y trabajadores que integran este prestigioso medio de comunicación. Lima, 21 de octubre de 2015.” “El Congreso de la República; Acuerda: Primero.— Expresar un saludo a la Institución Educativa Pública Antonio Raymondi del distrito de Llamellín, provincia de Antonio Raymondi, departamento de Áncash, con motivo de celebrar el 26 de octubre de 2015 el quincuagésimo aniversario de su fundación. Segundo.— Formular sus más fervientes votos para que el éxito y el desarrollo sean una constante en la Institución Educativa Pública Antonio Raymondi, casa de estudios que en base a esfuerzo y confianza ha sentado las bases de una institución sólida, que contribuye de manera decidida en el campo de la educación, formando alumnos íntegros que participan de manera activa en el progreso del país. Tercero.— Transcribir la presente moción al señor Max Veramendi Silva, director de la Institución Educativa Pública Antonio Raymondi; y, por su intermedio haga extensiva a la plana docente, al personal administrativo, a los estudiantes y a los padres de familia del referido plantel. Lima, 22 de octubre de 2015.” “El Congreso de la República; Acuerda: Primero.— Saludar y felicitar a la Hermandad del Señor de los Milagros de Barranco, con motivo de celebrar el 22 de octubre de 2015 su sexagésimo séptimo aniversario de fundación. 114

Segundo.— Transcribir la presente moción a los señores Andrés Hiumettri Jiménez, mayordomo general de la Hermandad del Señor de los Milagros de Barranco; y Juan Pereyra Navarro, secretario general de la Hermandad del Señor de los Milagros de Barranco; y, por su intermedio se hagan extensivo a todos los miembros de la referida hermandad el saludo del Congreso de la República. Lima, 21 de octubre de 2015.” “El Congreso de la República; Acuerda: Primero.— Expresar su saludo al diario Expreso, con motivo de celebrar el 24 de octubre de 2015 el quincuagésimo cuarto aniversario de su fundación. Segundo.— Transcribir la presente moción al señor Antonio Ramírez Pando, director del diario Expreso; y, por su intermedio a los directivos, periodistas y trabajadores en general del referido medio de comunicación. Lima, 21 de octubre de 2015.” Se aprueba en primera votación el texto sustitutorio materia de debate, propuesto en el dictamen de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas del período anual de sesiones 2013-2014, por el que se modifica el artículo 10 de la Ley 24053, que denomina "Campaña Militar de 1941" a los gloriosos hechos de armas cumplidos en Zarumilla y en la Frontera Nor Oriente; y declara el 31 de julio Día Central Conmemorativo; y a continuación se acuerda exonerar de segunda votación a dicha fórmula El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— El siguiente punto. El RELATOR da lectura: Dictamen por unanimidad de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, con un texto sustitutorio del Proyecto de Ley 2208/2012-CR, por el que se propone modificar el artículo 10 de la Ley 24053, que denomina ‘Campaña Militar de 1941’ a los gloriosos hechos de armas cumplidos en Zarumillas y en la Frontera Nor Oriente; y declara el 31 de julio Día Central Conmemorativo.(*) El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Se va a iniciar la sustentación del dictamen por unanimidad de la Comisión de Defensa Nacional, del período anual de sesiones 2013-2014, recaído en el Proyecto de Ley 2208, por el que se propone modificar el artículo 10 de la Ley 24053, que denomina ‘Campaña Militar de 1941’ a los gloriosos hechos de armas cumplidos en Zarumillas y en la Frontera Nor Oriente; y declara el 31 de julio Día Central Conmemorativo. Tiene la palabra el presidente de la Comisión de Defensa Nacional, congresista Apaza Condori, hasta por diez minutos. 115

El señor APAZA CONDORI (NGP).— Señor Presidente: El Proyecto de Ley 2208/2012CR, mediante el cual se propone modificar el artículo 10 de la Ley 24053, que denomina ‘Campaña Militar de 1941’ a los gloriosos hechos de armas cumplidos en Zarumillas y en la Frontera Nor Oriente, y declara el 31 de julio día central conmemorativo, fue presentado en el Área de Trámite Documentario el 10 de mayo de 2013 y recibido en la Comisión de Defensa Nacional el 16 de mayo del mismo año. Se dictaminó por unanimidad en esta Comisión el 25 de noviembre de 2013, durante el periodo anual de sesiones 2013-2014. En virtud de este proyecto, se propone modificar el artículo 10 de la Ley 24053 para incorporar a los excombatientes de los años 1978, 1981 y 1995 en los beneficios otorgados a los excombatientes del Conflicto de 1933 y de la Campaña Militar de 1941. La mencionada Ley 24053 reconoce al personal de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional del Perú y otros, calificados como Vencederos de la Campaña de 1941, y a los defensores calificados del Conflicto de 1933. Los beneficios son los siguientes: La treintava parte de las remuneraciones complementarias, de acuerdo con los años de servicio. Una bonificación mensual de tres ingresos mínimos legales. Atención médica gratuita y medicinas. Adjudicación de un nicho. Asignación por sepelio. Gestión para la obtención de vivienda propia y para la afectación de terrenos para fines agropecuarios. La Ley 24053 equipara los derechos de los Vencedores de la Campaña de 1941 y de los Defensores Calificados de 1933, estableciendo una diferencia con los excombatientes de los Conflictos con el Ecuador de los años 1978, 1981 y 1995, ya que no se les reconoce beneficios, salvo el caso de aquellos que en el año 1995 quedaron inválidos y de los deudos de los fallecidos, reconociéndoles los diversos beneficios. La Ley 28796 reconoce la calidad de Defensores de la Patria al personal de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú y Personal Civil que participó en los incidentes armados fronterizos del Subsector del Alto Cenepa de 1978, y en el Conflicto Armado de la Cordillera del Cóndor de 1981, y otorga a los excombatientes de 1978 y 1981, reconocidos como Defensores Calificados de la Patria, diversos beneficios. La legislación sobre beneficios a los excombatientes no es uniforme, generando diferencias entre los excombatientes de los conflictos de los años 1933, 1941, 1978, 1981 y 1995, así como entre los discapacitados y los descendientes de los fallecidos con aquellos que no sufrieron invalidez.

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Se evidencia un desorden en la normatividad sobre beneficios a los que combatieron por nuestra patria, estableciendo una evidente discriminación en detrimento de aquellos que lucharon por la integridad territorial y que no sufrieron consecuencias físicas inmediatas o permanentes. Por ello, esta iniciativa busca resolver este caos legislativo y poner fin a esta discriminación que viene perjudicando por tantos años a nuestros defensores de la patria debidamente reconocidos y que viola el artículo 2, inciso 2) de la Constitución Política del Perú, referido a la igualdad ante la ley. Por lo expuesto, solicito a la Representación Nacional que respalde con su voto esta iniciativa legislativa, que tiene por objetivo apoyar y hacer justicia a nuestros excombatientes de los años de 1978, 1981 y 1995, debiéndose considerar que este dictamen fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Defensa Nacional; por lo que se deberá darle el tratamiento establecido en el inciso b) del artículo 55 del Reglamento del Congreso de la República. Antes de concluir, señor Presidente, le solicito que se autorice la proyección de un corto video sobre la labor que cumplieron en su momento nuestros excombatientes. Muchas gracias. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Procédase con el video. —Se inicia proyección de video. El señor Presidente de la República Fernando Belaunde Terry.— Al presentar la bandera que se ha izado, hasta el momento en que llegamos nosotros en la tierra recuperada por el Perú en sus dominios del río Comaina, que están ahora bajo el control de las Fuerzas Armadas Peruanas. He pedido al coronel a cargo de esa plaza, el coronel Basadre Sáenz, que me permita este cambio. Le he dejado una bandera nueva y me he traído la que ayer, a la 1 y 36 de la tarde, gracias al esfuerzo decidido de nuestras Fuerzas Armadas, fue izada en Falso Paquisha; porque es necesario que así como se ha hecho un escándalo y una intriga, ahora la verdad se abra paso. Hemos estado en Falso Paquisha, el puesto peruano 22, en el río Comaina, donde la nación vecina, en un acto absolutamente irresponsable, se había instalado para agredirnos; y tenemos material fotográfico del armamento sofisticado que habían instalado ahí. He revisado personalmente las instalaciones, los depósitos para una gran cantidad de soldados; he lamentado también ver las tumbas, porque nuestros soldados son respetuosos de los muertos que, después de todo, cumplen órdenes que son de responsabilidad de otros que se han quedado atrás. Allí, ha habido bajas muy lamentables del adversario por la irresponsabilidad de un país que no quiere resignarse a su realidad geográfica e histórica. 117

Qué diría el mundo si Francia publicara un mapa oficial poniendo a la ciudad de Sevilla en España como ciudad francesa. Todos dirían: ese país está demente. Pues bien, eso es lo que hacen nuestros vecinos poniendo a nuestra peruanísima Iquitos dentro de su territorio. Con esa demencia, es imposible tener paz y tranquilidad en este continente. Por eso, el Perú ya hace una advertencia definitiva: esto se acabó, no vamos a permitir ninguna intrusión. Vamos a tener, como ya lo hemos hecho, que usar la fuerza, eso es muy lamentable; y si se repiten las incursiones, vamos a tener que tomar medidas más graves. Es necesario que los garantes tomen nota de esta decisión peruana, de que no se continúe con esta macabra mascarada. Hoy, entre 11 y 12 del día, he estado en el PV-22, 22 por el 22 de enero, momento en que se hizo fuego dentro de nuestro propio territorio por un destacamento improvisado ecuatoriano, destacamento en territorio peruano que felizmente hemos podido desbaratar y ocupar. Este destacamento tenía por objeto hacer una penetración a nuestro territorio, lo que constituye un acto irresponsable, sobre todo si se trata de un país de limitado poderío, que no tiene título de ninguna clase para pasar la Cordillera del Cóndor e incursionar en nuestro propio territorio. Pues bien, una hora después de haber estado nosotros allí, me he enterado en el avión que se ha producido un ataque aéreo contra ese puesto, en territorio peruano. ¿Qué diría el continente o en el mundo si mañana nuestra poderosa Fuerza Área hiciera lo propio en un paraje ecuatoriano? De manera que este es el momento de hacer una advertencia decidida y firme, y aquí está el símbolo de la decisión peruana de no permitir que nuestro territorio sea mellado por ninguna fuerza extranjera. Ahora bien, aquí tenemos una serie, yo no le llamaría trofeos de guerra, sino pruebas del delito de haber osado entrar a nuestro territorio. Yo lamento las bajas ecuatorianas, yo me descubro ante los soldaditos que dan su vida por la responsabilidad de actos de otros que están lejos y que están cosechando tal vez dividendos políticos con ese juego macabro. Los nuestros están defendiendo nuestro propio territorio. Nosotros no hemos salido de nuestras líneas de vuelos, ni un milímetro del territorio peruano; nosotros estamos combatiendo en nuestro propio suelo y estamos terminando la limpieza de nuestro territorio. Cumplida esta limpieza, quisiéramos dar por terminado este infortunado episodio. Ojalá la cordura se abra paso y ojalá no se sacrifique irresponsablemente vidas.

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Yo acabo de traer a tres muchachos peruanos, ustedes los han visto, jovencitos, llenos de gallardía y de valor, los tres cayeron heridos ayer al mediodía, al recuperar para el Perú toda una parte central del río Comaina. Y actualmente se combate todavía en la naciente de ese río para empujar a nuestros gratuitos adversarios más allá de la Cordillera del Cóndor, es decir, para que vuelvan al lugar del cual nunca debieron salir. Quiero decir al pueblo peruano que podemos tener confianza en nuestras Fuerzas Armadas. Esta mañana he tenido la satisfacción, con el comandante general, con los ministros, de estrechar las manos de los jefes que están a cargo: el General Montesinos, en Comaina, un hombre decidido, dirigiendo operaciones con gran serenidad y firmeza; el coronel Basadre Sáenz, a cargo del P-22, es decir, de lo que se llamará en el futuro Falsa Paquisha, puesto que los ecuatorianos quisieron hacer creer al mundo… —Fin del video. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Continúe, señor presidente de la Comisión de Defensa, para poder entrar ya al debate. El señor APAZA CONDORI (NGP).— Presidente, como podrán ustedes haber visualizado, este hecho inédito ha quedado en la historia del Perú, y, por ello, hoy este proyecto de ley merece ser aprobado, para que tengan un tratamiento por igual los excombatientes de los años 1978, 1981 y 1995, que también han estado en el campo de batalla exponiendo sus vidas en defensa de la integridad de nuestra patria. Por lo expuesto, pido que se someta a votación esta propuesta. Muchas gracias. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Concluida la sustentación, y como el presente dictamen fue aprobado por unanimidad, cada grupo parlamentario tendrá dos minutos, como máximo —aunque vamos a ser flexibles—, para exponer su posición, en aplicación de lo dispuesto por el artículo pertinente del Reglamento. Por Fuerza Popular, tiene la palabra la congresista Chávez Cossío. La señora CHÁVEZ COSSÍO (GPFP).— Señor Presidente: Hubiera esperado que a lo visto y escuchado se hubiesen puesto también las imágenes fotográficas y los dichos de nuestro presidente, el ingeniero Alberto Fujimori, que acompañó a los heroicos comandos en el Conflicto del Cenepa, y usted mismo, señor Presidente. Lamento que haya esas limitaciones; y digo esto con el orgullo de ser bisnieta del teniente coronel Juan Francisco Chávez Valdivia, defensor de la Cordillera del Cóndor y vencedor en las batallas de Angoteros y Torres Causana, a inicios del siglo XX, y que fue declarado Defensor Calificado de la Patria. Es justo lo que aquí se propone; pero, simplemente, quiero expresar una preocupación, porque parece que ha habido un tira y afloja entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa argumentándose que no hay recursos.

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Entonces, quisiera que esto se consolide y se verifique adecuadamente, porque no sería justo que demos una norma que vaya a generar una expectativa justa entre los beneficiarios y luego vaya a ser observada y quedemos desairados. Por último, quiero hacer una pregunta por algo que me ha hecho entrar en duda, y es que a lo largo del dictamen y en el título de esta norma se habla de Zarumillas. Yo tenía entendido que es Zarumilla; entonces, me ha hecho entrar en duda, por lo que agradecería que se corrija eso, que considero un error. Gracias. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Tiene la palabra el congresista Cárdenas Cerrón. El señor CÁRDENAS CERRÓN (NGP).— Presidente: En realidad, el día de hoy se hace un reconocimiento a esos jóvenes que en ese entonces dieron la vida por nuestra patria, que fueron a la frontera con la única intención de defender nuestra soberanía nacional. El día de hoy se encuentran aquí presentes los soldados de las operaciones militares del año 1995, que han estado justamente en ese frente. Y se hace justicia, porque aquí el Congreso de la República —el Estado— ha reconocido y ha dado indemnizaciones a gente que ha perjudicado a nuestra patria, a gente terrorista, pero nunca se ha reconocido a esos soldados que han dado la vida por nuestra patria; y ahora, se les da el mismo derecho que a los señores de la Campaña de 1941; se les reconoce justamente en el artículo 10 de la Ley 24953 que se está modificando. Esos derechos que asiste a los excombatientes de los años 1978, 1981 y 1995, serán iguales que los de los excombatientes de 1941. Es decir, por primera vez se hará caso a los reclamos, a las necesidades y a las preocupaciones que ellos han tenido en materia de salud, de vivienda y por alguna bonificación que puedan recibir. Es justo lo que el día de hoy se va a tratar y votar. Esperemos que todos los colegas puedan hacer ese reconocimiento. Gracias. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Tiene la palabra el congresista Guevara Amasifuen. El señor GUEVARA AMASIFUEN (AP-FA).— Presidente: Cuando se trata de defender la soberanía nacional, no existe ninguna divergencia ideológica ni doctrinaria; cuando se trata de defender la soberanía nacional, todos los peruanos, en definitiva, nos constituimos en un solo puño, en un solo corazón y en una sola mentalidad. Cuando el presidente de la Comisión de Defensa ha puesto la imagen de un ilustre peruano como Fernando Belaunde Terry, es única y exclusivamente porque el arquitecto Fernando Belaunde Terry fue dos veces Presidente de la República y siempre dio muestras de un profundo respeto por la democracia y, sobre todo, por lo que concierne a la soberanía nacional. 120

Es en ese sentido que yo invoco a todas las fuerzas políticas que no veamos, en lo que se refiere a la soberanía nacional, a quién defendió más o quién defendió menos; porque, en la práctica, los que dan la vida, en definitiva, son aquellos que están en el frente, tanto en el cuerpo de artillería, como en el de infantería, o en la aviación; y también, por qué no, en nuestra Marina y en nuestra Policía Nacional. Es por eso que esta iniciativa legislativa debe responder a una conciencia cívica, patriótica y democrática, reconociendo la valentía, no solo de los presidentes, sino también de los combatientes que ofrendaron su vida en honor a la patria. Es por eso que en todas las campañas que ha habido en el norte de nuestro país, desde el año 1933, en 1941, en 1995, algunas veces hemos sido victoriosos y otras veces, derrotados. Esas son las cicatrices que todo guerrero, que todo combatiente, siempre va tener. En lo personal, considero que es justo y necesario aprobar esta iniciativa legislativa, porque vamos a reconocer la ofrenda que han hecho de su vida aquellos combatientes que han estado... El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Sírvase concluir, congresista. El señor GUEVARA AMASIFUEN (AP-FA).— Y, en honor a la verdad, quiero manifestar que el arquitecto Fernando Belaunde Terry no pertenece única y exclusivamente al partido Acción Popular, ni a sus sobrinos, sino a todos los peruanos. Muchas gracias. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Tiene la palabra la congresista Omonte Durand. La señora OMONTE DURAND (PP).— Presidente: Proyectos de esta naturaleza permiten visibilizar el horizonte común que podemos tener diferentes bancadas, partidos políticos, ideologías, gobiernos que nos han precedido. Estos proyectos lo que van a permitir es que nos unamos en torno a la búsqueda de justicia, de reivindicación de todos aquellos que entregaron su vida, como también de nuestros excombatientes que están aquí y que han entregado, con sacrificio, un total trabajo y amor por el país en los conflictos que hemos tenido. La bancada de Perú Posible va apoyar plenamente este proyecto. Creo que hay iniciativas de todas las bancadas sobre el particular, las cuales se han acumulado. Por lo tanto, no debe haber ninguna oposición. Muchas gracias. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Tiene la palabra, por dos minutos, el congresista García Belaunde. El señor GARCÍA BELAUNDE (AP-FA).— Presidente: Hemos visto con satisfacción el video de la intervención del presidente Belaunde una vez que recuperó Falso Paquisha en el año 1981, donde se produjo una invasión, a través de la Cordillera del Cóndor, de 121

puestos de vigilancia del Ejército que habían sido abandonados en el año 1978 por la Junta Militar de Gobierno de aquella época —en el gobierno de Morales Bermúdez, de Pedro Ritcher Prada, comandante general del Ejército—, por austeridad; o sea, el Ejército abandonó esos puestos de vigilancia por austeridad, y fueron rápidamente ocupados por el Ecuador en enero de 1981, para conmemorar un año más del Protocolo de Río de Janeiro del año 1941 que ellos no querían reconocer en ese momento y que después han reconocido. De manera que lo que se hizo en ese momento fue recuperar territorio peruano, a pesar de que las voces de diferentes sectores, básicamente militares, querían una invasión total de territorio ecuatoriano, emulando quizá la toma de Guayaquil del año 1851, de Ramón Castilla, o quizá la Guerra de 1941, en la primera administración del presidente Manuel Prado Ugarteche. Sin embargo, el presidente Belaunde se limitó a expulsar a los ecuatorianos a través de bombardeos de la Fuerza Aérea; y luego, él personalmente aterrizó en Falso Paquisha, en el Puesto de Vigilancia número 22, cuando aún seguían disparando. Es decir, él mismo corrió el riesgo de ser alcanzando por las balas. Yo tuve la suerte, como secretario de la Presidencia del Consejo de Ministros de aquella época, de acompañarlo en esta gesta heroica con diversos militares, entre ellos el propio general Hoyos Osores, que habiendo participado en el golpe de estado del año 1968 y... El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Tiempo adicional, congresista. El señor GARCÍA BELAUNDE (AP-FA).— Habiendo participado el general Hoyos Osores en el golpe de estado de 1968, y habiendo expulsado a Belaunde del poder, sin embargo el presidente Belaunde tuvo la generosidad y la visión de estadista de nombrarlo, a pesar de eso, presidente del Comando Conjunto. Y fue muy útil su presencia en este conflicto, aunque, lamentablemente, murió después en un accidente de helicóptero. Por eso, ya que todo esto pudo conducir a acuerdos de paz que vinieron mucho tiempo después, creo que es un justo homenaje para los que ahí participaron, como ya pasó en la Campaña de 1941, reconocerles algún tipo de beneficios y rendirles el homenaje y el agradecimiento que la patria debe rendir siempre a sus hijos predilectos que la defienden con ahínco y con devoción. Gracias. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Tiene la palabra la congresista Cuculiza Torre. La señora CUCULIZA TORRE (GPFP).— Presidente: Como miembro de reserva del Ejército, igual que usted, quiero decir que la base de un ejército son los soldados. Gloria a ellos que supieron defender nuestra patria, porque son los primeros que entran y los últimos que salen. A cada uno de ellos, un reconocimiento especial.

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Y quiero también hablar del presidente Fujimori. Él fue al Cenepa y estuvo en el campo de batalla, en la Cueva de los Tayos, donde estuvo uno de los tres puestos tomados por los ecuatorianos. La artillería pesada del Ecuador empezó a disparar, y el presidente Fujimori y todos los oficiales, subalternos y soldados que estaban ahí pudieron morir inmediatamente. El desconocimiento de este hecho hace que el presidente nunca haya sido reconocido. Desde acá, mi homenaje al presidente Fujimori por haber expuesto no solamente la Presidencia, sino el cuerpo en la batalla. Espero que este proyecto de ley sea aprobado por todos nosotros, porque verdaderamente los combatientes merecen no solamente el respeto, sino el reconocimiento del pueblo peruano. Que Dios los bendiga. Gracias. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— No habiendo más oradores inscritos, tiene la palabra el presidente de la Comisión de Defensa Nacional. El señor APAZA CONDORI (NGP).— Presidente, en atención a la observación de la congresista Chávez, se cambia Zarumillas por Zarumilla. Este es un reconocimiento de derecho consagrado en la Constitución; por consiguiente, pido que se someta a votación este proyecto. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Finalizado el debate, los señores congresistas se servirán registrar su asistencia para votar el proyecto con la corrección señalada por el presidente de la Comisión, consistente en suprimir la ‘s’ final a Zarumillas, ya que no es Zarumillas sino Zarumilla. —Los señores congresistas registran su asistencia por medio del sistema digital para verificar el quórum. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— ¿Tiene algo que agregar, presidente? Tiene la palabra el presidente de la Comisión de Defensa Nacional. El señor APAZA CONDORI (NGP).— Presidente, acepto la acumulación del Proyecto de Ley 3396, solicitada por la congresista Marisol Espinoza. Gracias. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Han registrado su asistencia 80 congresistas. Al voto. —Los señores congresistas emiten su voto a través del sistema digital. —Efectuada la consulta, se aprueba en primera votación, por 78 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, el texto sustitutorio del proyecto de Ley que modifica el artículo 10 de la Ley 24053, denominan "Campaña Militar de 1941", a los gloriosos 123

hechos de armas cumplidos en Zarumilla y en la frontera Nor Oriente; y declaran el 31 de julio Día Central Conmemorativo. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Ha sido aprobado. Se deja constancia del voto a favor de los congresistas Andrade Carmona, Solórzano Flores, García Belaunde, Zamudio Briceño y Reynaga Soto. Ha sido aprobado en primera votación el texto sustitutorio del Proyecto de Ley 2208 con la corrección señalada por el presidente de la Comisión. —El texto aprobado es el siguiente: “EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA; Ha dado la Ley siguiente: LEY QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 10 DE LA LEY 24053, LEY QUE DENOMINA “CAMPAÑA MILITAR DE 1941”, A LOS GLORIOSOS HECHOS DE ARMAS CUMPLIDOS EN ZARUMILLA Y EN LA FRONTERA NOR ORIENTE; Y QUE DECLARA EL 31 DE JULIO DÍA CENTRAL CONMEMORATIVO Artículo único. Modificación del artículo 10 de la Ley 24053, Ley que denomina “Campaña Militar de 1941”, a los gloriosos hechos de armas cumplidos en Zarumilla y en la Frontera Nor Oriente; y que declara el 31 de julio Día Central Conmemorativo Modifícase el artículo 10 de la Ley 24053, Ley que denomina “Campaña Militar de 1941”, a los gloriosos hechos de armas cumplidos en Zarumilla y en la Frontera Nor Oriente; y que declara el 31 de julio Día Central Conmemorativo, en los términos siguientes: “Artículo 10. Los beneficios de la presente Ley, se harán extensivos a los excombatientes del conflicto de 1933 que el Comando Conjunto acreditó como defensores calificados. Igual derecho le asiste a los excombatientes de los años 1978, 1981 y 1995, calificados como Defensores de la Patria por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas; con cargo al presupuesto del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior, según corresponda”. Comuníquese, etc.” “Primera votación del texto sustitutorio del Proyecto 2208 Señores congresistas que votaron a favor: Abugattás Majluf, Aguinaga Recuenco, Apaza Condori, Apaza Ordóñez, Bardález Cochagne, Becerril Rodríguez, Belaunde Moreyra, Benítez Rivas, Beteta Rubín, Canches Guzmán, Capuñay Quispe, Cárdenas Cerrón, Castagnino Lema, Ccama Layme, Chacón De Vettori, Chávez Cossío, Chehade Moya, Chihuán Ramos, Coari Mamani, Condori Jahuira, Crisólogo Espejo, Cuculiza Torre, Dammert Ego Aguirre, De la Torre Dueñas, Díaz Dios, Eguren Neuenschwander, Elías Ávalos, Espinoza Cruz, Fujimori Higuchi, Gamarra Saldívar, Gastañadui Ramírez, 124

Grandez Saldaña, Guevara Amasifuen, Huaire Chuquichaico, Huayama Neira, Hurtado Zamudio, Inga Vásquez, Isla Rojas, Jara Velásquez, Kobashigawa Kobashigawa, Lay Sun, León Romero, Lescano Ancieta, Lewis del Alcázar, López Córdova, Mavila León, Mendoza Frisch, Merino de Lama, Molina Martínez, Monterola Abregu, Mulder Bedoya, Nayap Kinin, Neyra Huamaní, Neyra Olaychea, Omonte Durand, Oseda Soto, Otárola Peñaranda, Pari Choquecota, Pariona Galindo, Pérez del Solar Cuculiza, Rimarachín Cabrera, Rivas Teixeira, Romero Rodríguez, Rondón Fudinaga, Rosas Huaranga, Saavedra Vela, Salazar Miranda, Sarmiento Betancourt, Spadaro Philipps, Tait Villacorta, Tan de Inafuko, Tejada Galindo, Teves Quispe, Tubino Arias Schreiber, Uribe Medina, Valencia Quiroz, Velásquez Quesquén y Zerillo Bazalar.” El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Tiene la palabra el presidente de la Comisión. El señor APAZA CONDORI (NGP).— Presidente, agradezco el voto favorable de la Representación Nacional y solicito que se exonere de segunda votación el proyecto de ley aprobado. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Con la misma asistencia, al voto. -Los señores congresista emiten su voto a través del sistema digital. —Efectuada la consulta, se acuerda, por 78 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, exonerar de segunda votación el texto sustitutorio del proyecto de Ley que modifica el artículo 10 de la Ley 24053, que denomina "Campaña Militar de 1941", a los gloriosos hechos de armas cumplidos en Zarumilla y en la frontera Nor Oriente; y declara el 31 de julio Día Central Conmemorativo. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Ha sido acordado. Se deja constancia del voto a favor de los congresistas Andrade Carmona, García Belaunde, Solórzano Flores, Acuña Núñez, Bedoya de Vivanco, Reynaga Soto, Portugal Catacora, Cordero Jon Tay y Delgado Zegarra. Ha sido exonerado de segunda votación, por unanimidad, el texto sustitutorio del Proyecto de Ley 2208. “Votación de la exoneración de segunda votación del texto sustitutorio del Proyecto 2208 Señores congresistas que votaron a favor: Abugattás Majluf, Aguinaga Recuenco, Apaza Condori, Apaza Ordóñez, Bardález Cochagne, Becerril Rodríguez, Belaunde Moreyra, Benítez Rivas, Beteta Rubín, Canches Guzmán, Capuñay Quispe, Cárdenas Cerrón, Castagnino Lema, Ccama Layme, Chacón De Vettori, Chávez Cossío, Chehade Moya, Chihuán Ramos, Coari Mamani, Condori Jahuira, Crisólogo Espejo, Cuculiza Torre, Dammert Ego Aguirre, De la Torre Dueñas, Díaz Dios, Eguren Neuenschwander, Elías Ávalos, Espinoza Cruz, Fujimori Higuchi, Gamarra Saldívar, Gastañadui Ramírez, Grandez Saldaña, Guevara Amasifuen, Huaire Chuquichaico, Huayama Neira, Hurtado Zamudio, Inga Vásquez, Isla Rojas, Jara Velásquez, Kobashigawa Kobashigawa, Lay Sun, León Romero, Lescano Ancieta, Lewis del Alcázar, López Córdova, Mavila León, Mendoza 125

