Entregan en lo oscurito predio del Casino Royale

Arellanes said the federal government's decision to return the rights to the casino´s facilities following the 2011 seiz
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Tienen que poner orden en sus finanzas,... tener mejor recaudación y disminuir las partidas de gasto. Son municiLuis Videgaray, Secretario de Hacienda, rechazando que la Federapios y Estados que claramente han excedido su propia capacidad financiera”. ción vaya a rescatar a municipios y Estados endeudados. nacional

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martes

60 páginas, 6 secciones Año LXXV Número 27,054

8 de Enero del 2013 Monterrey, N.L. México

www.e l norte.com

Entra intermediario caro con Gobierno anterior

Marcos Martínez

El “broker” de lujo que el municipio de Monterrey contrató para reestructurar la deuda municipal es una herencia de la Administración del ex Alcalde Fernando Larrazabal a la Alcaldesa Margarita Arellanes. El Tesorero municipal, Rafael Serna Sánchez, informó ayer que la empresa Law Trading & Consulting ya había iniciado el análisis de renegociación de los pasivos regios desde la pasada Administración y por eso se decidió contratar sus servicios. “Cuando nosotros llegamos a la Administración ya había una tarea que había estado realizando el despacho”, explicó Serna. “Ellos habían estado analizando el tema de cómo estaba la deuda del municipio”, señaló. “(Después) nos lo plantean en la transición, lo analizamos los primeros días que entramos aquí, vemos los beneficios de ahorro entre 360 y 400 millones de pesos que me va a dar flujo en los tres años y no me va a costar un centavo (y se decide contratarlos)”. EL NORTE publicó ayer que la Administración de Arellanes decidió asignar de manera directa, sin proceso de licitación, el contrato de reestructuración de la deuda municipal, que asciende a 2 mil 122 millones de pesos, a la empresa Law Trading & Consulting, que recibirá por el servicio

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una excepcionalmente alta comisión del 3 por ciento, equivalente a 63 millones de pesos. La Administración decidió la contratación a ese precio a pesar de que, de acuerdo con expertos, el municipio no requiere intermediario y, si lo contrata, por la operación que realizará la empresa no se debería pagar más del 1 por ciento de comisión. Según el Tesorero, se decidió contratar al “broker” porque no le costará al municipio, pues presuntamente sus honorarios se pagarán con cargo al Fideicomiso para el Desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios (Fidem). En entrevista, Serna reiteró que el intermediario sostuvo pláticas con la pasada Administración para la reestructuración, pero que el tiempo le fue insuficiente para consumar el trato, por lo que ofreció su servicio al actual Gobierno, que finalmente aceptó. Agregó que el motivo por el que se le favoreció con la asignación del contrato fueron los avances en el estudio de la reestructuración de la deuda presentados por la empresa. “Ellos ya traían una tarea hecha”, dijo. “Nosotros nos hubiéramos tardado cinco meses o seis meses, que equivale al 20 por ciento de la Administración, y hubiésemos tenido que dejar de usar nuestro tiempo en otro tipo de cosas que estamos operando. “Fue para ahorrar tiempo y, pues, no hay costo”, insistió. El contrato con el interme-

diario aún no se firma, aclaró el Tesorero, ya que la Dirección Jurídica municipal se encuentra en el proceso de elaboración del documento, que se prevé quede listo la próxima semana. Expresó que, aunque aún no se firma el contrato con Law Trading & Consulting, el proceso de reestructuración ya inició y va por buen camino. “Hemos estado en pláticas con la delegación (de Banobras) aquí sobre cómo va el proceso”, expresó. “Y nos dicen ellos que seguramente esta semana elaborarán una ficha enviada a Banobras México”, añadió, “donde exponen su opinión al respecto de lo que se está solicitando de la reestructura, y nos dicen que viene en términos muy positivos para que, al llegar a México esa ficha técnica, empiece el procedimiento”. El funcionario aseguró que la única responsabilidad del municipio con el pago de la empresa es notificar a Banobras de que los servicios prestados por ésta fueron cumplidos. En caso de que incumpla, dijo, la Administración no está comprometida a pagarle a la empresa recurso alguno. El “broker” caro es una herencia polémica más de la pasada Administración, que se suma a la cuestionada adjudicación de un contrato a Comercializadora Médix para abastecer medicamentos por más de 335 millones de pesos. local 2

