POSICIONAMIENTO LA REFORMA DEL ESTADO

La reforma del Estado debe ser entendida como un proceso amplio de revisión y transformación de las reglas formales e informales del sistema político, con el objetivo final de reforzar las capacidades de gobierno del régimen democrático. De acuerdo con una idea muy socorrida entre los estudiosos de las transiciones democráticas, éstas implican dos momentos fundamentales: el del desmantelamiento de los fundamentos políticos, económicos y sociales del régimen autoritario y el de la instauración, es decir, el establecimiento de nuevas reglas del juego.

La revisión y puesta al día de la arquitectura institucional en que se inscribe la acción política responde precisamente al imperativo de la instauración. Su gran objetivo es el de favorecer la gobernabilidad, así como el reforzamiento de la legitimidad del propio orden político, a través de la representatividad de quienes detentan responsabilidades en los diferentes órganos del Estado o de mecanismos favorecedores de la rendición de cuentas y del empoderamiento ciudadano.

En conformidad con esta premisa, Diálogo México propone: •

Favorecer la construcción de mayorías, a través de la adopción de la figura de Jefe de Gabinete como enlace entre Ejecutivo y Legislativo y sustentado en la conformación de una coalición de gobierno. La propuesta presidencial de una segunda vuelta con diferimiento de la elección de legisladores, sería una medida complementaria, siempre y cuando implicase la conformación de una coalición.

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Dotar al Ejecutivo de mayores atributos legales, tales como la iniciativa preferente y la reconducción presupuestal; en contrapartida, se propone institucionalizar un ámbito de evaluación y deliberación sobre las políticas públicas y la reubicación de las facultades jurisdiccionales del Ejecutivo en el Poder Judicial.

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Reducir el número de diputados plurinominales de 200 a 100 y en eliminar los senadores de representación proporcional. Asimismo, reinstaurar la reelección consecutiva de legisladores y en limitarla a un máximo.

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Impulsar un nuevo federalismo sustentado en una nueva convención hacendaria que defina reglas claras para la transferencia de los fondos federales y que, en paralelo, someta a los estados y a los municipios a la racionalidad de 1 Mariano Escobedo N° 510 3er piso, Col Anzures C.P. 11590 México D.F. Tel. 52620270 Fax. 52620271

la eficiencia, de la homologación de prácticas contables y presupuestales, de la transparencia y, en suma de la rendición de cuentas. Sobre esta base será factible conferir a estados y municipios la capacidad para definir, en sus propios términos, sus estrategias de desarrollo económico y social. •

Reforzar los mecanismos de participación ciudadana y de rendición de cuentas, sobre todo a través de la reelección consecutiva de alcaldes y legisladores y de la figura de la iniciativa ciudadana. Adicionalmente, facilitar la participación ciudadana al Congreso, bajo mecanismos de candidatos externos y a las presidencias municipales, así como reconocer constitucionalmente y bajo reglas precisas las figuras de plebiscito y referendo.

Más allá de la arquitectura del sistema político, existe una dimensión de la reforma del Estado que fundamentalmente se refiere a la ampliación de las capacidades directivas del aparato gubernamental. Para que el Estado mexicano esté en condiciones de garantizar a los agentes económicos y sociales un entorno propicio para el desarrollo de sus actividades, Diálogo México propone: •

Profundizar y perfeccionar los avances ya registrados en ámbitos como el servicio civil de carrera, la transparencia y rendición de cuentas, así como en un marco regulatorio racional, que no inhiba la iniciativa de los actores particulares, pero que al mismo tiempo sea garante del interés público y autónomo frente a los entes regulados. Dichos avances deben pasar del nivel federal al nivel de los estados y municipios.

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Construir un auténtico Estado de derecho. Ello implica: el reconocimiento constitucional de un compromiso pleno del Estado con la salvaguarda de los derechos fundamentales, así como, en segundo lugar, con la provisión de dosis mínimas de seguridad jurídica, personal y patrimonial. En relación con este último punto, debe culminar el proceso actualmente en curso de transformación de nuestro modelo de justicia, dar trámite legislativo a la propuesta presidencial de otorgar a la Suprema Corte facultades de iniciativa en los temas de su competencia y la aprobación, por parte de la Cámara de Diputados, de las recientes reformas acordadas por el Senado en materia de amparo.

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Asegurar la viabilidad fiscal del Estado mediante una reforma integral de la hacienda pública, orientada a garantizar la seguridad jurídica del contribuyente, a simplificar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, a ampliar el universo de contribuyentes y a transparentar y hacer más eficiente el ejercicio del gasto. En un segundo momento, se debe evolucionar hacia un modelo recaudatorio basado en la reducción del ISR aplicable a las actividades productivas, a la eliminación de los regímenes de excepción, a gravar el

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consumo y a desarrollar un esquema de compensación que, a su vez, sea el punto de partida de un esquema de seguridad social con cobertura universal. •

Acotar los poderes fácticos mediante la adopción de reformas en materia educativa, laboral, energética, de telecomunicaciones y de competencia, así como, en congruencia con propuestas previas de Diálogo México, a través de la construcción de un espacio institucional de concertación entre los actores políticos, económicos y sociales de los objetivos y las líneas estratégicas de las políticas de Estado.

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