Scott S. Robinson CICC / CENTRO DE INVESTIGACIÓN DEL CONSUMO Y EL CONSUMIDOR www.alconsumidor.org www.uam-antropologia.info [email protected]

COMENTARIOS SOBRE ASPECTOS DE LA AMPLIACION DE SERVICIOS DE BANDA ANCHA PARA FACILITAR EL DESARROLLO Aprecio la invitación del CIDE para comentar las ponencias y discursos de esta mesa del evento. Participo en el Consejo de ALCONSUMIDOR, A.C. y estoy encabezando una incipiente iniciativa complementaria - el Centro de Investigación del Consumo y el Consumidor, en su proceso de despegue. He sido un activista "telecentrero", desde 1997 y responsable de una minúscula red de tres telecentros comunitarios en el norte del estado de Morelos (1999-2002). En mi disfraz como antropólogo académico en la UAM, observo y publico sobre aspectos del accidentado proceso de los últimos tres lustros, cuando se negociaron las reglas del novedoso y jugoso conjunto de negocios catalizados por medio de la continua evolución de las tecnologías digitales. Ha sido y será un proceso imparable – los cambios tecnológicos sostenidos y las negociaciones inevitables entre intereses diversos, privados y públicos en un mercado y un espacio público nacional. Las elites, públicas y privadas, hoy bien representadas aquí, confeccionaron una dizque agenda digital, de manera improvisada al principio, con arrancones periódicas clarificadoras desde entonces, y no muy inclusiva. Confesámoslo, de a tiro... Hubo exclusiones desde el inicio del lento despeque (1995+) de lo que llamo la "conectividad" -- o sea, la manera que la adquisición, aprendizaje, y uso eficaz de distintas herramientas digitales ha transformado las prácticas profesionales y la vida privada de todos nosotros -- y de millones más....pero no todos...como uds. bien saben. ¿Qué tenemos que hacer para rebasar el escenario actual donde hay un mosaico de conexiones, de terracería, dijo aquel, donde prevalecen arreglos oscuros entre unidades públicas y empresas proveedoras? Es evidene que la "conectividad" esta transformando diversos aspectos de la vida nacional. Se reconoce cómo la ampliación de la limitada conectividad con señales de banda ancha en el país puede multiplicar oportunidades para todos los ciudadanos. Pero estaríamos engañando a nosotros mismos, si no admitimos que no todos los ciudadanos tienen ni tendrán a mediano plazo acceso a la conectividad. Y supongo que esto es un punto de partida empírico en este evento y escenario de discursos. Nos impone un reto y tareas a futuro.

Puedo suponer que no pocos - también aquí hoy - constituyen una facción - muy discreta y privada, por cierto, de "LOS INDIGNADOS" -- inquietos sobre la terquedad de las circunstancias que impiden ampliar la "conectividad" (empleando el término como sinónimo de una conexión a la red con una anchura de banda respetable a precio justo). Por supuesto, hay que matizar esta supuesta "indignación". El mercado actual de la conectividad es reducido y protegido -- en la medida posible y de modo entendible -- por las empresas dominantes (de telefonía y televisión). Se entiende su lógica en la defensa de sus intereses. Pero la competitividad exitosa de algunos no debe sofocar o impedir la competitividad de la mayoría. Pero, al tiempo, las tres generaciones de costosos programas de inclusión digital del gobierno federal (eMéxico I, II y III) no han logrado establecer una red sólida y confiable de grupos de ciudadanos patrocinando, utilizando y manteniendo activamente a los centros comunitarios diversos creados con fondos fiscales. Hay miles de tales centros hoy regados por el territorio nacional (y su historia y funcionamiento merecen una evaluación por terceros). Es imperativo que cada telecentro o centro comunitario requiere de un patronato proactivo de usuarios y amigos del proyecto local para sobrevivir el arranque en su espacio comunitario y prosperar tras los años. Si no lo hay, entonces la inversión en equipos, señales y personal es a fondo perdido. Este hecho ha sido una lección amarga y costosa, aprendida a finales de los años 90 al interior de los muchos proyectos experimentales que abrieron telecentros comunitarios en muchos países del mundo y ofrecieron capacitación y control de los novedosos instrumentos digitales en ambientes tradicionales. Les sugiero que estamos llegando el final del capítulo sobre la expansión de servicios digitales en banda ancha sobre líneas fijas, acercándonos, quizás, al límite que la actual demanda popular (y su capacidad de pago) puede sostener. ¿Cuál es la elasticidad de la demanda en función del precio de paquetes de distintos servicios? Me imagino que esto sí es un tema estrategico entre varios interesados, y debe ser para nosotros también, porque la exclusión a la conectividad es un tema no menor, inherente y relevante al futuro del país. El perfil actual de la EXCLUSIÓN DIGITAL no refleja, necesariamente, una "falla del mercado"; más bien, creo yo, que los mercados actuales de la conectividad se han madurado, hasta haberse saturado, entre aquellos perfiles de ingresos que pueden pagar los servicios. Pero debemos admitir que la mayoría de la población no puede y no podrá costear la conectividad por un buen rato. Su opción es recibir noticias, diversión y a veces, mensajes educativos pertinentes vía la televisión abierta, pero no pueden interactuar con las fuentes de las mismas ni lograr que su voz sea escuchada. ¿Cómo se calcula el costo social de esta exclusión en las políticas públicas en materia digital?... ¿hoy y en un futuro cercano?