Frisch, Merino de Lama, Molina Martínez, Monterola Abregu, Mulder Bedoya, Nayap Kinin, Neyra Huamaní, Neyra Olaychea, Omonte Durand, Oseda Soto, Otárola Peñaranda, Pari Choquecota, Pariona Galindo, Pérez del Solar Cuculiza, Rivas Teixeira, Romero Rodríguez, Rondón Fudinaga, Rosas Huaranga, Saavedra Vela, Salazar Miranda, Sarmiento Betancourt, Spadaro Philipps, Tait Villacorta, Tan de Inafuko, Tejada Galindo, Teves Quispe, Tubino Arias Schreiber, Uribe Medina, Valencia Quiroz, Velásquez Quesquén, Zamudio Briceño y Zerillo Bazalar.” Se rechaza el texto sustitutorio materia de debate, propuesto en el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, por el cual se propone la aprobación de la Cuenta General de la República correspondiente el ejercicio fiscal del año 2014; y la Presidencia anuncia que dicha decisión sería comunicada al Poder Ejecutivo y a la Contraloría General de la República El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Ahora sí, tiene el uso de la palabra el presidente de la Comisión de Presupuesto. El señor GAMARRA SALDÍVAR (NGP).— Muchas gracias, señor Presidente. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Disculpe, congresista. Se convoca en este momento a Junta de Portavoces. Tiene la palabra el presidente de la Comisión de Presupuesto. El señor GAMARRA SALDÍVAR (NGP).— Señor Presidente: La Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República ha recibido para su estudio y dictamen el Proyecto de Ley 4731/2015-PE, presentado por el Presidente de la República con Oficio 115-2015-PR, de fecha 14 de agosto de 2015, que contiene la Cuenta General de la República del Año Fiscal 2014, elaborada por la Dirección Nacional de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, acompañada del Informe de Auditoría 567-2015-CG/AFI-AF, a los cuales nos remitimos para la elaboración, presentación y sustentación del siguiente proyecto de dictamen. Después del análisis y debate correspondiente, la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República acordó por mayoría de los presentes, en su sesión ordinaria N.° 7, de fecha 13 de octubre de 2015, proponer al Pleno del Congreso de la República la aprobación del proyecto de ley, con un texto que se encuentra en la parte final del presente dictamen. Dicho esto, procedo a exponer a la Representación Nacional la fundamentación del dictamen recaído en el Proyecto de Ley 4731/2015-PE. Para ello, se ha señalado una estructura general, que tiene el marco legal, alcance y definición y objetivos; cobertura y cumplimiento; aspectos económicos; información presupuestaria; información financiera: estado de Tesorería, estado de la deuda pública; inversión pública; gasto social y consideraciones, para la aprobación y las recomendaciones correspondientes. 126

Dentro de este marco legal, tenemos las normas siguientes: El artículo 81 de la Constitución Política del Perú; el inciso e) del artículo 81 del Reglamento del Congreso de la República; los artículos 32, 33 y 34 de la Ley 28708, Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad; la Ley 30114, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014; la Ley 30115, Ley de equilibrio financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014; La Ley 30116, Ley de endeudamiento del Sector Público para el Año fiscal 2014; la Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto; la Ley 28563, Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento; la Ley 28693, Ley General del Sistema Nacional de Tesorería; la Ley 20112, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público, y la Ley 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General. En cuanto al alcance de la Cuenta General, debo señalar que el universo de entidades para la consolidación de la Cuenta General de la República, correspondiente al Año Fiscal 2014, es de dos mil 458 entidades, de las cuales 261 corresponden al gobierno nacional, 27 a los gobiernos regionales y mil 994 a los gobiernos locales. Las empresas del Estado son 170, y otras entidades, seis. En total, es un universo de dos mil 458 entidades. Asimismo, es importante manifestar a la Representación Nacional que el artículo 23 de la Ley 28708, Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad, en adelante Ley General, define la Cuenta General de la República como el instrumento de gestión pública que contiene información y análisis de los resultados presupuestarios, financieros, económicos, patrimoniales y de cumplimiento de metas e indicadores de gestión financiera en la actuación de las entidades del Sector Público durante un ejercicio fiscal. Siendo así, es necesario tener en cuenta que la Ley General en su artículo 34, sobre aprobación de la Cuenta General de la República, establece de manera expresa que la aprobación de la Cuenta General de la República es un acto formal de ordenamiento administrativo y jurídico, que implica que la Comisión Revisora y el Pleno del Congreso de la República han tomado conocimiento de la misma, y no implica la aprobación de la gestión ni de los actos administrativos que aquella sustenta, los que son objeto de acciones de control por parte del Sistema Nacional de Control y del Congreso de la República. Es decir, el día hoy la Representación Nacional se reúne para tomar conocimiento de que se ha cumplido con el debido procedimiento para la elaboración de la Cuenta General de la República, por lo que tengo confianza en que mis colegas congresistas respaldarán hoy el presente dictamen. A continuación se exponen los objetivos de la Cuenta General de la República, que son los siguientes: Informar los resultados de la gestión pública en los aspectos presupuestarios, financieros, económicos, patrimoniales y de cumplimiento de metas; presentar el análisis cuantitativo de las actuaciones de las entidades del sector público, incluyendo los indicadores de

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gestión financiera; proveer información para el planteamiento y la toma de decisiones; y, facilitar el control y la fiscalización de la gestión pública. Asimismo, dentro de la cobertura y cumplimiento tenemos dos elementos que garantizan la calidad de la información que contiene la Cuenta General de la República como instrumento para la toma de decisiones que contribuya a la buena marcha del país. Al respecto, tengo que señalar a la Representación Nacional que el universo de entidades del Sector Público al finalizar el ejercicio fiscal 2014 ascendió a dos mil 458 entidades, de las cuales fueron omisas 161 al 31 de marzo de 2015.(Ver cuadro 1.) Posteriormente, al 11 de mayo de 2015, fueron integradas 118 entidades, con lo cual resultaron finalmente como omisas no integradas 43 entidades, de las cuales 11 se encuentran no operativas y otras 11 en liquidación. En tal sentido, realmente fueron 21 las entidades que califican como omisas no integradas. Sin embargo, más adelante podremos precisar que, de estas 21 entidades, solo son cuatro las que se encuentran como omisas y no integradas a la Cuenta General de la República. Dentro de los aspectos económicos podemos señalar lo siguiente: En cuanto a la evolución de la economía durante el período fiscal 2014, la economía peruana presentó un crecimiento de 2,4%, menor al registrado en el 2013, que fue de 5,8%. Este menor crecimiento se debió al descenso del consumo privado y de la inversión bruta interna como consecuencia de la caída de los términos de intercambio en los últimos tres años, en un escenario internacional menos favorable por la desaceleración y la crisis de las principales economías del mundo, como en China y en otros países, llámense España y Portugal, que en estos momentos enfrentan crisis económica.(Ver cuadro 2). Sin embargo, a pesar del menor crecimiento del Producto Bruto Interno registrado en el 2014, el Perú se ubicó como uno de los líderes en la zona sudamericana, superando en crecimiento a países como Chile, que solo llegó al 1,9%; Brasil, que estuvo en 0,1%; Argentina, que con las justas llegó a 0,5%; México, que solo llegó a 2,1%, por citar algunos países que en el 2014 han sufrido una caída en su crecimiento económico, a diferencia del Perú que ha logrado un crecimiento económico por encima de estos países. Esta situación de liderazgo fue reportada por el Banco Mundial, presentando a la economía peruana como una de las más fuertes y con una amplia proyección de recuperación del ritmo de crecimiento debido a su solidez macroeconómica. El menor crecimiento del PBI por sectores se debió en gran medida al decrecimiento registrado en el sector primario exportador, menos 2,3%, por el menor crecimiento del sector no primario, 3,6%. No obstante, es destacable en el 2014 el mayor crecimiento de la actividad pecuaria, en 5,9%, con relación al año 2013. Asimismo, se registró una importante evolución en crecimiento en los sectores de hidrocarburos, 4%; electricidad, 4,9%; comercio, 4,4%, y otros servicios, 5,0%. 128

La constatación de los términos de intercambio, en 5,4%, incidió en el déficit fiscal, registrado en la suma de mil 276 millones de dólares americanos. Como es sabido, por tercer año consecutivo se acentuó la caída de los precios de exportación, en 6,9%, frente a una menor caída de los precios de importación, en menos 1,5%; esto, por la disminución de los precios de los metales en las exportaciones. No olvidemos, colegas, que las perturbaciones externas contribuyeron de manera significativa al menor crecimiento de la demanda interna, en 2,2%, respecto de 7% del año 2013, fundamentalmente debido al menor crecimiento de la inversión privada, en 1,6%, a la fuerte caída de los precios de exportación, en menos 6,9%, y al decrecimiento de la inversión pública, en menos 2,4%. Sin embargo, por la aplicación de la política contracíclica se contribuyó al crecimiento de importantes indicadores. Se sostuvo el consumo privado, el cual creció en 4,1%, al igual que el consumo público, en 6,4%; lo que logró contrarrestar en parte la caída de la inversión y las exportaciones. Pasemos rápidamente a la información presupuestaria del Sector Público, correspondiente al ejercicio fiscal 2014, que agrupa las transacciones y los eventos económicos cuantificables expresados en millones de nuevos soles.(Ver cuadro 3). Este capítulo nos permite analizar, interpretar y evaluar los resultados del ejercicio de manera general, resumiendo los ingresos y gastos ejecutados respecto del presupuesto asignado a nivel del Sector Público. De acuerdo con el marco legal del presupuesto de ingresos y gastos, vemos que el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) para el año 2014, en ingresos fue de 205 mil 389,1 millones y para gastos, de 199 mil 53,3, millones. Sin embargo, respecto a la ejecución de la programación del presupuesto de ingresos y gastos para el año 2014, se tiene para el rubro de ingresos la suma de 218 mil 555,7 millones y para gastos, la suma de 181 mil 630,6 millones, resultando un superávit de 36 mil 925,1 millones, siendo los gobiernos regionales los únicos que presentan un déficit, ascendente a 18 mil 309,5 millones; asimismo, el gobierno nacional expresa el mayor superávit, con 49 mil 809,3 millones.(Ver cuadro 4). Señores congresistas, dejo constancia de que para el caso de la información presupuestaria, la Contraloría General de la República ha auditado los estados presupuestarios del Sector Público, en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014, presentando razonablemente su integración y consolidación. Al respecto, la Contraloría General de la República ha emitido opinión con salvedades, dado que del total de la muestra, 227 entidades auditadas, el 64% de los dictámenes se encuentran sin salvedades y el 36% de los dictámenes corresponden a opiniones calificadas. Es decir, la auditoría presupuestal realizada por la Contraloría General de la República determinó que 146 entidades fueron dictaminadas sin salvedad, representando el 64% del total, y 81 entidades fueron dictaminadas con opinión calificada, representando el 36% del total. 129

Es bueno resaltar que la muestra auditada con respecto al universo de entidades es altamente representativa; esto se observa en el 79% y el 83%, que representan la ejecución del PIN correspondiente a los niveles de ingresos y gastos, respectivamente.(Ver cuadro 5). En cuanto a la información financiera, estimados colegas, es necesario en este punto de mi exposición resaltar la situación de los estados financieros, que están constituidos por el estado de situación financiera, estado de gestión, estado de cambios en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo. En ese sentido, debo señalar que los estados financieros que contiene la Cuenta General de la República han sido debidamente integrados y consolidados a nivel del Sector Público eliminando duplicidad de operaciones. Es así que para el año fiscal 2014, con respecto al 2013, se tiene que el activo se incrementó en 174 mil millones, lo que representa un 33,4%, mientras que el pasivo se incrementó en 47 mil 622 millones, equivalente al 10,6% respecto al año anterior.(Ver cuadro 6). Finalmente, debo indicar que el patrimonio se incrementó en 126 mil 378 millones, que representan un 178,3%, esto debido a la aplicación de la Directiva 002-2014-EF/51.01, que permitió iniciar un proceso de reevaluación de activos fijos, terrenos, edificaciones, para un mejor sinceramiento del valor de dichas propiedades. Vale decir, como ejemplo, que ya no tendremos un edificio histórico y patrimonial como el Palacio de Justicia, con un valor en libro de un sol, sino que tendremos un Palacio de Justicia con el valor correspondiente. A continuación permítanme reflexionar respecto a la importancia del proceso de saneamiento contable creado el año 2009 por la Ley 29608, el mismo que concluyó el 31 de diciembre de 2014, de conformidad con la Ley 30114, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2014. Estas acciones de saneamiento, realizadas entre los años 2009 y 2014, han permitido actualizar la contabilidad de instituciones en los tres niveles de gobierno por un monto de activos de cuatro mil 663,8 millones y de pasivos de dos mil 284,8 millones.(Ver cuadro 7). Sin embargo, es bueno considerar que la situación de saneamiento para el año 2014 refleja que, a la fecha, 422 entidades lograron culminar el proceso, 837 entidades no concluyeron con el proceso de saneamiento, 104 entidades no requieren o no es aplicable el proceso de saneamiento y 923 entidades no informaron o no iniciaron el proceso de saneamiento. Es decir, entre las entidades que no concluyeron y que no informaron suman mil 760, un número bastante significativo que nos invita a reanudar el proceso de saneamiento, lo que más adelante voy a proponer a esta Representación Nacional.(Ver cuadro 8). En cuanto a la auditoría financiera, podemos señalar que la Contraloría General de la República opinó que, de 242 entidades auditadas, 95 tuvieron calificación tipo limpio, lo 130

que representa un 39%; asimismo, 147 entidades recibieron opinión tipo calificada con salvedades, con abstención y adversa, lo que representa el 61% del total.(Ver cuadro 9). Cabe destacar que la muestra auditada representa el 80% del activo y el 95% de los gastos del estado de resultados... —En este estado, asume la Presidencia la señora Natalie Condori Jahuira. La señora PRESIDENTA (Natalie Condori Jahuira).— Tiempo adicional para que concluya, congresista. El señor GAMARRA SALDÍVAR (NGP).— Señora Presidenta, le voy a agradecer que me dé tiempo suficiente para poder... La señora PRESIDENTA (Natalie Condori Jahuira).— Congresista, como está estipulado en el Reglamento, tenía la palabra por diez minutos, y usted ha hecho ya uso de ella por 20 minutos. Sírvase concluir. El señor GAMARRA SALDÍVAR (NGP).— Señora Presidenta, en todo caso, voy a exponer lo más rápido posible. En cuanto al estado de tesorería, podemos señalar que este presenta el movimiento de los fondos públicos, captación y transferencias que administra el Tesoro Público. Es así que para el Ejercicio Fiscal 2014 hubo un total de ingresos de 128 mil 42 millones y un total de egresos de 123 mil 541 millones respecto al año 2013; muestra un incremento en los ingresos de 9,7% y en los egresos de 11,6%; es decir, de la diferencia entre el total de ingresos y egresos se obtiene un resultado favorable de cuatro mil 501 millones, que sumados al saldo inicial de 58 mil 866 millones, totalizan un saldo final ascendente a 63 mil 367 millones.(Ver cuadro 10). En lo que corresponde a los ingresos del Tesoro Público, se obtuvo recursos financieros provenientes principalmente de lo recaudado por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, Sunat, alcanzando la suma de 87 mil 781,7 millones, que representan el 68,6% del total de ingresos y un incremento de nueve mil 637,5 millones, esto es, el 12,3% respecto al año anterior. En cuanto al estado de la deuda, al 31 de diciembre del 2014, incluyendo intereses vencidos, alcanzó la suma de 99 mil 93,4 millones de soles, equivalente a 33 mil 152,7 millones de dólares, a un tipo de cambio de 2,9 por dólar americano de ese entonces. Este monto representa un incremento de 10,8% respecto del año anterior, fundamentalmente por el crecimiento de la deuda pública.(Ver cuadro 11). Finalmente, vamos a pasar a las consideraciones finales, que vienen a ser el resumen de las consideraciones para la aprobación de la Cuenta y las recomendaciones. Señores congresistas, antes de abordar el concepto de entidades omisas a la presentación de información contable, es importante señalar que el numeral 28.2 del artículo 28 de la 131

Ley 28708, Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad, establece que los plazos para la presentación de las rendiciones de cuenta por parte de todas las entidades del sector público, son determinados por la Dirección Nacional de Contabilidad Pública, sin exceder al 31 de marzo siguiente al ejercicio fiscal materia de rendición de cuentas. Dicho esto, reitero que el universo de entidades del sector público al finalizar el ejercicio fiscal 2014, ascendió a dos mil 458 entidades, de las cuales dos mil 297, es decir el 93,4%, cumplió con presentar la información contable en el plazo establecido, al 31 de marzo de 2015. Quedaron en condición de omisas 161 entidades, que representan el 6,6% del universo. Al respecto, es importante explicar que en este número de entidades omisas incidió el cambio de autoridades regionales y locales a partir de los primeros días del presente año, frente a lo cual, la Dirección General de Contabilidad Pública efectuó un proceso de inducción para que estas entidades omisas cumplan con remitir dicha información. Como resultado de ello, al 11 de mayo de 2015, cumplieron con remitir esta información 118 entidades, las cuales formaron parte de la información contable integrada por la Dirección General de Contabilidad Pública y consideradas en las muestras determinadas por la Contraloría General de la República. Por lo tanto, de las 161 entidades omisas, 118 fueron integradas, que sumadas a las que inicialmente cumplieron, resultan dos mil 415 entidades integradas y 43 entidades omisas no integradas, conforme se observa en el cuadro, de acuerdo con el análisis que se viene realizando.(Ver cuadro 12). El impacto por la no presentación por parte de esas entidades no representa materialidad contable ni estadística; más aún, cuando en las entidades omisas no integradas, que fueron 43, se determinó que 11 de ellas se encuentran en proceso de liquidación y otras 11 no son operativas. Es decir, realmente 21 entidades califican como omisas no integradas, lo que representa el 0,85% del total. Al respecto, de esas 21 entidades, 13 son beneficencias y no cuentan con presupuesto, y cuatro son mancomunidades. Finalmente, las otras entidades no integradas son cuatro, de las cuales una es la municipalidad del Rímac y tres son empresas de transportes y de servicios. En cuanto a las entidades auditadas por la Contraloría para el ejercicio fiscal 2014, según el informe de los estados financieros, la Contraloría General de la República, de un universo de dos mil 415 entidades integradas, eligió una muestra de 242, equivalente al 10% del total, que representa el 79,7% del total de activos y el 92,8% del total de ingresos; y para el informe presupuestario eligió una muestra de 227, equivalente al 9,4% del total, que representa el 81% del total de ingresos PIM. Estos porcentajes permiten ver que la muestra es significativa, los mismos que garantizan la calidad de la información obtenida. Auditorías de tipo limpio: de las 227 entidades auditadas, 146 obtuvieron opinión limpia, es decir el 64,3% de las entidades auditadas; las restantes 81 obtuvieron opiniones calificadas. Ya para finalizar, hemos señalado las siguientes recomendaciones:

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Primera: Impulsar una fórmula legal que permita sincerar el universo de entidades, extinguiendo las entidades que se encuentren en situación de liquidación y no operativas, por cuanto distorsionan el proceso de elaboración de la Cuenta General de la República como instrumento de gestión y toma de decisiones que contribuyan con el crecimiento y desarrollo del país. Segunda: Modificar la Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad, en lo que respecta el artículo 7, Atribuciones de la Dirección Nacional de Contabilidad Pública, a fin de dotarla de atribuciones para certificar a profesionales y técnicos en materia de contabilidad pública, amonestar y sancionar acciones que pongan en riesgo la calidad del acopio de la información, análisis y procesamiento que garanticen una eficiente contabilidad nacional que contribuya con la reducción de posibles actos de corrupción. Tercera: Reiniciar el proceso de saneamiento contable, con el objetivo de concluir con el saneamiento contable de todas aquellas entidades que por diversos motivos no pudieron terminar el proceso en el plazo establecido por la Ley 29608, Ley que aprueba la Cuenta General de la República correspondiente al ejercicio 2009, por ser necesario para garantizar el procesamiento de mejores indicadores de gestión para la toma de decisiones. Cuarta: Incorporar al sistema de libros electrónicos de la Sunat a las entidades del Sector Público que presentan información para la elaboración de la Cuenta General de la República, que se enmarcaría dentro de los principios regulatorios de oportunidad, uniformidad, integridad y transparencia, a fin de reducir el número de entidades omisas. Quinta: Incluir en los planes anuales de control de la Controlaría General de la República acciones de auditorías de cumplimiento en todas aquellas entidades que presentaron opinión calificada. Séptima: Continuar con el sinceramiento del valor real del patrimonio del Estado a través de la aplicación de la Directiva 002-2014-EF/51.01. Finalmente, señores congresistas, debo señalar, por las consideraciones expuestas, que la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 81 de la Constitución Política del Perú, concordante con el artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República y el artículo 34 de la Ley 28708, Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad, propone la aprobación del presente dictamen recaído en el proyecto de Ley 4731/2015-PE, que somete a consideración del Pleno del Congreso de la República la Cuenta General de la República correspondiente al ejercicio fiscal 2014, con el texto que todos tienen ya en su poder. Señora Presidenta, le solicitaría que el señor Relator dé lectura al proyecto de Ley que aprueba la Cuenta General de la República correspondiente al ejercicio fiscal del año 2014. Muchas gracias. La señora PRESIDENTA (Natalie Condori Jahuira).— El texto ya está distribuido, congresista. 133

Concluida la sustentación del dictamen en mayoría sobre el Proyecto de Ley 2731, que contiene la Cuenta General de la República correspondiente al ejercicio Fiscal 2014, se da inicio al debate. Tiene la palabra el congresista Abugattás Majluf. El señor ABUGATTÁS MAJLUF (NGP).— Señora Presidenta: Una vez más estamos frente a una obligación constitucional de hacer o no hacer. Yo adelanto que mi voto no va a ser a favor de este dictamen, de ninguna manera. Las incidencias a las cuales nos hacen referencia, de un 17%, donde hay salvedades, observaciones, en otras palabras, no adecuada justificación del uso de los recursos en las cuentas nacionales, suman 11 mil 900 millones de soles, que coinciden con los diez mil millones que la Contraloría anuncia anualmente que son producto de actos de corrupción. El problema de todo esto es que esto no pasa; no deja de ser una simple formalidad, y creo que este sería ya el tercer año consecutivo que el Congreso no aprobaría, de ser el caso, la Cuenta General de la República. Y no vemos correctivos. Existen faltas de rendición de cuentas, y yo puedo dar fe, con testimonios y verificaciones de la Contraloría General de la República, de casi 200 millones de soles de los que no se han rendido cuentas en el Ministerio de Educación, a través del Instituto Peruano del Deporte, y eso viene de los años 2012, 2013 y 2014. Y aquí nos presentan un documento que además, y eso sí, pido que me oigan, porque este es un concepto que todos podrán utilizar en sus rendiciones de cuentas y sus declaraciones juradas: ahora resulta que para el Ministerio de Economía y Finanzas existen operaciones de ingresos y egresos que no tienen mayor impacto en la información de la Cuenta General de la República; entonces, yo le voy a decir en mi próxima declaración jurada a la Sunat: ‘Sí, tengo otros ingresos que no tienen impacto en tu recaudación’; o sea, qué forma de presentar un documento de esta naturaleza, donde le están diciendo a la población que el encargado de controlar el correcto uso de los recursos públicos dice que hay eventos que no tienen importancia y que hagan lo que quieran. ¿No es cierto? Hagan lo que quieran, porque somos el Ejecutivo y nosotros decimos lo que está bien y lo que está mal. Y nos lo envían al Congreso de la República, para que nosotros carguemos con el peso de aprobar este muerto. Aprobar este muerto, desde mi punto de vista, es coludirse con la ineficiencia, con la incapacidad y, eventualmente, con los actos de corrupción. Esto no puede pasar, debe tener correctivos; y el Congreso de la República tiene que actuar acorde con las responsabilidades que le establece la Constitución. No se pueden seguir utilizando los recursos del Estado como si fueran la caja chica de unos cuantos funcionarios. Deploro realmente todo esto. He venido siguiendo el trámite de este asunto los últimos cuatro años... La señora PRESIDENTA (Natalie Condori Jahuira).— Concluya, congresista. 134

El señor ABUGATTÁS MAJLUF (NGP).— Lo he venido siguiendo, a ver si se produce alguna reacción del Ministerio de Economía y Finanzas; pero, como no hay ningún tipo de sanción, no hay ningún tipo de fiscalización, no pasa absolutamente nada. ¿Dónde están los discursos del presupuesto por resultados, dónde van a parar los discursos del presupuesto por resultados? ¿Cuál es el resultado que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas, que no puede justificar el uso de 11 mil 900 millones de soles del Presupuesto de la República en un solo año, sin haber resuelto lo que ha pasado en los otros años? Entonces, si como país y ad portas de un proceso electoral, no tocamos y no discutimos estos temas, y vamos a seguir manejando las cuentas nacionales de esta manera, creo que estaríamos cometiendo un delito contra la nación. No podemos continuar en esta situación. Por lo tanto, reitero que mi voto por lo menos va ser en contra de este documento, que, la verdad, da vergüenza. Gracias. La señora PRESIDENTA (Natalie Condori Jahuira).— Tiene la palabra el congresista Pari Choquecota. El señor PARI CHOQUECOTA (GPDD).— Presidenta: Si bien es cierto que nos pueden presentar cifras determinadas, aquí lo que vale, en el análisis de una cuenta, son los resultados de las auditorías; y hay dos tipos de resultados: uno que tiene que ver con la auditoría de los estados presupuestarios y otro que tiene que ver con la auditoría de los estados financieros. Respecto a los estados presupuestarios, lo que tenemos es que el 64,31% está sin salvedades, y se nos presenta como único argumento para que se apruebe la Cuenta. Pero lo que sí es grave son los estados financieros, donde encontramos que solamente el 39% está limpio y el 61% está observado por Contraloría. ¿Cómo es que nos pueden recomendar aprobar una Cuenta con 61% de observaciones que hay en la auditoría de todo lo que implica los estados financieros? Sería un absurdo, de parte nuestra, aprobar la Cuenta. Viendo los aspectos más pormenorizados, encontramos que el nivel de limitaciones, sobreestimaciones, subestimaciones es totalmente alto, fundamentalmente en los activos y en el patrimonio. Hablamos de activos y patrimonios, que es lo fundamental que posee un Estado para poder plantear y tener sana una economía, y hay simplemente incidencias totalmente negativas. Y, cuando vemos las deficiencias, de acuerdo a la Contraloría, con relación a los estados financieros, encontramos como primera deficiencia la falta de documentos e inconsistencia en la revaluación de activos fijos. Hay 57 mil 557 millones de soles observados al gobierno nacional por falta de documentos. 135

Otro monto, más pequeño, corresponde a los gobiernos regionales, y otro a los gobiernos locales. Pero el gobierno central, 57 mil 557 millones por falta de documentos. Y, respecto al mismo gobierno central, por falta de control de activos concesionados y verificación de estado situacional: 24 mil 247 millones. O sea, cifras realmente sorprendentes. Y, cuando vemos los montos generales de lo que significa el conjunto de deficiencias que podrían conllevar estas observaciones, encontramos que 93 mil 627 millones corresponden al gobierno central; 25 mil 699 millones a los gobiernos regionales, y 12 mil 687 millones a los gobiernos locales. Hay otras entidades con montos pequeños; pero tenemos como total 136 mil 785 millones de soles observados por la Contraloría en los estados financieros. Por tanto, no se puede recomendar, en lo absoluto, una aprobación considerando estos estados financieros, los cuales implican un mal manejo en esta situación. Las auditorías lo dicen; no lo estamos diciendo aquí por un accionar político. Las auditorías son claras, los números son claros y las observaciones son totalmente claras... La señora PRESIDENTA (Natalie Condori Jahuira).— Continúe, congresista. El señor PARI CHOQUECOTA (GPDD).— Y tenemos que indicar lo siguiente: si bien es cierto que la Constitución, y acá hay un problema legal, pide que el Congreso se pronuncie frente al estado de cuentas que nos presenta el Ministerio de Economía y Finanzas; sin embargo, la Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad Pública nos dice que este es un acto formal; y, como acto formal, ese pronunciamiento del Congreso no tiene ninguna situación vinculante, o sea, no pasa absolutamente nada. Ese es un tema que se tiene que discutir; y está claro en el artículo 34.1 de dicha ley, todavía puesto así y dicho por el presidente de la Comisión de Presupuesto, de quien nos hubiera gustado que dé su opinión sobre el particular: ‘La aprobación de la Cuenta General de la República es un acto formal de ordenamiento administrativo y jurídico’; y más abajo dice: ‘no implica la aprobación de la gestión ni los actos administrativos que aquella sustenta’. Es decir, no implica absolutamente nada; es un rito, y ese rito contraviene lo que dice la Constitución. La señora PRESIDENTA (Natalie Condori Jahuira).— Continúe, congresista. El señor PARI CHOQUECOTA (GPDD).— La Constitución dice que el Congreso tiene que pronunciarse, y ese pronunciamiento tiene que tener un nivel de validez. ¿Por qué es solamente un acto formal? O sea, aquí se nos informa, se aprueba o se desaprueba, y no pasa absolutamente nada. A mí me parece que ese es un acto que no debe continuar. Ya ha habido otras desaprobaciones. Simplemente se desaprobó, se mandó al archivo, y no pasó absolutamente nada. Y seguimos en la misma situación con nuestras cuentas nacionales. Muchas gracias. 136

La señora PRESIDENTA (Natalie Condori Jahuira).— Tiene la palabra el congresista Reátegui Flores. El señor REÁTEGUI FLORES (GPFP).— Presidenta: En primer lugar, ¿qué es la Cuenta General de la República? La Cuenta General de la República es el instrumento que por su propia naturaleza contiene información de los resultados presupuestales, financieros, económicos y patrimoniales. Eso es la Cuenta, y es como una empresa. Cuando uno presenta los estados financieros auditados, sabe qué cosa es lo que hay. Es lo mismo el Estado. ¿Pero qué pasa acá? Y estoy de acuerdo con las palabras del congresista Abugattás. Si yo veo un estado financiero y la auditoría me dice simplemente: ‘No puedo dar opinión porque los datos que estoy presentando no son relevantes, no los puedo comprobar’, entonces, algo está pasando, porque no refleja la verdadera situación del Estado peruano en las cuentas generales. ¿Qué quiere decir esto? Si bien es cierto que quien está encargado de hacer la auditoría es la Contraloría, es el MEF quien elabora la Cuenta General de la República. ¿Cuántas son las entidades del sector público? Podemos ver ahí que son dos mil 458 entidades del sector público, de las cuales mil 994, el 81%, son los gobiernos locales.(Ver cuadro 13). Sique el gobierno nacional, con el 11%: 261 entidades. A continuación los gobiernos regionales, con 27 instituciones, el 1%. Otros, el 6%, donde tenemos a la Superintendencia de Banca y Seguros, el BCR. Tenemos también 170 empresas del Estado, que representan el 7%. Por lo tanto, estas dos mil 458 instituciones del Estado tienen que estar registradas en la Cuenta General de la República, y se tienen que auditar. ¿Cuál es la muestra? ¿Qué es lo que se hace? Se puede ver que las entidades omisas en el 2014 se incrementaron en 96.(Ver cuadro 14). Además, siendo omisas no están integradas a la Cuenta. ¿Eso qué quiere decir? Que hay instituciones que se han creado, que están ahí y que simplemente no sabemos qué cosa es lo que pasa, cuál es su identidad, cuál es su… La señora PRESIDENTA (Natalie Condori Jahuira).— Continúe, congresista. El señor REÁTEGUI FLORES (GPFP).— Presidenta, tengo el tiempo de mi bancada. Entonces, si no sabemos que hay más entidades sobre las cuales no vamos a poder saber cuál es su situación patrimonial, cómo es su situación financiera, cuál fue su presupuesto, qué se hace con ese dinero, estamos muy mal. En el 2014 vemos que están integradas en la Cuenta General dos mil 415 entidades del Sector Público. En el aspecto presupuestario, el gasto total ejecutado es de 181 mil 630 millones, y en el aspecto financiero, el activo total es de 694 mil 311 millones de soles. El informe de auditoría tiene que verificar la confiabilidad y la transparencia de la información de estas entidades. Este informe se hace con muestras, y eso es lo que quiero demostrar.(Ver cuadro 15). 137

En el 2013, el examen de los estados presupuestales se hace sobre una muestra de 215 entidades. ¿Eso qué quiere decir? Que esas 215 entidades solo representan el 9% de todo el universo; y a esas 215 solo se les ha hecho el examen de auditoría. Al resto no, al resto no lo han tocado para nada.(Ver cuadro 16.) No sabemos realmente si la información que han dado al Estado es real o no: ese el gran problema. Por eso, esta es una de las situaciones más difíciles que podemos observar, ya que esto se presta a corrupción, se presta a que cualquiera dé cualquier tipo de información, puesto que durante todo este tiempo no se puede auditar a todo el universo, sino solamente a una muestra. Por eso, en el 2013 esta Cuenta es sin salvedades. Para el 2014, sí se encuentran salvedades, lo que quiere decir que se tiene, de alguna u otra manera, que tratar de corregir algunos datos que no están bien; por lo tanto, hay muchas omisas. (Ver cuadros 17 y 18). Pero para el 2014, y ahora, en el estudio de 2015, la Contraloría nos dice: ‘Muy bien, no te puedo dar opinión sobre la parte financiera’; y no dar opinión quiere decir, en términos técnicos, que no ha encontrado información o que ha tenido muchas barreras para poder conseguirla; pero en términos reales significa que es imposible saber qué pasó con esas entidades. Por eso es que nuestra bancada tampoco va a votar a favor de esta Cuenta. Ya hicimos lo mismo para la Cuenta del 2014: no aprobamos la Cuenta General de la República, y no pasó nada. Entonces, ahora también, seguramente, no la vamos a aprobar; porque el propio análisis de la Contraloría dice: ‘Acá no puedo opinar’; y si no puede opinar, algo anda mal. Hay algo grave en todas las instituciones del Estado. Esa es la razón fundamental. Por lo tanto, la Cuenta General de la República no es creíble, no da la información necesaria, no se puede analizar porque no están correctos los datos. Siendo así, sería una irresponsabilidad de nuestra parte aprobar algo sobre lo cual la propia Contraloría dice: ‘No, no lo puedo hacer’. Es por eso que vamos a votar en contra. Y si bien es cierto que existe una obligación constitucional, también deberíamos hacer un esfuerzo —y en eso sí estoy de acuerdo— en modificar la ley, para que aquellos que no presentan la información correspondiente sean sancionados. No hemos aprobado la Cuenta en el 2014, y tampoco la vamos a aprobar en el 2015. Es cierto que no va a pasar nada; pero sí es un hueco que tenemos que rellenar después para que todo esto sea creíble, porque ahora no lo es. Por eso, porque no es creíble, nuestra bancada va a votar en contra de este proyecto de ley que aprueba la Cuenta General de la República. Muchas gracias. La señora PRESIDENTA (Natalie Condori Jahuira).— Tiene la palabra el congresista Bardález Cochagne.

