Política
Página 6/LA NACION
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Martes 25 de marzo de 2008
Derechos humanos: a 32 años del último golpe militar
En el predio de la ESMA, se organizó una celebración interreligiosa
En Morón, Sabatella organizó un partido de fútbol en Mansión Seré
Eduardo Luis Duhalde, Estela de Carlotto y Victoria Donda FOTOS DE DYN
Piden acelerar los juicios a represores En actos multitudinarios, sectores opositores y oficialistas cuestionaron la lentitud de los procesos; críticas y elogios al Gobierno
De las 800 causas, sólo 22 llegaron a juicio oral
Por Gabriel Sued De la Redacción de LA NACION El aceleramiento de los juicios contra los represores de la última dictadura y la aparición con vida del testigo Jorge Julio López fueron los reclamos principales de organismos de derechos humanos, que, junto con sectores oficialistas y opositores, encabezaron ayer dos marchas multitudinarias a la Plaza de Mayo, en conmemoración del 32° aniversario del golpe militar de 1976. El acto oficial se hizo a la mañana, en el Museo de la Memoria, que funciona en el predio donde estaba la ESMA. Fue una celebración interreligiosa que contó con la notable ausencia de la presidenta Cristina Kirchner, Allí, el secretario de Derechos Humanos, Luis Eduardo Duhalde, sostuvo que eran “justas” las críticas de los organismos de derechos humanos sobre la lentitud de los procesos judiciales. “Las quejas son justas. Se han perdido casi 30 años y ahora lo que tenemos que hacer todos es buscar los caminos para contribuir a que se aceleren los juicios”, dijo. El funcionario fue el único representante del Gobierno en el homenaje, que organizó la secretaría que él dirige. La actitud de Cristina Kirchner, que pasó el día en su residencia de El Calafate, despertó críticas en la marcha organizada por sectores opositores, pero fue justificada por los dirigentes que participaron de la celebración en el Museo de la Memoria y en la movilización oficialista a la Plaza de Mayo. “La ausencia la interpreto como un recuperarse para que el país vuelva a ser digno”, dijo la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. La dirigente consideró que el gobierno de Néstor Kirchner era el que más había hecho para luchar contra la impunidad de los crímenes de la dictadura. La celebración interreligiosa la encabezaron el párroco Domingo Bresci, el obispo metodista Aldo Echegoyen y el rabino Daniel Goldman. En el acto, estaban también los principales organismos de derechos humanos (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Abuelas de Plaza de Mayo y la agrupación Hijos) y militantes de grupos políticos afines al Gobierno, como Compromiso K, el Partido de la Victoria y el Movimiento Barrios de Pie. Ese mismo sector encabezó a las 14, un acto en la Plaza de Mayo, del que participaron unas 10.000 personas. Sin críticas al Gobierno, se culpó a la Justicia por la lentitud de las causas y se reclamó la aparición de López, el albañil que desapareció hace un año y medio, tras testificar en un juicio sobre violaciones a los derechos humanos. Dos representantes de Hijos leyeron un documento en el que exigieron “cárcel común y perpetua a los genocidas, y apertura de los archivos de las Fuerzas Armadas”. Un grupo continuó la conmemoración con un “escrache”, en la Plaza San Martín, frente al domicilio del primer ministro de Economía de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz. En el mismo momento en que los
Hay 300 militares que están detenidos
La Plaza de Mayo fue escenario de dos movilizaciones en conmemoración del golpe de 1976 EFE
militantes oficialistas abandonaban la plaza, a las 17, en el Congreso arrancaba la mayor movilización del día, que agrupó a unas 40.000 personas. La convocaron los organismos de derechos humanos, partidos de izquierda, grupos piqueteros, organizaciones sociales y movimientos estudiantiles, agrupados en el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia.
Críticas al Gobierno Aunque coincidieron en reclamar mayor celeridad en los juicios contra los represores y la aparición de López, en esta marcha apuntaron contra la Casa Rosada. “El Gobierno debió asumir su responsabilidad política para conseguir la aparición del testigo, buscar a los responsables de su secuestro y de todas las agresiones, amenazas y secuestros posteriores en la policía bonaerense, en los organismos represivos y en la derecha fascista”, dijo desde el escenario la locutora encargada de
Reconocimiento ■ El embajador argentino en España, Carlos Bettini, condecoró con la Orden del Libertador General San Martín a tres españoles por la solidaridad manifestada durante los años de la última dictadura militar. El reconocimiento fue entregado a Joaquín Ruiz Giménez Cortés, Gregorio Peces Barba y Juan José Rodríguez Ugarte por la ayuda brindada a los perseguidos y exiliados políticos durante el régimen militar.