Puede haber una ilusión, entre algunos, quienes sueñan que la expansión dramática registrada en la telefonía móvil será acompañada, ALGÚN DÍA, con la conectividad móvil via tiliches (dongles) en compus portátiles, además de un aumento significativo en la venta de teléfonos inteligentes 3G/4G. No creo que esto sucederá a corto plazo (la actual inflación en precios de los alimentos y combustibles más el ambiente generalizado de inseguridad son procesos pertinentes, con una probable retroalimentación entre sí). Estos hechos -- incluyendo, por supuesto, el alto costo de la conectividad en el país – nos obligan a repensar el paradigma estratégico de las políticas públicas en pro de la inclusión digital en el país. Tengo que asumir que hoy compartimos este objetivo pendiente en el quehacer público. Entonces, ¿qué hacer? Hago una moción a la coordinación de este evento: incluir en las conclusiones de estas mesas una declaración que reconoce que la conectividad es hoy una herramienta básica para el trabajo, la producción, el aprendizaje y la vida social, cuyo empleo sin duda se intensificará en el futuro. Si lo ven prudente, se puede anotar la política oficial de Finlandia de declarar la conectividad como un derecho ciudadano fundamental. Sugiero concebir a la conectividad como un bien público, modificando de hecho nuestros enfoques y compromisos para lograr el objetivo de manera afín con los finlandeses y otros, aquí en casa, preocupados por las implicaciones diversas de los ochenta millones del México desconectado. Sostener que el acceso a la conectividad es un BIEN PÚBLICO y un DERECHO FUNDAMENTAL implica necesariamente reconocer un papel estratégico del ESTADO y, ¿porqué no?, hacerlo responsable de que tal derecho se haga realidad. Y ello conllevaría la responsabilidad urgente de no concentrar ni hacer artificialmente escasos los recursos públicos, tales como el espectro radioeléctrico y la red de fibra óptica de la CFE. Si el Estado no cambia su postura en estos dos aspectos estará reforzando el sistema de oligopolios y la exclusión digital. Lo mismo temo si en aras de reafirmar el duopolio televisivo se insiste en interpretar la multiprogramación en la tv digital como un derecho adquirido a través del multiplexzaje, evadiendo así la sentencia de la Suprema Corte de la Justicia. La multiprogramación como la ampliación de la banda ancha requieren nuevos protagonistas con nuevos valores y objetivos, negociados en foros más abiertos. El hecho nos obliga a comprometernos a diseñar una AGENDA DIGITAL INTEGRAL que involucra a todos los actores en el mercado, los entes oficiales responsables y el universo de los usuarios, algunos ausentes hoy. Es menester escuchar las propuestas de los dueños y operarios de cibercafés, por ejemplo, la espina dorsal de la conectividad popular hoy en México. Mi moción también propone que abramos un proceso de tertulia en el futuro cercano, ampliando y aclarando, en espacios menos solemnes que estos eventos de cúpula. Como ejemplo, se puede partir d la AGENDA CIUDADANA

que presentamos varias organizaciones sociales, entre ellos ALCONSUMIDOR y AMEDI, a tres comisionados de la COFETEL en agosto del año pasado, 2010. Es algo perfectible, fue coyuntural en su momento, pero es una plataforma digna para seguir en la tarea de confeccionar una política pública para ampliar el acceso y uso eficaz de un bien público, el acceso a la conectividad, con una estrategia que no excluye la inversión privada. Les sugiero que el temario prioritario es diseñar una política pública de largo plazo para lograr la conectividad de forma incluyente en espacios rurales y urbanos; tomando en cuenta los sectores de bajos ingresos y la disponibilidad de aplicaciones prioritarias relacionadas con la salud y la educación. Esto implica abrir una conversación amplia con un ánimo innovador en muchos niveles y con muchos actores, sobre el cómo, con quienes, con cuáles paquetes tecnológicos, sobre cuáles contenidos relevantes y cuáles modelos de participación de los micro empresarios en pueblos hoy marginados de la revolución digital en el espacio nacional. Implica, también, reconocer desde el inicio que habrá desacuerdos y, espero, que lo más viable es una solución híbrida entre el sector privado y el Estado. El mercado actual irá creciendo, a su ritmo, pero también hay obligaciones del Estado en pro de la inclusión digital cuyo modus operandi hay que replantear para invertir recursos públicos de una forma más eficaz a favor de la conectividad, vista como un bien público.