10

|

POLÍTICA

| Viernes 10 de octubre de 2014

la estrategia comunicacional | reacciones ante una medida polémica

La oposición criticó el avance del Gobierno contra el Grupo Clarín

Nuevos intentos por controlar la agenda

Macri, Sanz, Binner y Cobos denunciaron que la embestida de Sabbatella para desguazar de oficio esa empresa “viola la libertad de prensa”; ADEPA alertó que la Afsca “desconoce un fallo de la Corte”

el pulso político Fernando Laborda

Los líderes de UNEN Hermes Binner, Julio Cobos y Ernesto Sanz; el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, y Horacio Rodríguez Larreta (Pro), y otros numerosos dirigentes de la oposición coincidieron en calificar como “intempestiva” y “violatoria de la independencia periodística” la decisión del titular de la Afsca, Martín Sabbatella, de avanzar con la adecuación forzosa del Grupo Clarín. Además, las diputadas nacionales Patricia Bullrich y Laura Alonso (Pro) solicitaron a la Cámara baja que interpele a Sabbatella “en forma urgente”, y la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) sostuvo que la decisión es “discriminatoria” y “desconoce lo que estableció la Corte Suprema”. “Es un intento de maniatar la libertad de prensa. Es una maniobra política para limitar a los medios independientes, que no le garantiza a la gente que tendrá mejor información”, afirmó Macri, líder de Pro y jefe del gobierno porteño. “Hace 5 años, en el debate de la ley de medios, denunciábamos que se iba a usar no para democratizar la información, sino para perseguir a quienes el Gobierno tenía como enemigos. El Gobierno lo cumplió, la Justicia puso algunos límites, pero al Gobierno no le importa”, sostuvo el radical Sanz. Agregó Sanz: “La decisión política de avanzar en el desguace de Clarín se produce en el final de la etapa del kirchnerismo, con la intención de avanzar contra todo y todos. El próximo gobierno debería revisar todas las arbitrariedades”. Cobos, otro de los precandidatos presidenciales, por su parte, afirmó que la decisión de Sabbatella fue “intempestiva”, porque, explicó, “el Grupo Clarín presentó la adecuación, había buena voluntad de parte de la empresa y se esperaba la resolución definitiva”. Así, Cobos entendió que “Sabbatella, en extrema privacidad, sorprendió con su decisión”. “Incluso, los directores de la oposición en la Afsca se abstuvieron de votar porque no les dejaron conocer el expediente”, agregó Cobos, en coincidencia con las denuncias que hicieron los miembros independientes de ese organismo, Marcelo Stubrin y Gerardo Milman. Binner, diputado nacional del socialismo y precandidato presidencial de UNEN, evaluó que “el Gobierno quiere vender Clarín y elegir el dueño. Es una propuesta señada por la falta de constitucionalidad. Se trabajó de una forma inconsulta en esta medida. Es una decisión absolutamente política.

S

Estas leyes van a ser revisadas por nuestros gobiernos”, dijo. En la misma línea de Macri también se pronunció su jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta: “El Gobierno busca avasallar la libertad de prensa”, sostuvo. A la hora de pedir la interpelación de Sabbatella, las diputadas Bullrich y Alonso también afirmaron que “el Gobierno recibe planes de adecuación a medida”. Milman, que es miembro del directorio de la Afsca, explicó ayer por qué se abstuvo de votar la resolución que ordenó el desguace forzoso y de oficio de Grupo Clarín. “Sabbatella recibió una orden y, por eso, la Afsca no actuó como un organismo especializado, sino como un dirigente político. El tratamiento del plan de adecuación no figuraba en el orden del día de la reunión de ayer (por anteayer) y no me dejaron siquiera ver el expediente. Los miembros oficialistas del cuerpo tampoco conocían los detalles, pero ellos votaron a ciegas con Sabbatella”, remarcó Milman. Discriminación Por su parte, ADEPA, la entidad que agrupa los principales periódicos del país, también rechazaron la decisión de iniciar la transferencia de oficio de los medios del Grupo Clarín, a la que calificaron de “intempestiva, discriminatoria y que no se ajusta a las pautas oportunamente fijadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación”. “El deber de no discriminar no parece ser la regla para la Afsca, que insiste en hacer interpretaciones selectivas de la llamada ley de medios, para beneficiar a grupos afines al oficialismo y perseguir a quienes tienen posiciones críticas”, añadió el comunicado de ADEPA. Ayer, Cablevisión salió a desmentir uno de los argumentos que había esgrimido Sabbatella para desguazar de oficio al Grupo Clarín. Y publicó los nombres y firmas de las sociedades que critica el funcionario. En un comunicado, la empresa de cable afirmó: “Surge claramente que es falso que de la misma se deriven vínculos societarios entre los accionistas de las Unidades 1 y 2. La presentación, cuyo diseño es deliberadamente tramposo (flechas cruzadas que intentan confundir), muestra distintas sociedades, no ocultas sino registradas, en las que ninguno de los accionistas de las Unidades 1 y 2 son socios con participaciones cruzadas”.ß

