1 EL DESPOJO DE TIERRAS POR PARAMILITARES EN COLOMBIA Alejandro Reyes Posada, Sociólogo Liliana Duica Amaya, Ciencia Política Wilber Aníbal Pedraza, Ingeniero de Sistemas Presentación Este trabajo presenta una visión de conjunto sobre el proceso de expulsión de la población campesina y el despojo de tierras rurales en Colombia entre los años 1997, cuando fueron creadas las Autodefensas Unidas de Colombia – AUC-, y 2007, cuando había concluido su desmonte y desmovilización en el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010). La primera parte enfatiza la identificación de los dominios territoriales, por municipios, y sus principales impactos en el desplazamiento de población y el abandono de tierras. La segunda parte describe en mayor detalle lo ocurrido en once departamentos seleccionados, con base en entrevistas a funcionarios responsables de los temas, investigadores y líderes sociales, consulta documental y revisión de las bases de datos sistemáticas de las que dispone el país sobre la materia. Bajo la apariencia de un fenómeno masivo y sistemático de expulsión de población y despojo de tierras se esconde una gran diversidad de situaciones regionales y locales, de gran complejidad, en la cual incidieron factores como la composición y conducta de los grupos dirigentes anteriores, el ascenso de narcotraficantes a las capas dirigentes, la captura de los estados regionales por los señores de la guerra, la influencia de las guerrillas en la población rural, la complicidad o tolerancia de las fuerzas armadas y del gobierno en la consolidación y posterior desmonte de los grupos paramilitares, y las reacciones de la justicia, que condujeron a resultados diferentes de región a región. El impacto de estos procesos sobre distintos grupos humanos y sectores sociales es proporcional a las estructuras agrarias anteriores al desplazamiento. Los grupos más afectados fueron quienes tenían vinculaciones más precarias con la propiedad territorial en regiones poco consolidadas, sin títulos de propiedad ni catastros constituidos, con organizaciones sociales débiles o situaciones ilegales como los cultivos ilícitos. En regiones con una larga tradición de concentración de la propiedad de la tierra, como la Costa Atlántica, la acción de los paramilitares reforzó la tendencia secular de subordinación y marginalidad campesinas y reemplazó parcialmente las capas terratenientes. En regiones de colonización más reciente, como Meta y Caquetá, los dominios paramilitares aumentaron la movilidad migratoria de la población campesina, articulada a los cultivos ilícitos y a la compra de tierras por narcotraficantes. En regiones de minifundio tradicional campesino se preservó mejor la estructura de propiedad fragmentada de la tierra, porque escaparon al apetito de los nuevos señores de la guerra y de la tierra por monopolizar la propiedad.

2 La expansión y dominio de los grupos paramilitares, que coincidió con una gran debilidad estatal para garantizar la seguridad ciudadana y una alta ineficiencia y complicidad de las fuerzas armadas durante los gobiernos de Ernesto Samper (1994-98) y Andrés Pastrana (1998-2002), fueron finalmente frenados y revertidos durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-10), que además comenzó a estructurar los procesos de sometimiento a la justicia y reparación de las víctimas. Un factor constante que alimentó tanto las finanzas de la confrontación armada de los paramilitares como su búsqueda de ganancias fue su vinculación con los negocios de la droga. En muchas regiones el apetito por la propiedad de la tierra se confundió con el control de campos de cultivo, rutas de transporte y lugares de embarque o salida de drogas hacia el exterior, además del motivo tradicional de capitalizar ganancias de la droga y la extorsión. Este factor también explica la continuación o reorganización de estructuras armadas posterior a la desmovilización de los grupos paramilitares, que el gobierno califica como bandas emergentes del narcotráfico. Finalmente, el dominio territorial que durante una década ejercieron los ejércitos privados paramilitares avanzó hacia la captura de los estados locales y regionales y la cooptación o subordinación de las capas políticas y administrativas en grandes regiones del país, en proporción a su fortaleza relativa. Siguiendo las tradiciones clientelistas de corrupción electoral, los jefes paramilitares presionaron la escogencia de candidatos a los altos cargos de representación popular en el congreso, las asambleas departamentales, las gobernaciones y alcaldías, los consejos municipales y exigieron como contraprestación el otorgamiento de contratos, la desviación de recursos públicos y el nombramiento de personas escogidas para privatizar los beneficios de la acción estatal. El desmonte de los grupos paramilitares permitió en 2007 y 2008 a la rama judicial del poder público iniciar una vigorosa tarea de investigación y juzgamiento de congresistas, gobernadores y altos funcionarios de la rama ejecutiva vinculados a esos grupos. Igualmente permitió el surgimiento de los movimientos sociales de las víctimas, que comienzan a sumar esfuerzos con organismos internacionales de los derechos humanos y con organismos de control como la Fiscalía, la Defensoría y la Corte Constitucional en busca de la reparación y restitución de los bienes usurpados, especialmente la propiedad territorial. El despojo masivo de la tierra que ocurrió en algunas regiones importantes del país revela una ruptura profunda del régimen de propiedad territorial, cuya debilidad estructural es la precariedad de los títulos de propiedad de la población campesina y el monopolio de las mejores tierras por los grandes terratenientes, a favor de la ganadería extensiva y en perjuicio de la pequeña agricultura.1 1

“El valor de la tierra dice mucho sobre el grado en el que los derechos son establecidos, registrados y aplicados. El mercado de propiedades describe en detalle lo que una guerra interna hace al contrato esencial entre el gobierno y la población. Se supone que ese contrato es uno en que el gobierno crea la posibilidad de la propiedad.

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Siendo el despojo de la tierra un episodio final de una larga historia de conflictos sociales por la tierra, la acción del Estado, para ser eficaz, no puede limitarse a restablecer las cosas en el estado anterior al despojo, sino que debe encaminarse a buscar un reordenamiento de la distribución de la población en el territorio, para aumentar la densidad de productores campesinos y agricultores empresariales en las mejores tierras con vocación agrícola y especializar en ganadería las tierras con vocación para ella, lejos de los centros de consumo.

Primera parte IDENTIFICACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS PARAMILITARES IMPACTO GLOBAL SOBRE LA POBLACIÓN RURAL

Y

SU

Tabla de contenido 1. Presentación del problema 2. Metodología del estudio 3. Estructuras territoriales y jefes paramilitares 4. presencia paramilitar entre 1996 y 2007 5. El desmonte de las estructuras paramilitares 6. Desplazamiento de población entre 1996 y 2006 7. Presencia paramilitar y desplazamiento 8. Abandono de tierras por desplazados 9. Presencia paramilitar y abandono de tierras 10. Conclusiones y sugerencias de políticas Anexo 1. Fuentes consultadas Anexo 2. Estructuras paramilitares

2 10 14 19 32 33 49 60 73 83 87 91

1. Presentación del problema La estrategia equivocada de fomentar la creación de autodefensas privadas como complemento de la estrategia militar contra las guerrillas, en el contexto de una creciente inserción del país al circuito de la economía de las drogas ilícitas, llevó a una situación de ruptura generalizada del estado de derecho en las regiones afectadas, y principalmente de los derechos de propiedad territorial, y condujo a una expulsión de la población campesina y a una concentración mayor de la propiedad territorial.

En otras palabras, cuando el contrato tiene efectos prácticos, la gente puede obtener un conjunto de derechos preferenciales, aplicados por el gobierno y asociados con un lugar específico. Cuando el contrato no está funcionando, la propiedad se reduce de grado al estado base de posesión por la fuerza. Cuando eso ocurre, aquéllos en control de la mayor fuerza son los mayores señores de la tierra”. Geoffrey Demarest, Mapping Colombia: the correlation between land data and strategy, SSI, March 2003,. p.8

4 Los grupos paramilitares evolucionaron desde movimientos de autodefensa de propietarios locales hasta convertirse en empresas armadas de conquista territorial, interesadas en dominar territorios y poblaciones locales, depredar los presupuestos y usufructuar los negocios de narcotráfico, el contrabando y la apropiación forzada de la tierra. El terror contra la población provocó un desplazamiento no menor a cuatro millones de personas en el último cuarto de siglo y transfirió una gran parte de las tierras abandonadas a una nueva capa de propietarios, algunos muy grandes, asociados con las estructuras armadas. Los instrumentos legales del Estado para proteger los derechos de propiedad fracasaron porque la propiedad pasó a ser función de la seguridad y ésta fue delegada al trabajo coordinado entre la fuerza pública y las fuerzas privadas, y las últimas disfrutaron, por su condición de aliados, de inmunidad para apropiarse de la tierra de los desplazados y en muchos casos para coaccionar por la fuerza la legalización de la transferencia de propiedades. Este proceso desbordó las posibilidades de la justicia civil ordinaria para amparar derechos perdidos por violencia y superó las menguadas capacidades administrativas de los organismos encargados del catastro, registro, clarificación, titulación y distribución de la propiedad rural. Gracias a la descentralización política, muchas de las acciones estatales de protección patrimonial dependen del poder de alcaldes y gobernadores, concejales y diputados, y los grupos paramilitares se aseguraron de ejercer suficiente influencia sobre ellos para neutralizar sus iniciativas en sus dominios territoriales. En sentido estricto, la expropiación de la tierra ha sido simultáneamente la usurpación de las funciones estatales encargadas de la seguridad y los derechos de la población. Como la propiedad es una relación social, un derecho frente a terceros obligados a respetarlo, y un deber de las autoridades para protegerlo y restituirlo cuando ha sido violado, la cooptación de las autoridades por los victimarios del despojo impide a las víctimas acceder a la restitución de sus derechos. En realidad, la recuperación de la tierra despojada a la fuerza depende de la capacidad del gobierno central, de los organismos de control y de la justicia para desmontar la influencia de los jefes paramilitares desmovilizados y de los nuevas bandas emergentes sobre las administraciones regionales y locales, y aún de organismos nacionales que fueron entregados como cuotas de poder de políticos asociados al paramilitarismo. La desmovilización parcial de la mayoría de los grupos paramilitares entre 2003 y 2006 abre posibilidades para la recuperación de las tierras perdidas durante el conflicto armado.2 Este trabajo busca contribuir a ese objetivo con la identificación de los grupos y dirigentes que ejercieron dominios territoriales durante la última década, desde 1996 hasta 2006, su impacto en el desplazamiento y la descripción de los cambios en el acceso a tierras de la población rural, para contar con un mapa que oriente la localización de las acciones de recuperación de tierras por la justicia y el gobierno en beneficio de la población desplazada.3 En Noviembre de 2004 el presidente Uribe dijo: “No podemos tener más un país amenazado por guerrillas o defendido por grupos paramilitares. Necesitamos control central.” (BBC, 18 Noviembre 2004). 2

5 Aunque los grupos paramilitares existen desde 1982, desde 1997 surgió una coordinación nacional con el propósito de expandir dominios territoriales y controlar los recursos de poder de las regiones, que se identificó como Autodefensas Unidas de Colombia, -AUC-. El modelo operativo de la expansión de las AUC fue la celebración de acuerdos con grupos de propietarios regionales, para que éstos financiaran la creación de nuevas autodefensas, con el entrenamiento y la dirección inicial de combatientes experimentados de las AUC y el reclutamiento de militantes locales, para conformar los bloques en las nuevas regiones. Este modelo, con muy poca coordinación central, llevó implícito el surgimiento de nuevos jefes que acumularon poder individual, en la medida que pudieron organizar la transferencia de rentas por narcotráfico, extorsión y robo para la financiación de ejércitos privados. Una constante que aparece en el inventario de grupos es la influencia de los negocios del narcotráfico en la creación y expansión territorial de los grupos paramilitares, que muchas veces se transformaron en las estructuras armadas que controlaron territorios de cultivo, procesamiento y exportación ilegal de drogas. Después de algunos años de tensiones entre las organizaciones consolidadas y las nuevas, originadas en el empeño de Carlos Castaño de subordinar las últimas a la dirección de las AUC, cada organización armada cobró autonomía financiera y por tanto ganó capacidad para imponer reglas a la población y agenciar los intereses de poder y enriquecimiento de sus integrantes. Fracasó el intento de unificación y prevalecieron las dinámicas individuales de formación de nuevos grupos armados con pretensiones de dominio territorial. En este conflicto interno el factor determinante fue el peso creciente de los intereses del narcotráfico en la dirección de las AUC, que acabó con el espacio de poder de Castaño y lo llevó a su renuncia y finalmente a su asesinato en 2004 por decisión de los restantes comandantes. Desde 1998 comenzaron a surgir el Bloque Central Bolivar, con la conducción militar de “Macaco” y la vocería de Ernesto Báez, y el Bloque Norte, con “Jorge 40”, como grandes estructuras que expandían sus dominios, al mismo tiempo que desde las ACCU de los hermanos Castaño se creaban nuevos frentes regionales que luego lograrían autonomía. La existencia y expansión de organizaciones paramilitares no podría explicarse si no se considera la estrategia de seguridad de las Fuerzas Armadas, que incluyó durante dos décadas y media la promoción y tolerancia de grupos privados que actuaron en asocio y coordinación con las fuerzas 3

En el documento de aprobación de una mesa única de negociación con el gobierno, ratificado el 31 de marzo de 2003, aparecen 33 comandantes de las AUC: Salvatore Mancuso, Vicente Castaño, Adolfo Paz, Javier Montañés, Julian Bolívar, Jorge Cuarenta, Carlos Castaño, Ernesto Báez De La Serna, Diego Vecino, Ramiro Vanoy, Hernán Hernández, Luis Cifuentes, Francisco Tabarez, Miguel Arroyave, Sebastian Colmenares, Pablo Sevillano, Pablo Mejía, Rafael Meza, Delio Lozano, Gabriel Zapata, Rene Suroes, Hernán Giraldo, Camilo Catatumbo, Gabriel Galindo, Alberto Memin, Ramón Isaza, Fernando Dávila, José Maria Barrera, Ricardo Leal, Jhon Santa María, Daniel Roa, Rogelio Paz y Daniel Ángel.

6 gubernamentales contra las guerrillas.4 Tampoco se explica si se ignora el papel cumplido por muchos dirigentes políticos con influencia nacional y regional, que también apoyaron la estrategia de promoción del paramilitarismo para usarlo contra los movimientos populares y los partidos políticos de izquierda, como ocurrió con la Unión Patriótica, exterminada en la segunda mitad de los años ochenta. Finalmente, concurrió al resultado final la disposición de muchos hacendados, empresarios y aún de firmas multinacionales que prefirieron contribuir con los paramilitares en vez de confiar en la precaria seguridad del Estado frente a la intimidación guerrillera. La demanda de servicios de seguridad rural surgió en la mayor parte de las regiones de ganadería extensiva por el régimen de extorsiones y secuestros impuesto por las guerrillas a los propietarios rurales. Ese régimen de facto representó una ruptura profunda del derecho de propiedad territorial, que el Estado no pudo garantizar en las áreas donde había perdido el control militar. La propiedad extensiva de la tierra sin seguridad estatal perdió valor y comenzó a concentrarse en manos de quienes estaban dispuestos a invertir en la seguridad privada, fuera de manera directa, al agenciar la organización de grupos armados, o indirecta, al pagar colaboraciones por protección. En el caso de narcotraficantes, la masiva compra de fincas en regiones de ganadería extensiva afectadas por la presencia guerrillera fue una forma de transferir recursos ilegales a la economía legal y a la vez una manera de insertarse socialmente como miembros notorios de las capas propietarias de las regiones. Su ventaja estratégica fue su disposición para convertir recursos económicos en fuerzas de seguridad, y la oportunidad política fue la invitación que las Fuerzas Armadas hicieron a las elites regionales para configurar alianzas privadas de seguridad como estrategia de contrainsurgencia desde 1982.5 Con su participación en esta alianza, los narcotraficantes dueños de 4

La agencia de derechos humanos más influyente de Washington, Human Rights Watch escribió al respecto: “Los grupos paramilitares tienen sus raíces tan lejos como en “La Violencia” de los años 50s como parte integral de la estrategia de contrainsurgencia del ejército. En respuesta al intenso escrutinio internacional sobre el desempeño del ejército y el gobierno en derechos humanos, fuerzas civiles auxiliares fueron legalizadas en 1965 y 1968 y fortalecidas después a fines de los 1970s y especialmente a comienzos de los 1980s (AFADDES, 9 Septiembre 2005, pp. 8-9; National Security Archive, 16 Octubre 2005). Reportes bien documentados sobre desapariciones y el uso sistemático de la tortura de prisioneros políticos por el ejército nacional durante la presidencia de Julio Cesar Turbay Ayala (1978-1982) disparó la crítica internacional; esto llevó a la cúpula militar a camuflar y esconder el compromiso directo en violaciones gruesas de los derechos humanos al delegar mucho del “trabajo sucio” a grupos informales de civiles armadas que ellos entrenarían, coordinarían y equiparían. Los paramilitares aportaron al ejército –y al gobierno- dos elementos cruciales: una fuerza auxiliar brutalmente efectiva contra civiles percibidos como auxiliadores de las guerrillas, y los medios para disociarse ellos mismos de los crímenes cometidos, de manera que evitaran la crítica internacional. (Traducción propia) ACNUR, Internal Displacement Monitoring Centre, Paramilitaries as integral part of a counter-insurgency strategy: special report, june 2006 En la misma tónica, Human Rights Watch escribió en Septiembre de 2001: “(…) las relaciones (…) incluyen coordinación activa entre unidades gubernamentales y paramilitares durante operaciones militares; comunicación vía radios, celulares y 5

7 tierras llegaron a ser también actores principales del proceso de transformación política y económica que tuvo lugar en las regiones dominadas por los paramilitares.6 Como ocurre en estos casos, los señores de la guerra, según la expresión usada por Gustavo Duncan,7 controlaron las fases territoriales del narcotráfico, asumieron funciones de administración de justicia entre vecinos, desplazaron la población que asociaron con guerrillas, reorganizaron la tenencia de la tierra y se apropiaron de numerosas fincas y negocios en sus áreas de dominio armado. Con ello lograron situarse en la cúspide de la pirámide social y subordinaron a los dirigentes sociales y políticos a sus proyectos de enriquecimiento y captación de rentas locales. Estos proyectos de dominio territorial fueron inestables en el tiempo y el espacio, pues enfrentaron siempre los riesgos de las incursiones guerrilleras para recobrar dominios, así como eventuales ataques de las fuerzas armadas del gobierno o de otros grupos rivales más poderosos. De manera casi inevitable, las habilidades para crear organizaciones especializadas en la rentabilidad de la violencia se generalizó más allá de los núcleos iniciales, cuando los mandos medios fueron haciéndose verdaderos “señores de la guerra”. El liderazgo y sagacidad militar, la capacidad de subordinar a la población local con actos de barbarie y la habilidad para manejar los resortes locales del Estado en reemplazo, o con el concurso de políticos clientelistas, fueron las tres capacidades que determinaron el éxito de personajes que venían de los bajos rangos del narcotráfico y el crimen organizado, y aún de capas medias o altas de las regiones, para hacerse a organizaciones armadas propias, con pretensión de ejercer dominios territoriales, según el análisis de Gustavo Duncan. Otro hallazgo de la investigación es la comprobación de que las AUC no han sido nunca una estructura unificada ni vertical bajo un mando conjunto, sino una alianza inestable y dinámica de grupos regionales con una alta tasa de relevo de mandos, asesinato de comandantes y surgimiento de nuevos liderazgos. En estas condiciones, la desmovilización de los principales bloques paramilitares, efectuada entre 2003 y 2006, no significó el fin del paramilitarismo, pues los comandantes desmovilizados no tuvieron instrumentos de poder suficientes para impedir la reproducción de nuevos grupos y aún la continuación de grandes sectores de los grupos anteriores. La base de datos acumulada testifica la existencia de un proceso muy conflictivo de competencia por el control territorial entre grupos anteriores y beepers; inteligencia compartida, incluyendo nombres de sospechosos de colaborar con las guerrillas; el compartir combatientes, incluyendo militares en servicio activo sirviendo en unidades paramilitares y comandantes paramilitares alojándose en bases militares; el compartir vehículos, incluyendo camiones militares para transportar unidades paramilitares; coordinación de retenes militares, que rutinariamente dejan pasar paramilitares fuertemente armados; y pagos hechos por paramilitares a oficiales militares por su apoyo.” (Human Rights Watch, September 2001) 6 Al respecto puede consultarse “Compra de tierras por narcotraficantes”, en Drogas ilícitas en Colombia, Ed. Francisco Thoumi, Bogotá, Planeta, 1996. 7 Gustavo Duncan, Los Señores de la Guerra, Bogotá, Planeta, 2007.

8 nuevos, así como entre organizaciones emergentes que pretenden dominar concurrencia con otras. Esto significa que mientras un grupo determinado ejerza un monopolio local de la fuerza, el conflicto con rivales y no cooperación frente a su enemigo común, las guerrillas, marca su pauta acción.

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Siendo así, conservar vínculos con el narcotráfico, defender propiedades y fortunas acumuladas en la guerra y mantener cuotas de poder en las administraciones locales por parte de los comandantes desmovilizados los traba en conflicto no sólo con el Estado sino también con los nuevos líderes y grupos que pretenden relevarlos. Paradójicamente, en este sentido coinciden los intereses del gobierno y de los comandantes desmovilizados en la necesidad de impedir la reproducción del paramilitarismo, pues no solo amenaza el objetivo estatal de recuperar el monopolio legítimo de la fuerza, sino que también amenaza la supervivencia y poder de los jefes desmovilizados. El problema más serio, por supuesto, es que casi tres décadas de existencia de grupos paramilitares y cuatro de guerrillas en un contexto de narcotráfico han generalizado las habilidades y disposiciones para crear organizaciones de violencia rentables, que forman parte de una economía ilegal de la seguridad, articulada de muchas formas con la economía legal. Por eso el factor determinante del futuro de los grupos emergentes del paramilitarismo será la conducta de las Fuerzas Armadas frente a ellos, pues una vez organizados tienden a reproducirse con la captura de rentas por extorsión y robo. Como la propiedad llegó a ser una función de la seguridad, y ésta dependió del control de ejércitos privados, la desmovilización de los grupos paramilitares abre también la posibilidad, si el Estado fracasa en devolver la seguridad a las regiones en conflicto, para que los usurpadores de tierras las pierdan a manos de otros grupos nuevos o disidentes de la desmovilización, con lo cual podría continuar el traspaso de propiedades en cascada de antiguos a nuevos victimarios. Luego de la desmovilización formal de las AUC entre 2003 y 2006, han quedado en pié dos procesos que tienden a generar nuevas organizaciones, llamadas por el gobierno “bandas criminales” o “bandas emergentes”. Uno es el equipamiento y organización de bandas asociado al narcotráfico, bien sea por iniciativa de narcotraficantes o por terceros interesados en asegurar territorios para cobrar contribuciones o participar en el negocio del narcotráfico. Otro es el rearme y reorganización de bandas conformadas por mandos medios de las AUC que se retiran o no ingresan al proceso de desmovilización y pretenden seguir ejerciendo dominios territoriales a la manera de los señores de la guerra, que pueden estar vinculadas al narcotráfico pero que exceden el ámbito de la economía ilegal para extender su influencia a la política y la administración locales. Los dominios paramilitares incluyeron, en sus formas desarrolladas, reorganizaciones de la población, al expulsar a propietarios y campesinos para apropiarse de la tierra y también al reasentar en una parte de ellas a combatientes propios, en pago de servicios, para configurar bases sociales

9 afines al dominio paramilitar. Así, el control de la tierra asumió varias formas, desde la transferencia forzada de títulos bajo coacción a nombre del comandante o mando medio implicado, el corrimiento de cercas para englobar predios de desplazados, el uso de testaferros o familiares para ocultar la titularidad, hasta la adjudicación de parcelas a combatientes campesinos, muchas veces desplazados de otra región por las guerrillas. Todas estas formas de expropiación fueron posibles por la intimidación, corrupción o subordinación de las autoridades nacionales y locales, encargados de velar no solo por el cumplimiento de reglas formales sino también de la buena fe y la legalidad de las transferencias de propiedad. La recuperación de la tierra perdida por violencia enfrenta, por tanto, grandes dificultades políticas, jurídicas y prácticas. Primero, las derivadas de la precariedad de los derechos territoriales perdidos por los poseedores iniciales, muchas veces sin medios probatorios para acreditar la posesión y el despojo. Segundo, la dificultad de establecer la relación entre los dominios armados inestables y el despojo de la tierra, que oculta a los autores y beneficiarios que se enriquecieron con la violencia. Tercero, los problemas probatorios para demostrar la coacción violenta en casos de transferencias que cumplen todas las apariencias de legalidad y consentimiento entre las partes. Cuarto, y quizás la mayor dificultad, la capacidad de influencia política y de intimidación armada que conservan, a pesar de la desmovilización de los grupos paramilitares, los beneficiarios del despojo de tierras. En cuanto al desmonte de las fortunas acumuladas durante el conflicto armado ha sido modesto el avance del Estado. En lo fundamental, la Fiscalía apenas está dando los primeros pasos para investigar crímenes y recibir confesiones de los líderes detenidos, que luego serán juzgados conforme a la ley de Justicia y Paz. Paralelamente se investigan las formas de ocultamiento de la propiedad de la tierra con testaferros y apenas comienzan los procesos de extinción de dominio por enriquecimiento ilícito o de restitución de propiedades a sus dueños legítimos. Algunos comandantes han anunciado entregas de tierras para el fondo de reparación que maneja la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. La Corte Constitucional declaró el desplazamiento forzado como un estado de cosas inconstitucional, que exige soluciones al Estado. Una parte importante de esa inconstitucionalidad es la masiva pérdida del derecho de propiedad territorial que sufrieron los desplazados por violencia, que no puede solucionarse mediante la aplicación individual de la justicia ordinaria. El dispositivo de políticas públicas para afrontar este problema se ha estructurado progresivamente, a medida que el desplazamiento ha reclamado atención interna e internacional. Un paso inicial fue la ley 387 de 1997, que estableció la obligación de llevar un registro de los bienes inmuebles abandonados por desplazamiento y un aviso a los registradores para no registrar transacciones sobre ellos. El Decreto 2007 de 2001, reglamentario de la ley 387, dictó medidas para la protección del patrimonio de los desplazados y reguló la permuta de predios equivalentes para reubicarlos.

