En Malvinas dicen que el bloqueo no los afectará

que atraviesen aguas argentinas rumbo a las islas Malvinas deberán requerir un permiso especial. Edwards explicó que Des
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POLITICA

Jueves 18 de febrero de 2010

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

I

TENSION CON GRAN BRETAÑA s LA DISPUTA POR EL PETROLEO

EN TUCUMAN

“Las FF.AA. hicieron una verdadera epopeya”

Polémicos cambios en el ente de lucha contra el lavado

Bussi reivindicó la dictadura militar

Nombraron consejeros a seis técnicos sin experiencia en descubrir operaciones ilegales HUGO ALCONADA MON LA NACION La renovación de la controvertida Unidad de Información Financiera (UIF) sigue su curso. Después de la salida de sus dos máximos responsables y su reemplazo por un economista sin experiencia en la lucha contra el lavado de dinero, el Gobierno designó ayer a seis de los siete vocales de su consejo asesor, lo que provocó más controversia. Los seis nuevos consejeros también carecen de experiencia en la detección de operaciones de lavado, según reconstruyó LA NACION y confirmaron dos altas fuentes oficiales involucradas en sus designaciones. Ni trabajan en los organismos del Estado como impone la ley que regula el funcionamiento de la Unidad. La designación de los vocales se publicó ayer en el Boletín Oficial. Los seis comparten un par de características: todos viven en la La Plata y todos responden al nuevo titular de la UIF, José Sbattella, salvo uno de ellos, más cercano al ministro de Justicia, Julio Alak. Sbattella negó a LA NACION que las designaciones hayan violado la ley y defendió la “calidad” de su equipo. “Esta es gente con experiencia y capacidad de gestión –afirmó–. Y no se puede violar una ley que venía prácticamente sin aplicación, sin siquiera aplicarse multas administrativas, ni sanciones. Es más, no se puede violar algo que no se estaba ejecutando.” Por el Banco Central (BCRA) se nombró a Germán Saller; por la Comisión Nacional de Valores (CNV), a Leonardo Pérez Candreva; por el

Paso a paso 27 de diciembre: L N ➽ revela que la UIF recibió la A

ACION

orden de denunciar al Grupo Clarín, detalla la existencia de una presunta mesa “paralela” de expedientes y el nombramiento de amigos. de enero: el Gobierno des➽ 13cabeza la unidad antilavado y postula como presidente a un economista sin experiencia en la materia, José Sbattella. de febrero: se designa a los ➽ 17nuevos integrantes del Consejo Asesor de la UIF; no tienen experiencia antilavado ni provienen de los organismos de los que, por ley, deben provenir. Ministerio de Economía, a Mario Camaño; por el de Interior, a Rubén Gustavo Oliva; por el de Justicia, a Ricardo Eskenazi, y por la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), a Ricardo Angelucci. La ley 26.119 determina que cada uno debe ser “funcionario representante” del organismo ante la UIF. Pero varios de ellos no integran las nóminas de los respectivos ministerios o, incluso, figuran en otras áreas del Estado, como la Anses. El caso del elegido por la Sedronar

resulta aún más controvertido. Por ley debe ser “un experto en temas relacionados con el lavado de activos”. Pero Angelucci carece de experiencia, conocimientos o estudios en la materia, según indagó LA NACION. En los últimos años se desempeñó como subsecretario de Producción bonaerense y, antes, como director por la provincia de Buenos Aires en el Mercado Central. De allí se marchó tras un enfrentamiento con el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, que incluyó una paliza de matones en su despacho. Angelucci cuenta, de todos modos, con respaldos de valía. Además de compartir esfuerzos con Sbattella en el Instituto de Estudios Fiscales y Económicos (IEFE), no son pocos los que señalan al vicegobernador Alberto Balestrini o hasta al ministro del Interior, Florencio Randazzo, entre sus patrocinantes. Saller también integra las filas del IEFE, y con Pérez Cándreva colaboró en la redacción de un libro sobre teoría y política macroeconómica. También fueron parte del grupo Economistas contra el lockout, que se conformó en plena puja con los productores agrocupecuarios por las retenciones móviles. El primero fue más allá y publicó en Página/12 una columna, en diciembre de 2007, elocuente sobre su posición: “¿De qué se queja el campo?”