Dejarán antialcohólicas Monterrey y San Pedro Ángel Charles y Marcos Martínez

Los municipios de Monterrey y San Pedro informaron ayer que los operativos antialcohol reactivados el mes pasado se mantendrán por tiempo indefinido durante el año. La Alcaldesa regia Margarita Arellanes señaló que las antialcohólicas operarán principalmente los fines de semana, mientras que su homólogo sampetrino, Ugo Ruiz, dijo que aún estudian su periodicidad y que en los próximos días la detallarán. “(Los operativos antialcohol) los vamos a continuar principalmente los fines de semana”, sostuvo la panista. Las acciones, explicó Arellanes, seguirán siendo mixtas, es decir, vía retenes y patrullajes aleatorios en diversas avenidas del municipio. La Alcaldesa aseguró que en diciembre pasado se reportaron 15 accidentes relacionados con el consumo del alcohol contra los 56 del mismo mes del 2011, es decir, hubo una caída del 73 por ciento. Arellanes agregó que por las antialcohólicas recaudaron 2 millones 172 mil 539 pesos en multas, recursos que serán destinados a implementar acciones preventivas y estrategias para reducir los accidentes por ebriedad. Por separado, Ruiz coincidió en la importancia de mantener los operativos antialcohol, sin em-

bargo dijo que las fechas y periodos de aplicación todavía no se definen. “Estamos evaluando para saber con qué periodicidad los vamos a estar haciendo y coordinarnos con los municipios vecinos”, dijo el Alcalde sampetrino. “Hay que garantizar que, sobre todo los fines de semana, muchos vecinos conduzcan y lo hagan con responsabilidad y no combinen el alcohol con el volante”, agregó el panista. Sin emitir cifras, Ruiz afirmó que tuvieron saldo blanco durante las fiestas decembrinas. Los municipios de Monterrey, San Pedro, San Nicolás, Apodaca, Guadalupe y García reactivaron en diciembre pasado las antialcohólicas luego de años de suspenderlas por la violencia. Hasta anoche, sólo Monterrey y San Pedro se habían pronunciado sobre la continuidad de los operativos.

aRRuMbadas Samara Pérez (foto), madre de una de las 52 víctimas del Casino Royale, y otros

deudos recuperaron ayer las cruces y ofrendas colocadas en el exterior del lugar siniestrado luego de que, por órdenes de los dueños del predio, fueron retiradas y arrumbadas. local 2

Entregan en lo oscurito predio del Casino Royale

Marcos Martínez

En el último día de Gobierno de Felipe Calderón, y sin que se hayan fincado responsabilidades contra funcionarios o propietarios, la PGR restituyó –de manera sigilosa– los derechos de posesión del Casino Royale a los dueños del inmueble. La Alcaldesa de Monterrey, Margarita Arellanes, dio a conocer ayer la decisión de la dependencia federal. “El 30 de noviembre”, dijo, “la PGR nos informó vía oficio que dentro del proceso había restituido los derechos de posesión del inmueble a los propietarios”. La entrega del predio no se sabía hasta ayer, cuando Arellanes la dio a conocer luego de desatarse una polémica porque, sin previo aviso, los dueños del establecimiento retiraron cruces, man-

apalEa alabaMa; Es bicaMpEón MIAMI. En un juego con uno de los mayores ratings de TV y entre las universidades de más linaje en la NCAA, Alabama cancha se coronó anoche al vencer 42-14 a Notre Dame.

sabilidad compartida de servidores públicos por omisiones e irregularidades en la tragedia del Royale. La decisión de la PGR de restituir el predio se dio precisamente un día después de que la CNDH emitiera la recomendación 66/2012, en la que señalaba que el Royale incumplía con las normas de Protección Civil. Ayer la Comisión Estatal de Derechos Humanos, casi 17 meses después de la tragedia, emitió la recomendación 103/2012 en la que pide que se inicien procedimientos de responsabilidad administrativa y penal contra autoridades del municipio y del Estado. Luego del retiro de las ofrendas a las víctimas en el inmueble por parte de los propietarios, Arellanes dijo que el municipio tenía policías para resguardar las instalaciones, pero fueron retirados cuando la dependencia federal notificó la restitución a los dueños del predio. Anoche, en entrevista televisiva, Francisco Fernández, representante legal de Salinas, propietario del predio donde estaba el casino, confirmó que recibieron el inmueble el 30 de noviembre por parte de la PGR y argumentó que retiraron las ofrendas para limpiar el lugar por la reclamación del seguro. Aunque defendió la medida, alegando que actuaron conforme a derecho, Fernández señaló que no era su intención afectar a los familiares y ofreció una disculpa. A su vez, el abogado Juan Gómez Jayme deslindó del retiro de las cruces a Rocha, propietario del Casino Royale, quien rentaba el predio, e informó que éste rindió en diciembre pasado declaración ante la Procuraduría estatal. Con información de Verónica Ayala y José Villasáez

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Matan en sexenio a 357 militares; el 9% es en NL Alberto Rodríguez