10 La Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional organizó en 2004 el Proyecto de protección de tierras y patrimonio de la población desplazada, para desarrollar métodos y procedimientos para proteger los derechos patrimoniales en casos individuales y colectivos de desplazamiento. El proyecto terminó la fase experimental en seis departamentos críticos por desplazamiento: Bolivar, Sucre, Antioquia, Norte de Santander, Valle y Cauca, y se dispone a extenderlo al resto del país. Hasta junio de 2007, el proyecto había logrado amparar legalmente los derechos sobre la tierra a 58.248 personas sobre una extensión de 1’439.571 hectáreas. De estos totales,.se amparó a 51.708 personas con declaraciones colectivas, que cubren un territorio en riesgo o con desplazamiento, en una extensión de 754.595 hectáreas, y a 6.540 personas con declaraciones individuales, sobre predios que sumaron 58.248 hectáreas La experiencia acumulada por el proyecto es un activo importante del Estado para estructurar una política de protección de tierras, por su detallado conocimiento del problema probatorio y procesal para la defensa jurídica de la propiedad y su capacidad para impulsar la participación de otras instituciones y de las comunidades. El gobierno deberá reasignar nuevos recursos financieros y humanos para asumir las nuevas responsabilidades que le asigna la nueva ley de desarrollo rural, aprobada por el Congreso en junio de 2007. El Congreso aprobó la ley de Desarrollo Rural, que contiene las normas básicas para intervenir en los problemas de tierras causados por el conflicto armado. En lo esencial, remite el problema de las tierras de la población desplazada a la agencia presidencial para la Acción Social, que actualmente lleva el registro de la población desplazada y atiende la emergencia humanitaria. La ley reestructura al Incoder y lo reduce a atender los programas productivos y la administración de subsidios para la compra de tierras del campesinado, mientras le retira la competencia en los territorios de minorías étnicas y los conflictos por usurpación de tierras en áreas de dominios paramilitares. La nueva ley de desarrollo rural establece normas para la protección de las tierras de los desplazados: -el art. 35 traslada a la Agencia Presidencial para la Acción Social dos nuevas funciones, la de administrar subsidios para tierras a favor de los desplazados y la de crear un sistema para recibir predios en canje por otros que se asignen a desplazados en otra región. Para ello trasladará los escasos recursos que Incoder destinaba a esas funciones. La Agencia podrá adquirir tierras para desplazados. -el art. 127 ordena a la Superintendencia de Notariado y Registro llevar un registro de las tierras abandonadas, que se alimentará con: 1) las solicitudes de los propietarios, poseedores o tenedores de predios abandonados; y 2) las declaraciones de desplazamiento o riesgo inminente de desplazamiento hechas por los Comités Territoriales de Atención Integral a la Población Desplazada, cuyas listas de propietarios, poseedores y tenedores de predios

11 servirán como prueba sumaria del derecho sobre la tierra. Cuando los predios no estén titulados se avisará al Incoder para que proceda a realizar la titulación. Cuando las tierras abandonadas sean de minorías étnicas se avisará al Ministerio del Interior y de Justicia, Dirección de Etnias, para que proceda a la constitución o saneamiento de los resguardos o tierras colectivas. -el art. 131 establece que en los planes de retorno o reubicación se dará prioridad a los desplazados en la adjudicación de tierras producto de la extinción del dominio. -el art. 132 señala las acciones legales que puede instaurar el propietario o poseedor que haya transferido el predio en condiciones tan desfavorables que permita asumir coacción violenta, para pedir el restablecimiento de sus derechos. En síntesis, el dispositivo de medidas de protección de la tierra abandonada se reduce a congelar las transferencias legales de propiedad sobre los predios denunciados por sus titulares o por los Comités Territoriales de Atención Integral a la Población Desplazada, a otorgar subsidios para la adquisición de nuevos predios y a permutar predios abandonados por otros en distintas regiones, si el desplazado no quiere retornar a su predio por inseguridad. Este informe contiene una identificación de los grupos armados y sus líderes reconocidos en los municipios colombianos desde 1996 hasta 2007, incluyendo no sólo los grupos que se desmovilizaron sino también las llamadas bandas emergentes que han surgido en su reemplazo. Al estudiar las organizaciones año por año puede observarse la tendencia de los grupos paramilitares al copamiento territorial de las áreas de influencia guerrillera, hasta la superposición casi completa de unos grupos y otros. También se comprueba la proliferación de organizaciones pequeñas con influencia en unas pocas localidades, con vínculos débiles con los bloques de origen. En el informe escrito se presentan mapas y cuadros que representan una síntesis de la base de datos, pero la información detallada por municipios y años se encuentra en la tabla Excel que se acompaña en medio magnético como parte del informe final. 2. Metodología del estudio La investigación tuvo como ejes analíticos la presencia paramilitar, el desplazamiento y el abandono de tierras en los municipios colombianos. A pesar de que el gobierno, los académicos y la prensa los han abordado de manera sistemática, es imposible hacer una cuantificación exacta de su magnitud. La inexistencia de bases que localicen la presencia paramilitar, cuantifiquen el desplazamiento y el abandono y usurpación de tierras fue el primer reto de este estudio, que tiene como objetivo correlacionar estas variables. Establecer el dispositivo de seguridad de las autodefensas en Colombia no ha sido una tarea fácil. A pesar de ser un tema tratado ampliamente por diferentes

12 sectores, no existe una cuantificación ni identificación oficial. Se trabajó principalmente con bases de datos ya elaboradas como Noche y Niebla del Cinep, Fundación Nuevo Arcoiris, Fiscalía General de la Nación, Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA, e Informes BACRIM del Ministerio de Defensa, entre otros. Se han analizado informes de prensa, que han sido corroborados con segundas fuentes, porque en algunos casos los medios han falseado información. A partir de esto, se ha atribuido a cada uno de los municipios donde ha existido presencia paramilitar, una identificación de los frentes y comandantes que actuaban en él, con el objeto de identificar los agentes causantes del abandono de tierras y por ende el desplazamiento de los campesinos. En cuanto al desplazamiento, el gobierno ha encargado a Acción Social de la Vicepresidencia la tarea de cuantificar el número de personas desplazadas a nivel nacional. Para referenciar el desplazamiento se usó la base de datos de Acción Social. Adicionalmente, organizaciones no gubernamentales como el CODHES, hacen conteos del número de desplazados y estudios detallados por zonas de expulsión, de recepción y de retorno. La iglesia católica, en cabeza de la Pastoral Social, recibe solicitudes de desplazados en todo el país y reporta sobre los que quedan inscritos en el formulario RUT de desplazamiento, el más detallado de cuantos se realizan. Sus datos pueden considerarse un muestreo representativo de la situación de desplazamiento en el país. Los distintos registros responden a los recursos y restricciones de quienes los elaboran y además existen tanto un sub-registro de desplazados como un sobre-registro de personas que se declaran desplazadas sin serlo, catalogadas como “pobres históricos”, que se hacen pasar por desplazados ante el gobierno con el objeto de recibir los beneficios por parte del gobierno. En cuanto al abandono y usurpación de tierras, no existe oficialmente una base que cuantifique o estime ese fenómeno. El esfuerzo más importante en ese sentido, lo ha hecho el Secretariado de Pastoral Social de la Iglesia Católica, que ha cuantificado municipalmente el número de desplazados y las hectáreas abandonadas. Por esta razón, para establecer en este estudio el abandono de tierra por municipios se utilizó como fuente principal la base de datos del sistema RUT de Pastoral Social. Reunida la información de presencia paramilitar, desplazamiento y abandono de tierras en los 1096 municipios en la secuencia 1996 – 2006, se cruzó la información para tener un resultado georeferenciado que arroja como resultado una alta coincidencia entre estos tres fenómenos. Esta coincidencia es analizada año por año en los capítulos 2 a 6 de este estudio. Es necesario aclarar que los datos de desplazamiento son los únicos datos oficiales que pretenden una medición real del fenómeno. Los datos de Presencia paramilitar, han sido el fruto de trabajo del grupo de investigación y si existen errores, éstos son por omisión y no por sobre representación. Los datos detallados sobre presencia paramilitar y jefes de frentes locales se encuentran en la base de datos Excel, por años y municipios, que acompaña este estudio.

13 Para realizar la matriz se utilizaron estudios académicos sobre el tema paramilitar, información de los medios de comunicación e informes de desmovilización del gobierno y de organismos internacionales. En la primera etapa del trabajo se analizó la información periodística de los principales medios de comunicación escritos con cubrimiento nacional (revistas Semana y Cambio y periódicos El Tiempo y El Espectador). Esta información se analizó estrictamente semana por semana desde 1996 hasta el 2007. Entre los años 1996 hasta 2000 la información en prensa escrita sobre el tema paramilitar fue muy poca y casi siempre estaba referida a los temas de narcotráfico y los grandes carteles. Desde el año 2000 hasta el 2007 se incrementa la información referida al tema paramilitar, sin embargo los reportes suelen hablar de “zonas” de presencia paramilitar haciendo referencia a departamentos (Sucre, Bolívar, Antioquia) Regiones (Atlántico, Eje cafetero, Llanos Orientales), Microregiones (El Catatumbo, El Darién, Magdalena Medio). Este tratamiento de la información fue un obstáculo inicial a la hora de sistematizar la información municipalmente. De hecho, al comienzo se hizo notorio el falseo de datos cuando se le atribuía a determinado frente paramilitar una presencia efectiva en toda una región o departamento. Para ello se optó por utilizar los datos de presencia paramilitar solamente si aparecía estrictamente citado el municipio. Es decir, los mapas pueden fallar por omisión más no por sobreestimación. Cada dato en la matriz tiene un código que se encuentra en la columna “Organización Local” Este código hace referencia a la tabla de fuentes que está anexa al documento. Si bien la información de prensa fue abundante, se hizo necesario rectificar uno a uno los registros. Esto se hizo corroborando la información con bases de datos del gobierno sobre presencia paramilitar (Oficina de Derechos Humanos de la Vicepresidencia, DIJIN y DAS). Así mismo, se utilizó información sobre masacres atribuidas a grupos paramilitares. Las fuentes principales fueron las bases rigurosas y sistemáticas que analizan caso por caso como Noche y Niebla del CINEP y la Conferencia Episcopal. De igual manera los informes sobre desmovilización de la Organización de Estados Americanos realizados por la Misión de Apoyo al Proceso de Paz fueron de gran ayuda para enmarcar las zonas de influencia paramilitar y así poder identificar a grupos paramilitares de los que se sabía su presencia en determinado municipio pero no se sabía el nombre. Estudios académicos previos como los realizados por Fundación Nuevo Arcoiris sobre Paramilitares y Elecciones y los informes de Internacional Crisis Group, que por la rigurosidad de su metodología y trabajo de campo arrojaron muchos datos municipales para la base, a pesar de no ser bases de información sistemática. Los informes de la Fundación Seguridad y Democracia sobre desmovilizaciones de bloques aportaron información detallada. Las fuentes mas utilizadas fueron:

14 1. León Valencia Agudelo ¿Por qué confluyeron paramilitares y políticos? Observatorio del Conflicto armado. Corporación Nuevo Arcoiris – Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Marzo de 2007. Año 10 NO. 13. (009) El estudio de la Fundación Nuevo Arcoiris fue útil en la medida en que la investigación se hizo municipalmente. El estudio se centró en las conexiones entre paramilitares y políticos y por lo tanto permitió obtener información de la presencia efectiva de determinados bloques paramilitares en las elecciones municipales. Además de la publicación del estudio fue de vital importancia la base de datos municipal que nos facilitó la Fundación, que no solo tomó en cuenta el periodo electoral sino que esbozó una historia de los grupos paramilitares desde los 80 hasta el 2006. 2. “Focos y Continuidad geográfica de las acciones armadas de las autodefensas 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005. Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. (008) Los mapas realizados por Luis Gabriel Salas Salazar del Observatorio de Derechos Humanos permiten tener una idea de la presencia paramilitar desde el 2001 hasta el 2005, mostrando el aumento de su presencia y el incremento de sus actividades bélicas. 3. “Base de datos de violencia política en Colombia”. Sistemas de información sobre violencia política en línea. Revista Noche y Niebla CINEP. Disponible en www.nocheyniebla.org La base elaborada por los investigadores de Noche y Niebla fue sin duda uno de las mejores fuentes que se tuvieron a disposición. La base en línea se encuentra en el portal de Noche y Niebla del CINEP y está adecuada para escoger los criterios de búsqueda diferenciando año, autor (paramilitar, guerrilla, Fuerza Pública etc.) y localización. Al ingresar los datos de búsqueda, la base arroja los resultados caso por caso, citando en la mayoría de los casos los nombres de las víctimas, el municipio, los detalles de los ataques, los responsables y también muestra el estado del proceso, si lo hay, en el que se encuentra. Las dificultades que se tuvieron con esta base es que en algunos casos no se señalan los municipios donde tienen lugar estos hechos. Adicionalmente, otra dificultad con la base es que solo tiene datos desde el año 2001 en adelante en su página de acceso por Internet. 4. “Presencia Paramilitar” Especiales Interactivos Revista Semana. Disponible en www.semana.com En menor medida se utilizó este especial interactivo de Revista Semana. Fue de provecho para la investigación en la medida en que se tenían los perfiles de

15 los jefes paramilitares recluidos en Itagüi y su historial delictivo. Así mismo, se presentaron mapas donde se establecían las áreas de influencia paramilitar así como la localización de los sitios de las masacres. 5. Fiscalía General de la Nación. Familias de Bloques Paramilitares con presencia en el país por municipio. Fiscalía General de la nación 2007. (011) La Fiscalía es una fuente vital en la medida en que son ellos quienes reciben los casos de paramilitares por mandato de la ley de Justicia y Paz. La lista de la Fiscalía fue de gran ayuda. Allí se nombraron los jefes paramilitares y sus áreas de influencia. Además de enunciar en que estado está el proceso de denuncias. Sin embargo, la lista tan solo nombraba menos de 100 municipios y en muchos de ellos el Bloque paramilitar aparecía como desconocido; este problema generó dificultades iniciales en la elaboración del mapa, al tener muchos municipios en un periodo de años sin saber quién era el bloque que hacia presencia efectiva. 6. “Bacrim fuentes oficiales” Indepaz, Instituto de Estudios para el Desarrollo y la paz. (R50). En menor medida se utilizó también el informe Bacrim. Este cuadro permitió, identificar los nombres de los Bloques paramilitares y sus áreas de influencia así como a sus comandantes. Esta sin duda fue una de las fuentes más actualizadas que se tuvieron. Sin embargo, la información fue muy limitada a los Bloques que se estaban desmovilizando y a la aparición de bandas emergentes en esas zonas. El resultado cartográfico de la matriz de datos se presenta a continuación.

3. Estructuras territoriales y jefes paramilitares En 1987 el Ministro de Gobierno César Gaviria denunció en el Congreso la existencia de 140 grupos paramilitares que operaban en gran parte de los territorios con alguna influencia guerrillera. La gran mayoría estaba financiada y dirigida por propietarios locales que rechazaban el dominio guerrillero en alianza con capos del narcotráfico que defendían intereses territoriales del negocio. Esta denuncia, formulada al comienzo del gobierno de Virgilio Barco, resumió uno de los efectos colaterales de la política de negociaciones de paz con las guerrillas por parte del gobierno anterior, presidido por Belisario Betancur (1982-86), que fue la proliferación de autodefensas privadas, estimuladas por las Fuerzas Armadas como alternativa encubierta para

16 contrarrestar la suspensión del esfuerzo bélico implicada en la tregua que tuvo vigencia entre 1983 y 1985. La participación de algunos grandes narcotraficantes en la financiación y liderazgo de los principales grupos de autodefensas del Magdalena Medio, Nororiente antioqueño, Córdoba y Meta significó en la práctica tender una red de alianzas de seguridad en beneficio del narcotráfico, al que se dejaba de combatir por su participación en la confrontación armada con las guerrillas. Los carteles de la droga, especialmente los de Medellín y Cali, avanzaron así hacia el control de regiones y la compra de lealtades entre la clase política parlamentaria al financiar campañas electorales y al ejercer violencia contra candidatos hostiles al narcotráfico, como el asesinato de Luis Carlos Galán Sarmiento en 1989. La reacción del gobierno Barco fue reiniciar la extradición de narcotraficantes a los Estados unidos y desmantelar los grupos armados de Gonzalo Rodríguez Gacha, el más conspicuo líder paramilitar de ese momento, en el Magdalena Medio, el Meta y el Putumayo. La respuesta de los narcotraficantes fue igualmente violenta y radical, con la esperanza de intimidar a la sociedad. El país vivió el período conocido como el “narcoterrorismo”, agenciado por el Cartel de Medellín, bajo el liderazgo de Pablo Escobar, orientado a forzar al gobierno a suspender la extradición de narcotraficantes a los Estados Unidos. El sucesor de Barco, César Gaviria, ofreció como alternativa a la confrontación terrorista la política de sometimiento a la justicia y aceptó prohibir la extradición en la reforma constitucional de 1991, que también prohibió la existencia de las autodefensas privadas. Aún prohibidas, de la década de los 1980s emergieron varias estructuras paramilitares que sobrevivieron al conflicto del gobierno con los narcotraficantes. La más importante fue las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá –ACCU-, creada por Fidel Castaño Gil, que sostuvo un conflicto con el EPL y las FARC en el sur de Córdoba y el norte de Urabá. Hernán Giraldo, un antioqueño dedicado al narcotráfico, tenía fuerzas propias en la vertiente Norte de la Sierra Nevada de Santa Marta, en conflicto con las FARC. Ramón Isaza, también narcotraficante antioqueño, conformó otra fuerza en el Magdalena Medio Antioqueño. Existían organizaciones en Puerto Boyacá, que sobrevivieron a la persecución librada contra las fuerzas de Gonzalo Rodríguez Gacha en la región. Héctor Buitrago, narcotraficante, tenía su organización armada en el sur del Casanare, en lucha con las FARC y el ELN. En Santander había remanentes de la organización paramilitar de la región del Chucurí. En 1994 Carlos Castaño reemplazó a su hermano Fidel, muerto en 1994, en la conducción de las AUC, secundado por Salvatore Mancuso al frente del Bloque Bananero, creado por las ACCU. En 1997 Castaño convocó una reunión de los siete núcleos iniciales ya consolidados en Antioquia, Córdoba, Magdalena, Santander, Boyacá, Casanare y Meta, y decidieron federarse en las Autodefensas Unidas de Colombia –AUC-. Designaron una dirección de diez miembros, bajo el liderazgo de Carlos Castaño, para coordinar a nivel nacional la expulsión de las guerrillas de los territorios bajo su influencia y consolidar el

17 carácter político del movimiento de autodefensas.8 El comando inicial de las autodefensas quedó en manos de Carlos Castaño, César Marín, Salvatore Mancuso (Santander Losada) y José Alfredo Berrío de las ACCU; César Salazar y Víctor Triana, “Botalón”, de las Autodefensas de Puerto Boyacá; Ramón Isaza y el Comandante “Gonzalez” de las Autodefensas del Magdalena Medio; Humberto Castro y Ulises Mendoza de los Llanos Orientales.9 En 1997 las ACCU revelaron en su página de Internet el organigrama de sus bloques y frentes. Aparecieron como vinculados a las ACCU los cinco bloques que más tarde darían origen a grandes estructuras armadas con expansión territorial: Bloques Metro, Urabá, Norte, Central y Minero, con sus áreas de operación. Tres de los cinco bloques actuaron en Antioquia (Metro, Urabá y Minero), el Bloque Norte en todos los departamentos de la Costa Atlántica y el Bloque Central, que luego se llamó Bloque Central Bolivar, en el Magdalena Medio. Para ese año, el organigrama revela el dispositivo regional que se proponía desplegar en los años siguientes, como ocurrió en efecto.

Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá.

8

Según Carlos Castaño, “Las AUC lo conforman cinco comandos regionales que son: las ACCU que además de Córdoba y Urabá tienen hombres en el Putumayo y en Santa Marta; las AUSAC cuyo jefe es Morantes y opera en Santander y sur del Cesar; Las Autodefensas del Magdalena Medio antioqueño, en la margen derecha del río y el jefe es Ramón Izasa: Las autodefensas de Puerto Boyacá que son aún un grupo de vigilancia privada comandado por Botalón; Las autodefensas del Llano que cubren el Meta y el comandante es Martín; y las autodefensas del Casanare con Pacho a la cabeza.”, Entrevista personal con Carlos Castaño Gil, comandante de las AUC, Nudo de Paramillo, Mayo de 1999, (archivo personal). 9

Edgar Téllez y Jorge Lesmes, Pacto en la sombra, Editorial Planeta, 2006, P. 62

18

Estado mayor

BLOQUE METRO

BLOQUE URABA

BLOQUE NORTE

Eje Cafetero

Eje Bananero

Sucre

Oriente Antioqueño

Darién

Suroeste Antioqueño

Atrato

Guajira

Bolívar

Chocó

Atlántico

Occidente Antioqueño

Magdalena

Río Grande

Cesar

CENTRAL

BLOQUE MINERO

Nordeste

Ituángo

Sur de Bolívar

Tarazá

BLOQUE

San Jorge

El primer ensayo de copamiento territorial fue el de Urabá desde 1994, que marginó a las FARC del norte de la región y asimiló a muchos desmovilizados del EPL, que eran perseguidos por las FARC. A raíz de esta experiencia, Salvatore Mancuso10 y Jorge 4011 ampliaron operaciones en la Costa Atlántica, ocupando Sucre12, Bolivar, Cesar, Magdalena y Guajira y en 1999 llegó a 10

Salvatore Mancuso es miembro de una familia acomodada de Montería, de ascendencia italiana. Estudió ingeniería en la Universidad Javeriana. Se inició en el paramilitarismo desde 1987, en Córdoba y Urabá, al lado de Carlos Castaño. Dirigió el Bloque Bananero e inicialmente el Bloque Norte y asumió el mando de las ACCU a la muerte de Carlos Castaño en 2004. Ganadero y bananero, es también reconocido como un gran narcotraficante y está solicitado en extradición por los Estados Unidos. Está detenido en Itaguí. 11 Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, pertenece a una familia prestante de Valledupar. Fue segundo al mando del Bloque Norte bajo Mancuso y luego pasó a comandarlo y controló amplias zonas de la Costa Atlántica, Norte de Santander y los Llanos Orientales. Está detenido en Itaguí.

19 ocupar a Norte de Santander, especialmente el Catatumbo, para disputar el control sobre la coca que ejercía el Frente 33 de las FARC. En 1998 llegaron al Putumayo fuerzas de las AUC enviadas desde Urabá y luego de varias masacres y homicidios selectivos disputaron territorios de la coca con las FARC en el valle del río Guamués. En el sur de Bolivar, el Bloque Central comenzó a incursionar desde 1996 y en 1998 se extendió a toda la región anteriormente dominada por el ELN, hasta ocupar Barrancabermeja en el 2000 y expulsar a las guerrillas. En 1999 fue creado el Bloque Calima en el Valle del Cauca, apoyado por las nuevas élites del narcotráfico, antiguos militares y empresarios rurales, para hacer frente a la mayor inseguridad proveniente de las guerrillas. En 2000 se extendieron al norte del Cauca, para proteger ingenios y plantaciones adquiridas por narcotraficantes.13 El mismo año incursionaron con masacres en Arauca. En 2001 aparecieron en Nariño para conquistar territorios de la coca y en 2002 en Cundinamarca, para contrarrestar la ofensiva de las FARC sobre el departamento. Cuando fue elegido Álvaro Uribe Vélez para la presidencia en 2002, las autodefensas habían logrado proyectar la imagen de fuerza beligerante contra las guerrillas y reclamaron una negociación de paz con el gobierno. En julio de 2003 se concretó un principio de acuerdo en Santafé de Ralito, en Córdoba, que contempló la desmovilización de los frentes paramilitares, la gestión de una ley de favorabilidad penal y apoyos económicos para los desmovilizados. La proximidad de la negociación provocó un crecimiento de los frentes y una transformación de estructuras armadas del narcotráfico en grupos paramilitares, con la venta de “franquicias” o licencias de operación, que convertían a los jefes de la droga en líderes paramilitares ansiosos de paz, a cambio de no ser extraditados a los Estados Unidos. En 2004 salió a la luz pública la reorganización del dispositivo de las autodefensas en el país, o en palabras de Duncan, “una presentación en sociedad de las diferentes facciones de señores de la guerra que entraban en las negociaciones de paz”, divididas en: Bloque Norte –Salvatore Mancuso y Jorge 40-; Bloque Pacífico, Bloque Calima y Frente Héroes de Granada –Don

12

““Juancho” está al mando del grupo “Héroes de Montes de María” de las autodefensas; “Cadena”, del grupo “Golfo de Morrosquillo”, con un área de influencia que se extiende a los municipios de San Onofre, Tolú, María la Baja, Colosó y Carmen de Bolívar: la franja que separa el mar de los Montes de María. A ambos grupos se les acusa de ser autores de muchas de las grandes masacres de los últimos años en la región. Junto al grupo “Canal del Dique”, conforman el bloque que comanda Edgard Cobos Téllez, alias “Diego Vecino”, quien a su vez tradicionalmente responde a Salvatore Mancuso.” En Fundación de Ideas para la paz FIP, Siguiendo el Conflicto No. 7, “El fantasma de San Onofre”. Juan Carlos Garzón, “La Complejidad paramilitar: una aproximación estratégica”. Alfredo Rangel, Editor, El Poder Paramilitar, Fundación Seguridad y Democracia, Editorial Planeta, Bogotá, 2005. 13

20 Berna-14; Bloque Central Bolívar15 y Frente Libertadores del Sur –Javier Montañez, alias Macaco-; Autodefensas del Magdalena Medio –Ramón Isaza-16; Bloque Centauros –Miguel Arroyave-; Bloque Mineros –Ramiro Vanoy alias “Cuco Vanoy”-; Autodefensas de Cundinamarca –Luis Eduardo Cifuentes alias “El Águila”-; Frente Tayrona –Hernán Giraldo-; Autodefensas de Puerto Boyacá –Victor Triana alias “Botalón”-17. De forma más detallada, Juan Carlos Garzón18 establece el dispositivo de las Autodefensas y ubica todos los frentes en cinco grandes estructuras: 1) Autodefensas Unidas de Colombia; 2) Bloque Norte; 3) Bloque Central Bolívar; 4) Bloque Calima; y 5) otras estructuras. Antes de la desmovilización en 2006, la estructura más grande era el Bloque Central Bolivar, con 28 frentes, seguida por las AUC, con 10 frentes, el Bloque Norte, con 8 frentes, Otras Estructuras, con 5 frentes y el bloque Calima, con 3 frentes. La Fiscalía General de la Nación empleó otro criterio para la clasificación de los bloques paramilitares: Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá – ACCU-; Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio –ACMM-; Bloque Central Bolivar; e Independientes. Esta clasificación destaca la preeminencia de las ACCU dentro de las AUC, aunque en realidad esa organización desapareció como tal en el año 2000 y dio origen al Bloque Norte, de Jorge 40, y a varias autodefensas regionales. En el mapa anexo puede apreciarse la localización de bloques que resulta de las investigaciones de la Fiscalía. Esta reorganización revela la evolución de los liderazgos en la fuerza paramilitar al momento de la negociación. En síntesis, se destacan los de Salvatore Mancuso en las AUC, el de Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, al mando del Bloque Norte, y el de Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, al mando del Bloque Central Bolivar. Alrededor de ellos hay una constelación de organizaciones armadas con influencia regional, algunas con larga historia de dominación local y otras creadas para la seguridad del narcotráfico. Entre las Diego Murillo Bejarano, alias don Berna, fue jefe militar del Cartel de Medellín e integró la banda Los Pepes, cuando Pablo Escobar asesinó en la cárcel de La Catedral a sus patrones Galeano y Moncada. Dominó las Oficinas de cobro de Medellín y comandó los Bloques Cacique Nutibara, Pacífico y Héroes de Granada. Solicitado en extradición por los Estados Unidos por narcotráfico. Se encuentra preso en Itaguí. 15 “El Estado mayor conjunto del BCB está compuesto por "Julián Bolívar" (Jefe del Estado Mayor Negociador de las AUC); "Javier Montañez" ("Macaco"); "Pablo Sevillano" (bloque Libertadores del Sur); "Pablo Mejía" (bloque Vencedores de Arauca); Sebastián Colmenares"; "Rafael Meza"; "Eduardo Victoria" e Iván Roberto Duque Gaviria, alias "Ernesto Báez", este último a cargo de la dirección política de las AUC.” En FIP, Siguiendo el conflicto No. 25, La tercera generación. 14

Ramón Isaza nació en Sonsón, Antioquia, y es conocido como “El Viejo”, por ser el mayor de los jefes paramilitares, con 60 años. En 1978 fundó las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio. Reemplazó a Mancuso como comandante de las AUC. Se encuentra preso en Itaguí. 17 El Tiempo 2004, en Duncan, Los señores de la Guerra, Op cit., 2006, Pp. 324 -325. 18 Garzón 2005 Op cit. P. 118 16

21 antiguas se destacan los liderazgos de Hernán Giraldo en la Sierra Nevada de Santa Marta, Ramón Isaza en el Magdalena Medio y Héctor Buitrago en Casanare. Entre las nuevas, más claramente relacionadas con el narcotráfico, están las de Don Berna (Frente Héroes de Granada, Héroes de Tolová); Ramiro Cuco Vanoy (Bloque Mineros); Francisco Javier Zuluaga Lindo – Gordolindo- (Bloque Conjunto Calima); Wílber Varela –Jabón- (Los Rastrojos); Diego Montoya –Don Diego- (Los Machos); y Víctor Manuel y Miguel Ángel Mejía Múnera –Los Mellizos- (Bloque Vencedores de Arauca). La configuración territorial de las estructuras paramilitares, según la información de la Fiscalía General de la Nación, está representada en el mapa siguiente. Para la Fiscalía, las AUCC han sido la estructura dominante.

BLOQUES AUC 1996 - 2006

CONVENCIONES A.C.C.U. A.C.M.M. B.C.B. INDEPENDIENTES.

Fuente:

Fiscalí Fiscalía General de la Nació Nación

Junio de 2007

4. Presencia paramilitar entre 1996 y 2007. Los mapas que se presentan en este informe localizan los municipios en los que hay reportes creíbles de la presencia de grupos paramilitares en alguno de los años del período en estudio. Los mapas no son necesariamente exhaustivos, pero buscan acercarse lo mejor posible a la cobertura geográfica real de las distintas estructuras. Fueron elaborados con base en una tabla Excel que contiene, por años, los registros de presencia de algún frente o bloque paramilitar en municipios colombianos. Se consignó la información de fuentes oficiales y de ONGs ocupadas en estos temas, así como las bases de datos que recopilan información de prensa. En la tabla se encuentran los

22 nombres de las organizaciones locales, los nombres de sus comandantes y su afiliación a estructuras mayores, cuando es el caso.

ÁREAS DE PRESENCIA DE ESTRUCTURAS PARAMILITARES 1996

AUC Bloque Norte Bloque Conjunto Calima Bloque Central Bolívar Otras Estructuras Bandas Emergentes Acción conjunta - Conflicto

Septiembre de 2007

En 1996 comenzó el proceso de acercamiento entre los grupos paramilitares existentes, que daría origen a las AUC en 1997. En el mapa aparecen los territorios de las ACCU en Urabá y Córdoba y la incursión de Carlos Castaño y Salvatore Mancuso en Cesar y en el sur del Meta (Masacre de Mapiripán). Aunque existían organizaciones en el Magdalena Medio, la Sierra Nevada de Santa Marta y el Casanare, no aparecen registradas en las bases de datos consultadas.

23

ÁREAS DE PRESENCIA DE ESTRUCTURAS PARAMILITARES 1997

AUC Bloque Norte Bloque Conjunto Calima Bloque Central Bolívar Otras Estructuras Bandas Emergentes Acción conjunta - Conflicto

Septiembre de 2007

En 1997 se revela la primera estructura de grupos paramilitares agrupados en las AUC. El núcleo inicial estuvo formado por las fuerzas de Carlos Castaño y Salvatore Mancuso en Urabá, noroccidente antioqueño y norte del Chocó, que se federaron con el grupo de Ramón Isaza en el Magdalena Medio antioqueño, con “Botalón” en Puerto Boyacá, Carlos Mario Jiménez “Macaco” en las riberas del Magdalena y Hernán Giraldo en la vertiente noroccidental de la Sierra Nevada de Santa Marta. Las AUC al mando de Castaño incursionan en el sur del Meta (Mapiripan), Casanare, Caquetá y Guaviare. Ese año comenzó a plasmarse el intento de Castaño de crear una oficialidad experimentada en el mando de tropas y de formar disciplinas militares que permitieran controlar en alguna medida las ambiciones personales de enriquecimiento de los jefes y mandos medios, que luego se desbordarían con el narcotráfico. “Jorge 40” se destacó como agente exitoso de Carlos Castaño para doblegar la independencia de Hernán Giraldo en la Sierra Nevada y asegurar el dominio de las AUC en la costa caribe.

