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economía

| Domingo 1º De Diciembre De 2013

opinión Faltan decisiones para un cambio más profundo columnista invitado Luis Secco

PARA LA NACION

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a estabilidad macroeconómica es una condición necesaria, pero no suficiente (no alcanza sólo con ella) para crecer en forma sostenida. Muchos años de ausencia de políticas razonables ponen una vez más en duda dicha estabilidad. Pero tener buena macro es sólo una parte de la ecuación del éxito económico. Hacen falta instituciones que permitan, en el marco de una macro ordenada, ser productivos y competitivos. La receta es conocida, pero la hemos ignorado. Y no sólo en estos últimos 10 años. La decadencia argentina es de larga data. Y mientras se abre un compás de espera optimista en la búsqueda de soluciones a los problemas macro que enfrentamos, y de los cuales me ocuparé más adelante, no quiero dejar de mencionar mi preocupación por algo tan importante o más que la misma macro. En las últimas semanas se han producido dos hechos trascendentales que conspiran

con la construcción de instituciones e incentivos favorables para un crecimiento sostenido de la productividad. El primero ha sido la declaración de constitucionalidad del artículo 161 de la llamada “ley de medios”. El segundo, el trámite acelerado con el cual el Senado de la Nación se apuró a darle media sanción al nuevo Código Civil y Comercial. Ambos tienen un punto de contacto en cuanto al tratamiento que hacen del derecho de propiedad: se trata ahora de un derecho que puede ser relativizado en pos de otros derechos difusos que hacen al interés colectivo o al bien común. Si a esto le sumamos la emergencia económica permanente, estamos frente a un cóctel que compromete la fortaleza de un valor clave del capitalismo, como es la propiedad privada. Así no será fácil despegar en materia de inversiones. Y por lo tanto, estaremos poniéndole un límite innecesario al crecimiento. Hay que ocuparse urgentemente de restablecer la estabilidad macro, pero no hay que empeñarse en seguir deteriorando una calidad institucional que ya está bastante comprometida. Dicho esto, volvamos a las urgencias macro. Argentina enfrenta hoy tres problemas

macroeconómicos básicos que la han puesto en un sendero de incertidumbre creciente: la inflación, generada por el déficit fiscal y su financiamiento monetario; la restricción de divisas, o el hecho de que los dólares (flujo) que se generan no alcanzan para todos los usos que demandan los argentinos; y, por último y no menos importante, una estructura de precios internos totalmente distorsionada. Estos tres problemas están claramente interrelacionados, y no pueden resolverse por separado. Los dólares son escasos, y los pesos abundantes, porque el Tesoro financia su déficit y pagos externos a través del balance del BCRA. Y el déficit fiscal es generado por un gasto público excedido en subsidios compensatorios e impuestos ineficientes, que tienen como contrapartida precios relativos internos distorsionados. Si la apuesta del Gobierno fuese la de resolver los problemas de fondo, debería ya mismo y antes de que sea demasiado tarde, comenzar por la contención del gasto público (y del déficit fiscal) y por la corrección de los precios relativos internos. Y recién entonces se podría definir un régimen cambiario con chance de tener éxito. La situación

fiscal puede comenzar a corregirse aplicando un freno a la tasa de expansión del gasto público, lo cual permitiría reducir el déficit fiscal y su financiamiento inflacionario. Al mismo tiempo, deberían corregirse los precios más atrasados de la economía (energía y transporte) de forma tal que la reducción del ritmo de crecimiento del gasto y del déficit fiscal resulte posible. También habría que ir desarmando la maraña de regulaciones que traban la actividad real y financiera (cepo a las exportaciones, a las importaciones y a la compra de divisas). Por último, habría que seguir mejorando las relaciones de la Argentina con el mundo (lo de Repsol es un paso enorme en este sentido, pero hacen falta otros más). Avanzar en estos frentes se traduciría en más exportaciones, financiamiento e inversiones externas, y menos pesos excedentes, todo lo cual tornaría menos angustiante la situación cambiaria. Pero no sólo eso, al reducirse la probabilidad de una crisis macro, mejorarían las expectativas y el clima de negocios, lo que conduciría a una mejora de la actividad real, hoy condenada, con suerte, a un crecimiento mediocre. Esta recuperación del nivel de actividad es clave