“Embajadores” Aunque representante ante la UIF por la CNV, en tanto, Pérez Cándreva se registró en la AFIP como dedicado a “estudios de mercado, realización de encuestas de opinión pública”, aun cuando su currículum también registra varios textos de economía y recibió un premio de la Fundación Observatorio PyMe. El delegado de Economía, Camaño, sí registra antecedentes en ese ministerio, durante 2007, aunque ahora consta en la AFIP como en relación de dependencia dentro de la Anses, mientras que Oliva registra un aporte de $ 1000 al ARI de Elisa Carrió durante la campaña electoral de 2003. El restante, Eskenazi, responde a Alak, a quien acompañó en la Municipalidad de La Plata. Allí terminó con un revólver en la cabeza, según suele recordar el ex intendente, puesto por “mafias” enquistadas en el área de Control Urbano. El plan que defiende Sbattella, de todos modos, es contar con gente propia de confianza en la UIF que sirva para empujar sus planes contra el lavado en los distintos organismos. Es decir, como “embajadores” de la Unidad en otras áreas del Estado. El titular de la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera (Finint), Juan Félix Marteau, cree que debería ser a la inversa: “Es imprescindible que los consejeros aporten a la UIF experiencia técnica adquirida en sus organismos de origen”. Según el ex delegado argentino ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), “el principal desafío de la nueva gestión es mostrar resultados concretos que sirvan para que la Justicia condene. Especialmente, en los casos graves, como narcotráfico y corrupción”.

Sbatella recordó “los fracasos anteriores” Recién asumido al frente de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbattella dijo que no quiere criticar a su antecesora, Rosa Falduto. Pero señala que la unidad carecía de “efectividad”, lo que ejemplificó con los más de 4000 reportes de operaciones sospechosas (ROS) que estaban pendientes de análisis y, más aún, con la ausencia de sanciones administrativas o penales. “Luego quizás haya que reformar la ley [de prevención y lucha contra el lavado], pero primero hay que intentar aplicar la ley existente, dados los fracasos anteriores”, argumentó. Mientras tanto, la AFIP todavía no designó a su consejero en la unidad.

Breve PROTESTA PIQUETERA

Más reclamos por planes sociales

RICARDO CHIESA. - En el día de tu 600 cumpleaños te deseamos muchas felicidades, tu mamá Electra y tu hermana Nora

Dr. HORACIO DUNCAN PARODI. - En el día que hubiese sido tu cumpleaños, tu esposa e hija te recuerdan con mucho amor

Con la consigna “basta de clientelismo en el programa Argentina Trabaja”, piqueteros opositores al Gobierno que integran el Frente de Lucha por Cooperativas sin Punteros se movilizaron ayer a la mañana por segundo día consecutivo al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Al llegar a la avenida 9 de Julio los manifestantes se encontraron con la Guardia de Infantería de la Policía Federal que nos los dejó avanzar. El cordón policial se debió a que, frente al ministerio, se había apostado desde temprano la agrupación kirchnerista Movimiento Territorial Agustín Tosco en apoyo al “gobierno nacional y popular”. Sólo a las 13, los grupos opositores pudieron marchar hacia el ministerio que conduce Alicia Kirchner.