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El señor BARDÁLEZ COCHAGNE (GPFP).— Presidenta: Definitivamente, los aspectos económicos y financieros de la Cuenta dan como resultado lo que acaba de explicar el congresista Reátegui. En conclusión, sabemos que cualquier gestión pública que tenga deficiencias en todos los procesos de planificación y ejecución de los recursos públicos, definitivamente va presentar estos vacíos que se acaban de mencionar. Las cuentas o números que hoy se han presentado no son creíbles, y lo podemos constatar. Cuántas obras que económicamente se han ejecutado, físicamente están inconclusas. Cuántos proyectos que en el presupuesto de ese año se han financiado y, sin embargo, hasta la fecha no se han liquidado, y por lo tanto no se sabe dónde figuran en este estado financiero del país. Por lo tanto, creo yo que mientras no se tenga realmente una idea clara de cómo utilizar bien los recursos públicos, vamos a seguir presentando estos problemas. Si empezamos a hacer un cambio a la gestión de desempeño desde la planificación, vamos seguramente, en algún momento, a llegar a tener los resultados positivos en obras físicas que la población tanto demanda. Durante todos estos cuatro años hemos venido debatiendo estos informes de la Contaduría del Estado; ¿y cuál es el resultado? Lo mismo, siempre lo mismo: que no se aprueban. Y al final es el Ejecutivo el que tiene que aprobarlos por ley. Entonces nos preguntamos hasta cuándo vamos a continuar realizando análisis y más análisis, el control por parte de las instituciones sin resultado alguno. Los patrimonios que hoy día se muestran, ¿son reales? Los activos que hoy día hemos visto, que suman millones de soles, ¿son reales? ¿Dónde están? Yo quisiera, cuando se haga el saneamiento contable, cuando la Dirección General de Contabilidad Pública haga una supervisión y monitoreo del saneamiento contable, que podamos decir cuántas de estas instituciones, cuántas de estas obras y cuántos de estos proyectos son reales en el país… La señora PRESIDENTA (Natalie Condori Jahuira).— Continúe, congresista. El señor BARDÁLEZ COCHAGNE (GPFP).— Presidenta, solo para culminar. Mientras no sea realmente una política de Estado mejorar la gestión pública a través de la planificación, la ejecución y el control, siempre vamos a tener que hacer un debate vacío, un debate que no tiene mayores frutos y un debate que al final termina sin aprobar este informe. Gracias.

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La señora PRESIDENTA (Natalie Condori Jahuira).— Tiene la palabra la congresista Beteta Rubín. La señora BETETA RUBÍN (GPFP).— Presidenta: Como que ya se ha hecho algo común y normal venir cada año y presentar este proyecto de la cuenta general de la República sin mayor responsabilidad. Es lamentable que los temas de corrupción se den precisamente porque los mecanismos de control no se aplican adecuadamente y en el momento preciso. Las alertas de control deben ser adecuadas, oportunas y en el momento de los debates. Sin embargo, vemos que esto viene sucediendo desde el 2012, y no se han visto los mecanismos de control y sanción. Por ello, en este momento vemos una vez más un debate en el que debemos advertir, e incluso se hizo esta advertencia en el momento mismo: se hizo al caballazo, sin contar con el quórum reglamentario. Cuando yo opiné y pedí al presidente que tenían que estar todos los congresistas de la Comisión, y no contando con el quórum, debió haberse suspendido, porque este es un proyecto muy importante. Lamentablemente, no lo tomaron en cuenta. La ausencia de normas sancionadoras e inacción de los titulares de pliego vienen originando trastornos administrativos al proceso de elaboración y consolidación de la Cuenta General de la República, y como consecuencia tenemos estos resultados. Lo más indignante es que en la presentación de la Contraloría, en que también hizo la observación sobre los estados financieros de la Cuenta General de la República de 2014, se abstuvo de emitir opinión sobre estos. De acuerdo al organismo de control, existen muchos errores y se desconoce cuánto patrimonio tiene el Estado; esta, por ejemplo, es una preocupación. En la última presentación en la Comisión de Presupuesto, el titular de la Contraloría explicó que no ha sido posible pronunciarse sobre los activos de las entidades públicas porque no se presentó información suficiente; además, el estado presupuestario tampoco fue sustentado adecuadamente, lo cual nos está diciendo que son consecuencias de la improvisación. Este gobierno a lo único que está llevando es a una improvisación; como resultado, tenemos tantas denuncias de actos de corrupción. Asimismo, manifestó que el problema es muy serio, esta situación no ocurría hace diez años; hace diez años no teníamos la problemática que vemos en estos momentos. Por ejemplo, el Ministerio de Defensa no sustentó 32 mil millones; el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 13 mil millones; el Ministerio de Educación, ocho mil millones; el gobierno regional del Callao, de la misma manera. Y llama poderosamente la atención que estos ministerios, siendo los responsables de tener la calidad educativa, las vías de acceso y también, a través del Ministerio de Defensa... La señora PRESIDENTA (Natalie Condori Jahuira).— Continúe, congresista. 140

La señora BETETA RUBÍN (GPFP).— ... no se han podido sustentar adecuadamente. Por lo tanto, nosotros exhortamos al presidente de la Comisión, y espero que se tome a bien, para que ponga en debate e impulse la aprobación del Proyecto de Ley 4570/2014, presentado por el congresista Rubén Condori Cusi, que modifica artículos de la Ley 28708, Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad, con la finalidad de solucionar el estado de omisión de las entidades no operativas o en liquidación. Sin embargo, el colega también ha sido presidente de la Comisión. Hoy, el congresista Gamarra es presidente de esta Comisión. Si hubiera voluntad de corregir todos estos errores, ahí tienen el proyecto de ley, presiden esa Comisión, en sus manos está agendar y preparar el dictamen, y también poderlo votar. Con eso, no tendríamos problemas los años siguientes. De la misma forma, exhorto al MEF para incorporar a las entidades del Sector Público... La señora PRESIDENTA (Natalie Condori Jahuira).— Continúe, congresista. La señora BETETA RUBÍN (GPFP).— Decía: incorporar a las entidades del Sector Público al sistema de libros electrónicos de contabilidad, para generar un adecuado control entre el Sector Público y el privado. Esto va a permitir ahorrar tiempos y costos, así como ayudar en la mejora de la transparencia del proceso de rendición de cuentas; porque es muy importante la rendición de cuentas, que se debe dar en circunstancias en que el país necesita transparencia y firmeza en la lucha frontal contra la corrupción. Por no haberse tomado medidas sancionadoras, por no haberse tomado medidas adecuadamente oportunas, vemos las consecuencias que viene viviendo en estos momentos el país. Por ello, la bancada de Fuerza Popular votará por la no aprobación de este proyecto de ley. También debo manifestar que hemos dejado así sentada nuestra posición al momento de haberse llevado el debate y la aprobación en la Comisión, porque no se contaba con el quórum reglamentario para dar los aportes necesarios y corregir lo malo que había en ese momento. Gracias. La señora PRESIDENTA (Natalie Condori Jahuira).— Habiendo concluido el rol de oradores, tiene la palabra el presidente de la Comisión de Presupuesto, congresista Gamarra Saldívar. El señor GAMARRA SALDÍVAR (NGP).— Señora Presidenta, en efecto, los principales argumentos por los que se pide que no se sancione el proyecto de ley que aprueba la Cuenta General de la República, tienen que ver, específicamente, con que algunas entidades habrían presentado abstención. Sin embargo, queremos precisar que la abstención que se ha producido en la información proporcionada por algunas entidades se refiere básicamente al procedimiento de revaluación de activos —estamos hablando de terrenos y edificaciones— aplicado por distintas entidades. Dentro de este procedimiento de revaluación, aprobado ya por las directivas, hay tres métodos: la tasación, el índice y los aranceles. La tasación da un margen y asegura una 141

efectividad del 100%. El índice asegura un 80% de efectividad. Y los aranceles tienen una efectividad baja. En algunas instituciones, como es el caso del Ministerio de Defensa, optaron por revaluar sus activos con el método de la tasación y el método del índice. Sin embargo, la Contraloría cuestionó y estableció que en este caso debía declararse por abstención. Pero, contrariamente, la misma Contraloría, al hacer sus estados financieros y al revaluar sus activos, utiliza el método de la tasación y el método del índice; y la consultora Price Waterhouse emite una comunicación con la siguiente opinión: ‘En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de la Contraloría General de la República al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, su desempeño financiero y sus flujos efectivos por los años terminados en esas fechas, de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Perú, descritos en la nota dos’. Como es de conocimiento, de acuerdo a ese documento, otorgado por una empresa privada, con relación a los estados financieros de la Contraloría, le dice que esto es razonablemente; es decir, que los estados financieros adjuntos son razonables. Eso es lo que se ha tratado de explicar en todos los casos. Por otro lado, cuando hablamos del artículo 34 de la Ley General de la Cuenta, sobre la aprobación de la Cuenta General de la República, se establece de manera expresa que la aprobación de la Cuenta General de la República es un acto formal —así lo dice la norma— de ordenamiento administrativo y jurídico, que implica que la Comisión Revisora y el Pleno del Congreso de la República han tomado conocimiento. No es que el Congreso de la República haya ido a fiscalizar a las más de dos mil entidades del Estado para ver si sus cuentas están bien, si sus ingresos están bien, si sus gastos están bien. Eso será materia del trabajo que realice la Oficina de la Contraloría General de la República. Sin embargo, la aprobación de la Cuenta implica el hecho de que el Congreso ha tomado conocimiento del proyecto de ley que aprueba, justamente, la Cuenta General de la República, que constituye una herramienta para que más adelante se pueda realizar el trabajo de control, fiscalización y supervisión por parte de las entidades. Eso es lo que dice dicho artículo 34. Señora Presidenta, con la aprobación del dictamen no estamos diciendo al Congreso que estamos dando fe de que son correctos todos los actos administrativos y de gestión realizados por las más de dos mil entidades del Sector Público, no; simplemente, con la aprobación, el Congreso toma conocimiento de la Cuenta General de la República. En ese sentido, solicito al Congreso de la República un voto razonable y de reflexión, y que apruebe la Cuenta General de la República. Muchas gracias. La señora PRESIDENTA (Natalie Condori Jahuira).— Finalizado el debate, los señores congresistas se servirán registrar su asistencia para proceder a votar.

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—Los señores congresistas registran su asistencia mediante el sistema digital para verificar el quórum. La señora PRESIDENTA (Natalie Condori Jahuira).— Han registrado su asistencia 78 congresistas. Al voto. —Los señores congresistas emiten su voto a través del sistema digital. —Efectuada la consulta, se rechaza, por 48 votos en contra, 18 a favor y diez abstenciones, el texto sustitutorio del Proyecto de Ley 4731/2015-PE, sobre la Ley que aprueba la Cuenta General de la República correspondiente el ejercicio fiscal del año 2014. La señora PRESIDENTA (Natalie Condori Jahuira).— Ha sido rechazado. Se deja constancia de la abstención del congresista Huaire Chuquichaico; del voto a favor del congresista De la Torre Dueñas; y del voto en contra de la congresista Uribe Medina. No ha sido aprobado el dictamen de la Comisión de Presupuesto que recomienda la aprobación de la Cuenta General de la República correspondiente al Ejercicio Fiscal 2014. En consecuencia, esta decisión del Pleno será comunicada al Poder Ejecutivo y a la Contraloría General de la República. “Votación del Proyecto 4731 Señores congresistas que votaron en contra: Abugattás Majluf, Acuña Núñez, Acuña Peralta, Aguinaga Recuenco, Angulo Álvarez, Anicama Ñañez, Apaza Ordóñez, Bardález Cochagne, Becerril Rodríguez, Bedoya de Vivanco, Beteta Rubín, Cabrera Ganoza, Ccama Layme, Chacón De Vettori, Chávez Cossío, Coari Mamani, Dammert Ego Aguirre, Delgado Zegarra, Díaz Dios, Eguren Neuenschwander, Elías Ávalos, Grandez Saldaña, Hurtado Zamudio, Kobashigawa Kobashigawa, Lay Sun, León Romero, Mavila León, Mendoza Frisch, Monterola Abregu, Mulder Bedoya, Neyra Olaychea, Pari Choquecota, Pariona Galindo, Pérez del Solar Cuculiza, Ramírez Gamarra, Reátegui Flores, Reggiardo Barreto, Rimarachín Cabrera, Saavedra Vela, Salazar Miranda, Salgado Rubianes, Sarmiento Betancourt, Schaefer Cuculiza, Spadaro Philipps, Tait Villacorta, Tan de Inafuko, Tejada Galindo y Tubino Arias Schreiber. Señores congresistas que votaron a favor: Andrade Carmona, Apaza Condori, Cárdenas Cerrón, Coa Aguilar, Espinoza Cruz, Gamarra Saldívar, García Belaunde, Gastañadui Ramírez, Inga Vásquez, Isla Rojas, Jara Velásquez, Molina Martínez, Oseda Soto, Reynaga Soto, Rivas Teixeira, Solórzano Flores, Teves Quispe y Valencia Quiroz. Señores congresistas que se abstuvieron: Belaunde Moreyra, Benítez Rivas, Canches Guzmán, Capuñay Quispe, Chehade Moya, Crisólogo Espejo, Lewis del Alcázar, Omonte Durand, Rondón Fudinaga y Zerillo Bazalar.”

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De conformidad con la recomendación contenida en el dictamen de la Comisión de Energía y Minas, se aprueba la insistencia en la autógrafa de ley, observada por el Poder Ejecutivo, en virtud de la cual se incorpora una cuarta disposición complementaria y final a la Ley N.° 30130, con el objeto de autorizar a Perupetro S.A. para que, previa evaluación y mediante negociación directa, suscriba el contrato de explotación de hidrocarburos del Lote 192 a la empresa Petróleos del Perú - Petroperú S.A. La señora PRESIDENTA (Natalie Condori Jahuira).— El siguiente punto. El RELATOR da lectura: Dictamen en mayoría de la Comisión de Energía y Minas, en que se recomienda la insistencia en la autógrafa de ley observada por el Presidente de la República, originada en los Proyectos de Ley 4726/2015-CR, 4749/2015-CR y 4750/2015-CR, por la cual se incorpora una cuarta disposición complementaria y final a la Ley 30130, con el objeto de autorizar a Perupetro S.A. para que, previa evaluación y mediante negociación directa, suscriba el contrato de explotación de hidrocarburos del Lote 192 a la empresa Petróleos del Perú - Petroperú S.A.(*) —Reasume la Presidencia el señor Luis Iberico Núñez. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Se va iniciar la sustentación del dictamen en mayoría de la Comisión de Energía y Minas, que recomienda la insistencia en la autógrafa de ley, observada por el señor Presidente de la República, originada en los Proyectos de Ley 4726, 4749 y 4750, que incorpora una cuarta disposición complementaria y final a la Ley 30130, con la finalidad de autorizar a Perupetro S.A. para que, previa evaluación y mediante negociación directa, suscriba el contrato de explotación de hidrocarburos del Lote 192 a la Empresa Petróleos del Perú – Petroperú S.A. La Junta de Portavoces, en sesión del 13 de octubre de 2015, acordó la ampliación de agenda. Tiene la palabra el presidente de la Comisión de Energía y Minas, congresista De la Torre Dueñas, hasta por diez minutos. El señor DE LA TORRE DUEÑAS (NGP).— Señor Presidente: Ha venido para debate del Pleno del Congreso la reconsideración del dictamen de insistencia a la autógrafa de ley que incorpora una cuarta disposición complementaria y final a la Ley 30130, correspondiente a los Proyectos de Ley 4726, 4749 y 4750. Este dictamen de insistencia fue aprobado por mayoría por los miembros de la Comisión de Energía y Minas el 30 de setiembre del año en curso, en aplicación del artículo 79.° del Reglamento del Congreso. Corresponderá a la Representación Nacional reconsiderar el dictamen de insistencia que se trae hoy al Pleno, de conformidad con el artículo 108.° de la Constitución. Es preciso recordar que la autógrafa de la ley fue aprobada por mayoría por este Pleno el 3 de setiembre de 2015. 144

Análisis Revisados y expuestos los argumentos señalados en la observación a la autógrafa de la ley, la Comisión considera que las referencias 1, 2, 3, 4 y 6 detallan expositivamente las acciones que el Gobierno viene ejecutando, sin contener cuestionamiento a la autógrafa; en tanto que las referencias 5 y 7 recogen fundamentos que contienen supuestos que carecen de sustento constitucional y legal. Esto es así porque los artículos 103.° y 109.° de la Constitución precisan el momento en que entra en vigor una norma, estableciendo que su entrada en vigencia se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; estableciendo además que la obligatoriedad de la norma es al día siguiente de la publicación en el diario oficial El Peruano. Respecto a la autógrafa, supuestamente se desconocería la potestad expresa de Perupetro para negociar y adjudicar lotes petroleros de acuerdo a la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Se considera que tampoco tiene asidero, en razón de que justamente, mediante la autógrafa, se reconoce la potestad de Perupetro a la negociación y la adjudicación; porque lo único que señala la autógrafa es autorizar la evaluación y la negociación que la Ley Orgánica de Hidrocarburos establece. Por consiguiente, no puede entenderse como un otorgamiento forzado o tácito ni menos discriminatorio con criterio excluyente de participación. La observación también señala que sería un acto dilatorio la evaluación y negociación que establece la autógrafa, criterio que no compartimos porque el artículo 11.° de la Ley Orgánica de Hidrocarburos señala que Perupetro puede celebrar contratos previa negociación directa o convocatoria. En cuanto a las facultades legales, que son reservadas en la autógrafa, hay que considerar que bajo estas facultades es que se negoció de forma directa con la empresa Pacific Stratus Energy del Perú el contrato de servicio temporal del Lote 192. Respecto a la supuesta creación o aumento de gasto público, ninguno de sus extremos tiene impacto presupuestal público, en el sentido de que la autógrafa de ley le otorga facultades a Petroperú para que, conforme a ley, convoque a socios estratégicos y realice las gestiones que sean necesarias, todas las que se supone corresponden a una empresa como es Petroperú. Por tanto, si Petroperú ingresa a las actividades de explotación del Lote 192, va a tener un mejoramiento sustancial de sus ingresos, los cuales permitirán mejorar su capacidad financiera para pagar los créditos que obtenga, en particular los asumidos para la modernización de Talara. Por lo expuesto, la Comisión de Energía y Minas considera que las suposiciones de la observación no tienen ningún tipo de fundamento constitucional y legal, por lo que en esos extremos no corresponde admitirla.

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En conclusión, por estas consideraciones me permito invocar a la Representación Nacional se sirva otorgarnos su respaldo para aprobar el dictamen de insistencia en la autógrafa de la Ley que incorpora una cuarta disposición complementaria y final a la Ley 30130, correspondiente a los proyectos de ley antes mencionados; y también escuchando el clamor del pueblo de Loreto. Muchas gracias. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Concluida la sustentación, se da inicio al debate sobre la insistencia. Tiene la palabra el congresista Belaunde Moreyra. El señor BELAUNDE MOREYRA (SN).— Señor Presidente: He escuchado el relativo breve dictamen que acaba de leer el presidente de la Comisión de Energía y Minas. Yo me pregunto cuál es el objeto de esta ley que ha sido observada por el Ejecutivo y cuya insistencia en los términos inicialmente aprobados se debate ahora. ¿Qué es lo que dice el artículo único? Incorpórese una disposición cuarta, autorizando a Perupetro para que, previa evaluación y mediante negociación directa, suscriba el contrato de explotación de hidrocarburos del Lote 192 a la Empresa Petróleos del Petroperú. Para este efecto exceptúese la aplicación del artículo 6 de la presente ley. Una vez celebrado el respectivo contrato Petróleos del Perú está facultada a convocar, conforme a ley, a socios estratégicos y a realizar las gestiones que sean necesarias. Esta ley, observada por el Poder Ejecutivo y cuya insistencia ahora debatimos, es el resultado de una muy pero muy desafortunada conducta y política del Gobierno, de patear para adelante soluciones respecto a la explotación de un lote que viene siendo explotado desde el año 1971, primero por la Occidental Petroleum del Perú y luego por Pluspetrol. Este lote, en realidad, ha sido uno de los pocos lotes de petróleo —o sea, de hidrocarburos líquidos— en donde se descubrió y se logró obtener una producción significativa, que en su mejor momento llegó a los 80 mil o un poco más de barriles diarios, y que ahora ronda los diez mil barriles diarios. En su mejor momento, el Perú —debemos recordarlo, aunque hay algunos a los que aparentemente no les interesa este tema, y yo les sugeriría que me prestaran un poco de atención— llegó a tener una producción de 200 mil barriles diarios. Ahora, escasamente está en los 60 mil barriles diarios; llega a una producción de hidrocarburos líquidos de 160 mil barriles diarios, gracias al descubrimiento del gas de Camisea, que realizó primero Shell y que hoy día explota un consorcio de empresas que dirige Pluspetrol. ¿Qué ha ocurrido? El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Tiempo adicional, congresista. El señor BELAUNDE MOREYRA (SN).— Sabemos que el petróleo del Lote 192 es un petróleo esencialmente pesado y que esencialmente se exporta, y con el valor de esa 146

exportación es que el Perú puede compensar en parte su déficit petrolero. ¿Qué sentido tiene esta ley? Autoriza a Perupetro a entregar este lote a Petroperú. ¿Pero qué ocurre? Desde el 30 de agosto del año 2016, hace algo así como 42 días, este lote viene siendo operado por otra empresa. Me corrigen por ahí; efectivamente, mi querido colega Virgilio Acuña me corrige, me refiero al año 2015. Le agradezco la corrección. Bien, ¿entonces qué va ocurrir? Nada. Cero puntos, cero balas… El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Ampliación de tiempo, congresista. El señor BELAUNDE MOREYRA (SN).— Una mínima ampliación. No tiene ningún sentido. ¿Qué se va a hacer? ¿Se va a rescindir, se va a resolver, se va a terminar, se va a dejar sin efecto el contrato que tiene por dos años Pacific Stratus? Nada. La ley, como ha dicho el congresista De la Torre Dueñas, mi distinguido colega, no tiene fuerza ni efecto retroactivos. Esta es una ley inútil; pero al mismo tiempo que es una ley inútil, es una ley desconcertante que da un mal mensaje. No nos favorece en un momento en que el precio del petróleo ha caído, sabe Dios por cuánto tiempo, no lo sabemos; y en un momento en que no hay inversiones petroleras en el Perú, en un momento en que es improbable que las haya en el futuro cercano. Todo esto nos ahonda en una crisis petrolera de la que hemos sido salvados gracias al gas; y aprobar leyes inútiles, no tiene sentido. Yo sé que hay una... El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Ampliación de tiempo, congresista. El señor BELAUNDE MOREYRA (SN).— Gracias, señor Presidente; muy generoso de su parte. Hay una mayoría favorable para insistir en esta ley; pero es una insistencia inoficiosa, que no va a ninguna parte, que es contraproducente; y siendo contraproducente, ¿para qué aprobar la insistencia? Por eso, yo exhorto a mis colegas para que, en un momento extraordinario de lucidez que estoy seguro pueden llegar a tener, cambien de opinión acerca de esta —cómo podríamos decir— inoficiosa e inútil ley, que, en todo caso, se aplicará en el futuro, en el momento en que Petroperú pueda hacerse cargo de esto. Porque ahora es manifiesto que no lo puede hacer, por mil y una razones. Muchas gracias. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Tiene la palabra la congresista Condori Jahuira. La señora CONDORI JAHUIRA (GPDD).— Señor Presidente: Debo comunicar a la Representación Nacional que en estos momentos Loreto viene movilizándose contundentemente por la insistencia en esta propuesta que ha hecho el Poder Legislativo; y, frente a las observaciones que el Gobierno remite al Congreso, muchas de ellas no las consideramos con el sustento suficiente. 147

En el punto 6, lo único que se hace es referirse a los distintos proyectos de inversión del Gobierno en el departamento de Loreto. Se trata de proyectos de inversión en infraestructura, que no se pueden admitir como una prebenda y tomar como un condicionamiento en el sentido de que aquí ya te dimos esto, Loreto, cumplimos contigo y date por satisfecho. No, señor. No se trata solo de Loreto, sino de todo el país, porque el petróleo es de todos los peruanos, y Petroperú es una empresa estratégica que debe preservar nuestros recursos; y, de ser bien administrada en estos momentos, no estaríamos en este debate. Acabamos de tener un amplio debate sobre la Cuenta General de la República, y qué lamentable es que, con mucho orgullo y orondamente, se diga, de once instituciones, que cuatro son omisas. Ese es el porcentaje y ese es el promedio de lo que año a año se ha venido haciendo de parte de la Contaduría General de la República, ampliándose esa evasión, esas omisiones, por parte de instituciones públicas; y aquí se trae, para aprobar en este Congreso, la Cuenta General de la República. Ese es un indicador de que no se está siendo eficiente en el manejo de los recursos públicos. Pero no por ello las empresas públicas van a ser las que paguen los platos rotos —y todos los peruanos— por esa ineficiencia. En el oficio de observación que envía el Poder Ejecutivo, se dice que la norma aprobada en el Congreso de la República es inconstitucional; pero en el punto 7 se toma como base el articulado que aquí hemos aprobado, y es lo más lamentable, porque nos mandan una propuesta tomando como base la nuestra. Más allá de ello, aquí no vemos la voluntad política del Gobierno de querer fortalecer a Petroperú, esa es la verdad; no vemos esa voluntad política de querer preservar un recurso tan importante como es el petróleo para todos los peruanos, sino al contrario: un contrato por administración directa poco transparente, donde hay pruebas de conflictos de intereses. Ya la Contraloría lo determinará en su momento, y sabemos que el tiempo nos va dar la razón. No estamos aquí en el Congreso de la República para prestarnos a tapar estas irregularidades, sino para preservar los recursos de todos los peruanos. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Ampliación de tiempo, congresista. La señora CONDORI JAHUIRA (GPDD).— Por eso es importante que el día de hoy demos un mensaje claro al país, que demos un mensaje claro a las futuras generaciones, de que sí estamos atentos, de que sí estamos vigilantes por nuestros recursos, de que no es posible avalar una situación de esta naturaleza, no permitiéndole, por ningún motivo y por ley, a Petroperú ejercer operaciones sobre nuestros recursos, porque eso sí sería lamentable. Dejar a Petroperú con esa camisa de fuerza, obligado a solo refinar petróleo en Talara, limitado; eso es lo que quiere el Gobierno actualmente, y no lo podemos permitir. Como peruanos, como representantes de la patria, tenemos lo obligación moral de apoyar la votación por la insistencia. Gracias.