para diluir los “costos del ajuste”. Permitiría aumentar la recaudación, no ya sobre la base de la inflación; y permitiría generar condiciones para que puedan aumentar el empleo y los salarios reales, haciendo paulatinamente menos traumático el ajuste de precios relativos. Los cambios en el gabinete nacional, la hiperactividad del nuevo jefe de Gabinete, cierto cambio en las formas y en el discurso, y el principio de acuerdo para terminar el episodio Repsol, despiertan cierto entusiasmo. Se ve por primera vez en muchos años algún intento en la dirección correcta. Ahora bien, harán falta decisiones más profundas para que el horizonte económico quede libre de eventuales turbulencias. Dejar las cosas como están o más o menos parecidas no es una decisión libre de riesgos y no está exenta de “costos”. Costos incluso mayores que los que habría que enfrentar si se intentara resolver los problemas de fondo. Lamentablemente, tantos años de negación de la macro y malas políticas económicas no podrán borrarse como si nada hubiera pasado.ß El autor es economista, director y editor de Perspectiv@s Económicas

Realismo por necesidad y urgencia al margen de la semana Néstor O. Scibona PARA LA NACION

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n las escasas dos semanas transcurridas desde que la presidenta Cristina Kirchner delegó el monopolio de los micrófonos en la dupla Jorge Capitanich-Axel Kicillof, resulta difícil determinar qué entiende ahora por “profundizar el modelo”. Una primera aproximación indica que consistiría en un necesario baño de realismo para atacar (aun sin reconocerlos explícitamente) los problemas más urgentes como la escasez de divisas y dejar el dogmatismo del relato oficial para otras cuestiones no menos relevantes como la alta inflación, para la cual sigue sin definirse el rumbo al haberse optado por aplicar medidas aisladas y parches en lugar de un plan integral y coordinado. Esta dualidad desconcierta a propios y extraños. Aunque la hiperactividad de ambos funcionarios le permitió al oficialismo recuperar la iniciativa política tras la derrota electoral, supone todo un problema para la militancia cristinista. En especial, para los periodistas y medios dedicados fervorosamente a amplificar el relato, que hoy deben defender con el mismo énfasis lo que hasta hace poco no dudaban en cuestionar. Los problemas más urgentes son frenar la vertiginosa caída de reservas del Banco Central, que ya supera los 12.000 millones de dólares en 2013 y reducir la brecha cambiaria, una de sus principales causas. Aquí hay acciones múltiples y en varios frentes. El principio de acuerdo logrado a nivel de gobiernos para indemnizar a Repsol por la expropiación de la mayoría accionaria en YPF es el último y más resonante giro oficial hacia el neorrealismo económico, promovido desde hace meses por el pragmático CEO de la empresa reestatizada, Miguel Galuccio. Significa reconocer tardíamente que, si no se desactivaran las demandas judiciales cruzadas entre ambas compañías, YPF seguiría casi sin acceso al crédito externo ni a socios que aporten capitales para desarrollar Vaca Muerta. Ésta es quizá la mejor oportunidad que se le presenta a la Argentina para producir un salto de inversiones en hidrocarburos no convencionales en el mediano y largo plazo, ya que es considerado el segundo reservorio en importancia del mundo por sus recursos gasíferos y el cuarto por los petro-

leros. Pero, pese a este potencial, YPF sólo logró cerrar hasta ahora un hermético y acotado contrato a medida con la estadounidense Chevron. Aun así, el directorio de Repsol condiciona ahora el acuerdo a que se garantice que los “activos líquidos” ofrecidos por el gobierno de CFK, equivalgan efectivamente a los 5000 millones de dólares que recibirá como compensación en títulos argentinos, ya que su valor nominal tendrá una tasa de descuento cuando decida transformarlos en liquidez. La contratación del Deutsche Bank como banco asesor apunta, precisamente, a diseñar la ingeniería financiera de la operación. Y agregará una demora extra a este proceso que lleva ya casi 20 meses, durante los cuales el gobierno de CFK –a pesar de las afirmaciones de Capitanich– nunca realizó la tasación de los activos como lo establecía la ley de expropiación. Hasta el propio Kicillof debió bajar el tono de confrontación con la petrolera española (acaba de admitir que “era imposible no indemnizarla, porque sería ilegal”) y olvidar su vieja amenaza de demandarla por supuestos pasivos ambientales. En última instancia, la deuda pública que finalmente se contraiga recaerá sobre futuros gobiernos. La urgencia de CFK por cerrar rápidamente este acuerdo tiene además otros motivos inmediatos. No sólo porque YPF prevé obtener financiamiento externo por 300 millones de dólares y además incorporar como socio a la mexicana Pemex (que tuvo un activo rol en el acuerdo) apenas se cierren los litigios judiciales. O porque hay media docena de petroleras en lista de espera forzosa para hacer pie en Vaca Muerta, a cambio de inversiones iniciales relativamente modestas, pero con la expectativa de lograr mejores condiciones para aumentarlas en el futuro.