7

FERNANDO GARCIA SOTO CORRESPONSAL EN TUCUMAN

La plataforma Ocean Guardian llegará al archipiélago austral para explotar petróleo

En Malvinas dicen que el bloqueo no los afectará El gobierno isleño dice que las trabas argentinas no tendrán efectos LUCAS COLONNA LA NACION El gobierno de las Malvinas minimizó ayer el impacto de la medida de restricción de circulación naviera dispuesta por la administración de Cristina Kirchner en medio de la disputa por la exploración petrolera en las aguas circundantes a los territorios bajo disputa de soberanía. Emma Edwards, responsable en el consejo legislativo isleño de los temas de petróleo y minerales, dijo en diálogo con LA NACION desde las Malvinas que la disposición de la Argentina “no afectará en nada” a las operaciones previstas para iniciarse la semana próxima, luego de la llegada a las islas de la plataforma Ocean Guardian. “La medida no va a tener impacto en las islas porque las naves y sus insumos ya están aquí. El material que se usará para la perforación viene de Escocia. No usamos a Sudamérica como proveedor de los materiales que necesitamos para realizar los trabajos”, dijo Edwards. Las declaraciones de la funcionaria isleña están en sintonía con las formuladas por el propio gobierno británico y por la compañía Desire Petroleum, que operará inicialmente la plataforma. La firma ayer explicó que las restricciones dispuestas por la Argentina no impactarán en sus operaciones. “Las aguas son internacionales, y la Argentina tiene derecho a legislar sobre su territorio y nosotros tenemos derecho a legislar sobre el nuestro. Y eso es lo que hemos he-

cho”, interpretó Edwards respecto de la decisión de la administración de Cristina Kirchner de que los buques que atraviesen aguas argentinas rumbo a las islas Malvinas deberán requerir un permiso especial. Edwards explicó que Desire Petroleum empezará con sus trabajos “posiblemente la semana próxima”, y no mañana, como estaba previsto inicialmente. Además, explicó que no se considera una revisión de licencias otorgadas como consecuencia de la escalada diplomática. “Es más: a Desire se sumarán otras tres empresas interesadas en perforar offshore. Esas empresas están haciendo planes por ahora, pero no han indicado tiempo para comenzar a operar, lo que igual damos por seguro”, dijo. Se trata de las compañías Falkland Oil & Gas, Rockhopper y Borders & Southern Petroleum. Edwards dijo, además, que la estrategia de la Argentina de poner trabas legales y comerciales a las operaciones de las firmas en las

Reclamo de Taiana ante la ONU El canciller Jorge Taiana llevará el reclamo contra las acciones unilaterales de Gran Bretaña al secretario general de las Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon, con quien se reunirá el miércoles, en Nueva York. Se suma a la queja que hará la presidenta Cristina Kirchner en el Grupo Río, en Cancún.

OPINION

aguas que están en disputa de soberanía no afectarán los intereses económicos de las islas. “Las empresas están conformes y cómodas con las garantías legales que les ofrecen las regulaciones de las islas y están operando de acuerdo con la legislación que les ofrecemos”, afirmó. Desire Petroleum fue la primera en respaldar esas afirmaciones. La firma dijo ayer desde Londres que su programa de perforación en las islas Malvinas avanzará según lo planeado, pese a las restricciones argentinas. “Toda esta situación, desafortunadamente, se ha anticipado por meses”, dijo un vocero de Desire Petroleum. “La logística de Desire no está afectada”, agregó. Las acciones de Desire bajaron más del 3 por ciento ayer. También cayeron las acciones de otras tres firmas de exploración que planean perforar en la zona. En el Parlamento británico se oyeron voces críticas respecto de la decisión argentina. “Espero que el secretario del Foreign Office convoque al embajador argentino y le diga que esto es inaceptable”, dijo Andrew Rosindell, secretario del grupo mixto parlamentario sobre las Malvinas. Y el presidente del grupo, Nicholas Winterton, calificó de “patético e inútil” el decreto, dado que, según él, la Argentina no tiene ninguna jurisdicción sobre las islas que Gran Bretaña ocupa desde 1833.