24

ÁREAS DE PRESENCIA DE ESTRUCTURAS PARAMILITARES 1998

AUC Bloque Norte Bloque Conjunto Calima Bloque Central Bolívar Otras Estructuras Bandas Emergentes Acción conjunta - Conflicto

Septiembre de 2007

En 1998 ocurre un conflicto entre grupos paramilitares por el control del narcotráfico en Meta y Vichada, donde Víctor Carranza ejercía control territorial y cobraba impuestos de tránsito al negocio del narcotráfico. El Bloque Norte, liderado entonces por Salvatore Mancuso y Jorge 40, incursiona en el Catatumbo, en Norte de Santander, para lograr el control de cultivos y rutas de exportación de drogas a Venezuela. Igual ocurre en el Putumayo y el sur del Meta. El Bloque Central Bolivar, al mando de Macaco, se establece firmemente al norte del Magdalena Medio (Sur de Bolivar y de Cesar).

25

ÁREAS DE PRESENCIA DE ESTRUCTURAS PARAMILITARES 1999

AUC Bloque Norte Bloque Conjunto Calima Bloque Central Bolívar Otras Estructuras Bandas Emergentes Acción conjunta - Conflicto

Septiembre de 2007

En 1999 las fuerzas del Bloque Norte de las AUC, comandadas por Mancuso, consolidan su presencia en los dominios de las FARC en la región del Catatumbo en Norte de Santander. En las zonas tradicionales se mantiene el control pero la presencia de las AUC se torna más discreta, pues el gobierno de Andrés Pastrana había iniciado un proceso de negociación de paz y había designado el Caguán, entre Meta y Caquetá, como zona de despeje militar para hablar con la guerrilla de las FARC. Surge en el Valle del Cauca el Bloque Calima.

26

ÁREAS DE PRESENCIA DE ESTRUCTURAS PARAMILITARES 2000

AUC Bloque Norte Bloque Conjunto Calima Bloque Central Bolívar Otras Estructuras Bandas Emergentes Acción conjunta - Conflicto

Septiembre de 2007

Entre las AUC y el bloque Norte consolidan en el 2000 su control sobre la Costa Caribe, creando un corredor de dominio que se extiende desde la Guajira y Sierra Nevada en Magdalena, el bajo Magdalena, Atlántico, centro y norte de Bolivar, la región de Montes de María entre Bolivar y Sucre, y Córdoba y Urabá. Mancuso consolida su presencia en el Catatumbo. Otros frentes vinculados a las AUC expanden su control a todas las regiones adyacentes a sus centros de operación. Este gran crecimiento de la presencia paramilitar expresa el rechazo de muchas regiones a las conversaciones de paz con las FARC en el Caguán, que apoyaron la ampliación de las áreas de acción de los paramilitares. Castaño, de las AUC, y Macaco, del Bloque Central Bolivar, concentran fuerzas en Barrancabermeja para desalojar al ELN del puerto petrolero y en poco tiempo lo logran al establecer un régimen del terror en las comunas populares. El Bloque Central Bolivar inicia un proceso de expansión que busca controlar regiones clave del narcotráfico, como Meta, Putumayo, Nariño, Valle y Sur del Chocó. El Bloque Calima expande operaciones a varios municipios del Valle y norte de Cauca.

27

ÁREAS DE PRESENCIA DE ESTRUCTURAS PARAMILITARES 2001

AUC Bloque Norte Bloque Conjunto Calima Bloque Central Bolívar Otras Estructuras Bandas Emergentes Acción conjunta - Conflicto

Septiembre de 2007

En 2001 se consolidan los dominios territoriales del Bloque Norte, comandado por Jorge 40, en la Costa Atlántica, Norte de Santander, Antioquia y Meta. El Bloque Central Bolivar ingresa al Catatumbo a disputar territorios de la coca con el Bloque Norte y continúa en los municipios ribereños del Magdalena y en Putumayo y Nariño. El Bloque Calima consolida su dominio sobre el Valle del Cauca, disputando a la guerrilla el control de Buenaventura. En los Llanos Orientales hay conflicto por el control de Arauca y Vichada entre las AUC y frentes locales.

28

ÁREAS DE PRESENCIA DE ESTRUCTURAS PARAMILITARES 2002

AUC Bloque Norte Bloque Conjunto Calima Bloque Central Bolívar Otras Estructuras Bandas Emergentes Acción conjunta - Conflicto

Septiembre de 2007

En 2002 se mantiene la misma distribución de áreas de influencia de los bloques paramilitares. Continúa el conflicto entre bloques en Arauca y Vichada con la llegada del Bloque Central Bolivar. El Bloque Norte consolida sus dominios en el occidente y el oriente antioqueño. En Catatumbo hay conflicto entre el Bloque Norte y el Bloque Central Bolivar. En Caquetá, sur del Cauca y Nariño el territorio está controlado por las AUC y el Bloque Central Bolivar.

29

ÁREAS DE PRESENCIA DE ESTRUCTURAS PARAMILITARES 2003

AUC Bloque Norte Bloque Conjunto Calima Bloque Central Bolívar Otras Estructuras Bandas Emergentes Acción conjunta - Conflicto

Septiembre de 2007

En 2003 se extiende el dominio de Héctor Buitrago, “Martín Llanos” a todo el centro y sur del Casanare. El resto de focos paramilitares se mantiene en sus áreas de mayor control. El Bloque Central Bolivar se consolida en Arauca. Las AUC disminuyen su presencia en casi todo el país. Desde 2003 se plantea la seria posibilidad de una negociación para desmovilizar a las AUC y otros grupos a cambio del sometimiento a la justicia y de una garantía política de no extraditar a sus comandantes. El inicio de la mesa de conversaciones en San José de Ralito (Valencia, Córdoba) replantea la situación para todos los grupos y desata una serie de movimientos y confrontaciones territoriales entre ellos, que se refleja en el mapa de 2004.

30

ÁREAS DE PRESENCIA DE ESTRUCTURAS PARAMILITARES 2004

AUC Bloque Norte Bloque Conjunto Calima Bloque Central Bolívar Otras Estructuras Bandas Emergentes Acción conjunta - Conflicto

Septiembre de 2007

En Urabá y el sur de Córdoba, en el litoral pacífico del Valle y en el Catatumbo, en Casanare y Meta se desatan disputas territoriales entre grupos que reclaman hegemonías locales. Varios capos del narcotráfico deciden transformar sus bandas de sicarios en ejércitos territoriales y algunos logran comprar “franquicias” o coberturas políticas de las AUC, negociadas por grandes sumas de dinero por sus principales jefes “Jorge 40”, Mancuso, “Báez” y Vicente Castaño. El Bloque Central Bolivar se destaca por su expansión territorial hacia cuatro regiones fronterizas con creciente participación en el narcotráfico: Chocó, Guajira, Arauca y Nariño. El Bloque Norte consolida su influencia en el Meta, pero en sus restantes dominios enfrenta conflictos con otras organizaciones.

31

ÁREAS DE PRESENCIA DE ESTRUCTURAS PARAMILITARES 2004

AUC Bloque Norte Bloque Conjunto Calima Bloque Central Bolívar Otras Estructuras Bandas Emergentes Acción conjunta - Conflicto

Septiembre de 2007

ÁREAS DE PRESENCIA DE ESTRUCTURAS PARAMILITARES 2005

AUC Bloque Norte Bloque Conjunto Calima Bloque Central Bolívar Otras Estructuras Bandas Emergentes Acción conjunta - Conflicto

Septiembre de 2007

32 2005 fue el año de la negociación efectiva y la desmovilización de algunos bloques y también el año en que la negociación tuvo otras dos consecuencias en la disputa por el territorio. Uno, el conflicto entre grupos, como ocurrió en los Llanos Orientales, Nariño, sur de Córdoba, sur del Magdalena Medio y Catatumbo, que resultaron en la muerte de algunos comandantes. En ese conflicto las AUC también lograron unificar en la mesa a muchos pequeños grupos locales. El segundo escenario fue el ataque de las Fuerzas Armadas a los grupos que no quisieron participar en la negociación, especialmente en los Llanos Orientales, Se mantienen los territorios del bloque Central Bolivar en Chocó, Arauca, sur del Magdalena Medio y Nariño, aunque en este último departamento está en conflicto con el Frente Libertadores del Sur. El Bloque Norte reduce su área de presencia y se mantiene alrededor de la Sierra Nevada de Santa Marta, en el occidente y oriente antioqueños y el sur del Meta.

ÁREAS DE PRESENCIA DE ESTRUCTURAS PARAMILITARES 2006

AUC Bloque Norte Bloque Conjunto Calima Bloque Central Bolívar Otras Estructuras Bandas Emergentes Acción conjunta - Conflicto

Septiembre de 2007

En 2006 solo quedan algunos reductos de las AUC en Córdoba, Antioquia, Nariño, Putumayo y Meta. El Bloque Central Bolivar se desmovilizó y sólo quedan reductos dispersos en Cauca, sur del Tolima, Meta, Casanare, sur del Cesar y Urabá.

33 El nuevo fenómeno es la aparición de bandas emergentes o disidencias que entran en conflicto por la definición de territorios, para establecer rentas al narcotráfico y depredar las economías y fiscos locales. Así ocurre en la Guajira, Cesar, Magdalena, Norte de Santander, Arauca, Vichada, Casanare, Córdoba, Chocó, Caqueta, Guaviare, Guainía, Putumayo y Nariño. Es notable que la aparición de las bandas emergentes y los conflictos entre bloques tiendan a ocurrir en las regiones fronterizas más activas en el narcotráfico, lo que estaría indicando la reorganización de las estructuras de seguridad y controlo territorial del negocio de las drogas.

ÁREAS DE PRESENCIA DE ESTRUCTURAS PARAMILITARES 2007

AUC Bloque Norte Bloque Conjunto Calima Bloque Central Bolívar Otras Estructuras Bandas Emergentes Acción conjunta - Conflicto

Septiembre de 2007

En 2007 el fenómeno de los dominios paramilitares extensos había llegado a su fin y se perfilaban las bases del nuevo proceso de creación o continuidad de aparatos armados en reemplazo de los anteriores. Las áreas que aparecen como dominios de las AUC corresponden a disidencias renuentes a la desmovilización, que no obedecen las órdenes de sus comandantes desmovilizados. 5. El desmonte de las estructuras paramilitares Entre 2003 y 2006 el gobierno y los grupos paramilitares pactaron la desmovilización de los frentes y bloques. El cuadro, elaborado por la Misión de la OEA que supervisa la desmovilización, presenta las estructuras desmovilizadas entre 2003 y 2006, con el número de desmovilizados, divididos

34 por sexo, el número de armas entregadas y la relación porcentual entre combatientes y armas. Número de desmovilizaciones por sexo, número de armas entregadas y relación hombres/armas AÑ O

ESTRUCTURA

BLOQUE CACIQUE 2003 NUTIBARA AUTODEFENSA S DE ORTEGA BLOQUE BANANERO AUTODEFENSA S DEL SUR DEL MAGDALENA E ISLA DE SAN FERNANDO 2004 AUTODEFENSA S DE CUNDINAMARC A BLOQUE CATATUMBO BLOQUE CALIMA 2005 AUTODEFENSA S DE CORDOBA BLOQUE SUROESTE ANTIOQUEÑO FRENTE MOJANA FRENTE HEROES DE TOLOVA BLOQUE MONTES DE MARIA BLOQUE LIBERTADORES DEL SUR BLOQUE HEROES DE GRANADA

TOTAL HOMB DESMO . V. 868 860

MUJERE S

ARMA S

RELAC .

8

497

0,57

168

168

0

47

0,27

447

431

16

351

0,78

47

47

0

38

0,81

148

146

2

156

1,05

1425

1399

26

1115

0,78

557

536

21

451

0,80

925

897

28

393

0,42

125

121

4

103

0,82

110

106

4

103

0,93

465

446

19

256

0,55

594

580

14

364

0,61

689

632

57

596

0,86

2033

1998

35

1120

0,55

35 AUTODEFENSA S DE META Y VICHADA BLOQUE PACIFICO HEROES DE CHOCO ANILLOS DE SEGURIDAD BLOQUE CENTAUROS BLOQUE NOROCCIDENT E ANTIOQUEÑO FRENTE VICHADA DEL (BCB) BLOQUE TOLIMA FRENTES NORDESTE ANTIOQUEÑO BAJO CAUCA Y MAGDALENA MEDIO (BCB) FRENTE HEROES Y MARTIRES DEL GUATICA (BCB) BLOQUE VENCEDORES DE ARAUCA 2006 BLOQUE MINEROS AUTODEFENSA S CAMPESINAS DE PUERTO BOYACA BLOQUE CENTRAL BOLIVAR - SUR DE BOLIVAR BLOQUE RESISTENCIA TAYRONA AUTODEFENSA S CAMPESINAS DEL MAGDALENA

209

197

12

231

1,11

358

314

44

279

0,77

1135

1090

45

754

0,66

222

221

1

153

0,68

325

299

26

282

0,86

207

190

17

51

0,24

1922

1799

123

1390

0,72

552

524

28

351

0,63

548

506

42

409

0,74

2790

2576

214

1432

0,51

742

704

38

316

0,42

2523

2168

355

1094

0,43

1166

1135

31

597

0,51

990

961

29

757

0,76

36 MEDIO FRENTES PROCERES DEL CAGUAN HEROES DE LOS ANDAQUIES Y HEROES DE FLORENCIA (BCB) FRENTE SUR PUTUMAYO (BCB) FRENTE JULIO PEINADO BECERRA BLOQUE NORTE (CHIMILA) BLOQUE NORTE (LA MESA) FRENTE HEROES DEL GUAVIARE Y FRENTE HEROES DE LOS LLANOS BLOQUE ELMER CARDENAS PRIMERA FASE BLOQUE ELMER CARDENAS SEGUNDA FASE BLOQUE ELMER CARDENAS TERCERA FASE TOTALES

552

486

66

341

0,61

504

487

17

292

0,57

251

240

11

179

0,71

2215

2043

172

625

0,28

2545

2230

315

833

0,32

1765

1718

47

1006

0,56

309

297

12

218

0,71

484

469

15

360

0,74

736

719

17

462

0,62

31.651

29.740

1.911

18.002

0,56

Tomado del 8º. Informe MAPP-OEA Por el tamaño de las estructuras desmovilizadas se destacan el Bloque Norte, con 4.760 combatientes reportados, el Bloque Central Bolivar, con 4.445, el Bloque Mineros, con 2.790, el Bloque Héroes de Granada, con 2.033, el Bloque Héroes del Guaviare y Héroes del Llano, con 1.765, el Bloque Catatumbo, con 1.425, el Bloque Centauros, con 1.135 y el Bloque Resistencia Tayrona, con 1.166. Los restantes bloques desmovilizados contaban con menos de 1.000 combatientes cada uno, con un promedio de 466. En total se han desmovilizado 38 estructuras paramilitares.

37 El impacto geográfico de la desmovilización de los bloques puede apreciarse en la serie de mapas que se presenta a continuación, elaborado por la Vicepresidencia con base en información de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. El primero muestra los territorios de influencia de los grupos paramilitares antes del inicio de las desmovilizaciones. Los restantes muestran en blanco las zonas donde se desmovilizaron las estructuras paramilitares cada año.

38

39

40

En esta serie de mapas se registra el efecto previsto en cada región al momento de la desmovilización colectiva de cada bloque o frente, que no coincide necesariamente con la realidad de la presencia paramilitar, que se reorganiza con grupos disidentes de la negociación de paz o con grupos emergentes que llenan el vacío de seguridad para la economía ilegal, como lo muestran los mapas elaborados para este estudio.

41 6. Desplazamiento de población 1996 – 200619 La consecuencia más notable de los dominios paramilitares es el desplazamiento de población que huye de las hostilidades hacia los centros urbanos en calidad de refugiados. Con base en los registros de desplazamiento de Acción Social, que se tienen desde 1997, se calcularon las tasas municipales de desplazamiento de población rural por cien mil habitantes. Las tasas de desplazamiento, a diferencia de los números absolutos de desplazados, ponderan la importancia del desplazamiento según el tamaño relativo de la población de cada municipio y por tanto miden también el impacto demográfico del fenómeno.

TASA DE DESPLAZAMIENTO POR CIEN MIL HABITANTES 1996

CONVENCIONES Sin Desplazamiento Bajo Medio Alto

Fuente: Acció Acción Social de la Presidencia Septiembre de 2007

La secuencia de mapas de tasas de desplazamiento señala que a partir de 1996, cuando en casi todo el país era de baja intensidad, aumenta gradualmente hasta ser muy alto el año 2000, para llegar al máximo en 2002 y a partir de entonces, manteniéndose alto, comenzar a disminuir lentamente hasta el 2006. 19

Se consideró BAJA una tasa de menos de 1.000 desplazados por cien mil habitantes, MEDIA entre 1.000 y 5000 desplazados por cien mil y ALTA si hubo más de 5.000 desplazados por cien mil habitantes. La representación cartográfica de las tasas de desplazamiento destaca la gravedad relativa de la pérdida de población rural en municipios con menor densidad demográfica, donde es mayor el impacto social.

42

TASA DE DESPLAZAMIENTO POR CIEN MIL HABITANTES 1997

CONVENCIONES Sin Desplazamiento Bajo Medio Alto

Fuente: Acció Acción Social de la Presidencia Septiembre de 2007

Las dos regiones con mayores desplazamientos son Chocó-Urabá-Sur de Córdoba, al noroccidente, y la región de sur de Meta-Guaviare-Caquetá, al suroriente del país. Hay desplazamientos de intensidad media en municipios del Magdalena Medio, en el norte de Bolivar y Arauca, en Catatumbo, la sierra de Perijá y Putumayo.

43

TASA DE DESPLAZAMIENTO POR CIEN MIL HABITANTES 1998

CONVENCIONES Sin Desplazamiento Bajo Medio Alto

Fuente: Acció Acción Social de la Presidencia Septiembre de 2007

En 1998 continuó alto el desplazamiento en Chocó- Urabá y en Meta-CaquetáGuaviare, y se extendió a Casanare, Vichada y Vaupés. Continuó el desplazamiento en el Magdalena Medio santandereano, en Catatumbo, Perijá y Arauca.

44

TASA DE DESPLAZAMIENTO POR CIEN MIL HABITANTES 1999

CONVENCIONES Sin Desplazamiento Bajo Medio Alto

Fuente: Acció Acción Social de la Presidencia Septiembre de 2007

En 1999 disminuyó el desplazamiento en casi todo el país, excepto en Catatumbo, Montes de María, norte del Chocó, Meta y la región amazónica, donde continuó alto.

45

TASA DE DESPLAZAMIENTO POR CIEN MIL HABITANTES 2000

CONVENCIONES Sin Desplazamiento Bajo Medio Alto

Fuente: Acció Acción Social de la Presidencia Septiembre de 2007

El desplazamiento aumentó en 2000 en casi todo el país, especialmente en Magdalena, la región de Montes de María (Bolivar y Sucre), Catatumbo, Barrancabermeja y alrededores, Buenaventura (Valle), Meta, Guaviare, Caquetá y Putumayo.

46

TASA DE DESPLAZAMIENTO POR CIEN MIL HABITANTES 2001

CONVENCIONES Sin Desplazamiento Bajo Medio Alto

Fuente: Acció Acción Social de la Presidencia Septiembre de 2007

En 2001 aumentó el desplazamiento en Cesar, Catatumbo, Montes de María, sur de Bolivar, norte de Chocó, Arauca, sur de Tolima, costa pacífica de Valle y Cauca, y continuó alto en Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo.

47

TASA DE DESPLAZAMIENTO POR CIEN MIL HABITANTES 2002

CONVENCIONES Sin Desplazamiento Bajo Medio Alto

Fuente: Acció Acción Social de la Presidencia Septiembre de 2007

En 2002 se mantuvo alto el desplazamiento en las mismas regiones de 2001 pero aumentó en Arauca, Vichada y Vaupés.

TASA DE DESPLAZAMIENTO POR CIEN MIL HABITANTES 2003

CONVENCIONES Sin Desplazamiento Bajo Medio Alto

Fuente: Acció Acción Social de la Presidencia Septiembre de 2007

48 En 2003 disminuyó el desplazamiento en Montes de María, Chocó y Magdalena Medio, pero se mantuvo alto en Cesar, Catatumbo, Arauca, Buenaventura (Valle), Meta, Guaviare, Caquetá y Putumayo, y aumentó en la costa pacífica de Nariño.

TASA DE DESPLAZAMIENTO POR CIEN MIL HABITANTES 2004

CONVENCIONES Sin Desplazamiento Bajo Medio Alto

Fuente: Acció Acción Social de la Presidencia Septiembre de 2007

En 2004 aumentó en Montes de María, Chocó, Valle, y Tolima, y se mantuvo alto en Arauca, Meta, Guaviare, Caquetá y Putumayo.

49

TASA DE DESPLAZAMIENTO POR CIEN MIL HABITANTES 2005

CONVENCIONES Sin Desplazamiento Bajo Medio Alto

Fuente: Acció Acción Social de la Presidencia Septiembre de 2007

En 2005 disminuyó el desplazamiento en Cesar, Montes de María y Valle, se mantuvo alto en Chocó, Magdalena Medio, Meta, Guaviare, Caquetá, y Putumayo, y aumentó en Tolima, Nariño, Vichada y Guainía.

50

TASA DE DESPLAZAMIENTO POR CIEN MIL HABITANTES 2006

CONVENCIONES Sin Desplazamiento Bajo Medio Alto

Fuente: Acció Acción Social de la Presidencia Septiembre de 2007

En 2006 el desplazamiento disminuyó en Cesar y Nariño y se mantuvo alto en Catatumbo, Magdalena Medio, Chocó, Arauca, Tolima, Meta, Guaviare, Caquetá, Putumayo Vaupés y Guainía. Comenzó a ser alto en Amazonas, en la ribera del río Putumayo. En cuanto a las regiones de expulsión, coinciden básicamente con los dominios paramilitares, con la notable excepción de la zona de distensión de la región de El Caguán, bajo control de las FARC, que también tuvieron altos niveles de desplazamiento entre 1998 y 2002, como efecto de la hegemonía de esa guerrilla y posteriormente, como resultado de confrontaciones entre las FARC y los paramilitares, que aumentaron sus acciones cuando terminó el despeje militar del área. La región amazónica de Caquetá, Guaviare, Guainía, Amazonas y Putumayo, además, han tenido desplazamientos de población asociados a la lucha contra los cultivos ilícitos, que arruinan las economías ilegales regionales y fuerzan el éxodo por razones económicas. Este notable aumento del desplazamiento forzado, que coincide con los procesos de negociación antes de la desmovilización, parece corresponder a la lógica que impulsa a los grupos armados a consolidar sus bases sociales y expulsar los grupos no leales antes que la desmovilización congele y aún amenace su acumulación de capital, tierra y rentas provenientes de sus dominios armados. Es una forma de acumulación forzada y acelerada, a manera de cesantía, antes de la interrupción de las actividades rentísticas de los grupos paramilitares.

51 No todo el desplazamiento ha sido causado por grupos paramilitares. Una parte ha sido causada por actividades predatorias de las guerrillas, otra por actividades de las Fuerzas Armadas, otra por la lucha del gobierno contra los cultivos ilícitos y otra por los conflictos armados en los que participan todos los adversarios. El conflicto armado es condición suficiente para que decaigan la producción económica y el empleo y por tanto para causar emigración en busca de oportunidades para sobrevivir.20 En esta situación, la mayor oferta de servicios estatales en las ciudades hace que el desplazamiento mejore las oportunidades educativas y de empleo a mediano y largo plazo, especialmente para la nueva generación, aunque a corto plazo signifique una grave pérdida patrimonial y de nivel de vida. 7. Presencia paramilitar y desplazamiento21 El desplazamiento asociado con la presencia paramilitar ha cambiado sus territorios en la última década de acuerdo con la consolidación, la expansión o el conflicto territorial entre estructuras paramilitares y con las guerrilleras, aunque algunas grandes regiones han tenido un flujo constante de desplazados. Al comparar los mapas de intensidad del desplazamiento por años con los de dominios territoriales de los grupos paramilitares se puede apreciar cuáles estructuras han sido agentes del desplazamiento cada año. .

En las encuestas del Sistema RUT (Pastoral Social) y de CODHES las guerrillas aparecen como el principal agente expulsor de población, entre 43% y 52% de los casos, seguidas por los grupos paramilitares, responsables, según CODHES, del 41.6% de los casos, la fuerza pública, entre 1.1% y 4.8%, y agentes violentos no identificados, el 15% de las veces. 21 Para esta nueva serie de mapas se cambiaron los criterios para medir la intensidad del desplazamiento. Se consideró una tasa de desplazamiento baja cuando hubo entre 1 y 500 desplazados por cien mil habitantes al año en el municipio y alta cuando hubo más de 501 desplazados por cien mil habitantes al año. Se simplificó la variable de presencia paramilitar, que no distinguió las estructuras 20

52

MUNICIPIOS CON PRESENCIA PARAMILITAR Y TASA DE DESPLAZAMIENTO FORZADO 1996

NO Desplazamiento y NO Paras Desplazamiento Bajo y NO Paras Desplazamiento Alto y NO Paras Desplazamiento Bajo y Paras Desplazamiento Alto y Paras NO desplazamiento y Paras

Septiembre de 2007

El desplazamiento comenzó a principios de la década de los años ochenta por las primeras confrontaciones entre guerrillas y autodefensas y en 1996 era aún bajo en casi todo el país, coincidiendo con las áreas de operaciones guerrilleras y contraguerrilleras. La mayor parte de los municipios con alto desplazamiento no tenía presencia paramilitar ese año, sino predominio guerrillero.

53

MUNICIPIOS CON PRESENCIA PARAMILITAR Y TASA DE DESPLAZAMIENTO FORZADO 1997

NO Desplazamiento y NO Paras Desplazamiento Bajo y NO Paras Desplazamiento Alto y NO Paras Desplazamiento Bajo y Paras Desplazamiento Alto y Paras NO desplazamiento y Paras

Septiembre de 2007

El primer éxodo del período ocurrió en el norte del Chocó en 1997 por la incursión de las AUC. En el sur del Meta ocurrió la masacre paramilitar en Mapiripán, que obedeció a la disputa de las AUC con las FARC por el control de las rutas de la coca del Guaviare. Hubo también desplazamiento alto en el Guaviare y el suroriente del Caquetá.

54

MUNICIPIOS CON PRESENCIA PARAMILITAR Y TASA DE DESPLAZAMIENTO FORZADO 1998

NO Desplazamiento y NO Paras Desplazamiento Bajo y NO Paras Desplazamiento Alto y NO Paras Desplazamiento Bajo y Paras Desplazamiento Alto y Paras NO desplazamiento y Paras

Septiembre de 2007

En 1998 el Bloque Norte causó desplazamientos en Córdoba-Urabá y en el Meta, y el Bloque Central Bolivar en el Magdalena Medio. Comenzó el desplazamiento sistemático en la región de Catatumbo, en Norte de Santander, por acciones del Bloque Catatumbo, integrante del Bloque Norte. En Arauca, Casanare y Vichada hubo desplazamiento alto y no había presencia paramilitar, excepto en La Primavera (Vichada). En el sur de Meta, el sur de Guaviare, Caquetá y el medio Putumayo hubo desplazamiento alto sin presencia paramilitar, mientras en Mapiripan (Meta) y San José del Guaviare hubo desplazamiento alto por presencia paramilitar..

55

MUNICIPIOS CON PRESENCIA PARAMILITAR Y TASA DE DESPLAZAMIENTO FORZADO 1999

NO Desplazamiento y NO Paras Desplazamiento Bajo y NO Paras Desplazamiento Alto y NO Paras Desplazamiento Bajo y Paras Desplazamiento Alto y Paras NO desplazamiento y Paras

Septiembre de 2007

En 1999 continuó la expulsión en Urabá-Córdoba por acciones de las AUC y el Bloque Norte, y continuó el desplazamiento, por obra del mismo bloque, en el Catatumbo, el Meta y Guaviare.

56

MUNICIPIOS CON PRESENCIA PARAMILITAR Y TASA DE DESPLAZAMIENTO FORZADO 2000

NO Desplazamiento y NO Paras Desplazamiento Bajo y NO Paras Desplazamiento Alto y NO Paras Desplazamiento Bajo y Paras Desplazamiento Alto y Paras NO desplazamiento y Paras

Septiembre de 2007

En el 2000 se generalizó el desplazamiento a todas las regiones de presencia paramilitar. Las AUC y el Bloque Norte en Córdoba-Urabá y en los alrededores de la Sierra Nevada de Santa Marta (Magdalena-Cesar); el Bloque Central Bolivar en el Magdalena Medio, Buenaventura (Valle), Meta, Nariño y Putumayo; el Bloque Norte en el Catatumbo; las AUC en el norte del Chocó, Guaviare y Caquetá. En los llanos Orientales se extiende el desplazamiento a Arauca, Casanare y Vichada por la entrada del Bloque Norte y el Bloque Central Bolivar. Continúa alto el desplazamiento en Guaviare, Caquetá y el sur de Putumayo, y en los dos últimos departamentos ya hay presencia del Bloque Central Bolivar.

