8

|

POLÍTICA

| Martes 18 de febrero de 2014

Investigarán a Echegaray por violar el secreto fiscal con opositores

Otra causa. El titular de la AFIP quedó imputado en un caso en el que se lo denunció por haber revelado información impositiva de políticos; presentan una acusación por enriquecimiento

Paz Rodríguez Niell LA NACIoN

La Justicia abrió una nueva causa penal para investigar al jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray, acusado de haber violado el secreto fiscal en perjuicio de políticos opositores y de haber tomado “represalias” contra el cineasta Eliseo Subiela por sus críticas al Gobierno. El fiscal federal Jorge Di Lello presentó ayer un requerimiento de instrucción en el juzgado de Sebastián Ramos. Este documento es el paso necesario para dar inicio a cualquier causa penal. En él, el fiscal identificó como imputados (sujetos a investigar) a Echegaray; al subdirector general de Coordinación Técnico Institucional de la AFIP, Guillermo Michel, y a las “otras personas que puedan encontrarse vinculadas” con los hechos que se investigan. Di Lello le pidió además a Ramos que ordenara una serie de medidas de prueba. La denuncia que dio origen a la causa la había presentado el diputado Manuel Garrido (UCR) el mes pasado, después de una conferencia de prensa en la que Echegaray hizo pública información sobre la situación impositiva de varios dirigentes políticos. Lo hizo para defenderse de otra acusación en su contra, la que sostenía que su viaje a Brasil de diciembre pasado había sido pagado por un grupo de empresarios (hasta ahora, esta causa no prosperó en la Justicia). Echegaray se refirió entonces, durante su conferencia, a un grupo de políticos y sus situaciones fiscales sin nombrarlos, pero con referencias que, al menos en algunos casos, fueron inequívocas. En su requerimiento de ayer, Di Lello sostiene que se trataría de Fernando Solanas, Elisa Carrió, Mauricio Macri y Sergio Massa. Incluye también la posible referencia a un oficialista, Daniel Scioli. Di Lello y Ramos recibieron además una denuncia por enriquecimiento ilícito que fue presentada

El frente judicial del recaudador Echegaray acumula varias causas en los tribunales

Los casos Ciccone El fiscal Di Lello pidió la indagatoria de Echegaray por su intervención en el salvataje de la imprenta Ciccone. Según el juez, en cambio, Echegaray es testigo en ese caso Viaje a Río Este año, Echegaray fue denunciado por sus vacaciones en Brasil, ante la sospecha de que el viaje lo habían pagado empresarios que lo acompañaban Enriquecimiento En paralelo con el caso por violación de secretos, Echegaray fue denunciado por enriquecimiento ilícito. El fiscal todavía no impulsó esa investigación; quiere confirmar primero que no exista otra causa anterior contra el recaudador por este delito

contra Echegaray por un abogado particular. En ese expediente, Di Lello todavía no presentó su requerimiento de instrucción. Ayer pidió, como medidas previas a decidir si impulsará esa investigación, que el denunciante ratifique su presentación y que se corrobore que no exista otra causa anterior contra Echegaray por enriquecimiento ilícito. El requerimiento de ayer por la supuesta violación del secreto fiscal

relata además el “caso Subiela”. El motivo de esta parte de la investigación –sostiene Di Lello– es una entrevista de Echegaray con C5N “en la que habría revelado información tributaria” de Subiela, después de que el cineasta hizo declaraciones “referidas a las dificultades que tuvo en adquirir divisa extranjera para la realización de viajes de trabajo a la ciudad de Lima, Perú, y a Montreal, Canadá”.

Echegaray dijo que Subiela había declarado ingresos mucho más bajos que lo que consumía y lo vinculó con supuestas sociedades fantasma. La AFIP promovió además una denuncia penal contra Subiela, que fue desestimada por un juez. La copia de ese fallo es una de las medidas de prueba que ayer pidió el fiscal. Solicitó también la nómina completa del personal de la Dirección de Investigación Financiera y un organigrama detallado de las dependencias que integran la AFIP. En cuanto a la parte de este expediente referida al supuesto avance contra adversarios, el fiscal sostuvo que “de los dichos del administrador se habría logrado identificar a dirigentes políticos, por ejemplo: Fernando «Pino» Solanas, como el «candidato a presidente que está en duda si lo pasó en Brasil o en La Pedrera (Uruguay)»”. También afirmó que “Elisa Carrió habría sido otra de las apuntadas cuando se refiere a «la señora que dice ‘voy a ser candidato a presidente’ y se pasa todo el verano en Punta del Este» y puso en Twitter que no es bueno que Echegaray compre dólares”. Por último, el fiscal escribió: “Además en su discurso [Echegaray] incluyó en la lista de los que «pagan menos» que él siendo candidatos millonarios, refiriéndose a Mauricio Macri, y los que «viajan en helicóptero», que muchos entendieron que se refería a Sergio Massa y Daniel Scioli”. Di Lello citó como fuente de estas afirmaciones la nota publicada por el diario Clarín el día posterior a la conferencia. Como conclusión, el fiscal afirma que la divulgación de los datos de Subiela y la referencia a los antecedentes fiscales de los funcionarios aludidos por Echegaray “serían acciones coordinadas por este grupo especial de investigación a cargo del señor Michel para presionar a quienes se manifiestan en discordancia con alguna política del Gobierno”. Ayer, Ramos estudiaba el escrito de Di Lello para decidir si ordena las primeras medidas en esta causa.ß