Sabbatella, anteayer, al concluir la reunión de la Afsca

archivo

Voces en contra Los referentes de la oposición objetaron la decisión de la Afsca contra el Grupo Clarín

mauricio macri

julio cobos

hermes binner

jefe de Gobierno porteño

diputAdo de unen

diputAdo de unen

“Es un intento de maniatar la libertad de prensa. Es una maniobra política para limitar a los medios independientes que no le garantiza a la gente que tendrá mejor información”

“La decisión de Sabbatella de limitar a Clarín es intempestiva. El Grupo Clarín había presentado la adecuación y había buena voluntad de parte de la empresa”

“El Gobierno quiere vender Clarín y elegir el dueño. La decisión de la Afsca está señalada por su inconstitucionalidad. Es una decisión absolutamente política. Estas leyes deberían ser revisadas por nuestros gobiernos”

La ley audiovisual cumple cinco años sin que el mapa de medios registre cambios

Longobardi denunció que lo monitoreaban por su celular

La norma benefició a empresarios “amigos”, pero no estimuló la multiplicidad de voces

^b^b^ Después del violento robo que sufrió en Barrio Parque, el periodista Marcelo Longobardi reveló ayer un condimento inquietante: contó que, mediante la App de rastreo de su teléfono iPhone “Buscá tu iPhone”, en las últimas semanas alguien estuvo siguiendo y geolocalizando su equipo celular. De esa manera accedían a su propia ubicación en tiempo real. Además, el conductor de Radio Mitre detalló que recibió correos electrónicos en los que Apple le informaba sobre el rastreo y le sugería que, en caso de no ser él, cambiara la contraseña. Si bien al principio sostuvo que fue un hecho más de inseguridad, luego quedó envuelto en dudas. “En el momento pensé que era un secuestro, como no me estaban robando, sino que me estaban atacando”, contó Longobardi. El hecho ocurrió sobre la calle Ombú, cerca de Sívori, anteayer, a las 13.05, cuando iba a almorzar con el director de Perfil, Jorge Fontevecchia. “El episodio fue quirúrgicamente violento, con una precisión militar. Los tipos no me parecieron dos chorritos clásicos”, relató.

José Crettaz LA NACION

Hace cinco años, cuando el 10 de octubre de 2009 se sancionó la ley de servicios de comunicación audiovisual, el mapa de medios de la Argentina tenía ciertas características. Hoy, con el agotamiento de un largo lustro de disputas y embestidas gubernamentales a cuestas, ese mapa de medios es casi exactamente el mismo. No hay más voces. Ni se “democratizaron” las existentes, sea eso lo que fuese. Los pocos cambios que pueden destacarse se dieron prácticamente en una sola dirección: empresarios cercanos al Gobierno –amigos de toda la vida, como Cristóbal López; viejos contratistas del Estado, como Electroingeniería, o conocidos más recientes, como Sergio Szpolski– adquirieron algunos de los medios existentes (incluso contra lo dispuesto en la propia ley, como López) o lanzaron nuevas emisoras. En este último caso, basados sobre todo en la televisión digital estatal, que no se rige por la ley audiovisual que hoy cumple años, sino por el decreto 1148/2009, firmado por la presidenta Cristina Kirchner en agosto de 2009, justo en medio del tratamiento parlamentario de aquella norma. No hay nuevos canales de TV legales porque el único concurso –de