57

MUNICIPIOS CON PRESENCIA PARAMILITAR Y TASA DE DESPLAZAMIENTO FORZADO 2001

NO Desplazamiento y NO Paras Desplazamiento Bajo y NO Paras Desplazamiento Alto y NO Paras Desplazamiento Bajo y Paras Desplazamiento Alto y Paras NO desplazamiento y Paras

Septiembre de 2007

En 2001 continuó el desplazamiento alto en todas las regiones del año anterior y se sumó el de Cauca y Valle, por acción del Bloque Calima y el Bloque Central Bolivar, y aumentó en Nariño y Putumayo, por el Bloque Central Bolivar. En Meta, Caquetá y Putumayo aumentó el desplazamiento asociado a la zona de despeje del Caguán, que dejó a la población rural en poder de las FARC.

58

MUNICIPIOS CON PRESENCIA PARAMILITAR Y TASA DE DESPLAZAMIENTO FORZADO 2002

NO Desplazamiento y NO Paras Desplazamiento Bajo y NO Paras Desplazamiento Alto y NO Paras Desplazamiento Bajo y Paras Desplazamiento Alto y Paras NO desplazamiento y Paras

Septiembre de 2007

En 2002 continuó alto el desplazamiento alto en todas las regiones de los dos años anteriores y se inició en Arauca y Vichada, por presencia de las AUC y el Bloque Central Bolivar. Continuó el desplazamiento en la región amazónica de Guaviare, Caquetá, Amazonas y Guainía, probablemente asociado a la destrucción de cultivos ilícitos por el gobierno, que a partir de ese año se intensificó en toda la región.

59

MUNICIPIOS CON PRESENCIA PARAMILITAR Y TASA DE DESPLAZAMIENTO FORZADO 2003

NO Desplazamiento y NO Paras Desplazamiento Bajo y NO Paras Desplazamiento Alto y NO Paras Desplazamiento Bajo y Paras Desplazamiento Alto y Paras NO desplazamiento y Paras

Septiembre de 2007

En 2003 el desplazamiento comenzó a disminuir en todo el país, excepto en los territorios de las AUC en los alrededores de la Sierra Nevada de Santa Marta, en los del Bloque Norte en Catatumbo y Guaviare, los del Bloque Central Bolivar en Arauca y Nariño y los del Bloque Calima en el sur de Antioquia y la costa pacífica del Valle (Buenaventura). También aumentó el desplazamiento en el sur del Meta, Caquetá y Putumayo, y se extendió a Guainía, Vaupés y Amazonas, asociado a la fumigación de los cultivos ilícitos y las operaciones militares contra las FARC.

60

MUNICIPIOS CON PRESENCIA PARAMILITAR Y TASA DE DESPLAZAMIENTO FORZADO 2004

NO Desplazamiento y NO Paras Desplazamiento Bajo y NO Paras Desplazamiento Alto y NO Paras Desplazamiento Bajo y Paras Desplazamiento Alto y Paras NO desplazamiento y Paras

Septiembre de 2007

En 2004 aumenta el desplazamiento, especialmente en las áreas del Bloque Norte en Magdalena y Cesar, en las del Bloque Central Bolivar y el Bloque Norte en el Catatumbo, Arauca y Casanare, y del Bloque Norte en Caquetá y Guaviare, donde continuó alto. En Caquetá y Putumayo continuó alto el desplazamiento, por la destrucción de la economía de los cultivadores de coca. En la costa pacífica de Nariño y Valle continuó alto el desplazamiento. Hubo desplazamiento alto en Vichada, Guainía, Vaupés y Amazonas sin presencia paramilitar.

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MUNICIPIOS CON PRESENCIA PARAMILITAR Y TASA DE DESPLAZAMIENTO FORZADO 2005

NO Desplazamiento y NO Paras Desplazamiento Bajo y NO Paras Desplazamiento Alto y NO Paras Desplazamiento Bajo y Paras Desplazamiento Alto y Paras NO desplazamiento y Paras

Septiembre de 2007

En 2005 se recobra la tendencia a la disminución del desplazamiento, excepto en los territorios del Bloque Norte alrededor de la Sierra Nevada de Santa Marta, en los del Bloque Norte y el Bloque Central Bolivar en el Catatumbo, los del Bloque Central Bolivar en Arauca, Putumayo, Nariño y norte del Chocó, los del Bloque Norte en Guaviare y de las AUC en Urabá. Continuó alto el desplazamiento en Vaupés y Guainía, sin presencia paramilitar. Continuó alto el desplazamiento en Caquetá, donde se conjugan las campañas de erradicación de cultivos ilícitos y la ofensiva militar contra las FARC, que afectan a la población rural. Existe un corredor con alto desplazamiento que baja del sur del Magdalena Medio, pasa por Tolima, norte de Huila y se une con Caquetá, asociado con la incursión de las AUC para controlar rutas del narcotráfico.

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MUNICIPIOS CON PRESENCIA PARAMILITAR Y TASA DE DESPLAZAMIENTO FORZADO 2006

NO Desplazamiento y NO Paras Desplazamiento Bajo y NO Paras Desplazamiento Alto y NO Paras Desplazamiento Bajo y Paras Desplazamiento Alto y Paras NO desplazamiento y Paras

Septiembre de 2007

En 2006 siguió disminuyendo el desplazamiento asociado a territorios paramilitares, excepto en los dominios de las AUC en la costa pacífica del Valle y en la costa pacífica nariñense, en Catatumbo y en Meta, Guaviare y Caquetá, donde aumentó por causa de bandas emergentes. Continuó en Vichada y Guainía, ambos con presencia paramilitar. 8. Abandono de tierras por desplazados Los mapas siguientes muestran el porcentaje del área municipal que ha sido abandonada entre 1997 y 2006, con base en los datos acumulados por Pastoral Social de la Conferencia Episcopal, que contiene el registro más detallado de la pérdida de tierras. Se calculó el porcentaje del área municipal que había sido abandonada por los desplazados, según su reporte a Pastoral Social. Se consideró BAJA la pérdida de menos de 0.1% del área municipal, MEDIA cuando la pérdida varió entre el 0.1 % y 1 %, y ALTA cuando superó el 1% del área municipal. Los datos sobre área municipal fueron tomados del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Según las cifras de CODHES, la población desplazada entre 1995 y 2003 abandonó 4.8 millones de hectáreas. Los mapas señalan claramente las regiones críticas donde se concentró la mayor pérdida de tierras por parte de la población desplazada, que coincide básicamente con los dominios paramilitares, con la notable excepción del suroriente amazónico, donde además coinciden las áreas de fumigación de cultivos ilícitos con la región donde se ha concentrado, desde 2002, la ofensiva militar contra las FARC, y que también expulsa población por los dos motivos.

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PORCENTAJE DEL AREA MUNICIPAL ABANDONADA POR DESPLAZADOS 1997 y anteriores

CONVENCIONES No abandonos Hasta 0.1% - Bajo Hasta 1% - Medio Mas del 1% - Alto Fuente: Conferencia Episcopal de Colombia. Secretariado Nacional de Pastoral Social. Sistema RUT.

Septiembre de 2007

El abandono forzado de tierras es alto en las regiones de los Montes de María, Urabá, sur de Córdoba, norte del Chocó, y afecta con intensidad media al Catatumbo, el sur de Bolivar, el piedemonte de Caquetá y Tumaco, en Nariño. En todas estas regiones se desplegó el operativo paramilitar asociado en las AUC. El desplazamiento de baja intensidad ocurrió en gran parte del país, por la confrontación entre guerrillas y paramilitares.

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PORCENTAJE DEL AREA MUNICIPAL ABANDONADA POR DESPLAZADOS 1998

CONVENCIONES No abandonos Hasta 0.1% - Bajo Hasta 1% - Medio Mas del 1% - Alto Fuente: Conferencia Episcopal de Colombia. Secretariado Nacional de Pastoral Social. Sistema RUT.

Septiembre de 2007

Coincidiendo con la instalación de la mesa de negociaciones del gobierno Pastrana con las Farc, la pérdida de tierras disminuyó ligeramente en 1998, aunque siguió con intensidad media y baja en casi todo el país. El abandono de tierras fue alto sólo en ocho municipios, situados en el sur de Córdoba, los Montes de María, Catatumbo, sur del Meta (Mapiripan) y Caquetá.

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PORCENTAJE DEL AREA MUNICIPAL ABANDONADA POR DESPLAZADOS 1999

CONVENCIONES No abandonos Hasta 0.1% - Bajo Hasta 1% - Medio Mas del 1% - Alto Fuente: Conferencia Episcopal de Colombia. Secretariado Nacional de Pastoral Social. Sistema RUT.

Septiembre de 2007

En 1999 continuó el abandono de tierras con intensidad media y baja en todas las regiones en conflicto.

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PORCENTAJE DEL AREA MUNICIPAL ABANDONADA POR DESPLAZADOS 2000

CONVENCIONES No abandonos Hasta 0.1% - Bajo Hasta 1% - Medio Mas del 1% - Alto Fuente: Conferencia Episcopal de Colombia. Secretariado Nacional de Pastoral Social. Sistema RUT.

Septiembre de 2007

En 2000 aumentó el abandono de tierras en los Montes de María y se extendió al Golfo de Morrosquillo (Sucre), aumentó en Catatumbo, el Magdalena Medio, (alrededor de Barrancabermeja), el norte y centro de Chocó, el sur de Tolima, Meta y Caquetá.

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PORCENTAJE DEL AREA MUNICIPAL ABANDONADA POR DESPLAZADOS 2001

CONVENCIONES No abandonos Hasta 0.1% - Bajo Hasta 1% - Medio Mas del 1% - Alto Fuente: Conferencia Episcopal de Colombia. Secretariado Nacional de Pastoral Social. Sistema RUT.

Septiembre de 2007

Se mantuvo alto el abandono de tierras en las regiones del año anterior y aumentó en San José del Guaviare, Caquetá, Putumayo, Valle (Buenaventura) y sur del Tolima.

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PORCENTAJE DEL AREA MUNICIPAL ABANDONADA POR DESPLAZADOS 2002

CONVENCIONES No abandonos Hasta 0.1% - Bajo Hasta 1% - Medio Mas del 1% - Alto Fuente: Conferencia Episcopal de Colombia. Secretariado Nacional de Pastoral Social. Sistema RUT.

Septiembre de 2007

Aumentó el abandono de tierras en el centro del Chocó, Catatumbo, Magdalena y Caquetá, y en las restantes regiones se mantuvo entre alto y medio, mientras se extendió el radio de municipios con baja pérdida de tierras.

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PORCENTAJE DEL AREA MUNICIPAL ABANDONADA POR DESPLAZADOS 2003

CONVENCIONES No abandonos Hasta 0.1% - Bajo Hasta 1% - Medio Mas del 1% - Alto Fuente: Conferencia Episcopal de Colombia. Secretariado Nacional de Pastoral Social. Sistema RUT.

Septiembre de 2007

El abandono alto de tierras ocurrió en 2003 en el norte del Cesar y Magdalena, Catatumbo, Caquetá, Casanare y en Buenaventura (Valle). Disminuyó en la región occidental de la Costa Caribe y el Chocó.

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PORCENTAJE DEL AREA MUNICIPAL ABANDONADA POR DESPLAZADOS 2004

CONVENCIONES No abandonos Hasta 0.1% - Bajo Hasta 1% - Medio Mas del 1% - Alto Fuente: Conferencia Episcopal de Colombia. Secretariado Nacional de Pastoral Social. Sistema RUT.

Septiembre de 2007

Persistió alto el abandono de tierras en el Catatumbo, Caquetá y la costa Pacífica de Nariño y volvió a aumentar en el centro de Chocó.

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PORCENTAJE DEL AREA MUNICIPAL ABANDONADA POR DESPLAZADOS 2005

CONVENCIONES No abandonos Hasta 0.1% - Bajo Hasta 1% - Medio Mas del 1% - Alto Fuente: Conferencia Episcopal de Colombia. Secretariado Nacional de Pastoral Social. Sistema RUT.

Septiembre de 2007

En 2005 se afirma la tendencia a la disminución del abandono de tierras en todo el occidente del país, con excepción del sur de Nariño, y se mantuvo entre alto y medio en la región andina, desde Catatumbo, pasando por el Magdalena Medio, Tolima, Caquetá y Putumayo.

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PORCENTAJE DEL AREA MUNICIPAL ABANDONADA POR DESPLAZADOS 2006

CONVENCIONES No abandonos Hasta 0.1% - Bajo Hasta 1% - Medio Mas del 1% - Alto Fuente: Conferencia Episcopal de Colombia. Secretariado Nacional de Pastoral Social. Sistema RUT.

Septiembre de 2007

Continuó la disminución del abandono de tierras en muchas regiones del país, pero se mantuvo alto en Catatumbo, sur del Guaviare, y municipios de Caquetá, Putumayo y Nariño.

De norte a sur, las regiones críticas de abandono de tierras por desplazados han sido: 1) Alrededores de la Sierra Nevada de Santa Marta, en Guajira, Cesar y Magdalena; la pérdida de tierras comenzó en 1998 y aumentó hasta llegar a ser alta en Magdalena en el 2002 y en Cesar en 2003. 2) Región de Perijá y Catatumbo, en Cesar y Norte de Santander; en Perijá el abandono tuvo intensidad media durante todo el período. En Catatumbo fue de intensidad media hasta 1999, pero alta a partir del año 2000 hasta el 2006, con excepción de 2001, cuando fue de media intensidad. 3) Región de los Montes de María, en Bolivar y Sucre; el abandono fue alto en algunos municipios del área en todos los años entre 1997 y 2003 y a partir de ese año tuvo intensidad media.

73 4) Región del sur de Córdoba, Urabá (Antioquia) y Chocó; el abandono de tierras fue alto en 1997 y 1998 y descendió a medio en 1999 y 2000. En 2001 y 2002 volvió a aumentar y a partir de 2003 descendió en toda la región, excepto en el medio Chocó, donde fue alto. 5) Región del Magdalena Medio (sur de Bolivar, Antioquia, sur del Cesar y Santander); el abandono de tierras tuvo intensidad media durante todo el período, con algunos municipios (Barrancabermeja y Yondó), donde fue alto algunos años. 6) Región de Arauca y Casanare; el abandono de tierras fue bajo en 1999 y 2000; en 2001 tuvo intensidad media en Arauca y baja en Casanare; en 2003 fue alto en municipios de Casanare y medio en Arauca: en 2004 bajó la intensidad de abandono de tierras en los dos departamentos y en 2005 subió a alta intensidad en Saravena (Arauca) y media en el municipio de Arauca; en 2006 se mantuvo en intensidad media en Arauca y baja en Casanare. 7) Región Cafetera (sur de Antioquia, Caldas, Risaralda y Quindío); el abandono de tierras tuvo una intensidad entre baja y media en todo el período, aunque fue alta en algunos de ellos algunos años. 8) Región sur del Tolima y norte de Huila; en 1997 fue bajo el abandono de tierras, pero comenzó a tener intensidad media en el sur del Tolima en 1998, para luego aumentar a alta intensidad de abandono de tierras en 2000 y 2001 en el sur del Tolima, para luego mantenerse en intensidad media el resto del período, hasta 2006. 9) Costa Pacífica del Valle, Cauca y Nariño; el abandono de tierras tuvo intensidad entre baja y media entre 1997 y 2000 en Valle y Nariño, pero fue alto en Buenaventura (Valle) en 2001 y 2003. En Nariño tuvo intensidad media durante casi todo el período, pero subió a alta entre 2004 y 2006. En Cauca la intensidad osciló entre baja y media dutante todo el período. 10) Región amazónica de Meta, Guaviare, Caquetá y Putumayo; en 1997 fue alto el abandono en municipios del piedemonte de Caquetá; en 1998 comenzó un abandono de baja intensidad en toda la región amazónica, que aumentó a intensidad media en 1999 y 2000, para llegar a ser alto en 2001 en Guaviare, Caquetá y Putumayo, en Caquetá se mantuvo con intensidad entre media y alta el resto del período, igual que Guaviare y Putumayo. El estudio realizado por Ana María Ibáñez y Pablo Querubín22, con base en el Sistema de Información RUT de la Conferencia Episcopal, estableció que el 46.25% de los desplazamientos fueron causados por las guerrillas, el 45.21% por los paramilitares, el 9.35% por la presencia de dos actores armados y el 1.41% por el gobierno. El 11% manifiesta el deseo de retornar a su tierra y de ellos el 59.6% fueron desplazados por paramilitares y el 39.4% por guerrillas. Ana María Ibáñez y Pablo Querubín, Acceso a tierras y desplazamiento forzado en Colombia, CEDE, Universidad de los Andes, Bogotá, mayo de 2004, p.41. 22

74 Quienes tenían propiedad, especialmente colectiva, muestran mayor deseo de retorno que quienes tenían formas precarias, como arrendamiento, posesión o colonato.23 Los datos sobre los causantes de la expulsión no necesariamente reflejan la realidad de la apropiación posterior al desplazamiento, puesto que el dominio territorial es, por definición, inestable. Sin embargo, en los cinco años transcurridos del gobierno del presidente Álvaro Uribe, desde 2002, se ha mantenido una ofensiva constante de las Fuerzas Armadas contra las guerrillas, especialmente de las FARC, que les ha impedido consolidar dominios territoriales durante mucho tiempo, mientras los grupos paramilitares, aunque han cesado o disminuido drásticamente las hostilidades, han consolidado dominaciones locales silenciosamente durante el transcurso de las negociaciones y durante la desmovilización y han continuado expulsando población, como lo demuestran los mapas de desplazamiento. En el estudio de Ana María Ibáñez y Pablo Querubín, ya citado, los derechos perdidos por los desplazados tenían distintos grados de consolidación frente a la ley civil. El 53.9% tenía derecho de propiedad sobre sus tierras, el 8.9% tenía propiedad colectiva (reservas indígenas y tierras colectivas de comunidades negras), el 13.5% eran arrendatarios, el 7.7% eran poseedores sin título, el 4% eran colonos de tierras baldías, y el 12.1% tenía otra forma de vinculación legal con la tierra.24 En términos globales, cerca de dos tercios de los desplazados tenían propiedad protegida por títulos y un tercio tenía derechos más precarios y difíciles de probar. El último trabajo sobre desplazados, que usa las bases de datos de Pastoral Social y de CODHES, sostiene que el 52.3% de los desplazados tenían algún derecho real sobre la tierra (propiedad, posesión, colonato, propiedad colectiva y otra forma), el 7.9% arrendamiento, el 19.1% no dejó tierra y el 20.8% no responde o no sabe. En cuanto al tamaño de los predios abandonados, un tercio (33.4%) de los desplazados abandonaron minifundios inferiores a 5 hectáreas, dos tercios (65.6%) tenían predios inferiores a 20 hectáreas y sólo 7.6% tenía predios superiores a 100 hectáreas. 25 Estas cifras muestran que el desplazamiento tiene un componente alto de pérdida de tierras de pequeños 23

“La tenencia de la tierra influye en el deseo de retorno de manera positiva. El abandono de tierra es un costo económico y constituye, por lo general, el único activo de los hogares por lo cual el deseo de recuperar el predio abandonado es un incentivo para retornar. Además, los hogares con acceso a la tierra se dedican, por lo general, a labores agrícolas y se encuentran en clara desventaja frente a individuos preparados para el mercado laboral urbano lo que implica un costo adicional de no retornar. Cuando se observan las diferencias según la estructura de tenencia de la tierra, los resultados revelan que aquellos hogares que desean retornar son, en mayor proporción, propietarios colectivos de los predios abandonados. Esta modalidad constituye algún tipo de propiedad legal y ofrece, por tanto, mayor seguridad de recuperar el predio ante un eventual retorno. Además, el elemento colectivo relacionado con la propiedad colectiva de la tierra parece generar un mayor sentimiento de seguridad entre los propietarios y puede así incentivar el retorno.” Ana María Ibáñez y Pablo Querubín, Op. Cit. p.78 24

Ana María Ibáñez y Pablo Querubín, op.cit., p.77

75 propietarios y que probablemente sus derechos sobre la tierra fueron un motivo adicional para la expulsión violenta. El destino de las tierras abandonadas, sin embargo, parece obedecer pautas diferentes cuando el grupo armado dominante es paramilitar o guerrillero. Para los paramilitares la apropiación de territorios de desplazados se enmarca en los objetivos de seguridad militar y de creación de santuarios para el negocio de las drogas, y en algunos casos para el desarrollo de plantaciones agrícolas de largo plazo o ganadería extensiva cuando se busca invertir ganancias. Los paramilitares están interesados en la propiedad de la tierra como forma de enriquecimiento y seguridad y en la lealtad o sometimiento de la población. Por eso buscan expulsar la población que sospechan poco leal y redistribuyen la posesión de la tierra a quienes muestren lealtad con el grupo armado y contribuyen en sus negocios. Las guerrillas privilegian el control de la población rural para crear corredores de movilidad territorial, y están más dispuestas a abandonar territorios por razones de táctica militar. Tienden a acumular capital de manera más líquida y más vinculada con la actividad militar, como ganado, medios de transporte y negocios de abastecimiento logístico, aunque también se apropian predios con violencia. Por eso ha sido mayor la apropiación de tierras por paramilitares, que han articulado el uso de la fuerza a un proyecto de dominación económica y política territorial, mientras las guerrillas han acumulado más su capital en el aparato militar. 9. Presencia paramilitar y abandono de tierras26 El control del territorio ha sido el motivo principal por el cual los grupos paramilitares han desplazado población en la última década. Es control político en la medida que busca expulsar la población hostil y asegurar lealtades de la que permanece, control económico de negocios ilícitos y de las actividades lícitas, y control militar en cuanto excluye a las guerrillas y sustituye la seguridad pública. La apropiación de la tierra ha sido una consecuencia del control territorial, en la medida que muchos jefes y mandos medios de los paramilitares aprovecharon el desplazamiento para volverse terratenientes extensivos, colmando ambiciones de enriquecimiento y señorío. Sin embargo, como señalan los mapas siguientes, no se presenta abandono de tierras en todos los dominios paramilitares, y hay muchas tierras abandonadas en áreas sin presencia paramilitar durante el período. Un poco más de la mitad de la tierra abandonada lo ha sido por causa de las guerrillas y una parte pequeña por las fumigaciones de cultivos ilícitos.

Desafíos para Construir Nación, El país ante el desplazamiento, el conflicto armado y la crisis humanitaria 1995-2005, Conferencia Episcopal de Colombia-CODHES, 2006, p.91. 26 En los mapas se consideró BAJO el abandono de tierras que no excediera el 0.1% del área rural del municipio y ALTO si excedía ese porcentaje. 25

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AREA ABANDONADA POR DESPLAZADOS POR PRESI ÓN DE PARAMILITARES 1997 y anteriores

CONVENCIONES No abandonos Hasta 30 - Bajo Hasta 150 - Medio Mas del 150 - Alto Fuente: Conferencia Episcopal de Colombia. Secretariado Nacional de Pastoral Social. Sistema RUT. Marzo de 2008

Sólo en el Urabá chocoano y antioqueño hubo presencia paramilitar y abandono alto de tierras en escala regional, y en municipios dispersos de Bolivar, Cesar, Santander (Barrancabermeja), Casanare y Meta. Hubo dominios paramilitares que no causaron desplazamiento ni abandono de tierras, igual que zonas con alto abandono de tierras donde no hubo presencia paramilitar.

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AREA ABANDONADA POR DESPLAZADOS POR PRESI ÓN DE PARAMILITARES 1998

CONVENCIONES No abandonos Hasta 30 - Bajo Hasta 150 - Medio Mas del 150 - Alto Fuente: Conferencia Episcopal de Colombia. Secretariado Nacional de Pastoral Social. Sistema RUT. Marzo de 2008

En 1998 crecieron las áreas con presencia paramilitar y alto abandono de tierras por desplazamiento al noroccidente antioqueño y el sur de Córdoba, el sur de Bolivar y Barrancabermeja, el Catatumbo, el Golfo de Morrosquillo y el sur del Tolima, y con baja tasa de abandono en Casanare, Meta, Guaviare, Vichada y Putumayo.

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AREA ABANDONADA POR DESPLAZADOS POR PRESI ÓN DE PARAMILITARES 1999

CONVENCIONES No abandonos Hasta 30 - Bajo Hasta 150 - Medio Mas del 150 - Alto Fuente: Conferencia Episcopal de Colombia. Secretariado Nacional de Pastoral Social. Sistema RUT. Marzo de 2008

En 1999 aumentó el número de municipios donde hubo presencia paramilitar y no hubo abandono de tierras, y se mantuvo alto el abandono en las regiones del año anterior, a las que se sumaron el norte del Cesar (Valledupar) y el oriente del Meta.

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AREA ABANDONADA POR DESPLAZADOS POR PRESI ÓN DE PARAMILITARES 2000

CONVENCIONES No abandonos Hasta 30 - Bajo Hasta 150 - Medio Mas del 150 - Alto Fuente: Conferencia Episcopal de Colombia. Secretariado Nacional de Pastoral Social. Sistema RUT. Marzo de 2008

En el 2000 aumentaron las regiones de dominio paramilitar sin reportes de abandono de tierras y también lo hicieron las regiones donde hubo alto abandono de tierras. Entre las últimas se destacan Cesar y Magdalena, el Catatumbo, Urabá y sur de Córdoba, sur de Bolivar y Magdalena Medio, Montes de María, sur del Tolima, Buenaventura (Valle), Caquetá, Putumayo y Tumaco (Nariño).

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AREA ABANDONADA POR DESPLAZADOS POR PRESI ÓN DE PARAMILITARES 2001

CONVENCIONES No abandonos Hasta 30 - Bajo Hasta 150 - Medio Mas del 150 - Alto Fuente: Conferencia Episcopal de Colombia. Secretariado Nacional de Pastoral Social. Sistema RUT. Marzo de 2008

La presión por expulsar población y obligar al abandono de tierras aumentó en 2001 en todas las zonas de presencia paramilitar. En los Llanos Orientales fue mayor en Arauca y Guaviare, pero con menor intensidad se sintió también en Meta y Vichada. También fue mayor el abandono de tierras en el sur de Córdoba y Urabá, igual que en municipios ribereños del Magdalena en Caldas y Tolima. Siguió siendo fuerte el abandono en los dominios del Bloque Norte en Cesar, Magdalena, Montes de María, Magdalena Medio y Catatumbo, igual que en las regiones del Bloque Central Bolivar en el suroccidente del país, como Nariño, Valle, Putumayo y Caquetá.

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AREA ABANDONADA POR DESPLAZADOS POR PRESI ÓN DE PARAMILITARES 2002

CONVENCIONES No abandonos Hasta 30 - Bajo Hasta 150 - Medio Mas del 150 - Alto Fuente: Conferencia Episcopal de Colombia. Secretariado Nacional de Pastoral Social. Sistema RUT. Marzo de 2008

El cambio más notable en 2002 fue la intensificación del abandono de tierras en el nororiente del país, pues fue alto en Guajira, Magdalena, Cesar y el Catatumbo (Norte de Santander). Se mantuvo constante en el sur de Córdoba, Magdalena Medio, Caquetá, costa pacífica de Nariño y Cauca, aunque disminuyó en Buenaventura (Valle). Aumentó el abandono en el sur del Meta (Ariari y Mapiripán). Disminuyó notablemente el número de municipios con presencia paramilitar donde no hubo abandono de tierras.

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AREA ABANDONADA POR DESPLAZADOS POR PRESI ÓN DE PARAMILITARES 2003

CONVENCIONES No abandonos Hasta 30 - Bajo Hasta 150 - Medio Mas del 150 - Alto Fuente: Conferencia Episcopal de Colombia. Secretariado Nacional de Pastoral Social. Sistema RUT. Marzo de 2008

En 2003 disminuyó el desplazamiento y el abandono de tierras en casi toda la región occidental del país, incluyendo gran parte de la Costa Atlántica. Se mantuvo alta en alrededores de la Sierra Nevada de Santa Marta, el Catatumbo, Arauca y el Magdalena Medio, igual que en Caldas, Tolima, sur del Meta, Caquetá, Putumayo, Buenaventura (Valle) y costa pacífica de Nariño.

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AREA ABANDONADA POR DESPLAZADOS POR PRESI ÓN DE PARAMILITARES 2004

CONVENCIONES No abandonos Hasta 30 - Bajo Hasta 150 - Medio Mas del 150 - Alto Fuente: Conferencia Episcopal de Colombia. Secretariado Nacional de Pastoral Social. Sistema RUT. Marzo de 2008

En 2004 disminuyó la presión sobre la tierra en el centro del país, incluyendo la zona cafetera, el Tolima y Huila. Se mantuvo alta en los alrededores del la Sierra Nevada de Santa Marta, el Catatumbo y el Magdalena Medio, igual que en Arauca, el Ariari (Meta), Caquetá, Guaviare y Putumayo. Siguió alto el abandono de tierras en Buenaventura y costa pacífica de Nariño.

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AREA ABANDONADA POR DESPLAZADOS POR PRESI ÓN DE PARAMILITARES 2005

CONVENCIONES No abandonos Hasta 30 - Bajo Hasta 150 - Medio Mas del 150 - Alto Fuente: Conferencia Episcopal de Colombia. Secretariado Nacional de Pastoral Social. Sistema RUT. Marzo de 2008

En 2005 disminuyó el abandono de tierras en Buenaventura, el sur del Tolima y Caquetá y aumentó en el Meta y la costa pacífica de Nariño. Se mantuvo alto el abandono en Cesar y Guajira y disminuyó en el Catatumbo. También aumentó en municipios dispersos de la región cafetera de Antioquia, Caldas y el norte del Tolima.