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El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Tiene la palabra el congresista Dammert Ego Aguirre. El señor DAMMERT EGO AGUIRRE (AP-FA).— Señor Presidente: Existen algunos temas de debate nacional y algunas normas de discusión pública que adquieren un carácter particular y singular, en especial cuando se trata de temas que permiten a la patria tener concordancias y buscar, en conjunto, orientar determinadas decisiones que son cruciales para la vida nacional. Este es uno de esos temas. Estamos hablando de un lote que se convocó a licitación, donde participaron tres empresas y ninguna presentó ofertas; de un lote que tiene trece mil millones de dólares de reservas probadas; de un lote con un crudo pesado que está ahí, y se están sacando diez mil barriles diarios, a un precio de cuarenta dólares el barril, con una utilidad de diez a doce dólares por barril. Es un lote, por tanto, que está en producción. De manera que cuando se ha dado a una empresa por dos años, esta empresa ha seguido operando. La empresa Pacífico opera con los mismos que estaban haciendo los subcontratos, opera y va a seguir operando los dos años, mientras la Contraloría evalúe su contrato. Por lo tanto, no es válido el argumento según el cual algunos decían que se iba a caer, porque el lote sigue trabajando; más aún, estamos en una situación en que este lote permite garantizar lo que en el Perú es un consenso, cual es que está caminando lo de la refinería de Talara. Y le damos lo que nos informa la refinería de Colombia. Cómo Colombia, con la empresa Ecopetrol, que es empresa del Estado, y con la participación privada, puede sacar adelante no solamente la explotación petrolera y los oleoductos, sino también la refinería; y cómo aquí, en el Perú, cuando estamos haciendo un trabajo en la refinería que requiere de un adecuado abastecimiento de crudo pesado y al mismo tiempo de garantías financieras, se quiere bloquear a Petroperú que tenga acceso al lote 192, lo que le permitiría garantizar financieramente; y eso no lo decimos solo porque tenemos información en general, sino que eso lo dice el organismo contratado por el propio Gobierno, la empresa Wood Mackenzie, cuyo informe decía un distinguido colega que no conocía, cuando la Comisión de Descentralización ya lo ha puesto en su página web para que todo el país lo conozca. El informe de la empresa Wood Mackenzie dice que para que salga la refinería es indispensable que Petroperú entre ahora al lote 192; no solo por lo que se refiere al financiamiento, sino porque el crudo que produce ese lote llegue justamente a la refinería, que lo va a trabajar, y a un precio alto, sino en las condiciones adecuadas. Por donde se mire, sacar adelante esta decisión del Congreso permite al país en su conjunto, cualquiera sea la posición ideológica, electoral o partidaria, resolver una necesidad urgente, y, en especial, avanzar en resolver un problema que es crucial, y es que el petróleo está en la amazonía, donde durante cuarenta años se ha trabajado en condiciones de destrucción; no ha sido objeto de políticas de remediación ambiental, y las comunidades amazónicas han sido vulneradas en sus derechos; la propia amazonía ha sido pisoteada y maltratada; por tanto, se requiere una política de tratamiento adecuado de la remediación ambiental, con las propias comunidades indígenas. Una de ellas, la del río Tigre, justamente ha planteado que sea Petroperú quien asuma la tarea, 149

porque Petroperú no solamente es una empresa que no se va, sino que es una empresa de todos los peruanos, es una empresa del Estado, y el Estado somos nosotros… El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Ampliación de tiempo, congresista. El señor DAMMERT EGO AGUIRRE (AP-FA).— Es por estas razones que el Congreso tiene ahora que adoptar una decisión crucial. Estamos seguros en el país de que esta decisión no es producto de coimas, no es producto de dinero sucio que corra bajo las mangas de los ríos, no es producto de compra de conciencias. Es producto de una firme y decidida afirmación de la patria, de un compromiso con el Perú, de sacar adelante al país, con una decisión política concreta y específica, con una decisión legislativa que no tumba gabinetes, porque el gabinete sigue funcionando; con esta decisión no cae el gabinete. Se decía que iba a haber una crisis del Estado, una crisis de Gobierno. Eso no se produce; y tampoco se paraliza la producción, sino que más bien se abre una vía de solución de problemas muy urgentes y claves en la historia del Perú. Estamos en un momento histórico para nuestra patria, y esperamos que sea el destino de la patria, la perspectiva del Perú, y no la del oro negro y sucio de la corrupción, que señalan siempre las petroleras, la que marque esta decisión de cada congresista, para que junto con el pueblo ratifique que tiene que salir adelante el lote 192 para ser adjudicado a Petroperú en un proceso legal... El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Ampliación de tiempo, congresista. El señor DAMMERT EGO AGUIRRE (AP-FA).— … que corresponde a Petroperú, por tener una ley que la organiza como empresa, por tener una autorización para tener actividades petroleras, por tener una autorización para operar en el campo petrolero; y la ley justamente lo que hace es consolidar y permitir que esto sea así. De ahí que, con los mejores valores de la historia patria, esperamos que hoy día el Congreso haga historia, se afirme con la historia y pueda darle al Perú una perspectiva para decir que hubo una decisión del Congreso que apoyó que el Lote 192 sea un instrumento para el conjunto de desarrollo del país, trabajado en forma adecuada; y que esta ley, discutida, técnicamente sustentada, adecuadamente trabajada, con la legitimidad de la propia población, es lo que dice aquel dirigente de los pueblo quichuas: Petroperú con el Lote 192 no solamente no se va del Perú; Petroperú con el Lote 192 es el Estado, y el Estado somos nosotros los peruanos, la patria, el pueblo que tiene que reivindicar el lote 192 para Petroperú y para el Perú. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Gracias, congresista Dammert. Tiene la palabra el congresista Lescano Ancieta. El señor LESCANO ANCIETA (AP-FA).— Presidente: El Parlamento Nacional tiene hoy que insistir en la norma aprobada semanas atrás, porque los argumentos de la observación formulada por el Ejecutivo son absolutamente deleznables, inconsistentes; no tienen 150

ninguna sustentación jurídica para dejar sin efecto esa norma que protege los intereses nacionales. El primer argumento señala que a Petroperú no se le puede dar mayor responsabilidad para que explote el lote 192, porque está encargado de la modernización de la refinería de Talara. ¿Qué observación de carácter jurídico es esta? ¿En qué momento se ha acreditado que Petroperú está en mal estado económico financiero, si los documentos contables establecen que tiene 300 millones de soles de utilidades a junio de este año, versus la empresa Repsol española, que tiene pérdidas en la explotación petrolera en el Perú? Dice: ‘No, señor; no le podemos dar más carga a Petroperú; que se encargue de Talara y no del lote 192’. Con argumentaciones inconsistentes y con estados financieros que no han demostrado, porque la argumentación del Ejecutivo viene solamente en letras y no con documentos para demostrar que Petroperú no puede hacerse cargo de este lote, esta primera observación no tiene pies ni cabeza. De lo que se trata, simplemente, es de consolidar un contrato entreguista que se ha firmado con una empresa canadiense, la Pacific Stratus, en que se entrega el agua gratis, la madera gratis, en propiedad el petróleo; y no, como dice la ministra, solamente para que extraiga el petróleo, porque los peruanos seguimos siendo los propietarios. Eso es mentira, porque tiene libre disponibilidad del petróleo; y vean los artículos de ese contrato: no pagan los aranceles para exportación. Es, obviamente, un contrato que da facilidades a la empresa Pacific Stratus. Eso es lo que quieren consolidar con argumentaciones absolutamente falsas, diciendo: ‘No; Petroperú, solamente Talara y no el lote 192’. Es una argumentación que no tiene ningún sentido, Se ha dicho que la ley es inconstitucional porque se está dejando sin efecto un contrato suscrito con la empresa Pacific Stratus. ¿En qué artículo de la ley aprobada en este Congreso se dice que el contrato suscrito con la Pacific Stratus no vale, está anulado, se deja sin efecto, está resuelto, está rescindido? En ninguna parte se dice que se deje sin efecto ese contrato. Simplemente se dice: ‘Autorizar a Perupetro suscribir contratos con Petroperú’; y eso tiene que ver con las circunstancias, el momento y las condiciones en que deben hacerse esos contratos. Y Perupetro tendrá que observar y cumplir lo que dicen las normas para suscribirlos. Pero no se toca un contrato suscrito en condiciones anormales, de convulsión social, porque ya sabían los señores que Loreto no quería que se suscriba con la Pacific Stratus el contrato de explotación del Lote 192, cuando había protestas en este Congreso y protestas en Loreto. Y en esas condiciones suscriben el contrato. Jurídicamente, incluso ese contrato es... El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Continúe, congresista. El señor LESCANO ANCIETA (AP-FA).— … en condiciones de alteración nacional. O sea, lo ponen como si fuese un contrato suscrito normalmente, dentro de un proceso normal, en una situación pacífica. No; se suscribió en situaciones de convulsión y de protesta. Y a pesar de eso, el Parlamento no ha dicho que ese contrato es nulo, como debía hacerlo; ni siquiera toca el contrato. Más bien dice: ‘Autorizar, negociar entre Petroperú y Perupetro para la suscripción de contratos sobre el Lote 192’. Sabrán los señores de 151

Perupetro y Petroperú cuándo lo suscriben y en qué condiciones, respetando la Constitución, los procedimientos y las leyes. Entonces, no me vengan acá a decir que la ley es inconstitucional, porque ella no vulnera ningún artículo, menos el artículo 62.° de la Constitución del Estado; porque no se deja sin efecto ningún contrato, a pesar de que esos contratos son entreguistas y a pesar de que esos contratos rifan, regalan, maltratan los intereses nacionales y los recursos nacionales. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Continúe, congresista. El señor LESCANO ANCIETA (AP-FA).— Y luego, hablan de la separación de poderes, de que no tenemos iniciativa de gasto. ¿Dónde estamos nosotros estableciendo gastos al erario nacional, en qué artículo se está diciendo eso? ¿Qué tiene que ver la separación de poderes, si es el Congreso Nacional el que autónomamente tiene que aprobar las leyes? ¿Qué tiene que ver esa argumentación? Son argumentaciones gaseosas, observaciones que no tienen ningún sentido. Y no dicen que la ministra de Energía y Minas se fue en un viaje con la empresa Pacific, que le pagó una serie de gastos en ese viaje; por lo cual habría una incompatibilidad tremenda en el cumplimiento de sus funciones. Y en esas condiciones le suscriben el contrato a la empresa Pacific. Hay, pues, actos de presunta corrupción. Y eso está bien, nadie dice nada, nadie observa nada. Eso está bien, eso sí consolida los contratos. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Ampliación de tiempo, congresista. El señor LESCANO ANCIETA (AP-FA).— Señor Presidente, nosotros pensamos, por lo tanto, por estas argumentaciones absolutamente inconsistentes y deleznables del Ejecutivo que sustentan su observación, que debemos, en el Parlamento, ratificar a través de la insistencia la ley que hemos aprobado. Actuemos como patriotas, como peruanos que defendemos los intereses de todos los peruanos y no los intereses particulares; porque distintos economistas han demostrado que en el Perú se está concentrando la riqueza en pocas manos, como está sucediendo en otros países; y gran parte de los peruanos están absolutamente pobres, como es el caso del pueblo de Loreto, que no recibe casi nada de sus recursos naturales. Hoy día, hagamos un esfuerzo por demostrar que el Congreso Nacional sí va a defender los intereses nacionales, ratificando e insistiendo en la ley que hemos aprobado. Gracias. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— La Mesa Directiva expresa su saludo a la vicepresidenta de la Cámara de Representantes del Reino de Marruecos, diputada Kenza El Ghali, y a su embajadora en el Perú, Oumama Aouad, quienes se encuentran en la galería diplomática del Congreso en compañía del congresista Rolando Reátegui Flores.

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(Aplausos). Tiene la palabra la congresista Schaefer Cuculiza. La señora SCHAEFER CUCULIZA (GPFP).— Presidente, me pide las dos interrupciones el congresista Sarmiento. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Tiene las dos interrupciones, congresista Sarmiento Betancourt. El señor SARMIENTO BETANCOURT (GPFP).— Gracias, congresista. Sobre este tema, yo quiero hacer una reflexión: en ningún momento a Petroperú se le está adjudicando directamente el Lote 192. Lo que estamos haciendo es darle la posibilidad de explotar ese lote. ¿Con qué posibilidad y con qué alternativa? Después de hacer la evaluación y fortalecer a Petroperú en su gobierno corporativo. Esto de cara a que ellos tienen que negociar y dar la imagen de que pueden tener una capacidad financiera, de activos sobre todo, para lograr tener un mayor capital social con el cual poder desarrollar y conseguir el préstamo para la modernización de la refinería de Talara, así como para ver con quién asociarse, para seguir creciendo, pero creciendo en forma vertical, como lo recomienda —bien lo ha dicho el congresista Dammert— Wood Mackenzie en su informe, para lograr que esta empresa estatal se fortalezca, como nosotros queremos, y pueda operar en el Lote 192. Cabe constatar que la actividad petrolera en manos privadas en los últimos años no ha crecido. Como vemos, del año 1983 a la fecha, con la forma como se viene manejando la empresa privada, ha disminuido la producción de petróleo; y lo que nosotros queremos con esta insistencia es que nuevamente el crecimiento de la explotación del petróleo, como política de Estado, sea para que haya una mayor competencia para poder seguir creciendo... El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Treinta segundos más para concluir, congresista. El señor SARMIENTO BETANCOURT (GPFP).— En los últimos años ha venido disminuyendo cada vez más este tipo de actividad y este tipo de inversión; y lo que no hay en este momento es competencia en esa labor. Pienso que Petroperú debe ser una empresa que coadyuve a reactivar esta actividad en favor de todos los peruanos, para poder crecer y explotar nuestras reservas que están escondidas. Gracias. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Continúe, congresista Schaefer Cuculiza. La señora SCHAEFER CUCULIZA (GPFP).— Presidente: Es realmente sorprendente ver el nivel de las observaciones que hace el Ejecutivo a esta ley, como ya han dicho los congresistas que me han antecedido. Es increíble que una ley tan técnica tenga ese tipo 153

de observaciones, y eso se refleja en el manejo que este Gobierno viene teniendo sobre el sector hidrocarburos, uno de los sectores más importantes. Hemos tenido una caída en la producción. Sí, tenemos problemas por el precio internacional que, definitivamente, afectan fuertemente esta actividad, pero hay que saber reaccionar. Existe la Asociación de Hidrocarburos, que ha realizado varios foros haciendo propuestas para activar la producción; y en esa asociación se encuentra Petroperú. Este viernes han estado en mi región trabajando con los alcaldes, con las empresas, con el fin de articular para sacar adelante la matriz energética existente en nuestro país. Cómo van a decir que porque Petroperú está trabajando en la nueva refinería de Talara no puede tener capacidad para operar, quizá en un corto plazo, en el Lote 192; un lote estratégico, como bien han dicho, para generar un financiamiento adecuado y poder pagar la nueva refinería de Talara con ese crudo pesado, con esas reservas que se tienen ahí. Realmente es una pena que no se tenga una visión integral sobre una empresa importantísima para el país, que debe tener esa operación vertical. Pero lo más importante: si es la engreída del señor Ollanta Humala, por qué no le da igual trato que a todas las empresas de hidrocarburos y se le devuelve lo que le corresponde por esa exoneración que tiene la Amazonía, que bordea cada año casi los 280 millones. ¿Por qué esas diferencias? ¿Por qué no se ha hecho eso desde un inicio para que Petroperú sea mucho más competitivo, con lo que ya hubiera podido estar operando en el Lote 192? Creo que ni siquiera han leído la ley, o no han tenido capacidad de interpretar lo que dicen los artículos de esta ley. La bancada Fuerza Popular se ratifica por la insistencia en la autógrafa de esta ley, porque queremos fortalecer a Petroperú y que la modernización de la refinería de Talara esté bien acompañada, para que el día de mañana se pueda realmente insertar y ser una empresa competitiva como las de nivel internacional. Esperemos que el día de mañana, en el lote 64, con esta ley, se tenga la apertura para buscar un socio estratégico para que se pueda explotar ese lote, que es tan importante por tener reservas probadas. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Continúe, congresista. La señora SCHAEFER CUCULIZA (GPFP).— Presidente, no queda más que decir que vamos a ratificar con nuestro voto la insistencia en esta ley observada, lamentablemente, sin poder decir que han hecho un análisis técnico sobre una materia que es técnica. Gracias. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Tiene la palabra el congresista Tejada Galindo. El señor TEJADA GALINDO (GPDD).— Presidente, me solicita una interrupción el congresista Belaunde. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Tiene la interrupción, congresista Belaunde Moreyra. 154

El señor BELAUNDE MOREYRA (SN).— Señor Presidente, hace cerca de 28 años, la empresa estatal de propiedad del Perú, Minero Perú Comercial (Minpeco), ganó un juicio muy importante a una serie de demandados —los hermanos Hunt y un grupo más de gente—, por una especulación sobre el precio de la plata, que ocasionó una pérdida de ochenta millones de dólares a Minpeco, empresa que yo tuve el honor de dirigir como gerente general precisamente durante la época que se interpuso esa demanda. Pues bien, ¿cuál fue el argumento fundamental para ganar ese juicio que nos permitió recuperar cien millones de dólares de aquella época? Minpeco es del Perú, pero el Perú no es de Minpeco, porque confundían la tenencia de la propiedad de la empresa con el Estado peruano. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Tiene el segundo minuto, congresista. El señor BELAUNDE MOREYRA (SN).— Es solo un instante. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Continúe, congresista. El señor BELAUNDE MOREYRA (SN).— Petroperú es del Perú, pero el Perú no es de Petroperú. Son realidades que pueden coincidir, pero el Perú es mucho más grande que Petroperú. Gracias. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Continúe, congresista Tejada Galindo. El señor TEJADA GALINDO (GPDD).— Presidente, hoy día hay... Me pide, por excepción, una interrupción la congresista Mavila. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Congresista Mavila León, la excepción fue darle un poquito más de tiempo al congresista Belaunde Moreyra. Tiene usted la interrupción. La señora MAVILA LEÓN (AP-FA).— Presidente, el congresista que me ha antecedido en el uso de la palabra dice que Petroperú es del Perú, pero que el Perú no es de Petroperú. Sin embargo, en el corazón de miles de peruanos Petroperú es del Perú, y en el corazón de miles de loretanos, que están marchando esta tarde, Petroperú es una insignia de identidad nacional, que significa poner por delante los intereses de la peruanidad, de la refinería de Talara, del consumo, el acceso al petróleo por encima de los intereses de una empresa extranjera que suscribió, como todos sabemos, de forma no tan santa el contrato que se pretende ahora hacer preeminente sobre los intereses del país. Gracias. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Puede iniciar su intervención, congresista Tejada Galindo.

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El señor TEJADA GALINDO (GPDD).— Presidente: Hoy en la región hay muchas empresas públicas que operan en sus países, incluso invierten fuera de sus fronteras nacionales. Tenemos a Codelco en Chile, a Ecopetrol en Colombia, a Petrobras en Brasil; y podríamos seguir con un gran número de empresas públicas que incluso tienen inversiones aquí, en el Perú. Ellas sí pueden operar lotes en el Perú, pero el único que está impedido es la empresa nacional Petroperú. Es una vergüenza que a nuestra empresa pública se le ponga una serie de trabas. Creo que aquí no hay un problema técnico sino un problema ideológico, porque quienes deberían defender el Estado están anclados en una ortodoxia neoliberal que está completamente desfasada y es antinacional. La propia Constitución va contra los intereses nacionales al darle al Estado un rol subsidiario, ya que solamente puede intervenir en la economía mediante ley expresa. Hay países que tienen sistemas liberales, como Colombia, por ejemplo, y Ecopetrol es una empresa que invierte fuera del territorio nacional y da grandes recursos al desarrollo de su país. Pero en el Perú no podemos hacerlo. Entonces, creo que debemos insistir en esta autógrafa de ley para que Petroperú explote el Lote 192. Ya se ha dicho acá claramente cuáles van a ser los mecanismos, sin vulnerar contratos; pero creo que hay que pensar más allá de la explotación de ese lote y empezar a cambiar el rol del Estado en la economía. Estamos en otros tiempos. Ya no estamos en la década de los noventa, ya no estamos en la era en la que se privatizaban todas las empresas públicas. Hoy, todos los países del mundo empiezan a reforzar más bien sus empresas públicas y las utilizan de manera inteligente para poder financiar el desarrollo y el bienestar social. Quiero agregar que esto no es solo cuestión de que la empresa pública explote un lote petrolero. Ahí también hay pueblos indígenas que están esperando la titulación de sus tierras y que se cumpla una serie de acuerdos; por tanto, tienen que ser tomados en cuenta en estos debates, tomados en cuenta por el Parlamento y, sobre todo, por el Estado. Entonces, acá hay una serie de problemas que tenemos que ir resolviendo; pero creo que es muy importante insistir en la participación de Petroperú, como una medida de defensa de la soberanía y de defensa de la empresa pública, que, además, va a ser de suma utilidad para que se pueda avanzar con la refinería de Talara. Gracias. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Tiene la palabra el congresista Bedoya de Vivanco. El señor BEDOYA DE VIVANCO (PPC-APP).— Señor Presidente: Este es un tema que en los últimos dos o tres meses se ve por cuarta o quinta vez, porque se ha debatido arduamente tanto en el seno de la Comisión de Energía y Minas como en este hemiciclo; y veo que argumentos nuevos no hay. Los que hablan a favor o en contra repiten argumentos ya conocidos. 156

Lo que sí percibo es que no se entienden razones. Percibo que la observación formulada por el Ejecutivo al proyecto de ley aprobado por este Parlamento recoge en gran parte los argumentos que quienes nos opusimos al proyecto de ley esgrimimos en esa oportunidad. No se trata de que Petroperú sea la Cenicienta y que haya sido maltratada. No se trata de que no se le quiera dar el impulso o la preeminencia que le puede corresponder estratégicamente. El Gobierno peruano en los últimos dos o tres años está haciendo una inversión de tres mil 530 millones de dólares para hacer una nueva refinería en Talara. No es, como dicen muchos, una remoción, un repotenciamiento, un poner al día; no. Todo lo que hemos conocido y que existe hasta hoy en día es chatarra que se va a botar; y en Talara va a haber una nueva refinería. No se está remozando la existente; se está sustituyendo, y eso les cuesta a los peruanos tres mil 530 millones de dólares. Como quiera que esa refinería está a cargo de Petroperú, es evidente que es Petroperú quien tiene que financiar; y la primera observación que formula el Ejecutivo es que en las actuales circunstancias ya resulta muy difícil a Petroperú conseguir el financiamiento para ejecutar esas obras y que, en consecuencia, conseguir financiamiento para entrar a explotar el Lote 192 es imposible. Entonces, no es que Petroperú sea una Cenicienta, sino que el primer inconveniente es que no tiene recursos para financiar esta aventura a la que muchos quieren conducirnos. El segundo argumento, y acá lo sostuvo la ministra de Energía y Minas, al igual que en el seno de la Comisión de Energía y Minas, es que Petroperú hoy en día carece de personal técnico para asumir esta responsabilidad; porque el área interna de Petroperú encargada de la exploración y explotación de lotes cuenta solamente con seis personas, ya que Petroperú hace 30 años no se dedica a estos quehaceres, y, en consecuencia, no tiene personal, no tiene infraestructura humana, para asumir esta responsabilidad. Carece, entonces, de recursos y de personal idóneo y suficiente para afrontar este reto. Otro argumento en que se sustenta la observación radica en que, de aprobarse este proyecto, se estaría vulnerando no solamente el decreto supremo o la norma en virtud de la cual se aprobó el contrato actualmente vigente, sino que se estaría pretendiendo modificar, vía ley, un contrato vigente violando el artículo 62.° de la Constitución, norma en virtud de la cual los contratos no pueden ser modificados por leyes. Cualquier modificación tendrá que hacerse por acuerdo de las partes o recurriendo a los órganos jurisdiccionales pertinentes. En consecuencia, hay acá una violación de carácter constitucional. También este proyecto contraviene una ley orgánica que es la Ley de Hidrocarburos; en consecuencia, una ley ordinaria no puede modificar ni derogar una ley de mayor jerarquía como es una ley orgánica. Otro argumento que da el Ejecutivo al observar este proyecto es que se viola el artículo pertinente de la Constitución que establece que las leyes se dan por la naturaleza de las cosas y no en función de las personas. Este es un proyecto con nombre propio, Petroperú, con un objetivo único: el Lote 192. En consecuencia, no es un proyecto que responde a 157

la naturaleza de las cosas, sino a un caso concreto, a una situación dada. Ese es otro argumento que se ha sostenido. Sostiene también el Ejecutivo que al establecer el proyecto, mediante los mecanismos que implementa u ordena, que se incurra en determinados gastos se viola el artículo 79.° de la Constitución, que impide que el Parlamento al expedir una ley cree o genere gastos. No hay iniciativa de gastos por parte de los parlamentarios, y, en consecuencia, este es otro artículo constitucional que está siendo observado. Se dice que se invoca equivocadamente la separación de poderes. Yo lamento hasta el momento no haber escuchado a ninguno de los miembros de la bancada de Gobierno defender la tesis de su Gobierno; veo que siguen un poco perdidos en el mundo político. Pero lo que sustenta la observación presidencial a esta autógrafa de ley es que el proyecto aprobado por el Parlamento lo que pretende es desarrollar las políticas del sector, cosa que corresponde al Ejecutivo y que no es competencia del Legislativo, y por eso es que también se está violando el artículo pertinente sobre la separación de poderes. Muchos de estos argumentos, no todos, ya han sido esgrimidos en el seno de la Comisión de Energía y Minas cuando se debatió el proyecto; y, posteriormente, cuando el dictamen pasó al Pleno, se esgrimieron también. Nada nuevo se está diciendo hoy. Claro, se invocan cuestiones de patriotismo, que la soberanía nacional, el patriotismo y el amor a la patria solo se demuestran votando por este proyecto de ley, argumentos tan manidos, tan venidos a menos que me recuerdan los debates ideológicos de los años 70 y 80. Hay gente que vive anclada en esas ideas reciclándolas permanentemente, repitiendo el mismo casete y que no se ha actualizado. Ya demostró la historia el fracaso que acá y en todas partes del mundo tuvieron esas políticas estatizantes y cómo, a partir de los años 90, se tuvo que ir a un sistema de privatización que hoy sus autores recusan pidiendo volver al sistema anterior. Ellos tendrán que dar las explicaciones que merezca la opinión pública. Yo simplemente señalo las contradicciones. Por las razones expuestas, reitero la que ha sido invariablemente mi posición y votaré en contra de la insistencia en esta autógrafa de ley porque creo que sería dañina para el Perú, para la imagen internacional del país, para la economía nacional y para los destinos de Petroperú. Gracias. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Tiene la palabra el congresista Abugattás Majluf. El señor ABUGATTÁS MAJLUF (NGP).— Muchas gracias, señor Presidente. Un segundito, congresista Mavila; con todo gusto. Me parece de muy mal gusto mirar la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio, congresista Bedoya. Quien está con problemas en su partido es usted, no nosotros; nosotros no recurrimos a la prensa para presentar nuestros problemas políticos 158

partidarios; nosotros los resolvemos internamente. Entonces, cada uno en su sitio. Usted se preocupa de su partido; yo me preocupo del mío. Lo que sí me llama la atención, y, la verdad, debo saludarlo porque nunca había oído a alguien que tan literalmente pueda repetir el discurso que nos trajo el señor Pedro Cateriano y que nos trajo la ministra Ortiz. Usted, colega, debe haber tenido una memoria extraordinaria en el colegio. No sé; la verdad, lo felicito, porque ha podido usted repetir palabra tras palabra el discurso ideológico elaborado en el Ministerio de Economía y Finanzas, con lo cual, ante esa posición de que se están retrotrayendo al discurso de los 70 y los 80, solo puedo decirle que hay gente que se ha quedado anclada en los 90 y no ve el futuro. Se ha dicho que no hay capital para financiarlo, y eso es absolutamente falso: Petroperú le paga por adelantado a Pluspetrol, y ahora a esta empresa, esa producción petrolera. Esas empresas funcionan con el dinero que Petroperú les da el día de hoy. Entonces, yo no tengo ningún problema con el debate ideológico; pero creo que la población tiene el derecho de saber la verdad, y una de esas verdades es que, con los cambios efectuados por la ministra Ortiz al reducir las regalías y el valor de la canasta, está perjudicando directamente a Loreto; y en su momento tendrá el ministro de Economía que responder a Loreto por eso, porque las bases de cálculo para el canon petrolero han sido drásticamente reducidas. Hemos pasado de una tasa de regalía del 30% sobre una base de 30 dólares, a una tasa de 17% con un valor de canasta de 20 dólares. Y la diferencia ¿de dónde va a salir? Del bolsillo de todos nosotros y de todos los peruanos que aportamos impuestos, porque la región Loreto no se va a ver perjudicada. En ese sentido, reitero que la votación de conciencia de Daniel Abugattás y de muchos nacionalistas va a ser a favor de la insistencia. Muchas gracias. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Tiene la palabra el congresista Eguren Neuenschwander. Quizá tenga usted la gentileza de darle la interrupción a la congresista Mavila León. El señor EGUREN NEUENSCHWANDER (PPC-APP).— Señor Presidente, el congresista Bedoya me pidió una interrupción, y, con todo gusto, la segunda sería para la congresista Mavila. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Correcto. Tiene la interrupción, congresista Bedoya de Vivanco. El señor BEDOYA DE VIVANCO (PPC-APP).— Señor Presidente, respondiendo la intervención que se acaba de producir, simplemente diré que no es que yo repita las exposiciones del primer ministro y del ministro de Economía. Sería una petulancia 159

inaceptable sostener que ellos han venido a repetir mis argumentos. Pero quienes primero vertieron los argumentos en el seno y en el debate de la Comisión de Energía y Minas, somos quienes hoy nos reiteramos en esa posición. Y hay un segundo argumento, que escuché hace unos minutos a otro congresista, pero que de repente responderé más adelante para no interrumpir la intervención del congresista Eguren. Gracias. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Tiene la interrupción, congresista Mavila León. La señora MAVILA LEÓN (AP-FA).— Señor Presidente, yo simplemente quisiera decir que, a mi juicio, está más allá de las ideologías en un país pobre como el nuestro, intentar mantener como perspectiva de desarrollo en el corto y mediano plazo un auténtico nacionalismo. La reacción nacional soberana, en el contexto de la International Petroleum Company, la reivindicamos todos los peruanos como parte de nuestro desarrollo reivindicativo correcto de auténtico nacionalismo. Hoy en la tarde, hemos tenido una posición mayoritaria por la reivindicación de todo lo que significó el enfrentamiento con el Ecuador y por la reivindicación de nuestro territorio y soberanía nacional. Por eso, creo que decir que es anacrónica una perspectiva nacionalista, es no entender justamente que en la promesa de la vida política peruana tiene que tener una prioridad el uso de nuestros recursos naturales en función de la perspectiva de los intereses de las nuevas generaciones. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Concluya, congresista. La señora MAVILA LEÓN (AP-FA).— De otro lado, se ha dicho que en Petroperú no hay recursos humanos. ¿Acaso la empresa que ha ganado la buena pro en ese contrato tan peculiar tiene recursos humanos? ¿Acaso no acudirá a la tercerización que se usa en el trasiego del tráfico económico en este tipo de empresas de hidrocarburos? Petroperú está en superávit y tiene la característica de ser una empresa exitosa en el ámbito de su gestión, a pesar de los vaivenes que ha tenido la política de Estado frente a empresas de su mismo carácter. Por último, solo quisiera decir que la empresa que ha ganado la buena pro está ya intentando ampliar la magnitud de sus capitales con capitales venezolanos y colombianos. Quiere decir que, en términos de liquidez y en términos macroeconómicos no es precisamente una empresa exitosa. ¿Por qué, entonces, obrar de modo distinto al de otros países latinoamericanos?