leer el documento, que firmaron 409 organizaciones. Cuando la cabecera de la marcha ingresó a la Plaza de Mayo, a las 17.45, la columna de manifestantes llegaba hasta el Congreso. “No a la impunidad de ayer y de hoy. Basta de represión a los que luchan”, decía una gran bandera, que sostenían los dirigentes que caminaban al frente. “Cada año que pasa resulta más insoportable la impunidad”, dijo a LA NACION la ex diputada Patricia Walsh. A su lado, Miriam Bregman, de Justicia Ya, criticó la ausencia de la Presidenta en los actos. “Cristina Kirchner va abandonando lo que fue el discurso central del gobierno de su marido. Queda claro el doble discurso”, dijo. Los actos conmemorativos no se circunscribieron a la Capital. En el interior, gobiernos locales, organismos de derechos humanos y partidos de izquierda organizaron homenajes en las plazas de las principales ciudades del país, en los que no se registraron hechos de violencia. En Morón, por ejemplo, el municipio que encabeza Martín Sabatella organizó un partido de fútbol protagonizado por actores, deportistas y sobrevivientes de la dictadura militar de la década del ‘70, en un complejo deportivo donde funcionó la Mansión Seré, un centro clandestino de detención. En Mendoza, organismos de derechos humanos colocaron en la Casa de Gobierno una placa en memoria de los 200 desaparecidos ,que tuvo la provincia, y reclamaron la renuncia del subsecretario de Seguridad, Carlos Rico, a quien acusan de haber participado de la represión ilegal.
En España reclamaron que no extraditen al marino Cavallo Lo pidieron familiares de las víctimas que residen en Madrid MADRID (De nuestra corresponsal).– Abogados y representantes de víctimas de la represión reclamaron ayer al gobierno socialista español que “paralice” la inminente extradición a la Argentina del marino Ricardo Miguel Cavallo porque –dijeron–, en la Argentina, contrariamente a lo que se proclama, “no hay ningún interés por juzgarlo”. En conferencia de prensa especialmente convocada para hacer el anuncio, los abogados Carlos Slepoy, José Luis Galán y Juan Puig pusieron en duda un eventual proceso judicial al marino en nuestro país. “Durante ocho años las autoridades argentinas conocieron el proceso que se seguía en su contra en
España y nunca tuvieron interés en juzgarlo”, dijeron. Los abogados explicaron que si “ahora” la Argentina reclama el retorno del marino eso se debe a que “fueron conminadas” por el juez de la Audiencia Nacional Alfonso Guevara. El magistrado Guevara es responsable del eventual juicio oral que habría tenido aquí el expediente de instrucción realizado por Baltasar Garzón de no haber mediado el pedido de extradición firmado por el gobierno argentino, al que accedió el gobierno español. Pero mientras abogados y víctimas protestan el proceso de extradición de Cavallo sigue adelante en el plano diplomático. Por caso, el juez Fernando
Andreu, responsable de su retorno a la Argentina, firmó la comunicación a Interpol para que comience el proceso de repatriación y que el marino abandone la cárcel en la que se encuentra detenido preso desde hace cinco años. Cavallo está acusado de haber integrado los llamados “grupos de tareas” que actuaron en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y de la desaparición de 227 personas durante la dictadura militar. Está en prisión provisional desde hace 8 años, luego de haber sido capturado en México, país desde el que fue extraditado a España y desde el que, según avaló el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, será enviado a la Argentina. Dentro de muy poco.
La Presidenta no fue a ningún acto y se quedó en El Calafate El Gobierno dice que se abrió “otra etapa” Por Mariana Verón De la Redacción de LA NACION En su primer 24 de Marzo como presidenta, Cristina Kirchner optó por no participar y ni siquiera organizar de manera institucional, acto alguno para conmemorar lo que su marido y ex presidente instituyó como feriado nacional por la memoria. El matrimonio presidencial permaneció ayer hasta la tarde en El Calafate, en la casa de descanso que ambos tienen en la villa turística patagónica, en un total hermetismo. Tampoco los Kirchner se acercaron a la ceremonia de recuerdo del golpe militar de 1976 que se realizó en Río Gallegos ayer al mediodía, y no hubo recordación en El Calafate. Por la noche, la Presidenta viajó para Buenos Aires. Este es el primer aniversario del golpe militar que los Kirchner pasan fuera de Buenos Aires desde que el ex presidente declaró el día feriado inamovible, hace dos años, y que generó una fuerte polémica. En la Casa Rosada sostienen que la gestión pasada tuvo una fuerte presencia en la lucha por la memoria, y destacan que con el nuevo gobierno se abrió “otra etapa”. Fuentes oficiales dijeron a LA NACION que Cristina Kirchner ya no tiene la necesidad de insistir en esa lucha, que, advierten, sigue siendo un tema que la Presidenta reivindica siempre. No obstante, en el Gobierno consideran que esa etapa ya se cumplió. Desde la Secretaría de Derechos Humanos, que dirige Eduardo Luis Duhalde, argumentaron que la “decisión presidencial de no hacer un acto central por el 24 de Marzo se debió al objetivo de alentar la realización de actos múltiples en todo el país”, según transmitió a LA NACION el funcionario. Ayer, durante la ceremonia interreligiosa que la Secretaría organizó en la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), Duhalde expresó que Cristina había dado “instrucciones precisas para que el Estado no monopolizara” el Día de la Memoria. “El Estado de ninguna manera estuvo ausente. Por ello, desde la Presidencia de la Nación se organizaron las
actividades interreligiosas y la proyección de la película que narra la vida de Victoria Donda”, expresó el funcionario en declaraciones a la prensa. No obstante, a la ausencia de Cristina Kirchner ayer en el acto realizado en la ESMA se sumó también la del resto de su gabinete, que habitualmente ha asistido otros años. Cuando Néstor Kirchner decidió establecer el 24 de Marzo como feriado nacional, fue duramente cuestionado por generar así un fin de semana largo más al año. No sólo levantó la voz la oposición, sino que varios organismos de derechos humanos afines al Gobierno se sumaron a las críticas. Fue el caso de Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH). El ex presidente, entonces, se defendió. “Cuando pensamos en el feriado, no fue para hacer un picnic”, dijo, y para aplacar los ánimos estableció en el proyecto de ley que mandó al Congreso que fuera inamovible. Pero la ausencia de la Presidenta, ayer, quedó unida al fin de semana de descanso que decidió pasar en el Sur desde el miércoles pasado, en coincidencia con la Semana Santa.