Avanza una causa por enriquecimiento ilícito contra Manzur

tucumán. A pedido del fiscal, el juez federal Bejas pidió datos de empresas en San Juan José Ignacio Sbrocco PARA LA NACIoN

SAN MIGUEL DE TUCUMAN.– El fin del receso judicial llegó con malas noticias para el ministro de Salud de la Nación, Juan Manzur. El juez federal Daniel Bejas, que investiga al funcionario por presunto enriquecimiento ilícito, pidió detalles de empresas y sus accionistas para ver si se relacionan con él. Antes de la feria judicial de enero, el fiscal federal Carlos Brito había solicitado nuevas medidas de prueba en la causa que se le sigue al funcionario nacional por sus bienes y el juez Bejas hizo lugar, según la copia de la decisión judicial que obtuvo la nacion. El juez requirió información al Registro Público de Comercio de San Juan sobre las firmas Mercoplas SA, Grupo Baio, San Juan de Ullum y Tío Yamil SA. El magistrado también hizo lugar al pedido de Brito de solicitar a la oficina Anticorrupción el detalle de las declaraciones juradas de Manzur de los períodos 2011 y 2012, para “determinar las fechas de ingreso de los bienes declarados”. En una respuesta anterior del Registro Público de Comercio de San Juan se había señalado que no hay ninguna sociedad con el nombre Mercoplas SA registrada en esa provincia. La esposa de Manzur, Sandra Mattar, nació allí y por eso se sospecha que podría tener acciones de empresas sanjuaninas. Manzur –que sigue siendo vicegobernador en uso de licencia mientras ocupa el cargo de ministro– fue denunciado en agosto de 2010 ante la Justicia Federal de Tucumán por el abogado oscar López, luego de que una nota publicada en la nacion señalara que Manzur era uno de los funcionarios más ricos del gabinete de Cristina Kirchner. En ese año, Manzur había declarado un patrimonio de 5 millones de pesos. López amplió la denuncia luego de que este diario difundiera que Manzur tenía

bienes por un total cercano a los 10 millones de pesos. La causa estuvo paralizada durante mucho tiempo, con pocos avances. El abogado de Manzur, José Agustín Ferrari –fallecido recientemente– había planteado que debía ser la justicia provincial la que investigara el caso, pero finalmente la denuncia quedó en el fuero federal. Ése fue el primer revés para Manzur ya que el gobernador tucumano, José Alperovich, tiene mucha influencia sobre los fiscales penales y controla la Corte Suprema local, luego de haber designado a tres de los cinco miembros. En 2012, el perito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Héctor Roccatagliata había dictaminado que el patrimonio del funcionario nacional estaba justificado. A raíz de ese informe, el abogado de Manzur había pedido su sobreseimiento, aunque Brito se opuso al cierre de las actuaciones. López, el denunciante, acusó entonces al perito de la Corte ante los tribunales federales de Tucumán por “encubrimiento y violación de sus deberes de funcionario en subversión de sus obligaciones competenciales”. La investigación original contra Manzur era por el incremento de su patrimonio durante los períodos 2009 y 2010, aunque luego se extendió por sus bienes declarados durante los años 2011 y 2012. El juez Bejas y la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán mantienen varias pujas con el fiscal Brito y con el fiscal general Antonio Gómez, quien subrogó a Brito en tramos de la investigación. El fiscal general Gómez denunció que los jueces no quisieron mostrarles las declaraciones juradas de Manzur que están en el expediente. El juez federal Bejas fue apoderado del Partido Justicialista y abogado de una de las empresas del gobernador Alperovich. Actualmente, un hijo suyo milita en la agrupación La Cámpora.ß