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tas y fotografías que pendían del exterior del Royale en memoria de las 52 personas muertas en el ataque incendiario del 25 de agosto del 2011. En esa fecha, el casino fue atacado por un comando de Zetas que roció gasolina y provocó un incendio. Desde el día de la tragedia, la PGR mantenía aseguradas las instalaciones del Royale. El terreno pertenece a Carlos Salinas, mientras que el dueño del casino es Raúl Rocha. Apenas el pasado 14 de diciembre se dictaron las primeras sentencias en el caso, en donde siete de 13 detenidos fueron condenados de 75 a 100 años de prisión por los delitos de homicidio calificado y agrupación delictuosa. Sin embargo, no se han fincado procesos contra funcionarios o contra dueños del inmueble, pese a una recomendación emitida por la CNDH en la que advirtió respon-

Reuters

d Justifica Monterrey contratar a despacho porque analiza deuda desde trienio pasado

José Aguilar

Hereda broker de Larrazabal

que el Gobierno retome este año como prioridad la regulación del sector y sus grandes empresas.

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te Contra el Narcotráfico y la Ley Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos”. Se detalla que en el área metropolitana de Monterrey murieron 21 efectivos, mientras que en Anáhuac fallecieron tres, en Doctor Arroyo y Salinas Victoria hubo dos bajas por municipio, y en Vallecillo, General Bravo, Villaldama y Linares se reportó un deceso. La última baja reportada en Nuevo León ocurrió el 11 de mayo del año pasado en Linares. A nivel nacional, el informe señala que las bajas se concentraron en 21 Estados, siendo Tamaulipas la entidad con el mayor número de muertos, al contabilizar 77 entre el 1 de diciembre del 2006 y el 30 de noviembre del año pasado. Sinaloa ocupa el segundo sitio con 44 militares fallecidos, se-

guido por Michoacán con 42. Por debajo de Nuevo León se encuentran Guerrero, que suma 31, Chihuahua con 24, Sonora con 20, Veracruz con 15, Zacatecas con 13 y Coahuila y Durango con 11 cada uno. En cuanto al desglose por años, destaca el 2010 por ser el que más decesos de personal militar presentó con un total de 89, seguido por el 2012, que hasta noviembre pasado contabilizó 69. En el 2011 la cifra fue de 62 muertes, en el 2008 hubo 54, en el 2009 se registraron 44, en tanto que en el 2007 se reportaron 37 y en diciembre del 2006 se contabilizaron dos. En diciembre pasado, primer mes del Presidente Enrique Peña Nieto, se reportaron cuatro militares caídos en Tamaulipas, Sinaloa, Chihuahua y Baja California.

English version: After memorials of the Casino Royale´s victims were removed without previous notice from the front of the building, setting up protests and public outrage, I interviewed the Mayor of Monterrey, in Mexico, Margarita Arellanes. She revealed that the owners of the business had decided to clean up the space, after almost two years of having the altars in memory of the 52 civilians killed by the Zetas Cartel.

Mexican Federal Government Gives Back Casino Royale to its Owners By Marcos Martínez (01-08-2013) On the last day of President Felipe Calderón’s administration, Mexican Attorney General´s Office legally returned the Casino Royale building to its original owner without having determined any culpability in the case. The Mayor of Monterrey, Margarita Arellanes, revealed the federal government pulled back the seizure it had imposed on the building after the Zetas cartel attacked it on August of 2011, killing 52 civilians. “On November the 30th,” she said, “PGR (Mexican Attorney General´s Office) informed us that within the process, they had returned the rights of possession to its owners”. President Calderón left power on December 1 of this year. On August 25, 2011 members of the Zetas cartel burned the casino to the ground while customers were inside. The malicious arson is considered the worst attack against civilians in modern Mexican history. Federal government investigation’s concluded the attack was motivated by the casino owners’ refusal to pay “dues” to the criminal organization. The building is owned by entrepreneur Carlos Salinas; while Raúl Rocha operated the casino. Arellanes said the federal government’s decision to return the rights to the casino´s facilities following the 2011 seizure after protests erupted due to the removal of the victim’s memorials from the front of the building.

Last December, federal judges sentenced only seven of the thirteen convicted criminals accused of the attack to 75 to 100 years of prison for murder and organized crime. Until now, no officials have been held accountable for the attacks despite the National Commission for Humans Rights’ recommendation to do so. PGR´s decision to release the building was made precisely one day before the Commission´s recommendation was published. The recommendation, identified with the numbers 66/2012, stated that, after an investigation, it was determined that the casino´s building did not meet public safety regulations and that public officials had to be punished for that. Regardless, no legal procedures have been conducted against the involved government officials or against the owners. Almost 17 months after the tragedy, the state Commission for Human Rights Watch published its own recommendation, identified by the numbers 103/2012, where also administrative and criminal responsibility procedures were requested against public officials.