También el cierre de este capítulo será presentado como una suerte de “certificado de buena conducta” para reactivar la paralizada renegociación de la deuda en default con el Club de París. O sea, otro acreedor que CFK omitió mencionar cuando afirmó que la Argentina era un “pagador serial” y sostenía el discurso del desendeudamiento en moneda extranjera, que ahora decidió archivar para reemplazarlo por el intento de colocar deuda en mercados externos para aliviar las reservas del BCRA. Todo esto, sin embargo, llevará tiempo. Salvo los préstamos de corto plazo (swaps) que se negocian con otros bancos centrales, al igual que adelantos de financiación de proyectos de infraestructura ya comprometida por otros países (China, Rusia, Brasil), con avales estatales argentinos. Mientras tanto, el equipo económico busca acortar el drenaje de di-

visas y la brecha cambiaria con una mezcla de heterodoxia y ortodoxia en minicuotas. Por un lado, la elevación de impuestos internos a la venta de automotores de alta gama es una suerte de maxidevaluación por vía fiscal para aumentar los precios (antes de impuestos) entre 79% y 106%, según la alícuota diferencial que se aplique (sin contar los altos costos de patentamiento) y desalentar importaciones directas por unos 800 millones de dólares. Por otro, el BCRA aceleró en noviembre las minidevaluaciones del tipo de cambio oficial (a una tasa anualizada de 40%), que, de mantenerse, llevará el dólar a 6,40 pesos a fin de este mes y a no menos de 8 pesos a fin de 2014. También activó la venta de bonos dolarizados y la suba de tasas para contener la cotización del dólar “contado con liqui”, hacer retroceder el paralelo a $ 9,58 y cerrar el mes con una brecha cambiaria de 55%. Sin embargo, el problema no es cuánto sube el dólar oficial o baja el paralelo, sino cómo evoluciona la inflación, que volvió a desaparecer de los discursos oficiales. Al mejor estilo Moreno, el ministro de Economía se ocupó de negar su existencia, con el argumento de que no aumentan todos los precios (ya que las tarifas de energía están congeladas). Si hubiera precisado cuántos precios suben y cuánto lo hacen, su argumento no tendría ningún asidero. Por lo pronto, el dólar oficial subió 26,5% en los últimos doce meses (por primera vez en línea con la verdadera inflación anual) y si bien casi no permite recuperar el deterioro previo del tipo de cambio real, incrementa los costos de las importaciones, entre ellas, la de energía (y consecuentemente los subsidios). Otro tanto ocurre con los precios de los combustibles (ajustados entre 25 y 30% en el mismo período), que si bien elevan la recaudación tributaria (dos terceras partes son impuestos) también lo hacen con los costos de producción y transporte. La negación oficial de la inflación hace dudar del propósito de sincerar la inflación con el futuro índice de precios nacional (IPN) del Indec, que a su vez es una condición para normalizar la relación con el FMI e intentar acceder al crédito externo. También crea la incógnita sobre si el remanido acuerdo de precios y salarios que se intentará por enésima vez no será más que un número teórico para que el indicador tenga un debut decoroso a comienzos de 2014, a costa de reeditar el conflicto entre el neorrealismo y el relato.ß [email protected]

Las ciudades y su rol en el desarrollo sostenible perspectiva global Jeffrey D. Sachs PARA LA NACION

