Un síndico confirmó el pago de coimas

31 mar. 2007 - Por ese entonces, la cartera era conducida por Roberto Lavagna. “Si bien Lavagna aduce que nun- ca tuvo e
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Política

Página 10/LA NACION

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Sábado 31 de marzo de 2007

Importante testimonio en la causa Skanska

Un síndico confirmó el pago de coimas Pertenece a la firma constructora; ratificó un informe interno que asevera que se abonaron comisiones Por Jorge Urien Berri De la Redacción de LA NACION

María Ramos y Pablo Montagnani anuncian el nacimiento de PEDRO, el 29-3-2007, en la Clínica Mater Dei

Cnl. (RE) JOSE ALBERTO RUIZ PALACIOS, 31-3-2001. A 6 años de su fallecimiento, su familia lo recuerda con cariño y pide a sus amigos una oración en su memoria

Dr. Ing. ALBERTO G. SPOTA, falleció el 31-3-91. Siempre estarás presente en nuestras vidas. Tu esposa Norma y tus hijos Gustavo, Eugenio, Norma y María José

ERNESTO WEYRAUCH, q.e.p.d., 1-4-2006. - Recordándolo siempre, su esposa e hijos agradecen el cariño de familiares y amigos. Misa en Santa Rafaela María, domingo 1ero., 11.30 hs. Rawson 2200, Martínez

Esc. JORGE A. BOLLINI. Escribanía Vidal Bollini y sus colaboradores lo recuerdan a tres años de su fallecimiento

Esc. JORGE A. BOLLINI. Jorge y Alejandra Giménez y sus hijos lo recuerdan con cariño a tres años de su fallecimiento

Esc. JORGE ALBERTO BOLLINI, q.e.p.d., falleció el 31-3-2004. - Al cumplirse el 3er. aniversario de tu partida, tu esposa Silvia Farina, hijos, nietos, bisnietos y demás familiares te recuerdan con amor y admiración y ruegan una oración en tu querida memoria

JORGE A. BOLLINI. - A tres años de su fallecimiento, su hija Graciela Bollini, sus nietos y bisnietos lo recuerdan con afecto

El síndico de Skanska prestó ayer una declaración que dos fuentes judiciales calificaron de importante para la causa del presunto pago de coimas a funcionarios del Gobierno durante la ampliación del Gasoducto Norte. Claudio Corizzo, síndico de la filial argentina de la constructora sueca Skanska, declaró ayer como testigo ante el juez federal Guillermo Montenegro y el fiscal federal Carlos Stornelli, y ratificó la auditoría interna que realizó en la firma en marzo del año pasado, en la cual afirmó que directivos de Skanska autorizaron el pago de comisiones indebidas. Skanska construyó la planta impulsora Deán Funes en el tramo cordobés del Gasoducto Norte, y para esa obra fue contratada por la licencia-

taria del gasoducto, Transportadora Gas del Norte S.A. (TGN). Corizzo, según las fuentes, dijo desconocer a quiénes se habrían pagado esas comisiones. Pero explicó la forma en que desarrolló la investigación que le encomendó Skanska, en el transcurso de la cual determinó que, entre julio y octubre de 2005, Skanska pagó 13.400.000 pesos por contrataciones, pagos a proveedores y subcontratistas. Pero halló una peculiaridad en esos pagos, que Corizzo subrayó: se efectuaron con 23 proveedores mediante 118 comprobantes o facturas presuntamente falsas, y esos proveedores no estaban en condiciones de realizar los trabajos que facturaban a Skanska. Eran simples operaciones simuladas en las facturas para justificar la salida de dinero de Skanska. Corizzo interrogó a dos directivos de la empresa que, según expresó, le

aseguraron que el total de esos pagos simulados por más de 13 millones de pesos fue para abonar comisiones no debidas: un eufemismo para indicar coimas. Esos 13 millones de pesos se pagaron, pero no a las firmas de las facturas. Los directivos no le habrían informado quién cobró el dinero. El síndico, que dio los nombres de los dos directivos de Skanska –hoy apartados de sus cargos junto con otros cuatro gerentes–, también reveló que dentro de la firma hubo una ingeniería documental previa para luego justificar esos pagos. Dos de las facturas falsas por más de un millón de pesos pertenecían a la firma Infiniti. En realidad, la auditoría de Corizzo fue consecuencia de una investigación del juez en lo penal tributario Javier López Biscayart sobre una enorme maniobra de evasión de impuestos concretada mediante facturas falsas

Caso Greco: la Auditoría empezó la investigación

de la empresa Infiniti. Una de las cerca de 180 empresas investigadas por evasión era Skanska.

Servicios sin prestar Pero cuando López Biscayart indagó a Adrián López, apoderado de Infiniti, López afirmó que las dos boletas falsas de Infiniti a nombre de Skanska, que facturaban servicios no prestados, fueron para pagar coimas. A diferencia de las cerca de 180 empresas que habrían evadido pagos de IVA –entre las cuales hay varias de primer nivel– Skanska no sólo no negó el hecho, sino que –empresa sueca al fin– además de admitir la evasión, pagó lo evadido y sus multas. Y concluida la auditoría de Corizzo, la incorporó a la causa de López Biscayart. Abierta la investigación por presuntas coimas en el fuero federal –paralela a la de López Biscayart–, Stornelli recibió la aprobación de Montenegro

Solos

y anteayer fue a Skanska a buscar documentos. Entre el material que se llevó estaba la copia de la auditoría, pero no las más de 3000 páginas de documentos, facturas y grabaciones que fueron el soporte documental del trabajo, pues este material lo había secuestrado López Biscayart en un allanamiento realizado previamente. López, el apoderado de Infiniti hoy preso como jefe de una asociación ilícita tributaria, le había dicho a López Biscayart que el dinero que la gente de Skanska le pagó con cheques a Infiniti –firma ficticia, sin domicilio ni personal, que vendía facturas falsas– él lo cobraba en la caja del Banco Supervielle y luego lo devolvía a quienes le habían entregado los cheques. El misterio es quiénes se quedaron con el dinero que salió de Skanska gracias a las facturas falsas.