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El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Puede iniciar su intervención, congresista Eguren Neuenschawander. El señor EGUREN NEUENSCHWANDER (PPC-APP).— Presidente: No voy a insistir en los argumentos vertidos, entre ellos por el congresista Bedoya, porque no tiene mayor sentido. Estamos discutiendo entre políticos, cuando la propia empresa, a través de sus técnicos, ha dicho que no puede operar; y estamos discutiendo entre políticos, cuando el área técnica del Ministerio de Energía y Minas ha señalado que no hay capacidad técnica para operar. En consecuencia, no voy a insistir en ello. Mas sí voy a entrar a otro tema que me parece importante. Somos un Estado lento, burocrático, ineficiente y muchas veces corrupto; y en ese escenario estamos pretendiendo trasladar esos vicios de nuestro sector público a la actividad privada. Todos sabemos cómo funcionó el Estado peruano y sus empresas en el pasado. ¿Queremos regresar a las corruptelas, a las cajas chicas, a la agencia de empleo, a los nombramientos a dedo de Minero Perú, de Centromin Perú, de Hierro Perú, etcétera? ¿Tiene algún sentido, preguntemos al ciudadano de a pie, que el Estado peruano invierta recursos en querer hacer un negocio de riesgo, además en petróleo? ¿Qué nos va decir el ciudadano? Por favor, esa plata no la meta en hacer negocios que pueden hacer perfectamente bien los privados. Métala en colegios, en hospitales, en postas médicas. ¿Cuál es el rol fundamental del Estado? Promover servicios básicos y de calidad. Si tuviésemos la educación en niveles óptimos, si tuviésemos la inversión en salud en niveles óptimos, si hubiésemos invertido y tuviésemos con calidad la seguridad, el desarrollo de infraestructura, los represamientos ante el cambio climático, el calentamiento global, el estrés hídrico; si no tuviésemos la cantidad de niños desnutridos, si tuviésemos todo eso resuelto, timbeemos, invirtamos en eso, invirtamos en bolsa, invirtamos en petróleo; podemos invertir en pesca, podemos timbear en agricultura. Pero no somos un país rico, no somos un país al que le sobre la plata, no somos un país donde tengamos las necesidades básicas satisfechas y con calidad; tenemos enormes brechas de infraestructura. Es por ello que no podemos meter el dinero de todos los peruanos a timbear en empresas que perfectamente pueden ser manejadas por el sector privado. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Continúe, congresista. El señor EGUREN NEUENSCHWANDER (PPC-APP).— Los escasos recursos del Estado tienen que estar orientados a mejorar la calidad de vida de los peruanos, a mejorar las oportunidades negadas históricamente a millones de peruanos que han estado en pobreza por falta de educación, por falta de alimentación, por falta de nutrición. Ese es la tarea primordial del Estado peruano. Y, en esta coyuntura y en esta época, destinar recursos que no son excedentes, hoy por hoy, fundamentalmente, si en algo se tiene que invertir, sería en materia de seguridad. Gracias. 161

El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Tiene la palabra el congresista Cabrera Ganoza. El señor CABRERA GANOZA (GPFP).— Señor Presidente: Quisiera expresar, con relación al Lote 192, cuando se habla de soberanía energética y de autonomía energética, que creo que el Perú la tiene. Nuestro país tenía una producción muy atrasada en materia energética y una energía cara; pero hoy día, con la matriz energética del gas, ha alcanzado lo suficiente como para poderse manejar en muchos aspectos industriales y productivos. Es cierto, como se dice, que se producen 60 mil barriles diarios de petróleo; pero también es cierto que, en equivalencia de gas, nosotros producimos 370 mil barriles diarios. En consecuencia, nuestro balance energético no es deficitario sino superavitario. A través de la producción de electricidad que se genera en Chilca y en Ventanilla, por el ciclo combinado, nosotros producimos tres mil 400 megawatts, que definitivamente salen de Camisea y mueven las turbinas en estas diferentes productoras de electricidad. Eso significa más del 50% de la producción de electricidad en el Perú, y vale más de cuatro mil millones de dólares. Si a eso agregamos la exportación que tenemos en Melchorita; la producción de más de cuatro mil millones de dólares en materia de líquidos en suspensión en Lobería, Pisco; la utilización del gas en materia industrial y doméstica en todo el Perú; la utilización del gas por automóviles y vehículos, sumando todo eso, realmente tenemos una autonomía energética que nos permite contar con esta energía para mover nuestra industria y nuestra producción, la cual, además, es barata; y mejor todavía: la tenemos sana, porque desde el punto de vista del impacto ambiental, el gas es mucho menos tóxico que la gasolina, muchísimo menos tóxico que el petróleo, y muchísimo pero muchísimo menos tóxico que el carbón. En consecuencia, no hay que ver el problema energético del Perú con características apocalípticas. Todo lo contrario: tenemos en realidad un presente satisfecho y un futuro mucho mejor que satisfecho. Chile tiene une energía tres veces más cara que la nuestra. En realidad, el instrumento energético que tenemos hoy a través de la matriz energética del gas, significa no solamente tener un presente para poder manejar nuestra producción, sino también un futuro promisorio. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Continúe, congresista. El señor CABRERA GANOZA (GPFP).— Se dice, muchas veces, que nosotros somos deficitarios en materia alimenticia, cosa que en realidad es falso; porque si sumamos las exportaciones agrícolas en materia de frutales y hortalizas y, por supuesto, de cacao y también, por supuesto, de café y otras exportaciones y deducimos las importaciones agrícolas, somos altamente superavitarios. Nosotros en materia energética también lo somos, por lo cual tenemos autonomía y tenemos soberanía; pero hay un problema: en el futuro se va a hacer definitivamente la nueva refinería de Talara, y esta nueva refinería, que va costar más de tres mil millones de dólares, incluyendo impuesto general a las ventas, se supone que va a tratar 95 mil 162

barriles diarios. La producción anual le va permitir, a razón de diez a doce dólares de utilidad por barril de petróleo pesado, que es el que va a tratar, una utilidad, más o menos, del orden de 350 millones de dólares; lo cual permitiría pagar definitivamente la refinería en menos de diez años. Eso es lo importante que tiene Petroperú, eso es lo que más vale de Petroperú: esa refinería; porque allí va a capitalizar el país, va a desarrollar una región como Piura, y esa es, realmente, la proyección futura que en materia energética tenemos. En cuanto al Lote 192, se puede tomar la decisión de que lo maneje Petroperú; no es un delito, es una opción. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Continúe, congresista. El señor CABRERA GANOZA (GPFP).— Pero sí vale la pena decir, cuando se promete y se crean tantas expectativas a Loreto, como decir que desde el momento que ingresa Petroperú van a tener más canon y sobrecanon, que eso es falso: se va a tener la misma cantidad de canon y sobrecanon, porque es un porcentaje de la producción, que llega a casi 18%. En consecuencia, ni el canon ni el sobrecanon van a variar para el caso de Loreto. Decir lo contrario es traficar con las expectativas del pueblo loretano; y vale la pena ahí tener la serenidad para decir las cosas tal como son y no tal como uno quiere que sean. Eso por un lado. Por otro lado, pueden haber bajado las regalías; pero las regalías, en este caso, no son lo mismo que el canon y sobrecanon, que es lo que permite el ingreso a la gente de Loreto. En consecuencia, con regalías más bajas no varían tampoco el ingreso del canon y sobrecanon. Por eso, creo que la política que se pueda seguir en manos de este Congreso y, por supuesto, del Gobierno peruano, en cuanto a nuestro futuro energético, tenemos sencillamente... El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Concluya, congresista. El señor CABRERA GANOZA (GPFP).— … una interpretación real y verdadera de nuestra realidad; y creo que ir sencillamente a una posición apocalíptica obedece a un capricho pero no a la realidad, que felizmente va a ser, creo yo, de progreso y bienestar. Muchas gracias. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Tiene la palabra el congresista Rimarachín Cabrera. El señor RIMARACHÍN CABRERA (GPDD).— Presidente: Este Congreso no puede retroceder. Las fuerzas políticas que lo integran no pueden hacer demagogia con los intereses nacionales. El electorado nos está mirando y ha puesto mucha atención en aquellos que dicen que el Estado no debe participar en la producción, en la economía, 163

que está solamente para que se dedique a educación, salud y seguridad ciudadana. Ya con la votación del 3 de setiembre se aprobó este proyecto de ley. Los que están en minoría tienen que aceptar que están en minoría. El pueblo de Loreto despertó al Congreso, el pueblo de Loreto es el Perú y el pueblo de Loreto puso el tema en debate. Claro, probablemente las fuerzas políticas que quieren hacer demagogia no quieren perder votos en la selva, no quieren perder votos frente a los intereses del pueblo peruano que lucha todos los días. Entonces, no podemos engañarnos. Lo que sí es importante es que este Congreso no puede retroceder, conforme ha retrocedido Ollanta Humala, conforme dio el viraje hacia la derecha y conforme dejó el programa de la Gran Transformación en el tacho de basura. Pero hay que hacer un poco de historia, porque no pueden pasar por agua tibia esas conductas a medias tintas de los que no defienden el interés nacional. Se han atrevido a decir, por ejemplo: ‘Están anclados ahí, en la década del 70’. Oigan, señores de la derecha, PPC y compañía, ustedes están anclados en el dogmatismo extractivista neoliberal que ha sido derrotado el 3 de setiembre en este Congreso; acepten su derrota. Y los que votaron por el cambio, por la propuesta de que Petroperú administre el lote 192, no pueden retroceder con el mal ejemplo de nuestro gobernante. ¿Y por qué digo mal ejemplo? Porque, miren, ¿qué sucedió el 27 de agosto? El 27 de agosto, la bancada del frente, de color naranja, la bancada Fujimorista, retiró su firma; y al retirar su firma no se votó, no se aprobó la ley. Si se hubiese aprobado esa ley, no se habría firmado el contrato. ¿Y qué dijo Ollanta Humala el 29? El 29 se firmó el contrato con la empresa canadiense Pacific, y el Presidente de la República dijo: ‘El Congreso pudo resolverlo, no quiso hacerlo’; y claro, como el Congreso no aprobó la ley, porque actuó en forma soterrada jugando en ping pong, como bancada oficialista, la bancada fujimorista, entonces, no se aprobó y el contrato corrió; y, al correr el contrato… El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Un minuto más, congresista. El señor RIMARACHÍN CABRERA (GPDD).— No retrocedan para votar por la insistencia, porque estamos mirándolos. Pero algo más dijo el Presidente de la República, cuando nuevamente Loreto convocó a un paro y él observa la ley; ¿y qué dijo?: ‘Yo me pongo la camiseta de Petroperú’. Claro, se pone la camiseta de Petroperú y observa la ley aprobada por el Congreso. ¿Qué es eso? Demagogia pura y barata. Si ustedes defienden el interés nacional, por favor, que no se escape ni un voto de los de al frente; y que no vengan con el cuento de que se enfermaron, de que salieron por ahí. ¿Por qué? Porque vamos a estar mirándolos. Señores, este Congreso debe reivindicar el interés nacional fortaleciendo a Petroperú y su participación en el lote 192; en la producción petrolera, interviniendo… El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Treinta segundos, congresista.

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El señor RIMARACHÍN CABRERA (GPDD).— En la producción petrolera, interviniendo en toda la cadena productiva. Y no vengan con el cuento de que no tiene personal; o sustentando como si este fuera un contrato ley del tiempo del fujimorismo. Está bien que se hayan beneficiado con el fujimorismo familiarmente, pero no vengan acá a defender lo indefendible. Acá han dicho que la ley tiene nombre propio, como si fuera a beneficiar a una persona, cuando beneficia al Estado, lo que es de interés nacional. El Estado tiene nombre propio, pero no tiene el nombre… El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Gracias, congresista; concluyó su tiempo. Hemos sido bastante amplios. Necesitamos contar con el quórum necesario para votar, congresista. Si seguimos dilatando el debate, podría no haberlo. Bien, congresista; concluya, no hay inconveniente. El señor RIMARACHÍN CABRERA (GPDD).— Muchas gracias, Presidente. A ver, para los dogmáticos neoliberales: Chile tiene empresa estatal en lo que se refiere al cobre. Tiene también dos refinerías estatales. Abastece de gasolina refinada a todo el parque automotor de Lima. Y acá vienen a decir que el Perú no se meta a administrar el Lote 192. Por favor, señores, o quieren al Perú o son una derecha que quiere a Chile. Váyanse a Chile, señores, y no se presenten para las elecciones del 2016. Muchas gracias. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Por haber sido aludida su bancada, ha pedido la palabra la congresista Schaefer Cuculiza. La señora SCHAEFER CUCULIZA (GPFP).— Presidente, politiquería barata es la que hace constantemente el señor Rimarachín para poder captar alguna atención. Para empezar, él es un traidor porque votó en contra del proyecto 30130, sobre la refinería de Talara. Y tiene una obsesión con el fujimorismo. Si creía que el fujimorismo es lo que él expresa, qué hacía trabajando con el fujimorismo, durante años, en la época del ingeniero Fujimori, cuando fue expulsado del Programa de Alfabetización porque les quitaba su plata a las alfabetizadoras y quería abusar sexualmente de ellas. ¡Por favor!, político barato es él. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Efectivamente, ha habido una alusión personal y directa, y con una intervención de un minuto damos por concluido este incidente. Puede proceder, congresista Rimarachín Cabrera.

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El señor RIMARACHÍN CABRERA (GPDD).— Presidente, con una mujer no vale discrepar ni pelear. Esas palabras me las guardo. Pero ni el fujimorismo es dueño del Estado, ni tampoco el aprismo ni el ollantismo. El Estado es del Perú; y cuando uno es trabajador del Estado, es trabajador del Estado, no del fujimorismo ni del aprismo. Los que son fujimoristas son los que tiene carné, los que están allí alzando en hombros a su líder, los que están partidarizados. Ellos, ¿no?, ellos. Y no solamente los que están inscritos, sino también los sobones. Pero yo no he jugado ningún papel de esos. Yo siempre mantengo mi línea adelante. El Estado es de los peruanos, no del alquiler temporal de un gobierno durante su período. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Gracias. Tiene la palabra el congresista Acuña Peralta. El señor ACUÑA PERALTA (SN).— Presidente, cedo una interrupción al congresista Cabrera y otra a la congresista Schaefer. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Tiene la interrupción, congresista Cabrera Ganoza, por un minuto. El señor CABRERA GANOZA (GPFP).— Señor Presidente, solamente quiero decir lo siguiente. Cuando el congresista Rimarachin habla acerca de la actitud que tuvo la bancada fujimorista, la bancada naranja, hace un tiempo con motivo de la votación, en realidad, creo que hay una equivocación. Acá se votó a favor justamente de la posición que hoy día se tiene, en el caso del Lote 192, a favor de Petroperú. Fue más bien por equivocación del gobernador regional —se perdió la votación por dos votos—, que comenzó a gritar de una manera muy poco madura y dijo una cosa que no obedecía a la realidad, porque la realidad había sido todo lo contrario. Después, se han arreglado las cosas con un poco más de mejor manejo. Pero es injusto acusar a la bancada fujimorista de algo que no ha hecho, cuando ha sido todo lo contrario, ya que en todo momento ha mantenido una posición. Muchas gracias. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Tiene la interrupción, congresista Schaefer Cuculiza, por un minuto. La señora SCHAEFER CUCULIZA (GPFP).— Gracias, congresista Virgilio Acuña. Presidente, cabe acá señalar que, en coordinación con nuestra lideresa Keiko Fujimori, yo firmé la moción del señor Dammert para que este proyecto se viera exonerándolo de dictamen de las comisiones. Pregúntele a su vecino, colega; hay que ser consecuente en la vida. Y a Talara, yo le voy a llevar la votación del Proyecto 30130, sobre la nueva refinería de Talara, como bien ha dicho el congresista Bedoya, porque no se trata de su modernización. Y yo sí creo que Petroperú tiene la capacidad que se requiere, porque, como bien ha dicho la congresista Mavila, estos servicios, por ser algo muy técnico y con 166

mucha especialización, se alquilan, se tercerizan. En el caso del Lote 10, cuando fue transferido de Petrobras a la empresa China, los chinos trajeron a dos personas; al resto, las han subcontratado… El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Continúe, congresista Acuña Peralta. El señor ACUÑA PERALTA (SN).— Señor Presidente, voy a ser sumamente breve porque sé que el tiempo a todos nos angustia. En la anterior oportunidad, yo voté a favor de esta ley. Quiero ahora explicar por qué razones voy otra vez a votar a favor de esta ley. ¿Por qué razones? Muy simple. Permítame referirme a las dos visiones. Primero, la visión como país, la visión como un mundo globalizado. Los países tienen intereses fundamentales, tienen actividades fundamentales que son estratégicas: la seguridad alimentaria, la tecnología, la energía, son actividades estratégicas para todo país; por lo tanto, nuestro país, sea con empresa privada o sea con empresa estatal, tiene que ver sus recursos a largo plazo porque suponen una actividad estratégica para el futuro del mismo país. Es por eso que todos los países tienen que preocuparse por la energía, para el desarrollo fundamental del planeta, así como de la tecnología y de la alimentación. Desde ese punto de vista, sea con privado o sea con estatal, el recurso petróleo no podemos abandonarlo ni dejar de atenderlo. En segundo lugar, desde el punto de vista empresarial, en el caso del Lote 192, vemos que había una empresa hace 40 años. La Oxy estuvo 30 años, y ahora tenemos a la empresa Pluspetrol, que está diez años. Pero preguntémonos cuál es el resultado de la presencia de la empresa en ese momento y en ese pozo. No todas las empresas son iguales. Por supuesto, el desarrollo de los países está en manos de las empresas y son ellas las que llevan a la prosperidad a las naciones. Son las empresas las que hacen crecer a los países, son las empresas las que llevan al umbral del desarrollo a todos los países. Pero, ojo, todas las empresas no son iguales. Preguntémonos qué ha pasado en el Lote 192, qué pasó con la Oxy durante 30 o 40 años y qué pasó con Pluspetrol. ¿Acaso esa zona ha progresado, ha desarrollado, está en buenas condiciones? ¿O la relación es mala? Si la relación de esa empresa con la sociedad, con la comunidad y con el país ha sido mala, por supuesto que hay que ver otras alternativas. Desde un punto de vista mucho más específico y empresarial, si a nuestra empresa, Petroperú, queremos darle una opción de crecimiento, por supuesto que debemos permitirle tener todo el flujo y toda la cadena del negocio. El área más importante del petróleo es la explotación; no la exploración ni la conducción ni la refinería ni la distribución: es la explotación. Por lo tanto, considero que es conveniente la presencia de Petroperú, porque de esa manera tendrá todo el flujo de la producción de petróleo. 167

Muchas gracias. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Gracias por la concreción. Tiene la palabra la congresista Chávez Cossío. La señora CHÁVEZ COSSÍO (GPFP).— Presidente: Es cierto que se están reiterando argumentos que se dieron en la sesión en que se aprobó esta norma observada por el Ejecutivo; pero el Ejecutivo, en su oficio de observación, también ha utilizado argumentos que se dieron aquí para tratar de que el Congreso no apruebe esta ley. Yo quiero, sobre todo, señalar lo siguiente, porque es necesario que la ciudadanía conozca, ya que se ha querido, desde el Poder Ejecutivo, y ahora se ha repetido nuevamente, tergiversar las razones y la naturaleza de la ley que se ha aprobado y en la que vamos a insistir. En primer lugar, es la Constitución, en su artículo 60.°, la que habilita la posibilidad de la actividad empresarial del Estado. Petroperú existe porque dicho artículo muy claramente prevé la pluralidad en materia económica, y por eso dice: ‘El Estado reconoce el pluralismo económico. La economía nacional se sustenta en la coexistencia de diversas formas de propiedad y de empresa’. Y es más, señala las condiciones para que, mediante ley expresa, el Estado pueda realizar subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirecta, por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional. Qué duda cabe que lo que estaba pasando en el Lote 192 era una situación en la que decididamente la iniciativa privada no era suficiente ni estaba interesada en un lote ya explotado por más de 40 años y que ya está en decadencia, pese a que todavía tiene una importante reserva probada por extraer. Pues bien, ¿qué ha hecho el Estado sabiendo que el contrato ese de 30 años ya terminaba? Pues, lamentablemente, no hizo nada. Y la población de Loreto, ¿qué alternativa tenía? Acá se ha dicho que el dinero del Estado debe aplicarse a las escuelas, a los centros de salud, a los niños desnutridos. Precisamente, esa preocupación y esa aplicación del concepto de subsidiariedad, cuando no hay la posibilidad ni el interés de la empresa privada, y tenga que responderse y el Estado atender al bien común de las personas de la zona. ¿Qué querían? Lo que ha pasado ahora. Y me llama la atención que quienes defienden la observación que ha hecho el Ejecutivo no se pongan a reflexionar en que la empresa fue contratada en tres días. Según dijo el señor Humala, como acá no se aprobó nada, entonces, en tres días se tuvo que contratar a la empresa. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Un minuto adicional, congresista. La señora CHÁVEZ COSSÍO (GPFP).— Primero, declarándose desierta una licitación, para luego asignarse a dedo, en tres días, según la boca del propio presidente Humala, a

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una empresa, bajándose drásticamente las condiciones que se exigían. Nadie se ha puesto a pensar si ese contrato está bien hecho o no; y debe ser fiscalizado. Pero también se ha dicho que esto genera iniciativa de gasto, lo cual es falso. De lo único que se trata con esta ley, en la que vamos a insistir, es de quitar una limitación legal para contratar que se puso en la Ley 30130, la cual estableció la posibilidad de la nueva Refinería de Talara. Por último, se dice, también de manera errada, que esta sería una ley con nombre propio. No; la Constitución no dice que no se puedan mencionar personas, personas jurídicas. Acá se dan resoluciones legislativas acusando a congresistas con nombre propio; se dan leyes orgánicas de entidades públicas... El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Sírvase concluir, congresista. La señora CHÁVEZ COSSÍO (GPFP).— Es que no se pueden sacar leyes por la diferencia de las personas, sino por la naturaleza de las cosas. Entonces, no podríamos ni siquiera aprobar la Ley de Presupuesto donde señalamos asignaciones para el Reniec, para la ONPE, para la Sunarp. La misma Ley Orgánica de Petroperú no sería posible. Por tanto, hay que decir las cosas con mucha claridad y sostener sus votos con otros argumentos. Decir, por ejemplo, que acá se interfiere con la política a la empresa; pero, ¿quién nombra a los directivos de Petroperú? Los nombra el Poder Ejecutivo. Y si los miembros del directorio de Petroperú no están de acuerdo con lo que dice el Ejecutivo, se van a ir a su casa. Entonces, ¿qué tiene eso de técnico, de empresarial? Asumamos la responsabilidad y démosle al pueblo de Loreto la posibilidad de que pueda tener una alternativa de progreso. Gracias. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Finalmente, tiene la palabra la congresista Omonte Durand. La señora OMONTE DURAND (PP).— Presidente: El Ejecutivo ha argumentado diversas infracciones constitucionales y de políticas de Estado que ya han sido comentadas y sustentadas adecuadamente por los congresistas que me han precedido en el uso de la palabra. Solo quiero puntualizar dos temas, porque es importante que se aclaren mucho más. Se ha pretendido argumentar que se distraerían recursos, lo cual no tiene fundamento porque finalmente la autógrafa de ley no establece que Petroperú distraiga recursos para atender la explotación del Lote 192; por el contrario, lo autoriza a contratar con socios estratégicos y a realizar todas las gestiones necesarias.

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En el punto 5 del oficio de observación del Ejecutivo, se considera que, en la práctica, se puede interpretar como una adjudicación del Lote 192 a Petroperú, lo que contraviene de manera directa lo estipulado en el Contrato de Servicios Temporal para la explotación del mencionado lote. Esta observación es infundada, ya que la autógrafa autoriza a Perupetro a negociar con Petroperú, hecho que no significa desconocer el contrato aprobado en el decreto supremo. La bancada Perú Posible tiene que ser coherente con la política de Estado implementada por el presidente Alejandro Toledo en su gobierno. La Ley 28840, Ley de fortalecimiento y modernización de Petroperú, de 19 de julio de 2006, justamente promovía e impulsaba la fortaleza de una empresa tan necesaria, desde el punto de vista de la seguridad estratégica, como había mencionado el congresista Rimarachín, no solamente en cuanto a la explotación de nuestros lotes, sino también, por supuesto, en cuanto a la exploración y a la distribución. Entendamos que esta es una visión no estatista. No se puede acusar a un gobierno como el de Perú Posible de tener una visión estatista, sino estadista. Este es un gobierno que promovió Camisea, Las Bambas, los tratados de libre comercio en general con todos los países, como se implementaron durante su período; y que también triplicó las exportaciones. Por eso es que nuestro grupo parlamentario está de acuerdo, como la mayoría de las bancadas presentes, en insistir en lo aprobado por el Congreso de la República. Gracias. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Habiendo concluido el rol de oradores, tiene la palabra el presidente de la Comisión de Energía y Minas, congresista De la Torre Dueñas. El señor DE LA TORRE DUEÑAS (NGP).— Señor Presidente, agradezco la participación de todos los colegas, y creo que es importante escuchar al pueblo de Loreto y defender la soberanía energética del país. En ese sentido, pido que se pase a voto. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Los señores congresistas se servirán registrar su asistencia para votar. —Los señores congresistas registran su asistencia mediante el sistema digital para verificar el quórum. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).—¿Algún alcance, congresista Coa Aguilar? El señor COA AGUILAR (NGP).— Presidente, solo quiero consultar a quienes se están oponiendo a esta insistencia cuál va a ser el destino jurídico y legal en torno a la presente norma. 170

El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Congresista, ya terminó el debate; pensé que quería plantear una cuestión de orden. Se cierra el registro de asistencia. Se encuentran presentes en la Sala 88 congresistas. Al voto. —Los señores congresistas emiten su voto a través del sistema digital. —Efectuada la consulta, se aprueba, por 73 votos a favor, diez en contra y cuatro abstenciones, la insistencia en la autógrafa en la autógrafa de ley, observada por el Poder Ejecutivo, en virtud de la cual se incorpora una cuarta disposición complementaria y final a la Ley N.° 30130, con el objeto de autorizar a Perupetro S.A. para que, previa evaluación y mediante negociación directa, suscriba el contrato de explotación de hidrocarburos del Lote 192 a la empresa Petróleos del Perú - Petroperú S.A. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Ha sido aprobada. Se deja constancia del voto a favor de la congresista Teves Quispe. —El texto final es el siguiente: “EL PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA POR CUANTO: EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA; Ha dado la Ley siguiente: LEY QUE INCORPORA UNA CUARTA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL A LA LEY 30130, LEY QUE DECLARA DE NECESIDAD PÚBLICA E INTERÉS NACIONAL LA PRIORITARIA EJECUCIÓN DE LA MODERNIZACIÓN DE LA REFINERÍA DE TALARA PARA ASEGURAR LA PRESERVACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE Y LA SALUD PÚBLICA Y ADOPTA MEDIDAS PARA FORTALECER EL GOBIERNO CORPORATIVO DE PETRÓLEOS DEL PERÚ – PETROPERÚ S.A. Artículo único. Incorporación de una cuarta disposición complementaria final a la Ley 30130 Incorpórese una cuarta disposición complementaria final a la Ley 30130, Ley que Declara de Necesidad Pública e Interés Nacional la Prioritaria Ejecución de la Modernización de la Refinería de Talara para Asegurar la Preservación de la Calidad del Aire y la Salud Pública y Adopta Medidas para Fortalecer el Gobierno Corporativo de Petróleos del Perú – Petroperú S.A., en los términos siguientes: “CUARTA. Autorícese a Perupetro S.A. para que, previa evaluación y mediante negociación directa, suscriba el contrato de explotación de hidrocarburos del Lote 192 a 171

la Empresa Petróleos del Perú, Petroperú S.A. Para este efecto exceptúese la aplicación del artículo 6 de la presente Ley. Una vez celebrado el respectivo contrato la empresa Petróleos del Perú, Petroperú S.A. está facultada a convocar, conforme a ley, a socios estratégicos y a realizar las gestiones que sean necesarias”. Por tanto, etc.” “Votación de la insistencia en la autógrafa de ley originada en los Proyectos 4726, 4749 y 4750 Señores congresistas que votaron a favor: Abugattás Majluf, Acuña Núñez, Acuña Peralta, Aguinaga Recuenco, Andrade Carmona, Angulo Álvarez, Anicama Ñañez, Apaza Ordóñez, Bardález Cochagne, Becerril Rodríguez, Benítez Rivas, Beteta Rubín, Cabrera Ganoza, Canches Guzmán, Cárdenas Cerrón, Ccama Layme, Chacón De Vettori, Chávez Cossío, Chehade Moya, Chihuán Ramos, Coari Mamani, Condori Jahuira, Cordero Jon Tay, Crisólogo Espejo, Dammert Ego Aguirre, De la Torre Dueñas, Delgado Zegarra, Elías Ávalos, Espinoza Cruz, Espinoza Rosales, Gamarra Saldívar, García Belaunde, Grandez Saldaña, Guevara Amasifuen, Huaire Chuquichaico, Hurtado Zamudio, Inga Vásquez, Isla Rojas, Jara Velásquez, Kobashigawa Kobashigawa, Lay Sun, Lescano Ancieta, Lewis del Alcázar, López Córdova, Mavila León, Mendoza Frisch, Monterola Abregu, Mora Zevallos, Neyra Olaychea, Omonte Durand, Pari Choquecota, Pariona Galindo, Portugal Catacora, Reátegui Flores, Rimarachín Cabrera, Romero Rodríguez, Rondón Fudinaga, Saavedra Vela, Salazar Miranda, Salgado Rubianes, Sarmiento Betancourt, Schaefer Cuculiza, Solórzano Flores, Spadaro Philipps, Tait Villacorta, Tan de Inafuko, Tapia Bernal, Tejada Galindo, Tubino Arias Schreiber, Uribe Medina, Valencia Quiroz, Valle Ramírez y Valqui Matos. Señores congresistas que votaron en contra: Bedoya de Vivanco, Belaunde Moreyra, Eguren Neuenschwander, Gastañadui Ramírez, León Romero, Mulder Bedoya, Oseda Soto, Pérez del Solar Cuculiza, Reggiardo Barreto y Rodríguez Zavaleta. Señores congresistas que se abstuvieron: Capuñay Quispe, Coa Aguilar, Molina Martínez y Zerillo Bazalar.” El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).—¿Sí, congresista Schaefer Cuculiza? La señora SCHAEFER CUCULIZA (GPFP).— Presidente, sería importante, a través de la Mesa Directiva que usted preside, asegurar que el Ejecutivo promulgue esta ley. Gracias. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— La insistencia no requiere de segunda votación. Se solicita la dispensa del trámite de sanción del acta para ejecutar lo acordado hasta el momento. Los señores congresistas que estén a favor se servirán expresarlo levantando la mano. Los que estén en contra de la misma manera. Los que se abstengan, igualmente. 172

