NOTA DE PRENSA  La Comisión Europea confirma que se le oculto el artículo del polémico Canon AEDE   •

Así lo confirma la respuesta a la pregunta planteada por los Europarlamentarios a la Comisión  

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Se  establece  que  esta  materia  es  competencia  de  la  Dirección  General  de  la  Sociedad  de  la  Información, Günther Oettinger su Comisario es quién responde 

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La  Comisión  señala  a  los  tribunales  nacionales  como  primera  instancia  para  dirimir  si  el  artículo 32.2 que genera el Canon AEDE es una “modificación significativa”  

  Madrid 26 de Febrero. Tras la aprobación por el Parlamento español de la Ley por la que se modifica la  Ley de Propiedad Intelectual, mediante la cual se introduce el llamado «canon de agregadores o Canon  AEDE» la Asociación de Usuarios interpuso una denuncia ante la Comisión por entender que los artículos  más significativos y controvertidos de esta reforma como el 32.2 no se habían comunicado tal y como  obliga la Directiva 98/34/CE.   El  pasado  mes  de  Diciembre  los  Eurodiputados  Javi  López  (@fjavilopez,  S&D),  Ernest  Maragall  (@ernestmaragall,  Verts/ALE),  Josep‐Maria  Terricabras  (@jmterricabras  ,Verts/ALE)  y  Ernest  Urtasun  (@ernesturtasun, Verts/ALE) plantearon, a través del abogado Josep Jover (@josepjover), del colectivo  ADVERTIA, a la Comisión Europea la siguiente pregunta en relación a la tramitación de la reforma de la  Ley de Propiedad Intelectual:     “¿Considera la Comisión que se le debe notificar el contenido del artículo 32, apartado 2, de la citada  Ley por el que se impone esa «tasa o canon»?”    La  respuesta  de  la  Comisión  (E‐010198/214),  comunicada  por  el  Comisario  Oettinger,  es  escueta  pero  contundente  ya  que  confirma  por  escrito  que  el  polémico  32.2  no  ha  sido  notificado,  puesto  que  se  introdujo  en  la  ley  después  de  haberse  notificado  y  por  tanto  no  estaba  en  el  texto  que  el  Gobierno  remitió a la UE, aclara que aún no ha llegado a una conclusión definitiva sobre la importancia de lo que  no  se  ha  notificado  y  nos  remite  a  presentar  la  correspondiente  demanda  ante  los  tribunales  nacionales para impedir su aplicación en virtud de esta falta de notificación que reconoce la respuesta.      En  opinión  de  Josep  Jover  “Estamos  ante  la  confirmación  de  lo  que  hemos  venido  denunciando  por  diferentes medios, que el Gobierno ha ocultado información a la Comisión y quizás esta sea una de las  razones por las que no se está trabajando en el reglamento de la Ley, pero queremos remarcar que este  asunto  en  Europa  está ya  bajo  la  competencia  de  la  DG  de  Sociedad de  la  Información,  encargada  de  desarrollar el mercado único digital, y contraria a este tipo de medidas”    “Desde  la  AUI  vamos  a  agotar  todas  las  vías  a  nuestro  alcance  para  impedir  que  esta  reforma,  que  consagra  tres  canones  (copia  privada,  agregadores  y  universidades)  pueda  aplicarse  y  lo  siguiente  es  preparar,  tal  y  como  señala  el  comisario,  una  demanda  ante  los  tribunales”  señalo  Pérez  Subías  (@miguelperezsubi), Presidente de la AUI    La Asociación de Usuarios de Internet es miembro activo de la plataforma todoscontraelcanon.org está  compuesta por 34 organizaciones. Desde su creación en contra del Canon Digital ha recogido 1.004.209  firmas  Individuales;  4.368  firmas  Colectivas  que  representan  a  1.162.815  ciudadanos  y  29  Ayuntamientos  que  representan  a  1.286.910  ciudadanos  que  aprobaron  su  oposición  al  mismo  en  Plenos municipales. 

 

Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-010198/2014 a la Comisión Artículo 130 del Reglamento Javi López (S&D), Ernest Maragall (Verts/ALE), Josep-Maria Terricabras (Verts/ALE) y Ernest Urtasun (Verts/ALE) Asunto:

Nueva legislación española sobre el canon de agregadores

El pasado 15 de octubre el Parlamento español aprobó la Ley por la que se modifica la Ley de Propiedad Intelectual, mediante la cual se introduce el llamado «canon de agregadores». Se trata de un canon irrenunciable de cobro por parte de los autores y a favor de una única entidad de gestión, que recaudará, aún con la voluntad en contra de los autores y productores, el canon por el material agregado. En virtud de esta tasa, los agregadores no tendrán que pedir autorización previa a los editores para agregar fragmentos de sus noticias, pero deberán pagar una compensación irrenunciable a una parte de dichos editores. En relación a este canon: 1.

¿Considera la Comisión que se le debe notificar el contenido del artículo 32, apartado 2, de la citada Ley por el que se impone esa «tasa o canon»?

2.

¿Entiende la Comisión que la Ley de Propiedad Intelectual española podría limitar en su actual redacción la libre circulación de servicios en el mercado interior y vulnerar el artículo 56 del TFUE y la Directiva de Servicios?

3.

¿Cree la Comisión que existe una posible incompatibilidad entre el artículo 32, apartado 2, de dicha Ley y la Directiva 2001/29/CE relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información?

ES E-010198/2014 Respuesta del Sr. Oettinger en nombre de la Comisión (24.2.2015)

1. El 10 de mayo de 2013 fue notificado, con el número de notificación 2013/244/E, un proyecto de la Ley española sobre derechos de autor. La Directiva 98/34/CE solo exige que un proyecto vuelva a ser notificado si se han introducido algunas modificaciones significativas. No se han presentado a la Comisión nuevas modificaciones del proyecto con arreglo al procedimiento previsto en la Directiva 98/34/CE, pero la Comisión no ha llegado a ninguna conclusión oficial sobre si las modificaciones debían ser objeto del procedimiento de notificación. Conviene señalar que los particulares tienen derecho a remitirse a la Directiva 98/34/CE en los tribunales nacionales y, en caso de que el tribunal entienda que una disposición entra en el ámbito de aplicación de la Directiva 98/34/CE y no ha sido notificada de conformidad con dicha Directiva, debe negarse a aplicar ese reglamento técnico. 2.-3. Sobre la base de la información de que dispone, la Comisión no puede concluir que la mencionada Ley pueda infringir el artículo 56 del TFUE y la Directiva sobre servicios, o ser incompatible con la Directiva 2001/29/CE. Mantendrá el seguimiento de su aplicación práctica a la luz de las disposiciones legales pertinentes.

1042678.ES

PE 544.876