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AREA ABANDONADA POR DESPLAZADOS POR PRESI ÓN DE PARAMILITARES 2006

CONVENCIONES No abandonos Hasta 30 - Bajo Hasta 150 - Medio Mas del 150 - Alto Fuente: Conferencia Episcopal de Colombia. Secretariado Nacional de Pastoral Social. Sistema RUT. Marzo de 2008

En 2006 se mantuvo, aunque en menor número de municipios, el abandono alto de tierras en las regiones de desplazamiento crónico como alrededores de la Sierra Nevada de Santa Marta, el Catatumbo, Arauca, Vichada y Magdalena Medio, igual que en la Costa pacífica de Nariño, sur del Tolima, Ariari (Meta), Guaviare, Caquetá y Putumayo.

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AREA ABANDONADA POR DESPLAZADOS POR PRESI ÓN DE PARAMILITARES 2007

CONVENCIONES No abandonos Hasta 30 - Bajo Hasta 150 - Medio Mas del 150 - Alto Fuente: Conferencia Episcopal de Colombia. Secretariado Nacional de Pastoral Social. Sistema RUT. Marzo de 2008

Disminuyó el desplazamiento y el abandono de tierras, aunque se mantuvo en las regiones de desplazamiento crónico mencionadas en 2006. 10. Conclusiones y sugerencias de políticas El Estado colombiano tiene la responsabilidad histórica de haber cohonestado y permitido el desarrollo de los grupos paramilitares como fuerzas auxiliares de la contrainsurgencia oficial, y por tanto, de haber fallado en su deber de proteger la vida y los bienes de las víctimas y los desplazados. Casi cinco millones de hectáreas han sido abandonadas por quienes huyeron de la violencia, y muchas han pasado a otras manos. Sólo uno de cada diez desplazados desea retornar a su lugar de origen, porque lo asocia al terror que causó la expulsión. El deterioro de las condiciones de vida de los desplazados es muy grave en las primeras etapas y afecta principalmente a niños y mujeres cabeza de hogar, que componen la gran mayoría de la población desarraigada de su hogar. El abandono de tierras por los desplazados puede generar alguna de las siguientes situaciones en cuanto al derecho de propiedad: 1) que las tierras permanezcan abandonadas sin que nadie las ocupe; 2) que las tierras abandonadas estén al cuidado de un pariente, vecino o amigo del lugar; 3) que las tierras hayan sido ocupadas indebidamente por un vecino al extender las cercas, u ocuparlas con ganados o cultivos;

87 4) que las tierras hayan sido apropiadas de hecho, sin transferencia legal de la propiedad, por los agentes causantes de la amenaza o violencia o por terceros; 5) que las tierras hayan sido indebidamente adjudicadas de hecho a un tercero, como beneficiario de repartos hechos por los grupos armados causantes del desplazamiento; 6) que las tierras hayan sido transferidas en venta con apariencia legal a un tercero, que forzó la venta bajo amenazas o a precio inferior al comercial; y 7) que las tierras abandonadas hayan sido posteriormente tituladas por el Estado a un tercero, que reclama para sí la posesión necesaria para la prescripción adquisitiva o los requisitos para la adjudicación. Exceptuando las dos primeras situaciones, en las que el derecho de propiedad no se puede ejercer pero no hay conflictos de propiedad con terceros, en las cinco restantes se presenta el conflicto entre poseedores anteriores y posteriores al desplazamiento, que amerita la intervención del Estado. En las situaciones 3), 4) y 5) se trata de la usurpación simple y llana del derecho del anterior poseedor, que puede ser revertida por el Estado por acción de la justicia y la policía. Las dos situaciones finales son más complicadas, porque exigen controvertir la legalidad de los actos jurídicos que transfirieron el derecho y deshacer sus efectos, para proteger los derechos de los poseedores anteriores a los actos de violencia. En las situaciones 1) y 2) los derechos de propiedad sólo pueden restablecerse cuando se garanticen las condiciones de seguridad para el retorno, lo que equivale a desarticular la influencia local de las organizaciones armadas causantes de la expulsión. Para afrontar los casos de las situaciones 3), 4) y 5) hace falta diseñar mecanismos para obligar a los actuales tenedores de las tierras abandonadas a devolverlas a sus verdaderos propietarios, poseedores o tenedores, o, en su defecto, a la Agencia Presidencial para la Acción Social para su ingreso a los programas de canje de predios. Es decir, el programa de protección de tierras de la población desplazada debe llegar al nivel práctico de la restitución física de la tierra, para lo cual deben usarse no sólo instrumentos legales de registro de la propiedad sino instrumentos coactivos y policivos para desalojar a los usurpadores y garantizar la tenencia de sus legítimos poseedores o dueños. El problema se complica cuando los usurpadores de tierras continúan disponiendo de la protección de estructuras armadas, que obviamente el Estado debe eliminar para poder restablecer el imperio de la ley. La ley de Justicia y Paz ordena compensar a las víctimas y restituir sus propiedades, y el gobierno ha dispuesto que la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional sea la entidad encargada de recibir y disponer de los bienes entregados para la compensación. La ley no determina que las propiedades que los paramilitares entreguen para ese fin deban devolverse a los dueños o poseedores originales. Esa ambigüedad puede dar origen a nuevos conflictos entre víctimas del despojo, que para

88 recuperar sus predios tendrían que perseguir judicialmente a los nuevos adjudicatarios, si son distintos a los dueños originales. Aunque el despojo de tierras por desplazamiento se extendió a una gran parte del país, este estudio permite precisar las regiones y municipios donde tuvo mayor incidencia e identificar las estructuras armadas que actuaron en cada región y municipio, para focalizar en esas regiones y estructuras el esfuerzo que el Estado debe realizar para superar el “estado de cosas inconstitucional” que constituye el desplazamiento y la pérdida de la tierra. Además de las denuncias individuales de las víctimas y las declaraciones de los Comités Territoriales para la Atención de la población desplazada, y de prohibir a los Registradores legalizar las transferencias forzadas de propiedad, que son un comienzo de solución, el Estado debe agenciar la tarea activa de clarificar el dominio de la tierra en todos los municipios donde hubo desplazamiento, empezando por aquéllos con tasas más elevadas. La clarificación que se requiere no sólo debe mirar la legalidad de los títulos y de sus transferencias, sino la relación que guardaron los cambios de posesión con las situaciones de violencia armada que han vivido las regiones y localidades. A medida que avance la clarificación del dominio debe complementarse con la acción policial requerida para desalojar a los usurpadores de predios ajenos y garantizar el regreso y la posesión pacífica de los dueños o poseedores legítimos. Sólo de esta manera el Estado puede superar la inconstitucionalidad de la situación y neutralizar las semillas de los futuros conflictos violentos por la tierra. Una política de clarificación del dominio focalizada en los municipios donde fue mayor el abandono de tierras permite lograr varios objetivos simultáneos. Uno, permite detectar los numerosos casos de ampliación de linderos más allá del área amparada por los títulos de propiedad, a costa de los baldíos o de tierras de campesinos desplazados. Dos, permite clarificar administrativamente los casos en disputa cuando ninguno de los pretendientes puede acreditar la propiedad. Tres, la clarificación del dominio puede articularse con un programa de titulación de baldíos en áreas de colonización, para estabilizar los derechos de los colonos. Cuarto, la clarificación del dominio permite detectar y revertir la apropiación indebida de hecho y la legalización fraudulenta o forzada de la propiedad. En sentido opuesto, la clarificación del dominio permite sanear los títulos legítimos de propiedad de la sospecha de usurpación violenta que cae sobre muchas grandes propiedades en zonas de dominio paramilitar. Ese saneamiento daría seguridad a los intermediarios financieros sobre la solidez de las garantías hipotecarias y facilitaría la inversión en grandes proyectos agroindustriales como los que se proyectan para la producción de biocombustibles. Como se trata de una situación excepcional por la cantidad de familias y hectáreas involucradas, una política de clarificación del dominio de la tierra debe promover la participación de organizaciones campesinas y asociaciones de desplazados, para que aporten elementos de juicio desde las comunidades locales. También debe articularse con una política de actualización del catastro

89 y contar con el apoyo de la cartografía catastral detallada. Los censos de propietarios y poseedores realizados por los Comités Territoriales, que por mandato legal sirven como prueba sumaria del derecho abandonado, deben ser tenidos en cuenta en una política de clarificación del dominio.

90 ANEXO 1 FUENTES DE INFORMACIÓN PARA LA BASE DE DATOS Libros, Capítulos de Libros e Informes NUMERO 001 002

003 004 005 006 007

FUENTE Alejandro Reyes, Francisco Thoumi y Liliana Duica, El narcotráfico en las relaciones fronterizas de Colombia. Dirección Nacional de Estupefacientes y Universidad del Rosario. 2006. Juan Enrique Martínez Vivas “Situación de la región del Catatumbo – Norte de Santander”. Defensoría del Pueblo Regional delegada para los derechos colectivos y del medio ambiente. Bogotá, Agosto 14 de 2004 Colombia: ¿Hacia la paz y la justicia? Internacional Crisis Group, Informe sobre América Latina N° 16, 14 de marzo de 20060“Guerra y Droga en Colombia” Internacional Crisis Group, Informe sobre América Latina N° 11, 27 de enero de 2005. "Desmovilizar a los Paramilitares en Colombia: ¿una Meta Viable? International Crisis Group, Informe sobre America Latina N° 8, agosto 5 de 2004 Colombia Negociar con los Paramilitares, International Crisis Group Informe Sobre América Latina N°5 16 de septiembre 2003 "Coyuntura de Seguridad Informe Especial Desmovilizaciones Individuales: las incertidumbres de la guerra y las limitaciones de la paz". Abril - junio de 2005 www.seguridadydemocracia.org Publicaciones Periódicas y Publicaciones en línea.

RO1 R02 R03 R04 R05

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Crímenes que confesó Mancuso. Mapa interactivo de las masacres que cometieron las AUC entre 1997 y 2003. Disponible en www.eltiempo.com 2790 hombres del bloque mineros de las AUC hicieron dejación de armas. Disponible en: http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/noticias/2006/enero/enero _20_06.htm “Un camino culebrero” Revista Semana. Julio 17 al 24 de 2006 Edición 1263. P. 40-41 "Desaparición Kimy Pernia, las confesiones de Mancuso" Disponible en: http://www.eltiempo.com/Mancuso/desaparicindekimyperna/index.html "Mancuso confiesa múltiples crímenes" El Pais.com disponible en: http://www.elpais.com.co/paisonline/notas/Enero162007/mancu.html "Corte Interamericana de Derechos Humanos condena al Estado por masacres de Ituango" Noticias ACNUR. Disponible en: http://www.acnur.org/index.php?id_pag=5410 "Se Desmovilizó Bloque Héroes de Granada de las AUC" Oficina Alto Comisionado para la Paz. Disponible en: http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/noticias/2005/agosto/ago_ 01_05.htm “El nuevo escenario paramilitar” Informe especial Fundación Seguridad y Democracia. Disponible en: http://www.acnur.org/pais/ "La Desmovilización del Bloque Bananero" Documentos Ocasionales Fundación Seguridad y Democracia. Disponible en: http://www.seguridadydemocracia.org/docs/pdf/conflictoArmado/Bloque Bananero.pdf "Algunos Indicadores Sobre la Situación de Derechos Humanos en Santander" Programa de Derechos Humanos de la Vicepresidencia Actualizado a abril de 2005. Disponible en: http://www.derechoshumanos.gov.co/observatorio/departamentos/separ atasantander.pdf “Con Infraestructura eléctrica, Autodefensas de Meta y Vichada repararán daños causados a víctimas” El tiempo Marzo 1 de de 2007. “Paramilitares se ‘partían la torta’ de contratos en Soledad (Atlántico)” El Tiempo Justicia..Marzo 1 de 2007. "Desmovilización de las Autodefensas de Cundinamarca" Fundación Seguridad y Democracia. Disponible en: http://www.seguridadydemocracia.org/docs/pdf/conflictoArmado/desmov 11.pdf Álvaro Sierra “Las Tierras de Fidel Castaño” Especiales interactivos El tiempo. Disponible en www.eltiempo.com “La fuerza ´para pública´ Nación. Revista Semana. La hora de la verdad del paramilitarismo. Disponible en www.semana.com Informe Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Organización de Estados Americanos. Disponible en: http://www.cidh.oas.org/countryrep/Colombia04sp/informe.htmhttp://ww w.cidh.oas.org/countryrep/Colombia04sp/informe.htm "Desmovilización del Bloque Calima de las AUC" Fundación Seguridad y Democracia. Disponible en:

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“Desmovilizados se rearman en Barrancabermeja” y sirven a narcotraficantes y traficantes de gasolina”. El tiempo Marzo 13 de 2007. Disponible en www.eltiempo.com.

Anexo 2

94 ESTRUCTURAS PARAMILITARES BLOQUE NORTE Bloque Bloque Resistencia Tayrona Sierra Nevada de Santa Marta. Fuerzas de Choque de la Vertiente Noroccidental de la Sierra Nevada de Santa Marta Bloque Norte Héroes del Llano Bloque Norte Frentes de Choque "Los Chamizos" o "Paracos" Autodefensas del Sur del Magdalena e Isla de San Fernando Frente los Macetos Autodefensas Unidas de Santander y Sur del Cesar Bloque Catatumbo Bloque Héroes de Boyacá Autodefensas del Pueblo Colombiano Seccional Córdoba Bloque Conquistadores del Yarí Frente Mártires del Cesar

Comandante Hernán Giraldo Serna Rodrigo Tovar "Jorge 40" Rodrigo Tovar "Jorge 40" Rodrigo Tovar "Jorge 40" Hernán Giraldo Serna Jose María Barrera Ortiz "Chepe Barrera" Camilo Morantes Salvatore Mancuso Alias "Chucho"

Eduard Cobo "Diego Vecino". Rodrigo Mercado Peluffo 'Cadena' Jairo Andrés Angarita "Andrés" y alias "Pedro"

Bloque Montes de María Bloque Sinú-San Jorge Bloque Anorí de las ACCU Bloque Gabarra Bloque Córdoba

"Camilo" Jairo Andrés Angarita "Andrés"

Bloque Las Mercedes de las Autodefensas Bloque Metro Bloque Cacique Nutibara Frente José Pablo Díaz Frente Julio Peinado Becerra Autodefensa de Lebrija. Frente Héroes del Llano y Héroes de Guaviare

Rodrigo Franco "Doble cero" Diego Murillo "Don Berna" Isaac Bolívar Juan Francisco Prada Manuel de Jesús Pirabán y Pedro Oliveiro Guerrero castillo

BLOQUE CONJUNTO CALIMA Bloque Bloque Cacique Calarca Frente Pacífico Bloque Farallones

Comandante Francisco J. Zuluaga “Gordo Lindo” Francisco Javier Zuluaga "Gordo Lindo"

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Salvatore Mancuso BLOQUE CENTRAL BOLÍVAR

Bloque Frente la Mojana Bloque Libertadores del Sur Bloque Central Bolívar Héroes de Tumaco Bloque Libertadores del Sur del Bloque Central Bolívar, Frente Fidel Castaño Frente Urbano Fidel Castaño Gil Frente Walter Sanchez Frente Alfredo Socarras Bloque Comuneros Cacique Guanenta Grupo Conquistadores Lanceros de Velez Frente Gonzalo de Jesús Perez Frente Cacique Pinpintá del Bloque Central Bolívar Frentes del Bloque Central Bolívar Frente Héroes y Mártires de Guática Bloque Central Bolívar Bloque Central Bolívar Sur de Bolívar Bloque Vencedores de Arauca Frente Vichada del BCB (BCB) Frente Vichada Frente Próceres del Caguán Héroes de Florencia del Bloque Central Bolívar Héroes de los Andaquíes Héroes de Guaviare Frente Pacífico Bloque Pacífico Bloque Pacífico Héroes del Chocó Frente Héroes del Choco Bloque Putumayo Bloque Gabarra Bloque Elmer Cárdenas Frente Costanero (Bloque Elmer Cárdenas) Frente Dabeiba (Bloque Elmer Cárdenas)

Comandante Salvatore Mancuso Guillermo Pérez Alzate "Pablo Sevillano"

Carlos Mario Jiménez "Macaco" Pablo Hernán Sierra Guerrero alias "Alberto" Carlos Mario Jiménez "Macaco" Iván Roberto Duque "Ernesto Báez" Iván Roberto Duque "Ernesto Báez" Iván Roberto Duque "Ernesto Báez" Pablo Mejía "Pablo Arauca" ó "El Mellizo" Carlos Mario Jiménez "Macaco" Carlos Mario Jiménez "Macaco"

Francisco Javier Zuluaga "Gordo Lindo" Francisco Javier Zuluaga "Gordo Lindo" Francisco Javier Zuluaga "Gordo Lindo" "Rafa" "Camilo" José Alfredo Berrío "El Alemán" José Alfredo Berrío "El Alemán" José Alfredo Berrío "El Alemán"

96 Frente Pavarandó (Bloque Elmer Cárdenas) Frente Tanela (Bloque Elmer Cárdenas)

José Alfredo Berrío "El Alemán" José Alfredo Berrío "El Alemán"

OTRAS ESTRUCTURAS Bloque Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá Autodefensas Campesinas Unidas del Norte del Valle (ACUNV) Autodefensas del Meta y Vichada

Comandante Arnubio Triana Mahecha "Botalón" "Cuñado" y "Doble cero" José Baldomero Linares "Guillermo Torres"

Fuerzas Unidas de los Llanos Orientales Autodefensas Campesinas de Casanare

Héctor Germán Buitrago "Martín Llanos"

Disidentes del Bloque Vencedores de Arauca

alias "Acevedo"

Bloque Buitrago Sur del Casanare Los Buitragueños

Héctor Germán Buitrago "Martín Llanos" Héctor Germán Buitrago "Martín Llanos"

BANDAS EMERGENTES Bloque Águilas Azules Águilas Doradas Águilas Negras Águilas Negras de Ciénaga Águilas Negras de Fundación Águilas Negras para siempre Los Rastrojos Águilas Rojas Banda Alta Guajira Banda Criminal emergente en Magdalena (Difícil) Bloque Antisubversivo del Sur Bloque Pijao Fuerzas Unidas de los Llanos Orientales Grupo Banda de Cesar Grupo Bloque Llaneros de Casanare Bloque Surcolombiano

Comandante Juan Carlos Rojas Mora “Jorge”, Jorge Alirio Trujillo Sánchez “Chorizo” , “Jairo” , “Sinaí” Jesús Orlando Galvis Edgar Córdoba Trujillo "Samuel" o "Comando 57" Alberto Padilla Sarmiento "Brayan" Walter Varela alias "Jabón" "Pablo" Alias Comandante "Moña", Jose Luis Paredes alias "Danilo", Gustavo José Mejía Mendoza

“Chorizo” Orlando Mesa "Diego" o "Cero tres"

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Grupo Cacique Pipintá Los Machos Frente Social por la Paz Autodefensas Unidas de la Patria Los Hombres de Azul Reducto del Grupo de Pedro Oliverio Guerrero Castillo alias "Cuchillo" Grupo Central Llanero Grupo Chivolo Grupo de las Autodefensas Campesinas de Ortega

Pablo Hernán Sierra Guerrero "Alberto" Ernesto Báez Don Diego y Wilber Varela alias "Doble Cero"

Pedro O. Guerrero "Cuchillo" Jesús Alberto Toncel Pabón "Codazzi"

Grupo Disidencia Héroes Montes de María Grupo La Cordillera Grupo Los Macheteros "El Ruso" Grupo Sin identificar H.H Juan Mario Lezcano Rodriguez "pollo Grupo Vencedores de San Jorge lezcano" "chino Molina" "roso" Javier Eduardo Coronado Sarmiento Los Cuarenta o La Empresa alias “Jaco o Eduardo” Los Paisas Hebert Veloza García alias "HH" N.O.L.C Nueva Ola Grupo de bloque Héroes de los Montes de María Grupo Autodefensas Urbanas- GRAU Coordinadora Colombiana de Autodefensas del Guainía Cooperativa de Seguridad de Meta y Vichada Carlos Mario Jiménez "Macaco" Carlos Mario Jiménez Naranjo Grupo Organización Nueva Generación "Macaco" y Jhony jader "Johny 20" Grupo La Oficina Diego Murillo "Don Berna" Grupo Los Traquetos Diego Murillo "Don Berna"

Segunda parte EL DESPOJO DE TIERRAS EN REGIONES SELECCIONADAS

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Como la estructura agraria es diversificada regionalmente, esta investigación buscó tomarle el pulso al complejo problema del despojo de tierras en algunas de las principales regiones donde tuvieron mayor influencia los grupos paramilitares en la última década. Se hicieron entrevistas en las ciudades de Quibdó, Medellín, Montería, Sincelejo, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Valledupar, Riohacha, Villavicencio y Caquetá, con el propósito de recoger las percepciones de personas que, por su posición oficial, gremial o comunitaria tuvieran mayor conocimiento de los temas abordados. En esencia, las preguntas versaron sobre los antecedentes de los grupos paramilitares, su impacto en el desplazamiento y el despojo de tierras, la incidencia del narcotráfico, la desmovilización de los grupos, el surgimiento de bandas emergentes y la situación de los campesinos despojados de su tierra. Se decidió presentar muchos elementos de juicio aportados por los entrevistados, de manera que la situación de cada departamento resulta analizada desde muchos puntos de vista, a veces contrarios.

El despojo de tierras en la Costa Atlántica La región de la Costa Atlántica es una gran llanura de tierras bajas y clima cálido que limita al norte con el Mar Caribe, circundada por las estribaciones finales de las cordilleras y por la Sierra Nevada de Santa Marta, al nororiente, y la Serranía de San Lucas, al sur, irrigada por los grandes ríos Sinú, San Jorge, Cauca, Magdalena, Cesar y Ranchería, con la gran depresión Momposina en su centro y un sistema de ciénagas y humedales que almacenan el exceso de aguas en invierno y lo drenan en verano. Su estructura agraria está dominada por las grandes haciendas de ganadería extensiva, con pequeñas áreas de agricultura comercial y una población campesina minifundista dedicada a los cultivos de subsistencia y la pequeña ganadería, que ocupan tierras marginales alrededor de los pueblos, caños y caminos secundarios. Desde el tiempo de la Colonia española, la Costa Atlántica se distingue por la gran distancia social entre la pequeña elite propietaria de haciendas y la gran masa campesina, cuyas condiciones de vida no han mejorado sustancialmente, porque el sistema productivo no distribuye la propiedad y los ingresos ni el sistema político permite que los beneficios económicos se irriguen a través de los impuestos y el gasto público. La vinculación de los campesinos con la tierra ha sido siempre precaria, pues el desmonte de las selvas interiores se realizó mediante los arriendos de parcelas de bosques para cultivos de subsistencia a cambio de sembrar pastos para la expansión de las haciendas, con una agricultura itinerante que no permitió la acumulación de capital en cabeza de los campesinos, sino que lo concentró en los dueños de la tierra. El sistema político de la costa Atlántica es fundamentalmente clientelista, construido alrededor de los gamonales que cultivan la relación con sus clientelas mediante la concesión de favores con recursos públicos y el intercambio de votos por dinero. La corrupción en el gasto público es endémica

99 y consustancial con el sistema político del clientelismo. El desarrollo capitalista empresarial es incipiente, pues la base de la economía agraria es la ganadería extensiva, con carácter rentista derivado del monopolio de la tierra y la subordinación de la mano de obra campesina sin tierra. En estas condiciones estructurales se explica la gran importancia que tiene el control del gasto público como fuente de riqueza privada, mediante la adjudicación de contratos de infraestructura y servicios públicos, como pago por el control clientelista de los votos. También explica la ineficiencia de los organismos de control, como la Contraloría y la Procuraduría, y de justicia, como la Fiscalía, porque el verdadero contenido de los contratos de la administración pública no es el cumplimiento de las prestaciones especificadas en el contrato, sino la contraprestación en votos que ofrece el intermediario político del contratista. Por eso un acueducto o una edificación pública pueden ser contratados y pagados en su totalidad varias veces, sin que se terminen de construir. Existe cierto desarrollo comercial y turístico en las capitales y las ciudades del litoral, muy poco desarrollo industrial y una creciente explotación minera del carbón en Guajira, Cesar y Magdalena, que conforman la región nororiental de la Costa. La gran mayoría de los municipios pequeños son deficitarios en la dotación de los servicios públicos y sociales y carecen de recursos propios, que debían ser generados por los impuestos prediales. Eso explica la gran migración hacia las grandes capitales como Cartagena, Barranquilla-Soledad y Santa Marta, que acumulan la miseria y no tienen capacidad productiva suficiente para absorber el exceso de población. El intento frustrado de realizar una reforma agraria marginal durante los años sesenta y setenta del siglo 20 rompió la estructura de arriendos precarios de tierras a los campesinos y provocó la expulsión masiva de arrendatarios, como una medida defensiva de la gran propiedad para evitar el reparto de la tierra de las haciendas. El debilitamiento de la organización campesina de la ANUC27 abrió una ventana de oportunidades a las guerrillas, creadas desde 1964-66, para imponer tributos a los grandes propietarios bajo la amenaza del secuestro y el asesinato. Las guerrillas, especialmente el EPL en el suroccidente, el ELN en el Magdalena Medio y las FARC en varias regiones de la Costa, crearon un sistema de contribuciones forzosas conocido como la “vacuna ganadera”, que soportaron los grandes hacendados ante la incapacidad de la fuerza pública para impedirlo. La tributación perversa de las guerrillas, con su carga de amenazas a la seguridad personal de los propietarios, contribuyó poderosamente al ausentismo y al abandono de las haciendas y, por tanto, al colapso productivo de la ganadería extensiva y la agricultura comercial durante los años ochenta y noventa del siglo 20. En estas condiciones también se entiende que el crecimiento de los negocios de exportación de marihuana y luego de cocaína desde finales de los años setenta del siglo 20 tentara no solo a buscadores de fortuna rápida sino también a muchos grandes hacendados y empresarios, pues su participación 27

Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, creada por el gobierno de Carlos Lleras Restrepo (1966-70) para organizar al campesinado en apoyo de la reforma agraria.

100 en la nueva economía ilegal les permitió reemplazar las fuentes de acumulación de capital, agotadas por su ineficiencia productiva y la tributación guerrillera. La acumulación de capitales del narcotráfico, por su carácter ilegal, no podía depender de los sistemas de protección legal y seguridad provenientes del Estado, y por tanto tuvo que crear sus propios sistemas para resolver disputas comerciales y proteger los bienes adquiridos con las ganancias, especialmente las grandes extensiones de tierras con las cuales se lavó el capital ilícito de las drogas. Así se cerró el círculo que se inició en los años sesenta, cuando el campesinado creyó en la promesa de la reforma agraria y se organizó para luchar por la tierra, los hacendados lo expulsaron de las parcelas arrendadas, los gobiernos de Misael Pastrana (1970-74), Alfonso López (1974-78) y Julio Cesar Turbay (1978-82) los dividieron y reprimieron, las guerrillas impusieron tributos a los hacendados arruinados, los hacendados se recuperaron económicamente con el narcotráfico y finalmente crearon su sistema propio de seguridad mediante la expansión de los grupos paramilitares, que simultáneamente defendieron y aumentaron su fondo de tierras, expulsaron otra parte del campesinado y los despojaron de sus tierras, y por último controlaron para su beneficio privado los flujos de dinero del gasto público y la representación política en los concejos municipales, las asambleas departamentales y el congreso nacional. En este contexto histórico puede entenderse la facilidad con la cual los grupos paramilitares expulsaron por el terror y despojaron la tierra a muchos grandes propietarios y a los campesinos de la Costa Atlántica, sin que el Estado se movilizara para impedirlo. Los grupos paramilitares representaron una alianza entre sectores de las mafias del narcotráfico, de los hacendados y los políticos, con la cooperación o tolerancia de la fuerza pública, para erradicar a las guerrillas, controlar el negocio de las drogas y apoderarse de las tierras y las administraciones locales y regionales de la Costa Atlántica, para quedarse con una parte de los fondos de las transferencias presupuestales del Estado central por la vía de la corrupción y el clientelismo. Como afirma un despacho periodístico publicado en Radio Nederland el 16 de abril de 2008, “El mapa de las regiones más afectadas corresponde a aquéllas en las que los paramilitares se enseñorearon durante las últimas décadas. Hasta ahora, la costa Caribe es la que más miembros de su clase política tiene tras las rejas. De los 25 senadores elegidos por los siete departamentos de este litoral en los comicios de 2006, once renunciaron o fueron suspendidos por presuntos vínculos con jefes paramilitares. Los departamentos de Cesar y Magdalena se quedaron sin senadores, ya que los cuatro que les correspondían a cada uno están presos. De los tres de la circunscripción de Sucre, sólo uno está libre, y Córdoba perdió a tres de los seis que eligió. En otras regiones como en la centro-oriental del Meta, el único senador elegido acabó preso. De aquellas regiones en las que las investigaciones apenas empiezan, como Antioquia, provienen tres legisladores detenidos en el último mes.”28 28

María Isabel García, Congreso, preso de la parapolítica, Radio Nederland, 16 de Abril de 2008.

