BUENOS AIRES | 17
| Sábado 11 de mayo de 2013
Conflicto en La Matanza por una obra paralizada
piquete. Obreros que trabajan en la construcción de un
hipermercado cortaron la ruta 3 por un reclamo salarial Valeria Musse
COrrESPONSALíA LA PLATA
LA PLATA.– Durante las primeras horas de ayer, un grupo de gremialistas de la construcción mantuvo cortada la ruta nacional N° 3 a la altura del kilómetro 21, en La Matanza, para reclamar el pago de salarios adeudados y el mantenimiento de la fuente de trabajo. Días atrás, 400 trabajadores fueron despedidos de la obra que lleva adelante la empresa Coto, luego de que la municipalidad local clausurara el emprendimiento “por no tener los planos actualizados”. El proyecto para la construcción de un hipermercado en la localidad de Isidro Casanova, justo frente al lugar donde se realizó la medida de fuerza, data de fines de los 90. Tras ser interrumpida, volvió a retomarse hace alrededor de seis meses, contó a la nacion el secretario general de Unión Obrera de la Construcción (Uocra) en ese distrito, Heraldo Cayuqueo. Sin embargo, la edificación volvió a quedar paralizada y 400 empleados fueron despedidos el 15 de abril último. Según el sindicalista, la muni-
cipalidad de La Matanza, a cargo de Fernando Espinoza, clausuró la obra que llevaba adelante la empresa Coto “por problemas de seguridad e higiene”. Pero fuentes de la comuna negaron esa versión a la nacion y argumentaron que la compañía “no presentó los planos actualizados”. “La municipalidad, cuando la empresa Gepal SA [la constructora] retomó la obra del hipermercado que estuvo paralizada más de diez años, le informó que su permiso había caducado y que debía solicitar uno nuevo para reanudar la obra, acatando los términos de la ordenanza 10.908 del año 2000. Ante la negativa de la empresa, la municipalidad se vio en la obligación de paralizar la obra”, se agregó a través de un comunicado. Voceros de Coto consultados por la nacion dijeron que la empresa no iba a opinar sobre el conflicto. Los trabajadores dicen que no quieren quedar en medio de la puja entre la empresa y el gobierno local. “Somos rehenes de una disputa política. La municipalidad dice que no estaban dadas las condiciones para seguir, pero Coto responde que tiene todo en
regla”, dijo Cayuqueo. Tras recibir el telegrama de despido, la mayoría de los trabajadores cobró los sueldos adeudados, pero 120 de ellos no lo percibieron. Esta omisión que le corresponde a la contratista, sumada a la pérdida de la fuente de trabajo, provocó la reacción de los sindicalistas locales de la Uocra, que solicitaron una respuesta al reclamo ante el Ministerio de Trabajo. Ayer, los obreros permanecieron algunas horas cortando el tránsito vehicular en la rN N° 3 con el fin de hacer visible el reclamo y luego repitieron la medida en la rotonda de San Justo. “Hubo un magistrado del Juzgado Correccional N° 4 de La Matanza que el 14 de abril dijo que no hacía lugar a la suspensión de la obra y que se debía seguir con el trabajo, pero la municipalidad no habilita la continuidad. Por eso seguimos en estado de alerta”, agregó Cayuqueo, que advirtió que las medidas de fuerza podrían recrudecer el lunes próximo si no hay avances para retomar el trabajo. Por estas horas el predio donde quedará emplazado el hipermercado es custodiado por efectivos policiales.ß
Visto bueno judicial al Metrobus
transporte. Confirman que la obra en la 9 de Julio puede continuar Una nueva resolución judicial convalida el avance de la obra del Metrobus sobre la avenida 9 de Julio. Ayer, la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo confirmó el levantamiento de la medida cautelar que había frenado los trabajos. La cautelar ya había sido revocada por el juez de primera instancia, pero los demandantes –Facundo Di Filippo y Marcos Zelaya– apelaron la decisión del magistrado.
En su fallo, que fue notificado ayer a la Procuración General porteña, los camaristas Horacio Corti y Gabriela Seijas consideraron que “no se advierte una ilegalidad manifiesta de la obra proyectada que justifique ordenar su suspensión”. Por eso, dijeron, “ante la falta de acreditación de la verosimilitud del derecho, y teniendo en cuenta el interés público comprometido en la regular ejecución de un proyecto dirigido a mejorar el tránsito
vehicular, el peligro debe ser juzgado con cuidado, debido a que frente a la urgencia por suspender se advierte la necesidad por concluir una obra prima facie regular”. En los considerandos de la resolución, la Sala III opinó que el gobierno porteño tiene potestad para definir los recorridos de los buses rápidos y que no parece ilegítimo que lo haga sin acuerdo de la Legislatura, como reclamaban los demandantes.ß