—Efectuada la consulta, se acuerda tramitar los asuntos tratados hasta el momento sin esperar la sanción del acta. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Ha sido acordado. Se aprueban las mociones de saludo a los integrantes de la promoción José Quevedo Oblitas, de la Gran Unidad Escolar San Carlos de Puno, por sus Bodas de Oro; y, a la provincia de San Román, departamento de Puno, por su aniversario El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Se va a dar cuenta de unas mociones de saludo. El RELATOR da lectura: Moción de saludo Del congresista Portugal Catacora, a los integrantes de la Promoción José Quevedo Oblitas de la Gran Unidad Escolar San Carlos de Puno, con ocasión de celebrarse el presente año sus Bodas de Oro. Del congresista Portugal Catacora, a la provincia de San Román, departamento de Puno, con motivo de celebrar el 24 de octubre de 2015 el 89.° aniversario de su creación política. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Se va a consultar. Los señores congresistas que estén a favor se servirán manifestarlo levantando la mano. Los que estén en contra, del mismo modo. Los que se abstengan, igualmente. —Efectuada la consulta, se aprueban las referidas mociones de saludo. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Han sido aprobadas. —El texto de las mociones aprobadas es el siguiente: “El Congreso de la República; Acuerda: Primero.— Expresar su saludo y felicitación a los integrantes de la Promoción “José Quevedo Oblitas” de la Gran Unidad Escolar San Carlos de Puno, con ocasión de celebrar su quincuagésimo aniversario, Bodas de Oro. Segundo.— Transcribir la presente moción al señor Edwin de Amat Quiroz, presidente de la Promoción “José Quevedo Oblitas” de la Gran Unidad Escolar San Carlos de Puno; y, por su intermedio a los integrantes de la referida promoción. Lima, 22 de octubre de 2015.” “El Congreso de la República; 173

Acuerda: Primero.— Expresar el saludo y felicitación a la provincia de San Román, departamento de Puno, con motivo de celebrar el 24 de octubre de 2015 el octogésimo noveno aniversario de su creación política. Segundo.— Transcribir la presente moción al señor Oswaldo Edwin Marín Quiro, alcalde de la Municipalidad Provincial de San Román; y, por su intermedio al cuerpo de regidores, personal administrativo, autoridades políticas, policiales y pueblo en general. Lima, 22 de octubre de 2015.” En sustitución del texto propuesto en el dictamen de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural, materia de debate, se aprueba la nueva fórmula sustitutoria, presentada por el presidente de la referida Comisión, por la cual se deroga el Decreto Legislativo 1198, que modificó el artículo 6 de la Ley 8296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— El siguiente punto. El RELATOR da lectura: Dictamen en mayoría de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural, con un texto sustitutorio de los Proyectos de Ley 4855, 4865, 4884, 4890 y 4897/2015-CR, por el que se propone modificar el artículo 6 de la Ley 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, modificada por el Decreto Legislativo 1198, a fin de exceptuar al departamento de Cusco de los alcances de esta ley. (*) El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Se va a iniciar la sustentación del dictamen en mayoría de la Comisión de Cultura, con un texto sustitutorio de los Proyectos 4855, 4865, 4884, 4890 y 4897, por el que se propone modificar el artículo 6 de la Ley 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, modificada por el Decreto Legislativo 1198, con el fin de exceptuar al departamento de Cusco de los alcances de esta ley. Al respecto, los congresistas Guevara Amasifuen, Valencia Quiroz, Dammert Ego Aguirre y Rimarachín Cabrera han presentado un dictamen en minoría. La Junta de Portavoces, en sesión de 22 de octubre de 2015, acordó la exoneración del plazo de publicación del dictamen y la ampliación de la agenda. Tiene la palabra el presidente de la Comisión de Cultura, congresista Kobashigawa Kobashigawa, hasta por diez minutos. El señor KOBASHIGAWA KOBASHIGAWA (GPFP).— Señor Presidente: El Poder Legislativo, mediante la Ley 30335, delegó facultades para que el Poder Ejecutivo legisle en materia administrativa, económica y financiera, por el término de 90 días calendario. Dentro de este marco, se estableció la facultad de promover, fomentar y agilizar la inversión pública y privada, las asociaciones público-privadas y la modalidad de obras 174

por impuestos, así como facilitar y optimizar los procedimientos en todos los sectores y materias involucradas, incluyendo mecanismos de incentivos y reorientación de recursos que garanticen su ejecución en los tres niveles de gobierno y en las distintas actividades económicas y sociales. Con esta facultad, se dio el Decreto Legislativo 1198, publicado en el diario oficial El Peruano el 22 de setiembre de 2015, que modificó el numeral 6.1 del artículo 6 de la Ley 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, permitiendo la participación pública y privada de instituciones, como gobiernos regionales, gobiernos locales, universidades públicas, empresas del Estado; y de entidades privadas, como fundaciones, asociaciones sin fines de lucro, universidades, comunidades, asociaciones de vivienda, empresas, gremios, etcétera. Todas ellas, de forma independiente o conjunta, pueden suscribir convenios de gestión cultural con el Ministerio de Cultura, con el objeto de poder poner en valor un sitio arqueológico. Por este motivo, se llevó a cabo la sétima sesión ordinaria de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural, realizada el día 20 de octubre de 2015. Se invitó a la ministra de Cultura, pero por motivos ajenos a su voluntad, porque ese día se produjo la renuncia del ministro de Justicia y citaron a todos los ministros de urgencia, envió en su lugar al viceministro de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, doctor Juan Pablo de la Puente Brunke. Al respecto, él manifestó que el Decreto Legislativo 1198 no concesiona, no privatiza, no entrega el patrimonio arqueológico a empresas privadas. Tampoco modifica la propiedad exclusiva estatal sobre los mismos y sus condiciones de intangible, inalienable e imprescriptible. La norma propone convenios de gestión cultural, en los cuales la tutela del patrimonio, la significación de este y su acceso público no se ponen en ningún momento en riesgo. También precisó que el Decreto Legislativo 1198 es totalmente optativo, es decir, es voluntario; no se obliga a ninguna región en ningún estamento a participar en esta ley, y así se implementará en su reglamentación. Además excluye expresamente a los Sitios del Patrimonio Mundial. Tampoco modifica la Ley 28719, Ley del Boleto Turístico, la misma que sigue vigente. En ese sentido, la norma no modifica bajo ningún término la condición de propiedad estatal, ni la intangibilidad, inalienabilidad e imprescriptibilidad de tales bienes, precisando que los convenios de gestión cultural, rigurosamente supervisados por el Ministerio de Cultura, tienen las siguientes restricciones: No se otorgarán en sitios integrantes del Patrimonio Mundial. Deberán conservar el significado cultural de cada monumento. Deberán promover el acceso público y el uso social del monumento. No eximirán el cumplimiento de los procedimientos y autorizaciones materia del Reglamento de las Intervenciones Arqueológicas. Se otorgarán mediante concurso y su plazo no podrá ser superior a diez años. 175

No conllevarán el uso de garantías del Estado ni transferencia de recursos públicos a entidades privadas, con la sola excepción de lo recaudado por el boleto de ingreso. En dicha sesión, después de un intenso debate, con presencia del viceministro, también llegaron las propuestas presentadas por unos congresistas para derogar el Decreto Legislativo 1198 o para modificarlo. La Comisión comparte la preocupación de la comunidad cusqueña sobre la protección de nuestro patrimonio cultural, y por ello considera necesario exceptuar de los convenios de gestión cultural a los bienes inmuebles prehispánicos ubicados en el departamento del Cusco de los alcances del Decreto Legislativo 1198; pero también se tiene que comprender que otros departamentos sí lo necesitan porque no cuentan con los recursos de la región Cusco. Al respecto, luego de un extenso debate la Comisión acordó realizar una sesión extraordinaria de inmediato para la aprobación de la derogatoria del Decreto Legislativo 1198 o su modificatoria, exceptuando al departamento de Cusco de los alcances de la citada norma. Luego de un amplio debate de parte de los congresistas el día de hoy, la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural en su primera sesión extraordinaria de 22 de octubre del 2015, aprobó por mayoría el presente dictamen que ponemos para su debate y pronta aprobación, para tranquilidad de los hermanos del Cusco, que están preocupados por este decreto legislativo. El texto sustitutorio, como lo solicitan los hermanos del Cusco, queda de la siguiente manera: Ley que modifica el artículo 6 de la Ley 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, modificada por el Decreto Legislativo 1198, a fin de exceptuar al departamento de Cusco de los alcances de esta ley Artículo 1.- Modificación del artículo 6° de la Ley 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, modificada por Decreto Legislativo 1198 Incorpórase un último párrafo al párrafo 6.1 del artículo 6 de la Ley General 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, modificado por el Decreto Legislativo 1198, con el siguiente texto: Artículo 6. Propiedad de bien cultural inmueble integrante del Patrimonio Cultural de la Nación Quedan exceptuados de dichos convenios de gestión cultural los bienes inmuebles integrantes del patrimonio cultural de la nación de carácter prehispánico ubicados en el departamento de Cusco. Señor Presidente, solicito la aprobación de este proyecto en vista de que los hermanos del Cusco estaban hoy día presentes también en la sesión. Con la aprobación de los congresistas asistentes, se permitió el uso de la palabra al gobernador del Cusco, quien 176

también solicitó que sean excluidos de esta ley; por lo que hemos tomado esa determinación en la Comisión de Cultura y patrimonio Cultural. Gracias. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Tiene la palabra el congresista Rimarachín Cabrera, para sustentar, en nombre de los firmantes, el dictamen en minoría. El señor RIMARACHÍN CABRERA (GPDD).— Presidente: Creo que este Congreso debe decirle no al negocio con nuestras riquezas culturales. Hay que decirle sí a la inversión en investigación, restauración y puesta en valor. Pero vamos a precisar cuál es el gran contrabando de este Decreto Legislativo 1198. No se trata acá de modificar ese decreto legislativo para exceptuar al Cusco, porque el Cusco está en paro; mañana va a entrar en paro Cajamarca, pasado entrará Loreto y también otros lugares del Perú; y, entonces, vamos a estar exceptuando y exceptuando. No, Presidente; yo creo que hay que analizar a fondo los errores de esta norma, que lo que pretende es privatizar la riqueza arqueológica; y viola no solamente la Constitución, sino los avances en la normatividad respecto a la protección del patrimonio arqueológico de nuestro país. El Decreto Legislativo 1198 habla de otorgar la administración de determinados componentes —pero no dice cuáles— para su protección, investigación, conservación, restauración, exhibición, difusión y puesta en valor sostenible, etcétera; pero agrega lo siguiente: ‘Pudiendo incluir la administración de servicios complementarios’. Ahí está el negocio; por ejemplo, en el caso de Kuélap el servicio complementario accesorio puede ser un negocio de teleférico; y, sin embargo, las riquezas de Kuélap no se investigan, y no se trabaja en lo que realmente debería trabajarse. Lo correcto sería que venga la inversión privada para que investigue, limpie completamente a Kuélap y lo ponga en valor, como es el caso, con un museo de sitio. De igual forma, podemos hacer en Marcahuamachuco, que es otro Machu Picchu, que se encuentra en las serranías de La Libertad, en Huamachuco. Y acá está el fundamento: en el artículo 21 de la Constitución Política del Estado, que señala que los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos, lugares, documentos bibliográficos y de archivo, objetos artísticos y testimonios de valor histórico, expresamente declarados bienes culturales, y provisionalmente los que se presumen como tales, son patrimonio cultural de la Nación, independientemente de su condición de propiedad privada o pública. Están protegidos por el Estado; norma que consagra la titularidad expresa del patrimonio cultural de la Nación y la obligatoriedad de todo el Estado para protegerlo y cautelarlo. La Ley General del Patrimonio General de la Nación establece textualmente que los bienes culturales inmateriales integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, por su naturaleza, pertenecen a la Nación; ninguna persona natural o jurídica puede arrogarse la propiedad de algún bien cultural inmaterial, siendo nula toda declaración en tal sentido, haya sido o no declarado como tal por la autoridad competente. Las comunidades que mantienen y conservan bienes culturales inmateriales pertenecientes al 177

Patrimonio Cultural Inmaterial, son los poseedores directos de dicho Patrimonio. El Estado y la sociedad tienen el deber de proteger dicho Patrimonio. Son obligaciones precisas, claras y contundentes que evitan que se ponga en peligro la titularidad, la intangibilidad y la integridad de nuestro riquísimo bagaje cultural, propendiendo a que todos asumamos la obligación de contribuir en conservarlo, difundirlo y ponerlo en valor para beneficio de todos los peruanos. Por su parte, el artículo 6.1 de la ley referida textualmente señala: ‘Todo bien inmueble integrante del Patrimonio Cultural de la Nación de carácter prehispánico es de propiedad del Estado, así como sus partes integrantes y/o accesorias y sus componentes descubiertos o por descubrir, independientemente de que se encuentre ubicado en predio de propiedad pública o privada. Dicho bien inmueble integrante del Patrimonio Cultural de la Nación tiene la condición de intangible, inalienable e imprescriptible, siendo administrado únicamente —repito—siendo administrado únicamente por el Estado’. Como se observa, el texto original del artículo 6 de la Ley 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, precisa que únicamente es el Estado el que tiene las facultades de administración. Sin embargo, el Decreto Legislativo 1198 la modifica quitándole el texto ‘únicamente’ para aperturar la inversión privada que por su propia condición es contraria al precepto constitucional y a las normas antes referidas, generando de por sí una incongruencia normativa que la vicia de ilegalidad y de inconstitucionalidad. En tal sentido, el decreto legislativo que debe ser derogado le quita al Estado la condición de ser el único encargado de gestionar y administrar el patrimonio cultural, lo cual cambia de forma drástica la concepción y el valor que nuestra Constitución y nuestra historia jurídica le han otorgado al Patrimonio Cultural de la Nación, ya que de forma inmediata pierde sus cualidades de ser bienes intangibles, inalienables e imprescriptibles, que establece la propia Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. La propia denominación de convenios de gestión cultural que podrán ser otorgados al sector privado, constituye un contrasentido a nuestro marco jurídico vigente, así como un clarísimo intento de pretender la privatización de nuestro patrimonio cultural. Diferente sería que el Ejecutivo nos envíe un proyecto de ley para investigar, refaccionar y poner en valor el Gran Pajatén, por ejemplo. Entonces, el inversor privado puede gastar una cierta cantidad de millones en un trabajo de unos cinco a diez años, por decir, hasta tener un museo de sitio, poniendo en valor ese monumento arqueológico. Y puede venir la propuesta para concesionarlo, dándoles en uso, con todas las prerrogativas, por unos 15 o 20 años, para que recuperen su inversión; y después se retirarían y dejarían para el Estado un bien que puede ser administrado para que el Perú tenga buenos ingresos. España vive del turismo, México vive del turismo. Pero acá no se quiere restaurar algún monumento. Sería bueno que se proponga eso y que se discuta una norma de ese tipo. Pero acá es tan general, que en cualquier lugar donde haya un resto arqueológico mínimamente aceptable para el visitante turista, inmediatamente ponen un negocito, y entonces ese negocito es el que va a dar ingresos al sector privado, y nunca se 178

refaccionará, nunca se investigará, nunca se pondrá en valor al 100% dicho resto arqueológico. Los peruanos conocemos un Señor de Sipán; en las treinta Pirámides de Túcume hay treinta Señores de Sipán; y si el Estado tuviera una política para refaccionarlas y ponerlas en valor, el norte del Perú viviría del turismo; pero no existe esa política. Con esto, ni siquiera se pretende cuidar las huacas; lo que se quiere es poner negocios privados al costado de ellas. Esa es una política de baja monta. Definitivamente, este decreto legislativo no tiene nada de patriótico, no tiene nada de identidad cultural. Yo espero que el Congreso actúe adecuadamente y lo derogue. Y que venga la inversión privada al sector turismo, al sector cultural, pero con propuestas serias; no lo que actualmente se hace. Actualmente, en Kuntur Wasi, se ha levantado en Cajamarca mucha información y se ha vuelto a tapar una parte. En Layzón, Cajamarca, igual: se ha descubierto algo, pero no hay inversión del Estado, no hay inversión privada, y se ha vuelto a tapar. Queremos que venga la inversión privada para que no se tapen los monumentos, para que se exhiban al mundo; pero seriamente, no con este decreto, que es un decreto del negocio privado y con el que no se va a administrar más que la pobreza turística en condiciones ínfimas. Cómo quisiéramos tener restauradas nuestras Pirámides de Túcume, como las Pirámides Mayas, en México, que convocan a muchos turistas del mundo. Así que estamos por la inversión privada pero con algo serio, no con estos negocios de baja monta. Espero que el Congreso actúe responsablemente y derogue este decreto; y que el Ministerio de Cultura y otros sectores, como industria, turismo, nos traigan propuestas importantes. No el negocito para tal empresita, para tal amigo, y con lobbies de este tipo de negocios; no, Presidente. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Concluya, congresista. El señor RIMARACHÍN CABRERA (GPDD).— Espero que se corrija esta situación. La intención es buena, pero los que conocemos de cultura vemos que acá hay un tráfico, definitivamente hay un negocio, no van a restaurar nada. Que venga el proyecto para restaurar y poner en valor para el mundo Marcahuamachuco, Kuélap, El Gran Pajatén; pero que no vengan los privados a meterse para poner su hotel, su restaurante y sus negocitos por allí y nada más; y con el monumento arqueológico no va pasar nada. Se requiere más seriedad con la cultura peruana. En las manos, pero sobre todo en el voto de los congresistas está, creo, la oportunidad no solamente de devolverle la tranquilidad al Cusco, sino de devolverles la tranquilidad a todos los peruanos que defendemos nuestro patrimonio cultural. Muchas gracias.

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El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Empezando el rol de oradores, tiene la palabra la congresista Teves Quispe. La señora TEVES QUISPE (NGP).— Señor Presidente: En este momento, el pueblo del Cusco está atento a las decisiones que tomemos como legisladores. Quiero saludar el trabajo de la Comisión de Cultura, que ha tenido a bien recibir cinco proyectos de ley. Ya no estamos hablando del Decreto Legislativo 1198; estamos hablando de cinco proyectos de ley que han ingresado a la Comisión de Cultura y que han sido debatidos por congresistas de diferentes regiones, cada uno representando a su región. En mi condición de congresista por la región Cusco, debo resaltar el trabajo que viene realizando en este momento la región Cusco. Sabemos que mediante Ley 30335, publicada el 1 de julio de este año, el Congreso de la República delegó al Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia administrativa, en materia económica y en materia financiera en lo que corresponde a la promoción, fomento y agilización de la inversión pública y privada. Se anunció y se sacó un decreto legislativo. Sin embargo, el 22 de setiembre se da el Decreto Legislativo 1198, el cual consideramos que excede las atribuciones respecto al Cusco; y quiero fundamentar por qué respecto al Cusco. Porque el Cusco, anualmente, recibe 80 millones de parte de la Oficina Desconcentrada del Cusco, que tiene ese dinero para poder invertir; y también tenemos el Cosituc (Comité de Servicios Integrados Turísticos y Culturales de Cusco). Tenemos, pues, el recurso necesario. Por lo tanto, no podemos admitir que se ponga en subasta al mejor postor la administración de los bienes culturales y la riqueza patrimonial de la ciudad del Cusco. Hemos quedado recortados con la facultad del Estado de administrar el patrimonio cultural de la Nación, que tiene la condición de intangible, inalienable e imprescriptible. El otorgamiento de convenios de gestión a entidades privadas mediante concurso, por un plazo no mayor de diez años, sería un atentado contra los bienes culturales que conforman el patrimonio cultural de la ciudad del Cusco. Más del 50% son monumentos culturales de la región Cusco. No por nada somos llamados El Ombligo del Mundo, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Quién no desea viajar al Cusco. En ese sentido, queremos seguir siendo administrados únicamente por el Estado, por la naturaleza del Cusco, como lo estipula el numeral 6.1 de la Ley 28296. Ante esto, cuidando el sello de nuestra identidad nacional, reconocida y admirada a nivel mundial, y en especial la de todos los cusqueños, he presentado el Proyecto de Ley 4884 el 13 de octubre. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Un minuto adicional, congresista. La señora TEVES QUISPE (NGP).— Con este proyecto de ley estoy solicitando la derogatoria del Decreto Legislativo 1198, restituyendo y ratificando la vigencia del contenido inicial del artículo 6 de la Ley 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la 180

Nación. Esta ley establece las políticas nacionales de defensa, promoción, propiedad y régimen legal y el destino de los bienes. En ese sentido, en mi condición de representante de la región Cusco, pido la derogatoria del Decreto Legislativo 1198. He dicho y he terminado. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Tiene la palabra el congresista De la Torre Dueñas. El señor DE LA TORRE DUEÑAS (NGP).— Señor Presidente: Quiero expresar mi saludo a todas las autoridades y dirigentes del Cusco que están presentes en este hemiciclo, y, al mismo tiempo, mi solidaridad con el pueblo del Cusco por las medidas de fuerza que ha tomado. Definitivamente, nosotros desde la Comisión de Cultura hemos rechazado tajantemente la emisión de este Decreto Legislativo 1198, por tener una visión privatista, vía gestión cultural, que daría en administración los atractivos turísticos o parques arqueológicos del país, particularmente del Cusco. Por eso, en esta ocasión, como congresista del Cusco, escuchando a las organizaciones sociales y autoridades, pedimos la derogatoria de esta norma porque, definitivamente, ha sido una decisión muy vertical que han tomado desde el Ministerio de Cultura, ya que a nadie han consultado. Antidemocráticamente, la ministra de Cultura tomó esa decisión. Nosotros no hemos dado facultades al Ejecutivo para que saque este tipo de normas. Consideramos, a la vez, que con una privatización —porque en el fondo a eso vamos a llegar— las universidades ya no podrán hacer investigación; las comunidades ya no podrán hacer sus rituales en esos lugares arqueológicos, y el acceso se hará más caro. Ya nos ha pasado eso en el Cusco, en la década del 90, con la privatización de hoteles. Y respecto a la concesión del ferrocarril PeruRail, que las promociones acrediten cómo es cuando uno viaja, si puede subir a PeruRail. Nosotros como cusqueños, dado que en el artículo 49 de la Constitución se establece que el Cusco es la capital histórica del Perú, sentimos que nuestro patrimonio debe respetarse. En ese marco, hoy en horas de la mañana la Comisión ha debatido; y es cierto que, como sugerencia en minoría, se ha planteado la exclusión. Tanto los congresistas Dammert, Valencia, Guevara, Mendoza, como quien habla, hemos firmado un dictamen en minoría para que se derogue esa norma, porque el Cusco está realmente esperando esa noticia. Muchas gracias. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Tiene la palabra la congresista Chávez Cossío. La señora CHÁVEZ COSSÍO (GPFP).— Presidente: Voy a comenzar por lo último que ha dicho un congresista: ‘en la década de los 90’. Hay que recordar; no creo que el señor sea tan jovencito que no se acuerde, pero en el Cusco, en julio de 1990, no había un 181

solo turista, no había un solo avión, o había dos vuelos. Hoy día hay más de 80 vuelos, hay una serie de hoteles y hay miles de turistas. Así que no hagan demagogia y no engañen a los demás. De otro lado, tengo una preocupación, y es que no he escuchado, ni siquiera a los congresistas de Cusco, la razón por la cual solo el Cusco deba ser excluido. Donde hay la misma razón, hay el mismo derecho. Como bien se dice en el dictamen en minoría, hay otros lugares, y estamos hablando de Lambayeque, de La Libertad, de Cajamarca, de Amazonas, de Puno, de Arequipa, probablemente de todo el Perú, que tienen monumentos prehispánicos y que con la misma razón, como se espera en el Cusco, debieran ser excluidos de esta posibilidad. Lo que debemos ver es si esta posibilidad de las asociaciones público-privadas para la conservación del patrimonio cultural del país es buena o no es buena. ¿Es buena para unos y no es buena para otros? No me parece. Vamos a crear una ley coladera, como la Ley Servir, que, supuestamente, era un régimen general aplicable a los trabajadores del sector público, pero aquí mismo nació la norma con quince excepciones; y luego se le han agregado cinco o diez excepciones más, y hay pendientes otras veinte. ¿De qué se trata? ¿De que incentivemos para que el día de mañana en Cajamarca, en Lambayeque, en La Libertad, en Arequipa, en Puno, haya las mismas actitudes que se han dado desde las perspectivas de los pobladores del Cusco, con toda razón, para que esta ley no los afecte? Creo yo que habría que idear otros mecanismos. Así como acá se dice que se excluye a los monumentos que constituyen patrimonio mundial como es, obviamente, Machu Picchu, el destino de estas asociaciones público- privadas debiera ser para poner en valor los monumentos prehispánicos que no están todavía dentro de algún circuitico turístico. Debe haber un criterio así. Pero cuando ya el Estado ha hecho un esfuerzo por publicitar y poner en valor monumentos arqueológicos, se les cedería a la actividad privada con el riesgo que se señala de… El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Un minuto adicional, congresista. La señora CHÁVEZ COSSÍO (GPFP).— Se les cedería a la actividad privada con el riesgo que se señala, de poner un restaurante, una boutique, qué se yo. Pero acá lo que está diciendo el Decreto Legislativo 1198 es que se podrá otorgar a entidades públicas y/o privadas, mediante convenio de gestión cultural, la administración de determinados componentes de dichos bienes inmuebles. Entonces, no es que se les va a dar todo el monumento; por lo tanto, se podría estar dándole la carnecita a la gestión privada, dejándose lo que puede ser el hueso, como es mantener el propio monumento, que es lo más caro. Me parece que no habría tranquilidad para la población de Cusco y de los señores que han venido de allá si no se procede como se está sugiriendo. Pero yo creo que hay que pensar a nivel global, porque si algo no es bueno para el Cusco, no va ser bueno tampoco para el resto del país. Entonces… 182

El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Concluya, congresista. La señora CHÁVEZ COSSÍO (GPFP).— Entonces, modifiquemos la norma y pongamos ciertos parámetros que signifiquen que esto va a ser para aquellos monumentos que requieran ser puestos en valor, que no estén dentro de un circuito turístico. Creo que eso valdría la pena, en aplicación de lo que señala el artículo 21 de la Constitución en su último párrafo, que dice: ‘La ley garantiza la propiedad del patrimonio (estamos hablando del patrimonio arqueológico, cultural, etcétera). Fomenta conforme a ley, la participación privada en la conservación, restauración, exhibición y difusión del mismo...’ Hay distintos modos de fomentar la participación. Creo que la razón de ser de esta norma constitucional es que lo que no esté puesto en valor sea puesto en valor. Pero lo que ya está en el circuito, no debe ser, ni en el Cusco ni en el norte, ni en ningún lado del Perú, incluido en los alcances de este decreto legislativo. Gracias. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Tiene la palabra la congresista Mendoza Frisch. La señora MENDOZA FRISCH (AP-FA).— Presidente: Hoy ha concluido el segundo día de paralización de todas las actividades en el Cusco, como de movilización masiva en este departamento, que ha convocado a las autoridades de nivel regional, provincial y distrital, así como a las distintas organizaciones sociales, de estudiantes, de mujeres, de campesinos, de comerciantes. Todos, de manera unánime, han rechazado ese decreto legislativo inconsulto, promulgado entre gallos y medianoche; y digo esto porque el Poder Ejecutivo promovió y promulgó dicho decreto legislativo haciendo uso y abuso de las facultades que le delegó este Congreso, pero para legislar en materia de seguridad ciudadana y de reactivación de la economía, y en ningún momento para legislar en materia de patrimonio cultural. Y quienes están justificando esta arbitrariedad diciendo que precisamente para reactivar la economía habría que ceder al privado la administración del patrimonio cultural, están confesando cómo conciben el patrimonio cultural. Lo conciben como mera mercancía, cuando se trata más bien de un elemento fundamental de nuestra identidad cultural, de nuestra identidad nacional, de nuestro legado histórico, que tiene que mantener su carácter de bien público y que no puede ser privatizado. No podemos permitir que se siente un precedente en el que una vez más el Congreso se constituye en una mesa de partes; porque el Ejecutivo ha burlado las facultades que le delegó el Congreso, le ha sacado la vuelta a la delegación de facultades, que se dio con otros motivos y en ningún momento para legislar en materia de patrimonio cultural. Pero lo más absurdo es que el Poder Ejecutivo también ha presentado otro Proyecto de Ley, el 3904, que plantea una serie de modificaciones a la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. No tiene sentido, entonces, que, vía un decreto legislativo, plantee la modificación de un artículo, y luego envíe al Congreso otro proyecto de ley con una serie de modificaciones a la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. 183