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NUEVA YORK

acloban (Filipinas) acaba de entrar en la lista cada vez mayor de ciudades –incluidas Nueva Orleans, Bangkok, Moscú, Nueva York, Pekín, Río de Janeiro y Puerto Príncipe, por nombrar algunas– azotadas en los últimos años por catástrofes climáticas. Muchas de las mayores ciudades del mundo, construidas en riberas marinas y fluviales, afrontan la amenaza del aumento del nivel del mar y la intensificación de las tormentas. Así, pues, el nuevo programa de desarrollo mundial que ahora se está formulando debe capacitar a las ciudades para que contribuyan a encabezar la marcha hacia el desarrollo sostenible en el siglo XXI. La importancia de las ciudades en la economía mundial actual carece de precedentes. Hasta la Revolución Industrial,

la historia humana era abrumadoramente rural. Sólo el 10% de las personas vivía en ciudades. Hoy, el porcentaje de habitantes de ciudades asciende al 53%, aproximadamente, y es probable que aumente hasta el 67% de aquí a 2050. Como los ingresos por habitante son mayores en las zonas urbanas que en las rurales, se calcula que las ciudades concentran más del 80% de la renta mundial. Alrededor de la mitad corresponde a las 600 más grandes. En los próximos decenios, la mayoría de los nuevos puestos de trabajo creados corresponderán a ciudades, con lo que ofrecerán medios de vida a centenares de millones de jóvenes. Además, las ciudades son los centros de innovación para las políticas públicas. Los alcaldes son quienes deben proporcionar agua potable, recolección de basura, viviendas seguras, infraestructuras, suburbios mejorados, protección contra desastres y servicios de emergencia. No es de extrañar que, mientras que los gobiernos nacionales quedan con frecuencia paralizados por

partidismos, las administraciones urbanas fomenten la adopción de medidas y la innovación. En los Estados Unidos, por ejemplo, Martin O’Malley, ex alcalde de Baltimore y hoy gobernador muy popular de Maryland, encabezó el uso de los sistemas de información avanzados para la gestión urbana. El alcalde saliente de Nueva York, Michael Bloomberg, trabajó incansablemente para aplicar un nuevo plan de sostenibilidad (llamado PlaNYC). Y el alcalde entrante de esa ciudad, Bill de Blasio, abandera un audaz programa de innovaciones educativas para reducir diferencias en ingresos, riqueza y oportunidades. El desarrollo sostenible ofrece una nueva concepción de la economía mundial en el siglo XXI. En lugar de centrarse exclusivamente en los ingresos, el desarrollo sostenible alienta a las ciudades, los países y el mundo a centrar la atención simultáneamente en tres objetivos: la prosperidad económica, la eliminación de la exclusión social y la sostenibilidad en el plano medioambiental.

La prosperidad económica no requiere explicación. La eliminación de la exclusión social significa que todos los miembros de la sociedad deben tener los mismos derechos y oportunidades para beneficiarse de la prosperidad en alza. Y la sostenibilidad medioambiental significa que debemos reorientar nuestras economías y tecnologías para prestar servicios básicos, como agua potable y saneamiento, luchar contra el cambio climático y proteger la diversidad biológica. Las ciudades tienen las mejores oportunidades para aplicar soluciones. Como asentamientos de gran densidad y productividad, pueden brindar un acceso mayor a los servicios de todo tipo. El gran imperativo es darlos en forma sostenible y no excluyente. Una parte importante de la solución se deberá a tecnologías avanzadas, incluidos los sistemas de información y la ciencia de materiales. La revolución de la información y las comunicaciones ha engendrado la idea de la “ciudad inteligente”, que sitúa las tecnologías pertinentes en el núcleo de los sistemas que recogen y utilizan la in-

formación: edificios y redes eléctricas y de transporte inteligentes. Los avances en la ciencia de materiales brindan la posibilidad de viviendas y edificios comerciales mucho más eficientes. La tecnología será sólo una parte de la historia. Se debe mejorar la gestión, brindar un papel mayor a las comunidades más marginadas y permitir una coordinación más eficaz en áreas que abarcan a varias ciudades. Los gobiernos del mundo negocian hoy los objetivos de desarrollo sostenible, que guiarán el programa de desarrollo mundial de 2015 a 2030. En una reunión celebrada el 25 de septiembre, la Asamblea General de las Naciones Unidas acordó que la adopción de los objetivos se haría en una cumbre mundial en septiembre de 2015. En los dos próximos años se seleccionarán las prioridades. Las ciudades estarán en la vanguardia de la lucha en pro del desarrollo sostenible.ß © Project Syndicate, 2013 El autor es profesor y director del Instituto de la Tierra de la Universidad de Columbia