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Según la evaluación hecha por Amnistía Internacional en 2007 “Al no abordar la arquitectura política, militar y económica de los paramilitares a nivel nacional e internacional, el gobierno ha asegurado que la infraestructura paramilitar se mantiene intacta. El paramilitarismo colombiano no se erradicará hasta que sus raíces que siguen siendo protegidas y alimentadas tanto en Colombia como fuera del país sean destruidas.” “Una de las principales raíces del problema es la polémica cuestión del control de la tierra y los recursos naturales. Gran parte de la riqueza amasada por los paramilitares y por los políticos y empresarios que los respaldan se ha basado en el robo –a menudo con uso o amenaza de uso de violencia– de millones de hectáreas de tierras pertenecientes a centenares de miles de campesinos o a comunidades indígenas o de afrodescendientes a lo largo y ancho del país. Hasta ahora, unas 50.000 personas han pedido formalmente reparación dentro de los procesos que afectan a los líderes paramilitares. Una de cada cinco de estas peticiones se refieren al robo de tierras.” “Como parte del trato con el gobierno colombiano, los paramilitares se comprometieron a entregar todos los bienes obtenidos ilegalmente y a devolverlos a sus legítimos dueños o a sus familias. Pero, excepto por algunos bienes de poca monta, los paramilitares no han entregado hasta la fecha ninguna extensión significativa de tierra, y Amnistía Internacional pone seriamente en duda que lo hagan. ¿Por qué iban a hacerlo? Gran parte de la tierra robada por los paramilitares se ha hecho pasar a manos de terceros –a menudo familiares y amigos que hacen de testaferros– con el fin de ocultarla. Pero en vez de adoptar una postura decidida ante este engaño, el gobierno colombiano ha puesto reiteradamente de manifiesto su falta de voluntad política para perseguir a los testaferros con toda la fuerza de la ley. Por si fuera poco además, el gobierno ha promulgado legislación que dificultará aún más a las personas desplazadas el proceso de reclamación de sus tierras, ya que facilita la legalización de la posesión a quienes las robaron. De todas las víctimas de este prolongado y brutal conflicto, las desplazadas son las que menos probabilidad tienen de obtener justicia.”29 El impacto de la expansión de los paramilitares sobre la tierra de los campesinos fue diferente en los siete departamentos y en las sub-regiones, dependiendo de la historia de los conflictos agrarios, de la penetración previa de las guerrillas, de la fortaleza relativa de las capas terratenientes y las sociedades campesinas, y de las condiciones del narcotráfico. También fueron distintas las configuraciones de los bloques de poder local y de las sociedades regionales, y las consecuencias sobre la migración a las ciudades de la Costa. Con estos criterios en mente, se describirá lo ocurrido en cada uno de los departamentos de la Costa Atlántica, de suroccidente a nororiente, con base en las entrevistas realizadas a un conjunto seleccionado de observadores con responsabilidades públicas o gremiales. 29

Document - Colombia: Discurso de Susan Lee en la II CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA, Bruselas, 17 y 18 de abril de 2007

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El despojo de tierras en Córdoba El departamento fue, con el sur de Bolívar, la última frontera de colonización y expansión de la ganadería a costa de los bosques, que previamente permitieron una importante extracción y comercio de maderas. También es una frontera social, pues muchos ganaderos antioqueños fundaron haciendas, igual que lo hicieron en Urabá, a la que está geográficamente integrada Córdoba. Existe una relación complementaria entre la ganadería de las sabanas de Sucre, que se secan en verano, y la de Córdoba, que permanece irrigada por el río Sinú, y una migración estacional de los rebaños entre los dos departamentos en busca de buenos pastos. Por eso muchos hacendados de Sucre también tienen haciendas en Córdoba y los dos departamentos gravitan económicamente en Cartagena, a cuya jurisdicción pertenecieron hasta su constitución como departamentos (Córdoba en 1951 y Sucre en 1967). En las tierras ganaderas de Córdoba el campesinado fue vinculado a la tala y quema del bosque para la siembra de pastos a cambio de permitirle sembrar cultivos de subsistencia por cortos períodos, lo que los obligaba a trasladar su vivienda periódicamente a la frontera boscosa, a medida que expandían las haciendas ganaderas, cuyos dueños capitalizaban el esfuerzo campesino. Cuando este proceso de expansión de la ganadería agotó los bosques, también hizo superflua la presencia campesina. El conflicto social estalló a finales de los años sesenta del siglo 20, cuando la mayor parte de los hacendados expulsó a los arrendatarios por pastos para precaverse de la reforma agraria. Las comunidades campesinas, con fuertes vínculos de familia extensa, se organizaron en el marco formal de la ANUC y constituyeron comités de recuperación de tierras, que emprendieron la invasión sistemática de las áreas no explotadas de las haciendas para recuperar sus espacios de cultivo y supervivencia, forzando al gobierno a adquirirlos y repartirlos entre los campesinos en la primera mitad de los años setenta. Esta súbita organización y politización de la base campesina permitió al naciente EPL (1967-1991), liderado por activistas radicales de origen antioqueño, crecer su influencia sobre Córdoba y legitimar la lucha política contra los terratenientes, que sufrieron los rigores de la presencia guerrillera con el pago de la “vacuna ganadera” a favor de la causa revolucionaria. Este proceso también predispuso a los grandes propietarios a apoyar la creación de autodefensas contra las guerrillas, que inicialmente lideró Fidel Castaño Gil, quien había invertido sus ganancias del narcotráfico en la compra de grandes extensiones de tierra en las márgenes del Sinú, en los municipios de Valencia y Tierralta, al sur de Montería. Las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá –ACCU- fueron inicialmente financiadas por Fidel Castaño, pero recibieron el apoyo político y las contribuciones de los ganaderos de Córdoba, liderados por Rodrigo García, dirigente gremial de origen santandereano. Aunque la lucha campesina por la tierra y la lucha guerrillera por el poder fueron fenómenos diferentes y hasta opuestos, o al menos sustitutivos, los

103 grandes propietarios y los jefes paramilitares los identificaron en una sola amenaza común, de manera que la lucha militar contra las guerrillas fue aprovechada por los terratenientes para eliminar y desplazar a los líderes sociales del campesinado, para librarse de las amenazas de reforma agraria que amenazaban el monopolio de la tierra en cabeza de la minoría propietaria. El desplazamiento de población campesina en Córdoba obedeció a tres motivaciones principales. La primera fue la expulsión de la población que era percibida como base social de las guerrillas, que para los terratenientes se confundía con los núcleos campesinos que habían luchado por el acceso a la tierra en las décadas anteriores. En palabras de Fidel Castaño “El ejército no puede erradicar a las guerrillas. Se lo digo yo que he librado una guerra con ellas. La única manera de derrotarlas es acabando con la base social de la guerrilla en cada región, y con los que queden se crean autodefensas. La diferencia con las guerrillas es que ellos entran a las zonas por primera vez, donde no hay violencia, y pueden confraternizar con la gente y se la ganan sin tener que sacrificar a nadie. Sólo después comienzan a exigir cada vez más contribuciones y vienen las amenazas y los secuestros.” “Cuando se organiza una guerra con autodefensas la cosa es distinta. Las autodefensas entran a zonas que están azotadas por la violencia y entonces no pueden distinguir entre guerrilleros y campesinos. Hacen limpieza general y sólo después pueden entrar a hablar con la gente. Pero no podemos seguir así, porque el costo en vidas del pueblo sería muy alto.”30 La expulsión de población campesina tuvo como propósito romper vínculos de lealtad y cooperación con las guerrillas y crear otros nuevos, afines a las autodefensas. Las masacres indiscriminadas sirvieron como catalizador para espantar a la población que no se identificaba con las autodefensas y con aquellas personas que no huían se organizaban las nuevas bases de apoyo a su favor. La masacre fue entonces una técnica militar para seleccionar adversarios o amigos, en la cual los desplazados por el terror ejercido por los “liberadores” confesaban implícitamente su adhesión a las guerrillas y, en consecuencia, justificaban a posteriori su victimización y despojo de la tierra. La recomposición de las lealtades de la población se logró mediante asignaciones de tierras y reglamentos impuestos a los beneficiarios, con las sanciones correspondientes si se incumplían los compromisos. “Cuando Mancuso empezó a tener poder cualquier persona le decía que X era guerrillero y lo mandaba a matar. Él se sentía mal por esas muertes y quiso recompensar a algunos campesinos con tierras. Los desmovilizados del EPL hicieron parte de esa reparación y también hombres de las autodefensas. Para ser beneficiario de las tierras de las autodefensas existía el compromiso de no vender las tierras. Cuando las FARC empezaron a hacer presencia en algunas zonas, la gente vendió por miedo. Yolanda Izquierdo fue una de las beneficiarias de las tierras de Castaño y la vendió a bajo costo. Además de eso movilizó a la gente para que hiciera lo mismo y ellos habían acordado con los Castaño no vender esas tierras y a cambio no tenían que pagar nada, fue un

30

Entrevista personal, mayo de 1991.

104 acuerdo mutuo y Yolanda como otros lo irrespetaron, por esa razón la mataron, pero pudieron ser las autodefensas, los compradores o los vendedores.” 31 La segunda motivación fue el apetito por tierras y riqueza que se despertó entre los mandos de los grupos paramilitares, como Salvatore Mancuso, Carlos Mario Jiménez “Macaco”, Ever Velosa y Freddy Rendón alias, “El Alemán”, cuando percibieron que la seguridad que aportaban a las regiones despejadas de guerrillas recuperaba el valor de las tierras y optaron por quedarse con ellas. “Mancuso no toda la vida tuvo plata. Muchos italianos que vinieron con la familia de él se quebraron todos. La esposa era quien tenía plata y tierras. Mancuso ayudó a Fidel Castaño como mando medio desde mucho antes y fue una casualidad cuando llegó a ser comandante. Mancuso tiene muchos bienes en manos de testaferros, pero la DIJIN y antinarcóticos están haciendo investigaciones”, según afirmó un funcionario de Acción Social.32 “Las mejores tierras que robaron las usaban para engordar ganado y vender carne y leche. El ganado permite manejar una gran cantidad de dinero en efectivo”, comentó un oficial de inteligencia de la policía.33 Carlos Mario Jiménez, alias “Macaco”, comandante del Bloque Central Bolívar, disputó a Mancuso y El Alemán el botín de tierras en Córdoba, mostrando las rivalidades en los procesos de conquista territorial entre distintos jefes paramilitares. “El que más propiedades tiene es Mancuso, después Monoleche y Macaco. Macaco tenía un enfrentamiento claro con Vicente Castaño. En una finca de Vicente Castaño llegaron hombres de Macaco, se llevaron al administrador y lo mataron. Vicente Castaño hizo lo mismo en una finca de Macaco. Hoy las dos están en proceso de extinción de dominio.”34 La tercera motivación fue el deseo de controlar territorios y rutas del narcotráfico, especialmente las áreas de paso de la droga de los campos de cultivo del Nudo de Paramillo y las zonas de embarques clandestinos en el litoral. “Aseguraron tierra en el Alto San Jorge –Tierralta- donde hay producción de base de coca y en Montería, donde estaba el poder económico”, como afirmó un funcionario en Montería.35 “Hubo zonas geoestratégicas para los paramilitares como Pueblo Bello, San Pedro, Turbo y Necoclí. En esa vía, donde a la izquierda es el mar y a la derecha buenas fincas ganaderas, se ve el dinero. Ese fue un plan estratégico para sacar a la gente pues es una zona clave para sacar armas y para entrar droga”36 El control de territorios por los paramilitares los indujo, además, a regular el mercado de tierras, pues la mayor seguridad atrajo inversionistas, generalmente con el propósito de lavar ingresos ilícitos del narcotráfico. Como afirmó un funcionario conocedor de la historia de la tierra en Córdoba “Después empezó a llegar gente de Medellín y narcos de Ayapel y del norte del Valle. Esa gente empezó a comprar hasta que los Castaño vieron que a sus tierras estaban llegando a comprar sus enemigos. Ellos solo dejaron comprar a quienes 31

Entrevista Acción Social, Montería Entrevista personal en Montería 33 Entrevista personal, Montería. 34 Entrevista a funcionario de Acción Social, Montería. 35 Entrevista personal 36 Entrevista personal 32

105 querían y les tenían que pagar impuesto a ellos. Hubo gente que aportó armas y apoyo a la causa. Los paramilitares eran los mediadores en la compra y venta de tierras, para vigilar quién compraba a qué precio y luego de eso poder cobrarle el impuesto por seguridad de esa zona. En una reunión para vender una propiedad uno de los comandantes de Castaño les dijo a comprador y vendedor “a usted quién lo autorizó a vender y a usted quién lo autorizó a comprar, soy yo quien da ese permiso porque soy yo el que garantiza la seguridad y el territorio en esta zona”. No se podían hacer cambios de propiedad si no había un consentimiento previo de las autodefensas.”37 El despojo de la tierra fue muy alto en Tierralta, Valencia, Montelíbano y Ayapel, los municipios del sur de Córdoba, con una estructura de propiedad más reciente y menor población campesina. “En Tierralta vía la Osa son tierras donde se intimidó totalmente a la gente para apoderarse de la tierra. Hay gente que se niega totalmente a volver. Hace 5 años se vendieron tierras a 3 millones cada hectárea, hoy cuestan 10 veces más, fueron vendidas por la angustia y el desespero. En Canaletes hay grandes propietarios, antes era una ofensa ofrecer una propiedad en ese territorio, era comprar la muerte. Hoy la hectárea cuesta 8 millones y hay gente que tiene hasta 1.000 hectáreas. En algunas tierras se hicieron papeles en otras se hicieron acuerdos verbales.”38 El desplazamiento de población campesina transformó por completo la distribución de la población en el territorio. Montería acumuló cerca de 40.000 de los 100.000 desplazados del departamento, que llegaron en tres oleadas principales en 1985, 1989 y 2001. Los desplazados se ubicaron en las peores tierras del casco urbano de la ciudad, situadas alrededor del caño de aguas negras, con su secuela de malos olores, insectos y enfermedades. Las autoridades locales no han asumido responsabilidades para urbanizar y dar servicios a los desplazados, porque los consideran un problema ajeno a la ciudad, por provenir de los municipios de Tierralta, Valencia, Montelíbano y Puerto Libertador. Muchos desplazados optaron por migrar a Sincelejo, Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, en busca de oportunidades de vida en las grandes ciudades de la Costa. La desmovilización de los grupos paramilitares En San José de Ralito, caserío de Valencia, Córdoba, se concentraron los jefes paramilitares que negociaron la desmovilización de sus tropas entre 2003 y 2005.39 La negociación privilegió el desmonte de las estructuras armadas y el sometimiento de sus jefes a la justicia, y pasó por alto aspectos como su vinculación con el narcotráfico, la devolución de las tierras despojadas y la reinserción económica de las tropas. El proyecto político y militar de los paramilitares en Córdoba perdió su consistencia y disciplina a comienzos de los años 2000 y se convirtió en una 37

Entrevista Acción Social, Montería. Entrevista personal Acción Social, Montería 39 “El pueblo de Ralito donde se hizo la negociación es un pueblo olvidado, han estado paras y guerrillas y nadie ha hecho nada, es un pueblo estancado. Hay desnutrición de la población infantil. Hay 50 “hijos” de la desmovilización, mientras se firmó la negociación muchas mujeres del pueblo quedaron embarazadas (madres solteras).” Entrevista defensor del Pueblo. 38

106 rapiña generalizada, en la que mandos medios buscaron enriquecerse con el método de intimidar y apoderarse de tierras y negocios, sin mayores posibilidades de control por los altos mandos. Para un observador local “El decaimiento de las autodefensas como organización llevó a que la desmovilización se contemplara como una posibilidad. Había una degradación al interior de la organización. Un líder político de una organización al margen de la ley no podía escribir un libro dando detalles de modo, tiempo y lugar, acusando a personajes como fiscales y demás oficiales, que tal vez cuando él los conoció eran de bajo perfil pero años después podrían ser jefes de instituciones. Lo que más enriqueció a Castaño y a Mancuso fueron las EPS 40 y las alcaldías.”41 La entrega de armas y la disolución de las tropas paramilitares fue solo el aspecto más visible del desmonte del paramilitarismo, que fue iniciativa del gobierno central pero que subsistió como estructura de poder en la región. Por esa razón, como afirma un funcionario “La Fiscalía estaba infiltrada, a las audiencias asistía gente de las autodefensas a escuchar si en las declaraciones alguien decía algo de ellos y los fiscales no decían nada. Al punto que hasta en Bogotá sabían de la corrupción de la Fiscalía en Montería y cuando iban a investigar venía un grupo desde Bogotá y no compartía ninguna información con la gente de la seccional regional.” Hay visiones distintas sobre la eficacia de la desmovilización de los grupos paramilitares en Córdoba. Para la policía “la desmovilización en Córdoba fue del 100%. En el departamento estaban dos personas, Mancuso, que dominaba casi totalmente y el Alemán, con influencia en todo Urabá. Ellos dos entregaron todo, los mandos medios también están presos. El Bloque Córdoba se desmovilizó totalmente, se está haciendo un seguimiento con Acción Social. Quedaron narcos que se están reorganizando. Mancuso está dedicado a la desmovilización. Los que eran amigos lo rechazan. Antes la gente se sentía orgullosa de ser amiga de él. Las AUC tenían un reconocimiento dentro de la población, ya no. La reinserción funcionó los primeros años, pero ahora que quedaron cesantes han decidido migrar a sitios donde necesitan sus cualidades, como en los Santanderes. Los que se quedaron son mandos bajos que se dedican a trabajar para narcos o a crímenes urbanos. Los mandos bajos que quedaron no se quedaron con información vital del narcotráfico (rutas, contactos), no tienen el perfil para ser comandantes. Hacen mandados a narcos. Hay mucha exportación de mano de obra criminal”. 42 Para la Defensoría del Pueblo “La desmovilización no fue en un 100%, no fue perfecta. Se sabe por los medios de comunicación que hay bandas emergentes. La gente estuvo amenazada por la banda “Los traquetos” que fue desmantelada por el ejército y la policía. La Defensoría hace acompañamiento a las comunidades en riesgo (San José, Tierralta, Montelíbano)”43

40

EPS. Empresas Promotoras de Salud Entrevista personal Acción Social, Montería. 42 Entrevista Policía Córdoba 43 Entrevista Defensoría del Pueblo, Montería. 41

107 Desde el inicio del proceso de desmovilización se sabía que había tres grandes amenazas al proceso. Primera, la continuación de estructuras armadas disidentes dirigidas por mandos medios, que no aceptarían abandonar estructuras armadas tan rentables y buscarían continuar en actividades criminales. Segunda, el intento de las guerrillas de las FARC y el ELN por copar los territorios abandonados por paramilitares. Tercera, el crecimiento de actividades delincuenciales por personas o pequeños grupos de desmovilizados, como ha ocurrido en otros procesos de paz. Las razones por las cuales se temía la continuación de organizaciones armadas eran, a su turno, tres principales. Una, la persistencia del negocio del narcotráfico, que estaba controlado, en Córdoba, por los principales jefes paramilitares, como Mancuso y Macaco. Dos, la dificultad de las fuerzas del gobierno para garantizar la seguridad que antes era provista por los paramilitares. Tres, la escasa capacidad del sistema económico para ofrecer empleo y oportunidades de ingreso para las tropas desmovilizadas de los paramilitares. Para el Defensor del Pueblo “En Córdoba hay 3.800 desmovilizados. Las ciudades que tienen mayor recepción son en su orden, 1) Montería, 2) Tierralta y 3) Valencia. Hay mucha informalidad solo 10% de la gente tiene empleos permanentes. En Tierralta y Valencia se sembró cacao y caucho pero fracasaron. En Montería, Tierralta y Valencia hay mucho reclutamiento de desmovilizados. De los grupos reconformados en todo el país el 30% son hombres de Córdoba. En Tierralta hay muertes post desmovilización, hay delincuencia rearmándose. Después de la desmovilización han aparecido 40 muertos de los desmovilizados, otros 40 están presos. Hay venganzas y riñas entre ellos. Ha aumentado el sicariato, que se había controlado hace 2 años.”44 Es evidente que existe una relación inversa entre el empleo productivo de los combatientes desmovilizados y el reciclaje en actividades delictivas. Según los testimonios locales, Córdoba se ha vuelto un exportador de mano de obra criminal hacia otras regiones del país. “La mayoría de desmovilizados andan en moto, hay mucha delincuencia motorizada, cuando el gobierno les quitó la ayuda, la delincuencia aumentó. No hay empleo porque no hay grandes industrias. El hurto y el aumento de este tipo de síntomas en la sociedad es algo normal. La ciudadanía antes tenía bajas tasas de criminalidad, porque detrás de eso estaba el miedo que infundía la presencia paramilitar, antes no se denunciaba ni había quejas, pues existía ese miedo generalizado. Cuando alguien era víctima de un robo o de cualquier delito iba donde el comandante paramilitar para que lo solucionara.”45 Otra consecuencia previsible de la desmovilización es el intento de las guerrillas, especialmente de las FARC, para copar territorios abandonados por las fuerzas paramilitares. Según el Defensor del Pueblo “Hay nuevos intentos de las FARC en Tierralta, en el sur del departamento. El Sistema de Alerta Temprana –SAT- dice que están cerca. Aún no se meten de lleno. En límites con Antioquia al sur está el frente 58 y el frente 5 en Urabá hicieron incursiones 44 45

Entrevista Defensoría del Pueblo, Montería. Entrevista Policía, Montería.

108 y mataron a 17 policías en el 2006.”46 Esta información fue complementada por la policía “La guerrilla ha hecho avances en Montelíbano al lado del Nudo de Paramillo. Las FARC han querido retornar. Esto es indicio de que no hay un rearme paramilitar pues no se repelen estas acciones sino por la fuerza pública.” El narcotráfico continúa operando en Córdoba, especialmente al sur del departamento, pues hay cultivos de coca en las estribaciones del Nudo de Paramillo, donde había pleno dominio paramilitar. Durante ese tiempo “había una infiltración casi absoluta en los organismos del Estado. Cuando les cogían cargamentos negociaban con los comandantes para que pudieran mostrar que habían incautado algo, pero les devolvían una gran parte y les daban mucha plata, en un caso de estos los narcos les ofrecieron más plata para que dijeran quién los había delatado y el ejército les dio el nombre del delator, al que luego torturaron y descuartizaron.”47 Según el Defensor del Pueblo “El narcotráfico está concentrado en Tierralta, hay cultivos y laboratorios. Antes Buena Vista, Ayapel y Monte Líbano eran zonas importantes de narcotráfico donde se exportaba droga. Mata Ballesteros, narco hondureño, estaba en esa zona. En el Nudo de Paramillo hay cultivos. En el último informe de la policía se muestra la erradicación de 7.000 hectáreas.”48 En síntesis, la desmovilización de los grupos paramilitares en Córdoba entre 2003 y 2006 fue solo el final de un traumático período de transformaciones violentas de la estructura agraria, que concentró más la propiedad de la tierra, tanto en cabeza de la antigua elite terrateniente como de nuevos grandes propietarios provenientes del narcotráfico y la violencia como empresa de usurpación de tierras. El desplazamiento y expropiación del campesinado inicia nuevos procesos sociales, como la urbanización acelerada de una parte de la población, que traslada la carga de atención e incorporación productiva a las cabeceras municipales, a su vez incapaces de proveer viviendas y servicios a corto plazo en la magnitud requerida. La responsabilidad de asegurar la reparación de las víctimas, que incluye la restitución de los bienes usurpados, se traslada a los órganos de justicia y al poder ejecutivo del estado central, y enfrenta las enormes dificultades que provienen de la ocultación de la titularidad de tierras a través de testaferros y aún el conflicto social entre grupos campesinos, por el redoblamiento de muchos predios con otros campesinos desplazados anteriormente, por parte de los actores armados. ANEXO 1 DESPLAZADOS Y HECTÁREAS ABANDONADAS EN MUNICIPIOS DE CÓRDOBA 1997-2007 46

Entrevista Defensor del Pueblo, Montería Entrevista Acción Social, Montería. 48 Entrevista defensor del Pueblo, Montería. 47

109

MUNICIPIO MONTERIA AYAPEL BUENAVISTA CANALETE CERETE CHIMA CHINU CIENAGA DE ORO COTORRA LA APARTADA LORICA LOS CORDOBAS MOMIL MONTELIBAN O MOÑITOS PLANETA RICA PUEBLO NUEVO PUERTO ESCONDIDO PUERTO LIBERTADOR PURISIMA SAHAGUN SAN ANDRES DE SOTAVENTO SAN ANTERO SAN BERNARDO DEL VIENTO

DESPLAZADOS Datos de Acción Social 3,060 511 230 438 290 83 238

HECTÁREAS HECTÁREAS ABANDONADAS ABANDONADAS POR LA POR LA INCIDENCIA DE INCIDENCIA DE GRUPOS OTROS GRUPOS PARAMILITARES ARMADOS Datos de Pastoral Datos de Social Pastoral Social 556.67 933.10 52.00 543.31 7.00 10.00 2.00 50.00 60.00 20.00 8.00 32.00 18.00

TOTAL HECTÁREAS ABANDONADAS

Datos de Pastoral Social 933.10 543.31 10.00 2.00 60.00 8.00 18.00

229 76 31 551

1.00 6.00

42.64

42.64

275 205

0.02 -

14.00 14.00

14.00 14.00

8,453 226

2,006.00 10.00

11,222.90 12.00

11,222.90 12.00

843

28.59

115.00

115.00

452

48.00

49.54

49.54

237

22.00

-

-

10,786 100 361

4,679.35 3.00 31.73

6,789.46 -

6,789.46 -

945 133

77.01 5.00

119.00 -

119.00 -

314

2.00

9.00

9.00

110 SAN CARLOS SAN PELAYO TIERRALTA VALENCIA TOTAL CORDOBA

229 171 34,006 11,311

4.00 1,229.55 81.70

23.00 3.00 31,387.95 523.00

23.00 3.00 31,387.95 523.00

74,784

8,952.62

51,898.90

51,898.90

El despojo de tierras en Sucre En Sucre hay cuatro regiones claramente diferenciadas: el golfo de Morrosquillo, los Montes de María, que comparte con Bolivar, las sabanas y la Mojana, que forma parte de la gran depresión Momposina. Las grandes haciendas de ganadería extensiva tradicionales son características de la sabana y en menor proporción de los Montes de María. Las tierras del golfo tienen problemas de salinidad y las de la Mojana tienen serias limitaciones por las inundaciones en invierno, cada año más pronunciadas por la tala de bosques de las cordilleras. En las regiones de sabana y Montes de María tuvo mucha fuerza el movimiento campesino de la ANUC, que reunió a los arrendatarios expulsados de las haciendas durante los años sesenta del siglo 20, y luego de invadir cerca de 400 haciendas logró que el Incora49 les titulara cerca de 300 haciendas en parcelaciones campesinas y empresas comunitarias.50 Los grupos paramilitares Desde la primera mitad de los años setenta los hacendados más tradicionales armaron pistoleros para proteger las haciendas de las invasiones campesinas. A mediados de los noventa crearon cooperativas de seguridad, Convivir, y a finales de esa década Carlos Castaño reclutó a Enilse López, conocida como “La Gata”, una pequeña empresaria del juego de apuestas de Chance, quien tenía pistoleros a su servicio para no pagar los premios a los ganadores y creó autodefensas en Barranco de Loba, corregimiento de Magangue con influencia en La Mojana. Ella, a su vez, reclutó a Edgard Cobos Tellez, después conocido con el alias de Diego Vecino, de San Marcos, capital de La Mojana, para crear grupos de autodefensa, con el patrocinio de políticos y ganaderos. El director de Acción Social, buen conocedor de la historia regional, recuerda “La “Cantora” y “Pichirilo” eran famosos pistoleros de la zona que se hacían temer, no eran propiamente paramilitares. En el departamento había algunas semillas de paramilitarismo, que después se expandieron hacia el Golfo, Tolú, Coveñas y San Onofre, donde hubo incidencia y apropiación por parte de las autodefensas. Esta zona no estaba penetrada por la guerrilla. La guerrilla ha estado en Montes de María, el Frente 35 en Sucre y el Frente 37 en Bolívar. Hay muy poco ELN.”51 Según el Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia está el Frente 35 al mando de alias “Humberto Sepúlveda 49

Instituto Colombiano de la Reforma Agraria Al respecto puede consultarse mi trabajo Latifundio y poder político, historia de las haciendas ganaderas de Sucre, CINEP, Bogotá, 1976. 51 Entrevista Acción Social, Sincelejo. 50

111 Sepúlveda” y actúa bajo las Compañias Robinson- con influencia en los municipios de Betulia, Since, Buenavista y Galeras- y la compañía Carmenza Beltrán con influencia en la subregión de la Sabana, Morroa, Colosó, Tolúviejo,, San Onofre, Corozal, Chalán y Los Palmitos.52 En un aparte el estudio menciona que “ante el riesgo de hacerse militarmente vulnerable enfrentando directamente a la Fuerza Pública, la guerrilla ha recurrido al minado de los accesos a sus zonas de refugio y a la realización de acciones terroristas y de sabotaje”. Entre 1994 y 1998 el país estuvo gobernado por Ernesto Samper Pizano y las Fuerzas Militares bajo el comando del general Harold Bedoya Pizarro. Esta combinación creó el contexto político necesario para la unificación de las estructuras paramilitares, porque se unió la impotencia del presidente, acosado por las acusaciones de la Fiscalía y el juicio en la Comisión de Acusaciones de la Cámara, con la comandancia de un general que apoyaba y promovía la expansión de las autodefensas para ganar la guerra contra las guerrillas y que no obedecía al liderazgo civil del presidente, por considerarlo ilegítimo. Los políticos y ganaderos de Sucre aprovecharon esta coyuntura para importar el paramilitarismo a su región desde Córdoba, con el propósito de contar con su propia fuerza armada para los negocios del narcotráfico y la defensa de las haciendas, aunque la amenaza guerrillera no era tan grande como en otras regiones.53 Como lo recuerda el Defensor del Pueblo, “Se vivió una época de complicidad total de las autodefensas, los oficiales y todas las instituciones del Estado. No hubiera sido posible fortalecer el narcotráfico en las autodefensas sin la ayuda de la armada y de la policía. Había mucha complicidad, un coronel de la policía le rendía cuentas a “Cadena.” Luego llegó un comandante de la 52

Observatorio de Derechos Humanos y DIH de la Vicepresidencia Panorama actual de Sucre. Serie geográfica No. 27. Febrero de 2006. 53 “Según las evidencias, un grupo liderado por el senador Álvaro García Romero organizó en 1997 una banda armada financiada con dineros públicos que años más tarde realizó masacres como la de Macayepo. Estas afirmaciones están contenidas en el documento de 88 páginas en el que la Corte ordena la captura de los senadores García Romero y Jairo Enrique Merlano y el representante a la Cámara Erik Julio Morris. Según la Corte, la banda de alias 'Cadena', muerto, y 'Diego Vecino', recluido en La Ceja, surgió en 1997, cuando el senador García, el ex embajador en Chile Salvador Arana; el ex alcalde de Sucre (Sucre) Ángel Daniel Villarreal Barragán y el ganadero Joaquín García habrían optado por conformar una organización armada para dominar la región de La Mojana (Sucre) y frenar la amenaza de la guerrilla. Los políticos, dice la providencia del alto tribunal, buscaban "establecer una estructura político-militar" que pusiera a su servicio las administraciones públicas del departamento y de algunos municipios. Esto lo lograrían a través de "acciones de sangre y terror". Para la conformación del grupo, según las evidencias, ese año se realizó una reunión en un reconocido restaurante en las afueras de Sincelejo. En ella habrían participado Arana, Joaquín García, Villarreal, un representante del senador García y reconocidos 'paras' de la Costa. Además habrían hablado, según las pruebas que tiene la Corte, de un "presupuesto inicial de 60 millones de pesos". Dicen que tras la reunión se convino que Álvaro García intervendría ante el entonces gobernador Morris, hoy representante a la Cámara, para la adjudicación de contratos que serían desviados y que Arana, como director de Dasalud, haría algo parecido.” [Fuente: El Tiempo, Bogotá, Colombia. Noviembre 11 de 2006.