2011– fracasó por falta de interesados, y desde entonces la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) sólo dio permisos precarios a canales de baja potencia que, gracias a ese trámite no previsto en la ley, pueden acceder ahora a fondos de fomento de contenidos. En el ámbito de la radio, la Afsca se concentró en otorgar licencias a emisoras que ya transmitían y que ahora son plenamente legales o a interesados que las habían solicitado antes de la sanción de la ley. Pocas de esas emisoras pueden ser atribuidas a la nueva norma. En cambio, el organismo estatizó varias radios históricas, como LT 38 de Rafaela (transferida luego a una fundación vinculada al kirchnerismo local) o LU 19 La Voz del Comahue, de Cipolletti, ahora propiedad del estado rionegrino. Curiosamente, los criterios aplicados para intervenir esas radios (entre otras cosas, el no pago de salarios del personal por parte de los titulares de las licencias) no fueron empleados en otros casos, como el de Radio Arte Argentina (ex Radio Chaco), un conflicto que aún sigue abierto en Resistencia. No se registró una estampida de cooperativas de servicios públicos queriendo entrar en el negocio de la TV paga, algo que les habilitó la ley de medios. La Afsca otorgó muchas licencias a esas empresas, pero habilitó el funcionamiento de algunas pocas, que además se toparon con restricciones y falta de dólares para poder importar el equipamiento necesario para dar el servicio. En cambio, sí creció el número de

LA NACION

medios estatales, canales de TV del gobierno nacional (como DeporTV, que emitió el Mundial de Brasil junto con Canal 7) y de gobiernos provinciales, municipios y algunas universidades nacionales (aunque,, en este caso, fuertemente dependientes en lo económico del presupuesto federal, como los Servicios de Radio y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba). La prehistoria de la ley de medios argentina arranca en marzo de 2009, cuando en el Teatro Argentino de La Plata la Presidenta presentó el anteproyecto (redactado por un pequeño grupo de académicos). En ese acto, además de la mandataria, también habló el entonces jefe de Gabinete Sergio Massa. En el estrado, entre muchos otros, aplaudían el jefe de la CGT ahora opositora, Hugo Moyano, y otros dirigentes que luego se alejarían y serían expulsados del kirchnerismo. El trámite siguió en el Congreso, donde fuerzas también opositoras dieron el quórum necesario y votaron favorablemente la norma, como el Partido Socialista, liderado por el entonces gobernador de Santa Fe, Hermes Binner; el bloque de Proyecto Sur, de Fernando “Pino” Solanas –que era diputado electo–, y Libres del Sur, tres fuerzas que hoy integran el frente UNEN. El sábado 10 de octubre a la madrugada se sancionó, promulgó y publicó en el Boletín Oficial. Casi un año después, el 31 de septiembre de 2010, se reglamentó (sólo parcialmente). Pasó otro año hasta que la Afsca definió los mecanismos de adecuación a

la norma y puso a correr el plazo de un año previsto en el artículo 161. En el medio, varias empresas, además de Clarín, los grupos ManzanoVila y Cadena 3, entre otros, presentaron demandas judiciales contra la norma. En 2009, el propio Daniel Vila equiparó esa ley con los decretos de la última dictadura. Con el tiempo, su socio José Luis Manzano (que conoce a los Kirchner desde que él y el matrimonio integraban el menemismo en los años 90) lograría recomponer la relación con el Gobierno, que, lejos de quitarle medios, le asignó nuevas licencias para operar, por ejemplo, televisión por cable en Rosario. Poco a poco, aquellas demandas se fueron cayendo y sólo quedó la del Grupo Clarín, que llegó hasta la Corte Suprema (no sin que antes el gobierno nacional logrará recusar y remover jueces en el camino). Antes pasó el 7-D, el 7 de diciembre de 2012, día en el que la Afsca, ya a cargo de su tercer presidente en cinco años, Martín Sabbatella, amenazó con intervenir directamente al Grupo Clarín. Hubo una nueva cautelar que protegió los activos del conglomerado, hasta que el 29 de octubre de 2013 la Corte declaró plenamente constitucionales los cuatro artículos impugnados por Clarín. Ese grupo presentó pocos días después su plan de adecuación con la propuesta de dividirse en seis unidades, que fue admitida por la Afsca, hasta anteayer. Ahora, como si fuera un juego de la oca, la ley, el Gobierno, Clarín y la sociedad toda parecen retroceder varios casilleros para volver a empezar.ß