SAN MIGUEL DE TUCUMAN.– El ex gobernador de Tucumán Antonio Domingo Bussi defendió ayer el accionar de las Fuerzas Armadas durante los años 70 y consideró que “realizaron una verdadera epopeya”, al declarar en la segunda jornada del juicio por violaciones de los derechos humanos, que se desarrolla en esta ciudad. En la causa están imputados, también, los ex militares Luciano Benjamín Menéndez, Albino Mario Zimmerman y Alberto Cattáneo y los ex policías Roberto Albornoz, Luis de Cándido y Carlos de Cándido, acusados de privación ilegítima de la libertad, torturas seguida de muerte y homicidio calificado, entre otros delitos considerados de “lesa humanidad’’. Bussi hizo uso del derecho a hablar ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1. En su descargo, que se extendió por más de tres horas, el ex gobernador afirmó que durante la década del 70 se desató en el país una guerra. El ex comandante del V Cuerpo del Ejército insistió en que “fue una guerra declarada por un gobierno constitucional, en pleno ejercicio de sus facultades para eliminar al marxismo-leninismo. Agotaré hasta el último de mis esfuerzos para contribuir a la verdad histórica, hoy distorsionada, manejada y agraviada para satisfacer mezquinos intereses”. “Hubo una guerra y en ella sólo existen muertos en combate. Hubo un enemigo real, visto y reconocido por todo el pueblo tucumano”, expresó. Dijo, además, que los cadáveres de los guerrilleros muertos que podían ser recuperados eran trasladados hasta una morgue, a la espera de que algún familiar los reclamara. “Los cuerpos que recuperábamos iban a la morgue, pero nadie los buscó, con la única excepción de Julio

Fotogalería. Repercusión del decreto por Malvinas en diarios ingleses y otros medios. www.lanacion.com.ar/fotos/

OPINION

Frente a un Golfo Otra cadena en Pérsico austral nuestras piernas RAFAEL BIELSA

VICENTE PALERMO

PARA LA NACION

PARA LA NACION

El artículo 1° del decreto N° 256/10 establece que todo navío que pretenda atravesar aguas jurisdiccionales argentinas en dirección a las islas Malvinas deberá solicitar una autorización previa, expedida por la autoridad competente. Esta disposición está en línea con la resolución N° 407/07, que fija sanciones para quienes mantengan una relación de beneficio con los involucrados en las actividades contrarias al derecho internacional, derivadas de la ocupación ilegal de nuestras islas. Ambos textos concuerdan con resoluciones de las Naciones Unidas, con la Constitución, con leyes que establecen los espacios marítimos bajo soberanía argentina y que declaran de interés nacional el estudio de las riquezas petrolíferas de la plataforma submarina que corresponde a las Malvinas, Antártida e islas del Atlántico Sur. El decreto es corolario de más de 20 notas de protesta enviadas al Reino Unido desde 1991, de más de 10 a otros países, de más de 200 notas de desaliento a empresas cuyas actividades se relacionan con ese sector, en las que se recuerda la vigencia de la resolución 407. A pesar de que hay quienes lo ponen en duda, según estudios verosímiles existen 12.950 millones de barriles de petróleo probables en las Malvinas, lo que se convierte en reservas probadas de 6475 millones de barriles; las reservas probadas del continente y la llamada Cuenca Austral suman 2042 millones. Estas aseguran la cobertura del consumo nacional por 8,7 años. La suma entre las reservas probadas que no están en litigio y las de las islas extendería el actual horizonte de 8 a 27 años. Si la conservadora cifra de 6475 millones de barriles se extendiera a 9000 millones, las Malvinas se convertirían, según el biotecnólogo Federico Bernal, en la quinta potencia petrolera de América, luego de Venezuela, Estados Unidos, Brasil y México. Un verdadero Golfo Pérsico austral. Para los británicos todo lo que brilla o puede brillar, aunque sea negro, es oro. Sería necesario explotar las 19 cuencas de petróleo que disponemos, de las cuales sólo cinco están aprovechadas. En Merco-Press –medio que se consulta en las islas– del 13 de febrero se lee que la Argentina estaría elaborando un registro con datos del movimiento naviero en el área litigiosa, para cruzarlos con actividad marítima en Gran Bretaña y en las islas. Aún no se conoce información al respecto, pero si ellos dicen que estamos por hacerlo es suficiente como para hacerlo efectivamente.