Fuerte importancia Desde que llegó al poder, el kirchnerismo le dio a la fecha una fuerte importancia. La primera, en 2004, fue quizá la mayor demostración cuando Kirchner dispuso transformar la ESMA en Museo de la Memoria y encabezó un acto en el Colegio Militar, de donde retiró los retratos de los ex presidentes de facto Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone. Al año siguiente no tuvo ninguna actividad, pero en 2006 propuso el feriado nacional y organizó un acto nuevamente en El Palomar ante los jefes de las Fuerzas Armadas, en el que pidió la anulación de los indultos firmados por el ex presidente Carlos Menem. El año pasado, eligió recordar el golpe militar desde el centro clandestino de detención La Perla, en Córdoba, desde donde volvió a reclamar a la Justicia por la demora en las causas contra los represores.
Las causas por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura están enredadas en procesos que parecen eternos: sólo 22 de los 800 expedientes abiertos en todo el país llegaron a juicio oral. En tanto, hay 380 acusados que están procesados; 300 de ellos, detenidos, según datos de la Procuración General de la Nación, el organismo que reúne a los fiscales de todo el país. Condenados, sólo hay diez. La ley establece un límite a las prisiones preventivas y establece que no pueden durar más de tres años. Sin embargo, en muchas de las causas contra ex militares este plazo no se respeta. El motivo, una vez más, son las demoras en las causas. Las defensas protestaron y el tema llegó a la Corte Suprema, que avaló que los acusados siguieran presos. Sostuvo que el límite de tres años no es de aplicación automática, sino que debe evaluarse según sus circunstancias particulares. De acuerdo con el diagnóstico de la Justicia, los motivos de la lentitud son variados: jueces que se van y no encuentran reemplazante, investigaciones gigantescas que se acumulan en un mismo tribunal, etapas preparatorias que se prolongan sin razón, y recusaciones y excusaciones que suceden durante meses. Consciente de todo esto, hace 20 días el jefe de los fiscales dictó una resolución en la que, a la vez que responsabilizó a los jueces por las demoras, les ordenó a los fiscales tomar todas las medidas necesarias para apurar la elevación de esos expedientes a juicio oral. Les pidió, puntualmente, que promovieran la elevación en todos los casos con procesamientos firmes, aun cuando quedaran recursos por resolver en la Cámara de Casación o en la Corte. Las 22 causas que están en la etapa de juicio investigan a 45 acusados por presuntos crímenes contra 619 personas, informó la agencia Télam. Además, hay otros 14 expedientes en los que ya se solicitó la elevación al tribunal que deberá juzgarlos.
La Corte El máximo tribunal también decidió tomar medidas. En simultáneo con la instrucción de Righi, anunció que estaba analizando varias alternativas para dinamizar los procesos, entre ellas tratar de concentrar las causas en algunos tribunales y dialogar con los jueces que tienen a su cargo los expedientes. Fue una respuesta al reclamo de la presidenta Cristina Kirchner, que en su último discurso ante el Congreso hizo responsable a la Corte por las trabas de estos trámites. Las dos causas más grandes en materia de derechos humanos se tramitan en la ciudad de Buenos Aires. Son la que investigan los delitos cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y la abierta por los crímenes en la órbita del I Cuerpo de Ejército. El año pasado, la Procuración había elaborado un informe que elevó a la Corte que analizaba el porqué de las demoras y alertaba que podría producirse un cuello de botella con las dos megacausas, porque un solo tribunal oral, el número 5, debe juzgar a todos los acusados de estos gigantescos expedientes. El informe sostuvo que, “de no modificarse los criterios de asignación de trabajo”, muchos hechos que están cerca del juicio oral formarán parte de “la larga cola hacia el juicio que se viene construyendo” en el tribunal oral 5. Por el momento, nada cambió.
