1er. Cuatrimestre 2009 Práctica Universitaria - Sociedad El legislador porteño y economista de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), Martín Hourest, presentó un proyecto de ley en el que denunció la transferencia de $170 millones para higiene urbana en el período que va de 2005 a 2008, por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a las cinco empresas de recolección de residuos CLIBA, AESA, URBASUR, NÍTIDA e INTEGRA. Estas compañías habían resultado ganadoras de una licitación pública pero, según el Informe Final de Auditoría Ente de Higiene Urbana, fechado en agosto de 2008, los contratos provenientes de aquel concurso vencieron, aunque aún así, las entidades encargadas de la limpieza continuaron con sus actividades mediante negociaciones con las autoridades porteñas. Sin embargo, y a pesar de los altos costos del impuesto ABL (alumbrado, barrido y limpieza) pagado por los ciudadanos, el servicio prestado era cada vez más deficiente para algunos barrios de la ciudad, principalmente los de las zonas ubicadas al sur y al oeste de la Capital Federal, hecho que dio motivos a Hourest y algunos colegas para iniciar la investigación. De modo entonces que el dinero destinado a la defectuosa higiene urbana era excesivo, mientras que otros ámbitos importantes de la sociedad fueron descuidados, tal como expresó el legislador porteño: “el monto es superior al total presupuestado para el ejercicio 2009 para la Dirección General de la Niñez y Adolescencia, o para cualquier hospital general de agudos de la ciudad. Además, representa el 70% del presupuesto 2009 para construcciones y obras de infraestructura en escuelas”. Para realizar el informe, Hourest se valió de los datos presentes en los estados contables de INTEGRA, a los que pudo acceder y percibir así la posesión de ganancias extraordinarias por parte de la empresa y, además, descubrir la inexistencia de la reglamentación por parte del Ente de Higiene Urbana.

Pero el objetivo de Hourest y sus colegas era que el ministro de Ambiente y Espacio Público, Juan Pablo Piccardo, se presentara ante la Legislatura antes de los diez días de presentado el informe, con el fin de explicar la situación denunciada y garantizar el cumplimiento de la ley, para que se destine el presupuesto equitativamente a todos los servicios públicos, y los ciudadanos obtengan aquello por lo que pagan sus impuestos.