Informe de The Economist Intelligence Unit

Un camino hacia la paz a través de la inclusión

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El acuerdo de paz alcanzado a finales del año pasado entre el gobierno y el grupo paramilitar FARC ofrece a Colombia una oportunidad histórica para mejorar el nivel de vida de toda su población. Se estima que el conflicto de más de medio siglo costó unas 220.000 vidas y llevó a más de 5 millones de personas a huir de sus hogares, con graves consecuencias para la prosperidad del país, en especial en las zonas rurales donde se concentraba la violencia. El acuerdo hace del crecimiento económico un “dividendo de la paz” cuyos beneficios alcanzarían a todos los colombianos, no solo a los que viven en las grandes ciudades. Se trata de una posibilidad real, y también una condición necesaria para lograr que el acuerdo tenga éxito en la práctica. Lograr este dividendo de la paz requerirá políticas adecuadas, así como la colaboración activa de todos los grupos de la sociedad colombiana, desde los grupos comunitarios y las organizaciones benéficas hasta el sector privado. Fomentar un crecimiento inclusivo conlleva acciones como crear empleos en zonas con elevados niveles de desempleo y pobreza, empoderar a las mujeres, reducir la corrupción e introducir el Estado de derecho en una economía previamente informal. Tales acciones son un reto incluso en los mejores tiempos, y lo serán más aún en lugares que llevan mucho tiempo sumidos en el conflicto y desconectados de la economía formal. Algunos comentaristas en Colombia sostienen que implementar el acuerdo de paz podría resultar más difícil de lo que fue negociarlo. Esto no solo se debe a que el mismo no cuenta con el pleno apoyo del electorado; tras la derrota por un estre-

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cho margen de una versión anterior en un referéndum realizado en octubre del año pasado, parece seguro que el proceso de paz será un tema clave en las elecciones presidenciales de 2018. Además, el fin de un periodo de rápido crecimiento económico impulsado por las materias primas ha debilitado las finanzas del gobierno en un momento en el que se espera que invierta grandes sumas para cumplir la promesa de la paz. En los más de 50 años de conflicto interno de Colombia, se han alcanzado docenas de acuerdos de paz en todo el mundo entre gobiernos y grupos armados sumidos en guerras civiles. Sin embargo, con demasiada frecuencia el fracaso de estos acuerdos a la hora de brindar una prosperidad inclusiva ha llevado a la desilusión con el acuerdo de paz, y en algunos casos la reanudación de la violencia. Para ver cómo pueden salir mal las cosas, los colombianos solo tienen que mirar hacia el norte, a El Salvador, que actualmente celebra el 25 aniversario de su propio acuerdo de paz en medio de elevadas tasas de corrupción, delincuencia violenta, desigualdad y pobreza. En este informe, The Economist Intelligence Unit evalúa los desafíos que enfrenta Colombia en el contexto de otros países que han salido del conflicto interno, a fin de identificar estrategias eficaces y señalar posibles obstáculos a evitar para desarrollar una economía pacífica e inclusiva. Nos centramos particularmente en la mejor manera de involucrar al sector privado, incluidas las empresas de todos los tamaños, los inversores (en especial aquellos comprometidos con generar impactos sociales) y los filántropos.

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Los desafíos de la consolidación de la paz Al tiempo que comienza a implementarse el acuerdo de paz, la economía colombiana presenta las condiciones más duras que haya debido enfrentar en muchos años. Tras un largo periodo de fuerte crecimiento, diversos factores externos como el aparente fin de un largo auge de las materias primas y un marcado aumento del dólar han contribuido a ralentizar la tasa de crecimiento del PIB de un promedio de más del 4% anual durante 2001–15 (y una cifra récord del 8% anualizado en el primer trimestre de 2007) al 2% en 2016. A medida que se ha ralentizado el crecimiento, el déficit presupuestario del gobierno ha aumentado drásticamente al 4% del PIB en 2016, frente a un 2,4% dos años antes. Estas condiciones distan mucho de ser una base idónea para lo que debería constituir una expansión significativa del Estado colombiano a fin de cumplir los términos del acuerdo de paz. Se estima que, en una época, las FARC controlaban un tercio del territorio colombiano. Si bien esto se ha reducido a lo largo de los años, sigue habiendo partes sustanciales del país que han estado fuera del alcance del Estado, pero que ahora deberán quedar sometidas al Estado de derecho. Esta reintegración supondrá cuantiosos gastos para las arcas públicas, desde el financi-