112 era Uribe y rompió con eso. Hubo un cambio de la Fuerza Pública hacia los paras. Se dieron cuenta que esa alianza no servía.” 54 Un carnicero de Macayepo, quien adoptó el alias de “Rodrigo Cadena”, integrante de una banda de delincuentes dedicada al abigeato y los asaltos a buses, fue escogido por la policía como líder del grupo armado de autodefensas que se conformó en Sucre para asesinar a los dirigentes sociales. “El máximo jefe de las AUC en el departamento era “Cadena”, manejaba la estructura jerárquica municipal, tenía enlaces políticos militares. El Golfo de Morrosquillo era su capital estratégica. Su poder se extendió a toda la Mojana y a las sabanas donde hay influencia ganadera (Corozal). Las AUC son más fuertes militarmente en el Golfo que en las sabanas. La gente en un primer momento recibió con complacencia a las autodefensas, pero después quisieron comprar tierra y cobrar vacunas. Fueron víctimas de su propio invento.” Como sucedió en otras regiones de la Costa Atlántica, la concentración del poder armado sobre la tierra en cabeza de los jefes paramilitares sustituyó al Estado como garante de las relaciones de propiedad y finalmente puso en peligro no solo los derechos precarios de los campesinos, sino las propiedades tradicionales de los grandes hacendados. “Las autodefensas empezaron en San Antonio de Palmito para defenderse del boleteo de la guerrilla. “Piedrahita” fue un conocido pistolero de la región. Él comenzó la defensa de los ganaderos. Luego se degeneró la situación y llegaron personajes como Diego Vecino que trató y de hecho sacó a muchos ganaderos de sus tierras. Se habla que ganaderos como Miguel Nule, fueron quienes trajeron a los paramilitares. Todos los ganaderos vivían amenazados por los paras, por Cadena. Últimamente hay sicarios de Rodrigo Cadena, que en su tiempo fueron sus mandos medios, muchos de ellos son testaferros que saben donde quedó dinero pero no dicen nada, pues se lo han repartido entre ellos. Ellos siguen usando el miedo para amedrentar a la población. Diego Vecino desde Itagüí seguía actuando.”55 Despojo de tierras Sin embargo, otros grandes propietarios aprovecharon los dominios paramilitares para ampliar sus haciendas a costa de los predios ajenos “Hay mucha gente que extendió su propiedad, apropiándose ilegalmente de zonas nacionales como la Mojana. La modalidad de “ampliación de cercas” ocurrió más en el área del Golfo, donde tuvieron incidencia las AUC. En esa zona hubo compras simuladas y quien no “vendía” era víctima de amenazas y hasta de la muerte. Hubo problemas con las notarías, intimidación familiar y personal. Las AUC pensaban que ese poder nunca iba a acabar. Había una reverencia total hacia ellos, influencia en las oficinas públicas.”56 El terror de las masacres indiscriminadas fue la técnica empleada para desplazar población rural y asentar dominios territoriales. La ironía de los 54

Entrevista defensoría del pueblo, Sincelejo. Entrevista al Comandante de Policía Sucre. 56 Entrevista Acción Social, Sincelejo. 55

113 nombres escogidos para identificar los frentes paramilitares se expresa en el que existió en San Onofre y sus alrededores “Héroes de los Montes de María”, cuando las únicas acciones armadas fueron las de asesinar población indefensa, a veces con garrotes y piedras, como ocurrió en la masacre de Chengue, con la tolerancia de la policía y la Armada. “En Chengue fue la masacre de los paramilitares y del pueblo se fue mucha gente, pero nunca quedó solo. La gente ha ido retornando por su cuenta.”57 Para los analistas de inteligencia de la Policía, las masacres y el terror no estaban relacionados directamente con el robo de tierras sino con el establecimiento de dominios territoriales “Los asesinatos de las AUC eran más por ideología que por expropiarlos de la tierra. Precisamente esa tierra no cambió de dueños, son los mismos que eran 5 o más años atrás. La familia Bárcenas era dueña de la finca El Palmar, donde descuartizaban a las víctimas, esa finca quedó en manos de Cadena. En esta finca los guerrilleros de las FARC mataron al papá y llegaron las AUC, la familia nunca denunció a la policía la presencia de paras. En el área oriental (Colosó, Chalán, San Juan Nepomuceno, San Jacinto, San Pablo) las AUC cometieron varias masacres, la gente se deslazó por temor, mas no porque las AUC quisieran quedarse con esas tierras. Hoy en día esas tierras están vacías. Un claro ejemplo es Chengue, no han llegado ni terratenientes ni políticos, ni ganaderos, porque allá sigue existiendo presencia de las FARC y marginalmente del EPL. En Montes de María también hubo abandono pero no hubo reapropiación. Hay presencia soterrada de las FARC. No se ha detectado actividad de narcotráfico, ni siembra ni producción. Las AUC tuvieron acogida por parte de los ganaderos, los acolitaban. El pequeño campesino, el pescador, le ayudaba a las AUC vigilando para que salieran las lanchas cargadas. Cadena robaba a los buques pesqueros “pirata” para darle comida a los que le ayudaban, la gente recuerda que él decía “comida para mis negritos”. Extorsionaba a grandes compañías y la gente lo quería. Antes de esto Cadena era carnicero en Macayepo. El Defensor del Pueblo resume así el proceso de despojo de las tierras: “Hubo apropiación de las AUC, desplazamiento, “ventas formales”, apropiación y ventas presionadas, adquisiciones hechas legalmente a grandes fincas en San Onofre, Tolú, Coveñas (en el Golfo) y San Marcos, Los Palmitos, San Pedro. Aunque fue mas fuerte en la costa que en la sabana. En San Onofre tuvo presencia paramilitar Cadena. Él hizo alianzas con la gente en la costa. Amenazaba a la gente para que vendiera sus tierras a bajo precio o las mataba. Cuando la gente se atrasaba con los pagos de los créditos de las tierras, Cadena los pagaba y se quedaba con las tierras. Las Pitas, corregimiento de Santiago de Tolú, fue uno de los sitios donde hubo un gran desplazamiento. Cadena les decía a los propietarios que fueran a firmar las escrituras para hacer los traspasos de propiedad, les daba los tiquetes para que fueran hasta la notaría, esto está comprobado con 10 familias de la región. Fueron totalmente coaccionados sin ningún tipo de contraprestación.”58 57 58

Entrevista Acción Social Entrevista Defensor del Pueblo

114

Desplazamiento El mayor desplazamiento provino, en su orden, de los Montes de María, el Golfo de Morrosquillo, la Mojana y finalmente de los municipios de la sabana. Muchos desplazados salieron de Sucre con rumbo a Cartagena y Barranquilla, donde tenían redes de apoyo familiar que les daban alguna esperanza. Muchos otros prefirieron desplazarse a Sincelejo, ciudad que no les ofrecía posibilidades económicas pero que, al menos, los ubicaba cerca de sus tierras y su contexto de vecindario. “En Sincelejo hay 68.000 desplazados, cerca de 15.000 familias. Las elites se han conmovido con los desplazados para obtener votos. Los desplazados están principalmente en la zona sur (60%), norte (30%) y sueltos hay un 10%. En su orden los desplazados vienen de Montes de María (70%), Golfo, Mojana, Sabana”.59 Las condiciones de las familias desplazadas a Sincelejo no pueden ser peores, pues las autoridades no consideran que sus necesidades sean problema de la ciudad. Según el Defensor del Pueblo, “Hay una falta de planificación, se ha urbanizado el desorden a la fuerza. Hay muchas zonas tuguriales, sin planificación, sin acueducto, hechas de bareque y con luz robada. La respuesta del gobernador es que los desplazados no son de Sincelejo, entonces por qué les tiene que dar vivienda.” En la estrategia de seguridad democrática del presidente Uribe se definió una división del trabajo entre la policía, encargada de recuperar la seguridad luego de la desmovilización de los paramilitares, y por tanto a cargo de eliminar las llamadas “bandas emergentes”, y las fuerzas militares (Ejército, aviación y armada), a cargo de combatir a las guerrillas. Los analistas de la policía de Sucre perciben así su tarea: “Acá se desmovilizaron los Bloques Montes de María y La Mojana. El comandante era Cadena. Hubo una desmovilización de los mandos medios que fue verificada por los fiscales de justicia y paz e investigadores del CTI. Los jueces y fiscales de justicia y paz vienen desde Bogotá en operaciones privadas y no comparten información con los jueces o fiscales regionales. Ha aumentado la cantidad de trabajo para la Fiscalía. Próximamente se va a ampliar la planta de investigadores. Desmovilización si hubo. Ha mejorado la seguridad. Hay reductos en la criminalidad, pero hay algunos que se quieren desmovilizar. La desmovilización ha sido una tarea efectiva de la policía y la infantería. Hay una actitud diferente de la fuerza pública. Todavía hay rezagos de criminales, hay gente que se abroga ese poder de intimidación y cobran. Actualmente hay problemas pero la situación no es como hace 5 ó 6 años. La política de Uribe ha funcionado y ha dado resultados. La inversión en fuerza pública es necesaria. Hay un cambio de valores de la fuerza pública. Hay retaliaciones entre bandas. Los desmovilizados antes de ser atacados atacan. Hay un aumento en la criminalidad. Quedó dinero de lavado disperso en testaferros. Hay esfuerzos y resultados de la fuerza pública e incautación de armamento. Se han capturado bandas y ha bajado loa criminalidad. La ley 1142 ha disuadido a los criminales 59

Entrevista Acción Social

115 por el endurecimiento de penas. La gente se siente hoy más segura. Acá no hay Águilas Negras. En Cesar si hay. La gente denuncia.”60 Desmovilización de paramilitares La desmovilización de los paramilitares en Sucre abre la puerta para revertir algunas situaciones de despojo e iniciar el retorno de una parte de la población desplazada, en medio de grandes dificultades prácticas. Por una parte, muchas familias campesinas no tenían propiedad titulada, sino derechos de posesión difíciles de probar, contratos de arriendo tradicionales y otras formas precarias de asentamiento territorial. Por otra, muchos actos de despojo tienen una apariencia de legalidad, mediante ventas forzadas o compras a menor precio, con la complicidad de notarios y registradores. “Es pertinente una clarificación del dominio. Hay inseguridad jurídica en la posesión de la tierra. (Ej. Montes de María). Hay aparcerías, baldíos, territorios Incorados y el campesino no tiene papeles. No hay actualización de registros. En esto se necesita un apoyo financiero estatal para que la gente saque escritura y legalice, eso le cuesta a cada campesino mucho dinero, deberían crearse sistemas de financiación pero que no se les regale todo. El IGAC (está haciendo el mapeo catastral) y está trabajando con Acción Social, el cuello de botella es el presupuesto para hacer las legalizaciones correspondientes.”61 La policía es consciente de las dificultades de la recuperación de los derechos perdidos por los campesinos desplazados. “Se han hecho diferentes investigaciones para recuperar bienes. Se está analizando cómo fueron adquiridos. Con los resultados se empieza a trabajar con la Fiscalía y se ordena la devolución del bien. Los grandes propietarios tienen sus fincas registradas. En sitios como Verrugas y Rincón del Mar, no hay escrituras, no tienen como verificar la propiedad, hay que buscar testigos es la única salida. Muchos de los nuevos propietarios actuaban en complicidad con los notarios y no tienen registro. A esas personas se les hace nuevamente investigación con la Fiscalía. Hay retorno de la población. Se ven algunas personas que siguen delinquiendo, pero muchos se han reinsertado y están trabajando y estudiando. Hay personas que abandonaron sus tierras y llegaron a las ciudades. Llegan a la ciudad se establecen encuentran empleo y teniendo la estabilidad en la ciudad no tienen intenciones de volver al campo. La zona con pérdida de tierra más grande es la zona costera, son muy apetecidas por el narcotráfico. En la Mojana no hay quejas. Hay resultados en la recuperación de tierras.”62 “Después de la muerte de Cadena, lo sucedieron alias “Caliche” y alias “Bocha” estos dos fueron capturados por la policía. Ellos dos sabían información precisa de las tierras y el dinero de Cadena. Cadena fue un gran terrateniente. Las fincas “Los 70” (ó la 70) y El Porvenir eran fincas que les habían robado a los campesinos, esas fincas se devolvieron. Además dos fincas de 30 hectáreas en el sector de Las Pitas se les devolvieron a los campesinos, hay retorno de la población. Los campesinos también quieren volver a Chinulito es la entrada a

60

Entrevista Analistas de la policía, Sincelejo Entrevista Acción Social 62 Entrevista con analistas de la policía, Sincelejo 61

116 Macayepo de Tolú Viejo a San Onofre. La policía facilitó camiones para que la gente regresara a Chinulito.”63 Con los testimonios anteriores se hace evidente que el problema de recuperación de las tierras de los desplazados es más complejo que la simple restitución a las situaciones anteriores al desplazamiento, porque esas situaciones eran básicamente inestables y socialmente injustas. En Sucre hubo un gran proceso de desalojo campesino desde comienzos de los años sesenta del siglo 20, que los paramilitares completaron mediante el terror y el desplazamiento masivo. Los propietarios grandes y medianos también fueron víctimas del robo de tierras, y una buena parte del despojo está oculto bajo transacciones aparentemente voluntarias y legalizadas. Aún si el Estado lograra devolver la situación a la que existía antes de la creación de los grupos paramilitares, el problema de pobreza rural seguiría intacto. Así se explica el problema que han tenido las agencias del gobierno encargadas de atender a los desplazados por violencia, a las que han acudido muchas familias pobres que no fueron desplazadas. “Se ha rechazado un 40% de solicitudes de personas desplazadas, se ha comprobado que no lo son. Son desplazados por desastres naturales o son pobres históricos. Para comprobar si son desplazados se hacen cruces de información con la gente del pueblo en el que vivían, el párroco, vecinos, bases de datos de SISBEN. Cuando se les va a dar asistencia alimentaria se les hace una visita y una entrevista exhaustiva. A todas las personas desplazadas, cuando llegan, se les hace la caracterización y se les inicia la ruta de desplazamiento.” 64 Narcotráfico La revista Semana destacó la importancia de la región de los Montes de María para el narcotráfico y los grupos armados. “La región de los Montes de María -la zona fuerte de alias ‘Cadena’-, hasta antes de la llegada de los paramilitares estuvo plagada de guerrilla. Desde finales de los años 70, ese sector del país fue escogido como refugio por los grupos alzados en armas. Así lo sostiene un informe del Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH. La guerrilla, que aprovechó el inconformismo campesino por la mala distribución de la tierra, adelantó trabajó político en la zona. Allí hicieron presencia las Farc, el Eln y el Erp. A mediados de los 90, idéntica cosa hicieron las autodefensas, que les disputaron a los subversivos el dominio de la zona, por su importancia como refugio y corredor vital y estratégico para la movilización de los alzados en armas por la Costa Caribe”, sostiene el mencionado informe. Sin embargo, el interés de fondo en la zona se resume en una palabra: narcotráfico. En los últimos años, los narcotraficantes, de la mano con los paramilitares, se han hecho a extensas fincas en los municipios sucreños de Tolú, Toluviejo, San Onofre, Palmito y Sampués. De esa guerra entre grupos armados ilegales y narcos, la gran

63 64

Entrevista con analistas de la Policía, Sincelejo Entrevista Acción Social, Sincelejo.

117 damnificada ha sido la población civil. De ahí que Sucre, en los últimos años, es uno de los departamentos que mayor número de masacres registran.65 Además de la violencia de robo, la propiedad territorial ha sido alterada e ilegitimada por el narcotráfico, en un doble sentido: la compra de tierras con dineros de origen ilícito y la usurpación de tierras para contar con rutas y puertos de embarque de las drogas. La continuidad de los negocios del narcotráfico crea un estímulo poderoso para el mantenimiento de estructuras armadas, como sucede en Sucre. En la zona del Golfo de Morrosquillo el narcotráfico lo movía Rodrigo Cadena. Montes de María, Macayepo hacia Puerto Berruga, Rincón del Mar y Balsillas es la vía para sacar droga. El jefe era alias “Diego Vecino”. La policía recuperó el dominio sobre el Golfo. Es un sitio estratégico para los narcos. Últimamente se han hecho acciones en San Antero y en las Islas de San Bernardo. Se han diezmado gracias a las operaciones. El Canal del Dique es una salida de droga. El final último de las autodefensas fue sacar droga. Alias “El Paisa” en Palmito buscaba sacar drogas por Coveñas.66 Actualmente están dos estructuras: La estructura de Jorge 40 “Los 40” y la estructura de “Los Paisas” instalados en Bolívar. La lucha entre estas dos estructuras es la que ha causado el mayor número de homicidios. Hay una lucha entre ellos por sacar droga. Las riberas de Río San Jorge son una zona crítica, hay laboratorios y hasta una pista de aterrizaje. La droga se maneja por Santa Rosa y Simití. El Sur de Sucre, Bolívar y Antioquia es una zona estratégica para el narcotráfico. El gobierno debe atacar con más fuerza. Sucre está controlado por la fuerza pública, pero subsiste la amenaza de las bandas. En Sincelejo hay un grupo de sicarios. Se fue sembrando esa práctica por gente foránea y se ha difundido. El homicidio ha disminuido en un 15% pero todos los días hay retenciones.67 ANEXO 1 DESPLAZADOS Y HECTÁREAS ABANDONADAS EN MUNICIPIOS DE SUCRE 1997-2007

DESPLAZADOS Datos de MUNICIPIO Acción Social SINCELEJO 4,293 BUENAVISTA 242 CAIMITO 333 65

HECTÁREAS ABANDONADAS POR LA INCIDENCIA DE GRUPOS PARAMILITARES Datos de Pastoral Social 564.64 4.00 1.00

Semana, 2 de abril de 2005 Entrevista con analistas de la Policía, Sincelejo. 67 Entrevista con analistas de la Policía, Sincelejo.. 66

HECTÁREAS ABANDONADAS POR LA INCIDENCIA DE OTROS GRUPOS ARMADOS Datos de Pastoral Social 2,331.82 28.00 4.00

TOTAL HECTÁREAS ABANDONADAS Datos de Pastoral Social 2,331.82 28.00 4.00

118 COLOSO COROZAL CHALAN GALERAS GUARANDA LA UNION LOS PALMITOS MAJAGUAL MORROA OVEJAS PALMITO SAMPUES SAN BENITO ABAD SAN JUAN DE BETULIA SAN MARCOS SAN ONOFRE SAN PEDRO SINCE SUCRE TOLU TOLUVIEJO TOTALES

11,736 672 3,662 1,037 1,868 76

237.00 18.00 50.00 2.00 203.01 16.00

818.31 70.00 263.09 24.00 223.25 -

818.31 70.00 263.09 24.00 223.25 -

3,400 1,589 3,165 17,101 602 293

52.00 21.03 66.00 1,887.51 15.00 10.00

117.25 51.01 216.00 2,295.01 155.00 -

117.25 51.01 216.00 2,295.01 155.00 -

3,932

10.10

546.17

546.17

122

-

-

-

1,105

81.00

96.00

96.00

16,651 912 496 2,671 985 5,356 82,299

1,116.62 30.00 12.03 8.00 52.00 4,456.94

1,901.78 42.00 90.02 196.98 173.00 155.12 9,797.81

1,901.78 42.00 90.02 196.98 173.00 155.12 9,797.81

El despojo de tierras en Bolívar La costa atlántica se ha caracterizado por las propiedades latifundistas ocupadas por pastos y malezas para sostener la ganadería extensiva, que de manera creciente ha ocupado los territorios más fértiles del país. Bolívar no ha sido la excepción y en 2004, según la Encuesta Agropecuaria del DANE, de la superficie del departamento -equivalente a 2.597.800 Has.- el 85.27% -equivalente a 1.269.606 Has.- está ocupado por pastos y malezas y tan solo el 5.09% -equivalente a 75.742 hectáreas- está dedicado a actividades agrícolas (Cultivos permanentes, cultivos transitorios y de barbecho y áreas de descanso).68 La compra de tierras por narcotraficantes fue funcional para perpetuar el latifundismo y lavar grandes cantidades de dinero en tierras y ganado; además de ser actividades de la vieja élite costeña, les permitiría ascender socialmente ya no como narcos sino como la “nueva élite” terrateniente. De este modo las dos grandes oleadas de compra son, la primera, en la década de los ochenta 68

Información estadística. Cuadro 1. Superficie total y aprovechamiento de la tierra. Totales nacionales y departamentales 2004. Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE

119 principalmente por narcos de Antioquia y una segunda oleada de compra en los noventa por parte de narcos del Valle, Caquetá y Amazonas y esmeralderos del centro del país. Los municipios donde más compra hubo fueron Cartagena, Santa Catalina y Turbaco.69 En estos sitios los grandes terratenientes fomentaron las cooperativas de seguridad privada y se convierten en el primer antecedente de las autodefensas en el departamento de Bolívar. Los nuevos propietarios se protegieron de los hostigamientos, secuestros y extorsiones que los grupos guerrilleros, especialmente del ELN, mediante la creación de grupos de autodefensa. Tras la caída del Cartel de Medellín hubo una cesión de poderes a las AUC70 y las bases de seguridad y control territorial de estos grupos en la región se articularon los grupos paramilitares al servicio del narcotráfico, que prestaban también funciones de seguridad a los dueños de las fincas. El negocio del narcotráfico estuvo articulado por Micky Ramírez, narcotraficante menor del Cartel de Medellín quien conformó el grupo de autodefensa “Los Mickys”. El observatorio de Derechos Humanos al respecto afirma: “Micky Ramírez fue miembro del Cartel de Medellín, muy vinculado a los clanes familiares de los Galeano y los Moncada. Con la muerte en 1992 de los Moncada, los Galeano y los Pérez en la cárcel de La Catedral, en donde se encontraba recluido Pablo Escobar, Micky Ramírez, hasta ese entonces un narcotraficante menor, se alió con Castaño e hizo parte de los Pepes. A partir de 1994, el capo conformó agrupaciones de justicia privada, algunas de las cuales amparó tras la fachada de Departamentos de Seguridad de sus empresas. En 1995, la familia Méndez del municipio de Córdoba, se alió con Micky Ramírez y sus miembros fueron, por varios años, los principales cabecillas de estas agrupaciones en Montes de María.”71 La gente de la región manifiesta que las autodefensas llegaron al departamento en 1997 por el Sur de Bolívar, como reacción de una clase terrateniente y comerciante a los hostigamientos y extorsiones de la guerrilla. En ese año empezaron un posicionamiento en zonas determinantes como los Montes de María y más tarde su expansión hacia el canal del Dique72. El control de estas zonas es crucial para los grupos al margen de la ley en la medida en que son territorios estratégicos por ser puntos intermedios entre zonas de cultivo y rutas de salida de droga. 73 El Sur de Bolívar, bastión tradicional de las guerrillas, en especial del ELN, es la zona que hasta el día de hoy sigue conservando los cultivos ilícitos más 69

Alejandro Reyes “Compra de Tierras por narcotraficantes”. En Francisco Thoumi (Ed.) Drogas Ilícitas en Colombia. PNUD y DNE. 1997. P. 305. 70 Tesis de Román Ortiz, investigador de la Fundación Ideas para la Paz, sobre la evolución de los Carteles del narcotráfico en autodefensas. Cartel de Medellín reconvertido en AUC y Cartel de Cali, reconvertido en Cartel de Norte del Valle. 71 Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República, Panorama actual de Bolívar, Septiembre de 2005, Serie Geográfica No. 25.. 72 En esta zona más tarde se conformaría el Bloque al mando de “Juancho Dique” quien era el tercero al mando de las AUC en el departamento, con influencia desde Maria la Baja hasta el Guamo. Apartes entrevista en Cartagena, Bolívar. Agosto 22 de 2007. 73 Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República. Panorama actual de Bolívar. Septiembre de 2005. Serie Geográfica No. 25.

120 importantes del departamento en la Serranía de San Lucas74 (Serranía de Monte Cristo y Serranía Santo Domingo) que ocupan entre un 4 y 8% del total de áreas cultivadas en el país75 Las economías extractivas, tanto la minera como la de drogas ilegales, han estado bajo el férreo control de los grupos ilegales. En estas zonas los grupos al margen de la ley regulan y cumplen labores de “Estado”. El control territorial garantiza el control económico y los pobladores se someten a uno u otro dominio para buscar su seguridad económica; esto a su vez les ha hecho ser sujetos de amenazas y hasta asesinatos al vincularlos con alguno de los grupos armados. La zona de los Montes de María y La Serranía de San Lucas han sido los dos escenarios clásicos de confrontación entre los grupos armados en el departamento. Siguiendo el análisis del Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia, los principales grupos armados son el EPL, las FARC, el ERP y las AUC con influencia territorial en las siguientes zonas:76 1) Ejército de Liberación Nacional “El ELN ha registrado una actividad armada en la zona del Magdalena Medio y en el norte del departamento. En esta última zona, se localiza el frente Jaime Báteman Cayón, perteneciente al frente de Guerra Norte, con influencia en los municipios de San Juan Nepomuceno, San Jacinto y El Carmen de Bolívar (áreas generales de la Cuchilla de Huamanga, Loma Central, Mula Mamón y La Cansona). Hacia el sur han tenido presencia los frentes pertenecientes al Área Darío de Jesús Ramírez Castro: el frente Héroes y Mártires de Santa Rosa, que ha desarrollado su actividad armada en San Pablo, Santa Rosa, Simití y Morales; el José Solano Sepúlveda con área de acción en Arenal, Morales, Simití, San Martín de Loba, Barranco de Loba, Regidor y Rioviejo; el Alfredo Gómez Quiñones con actividad en Tiquisio y Achí; el Amilkar Grimaldo Barón con centro de acción en Cantagallo.” 2) Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC “En el norte, se localiza el frente 37 Benkos Biohó, perteneciente al bloque Caribe, que actúa a través de cuatro estructuras armadas: la compañía Cimarrones; la compañía móvil Pedro Góngora Chamorro; la compañía Che Guevara; la Compañía Palenque, que ha actuado en el sector noreste del municipio de El Carmen de Bolívar, especialmente en 74

“El avance de las AUC llevó a Carlos Castaño a anunciar que para diciembre de 1998 “colgaría su hamaca en la Serranía de San Lucas”. Sin embargo, se puso de presente la superioridad táctica de la guerrilla. En este sentido, entre más avanzaban sus tropas, mayor resistencia encontraban por parte del ELN y de las Farc que le produjeron derrotas significativas en Simití y San Pablo”. Ibíd. P. 11 75 En el 2003 la superficie cultivada de coca en Bolívar era de 4.470 hectáreas, en el 2004, 3.402 hectáreas, en el 2005 el total fue de 3.670 hectáreas. Monitoreo de Cultivos Ilícitos en Colombia. Proyecto SIMCI. ONUDD 2006. P. 24 -25. 76 Observatorio de Derechos Humanos Op cit. FARC: P. 6, ELN: P. 7, ERP: P. 7, AUC: P. 8 y 9.