Seamos responsables: deroguemos ese decreto legislativo y abramos un debate serio, integral, descentralizado sobre la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, de manera transparente, con participación de los gobiernos locales, regionales, entre otros. No nos oponemos al debate; tampoco nos oponemos a la participación del aporte privado en la protección y promoción de nuestro patrimonio cultural; pero de ninguna manera con fines lucrativos, como se estaría permitiendo con ese Decreto Legislativo 1198, y tampoco vulnerando la autonomía... El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Tiempo adicional, congresista. La señora MENDOZA FRISCH (AP-FA).— Presidente, en la actualidad ya ocurre que gobiernos locales, por ejemplo, en ejercicio de su autonomía y en el marco de planes de gestión o planes maestros, suscriban convenios con fondos privados, como las fundaciones, para promover y proteger nuestro patrimonio cultural. Pero no podemos permitir que, como se pretende con este decreto legislativo, de manera centralista el Ministerio de Cultura defina qué hacer y qué no hacer con nuestro patrimonio cultural, de manera además privatista. Por eso, no estamos de acuerdo con que solamente se excluya al departamento del Cusco, porque, de permitir eso, estaríamos dejando pasar una modificación sustancial a la Ley de Patrimonio Cultural. Ahí donde decía que la administración del patrimonio cultural es únicamente potestad del Estado... El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Concluya, congresista. La señora MENDOZA FRISCH (AP-FA).— Voy a concluir, Presidente. Ahí se está borrando la palabra ‘únicamente’ para, obviamente, permitir que a través de mecanismos privatistas se administre nuestro patrimonio cultural, poniéndolo gravemente en riesgo. Por eso, nosotros estamos a favor de la derogatoria de ese Decreto Legislativo 1198, y suscribimos el dictamen en minoría presentado por los congresistas Guevara Amasifuen y Rimarachín Cabrera, como creemos que debe ser; y luego de ello, se podrá abrir un debate plural, responsable, descentralizado, sobre la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. Muchas gracias. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Tiene la palabra el congresista Belaunde Moreyra. El señor BELAUNDE MOREYRA (SN).— Señor Presidente: Creo que el filósofo Aristóteles hablaba de la degeneración de las ideas y de los regímenes políticos: la democracia en demagogia, la monarquía en tiranía; en fin. Y me temo que en estos aspectos culturales, partiendo de la base de que si bien la cultura tiene raíces nacionalistas, es esencialmente un fenómeno universal, el nacionalismo cultural exacerbado se convierte en chauvinismo o chovinismo, que es invento de un ciudadano francés llamado Nicolás Chauvin, que 184

pretende decir que solo lo nuestro es bueno; y eso tiene, en interpretación de algunos, que ser administrado por el Estado. Ya Mussolini decía: ‘Todo dentro del Estado, nada fuera del Estado’, cosa que de alguna forma Hitler también sostenía y que llevó a sus últimas consecuencias el camarada Joseph Djugashvili, mejor conocido como Stalin. ¿Por qué hay una oposición a que los monumentos culturales, que son el resultado del trabajo de un pueblo, en este caso, prehispánicos, cuando ni siquiera existía el Estado peruano, que es una invención muy posterior, que se consagra el 28 de julio de 1821, puedan ser administrados por privados? ¿Por qué no puede haber alianzas público privadas que exploten, operen, administren determinados bienes culturales, que de otra forma están ahí, languideciendo, y muchas veces convirtiéndose en auténticos basurales? Recuerdo, y voy a dar un ejemplo: la huaca que antes se llamaba Juliana, y que ahora le dicen Pucllana, estaba muy cerca de mi colegio, y ahí íbamos a trompearnos después de las cuatro y media; era literalmente un basural, y gracias a un contrato de un restaurante de la Huaca Pucllana, se ha podido restaurar gradualmente esa espléndida huaca. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Un minuto adicional, congresista. El señor BELAUNDE MOREYRA (SN).— Ese es un caso de colaboración entre la empresa privada y el Estado para la explotación de algo que viene a ser un recurso natural, pero que es un recurso natural que no fue hecho por el Estado; fue hecho por los antiguos peruanos, y no me refiero a la época colonial. ¿Por qué no puede haber este tipo de alianzas público privadas? ¿Por qué no puede haber, efectivamente, una explotación comercial de un monumento arquitectónico? Eso hay en todas partes del mundo. El Perú solo tiene dos a tres millones de turistas. Hay otros países, como España, que tienen 50 millones de turistas. No nos creamos el ombligo del mundo, así Cusco signifique ‘ombligo’, con todo respeto. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Concluya, congresista, que hay aún catorce congresistas inscritos. El señor BELAUNDE MOREYRA (SN).— Hay que tener una visión más amplia, y hay que aceptar la posibilidad de asociarnos, para poder llevar adelante una auténtica política de desarrollo en el Perú, cultural además. Gracias. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Por la cantidad de congresistas que hay inscritos, no vamos a ser muy flexibles; nos vayamos a quedar sin quórum. Tiene la palabra el congresista Angulo Álvarez. El señor ANGULO ÁLVAREZ (GPDD).— Señor Presidente: Voy a relatar una experiencia en mi región, La Libertad.

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Hace poco pudimos comprobar la destrucción de una gran parte de un patrimonio arqueológico, de una ciudadela llamada Chiquitoyac. Esta ciudadela tiene una extensión de 600 hectáreas y en ella hay restos arqueológicos mochicas, incas y preincas. ¿Qué es lo que ha pasado allí? La empresa Casagrande ha destruido, para sembrar, 30 hectáreas. Cuando fuimos, hicimos la denuncia; fuimos con el fiscal; el Ministerio de Cultura fue también. Y nos encontramos, después de escarbar un poco en los temas jurídicos, en la Fiscalía, con que esta empresa había destruido 22 restos arqueológicos; desde el 2005 hasta el 2015, paulatinamente había destruido 22 restos arqueológicos. ¿Y qué hizo la Fiscalía, qué hizo el Ministerio de Cultura? No hicieron absolutamente nada. Entonces, uno se pregunta cómo podemos conservar, cómo podemos proteger los cinco mil restos arqueológicos que hay solamente en La Libertad, y estamos hablando de costa, estamos hablando de sierra y estamos hablando de ceja de selva. ¿Cómo proteger estos restos arqueológicos? Tenemos también otros ejemplos: en la huaca de El Sol y en la huaca de La Luna encontramos una coexistencia, una coadministración, entre la Fundación Backus con la Universidad Nacional de Trujillo. Ello ha permitido que ambas huacas sean investigadas, sean estudiadas y sean puestas en valor. Ahora, después de algunos años —estamos hablando de, más o menos, nueve años—, junto a la huaca hay ahora un museo, un centro artesanal de réplicas de objetos arqueológicos. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Dejar que las huacas sigan destruyéndose, que nuestro patrimonio cultural siga destruyéndose? En Magdalena de Cao existe ahora la famosa Dama de Cao, que fue descubierta gracias a un arqueólogo que estuvo, en cierta forma, apoyado por una fundación... El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Un minuto para concluir, congresista. El señor ANGULO ÁLVAREZ (GPDD).— La Fundación Wiese, privada, correcto. Entonces, la colaboración entre la empresa privada o las fundaciones o los patronatos ha dado éxito, por lo menos en Trujillo, en La Libertad. Nosotros en cierta forma comprendemos al Cusco; no sabemos cuál es la idea fundamental. Pero, ¿qué es lo que pasa en La Libertad? Allí se están destruyendo los restos arqueológicos, y lo que nosotros queremos ahora es que participen. En estos momentos estamos buscando, por ejemplo, dinero; estamos buscando empresas, patronatos, universidades, para que protejan el patrimonio cultural de La Libertad. Pero nadie quiere proteger ese patrimonio, y se está destruyendo. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Concluya, congresista. El señor ANGULO ÁLVAREZ (GPDD).— De esta forma, nosotros estamos de acuerdo con este decreto legislativo del Ministerio de Cultura. Tal vez el Cusco no; pero nosotros en La Libertad preguntamos cómo hacerlo, y nos parece que es una buena iniciativa. 186

Jamás voy a estar de acuerdo en entregar el patrimonio; pero no significa entregar el patrimonio; más bien significa gestionar, cogestionar el patrimonio en beneficio de los pobladores del lugar. Entonces, damos la razón al Cusco; pero decimos que solamente el Cusco sea privilegiado en la forma de administrar, excluyéndolo del decreto legislativo... Me pide una... El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Ya está fuera de tiempo, congresista. Voy a ser bastante severo; porque, de lo contrario, va a correr el tiempo y podemos quedarnos sin quórum. Y ahí sí vamos a ver qué pasa. Tiene la palabra el congresista Molina Martínez. El señor MOLINA MARTÍNEZ (NGP).— Señor Presidente: En primero lugar quiero saludar a las autoridades que se encuentran en este hemiciclo, como son el gobernador regional y los alcaldes de la región Cusco. Al iniciar mi intervención, quiero expresar que creo que el decreto legislativo que se ha emitido es una norma que tiene grandes bondades, porque estamos hablando de un acuerdo entre las instituciones públicas y privadas para intervenir en los restos arqueológicos de todo el país, ya que un decreto legislativo tiene vigencia nacional. Sin embargo, quiero también exponer mi punto de vista, por ser representante del Cusco, que es el destino turístico más importante del país, pues estamos hablando de 57 vuelos diarios a esa región, de aproximadamente tres millones de turistas anuales, y en razón de eso hay una recaudación por concepto de boleto turístico que sirve para proteger, conservar, restaurar y poner en valor sus diferentes restos arqueológicos y monumentos culturales. Por supuesto, la norma también interviene en regiones vecinas, como son Apurímac y Madre de Dios. En ese sentido, la propuesta de la minoría tiene mucha razón. Y hoy día han concluido las protestas en la región Cusco, en la que están solicitando la derogación del Decreto Legislativo 1198, a lo cual, como representante por el Cusco, me adhiero. Voy a respaldar la derogación de este decreto legislativo, porque no sería dable que las inversiones privadas sean las que puedan intervenir en estos monumentos arqueológicos. La única institución que está preparada y tiene manos calificadas es el Ministerio de Cultura, la Dirección de Cultura del Cusco especialmente. En ese sentido, voy a votar respaldando dicha derogación. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Un minuto para concluir, congresista. El señor MOLINA MARTÍNEZ (NGP).— Y quiero solicitar mayor presupuesto en el pliego presupuestal para el Ministerio de Cultura, que hoy recibe aproximadamente 60 o 70

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millones; cantidad que debe duplicarse para que las intervenciones sean mucho más eficientes, en beneficio especialmente de la región Cusco. Termino diciendo que este decreto legislativo debe ser derogado; y esperamos el respaldo de las otras bancadas de este hemiciclo. Muchas gracias. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Tiene la palabra el congresista Huaire Chuquichaico. El señor HUAIRE CHUQUICHAICO (PP).— Presidente: Creo que debemos felicitarnos por las atracciones turísticas que tiene nuestro país, principalmente por la maravilla del mundo que es Machu Picchu, ubicada en el Cusco. Como peruanos nos sentimos muy orgullosos, porque cuando estamos en cualquier parte del mundo lo primero que nos preguntan es: ‘Oye, cómo es Machu Picchu, dónde queda, a qué altura sobre el nivel del mar está, etcétera’. Nos sentimos orgullosos, y sé que por eso tiene la mayor atracción y los mejores recursos a nivel nacional. Pero el detalle es que aquí queremos simplemente derogar este decreto legislativo. Eso no significa que las demás regiones no tengan interés en ese ámbito. Por ejemplo, en mi región tenemos la Ciudadela de Catalina Huanca, que todavía no está promocionada, y nadie la conoce. Para ello se necesita, obviamente, alianzas estratégicas; se necesita inversión privada; se necesita que el gobierno regional y los gobiernos regionales estén comprometidos para darla a conocer al mundo. De esa manera, nosotros también queremos contar con la misma atracción y con la misma cantidad de turistas que llegan al Cusco, que recibe 55 vuelos diarios, y más muchas veces. Sin embargo, ¿a mi región cuántos turistas llegan? Casi nadie. ¿Por qué? Porque no está promocionada. ¿Cómo tenemos que promocionar? Necesitamos aliados para promover esos patrimonios culturales. ¿Sabían ustedes que tenemos en nuestro país más de 19 mil 903 monumentos arqueológicos? Y hasta ahora no están promocionados. ¿Cómo vamos a hacer para promocionarlos? ¿El Estado tendrá tantos recursos? ¿Cómo tendrán que administrarse? ¿Quién tendrá que administrarlos? Ahí están las preguntas; y así como esas hay muchas preguntas. Quiero puntualizar que los beneficiarios de los convenios de gestión cultural tendrían que ser las entidades públicas, entre ellas, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, las universidades, obviamente las empresas del Estado; y las entidades privadas —como ya dijo el congresista Angulo—, por ejemplo, las fundaciones, las asociaciones sin fines de lucro, las universidades, las comunidades; estas últimas, que forman parte de los privados, también pueden ser... El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Un minuto para concluir, congresista.

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El señor HUAIRE CHUQUICHAICO (PP).— Por ello, no podemos decir que hay que derogar fácilmente, pensando solamente en el Cusco. Creo que otras regiones necesitan esos recursos, estas alianzas estratégicas. Por eso, en la Comisión de Cultura hemos votado, obviamente, en el sentido de que esta norma no puede derogarse así muy fácilmente. Total, ¿a quién beneficia toda esta legislación sobre el patrimonio? Obviamente, a todos nosotros, a todos los que vivimos en el lugar. No podemos, por eso, ser tan mezquinos e injustos; y, por otro lado, tampoco podemos ser tan generosos y democráticos. Tenemos que centrarnos en que esta ley tiene que beneficiar a todos los peruanos que necesitan. Presidente, me pide una interrupción la congresista Julia Teves. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— En ampliación de tiempo no vamos a conceder interrupciones, congresista. Quiero ordenar, porque siguen inscribiéndose más parlamentaros para intervenir, y la idea es votar. Es una normativa que se aplica cuando no están en ampliación, y en este momento está en ampliación. El siguiente orador, congresista Coa Aguilar, seguramente va a dar la interrupción. Concluya, congresista. El señor HUAIRE CHUQUICHAICO (PP).— Presidente, estamos a favor, definitivamente, de votar lo que ya ha determinado el presidente de la Comisión de Cultura. Gracias. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Tiene la palabra el congresista Coa Aguilar. El señor COA AGUILAR (NGP).— Presidente: Hemos escuchado decir que no nos creamos varias cosas, entre ellas, el ombligo del mundo. Debo decir que este es un debate serio. Los cusqueños, depositarios de una cultura milenaria reconocida mundialmente, no nos creemos; somos el legado, la herencia de muchas categorías que han sido reconocidas como patrimonio cultural de la humanidad. No hablamos solo del Cusco; también de Arequipa y Lima. Machu Picchu es una maravilla de la humanidad, que está en el Cusco y es uno de nuestros iconos; y Cusco es la capital arqueológica de América y, en fin, el ombligo del mundo, un reconocimiento honorífico dado por muchos sabios e investigadores, historiadores, etcétera, hombres muy inteligentes. Así que no se trata de creerse o no. Lamentablemente, no se está entendiendo en este debate la connotación del componente de la cultura, del componente de la identidad, del componente de ser una sociedad pluricultural que emerge, de una sociedad que nos ha 189

dejado mucha sabiduría y muchos recursos en términos valorativos, en términos de patrimonio cultural, material e inmaterial, que ahora son el sustento de nuestro orgullo, pero también son el sustento de nuestro desarrollo. Por eso, instituciones fundamentales del resguardo, del desarrollo integral mundial, como la Unesco, se preocupan por ir definiendo estas categorías. Presidente, me pide una interrupción la colega Julia Teves; con su anuencia. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Tiene la interrupción, congresista Teves Quispe, por un minuto. La señora TEVES QUISPE (NGP).— Señor Presidente, estábamos escuchando atentamente las intervenciones de muchos colegas que representan a otras regiones, y los felicito y los saludo por su reconocimiento a la región Cusco, que significa una tarea indudable de todos los peruanos porque ahí tenemos una maravilla mundial como es Machu Picchu. Sin embargo, es importante dar a conocer que ese trabajo es responsabilidad de todas las autoridades elegidas por el pueblo. Ahí están los alcaldes, los presidentes regionales y cada uno de los legisladores que representan a su región y a los que respetamos, como es el congresista que me antecedió, el colega Casio Huaire. En ese sentido, cada uno de los congresistas da a conocer su posición, y en democracia se aprende a escuchar; y lo que estamos haciendo en este momento es escuchar, pero también dar el soporte necesario para la región del Cusco, a fin de que quede marcada la posición del Cusco, además de que hemos presentado varios proyectos de ley. Por eso, sería magnífico que todos los congresistas del Cusco apoyen, para que en el Cusco, finalmente, la oficina desconcentrada... El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Ha concluido el minuto. No sé si le da el segundo minuto, congresista. Correcto. Tiene el segundo minuto, congresista Teves Quispe. La señora TEVES QUISPE (NGP).— Gracias, colega. Señor Presidente, decía que cada región tiene una oficina desconcentrada de cultura, como tiene un gobierno regional; pero ¡oh, sorpresa! La Oficina Desconcentrada de Cultura del Cusco no pertenece al gobierno regional; y el objetivo central del Cusco es precisamente mantener una posición antes de concluir esta legislatura, y pedir finalmente el apoyo de los 130 legisladores para que la Oficina Desconcentrada de Cultura del Cusco pase al gobierno regional. Es importante lo que estoy exponiendo, y ojalá que el Congreso y su Presidencia puedan apoyarnos en esto antes de terminar el 2016. Gracias. 190

El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Puede continuar, congresista Coa Aguilar. El señor COA AGUILAR (NGP).— Presidente: Comprendo y comparto plenamente la preocupación y el descontento de mi región. Como ha sido señalado, hay una movilización absolutamente contundente, y eso debe convocar la preocupación de las autoridades que tienen que ver con el asunto patrimonial. La cuestión de la cultura, la identidad, el legado cultural material e inmaterial, a estas alturas del desarrollo de la humanidad, es un aspecto central a tomar en cuenta; es quizá la esperanza para la sostenibilidad del desarrollo de gran parte de la humanidad que está asentada en estos parajes sudamericanos. Porque ese legado nos ha permitido solventar procesos de una sociedad pluricultural como la peruana. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Un minuto para concluir, congresista. El señor COA AGUILAR (NGP).— Somos una nación pluricultural. Nuestras raíces, en gran medida, están asentadas en lo que nos han dejado los andes milenarios cuyo corazón central ha sido la cultura incaica; y ese patrimonio, adecuadamente manejado, poco a poco nos ha permitido posibilidades de desarrollo. Es por eso que entidades como la Unesco cuidan de su mantenimiento, de su conservación, de su resguardo, y recomiendan que los Estados implementen políticas de protección. Y por eso, el marco jurídico que precede a estas leyes que últimamente están saliendo, ha recomendado que el patrimonio de esta zona excepcional sea de estricto manejo y responsabilidad del Estado... El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Tiene 30 segundos adicionales, congresista. El señor COA AGUILAR (NGP).— Presidente, creo que debemos implementar un debate muy amplio en términos nacionales. No se trata solamente de contraponer dos posiciones: quienes se oponen a la inversión privada o quienes están a favor de la inversión privada en temas patrimoniales, no. Se ha dicho que, efectivamente, hay más de 19 mil sitios arqueológicos o sitios patrimoniales identificados en el Perú. ¿Pero por qué la inversión privada no ha incursionado ya? Porque se faculta, a través de un marco legal, en estos 19 mil... El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Muchas gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Lescano Ancieta. Se le concede una interrupción, por un minuto, congresista Coa Aguilar. El señor COA AGUILAR (NGP).— Muchas gracias. ¿No será que ahora solamente se está mirando Choquequirao, Kuélap, Pachacamac y todo este circuito ya consolidado en términos económicos que está alrededor del Cusco monumental: el circuito del Valle Sagrado, el circuito adscrito a Machu Picchu? Tiene que haber un debate muy serio en torno a este tema.

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Mincetur ha presentado hace poco 33 proyectos de inversión hotelera, varios de ellos en el Cusco, por más de 241 millones de soles. Y la Ventanilla Única, en la práctica le está otorgando facultades de certificación, de control, de permisos, etcétera, al Mincetur y no al Ministerio de Cultura. Todo esto tiene que ser debatido. Por esas consideraciones y por muchas otras… El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Puede iniciar su intervención, congresista Lescano Ancieta. El señor LESCANO ANCIETA (AP-FA).— Presidente: El Cusco ya ha vivido en materia de cultura y arqueología experiencias ingratas. No nos olvidemos de que Hiram Bingham sacó piezas arqueológicas del Cusco, incluso de contrabando, y las entregó a la universidad norteamericana de Yale. El gobierno anterior hizo un convenio, y ese convenio provocó que el Perú pierda gran parte del patrimonio cultural del Cusco que sacó Hiram Bingham. Regresó una pequeña parte de las piezas arqueológicas. Simularon una marcha acá, en el Perú, indicando que estaban regresando las piezas de Yale que pertenecían al Cusco, y son una mínima parte. La gran parte de los atractivos históricos sacados del Cusco, no solamente de Machu Picchu sino de otros lugares, se han quedado en la Universidad de Yale por un mal convenio suscrito por el gobierno anterior. Ahora, esa universidad no quiere devolverlos. Y fíjense, convenios hechos en casos específicos, mal hechos por los gobiernos, entregando y rifando nuestro patrimonio cultural. Ahora, se quiere atentar contra el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú de Pueblo Libre: 20 mil metros cuadrados se quieren desocupar, sacar las piezas arqueológicas y llevarlas a Pachacamac, sin saberse en qué condiciones estarán esas piezas arqueológicas de nuestro museo nacional, administrado y cuidado por Julio C. Tello. Es decir, aquí se está manejando irresponsablemente el patrimonio cultural del Perú. Y ahora, con una norma general se pretende decir: ‘Entreguémosles a los privados, que hagan actividades complementarias’, sin estudiar en cada caso si corresponde, si conviene o no conviene. Sería irresponsable del Parlamento Nacional dejar sin efecto este decreto legislativo solamente para el Cusco. Se tiene que cuidar no solamente el patrimonio del Cusco, sino de todo el Perú; porque acá hay negociados, familias que van a manejar estos potenciales que tienen un contenido económico, familias que están haciendo esto desde el Ministerio de Cultura; y debe ser convocada la ministra de Cultura, para responder de esta situación. Porque hay familias enteras que están tratando de hacer negocios con el patrimonio de los peruanos. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Un minuto para concluir, congresista. El señor LESCANO ANCIETA (AP-FA).— Señor Presidente, eso de ninguna manera se debe permitir. Basta ya de las posiciones entreguistas que tenemos en el petróleo, en el gas y, ahora, con nuestro patrimonio cultural. Debe venir acá la ministra de Cultura, una vez derogado este decreto legislativo, para que diga en qué lugares se necesita la 192

intervención privada y en qué condiciones se va a hacer. Queremos que venga a explicar, y no sacar un artículo con el que se van a exponer 19 mil monumentos arqueológicos prehispánicos en el Perú. Eso me parece irresponsable. Por lo tanto, Acción Popular-Frente Amplio va votar por la derogación de este decreto legislativo, para que de una vez seamos responsables con nuestro patrimonio cultural. Gracias. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Tiene la palabra el congresista Cárdenas Cerrón. El señor CÁRDENAS CERRÓN (NGP).— Presidente: En realidad, existen muchísimos problemas con respecto a la política cultural que pudiera existir por parte de algunas autoridades del gobierno subnacional. El gobierno nacional, lógicamente, tiene políticas establecidas; sin embargo, de acuerdo a los procedimientos de descentralización lógicamente deberían participar también ellos, y haber por lo menos proyectos de inversión pública para que se puedan poner en valor justamente estos atractivos y restos arqueológicos. Existen, ya lo dijeron aquí en el Pleno del Congreso, más de 19 mil restos arqueológicos que están en completo abandono; y les voy a dar algunos ejemplos. Tambo Inga, aquisito nomás, en Puente Piedra —están las autoridades del Cusco—, fue el centro administrativo de los incas al norte de su territorio. Cuando hablamos de esta cultura milenaria, ese centro está abandonado, aquí, en la costa. Pero vamos a dar algunos ejemplos en la sierra central. En el gran Valle del Mantaro hay cuatro provincias importantísimas, y en dos de ellas, Chupaca y Jauja, existen dos restos arqueológicos que están en completo abandono: uno, Tunanmarca, donde nace una gran cultura, que es nuestra cultura, la cultura Huanca; y en Chupaca, los restos arqueológicos de Arwaturo, que también están abandonados. ¿Por qué? Porque las autoridades no tienen reparo, ni mucho menos, en hacer un proyecto de inversión pública para ponerlos en valor. Pasamos ahora al Decreto Legislativo 1198. ¿Qué es lo que busca? Busca principalmente poner en valor los restos arqueológicos de nuestro país; pero, además, este decreto legislativo es facultativo. ¿A qué me hace recordar esto? A la mal llamada Ley Pulpín, que también era facultativa; y a pesar de que era facultativa, se derogó. Pero no solo eso: creo que no se ha podido analizar muy bien el Decreto Legislativo 1198, porque aunque las autoridades están muy preocupadas por lo que se refiere a esta norma con respecto a Machu Picchu y a los otros restos tan importantes de esta cultura milenaria, que nosotros también respetamos, la cuestión es que no se analizó en el artículo 6, el párrafo cuarto, que dice lo siguiente… El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Un minuto para concluir, congresista.

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El señor CÁRDENAS CERRÓN (NGP).— Dice: ‘Los Convenios de Gestión Cultural no incluirán a los sitios del Patrimonio Mundial’. Entonces, yo no entiendo en estos momentos por qué ellos no quieren, en todo caso, según el acuerdo a que se ha llegado en la Comisión, que se haga una excepción con el Cusco, si ese es la preocupación que tienen. Porque hoy han intervenido algunos colegas, incluso del Cusco, diciendo que acá tienen que ver algunos aspectos de interés y aspectos económicos, y que la dirección de cultura pase al gobierno regional del Cusco. El Cusco, hasta el año 2013, no ha podido gestionar ni gastar los recursos que figuran en el Presupuesto de la República, y no puede gastar el canon que tiene. La misma Universidad San Antonio Abad tampoco puede gastar su canon y hacer investigaciones en todos los restos arqueológicos existentes en esa localidad. Entonces, hay aspectos importantes que cabe recordar. Se mencionan en el Proyecto de Ley 4865 que dicho decreto legislativo afecta la imprescriptibilidad… El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Concluyó su tiempo, congresista; tiene 30 segundos para redondear la idea. El señor CÁRDENAS CERRÓN (NGP).— Falso; el patrimonio cultural de la nación tiene la condición de intangible, inalienable e imprescriptible. Pero también se han mencionado algunos otros aspectos que tienen que ver con la palabra ‘única’ con relación a las concesiones. Acá el Estado fomenta, conforme a ley, la participación privada en la conservación, restauración, exhibición y difusión de los mismos, y esto está en la misma Constitución Política del Estado. Además, la Ley 28296 menciona que el Estado promoverá la participación activa del sector privado en la conservación, restauración e exhibición. Entonces, esta norma lo que pretende es, en realidad, buscar el instrumento… El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Congresista, hay varios parlamentarios esperando su turno. Tiene la palabra el congresista Elías Ávalos El señor ELÍAS ÁVALOS (GPFP).— Presidente: Yo sí creo en la inversión privada como impulsora de las mejoras de nuestro patrimonio prehispánico, ante la ausencia de un Estado que es incapaz de proteger, mantener y darle valor a lo que nos dejaron nuestros antepasados. Soy de la región Ica, donde tenemos restos arqueológicos en Chincha, Pisco, Ica, Palpa y Nasca. ¿Que tenemos en Chincha? Tenemos la Huaca Centinela, que ojalá tuviera una puerta, pero no tiene absolutamente nada, ni siquiera mantenimiento. Tiene un guardián y un perro que la cuidan. ¿Por qué ocurre esto? Porque el Ministerio de Cultura, desde Lima, no le da la importancia que corresponde. En Pisco, Tambo Colorado, que fue antes de los incas e inca también. En Paracas, Candelabro y tantas cosas más. 194

Creo que es importante ver qué está pasando a nivel de la historia de nuestros antepasados. En Ica, hubo una cultura preinca; tenemos Huacachina, que fue, obviamente, muchísimos años antes del Imperio de los Incas, el Museo de Ica. En Pisco, tenemos un museo maravilloso, que es el museo de sitio Julio C. Tello, lleno de arena; ni siquiera puede ser atendido porque el Ministerio de Cultura no tiene ni para el guardián, ni para una escoba, y el gobierno regional tiene que hacer lo suyo también. ¿Qué tenemos en Palpa y Nasca? En Palpa, los geoglifos maravillosos conocidos como Reloj Solar, de la época preinca; los maravillosos petroglifos de Chichictara, que nos parece que estuviéramos en Grecia. Tenemos las líneas de Nasca, que Greenpeace las malogró, ¿y qué hizo el Estado? Absolutamente nada. ¿Qué hizo el Estado y qué sigue haciendo a nivel judicial? Nada. Entonces, el Estado tiene que compartir esta responsabilidad con la empresa privada, pero obviamente con un gran candado que no permita que ellos hagan todo. La Huaca Pucllana es un buen ejemplo, porque hay un restaurante que cumple con las responsabilidades sanitarias y el cuidado de esta huaca. Presidente, me pide una interrupción mi colega de Ica, la congresista Anicama; si fuera usted tan amable. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Tiene la interrupción, congresista Anicama Ñañez. La señora ANICAMA ÑAÑEZ (GPDD).— Gracias, colega. Señor Presidente, no estoy de acuerdo con lo que plantea el congresista Elías, y estamos en democracia para parlar; pero me parece que tenemos que interpelar a la ministra de la Cultura, por ser ella la responsable; es el Ejecutivo que tiene en sus manos la administración de estos bienes del patrimonio cultural. Por lo tanto, yo pido que la ministra venga aquí a dar razones del por qué ese patrimonio está en las condiciones que aquí se están señalando. Todo ente cultural se tiene que recapitalizar, y lo que se invierta en él no es gasto sino inversión; es una especie de cadena productiva en beneficio del país. Por eso, es una negligencia la que está cometiendo la ministra de Cultura en cuyas manos está la responsabilidad. Por eso, yo más bien pido, como el patrimonio cultural es un ente... El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Concluyó el minuto, congresista. Continúe, congresista Elías Ávalos. El señor ELÍAS ÁVALOS (GPFP).— En Nasca, por ejemplo, tenemos los acueductos nascas, que son preincas; además, la zona arqueológica Los Paredones, las Pirámides de