i algo pueden tener en común Cristina Fernández de Kirchner y Vladimir Putin es que difícilmente coincidan con Thomas Jefferson, célebre presidente estadounidense que 200 años atrás expresó: “Entre un gobierno sin prensa y una prensa sin gobierno, no vacilaría un instante en preferir lo segundo”. Un día después de que, desde la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), el Gobierno lanzó un nuevo ataque al Grupo Clarín, la primera mandataria argentina, durante una teleconferencia con el primer ministro de Rusia, volvió a subrayar que no necesita intermediarios, como la prensa, para comunicarse con el pueblo. La Presidenta y Putin, en cierto modo, coincidieron en que se puede asociar al periodismo independiente y no afín al pensamiento oficial con una especie de gran poder en las sombras que “manipula la conciencia social” –según insinuó el líder ruso– o que puede tener comportamientos “destituyentes”, de acuerdo con la visión del gobierno argentino. De ahí que ambos mandatarios hayan firmado un convenio para que la televisión estatal rusa llegue a los argentinos y para que la televisión pública argentina pueda ser seguida en Rusia. Es probable que los rusos que sintonicen la televisión pública argentina se convenzan de que la inseguridad no existe en la Argentina, de que la inflación es apenas el resultado de las picardías de algunos empresarios inescrupulosos o de que los niveles de pobreza en nuestro país son inferiores a los de Suiza o los Estados Unidos, en función de los números del Indec. En este caso, la población rusa que pueda interesarse en la Argentina padecerá lo mismo que Putin dijo temer: los intentos por establecer el “monopolio de la verdad”. El recientemente fallecido filósofo político Ernesto Laclau, referente ideológico de cabecera de Cristina Kirchner, admitió alguna vez que el principal adversario del Gobierno estaba representado por los medios de comunicación. Y, en efecto, los Kirchner siempre exhibieron una natural disputa entre la política y los medios por la fijación de la agenda de la opinión pública, preocupación que conduce a una deformación: pensar que el poder político debe ocupar un lugar habitualmente reservado a la prensa. El nuevo episodio de la pugna entre el kirchnerismo y el Grupo Clarín pone de manifiesto que el gobierno nacional trata de seguir dominando la agenda y que el mejor modo de evitar que se continúe hablando de la inflación, de la suba del dólar o de las suspensiones y despidos en el sector industrial es golpeando fuerte. De ahí que el Poder Ejecutivo haya instalado con cierto éxito y con la velocidad de un rayo la inesperada cuestión del nuevo Código Civil y Comercial y, en las últimas horas, la reedición del operativo para desguazar al citado grupo mediático. A menos que la Justicia se interponga en el camino diseñado por Martín Sabbatella, será el Estado y no Clarín el que elija y les ponga precio a los medios de los cuales este grupo deberá desprenderse. Un dato adicional que debería inquietar pasa por un planteo que no hace mucho hizo el presidente de la Afsca, en el sentido de que, si no se presentan oferentes para comprar algunas de las licencias que excedan el tope establecido por la ley de medios, éstas podrían ser concedidas a nuevos dueños mediante una adjudicación directa del Estado. En la lógica del gobierno de Cristina Kirchner, el conflicto es fuente de poder. Las situaciones conflictivas, reales o artificialmente creadas, le permiten justificar crecientes dosis de intervencionismo y autoritarismo. También, alimentar la mística de la militancia cristinista, como cuando vuelve a poner sobre el tapete la ley de medios, aun cuando gran parte de sus disposiciones sean hoy letra muerta y resulte evidente que, lejos de la pluralidad de voces, no tiene para el Gobierno otro propósito que consolidar su propio proyecto de poder.ß