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amiento de los organismos encargados de hacer cumplir la ley hasta la construcción de carreteras y otros tipos de infraestructura esencial. Según algunas estimaciones, el gasto adicional del gobierno que se necesitaría para implementar el acuerdo alcanzaría los $44 mil millones a lo largo de la próxima década. Es posible que se ahorren algunos costos, al menos en el mediano plazo, como resultado de la reducción del gasto militar a medida que se va afianzando la paz; y las FARC han acordado entregar activos sustanciales obtenidos ilegalmente. No obstante, cuánto de ello se materializará aún está por verse. Otros desafíos incluyen desmovilizar y reintegrar a los miembros de las FARC, en lo cual el gobierno cuenta con un historial relativamente positivo; expulsar al narcotráfico, del cual las FARC tradicionalmente han controlado alrededor del 60% o más; y crear numerosos empleos en áreas en las que la falta de oportunidades económicas dignas ha llevado a muchos al crimen organizado y la rebelión violenta. Los millones de personas desplazadas de sus hogares necesitarán una solución satisfactoria, y para evitar suscitar un sentimiento de injusticia, lo mismo valdrá para quienes nunca formaron parte de las FARC.

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Lecciones de otros lugares Colombia enfrenta desafíos únicos que son resultado de su historia particular. Pero las diversas oportunidades y dificultades que se le presentan tienen sus equivalentes en otros países que han llevado a cabo procesos significativos de consolidación de la paz y de desarrollo inclusivo tras importantes conflictos internos. Hay varias lecciones que aprender de ellos, entre otras cosas acerca de la importancia de brindar un crecimiento económico inclusivo para sostener otros aspectos del proceso de paz. La evidencia demuestra claramente que el crecimiento económico en los países en situación de postconflicto reduce el riesgo de que se reanude el conflicto armado, según un relevamiento

“Las empresas pueden desempeñar un papel crucial por su capacidad de crear compromiso de manera transversal, cruzando las líneas tradicionales de demarcación ideológica” John Paul Lederach, profesor de consolidación de la paz internacional, Universidad de Notre Dame

de la bibliografía realizada por The Portland Trust, una organización sin fines de lucro que apoya la consolidación de la paz entre los israelíes y los palestinos mediante el desarrollo del sector privado. El crecimiento estimula la creación de empleo, lo cual disminuye los resentimientos y hace que el conflicto armado resulte menos atractivo para los potenciales rebeldes. La legitimidad de los gobiernos en países en situación de postconflicto está estrechamente ligada al desempeño económico del país. El Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame ha elaborado una base de datos de los 34 acuerdos de paz más completos alcanzados entre 1989 y 2012 para poner fin a conflictos internos. El análisis de esta “matriz de acuerdos de paz”, que hace un seguimiento de la implementación de unas 51 disposiciones a lo largo de los diez años posteriores a cada acuerdo, ha generado varias conclusiones relevantes para Colombia. El acuerdo colombiano, de más de 300 páginas, es inusualmente detallado y completo, pero es fundamental que gran parte de lo acordado se implemente lo más rápidamente posible, afirma John Paul Lederach, profesor de consolidación de

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la paz internacional de la Universidad de Notre Dame. Aquellos acuerdos alcanzados en otros lugares que en diez años habían implementado más del 60% de lo requerido tendían a ser bien vistos y a haber evitado recaer en la violencia; las tasas de implementación más bajas estaban asociadas con resultados menos positivos. En particular, en el primer año, aproximadamente, deben verse claros avances en materia de control de armas y seguridad. Idealmente, se abordarán también las causas subyacentes del conflicto y se verán mejoras socioeconómicas y cambios políticos que transmitan a la sociedad en general y al sector privado seguridad en base a la estabilización de la situación en materia de justicia asociada al acceso y la participación. Aparte de su poder financiero, “las empresas pueden desempeñar un papel crucial por su capacidad de crear compromiso de manera transversal, cruzando las líneas tradicionales de demarcación ideológica”, añade el profesor Lederach. Y si bien el gobierno nacional y los gobiernos locales son responsables de construir carreteras y demás infraestructura, las empresas pueden aportar experiencia en logística y otros conocimientos para conectar a los productores en las partes más afectadas del país con los principales mercados. Las empresas desempeñaron un papel fundamental en Irlanda del Norte, donde la Confederación de la Industria Británica mantuvo una actitud extremadamente optimista hacia las oportunidades generadas por el acuerdo de paz. De manera semejante, en Sudáfrica, pese a los desafíos persistentes, el gobierno empujó a las empresas a mejorar rápidamente el número, las condiciones y estatus de los trabajadores negros. Ruanda ha ido creciendo de manera rápida y bastante inclusiva, ayudando al país a mantener su esfuerzo por consolidar la paz, a pesar de que su desempeño en materia de derechos humanos y libertad de prensa sigue siendo pobre. Como ejemplo contrario, el Sudán Meridional, rico en petróleo, estaba bien situado para experimentar un rápido crecimiento económico tras lograr su independencia, pero un breve período de paz dio paso a una guerra civil hasta que los inversores y las empresas reunieron confianza suficiente para comprometerse de forma significativa.

