8

|

POLÍTICA

| Jueves 6 de Junio de 2013

El testigo de boda de Fariña complicó a Pérez Gadín lavado. Declaró ante la Justicia que fue amenazado y pidió protección; dijo haber

comprado un campo en Uruguay que quedó en manos del contador de Báez Hernán Cappiello LA nACIon

Atemorizado porque fue amenazado de muerte, Maximiliano Acosta, testigo de casamiento de Karina Jelinek y el contador Leonardo Fariña, juró ante la Justicia que fue él quien firmó un boleto por la compra de un campo en Uruguay en 2012, por 14 millones de dólares, y que quien se quedó con la propiedad fue Daniel Pérez Gadín, contador del empresario Lázaro Báez. Acosta, un empresario de la noche, acudió con miedo a ver a la diputada Elisa Carrió (ARI), que ayer lo llevó a declarar a los tribunales federales de Comodoro Py, donde pidió protección para él y su familia. “Que ahora nadie lo toque”, dijo Carrió a la nacion. “Pérez Gadín es Lázaro Báez. Acosta no lo sabía cuando participó de la operación”, dijo la legisladora. Acosta compareció ante el fiscal Guillermo Marijuan, que envió su relato al juez federal Sebastián Casanello, quien investiga a Lázaro Báez, a sus hijos, a Pérez Gadín, al financista Federico Elaskar y al valijero Fariña por lavado de dinero. Acosta pasó inadvertido en el quinto piso de los tribunales federales. Según su declaración, a la que accedió la nacion, reveló que su amigo Maximiliano Goff le pidió que le presentara a Fariña gente en Uruguay y que lo ayudara con sus negocios en diciembre de 2010. Fariña se iba a Punta del Este y allí se encontró con Acosta el 5 de enero. Lo llevó a fiestas, bares y encontró lo que buscaba una noche en el bar Tequila, de La Barra, epicentro del jet set esteño. Allí, cerca de la caja, conoció a Walter Kobilanski Branda Huber, que le ofreció su campo de 150 hectáreas en José Ignacio, llamado El Entrevero. Lo valuó en 14,5

Acosta (izquierda), el día del casamiento de Jelinek y Fariña millones de dólares. La operación debía hacerse libre de toda comisión y en la escritura debía figurar el monto de la compra. Fariña se entusiasmó y con Acosta y Goff fueron al campo con un agrimensor. Imaginaron un desarrollo inmobiliario con un hotel de lujo sobre la costa y una franja de tierra al otro lado de la ruta. Lotes de 1000 metros cuadrados bañados por el mar y chacras de unos 5000 metros cuadrados. Allí, Goff dio el primer paso para la compra: adquirir la sociedad Traline, que presidió el propio Acosta. El primer acto de la sociedad es la firma del boleto de compraventa del cam-

po, por el que se pagaron entre 1,5 y 2 millones de dólares. Acosta no recordaba bien la cifra, aunque afirmó tener copia del boleto. no se entregó dinero en efectivo en la operación, sino que Kobilanski Branda Huber indicó cuándo y cómo debían hacerse las transferencias. Goff y el escribano Adolfo Pittaluga Shaw tomaron nota. Al comenzar las averiguaciones en la municipalidad de Maldonado para el emprendimiento, empezaron los problemas, porque surgieron costos que nadie quería pagar. Para esa época aparecieron en la zona dos personajes conocidos en esta historia: Carlos Molinari y su hi-

jo Matías. El padre figura como empleador de Fariña, y su hijo es íntimo del hijo de Báez y quien lo interesó en hacer negocios juntos. Los Molinari iban a ser los desarrolladores del proyecto, dijo Acosta, que dijo que nunca vio a Lázaro Báez ni a su hijo, ni los conoce. En ese momento, a fines del verano, Jelinek rompió con el empresario Tomás Costantini, hijo de Eduardo, dueño del Malba, y empezó a salir con Fariña. Acosta jura que no fue celestino de la pareja y dice que ese papel y el de testaferro de Fariña que le adjudican le ocasionó perjuicios económicos. Tan improvisado fue el casamien-