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Cahuachi, que son maravillosas y a las que les puso luces un alcalde y fue la sensación en el mundo; y Greenpeace malogra lo nuestro. Hay una palabra que utilizo mucho con mis hijos, que es ‘Picver’, y que significa preinca, inca, conquista, virreinato, emancipación y república. Creo que no debemos descuidar que lo que hicieron los preincas está ahora en esta etapa de la República y tenemos la responsabilidad de cuidarlo. Gracias a la decisión del presidente Fujimori tuvimos mucha inversión en el Cusco; ya lo dijo Martha Chávez. Y también en el Aeropuerto Jorge Chávez; era el peor aeropuerto, y ahora es el mejor de Sudamérica. En Turquía, Gracia, Roma, hay un patrimonio importante; en el caso de Alemania, ahora se venden pedacitos de cemento como souvenirs del Muro de Berlín; eso es parte de lo que se está haciendo últimamente. Concluyo señalando que, lamentablemente, hoy en el Cusco hay serios problemas, pues artesanos, taxistas, hoteleros no tienen trabajo... El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Concluya, congresista. El señor ELÍAS ÁVALOS (GPFP).— Presidente, ojalá mañana haya vuelos al Cusco y que todo se solucione. Creo que no es la forma de hacer las cosas, pues daña al Perú. Valoro la responsabilidad de los cusqueños en defender lo suyo. Ica es el segundo lugar del Perú, después del Cusco, con la cantidad de visitas turísticas; siguen Trujillo, Chiclayo, en fin. Para que no se moleste el colega Angulo, tercero Trujillo, ya. En México, tenemos la pirámide Teotihuacán, pero mejores son las cusqueñas, obviamente. Muchas gracias. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Tiene la palabra el congresista Reátegui Flores. El señor REÁTEGUI FLORES (GPFP).— Presidente: Voy a repetir la misma palabra que empleó el congresista Abugattás, para decir que el Gobierno no solo se dispara a los pies, sino que se amputa los pies; porque este decreto legislativo tiene nombre propio, por tres cosas: una es la Huaca Pucllana, la otra es la Fundación Wiese con el proyecto Cabo Viejo, y la otra son las huacas del Sol y de la Luna, que administra la Universidad Nacional de Trujillo. Si quieren apoyar legítimamente a estas tres entidades que han invertido y que han convertido estos sitios arqueológicos en una belleza natural, tienen todo el derecho del mundo de poder lograrlo mediante acuerdos; pero no mediante un decreto legislativo absolutamente amplio que da pie a discursos demagógicos de las ONG, diciendo que les va a quitar la identidad nacional y cosas por el estilo. Creo que este decreto legislativo debe derogarse, porque no se está legislando por la naturaleza de las cosas, sino con

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nombre propio; y como quieren hacerlo por la naturaleza de las cosas, le han dado tal amplitud, que al final afecta pues a todos. ¿Por qué afecta? Porque no tiene norte ni horizonte. Cualquiera puede hacer cualquier contrato; cualquiera puede invertir en cualquier lado, y va a tener derechos. Por eso es importante mirar las cosas con optimismo, derogarlo y estudiar. Si quieren beneficiar a esos tres proyectos que he nombrado, acudan a otras maneras para hacerlo; pero no pueden beneficiar dando pie a que muchos demagogos digan que este es el fin del mundo. Hay que derogarlo y punto, y se acabó la cosa. Gracias. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Tiene la palabra el congresista Dammert Ego Aguirre. El señor DAMMERT EGO AGUIRRE (AP-FA).— Presidente: Soy autor de unos de los proyectos de ley que ha sido dictaminado, y debo señalar mi acuerdo con el dictamen en minoría de la Comisión, que plantea la derogación del Decreto Legislativo 1198. Creo que el pueblo del Cusco hoy día ha cumplido, con su paralización de 48 horas, su rol constitucional de ser la capital histórica del Perú, reclamando a todos los peruanos que defendamos nuestro patrimonio. Eso es lo que ha cumplido Cusco el día de hoy, y debemos verlo con atención; porque este proyecto de ley no es un proyecto cualquiera. Es un proyecto a fines de un gobierno para algo que no estaba autorizado; y lo que hace es cambiar totalmente criterios de manejo del patrimonio establecidos por la Unesco, establecidos en compromisos que tiene el Perú y establecidos en todos los sitios que está manejando el Perú. Yo he sido parte del equipo de construcción del plan maestro Machu Picchu, he hecho también el plan maestro de Caral y dicto clases en algunos doctorados sobre el planeamiento de gestión del patrimonio cultural. Por eso, no estoy hablando en el aíre; y concuerdo con lo que ha dicho el congresista que intervino antes que yo, porque este artículo está hecho para hablar de unos modelos y generalizarlos para el asalto general de la privatización de los usos del patrimonio; rompe totalmente los esquemas metodológicos aprobados y vigentes, el sentido del área, y aquí plantea que se puede intervenir por partes; pero rompe la delimitación integral del patrimonio, rompe el valor fundamental por el cual se maneja el patrimonio, que es el valor de la autenticidad integral, y lo sujeta al valor mercantil comercial —sirve la intervención si me da plata—; rompe el criterio del patrimonio material e inmaterial, que tiene diversos tipos de manejo y de gestión; rompe el criterio de los diversos usos: cultural, social, productivo, económico y patrimonial, para reducirlos al uso exclusivamente económico rentable; y rompe, además, la diferencia entre financiamiento público y privado, porque es falso que se requiere esta norma para que el sector privado done dinero. Eso es falso: en la Huaca del Sol y de la Luna existen posibilidades de financiamiento para que el sector privado done el dinero, no para sacar utilidad 197

mercantil, sino simplemente para poder tener un privilegio y una ventaja de su aporte; inclusive, hasta puede alguna vez deducirlo de impuestos. Entonces, lo que hace esto es intervenir. Y quiero terminar con un ejemplo: cuando estábamos haciendo el Plan Maestro de Machu Picchu, había una propuesta para aislar Machu Picchu en una autoridad internacional; y quería venir un organismo internacional con financiamiento privado para asumir Machu Picchu. Tuvimos que enfrentarlo, no solamente por problemas de soberanía, sino porque en el mundo hay gente a la que le gustaría tener áreas así, especiales para el turismo de primer nivel, y ese es un gran negocio. Eso quieren hacer algunos en Choquequirao, y este proyecto de ley tiene atrás esos Choquequirao… El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Un minuto para concluir, congresista. El señor DAMMERT EGO AGUIRRE (AP-FA).— Tiene además atrás la improvisación de quienes quieren destruir; y muy bien lo ha dicho el congresista de mi bancada que me antecedió en el uso de la palabra: quieren tomar el Museo de Pueblo Libre, quieren asaltar el museo que se está construyendo en un sitio en que no se debió haber construido; y quieren, en todos los sitios del país, no favorecer el patrimonio en los próximos ocho o nueve meses que le quedan de gestión a este Gobierno; quieren asaltar privatizando algunos niveles de negocios, desde el más chiquito hasta el más grande; pero eso va a significar destruirlo. Yo más bien planteo que este Congreso convoque a la ministra de Cultura, como se ha señalado, vía la Comisión de Cultura, con el ejemplo de la capital histórica del Cusco, con todos los planes de gestión que están en curso en este momento, y a todos los que tengan que ver con esto, para discutir un proyecto que tiene ya la Comisión de Cultura, para ver qué cambios hay que hacer a la Ley del patrimonio cultural. Pero para eso hay que empezar derogando esta nefasta privatización mercantilista del patrimonio que se pretende desde el Cusco para todo el Perú. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Tiene la palabra la congresista Mavila León. La señora MAVILA LEÓN (AP-FA).— Presidente: ¿La mano invisible del mercado evitará automáticamente los riesgos contra el patrimonio cultural? ¿Por qué en nuestro país están criminalizados los delitos contra el patrimonio cultural? ¿Cuál es la estructura de sentido que hace que en el catálogo de conductas ilícitas estén contenidas acciones típicas como los atentados contra monumentos arqueológicos, la inducción a la comisión de atentados contra yacimientos arqueológicos, la extracción del país de bienes del patrimonio cultural prehispánico, la extracción ilegal de bienes culturales en general? Y más aún, ¿por qué se sobrecriminalizará al funcionario que omite sus deberes en la preservación del patrimonio de la nación? Quiere decir que es una falsa antinomia aquella que plantea que la preservación del patrimonio cultural es una lógica chovinista que pretende restaurar el pasado, una lógica anacrónica que no entiende el proceso de modernidad. En el fondo, esa es una visión que confronta esta visión de protección de nuestro patrimonio, que todo Estado que se respete preserva; que quiere poner solo la lógica unilateral y falsa de que la privatización 198

de áreas vinculadas al patrimonio cultural, per se, va a significar automáticamente la modernidad, el levantamiento del abandono que sí existe en algunas zonas alejadas del país. Entonces, creo que en esta polarización hay que pensar, por ejemplo, en una relación de gobiernos regionales, locales, universidades, sociedad civil. No puede ser una apuesta de la empresa pública o privada, de arriba abajo, nada más; porque la lógica de la empresa privada es la del lucro y la ganancia, y no creo que el Ministerio de Cultura deba lavarse las manos como Pilato para no tener una rectoría seria de protección adecuada, técnica, histórica y cultural de nuestra cuantioso patrimonio. Por eso estoy de acuerdo, como mi bancada, en que esta normatividad no es un asunto de juego. Esto se debe debatir adecuadamente. No estamos en contra de que se privaticen algunos servicios, pero sí estamos en contra de que sea la lógica de la ganancia únicamente la que se imponga sobre la base de la preservación adecuada del patrimonio cultural a lo largo y ancho del país. Creo en un presupuesto adecuado para el Ministerio de Cultura, para que no sea la Cenicienta de los sectores del Estado, lo que seguramente hace que todo se quiera privatizar, en la alienación que existe también en cárceles y, en general, en toda cultura ya tradicionalista... El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Un minuto para concluir, congresista. La señora MAVILA LEÓN (AP-FA).— Ya tradicionalista neoconservadora y no neoliberal. Estamos en la crisis del modelo global del neoliberalismo, por si acaso, que cree, pues, ilusamente que todo es llevar capital. No, señor; hay que preservar también, hay que lograr una armonía entre protección de patrimonio cultural y modernidad. Y en ese proceso de modernidad, el Estado tiene que cumplir su rol; por ejemplo, habrá que evaluar si los gobiernos regionales han ejecutado presupuesto público, y también los gobiernos locales, en materia de preservación de nuestro patrimonio histórico; y habrá también, qué duda cabe, que auspiciar la inversión privada, no de arriba abajo, de lavada de manos del Ejecutivo, sino en una lógica adecuada, que esté mirando la participación de todos los actores sociales y la preservación del perfil cultural e histórico de nuestra Nación. Por eso, nuestra bancada, va... El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Cabrera Ganoza. El señor CABRERA GANOZA (GPFP).— Señor Presidente: Creo que esta medida legislativa para poner en valor una serie de restos arqueológicos que existen en el Perú está cargada de buena fe. Creo lo contrario de lo que muchos piensan, que se trata, sencillamente, de traficar económicamente con la riqueza arqueológica que tiene el país; y que una inversión para poner en valor muchos monumentos en diferentes partes de nuestro país no significa, en realidad, ningún tráfico de dinero ni, definitivamente, un espíritu de lucro absoluto. Creo, más bien, que esto va a beneficiar a muchas regiones, 199

más allá de lo que significa el Cusco, que es un orgullo para ellos. Lógicamente, las características que tienen en materia de historia no solamente es un orgullo para ellos, sino un orgullo para el Perú y para el mundo entero. Pero hay otros lugares del Perú que ojalá se puedan acercar al Cusco. Tenemos Choquequirao, en Apurímac; Kuélap, en Amazonas; el Gran Pajatén, en San Martín. Ni qué decir de las muchas pirámides y huacas en Lambayeque y La Libertad. En el caso de Ica, departamento al que represento como congresista, quisiera ver poner en valor las huacas de Tacaraca, de Tambo de Mora. Y ni qué hablar de la ciudadela de Cahuachi que, puesta en valor, creo que significaría realmente una expresión arqueológica de categoría no solamente regional y nacional, sino internacional. Considero que esta norma tiene muy buenas intenciones. No hay que tener temor a abrir las posibilidades para que la gente pueda invertir y hacer de esta inversión un país que no solo pueda mejorar sus ingresos económicos, sino que gane en valor. Definitivamente, el Perú va a mejorar con esta ley. Muchas gracias. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Tiene la palabra el congresista Falconí Picardo. El señor FALCONÍ PICARDO (GPUR).— Señor Presidente: Hoy en la mañana estuvimos presentes en la Comisión de Cultura, donde hubo un riquísimo debate y se escuchó a los representantes del Cusco, a los señores congresistas, así como al gobernador regional del Cusco. Ellos se pronunciaron en desacuerdo y pedían la excepción del tratamiento de este decreto legislativo para el Cusco. Creo que eso es muy importante y que hay que respetar justamente la voluntad de los ciudadanos del Cusco a través de sus representantes. En ese sentido, la propuesta del dictamen expresamente dice: ‘Quedan exceptuados de dichos convenios de gestión cultural los bienes inmuebles integrantes del patrimonio cultural de la nación de carácter prehispánico ubicados en el departamento del Cusco’. Más bien, nosotros creemos que es importante que en los otros lugares del país, donde hay monumentos arquitectónicos, culturales, necesariamente estos convenios de gestión cultural se puedan llevar a cabo, siempre y cuando se encuentren con la autorización de los gobiernos locales, de los gobiernos regionales y, por supuesto, de sus autoridades en el Congreso. Si los ciudadanos a través de sus representantes están de acuerdo con que se lleve a cabo el convenio de gestión, no debiera haber ningún problema, es decir, sería absolutamente respetuoso de la voluntad ciudadana. Es por eso que creo que son bien importantes las intervenciones, aquí, del congresista Cabrera, del congresista Cárdenas y, por supuesto, de todos los que queremos que haya desarrollo, con la autorización de los ciudadanos a través de sus representantes. 200

Más bien, yo le pido al presidente de la Comisión de Cultura, ya que estamos hablando aquí de la preservación y conservación de los sitios integrantes del patrimonio mundial, que se declare de interés nacional, justamente, el saneamiento físico legal de todos los sitios integrantes del patrimonio mundial, que es sumamente importante para que se pueda proteger el patrimonio cultural de la Nación. Gracias. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Concluido el rol de oradores, tiene la palabra el presidente de la Comisión de Cultura, congresista Kobashigawa Kobashigawa. El señor KOBASHIGAWA KOBASHIGAWA (GPFP).— Señor Presidente, en primer lugar tengo que lamentar bastante lo que viene ocurriendo este día, en que, haciendo un esfuerzo en la mañana y solicitándole permiso para que pueda sesionar la Comisión de Cultura, diez congresistas votaron a favor de la norma y solamente tres lo hicieron en contra; pero como han sentido la presión de la presencia de los hermanos cusqueños, ahora en la noche han sostenido totalmente lo contrario de lo que habían sostenido hoy en la mañana. Y ahora todos están por la derogación. Ellos van a votar ahora por la derogación, a pesar de que en la mañana sostuvieron que debía modificarse la norma y solamente excluir a los hermanos del Cusco, como lo estaban pidiendo ellos. Bueno, estamos presentando un nuevo texto sustitutorio que dice: Ley que deroga el Decreto Legislativo 1198, que modificó el artículo 6 de la Ley 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación Artículo Único. Derogación del Decreto Legislativo 1198 Derógase el Decreto Legislativo 1198, que modifica el párrafo 6.1 del artículo 6 de la Ley 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, en tal efecto restitúyase la vigencia del contenido inicial del artículo en mención. Gracias. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Los señores congresistas se servirán registrar su asistencia para votar el nuevo texto sustitutorio que acaba de leer el presidente de la Comisión de Cultura. —Los señores congresistas registran su asistencia mediante el sistema digital para verificar el quorum. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Relator, lea nuevamente el texto sustitutorio. El RELATOR da lectura: Texto sustitutorio presentado por el Presidente de la Comisión de Cultura, congresista Ramón Kobashigawa Kobashigawa 201

Ley que deroga el Decreto Legislativo 1198, que modificó el artículo 6 de la Ley 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación Artículo Único. Derogación del Decreto Legislativo 1198 Derógase el Decreto Legislativo 1198, que modifica el párrafo 6.1 del artículo 6 de la Ley 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, en tal efecto, restitúyase la vigencia del contenido inicial del artículo en mención. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Hay 68 congresistas en la Sala. Al voto. —Los señores congresistas emiten su voto a través del sistema digital. —Efectuada la consulta, se aprueba en primera votación, por 56 votos a favor, siete en contra y tres abstenciones, el texto sustitutorio por el que se deroga el Decreto Legislativo 1198, que modificó el artículo 6 de la Ley 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Ha sido aprobado en primera votación el texto sustitutorio de los Proyectos de Ley 4855, 4865 y otros. Se deja constancia del voto a favor del congresista Julca Jara. —El texto aprobado es el siguiente: “EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA; Ha dado la Ley siguiente: LEY QUE DEROGA EL DECRETO LEGISLATIVO 1198, DECRETO LEGISLATIVO QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 6 DE LA LEY 28296, LEY GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN Artículo único. Derogación del Decreto Legislativo 1198 Derógase el Decreto Legislativo 1198, que modifica el numeral 6.1 del artículo 6 de la Ley 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, en tal efecto restitúyese la vigencia del contenido inicial del artículo en mención. Comuníquese, etc.” “Primera votación del nuevo texto sustitutorio de los Proyectos 4855 y otros Señores congresistas que votaron a favor: Aguinaga Recuenco, Angulo Álvarez, Anicama Ñañez, Apaza Ordóñez, Bardález Cochagne, Becerril Rodríguez, Benítez Rivas, Beteta Rubín, Cabrera Ganoza, Canches Guzmán, Ccama Layme, Chacón De Vettori, Chávez Cossío, Chihuán Ramos, Coa Aguilar, Coari Mamani, Condori Jahuira, Crisólogo Espejo, Dammert Ego Aguirre, De la Torre Dueñas, Delgado Zegarra, Elías Ávalos, Espinoza 202

Cruz, Grandez Saldaña, Guevara Amasifuen, Hurtado Zamudio, Inga Vásquez, Kobashigawa Kobashigawa, León Romero, Lescano Ancieta, López Córdova, Mavila León, Mendoza Frisch, Molina Martínez, Monterola Abregu, Mulder Bedoya, Neyra Huamaní, Neyra Olaychea, Pari Choquecota, Pérez del Solar Cuculiza, Portugal Catacora, Reátegui Flores, Rimarachín Cabrera, Romero Rodríguez, Rondón Fudinaga, Salazar Miranda, Sarmiento Betancourt, Schaefer Cuculiza, Spadaro Philipps, Tan de Inafuko, Tapia Bernal, Teves Quispe, Tubino Arias Schreiber, Uribe Medina, Valencia Quiroz y Valqui Matos. Señores congresistas que votaron en contra: Bedoya de Vivanco, Belaunde Moreyra, Capuñay Quispe, Cárdenas Cerrón, Eguren Neuenschwander, Falconí Picardo y Omonte Durand. Señores congresistas que se abstuvieron: Andrade Carmona, Huaire Chuquichaico y Mora Zeballos.” El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Tiene la palabra el presidente de la Comisión de Cultura. El señor KOBASHIGAWA KOBASHIGAWA (GPFP).— Presidente, pido la exoneración de segunda votación del proyecto de ley aprobado. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Se va a consultar el pedido del presidente de la Comisión. Con la misma asistencia, al voto. —Los señores congresistas emiten su voto a través del sistema digital. —Efectuada la consulta, se acuerda, por 54 votos a favor, 12 en contra y ninguna abstención, exonerar de segunda votación el texto sustitutorio por el que se deroga el Decreto Legislativo 1198, que modificó el artículo 6 de la Ley 8296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Ha sido acordada la exoneración. “Votación de la exoneración de segunda votación del nuevo texto sustitutorio de los Proyectos 4855, 4865 y otros Señores congresistas que votaron a favor: Aguinaga Recuenco, Andrade Carmona, Angulo Álvarez, Anicama Ñañez, Apaza Ordóñez, Bardález Cochagne, Becerril Rodríguez, Benítez Rivas, Beteta Rubín, Cabrera Ganoza, Canches Guzmán, Ccama Layme, Chacón De Vettori, Chávez Cossío, Chihuán Ramos, Coa Aguilar, Coari Mamani, Condori Jahuira, Dammert Ego Aguirre, De la Torre Dueñas, Delgado Zegarra, Elías Ávalos, Espinoza Cruz, Grandez Saldaña, Guevara Amasifuen, Hurtado Zamudio, Inga Vásquez, Kobashigawa Kobashigawa, León Romero, Lescano Ancieta, López Córdova, Mavila León, Mendoza Frisch, Molina Martínez, Monterola A bregu, Mulder Bedoya, Neyra Huamaní, Neyra Olaychea, Pari Choquecota, Pérez del Solar Cuculiza, Portugal Catacora, Rimarachín Cabrera, Romero Rodríguez, Salazar 203

Miranda, Sarmiento Betancourt, Schaefer Cuculiza, Spadaro Philipps, Tan de Inafuko, Tapia Bernal, Teves Quispe, Tubino Arias Schreiber, Uribe Medina, Valencia Quiroz y Valqui Matos. Señores congresistas que votaron en contra: Acuña Peralta, Bedoya de Vivanco, Belaunde Moreyra, Capuñay Quispe, Cárdenas Cerrón, Crisólogo Espejo, Eguren Neuenschwander, Falconí Picardo, Huaire Chuquichaico, Mora Zevallos, Omonte Durand y Rondón Fudinaga.” Se acuerdan las modificaciones al Cuadro de Comisiones Ordinarias y a la Comisión Especial de Seguimiento Parlamentario al Acuerdo de la Alianza del Pacífico El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Se va a dar cuenta de modificaciones propuestas al Cuadro de Comisiones Ordinarias y a la Comisión Especial de Seguimiento Parlamentario al Acuerdo de la Alianza del Pacífico. Dé lectura, Relator. El RELATOR da lectura: Modificaciones al Cuadro de Comisiones y a la Comisión Especial de Seguimiento Parlamentario al Acuerdo de la Alianza del Pacífico, correspondientes al período anual de sesiones 2015-2016 Comisión Agraria: Ingresan como accesitarios los congresistas Pari Choquecota, Reynaga Soto y Ruiz Loayza. Comisión de Comercio Exterior: Sale de titular e ingresa como accesitario el congresista Cárdenas Cerrón. Comisión de Cultura: Ingresa como accesitario el congresista Ramírez Gamarra. Comisión de Defensa Nacional: Ingresa como accesitario el congresista Isla Rojas. Comisión de Educación: Sale de accesitario e ingresa como titular el congresista Bardález Cochagne, e ingresan como accesitarios los congresistas Cárdenas Cerrón, Yrupailla Montes y Reynaga Soto. Comisión de Fiscalización: Ingresa como accesitario el congresista Pari Choquecota. Comisión de Inclusión Social: Ingresa como accesitario el congresista Reynaga Soto. Comisión de Presupuesto: Sale de titular el congresista Lay Sun, sale de accesitario e ingresa como titular el congresista Monterola Abregú. Comisión de Producción: Sale como accesitario el congresista Yrupailla Montes. Comisión de Pueblos Andinos: Sale de accesitario el congresista Reynaga Soto. Comisión de Trabajo: Sale de titular el congresista Reynaga Soto. 204

Comisión de Transportes: Sale de accesitario el congresista Reynaga Soto. Comisión Especial de Seguimiento Parlamentario al Acuerdo de la Alianza del Pacífico: Sale el congresista Chehade Moya e ingresa el congresista Abugattás Majluf. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Se va a votar. Los señores congresistas que estén a favor se servirán expresarlo levantando la mano. Los que estén en contra, de la misma manera. Los que se abstengan, igualmente. —Efectuada la consulta, se acuerdan las modificaciones al Cuadro de Comisiones y a la Comisión Especial de Seguimiento Parlamentario al Acuerdo de la Alianza del Pacífico. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Han sido acordadas. De conformidad con la propuesta de la Junta de Portavoces, se acuerda ampliar el número de integrantes de la Comisión Especial de Seguimiento Parlamentario al Acuerdo de la Alianza del Pacífico, con la finalidad de incorporar al congresista Chehade Moya El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Se va a votar, a mano alzada, la propuesta aprobada por la Junta de Portavoces en la sesión del 20 de octubre de 2015, para ampliar el número de integrantes de la Comisión Especial de Seguimiento Parlamentario al Acuerdo de la Alianza del Pacífico, con la finalidad de incorporar al congresista Chehade Moya. Al voto. Los señores congresistas que estén a favor se servirán expresarlo levantando la mano. Los que estén en contra, de la misma manera. Los que se abstengan, igualmente. —Efectuada la consulta, se acuerda, en atención a la propuesta aprobada por la Junta de Portavoces, ampliar el número de integrantes de la Comisión Especial de Seguimiento Parlamentario al Acuerdo de la Alianza del Pacífico, con la finalidad de incorporar al congresista Chehade Moya. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Ha sido acordado. En atención a la propuesta de la Junta de Portavoces, se acuerda adicionar un miembro al número de integrantes de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, a los efectos de incorporar a la congresista Uribe Medina El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Se va a votar, a mano alzada, la propuesta de modificación del Cuadro de Comisiones aprobada por la Junta de Portavoces el 20 de octubre de 2015, por la que se adicionaría un miembro al número de integrantes de la Comisión de Educación, con el fin de incorporar en dicho órgano parlamentario a la congresista Uribe Medina. Los señores congresistas que estén a favor se servirán expresarlo levantando la mano. Los que estén en contra, de la misma manera. Los que se abstengan, igualmente. 205

—Efectuada la consulta, se acuerda adicionar un miembro al número de integrantes de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, para incorporar en dicho órgano parlamentario a la congresista Uribe Medina. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Ha sido acordado. Se solicita la dispensa del trámite de sanción de acta para ejecutar lo acordado en la presente sesión. Los señores congresistas que estén a favor se servirán expresarlo levantando la mano. Los que estén en contra, de la misma manera. Los que se abstengan, igualmente. —Efectuada la consulta, se acuerda tramitar todos los asuntos tratados en la presente sesión sin esperar la sanción del acta. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Ha sido acordado por unanimidad. “Registro de asistencia a la última votación digital de la sesión (20:28 h) Presentes: Los congresistas Iberico Núñez, Condori Jahuira, Portugal Catacora, Acuña Peralta, Aguinaga Recuenco, Andrade Carmona, Angulo Álvarez, Anicama Ñañez, Apaza Ordóñez, Bardález Cochagne, Becerril Rodríguez, Bedoya de Vivanco, Belaunde Moreyra, Benítez Rivas, Beteta Rubín, Cabrera Ganoza, Canches Guzmán, Capuñay Quispe, Cárdenas Cerrón, Ccama Layme, Chacón De Vettori, Chávez Cossío, Chihuán Ramos, Coa Aguilar, Coari Mamani, Crisólogo Espejo, Dammert Ego Aguirre, De la Torre Dueñas, Delgado Zegarra, Eguren Neuenschwander, Elías Ávalos, Espinoza Cruz, Falconí Picardo, Grandez Saldaña, Guevara Amasifuen, Huaire Chuquichaico, Hurtado Zamudio, Inga Vásquez, Kobashigawa Kobashigawa, León Romero, Lescano Ancieta, López Córdova, Mavila León, Mendoza Frisch, Molina Martínez, Monterola Abregu, Mora Zevallos, Mulder Bedoya, Neyra Huamaní, Neyra Olaychea, Omonte Durand, Pari Choquecota, Pérez del Solar Cuculiza, Reátegui Flores, Rimarachín Cabrera, Romero Rodríguez, Rondón Fudinaga, Salazar Miranda, Sarmiento Betancourt, Schaefer Cuculiza, Spadaro Philipps, Tan de Inafuko, Tapia Bernal, Teves Quispe, Tubino Arias Schreiber, Uribe Medina, Valencia Quiroz y Valqui Matos. Con licencia oficial: Los congresistas Bruce Montes de Oca, León Rivera, Núñez de Acuña, Pérez Tello de Rodríguez y Simon Munaro. Con licencia por enfermedad: Los congresistas Acha Romaní, Beingolea Delgado, Ruiz Loayza y Vacchelli Corbetto. En función de representación: Los congresistas Galarreta Velarde, Acuña Núñez, Apaza Condori, Chehade Moya, Condori Cusi, Gutiérrez Cóndor, Julca Jara, Nayap Kinin, Otárola Peñaranda, Reynaga Soto, Rivas Teixeira, Rodríguez Zavaleta, Rosas Huaranga, Zamudio Briceño y Zeballos Salinas. Ausentes: Los congresistas Abugattás Majluf, Alcorta Suero, Carrillo Cavero, Castagnino Lema, Cordero Jon Tay, Cuculiza Torre, Díaz Dios, Espinoza Rosales, Fujimori Higuchi, Gagó Pérez, Gamarra Saldívar, García Belaunde, Gastañadui Ramírez, Huayama Neira, 206

Isla Rojas, Jara Velásquez, Lay Sun, Lewis del Alcázar, Llatas Altamirano, Medina Ortiz, Melgar Valdez, Merino de Lama, Oseda Soto, Pariona Galindo, Ramírez Gamarra, Reggiardo Barreto, Saavedra Vela, Salgado Rubianes, Solórzano Flores, Tait Villacorta, Tejada Galindo, Urquizo Maggia, Valle Ramírez, Velásquez Quesquén, Wong Pujada, Yrupailla Montes y Zerillo Bazalar. Suspendido: El congresista Luna Gálvez.” El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Se levanta la sesión. —A las 20 horas y 37 minutos, se levanta la sesión. Por la redacción: AMÉRICO ORLANDO MIRANDA SANGUINETTI

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