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Estrategias para Colombia Como demuestran varios acuerdos de paz similares firmados en otros países, la prioridad para Colombia debería ser avanzar rápidamente en la implementación de lo acordado, haciendo especial hincapié en demostrar avances en materia de seguridad: desarmar a las FARC y establecer el Estado de derecho en zonas previamente controladas por las FARC. También sería prudente, dado el riesgo político de que el proceso de paz se perciba como demasiado amigable con las FARC, poner en marcha de inmediato el proceso de verdad y reconciliación. Luego de esto, la siguiente prioridad debería ser estimular el desarrollo económico, especialmente en las áreas más afectadas por las actividades de las FARC, mediante la participación de las empresas. El acuerdo de paz contempla que gran parte de esta participación se lleve a cabo junto con grupos comunitarios y gobiernos locales en varias colaboraciones regionales. Se han puesto en marcha varias iniciativas para la acción empresarial colectiva, como el Consejo Empresarial por una Paz Sostenible. Se debe apoyar estas iniciativas siempre que sea posible, y se las debe alentar a pasar de las palabras a los hechos. Crear incentivos fiscales para invertir en ciertas partes del país también podría ayudar, como también lo harían las asociaciones entre los sectores público y privado que transfieren parte del riesgo al gobierno. Algunas agencias multilaterales como el BID, que están dispuestas a apoyar el proceso de paz en Colombia, también pueden desempeñar un papel útil en este sentido. Existen ejemplos alentadores de empresas que han desempeñado un papel positivo en generar crecimiento inclusivo en algunas de las principales ciudades de Colombia, las cuales han experimentado una suerte de renacimiento en los últimos años. Medellín, por ejemplo, se ha transformado de una famosa capital del narcotráfico en una floreciente metrópolis, con la tercera puntuación más alta de todas las ciudades colombianas en el Índice de Progreso Social. Un urbanismo de carácter social ha ayudado a unir zonas antes aisladas y deprimidas al resto de la ciudad, y según

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Aldo Cívico, experto en resolución de conflictos de la Universidad de Columbia en Nueva York, algunas empresas como EPM (Empresas Públicas de Medellín), la compañía de suministro eléctrico local, han jugado un papel fundamental. Hay importantes reservas de materias primas en zonas que han estado controladas por las FARC; algunas de ellas se han visto afectadas por la minería ilegal. Con la infraestructura adecuada, como carreteras, estas zonas podrían ser una valiosa fuente de empleo y crecimiento—aunque para que dicho crecimiento sea realmente inclusivo, las carreteras que se construyan para conectar las minas deberían pasar por las comunidades actualmente aisladas, en lugar de ignorarlas como a menudo ocurría en el pasado. Gran parte del área que controlaban las FARC es esencialmente informal, se encuentra aún fuera del dominio de la ley, cuenta con escasas empresas importantes y depende de la agricultura de subsistencia. Esto con frecuencia significa que se cultiva coca para el narcotráfico, de lo cual las FARC obtuvieron enormes ganancias. Existen grandes oportunidades para desarrollar el sector agrícola en estas áreas, pero esto requeriría convencer a los agricultores de que se cambien a cultivos legales como el del cacao, ayudarles a crear empresas, e integrarlos en cadenas de distribución que los conecten con los principales mercados de Colombia y el extranjero. Es probable que este proceso sea largo, pero podría verse acelerado si las grandes empresas se comprometen a firmar acuerdos de compra a largo plazo con cooperativas agrícolas. El gobierno colombiano ha estado considerando crear asociaciones entre los sectores público y privado para desarrollar estas economías rurales, lo cual podría ser útil. Sin embargo, la industria está en una etapa tan temprana de desarrollo en muchas de estas áreas que lo que requiere es un trabajo minucioso en torno al desarrollo de capacidades, una tarea que suelen respaldar mejor las empresas sociales, la filantropía y los inversores de impacto que los gobiernos o las grandes empresas.