Báez recusó a la jueza del caso SGI María Gabriela Lanz lo había llamado a indagatoria por supuesta extorsión contra Elaskar El empresario kirchnerista Lázaro Báez recusó a la jueza de instrucción María Gabriela Lanz, que lo citó a prestar declaración indagatoria como sospechoso de haber extorsionado al financista Federico Elaskar para quedarse con su financiera SGI, conocida como “La Rosadita” de Puerto Madero. Ésta es la causa que está más adelantada y por eso es la que más preocupa a Báez por estas horas, a pesar de que en otro expediente paralelo que tramita en la justicia federal está siendo investigado por presunto lavado de dinero.

Báez basó su recusación en la presunta “falta de imparcialidad” de la jueza, ya que, según entiende el empresario, habría permitido la filtración de información pese a que el expediente está bajo “secreto de sumario”. Trascendió por la prensa durante el fin de semana que Lázaro Báez iba a ser llamado a prestar declaración indagatoria en la causa, aunque ese trámite aún no tiene fecha confirmada porque se están realizando medidas para reunir más evidencias en el caso. La recusación fue planteada por los abogados del empresario santacruceño, los jóvenes Gabriel Gandolfo y nicolás Guzmán, quienes reclamaron que la causa sea sometida nuevamente a sorteo para que la Cámara del Crimen porteña

designe a otro juez para intervenir en el expediente. “El pedido de recusación se fundamenta en la existencia de actos jurisdiccionales demostrativos de la pérdida de imparcialidad de parte de la jueza, con la consiguiente afectación de la garantía de Báez de ser juzgado por un tribunal imparcial”, indicaron allegados a Báez. El escrito cuestiona también la intervención del fiscal José María Campagnoli, principal impulsor del proceso en el que Báez aparece imputado por presuntamente haber presionado al financista Federico Elaskar para que se desprendiera de la firma SGI. “Ante varias insistencias se nos manifestó en el juzgado que se había ordenado el secreto de sumario en el expediente, por lo que resulta

llamativo que nos enteremos del avance de la causa por los medios de comunicación. Esto indica una filtración manifiestamente ilegal de información”, sostuvo la defensa de Báez. El empresario, que hizo una gran fortuna durante la última década gracias a los contratos de obra pública en el sur del país, podría ser considerado “coautor del delito de extorsión” en la causa donde está imputado el contador Daniel Pérez Gadín, sucesor de Elaskar en la financiera. En ese expediente aparece mencionado el abogado Jorge Chueco, interesado en la sociedad que compró el campo El Entrevero, en Uruguay, que se investiga si fue adquirido en medio de una maniobra de blanqueo de capitales.ß

to de Jelinek, contó Acosta, que Fariña, cuando compartía una reunión con él y un gerente de Volkswagen, les pidió sus DnI porque dijo que había conseguido fecha para la boda y debía decir en ese momento quiénes iban a ser los testigos, aun sin conocerlos. La alta exposición pública de la pareja hizo imposible el negocio y todo quedó en nada. Acosta les reclamaba a Fariña y a Goff la comisión que le habían prometido: 3% sobre la venta y 20.000 dólares por mes. no le pagaron y reclama el casi medio millón de dólares que, considera, le iba a cambiar la vida. Asustado, Acosta viajó a Montevideo, a la escribanía de Pittaluga Shaw, para renunciar a la presidencia de Traline. Pero el escribano se le adelantó: “Vinieron los auditores de Leonardo Fariña y lo destituyeron: Pérez Gadín y Jorge Chueco”. Eran el contador de Báez y el abogado vinculado con el despojo de la financiera SGI que denunció el financista Elaskar. Siempre según su declaración ante la Justicia, el escribano le pasó el celular de Pérez Gadín y Acosta lo llamó para reclamarle la plata. El contador lo cortó en seco. “Fariña te estafó, son unos faloperos que tienen el futuro comprado y si seguís jodiendo, vos también vas a tener la vida comprada.” –¿Es una amenaza? –Tomalo como quieras. Meses después recibió amenazas en su celular y en su casa que lo obligaron a mudarse a Uruguay. Dijo que estuvo en SGI y que conoció a Fabián Rossi, esposo de Ileana Calabró y quien armó sociedades panameñas para Báez, desde donde iba plata a Suiza. Como Acosta quería cobrar buscó encontrase con Fariña. La última charla, dijo, fue hace tres semanas, en el Mercedes-Benz con vidrios polarizados de Fariña, mientras estaba estacionado en San Martín de Tours y Cabello, en Barrio Parque. Fariña le prometió que le iba a pagar todo, aun lo que le debía Goff. Pero la calma le duró poco porque el propio Goff lo llamó y le dijo que para cobrar debía “alinearse” y contactar a Chueco y a Pérez Gadín, los hombres de Báez, que lo habían amenazado. Ayer pidió protección judicial para él y su familia, porque –dijo– las amenazas lo obligan a mudarse continuamente.ß