El decreto 256 del Gobierno constituye un eslabón más de la cadena con la que estamos enrollando nuestras piernas. Desde hace tiempo, la política oficial ha sido la de intentar obstaculizar por distintos medios los esfuerzos de los malvinenses para desarrollar las islas. Lo malo no es que esos intentos han sido y seguirán siendo inocuos; lo malo es que nos infligimos un daño persistente a nosotros mismos. Con la ciega obsesión de recuperar las islas, y en la equivocada creencia de que las aparatosas posturas malvineras conllevan réditos de aprobación pública, estamos reforzando la desconfianza de los malvinenses y malgastando un tiempo valioso en lugar de aprovechar las potencialidades del Atlántico Sur en pro del mejor interés argentino. Cada día de tozuda insistencia en esa política destructiva equivale a meses de andar por el camino que será necesario para revertirla. La reversión de esa política consta de tres elementos fundamentales. Primero, asumir que la opinión pública argentina no es malvinera. Muchos porque piensan que las Malvinas son definitivamente irrecuperables, otros por pragmatismo y otros porque privilegian valores poco afines con el territorialismo obcecado, suman una opinión pública abierta a propuestas innovadoras y originales. Segundo, reducir cualitativa y cuantitativamente el estatus del diferendo, y dejar de supeditar objetivos relevantes y alcanzables al de “recuperar el ejercicio de la soberanía”. En la política diplomática deberíamos dar muestras de que nos importa que los isleños sean libres de decidir lo que quieran. Y que mientras tanto lo mejor que podemos hacer es colocar el “conflicto” en el lugar irrelevante que le correspondería, abriendo la posibilidad de cooperación regional. No sería una renuncia formal a derechos, pero sí hacer patente nuestra percepción de que no nos asiste toda la razón en el conflicto. Tercero, contribuir a instalar en el área un espíritu de cooperación, en arreglo a intereses concretos en diferentes campos: explotación de recursos vivos y energéticos, turismo, comunicaciones, desarrollo científico-tecnológico, política ambiental, etc. En el tema Malvinas, hay demasiado oportunismo y demasiado silencio. La política oficial es desatinada, pero la oposición, hasta ahora, poco y nada ha hecho para contribuir al desarrollo de un enfoque original.

El autor fue canciller argentino (2003 - 2005)

El autor es investigador principal del Conicet

TELAM

Bussi, en el juicio Alsogaray”, declaró Bussi. El imputado dijo que esta actitud de los deudos de los fallecidos se debió a que “por cada uno se pagó US$ 250.000 por reclamos impulsados por profesionales inescrupulosos de reconocida ideología”.

Pedido de disculpas Las expresiones de Bussi generaron indignación entre familiares de desaparecidos, que optaron por abandonar la sala. “Este individuo, cuando era gobernador (1995-1999), fue enjuiciado y destituido por tener cuentas secretas en Suiza”, dijo a LA NACION Oscar Holmquist, hermano de un desaparecido. Del mismo modo se manifestó la abogada de una de las querellas, Laura Figueroa, quien consideró agraviantes los términos que lanzó Bussi, al decir que cobran US$ 250.000 dólares por cada denuncia y solicitó que el imputado se disculpara. Ante el pedido, el ex gobernador le ofreció disculpas. Bernardo Lobo Bugeau, querellante en representación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, también se sintió ofendido e hizo el mismo reclamo. La respuesta no se hizo esperar: “Pido disculpas a las damas y a los damos [sic]”, expresó. En tanto, el legislador de Fuerza Republicana, Ricardo Bussi, defendió la intervención del imputado y definió el proceso como una “venganza montonera”. “Todo argentino medianamente informado conoce el pasado montonero del matrimonio Kirchner”, expresó el hijo del acusado. El mismo tribunal condenó en 2008 a Bussi y Menéndez a prisión perpetua por la desaparición del ex senador provincial Guillermo Vargas Aignasse durante el gobierno militar.