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En busca de impacto Varias fundaciones filantrópicas pertenecientes a las familias más grandes de Colombia ya han apoyado actividades dirigidas a generar crecimiento inclusivo. Esto incluye trabajar con el pequeño pero creciente sector de inversión de impacto del país, que apunta a generar beneficios y al mismo tiempo lograr un objetivo social o ambiental. En Colombia, los inversores de impacto están explorando oportunidades para respaldar a empresas en áreas como el desarrollo rural, proporcionando servicios básicos en entornos ur-

“Las empresas están dispuestas a contribuir al proceso de consolidación de la paz, pero están esperando a que el gobierno presente una visión clara”. María Victoria Llorente, directora ejecutiva, FIP

banos y reduciendo el desempleo juvenil. Según Sebastian Welisiejko, ex economista jefe de The Portland Trust que actualmente trabaja con el Global Steering Group for Impact Investment (GSG), producir mejores resultados en estas y otras áreas sociales aumentaría significativamente el nivel de estabilidad, brindando a Colombia una oportunidad histórica para convertirse en pionera de la inversión de impacto como una forma de apoyar la consolidación de la paz duradera en una situación de postconflicto. Un ejemplo de lo que se necesita es lo que hizo la inversora de impacto internacional Acumen en 2016 en asociación con USAID, la agencia estadounidense de ayuda al desarrollo: se invirtieron $1,5 millones en Cacao de Colombia, una empresa que produce y comercializa chocolate de calidad superior cultivado por agricultores en zonas afectadas por el conflicto. Esta fue una primera inversión de su iniciativa conjunta de $4 millones, el Fondo de Inversión para la Paz. También se están poniendo en marcha proyectos piloto de bonos de impacto social, que recompensan a los inversores solo si las actividades que financian logran resultados sociales previamente acordados. La Fundación Corona, junto con el BID, el gobierno suizo, el Departamento para la Prosperi-

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dad Social de Colombia, la Fundación Mario Santo Domingo y la Fundación Bolívar Davivienda han estado trabajando en uno de tales proyectos para mejorar la inserción laboral de las personas vulnerables, incluidas algunas desplazadas por el conflicto. Si los resultados iniciales son positivos, existe la posibilidad de que el programa se expanda rápidamente. Hallar la forma de movilizar bastante más dinero para respaldar iniciativas similares es un desafío urgente. Una mayor voluntad por parte de las fundaciones de asumir el riesgo de la “primera pérdida” en las inversiones de impacto sin duda ayudaría a hacerlas más atractivas para los grandes inversores. El Sr. Uribe ha afirmado que, a medida que maduran, las fundaciones de Colombia se están centrando cada vez más en fijarse metas y en hacer un seguimiento riguroso de su avance hacia ellas, lo cual podría ser crucial a la hora de identificar qué funciona para poder expandirlo. Un mayor interés en la inversión de impacto por parte de los fondos de pensiones de Colombia, que han comenzado incursionar en el sector, también ayudaría. Sin embargo, por ahora, pese a todas las palabras alentadoras y las potenciales oportunidades, el sector privado aún no está plenamente comprometido con la agenda de consolidación de la paz. “Las empresas están dispuestas a contribuir al proceso de consolidación de la paz, pero están esperando a que el gobierno presente una visión clara”, dice María Victoria Llorente, directora ejecutiva de la FIP (Fundación Ideas para la Paz), un comité de expertos con sede en Bogotá. Las empresas están poniendo el freno debido a la “sensación de que hay muchas incertidumbres en torno a la política, la seguridad y la provisión de bienes públicos”, añade. La posibilidad de que el acuerdo de paz se vea perjudicado por la próxima campaña presidencial es especialmente preocupante. Un rápido avance en todos estos frentes incrementaría enormemente la voluntad de las empresas de desempeñar su papel en la consolidación de la paz a través del crecimiento inclusivo.

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