Por Nik

Averiguará por qué Miceli ordenó el pago de $ 600 millones que, desde 2004, dieron origen a la orden de pago. La tercera línea de acción se refiere al procedimiento de consolidación de la deuda del Estado con el grupo Greco. Esta consolidación se produce en 2005, cuando Soto homologa el pago de $ 315 millones en bonos a valor nominal, lo que equivale a $ 598 millones en valor efectivo.

Por Laura Serra De la Redacción de LA NACION Por orden del Congreso, la Auditoría General de la Nación (AGN) inició ayer la investigación sobre el polémico caso Greco. La causa, también bajo la lupa de la Justicia, salpica al gobierno de Néstor Kirchner –en particular, a la ministra de Economía Felisa Miceli–, pues en una maniobra aparentemente irregular ordenó el pago (luego frustrado) de casi 600 millones de pesos a aquel desaparecido grupo empresarial. La cúpula de la AGN –que preside el radical Leandro Despouy– se reunió anteayer en forma extraordinaria y prometió una amplia y exhaustiva investigación, la cual quedaría terminada antes de las elecciones presidenciales, lo que alimenta la polémica y las presiones sobre el caso. La auditoría en cuestión abarcará tres ejes: el primero, todos los antecedentes –léase leyes, decretos y resoluciones ministeriales– que derivaron en el fallo judicial que ordenó, en diciembre de 2001, el pago al grupo Greco. Esto obligará a revisar todo el caso desde su origen, en 1980, cuando la dictadura intervino en aquellas empresas. En 1987, el gobierno de Raúl Alfonsín resolvió dar al grupo una indemnización que, como nunca se pagó, dio lugar a la causa judicial en la que el juez Juan Francisco Asís Soto ordenó el pago en 2001. La segunda línea de investigación se refiere al proceso de ejecución de la sentencia dispuesta por Soto. Aquí se evaluarán las posiciones de cada una de las partes “identificando el

Sin apelaciones

ARCHIVO

Despouy, jefe de la AGN

circuito seguido para la formulación del cálculo final” como también “las compensaciones recíprocas que habrían correspondido”. Esto último guarda singular importancia, pues el grupo Greco tendría deudas con el Estado por unos $ 164 millones que no fueron consideradas en la liquidación de pago por casi $ 600 millones que aceptaron los abogados del Ministerio de Economía. Esta negligencia fue reconocida por la ministra Miceli: en una resolución de enero último, admitió que la aprobación del pago se efectúo sin tener en cuenta los créditos que el Estado tenía con el grupo Greco. Por eso denunció a los abogados del fisco ante la Justicia –causa que lleva adelante el juez Sergio Torres– y ordenó revocar todos los actos administrativos

La decisión no fue apelada por los abogados del Ministerio de Economía –los que luego fueron denunciados por Miceli–. Por ese entonces, la cartera era conducida por Roberto Lavagna. “Si bien Lavagna aduce que nunca tuvo en sus manos el expediente, vamos a investigar también su actuación”, afirman en la AGN. Pero la mayor responsabilidad recae en el área de Miceli, pues el expediente de liquidación de deuda pasó por el despacho de la secretaria legal y administrativa de la cartera, Estela Palomeque, mujer de confianza de la ministra. Por eso, los senadores radicales, encabezados por Ernesto Sanz, sostienen que Miceli no puede aducir que desconocía la orden de pago. El radicalismo frenó en diciembre último en el Senado el millonario pago al grupo Greco. El Gobierno había enviado en septiembre un proyecto de ley para emitir bonos de consolidación de deudas por $ 1300 millones para pagar jubilados, ex empleados de YPF y “proveedores”, sin precisar quiénes eran estos últimos. Cuando la UCR reclamó precisiones, se reveló que $ 600 millones estaban dirigidos al grupo Greco y que el pago se realizaba en forma aparentemente irregular.

Breves SIN ACUERDO SALARIAL

DERECHOS HUMANOS

El miércoles paran los conductores de trenes

Envían a un ex represor a una cárcel común

■ Los maquinistas de La Fraternidad harán un paro nacional de 24 horas desde la medianoche del miércoles próximo que alcanzará a todas las líneas de trenes de pasajeros y de cargas. El sindicato no llegó a ningún acuerdo salarial en las paritarias que discute con los concesionarios y, además, reclama mayores medidas de seguridad.

■ La Cámara Federal de La Plata revocó la prisión domiciliaria y envió a una cárcel común al ex agente Segundo Basualdo, del Servicio Penitenciario bonaerense, acusado de violaciones de los derechos humanos durante la dictadura militar. La medida de la Sala Segunda se tomó a pesar de que Basualdo tiene más de 70 años.