Rechazan un caso contra Carrió ^b^b^ El fiscal Carlos Stornelli pidió desestimar una denuncia por enriquecimiento ilícito contra la diputada Elisa Carrió, que anunció que presentará una demanda civil contra medios kirchneristas y pedirá que se la indemnice por “daño moral”. Stornelli consideró que la denuncia es infundada y que del análisis de declaraciones juradas y otros documentos no surgen elementos para sospechar de un enriquecimiento.

Investigan contratos en la feria Tecnópolis

stand. Dos funcionarios de Planificación habrían obtenido beneficios

Maia Jastreblansky LA nACIon

La Secretaría de obras Públicas, dependiente del Ministerio de Planificación, ordenó investigar presuntas irregularidades en la contratación de un stand de Tecnópolis, que involucra a funcionarios de su área. La medida se tomó luego de una investigación de la nacion, que publicó que una pareja de funcionarios de la cartera de Julio De Vido autorizó un presupuesto superior a los $ 13 millones para el pabellón de Vivienda en 2011 y que, luego, recibió parte de esos mismos fondos a través de su empresa de eventos, Multideas SRL. Los funcionarios sospechados son Ariel Santamaría, asesor de obras Públicas, y su mujer, Claudia Risolía, quien fue directora de ceremonial de la subsecretaria de Vivienda y que, paralelamente, figura como gerente de Multideas. El secretario José Francisco López solicitó ayer que su organismo se presente en la Justicia “a los efectos de que se investiguen los hechos que se detallan en el artículo periodístico”. “Asimismo, se ordenó la realización de un sumario administrativo a las personas mencionadas”, agregó en un comunicado oficial. La presunta maniobra incluyó la triangulación a través de un convenio con una universidad nacional, que funcionó como conducto del dinero. Para 2011, la Subsecretaría de Vivienda firmó un acuerdo con la Universidad nacional de San Martín (Unsam), por el cual se le transfirieron los fondos para que la casa de estudios organizara el pabellón en Tecnópolis. El presupuesto autorizado fue de $ 13.253.523. Según el texto del convenio, al que accedió la nacion, se conformó un “comité” integrado por representantes de ambas partes. Por la Unsam fue designado Carlos Greco, secretario de la universidad. Por la Subsecretaría de Vivienda, firmó Risolía: en calidad de representante del Ministerio de Planificación, autorizó el convenio que dio origen a la contratación de Multideas, su propia empresa. Según su página web, Multideas participó del stand de Vivienda en Tecnópolis también en 2012. “Hemos encarado distintas actividades. Las más atractivas fueron los shows, ya que se buscaron propuestas para todo tipo de públicos”, describe. El monto que embolsaron los funcionarios sigue en las sombras. En comunicación con este medio, desde la firma admitieron el trabajo en la feria, pero negaron irregularidades. Multideas no es una desconocida para Planificación. Según se observa en su portfolio, todos sus trabajos estuvieron vinculados con el área de De Vido. La empresa organizó Expovivienda en 2010, en Costa Salguero, y ese año coordinó el encuentro Minurvi, en el Hotel Sheraton de Pilar.ß