121 El Salado, en los municipios de Zambrano y Córdoba, donde su función principal ha sido la consecución de medios de financiamiento y el reclutamiento. Las Fuerzas Especiales Unidad Caribe, que cumplen con labores de inteligencia y ataque a bases, batallones y puestos de policía, recientemente son asumidas por la compañía Che Guevara. Esta estructura se mueve entre los municipios de Carmen de Bolívar, San Jacinto, Calamar, Zambrano y Córdoba. En el sur, se encuentra el frente 24, perteneciente al bloque Magdalena Medio que tradicionalmente ha actuado en Simití, Morales, San Pablo, Cantagallo, Santa Rosa y Montecristo. Ante la mayor presión del Ejército y el avance de las autodefensas, esta estructura armada se ha visto obligada a replegarse en la Serranía de San Lucas y el Valle del río Cimitarra, en jurisdicción de los municipios de San Pablo y Cantagallo.” 3) Ejército Revolucionario del Pueblo ERP “El Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), con una actuación cada vez más marginal, ha tenido presencia en el centro de Bolívar a través de la compañía Jaider Jimenez, y su área de acción corresponde al municipio de Carmen de Bolívar.” 4) Autodefensas Unidas de Colombia “En 1997 Carlos Castaño, Salvatore Mancuso, Ernesto Báez y Oscar Restrepo entre otros, establecen una alianza para ingresar al sur de Bolívar. Llevar a cabo el objetivo planeado exigió establecer dominio desde Barrancabermeja para poder conquistar el sur de Bolívar. (…) en 1998 se había logrado generar unos pequeños asentamientos de grupos de autodefensa en Santa Rosa y Salvatore Mancuso y alias Popeye lograron establecerse en el casco urbano de Simití, mientras el grupo de Botero, desde Magangue incursionó en Tiquisio, Achí, Pinillos y Altos del Rosario (…) el Bloque Central Bolívar ejerce dominio en los cascos urbanos, su periferia y la vega del río Magdalena, a través de los frentes Combatientes de la Serranía de San Lucas, Vencedores del Sur y Libertadores del Río Magdalena (…) En el centro y norte del departamento las AUC hicieron presencia a través de la estructura Rito Antonio Ochoa o Héroes de los Montes de María pertenecientes al Bloque Norte (…) El Bloque Norte de las AUC actuó en el departamento a través de 4 subgrupos (El Guamo, María La Baja, Zambrano y Calamar).” Al igual que el Observatorio de Derechos Humanos, este estudio corrobora que los principales bloques de autodefensas que actuaron en el departamento fueron el Frente Héroes de los Montes de María del Bloque Norte y el Frente Sur de Bolívar del Bloque Central Bolívar. Desde el año 1997 hay una presencia continua y creciente de las AUC. A partir del año 2000 la influencia de las autodefensas se amplía hacia los municipios de Altos del Rosario, Arenal, Arjona, Arroyohondo, Barranco de Loba, Calamar, Cantagallo,

122 Córdoba, Clemencia, El Guamo, El Peñol, Hatillo de Loba, Magangué, Mahates, Margarita, Maria La Baja, Mompós, Morales, Regidor, Río Viejo, San Fernando, San Jacinto, San Jacinto del Cauca, San Juan Nepomuceno, San Martín de Loba, San Pablo, Santa Rosa del Sur, Simití, Soplaviento, Talaigua Nuevo, Turbaco, Villanueva y Zambrano.

Mapa del Observatorio de DDHH de la Vicepresidencia La gente asevera que en esta zona el mando de las Autodefensas está a cargo de “Diego Vecino”, luego “Cadena” y en tercer lugar “Juancho Dique”, que domina desde María La Baja hasta el Guamo y tiene el mando de Los Montes de María.77 Sin embargo, además de estas estructuras, se encontró la presencia del Bloque Anorí de las ACCU con influencia en Clemencia, Bolívar en el año 2000. En ese sentido, el informe de la Comisión de Derechos Humanos del año 2000 en su numeral 46 advierte: “El 18 de febrero de 2000 el Bloque Norte y Anorí de las AUC perpetró la masacre de 45 personas en el corregimiento de El Salado, Departamento de Bolívar, como consecuencia de lo cual aproximadamente 15.000 personas se desplazaron hacia los municipios de Carmen de Bolívar, Turbaco, Arjona y Cartagena (Bolívar), Ovejas y Sincelejo (Sucre) y Barranquilla (Atlántico), entre otros.”78 Los municipios con influencia paramilitar coinciden con los municipios de mayor expulsión de desplazados y mayor pérdida de tierras. Según el reporte de desplazamiento forzado de Acción Social, los municipios con mayor numero de desplazados en el lapso 1996 – 2007 son El Carmen de Bolívar (60.050), San Pablo (14.532), Maria La Baja (13.221), Tiquisio (9.005), Montecristo (8.385). El total departamental en este lapso fue de 197.459 personas desplazadas en Bolívar siendo el segundo departamento de mayor expulsión en el país 77

Entrevista Personería de Cartagena, Bolívar. Agosto 22 de 2007. Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA “Informe Anual 2000” 16 de abril 2001. 78

123 después de Antioquia que desplazó 311.214 personas en el mismo lapso de tiempo. El número de hectáreas abandonadas en el departamento en el lapso 1996 – 2007 es de 174.397, según datos de Pastoral Social, siendo el cuarto municipio con mayor abandono de tierras en el país, después de Caquetá (416.288), Santander (301.102) y Chocó (184.705).79 Al interior del departamento, los municipios con mayor abandono son Tiquisio (65.041), El Carmen de Bolívar (54.081), San Pablo (7.830), Cantagallo (6.482) y Maria La Baja (4.844). Aunque los grandes terratenientes en la década de los ochenta y los noventa fueron amenazados por las guerrillas para abandonar las tierras, más tarde buscaron protección y crearon grupos de autodefensas para defender sus territorios. Hoy en día la gente afirma que hay nuevos grandes terratenientes vinculados con los paramilitares; muchos de ellos han comprado intimidando a los propietarios bajo falsas amenazas de los paramilitares a su servicio y así han conseguido tierras a menores costos. De esta forma, los propietarios han vendido barato por miedo. Este proceso se hace legalmente, “la gente vende barato para no perder”.80 Además de la venta a bajo precio por la intimidación de los grupos paramilitares, también hay intimidación sin, ni siquiera, ofrecer un bajo precio por la tierra. Este es el caso de algunos propietarios que fueron desplazados y luego volvieron a recuperar las tierras y encontraron que éstas ya habían sido vendidas. En Arjona hubo expropiación a grandes finqueros. En esa zona la hectárea era a 5 millones y se vendieron por $500.000. “Hay por ejemplo una sola persona que compró tierras a $500.000 y hoy tiene 300 Hectáreas”81. Hay 2 casos importantes, según la Personería de Cartagena, donde la tierra se adquirió a bajo costo. El primero es en Arjona, zona colindante al Canal del Dique, corredor de salida de droga. El señor Jorge carrillo tenía 2.000 Has, hubo presión del grupo de “Juancho Dique” (Montes de María) para que vendiera. No vendió y por esa razón fue asesinado en Turbaco. Los hijos se quejaron con el Personero, pero no pudieron hacer nada para recuperar la tierra. El otro caso es el de la familia del ex -gobernador de Bolívar, que fue presionada para vender la tierra, él no accedió y falsificaron los papeles y las escrituras82. Las personas que en el departamento están al tanto del tema de la usurpación de tierras coinciden en que uno de los más grandes focos de inseguridad de la propiedad son las oficinas de registros de instrumentos públicos y las notarías. Ha sido mediante la corrupción y la coacción que los funcionarios de estas oficinas han permitido que se traspase la propiedad en zonas al mando de los grupos armados ilegales. 79

Secretariado Nacional de Pastoral Social. Sistema de Información sobre población desplazada por la violencia en Colombia “RUT”. Hectáreas abandonadas por departamentos y municipios expulsores. Junio 30 de 2007 80 Entrevistas con funcionarios de Pastoral Social. Cartagena, Bolívar. Agosto 22 de 2007. 81 Entrevista personería Cartagena, Bolívar. Agosto 22 de 2007. 82 Entrevistas de campo, agosto 21 de 2007.

124 La Personería se pregunta “¿Cómo no investigan a alguien que compra 5.000 has?” La respuesta es que a ellos no les compete la investigación sobre la compra de propiedad, eso lo hace la Contraloría, pero hasta ahora no hay investigaciones al respecto; la otra respuesta es que la gente no denuncia por temor. Los funcionarios de estos sitios son vistos en general como fichas de los grupos armados, bien sea por sobornos o por presión. Sin embargo, esa no es razón suficiente para permitir el traspaso fraudulento de la propiedad a sabiendas que detrás de esos trámites esta una familia desplazada y una tierra “legalizada” corruptamente.83 Además del robo de tierras por coacción armada, como se ha señalado, otra forma de robo ha sido el aumento de parcelas ó “ampliación de cercas”. 84 Algunos de los entrevistados afirman que “Los ricos terratenientes siguieron siéndolo, los paras están al servicio de ellos”. “En Arjona una nueva elite narcotraficante ha hecho la reforma agraria”. En ese sentido la gente que trabaja con la comunidad manifiesta que hay una descomposición social en todos los niveles. “Hay una nueva cultura de traquetos, esa nueva cultura son los nuevos ricos que sustituyeron las antiguas elites, fueron ellos quienes les señalaron a los paras cuales eran las zonas donde podía establecerse. Ahora en esas zonas han proliferado los cultivos agroindustriales palma-biodiesel que tiene subsidios del gobierno. Uribe mismo hizo un consejo comunal de la planta de biodiesel para vender a Suiza y sigue frenado el tema de titulación de tierras.”85 Parapolítica La influencia de grupos paramilitares en la política a través del escándalo nacional de la “parapolítica” ha destapado su influencia -coacción armada- a través de empresas de apuestas con personajes oscuros como “El Turco” y Enilce López “La Gata”, que han financiado candidatos a la alcaldía y a la gobernación del departamento. La gente afirma que “Si un candidato no tiene el apoyo de ellos, no llega a la alcaldía”.86 Sin embargo, en las últimas elecciones regionales parece haberse cumplido la promesa de la familia de “La Gata” de no volver a participar en política. Candidatos como Gosaín ex -funcionario de la administración del saliente y cuestionado alcalde Curi fueron derrotados en las elecciones para obtener la Alcaldía de la capital departamental.

83

Sobre este punto uno de los entrevistados comenta: “No se investigan los notarios ni los registradores públicos y todo el mundo sabe que son ellos quienes saben quién presiona para vender las tierras. Ellos son los únicos que saben qué trámites son sospechosos pero la Contraloría no hace nada. Qué pasa con las 300.000 Has legalizadas en el Guamo? Es necesario verificar los traspasos de propiedad en el Guamo y en San Juan 84 Hay excepciones, no todos los terratenientes permitieron y cohonestaron con los grupos paramilitares, Las zonas de desplazamiento de grandes propietarios son: San Onofre, Maria La Baja y Arjona. Entrevista de campo Agosto 22 de 2007. 85

Entrevista de campo, Agosto 22 de 2007 El antecedente más cercano de la influencia de “La Gata” en la política fue a través del ex -gobernador Libardo Simanca. Entrevistas de Campo Agosto 21 de 2007. 86

125 A pesar de que el cambio de la administración de Cartagena da esperanzas de renovación de la vieja política clientelista, la situación de orden público se agrava. La desmovilización ha tenido como efecto el aumento en la criminalidad de la ciudad. Sin embargo este síntoma es un indicador de que la desmovilización trajo cambios. El mototaxismo, el pagadiario y las extorsiones a negocios comerciales son indicadores de estos nuevos síntomas. Desmovilización La gente que trabaja con las comunidades87 afirma que con el desmonte del paramilitarismo hay una mayor presencia de bandas en Cartagena evidenciada en el cobro de “vacunas”. En lugares como Ciénaga de la Virgen cobran $2.000 pesos en las casas y $5.000 pesos en las tiendas por “protegerlos”. Algunos de los que cobran las “cuotas de seguridad” afirman pertenecer a estructuras mayores como “Las Águilas Negras”. Sin embargo la Fuerza Pública 88 afirma que tras hacer investigaciones y capturar personas que cobran las cuotas se encuentran delincuentes que se alían con otros pocos más y apelan a “Las Águilas” para infundir temor, pero son pequeñas bandas sin relación con estructuras armadas grandes. Algunos de los detenidos han sido desmovilizados que dejaron de recibir la ayuda del gobierno y han optado por extorsionar a los comerciantes. Se afirma que en la ciudad hay gente nueva lucrándose, hay muchos “paisas” trabajando en estas bandas. Así mismo hay evidencia también de la pelea entre “Los 40” de Jorge 40 y “Los Paisas” de Don Berna por la ruta de narcotráfico más no por el dominio de la extorsión en las ciudades.89 Otro de los indicadores de la desmovilización y aumento de la criminalidad en las ciudades es el negocio de los “pagadiarios”. Consiste básicamente en prestamistas que dan créditos y cobran diariamente tasas de usura hasta del 10%. Generalmente los cobradores son hombres armados que andan en motos, la garantía de pago es la vida del acreedor. Cuando se pregunta por qué la gente se endeuda exponiendo su propia vida, afirman “la gente se endeuda para sobrevivir, este es el límite entre la hambruna y la falta de oportunidades”90. Las autoridades manifiestan que quienes organizan estas estructuras de préstamo son desmovilizados. Afirman que “hay plata del narcotráfico”. Esta se considera la parte empresarial de las Bandas Criminales (BACRIM), son grupos que están tratando de rearmarse, venden protección contra ellos mismos. Hay una estructura reconocida en Cartagena. Se habla de “la ruta de la cartulina”. Estos nuevos grupos reciclados se disputan las rutas de narcotráfico (ej. “Ballestas” en María La Baja organizando el narcotráfico) y en la ciudad las extorsiones. En sitios como Turbaco, Arjona y en la Plaza de mercado de Bazurto en Cartagena hay una incidencia de los paramilitares, hoy bandas criminales, 87

Entrevistas de campo, agosto 22 de 2007. Entrevista con oficial de Inteligencia de la ARC, Cartagena Agosto 21 de 2007. 89 Entrevistas de campo, agosto 22 de 2007. 90 Entrevistas de campo, agosto 22 de 2007. 88

126 regulan precios y controlan la oferta de algunos productos como el plátano. Autorizan la entrada de camiones y han subido los precios para beneficiar los productos de ellos. En Bazurto91 las bandas controlan también el cobro de préstamos del “pagadiario”. Este método es ideal para los delincuentes que quieren “lavar” dinero, en la medida en que se pierde el rastro del origen ilegal. Quienes lo hacen no son los grandes narcos, son los que duran unos pocos años en el narcotráfico y luego se retiran, no son como los de antes, que buscaban ser capos. Otra forma de “lavar” dinero es a través de tiendas de celulares, la venta de minutos de celular y el moto taxismo92. Estas dos actividades además se convierten en la red de inteligencia e información de las nuevas BACRIM.93 Estas estructuras emergentes tienen un capital humano dispuesto a reincorporarse. A los desmovilizados les están ofreciendo entre 500.000 a 700.000 pesos por sus servicios, aprovechando que la ayuda gubernamental solo tiene una vigencia de dos años y capitalizando también que la economía de las ciudades no le puede garantizar empleo a todas las personas que quieren empezar una vida legal. Cartagena es una ciudad de contrastes, el centro histórico, y otros pocos barrios más son una burbuja frente al resto de la ciudad, que tiene una pobreza que bordea el 70%. Barrios de estratos bajos como el Nelson Mandela, que se han caracterizado por un férreo control de las autodefensas, donde imponían sus reglas de “Estado”, siguen siendo controlados, ahora por las bandas. En Santa Rita, que está en el cerro de la Popa, ha sido un lugar donde ha habido pandillas juveniles, antes había 6 o 7 y ahora hay alrededor de 100 en toda Cartagena. “Los desplazados que vienen a Cartagena perdieron tierra. Algunos quieren que el gobierno les compre y otros quieren que el gobierno los reubique en sitios donde estén mejor comunicados. La gente afirma que no han llegado desplazados a la Popa, no hay migración fuerte pues esa zona ya está copada. Los últimos desplazados que llegaron lo hicieron a Maria La Baja. La gente busca zonas donde puedan emplearse y hoy en Maria la Baja hay cultivos de Palma extensivos, es una zona fértil, hay buenos riegos y están empleando gente.”94 “En otros sitios, como las zonas rurales de San Jacinto, Guamo, San Juan y La Haya, están explorando petróleo y por esa razón se han aumentado los costos de la tierra, pero, al contrario que en María La Baja, la contratación de las empresas es mínima porque el personal capacitado lo traen de otros sitios del país. Coincidencialmente las grandes zonas en las que hoy se están llevando a cabo grandes proyectos agroindustriales, como los bio-combustibles y nuevas excavaciones petroleras, fueron sitios en los que la presencia del paramilitarismo fue muy fuerte. En Bolívar, se pueden identificar dos sitios en 91

En la Plaza de mercado de Bazurto han sido asesinados cinco de sus gerentes. El mototaxismo es un servicio de transporte público que cuesta $1.000 pesos. La gente lo prefiere porque ahorra costos. Sin embargo a pesar de ser un negocio generalizado en toda la Costa atlántica es ilegal. 93 Para un análisis del mototaxismo y el pagadiario como formas de inteligencia en las ciudades véase el estudio de Gustavo Duncan sobre el Barrio Santa fé y los San andresitos en Bogotá. 94 Entrevista con líderes comunitarios, Cartagena. 92

127 los que la presencia paramilitar y los macroproyectos coinciden. Maria La Baja y El Guamo”95 A pesar que la violencia crea un efecto disuasivo en las comunidades desplazadas, la falta de oportunidades a los sitios que migran y la falta de una política concertada del estado frente a la población desplazada hacen que esta población busque retornar a sus sitios de origen. Hay algunos casos exitosos en El Salado96 con una tasa de retorno del 20%, donde las familias volvieron a sus parcelas. “En este sitio no hubo reapropiación de los territorios, las masacres fueron una forma de disuadir a la guerrilla e infundir respeto en la población. Sin embargo en sitios como El Carmen de Bolívar y en San Jacinto hay poco retorno, a pesar que la fuerza pública ha reforzado su papel social con la comunidad en Programas de Desarrollo y Paz.”97 El gobierno ha venido estructurando una política de protección a la población desplazada que involucra las ayudas de emergencia inmediata hasta la protección legal de territorios en el caso de abandono o expropiación violenta. Los programas presidenciales, los proyectos de la iglesia católica, las ONG´s que localizan la ayuda internacional, son quienes hasta el momento atienden las necesidades de la población vulnerada. Sin embargo el desafío es mucho más grande. Las autoridades oficiales en Cartagena, que son las encargadas de inscribir a los desplazados en el sistema de información para la población desplazado RUT, y así mismo las personas que trabajan en la iglesia y ayudan a asignar ayudas de emergencia, afirman que uno de los más grandes problemas para las instituciones que se encargan de dar ayudas es que hay muchas personas que simulan ser desplazadas con el fin de recibir ayuda. Los funcionarios de Acción Social manifiestan que la Costa ha sido una de las regiones que cuenta con mayor población de pobres históricos en el país y sin embargo, ahora hay una mayor cantidad de desplazados que de pobres. La razón es simple, “para los desplazados hay ayuda, para los pobres no”; además de esto la ayuda del gobierno muchas veces se reduce a una ayuda de emergencia, pero un plan serio para una relocalización económica no existe.

95

La gente que trabaja con la comunidad afirma que en el Guamo hay fosas comunes en las tierras de los paras y aseveran que los paras no han salido de esas zona. Entrevistas de campo, agosto 21 de 2007. 96 En el municipio del Salado tuvo lugar una de las más tristemente celebres masacre de los paramilitares. El periódico El Universal menciona que, “(…) en el corregimiento de El Salado, Carmen de Bolívar el 17 y 18 de febrero de 2000 fueron asesinadas 42 personas por miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia, en operación que estuvo al mando de Carlos Castaño a través de Salvatore Mancuso y Rodrigo Mercado, alias ‘Cadena’, entre otros comandantes paramilitares. El episodio de la violencia en esa zona de Bolívar marcó a sus habitantes y fue uno de los hechos más dolorosos de la lucha entre la guerrilla y los ‘paras’ por el control del territorio. En total fueron 50 hombres los que permanecieron unos 20 días en esta población acabando con lo que ellos consideraban un bastión guerrillero. Admitió (“Jorge 40” en su confesión) que El Salado fue una de las operaciones de las Auc (…)”. “Jorge 40” admitió masacre de El Salado.” Periódico El Universal. Cartagena de Indias, octubre 5 de 2007. 97 Entrevistas de campo, agosto 22 de 2007.

128 A esto es necesario agregar que la desarticulación de las oficinas del gobierno encargadas de prestar la ayuda a la población desplazada, ha impedido una política unificada en esta materia. Los mismos funcionarios muchas veces no saben a qué oficinas pueden acudir los desplazados para pedir ayuda ni los mecanismos legales que tienen a su disposición para proteger su territorio. Hay una campaña publicitaria grande de los Programas de Acción Social en este sentido, pero hace falta un esfuerzo informativo al interior de las oficinas del Estado para saber que existe una oficina de la Presidencia de la República encargada de esta labor. Algunos entrevistados manifiestan que la ayuda del gobierno ha sido muy asistencialista y eso perjudica los programas porque a veces funcionan en el corto plazo para mejorar los indicadores pero no resuelven los problemas estructurales. No hay una política de juventudes. “Los jóvenes que antes estudiaban ahora se salen para meterse de mototaxistas”. La gente con algún nivel educativo no tiene un trabajo mejor remunerado que alguien que no tenga educación. Los empleadores ahora son comerciantes y la gente prefiere tener dinero así sea en la ilegalidad. La Fuerza Pública está cumpliendo paralelamente un papel social en las ciudades. No obstante, se necesita un esfuerzo de la administración departamental en educación, en actividades lúdicas y un esfuerzo del sector privado en mayores oportunidades de empleo que impliquen el paso por el sistema educativo. “Existe una alta discriminación, no hay afecto hacia los jóvenes, no hay oportunidades, no hay lazos familiares, ni grupos sociales ni espacios de interacción. Esto hizo que cuando llegaron los paramilitares a ofrecer drogas encontraron gente dispuesta pues les ofrecían dinero y una red social, con reconocimiento, se convirtieron así en pandillas a su servicio. Sin embargo los paras les quitaron el papel de vigilantes, extorsionistas y amenazadores a las pandillas, ahora las pandillas les rinden cuentas a las bandas.”98 Así mismo, es necesario un mayor control y una justicia más diáfana y menos corrupta en lo local. La gente percibe un cambio significativo en la actitud de la fuerza pública hacia la población. Cuando se presenta algún caso de corrupción se entiende que son casos aislados y no un problema institucional. Pero se afirma abiertamente que en la década de los noventa, había corrupción en la policía sobre todo en los mandos medios y también en los alcaldes de municipios como Calamar, Guamo, San Juan y Zambrano.

98

Entrevistas de campo, agosto 21 de 2007.

129 ANEXO 1 DESPLAZADOS Y HECTÁREAS ABANDONADAS EN MUNICIPIOS DE BOLÍVAR 1997-2007

MUNICIPIO

CARTAGENA (DIST. ESP.) ACHI ALTOS DEL ROSARIO ARENAL ARJONA ARROYOHONDO BARRANCO DE LOBA CALAMAR CANTAGALLO CICUCO CORDOBA CLEMENCIA EL CARMEN DE BOLIVAR EL GUAMO EL PEÑON HATILLO DE LOBA MAGANGUE MAHATES MARGARITA MARIA LA BAJA MONTECRISTO MOMPOS MORALES PINILLOS REGIDOR RIO VIEJO SAN CRISTOBAL SAN ESTANISLAO

HECTÁREAS TOTAL ABANDONADAS HECTÁREAS HECTÁREAS POR LA ABANDONADAS DESPLAZAD ABANDONADAS INCIDENCIA DE OS POR LA OTROS GRUPOS INCIDENCIA DE ARMADOS GRUPOS Datos de Pastoral PARAMILITARES Social Datos de Datos de Pastoral Datos de Pastoral Acción Social Social Social 6,811 6,111

2,051.61 309.25

3,175.71 1,211.19

5,227.32 1,520.44

2,009 1,698 473 85

81.03 125.10 19.00 -

606.00 347.03 39.00 -

687.03 472.13 58.00 -

3,817 1,089 6,495 399 8,039 353

1,231.40 253.34 746.31 872.01 8.00

183.52 62.00 6,065.05 839.04 17.00

1,414.92 315.34 6,811.36 1,711.05 25.00

60,050 638 1,269

13,117.85 301.00 148.00

41,194.79 93.00 30.00

54,312.64 394.00 178.00

190 3,045 969 135 13,221 8,385 693 3,736 1,806 439 2,787 173

17.00 179.04 465.20 0.08 4,020.91 547.17 235.00 122.41 32.00 8.00 234.00 0.01

11.00 473.75 64.00 2.00 844.96 3,361.48 752.00 997.41 415.01 92.01 1,303.00 50.03

28.00 652.79 529.20 2.08 4,865.87 3,908.65 987.00 1,119.82 447.01 100.01 1,537.00 50.04

506

25.00

108.00

133.00

130 SAN FERNANDO SAN JACINTO SAN JACINTO DEL CAUCA SAN JUAN NEPOMUCENO SAN MARTIN DE LOBA SAN PABLO SANTA CATALINA SANTA ROSA SANTA ROSA DEL SUR SIMITI SOPLAVIENTO TALAIGUA NUEVO TIQUISIO TURBACO TURBANA VILLANUEVA ZAMBRANO TOTALES

136 7,931

1,334.35

2.00 3,244.04

2.00 4,578.39

522

-

-

-

5,372

420.04

2,263.04

2,683.08

1,725 14,528

143.53 2,545.63

461.22 5,642.53

604.75 8,188.16

162 3,794

12.00 181.20

145.00 1,771.64

157.00 1,952.84

4,504 4,263 93

7.00 358.05 -

477.00 2,229.55 -

484.00 2,587.60 -

222 8,997 857 89 2,382 6,433 197,431

3.00 59,144.00 12.01 25.00 545.05 2,388.41 92,268.99

9.02 6,688.74 35.00 30.00 1,100.20 1,325.04 87,762.00

12.02 65,832.74 47.01 55.00 1,645.25 3,713.45 180,030.99

El despojo de tierras en Atlántico El desplazamiento y el abandono de tierras en Atlántico han sido muy reducidos. El observatorio de violencia de la Vicepresidencia registra 2.872 desplazados en la década entre 1997 y 2007, que contrastan con el masivo desplazamiento en otros departamentos. Atlántico sólo tiene 279.922 hectáreas de superficie agropecuaria, de las cuales 18.883 están dedicadas a agricultura, la mayoría en manos de pequeños campesinos, y 241.214 hectáreas en ganadería.99 Sin embargo, Barranquilla y el municipio integrado de Soledad han sido un gran polo de atracción de desplazados de casi toda la Costa Atlántica, pues el gran tamaño del área metropolitana ofrece refugio y alguna esperanza económica a la población desarraigada del campo. Son pocos quienes intentan continuar en labores agrícolas luego del desplazamiento y demandan predios como compensación de los que perdieron en sus lugares de origen. Existen serias dificultades para satisfacer esta demanda. En la opinión del gerente del Incoder, “hay 1.300 desplazados aspirantes a tierras del Incoder. El Incoder ha entregado 53 parcelas. Las parcelas de tierra que ha permutado el Incoder no han dado resultado, nadie cambia sus tierras. No hay ofertas de predios, las que venden no son tierras buenas. Las tierras que vienen por extinción han sido un problema porque entregan sin que se haya terminado el 99

DANE, Cuadro Superficie toral y aprovechamiento de la tierra, 2004.

131 proceso. No se están recibiendo predios en provisionalidad, son un problema.”100 Para el INCODER “en Atlántico no hay desplazamiento, es más bien receptor. Hay mayor cantidad de desplazados en Barranquilla, Soledad, Galapa, Sabanalarga y Malambo.”101 Esta migración a la ciudad y sus municipios vecinos tiene antecedentes en la década de los años setenta del siglo pasado, cuando se frustraron las esperanzas que los campesinos tenían en la reforma agraria y muchos optaron por urbanizarse en las grandes capitales de la Costa. Las redes de familia extensa características de la cultura costeña sirven para apoyar a los recién llegados mientras logran instalarse en un nicho propio. “Cinco años atrás había intolerancia hacia los desplazados, actualmente no es así. La gente ha tenido un cambio de actitud y esto gracias a los medios y a los diferentes foros que se han hecho desde la academia. Se ha asumido el tema del desplazamiento como un problema de todos.”102 Barranquilla, no obstante, asume cada vez más la apariencia de un inmenso tugurio, por la acumulación de miseria y la escasa oferta de trabajo y viviendas de la ciudad. “En Barranquilla ha aumentado el número de personas a 2 millones, se han incrementado los cinturones de miseria. Es la ciudad tugurial más grande de Latinoamérica después de Sao Paulo. Hay mucha gente que aguanta hambre. Buscan empleo, anhelan una casa y un trabajo. Los campesinos son quienes más han sufrido buscando trabajo. Hacen falta más oportunidades laborales para los desplazados. Barranquilla es la ciudad que más ofrece trabajo y aún así se queda corta en oferta.”103 Como en las otras capitales que atraen desplazados, el sistema de atención a las necesidades básicas somete a los desplazados a una peregrinación en busca de ayudas oficiales o privadas, con resultados ambivalentes. Como el desplazamiento es una situación que resulta difícil de probar en muchos casos, la oferta de ayudas y subsidios atrae una población marginal que, sin ser desplazada, busca oportunidades vitales en cualquier parte que las ofrezca. El sistema de atención inmediata a los desplazados se satura así con oportunistas y obliga a los funcionarios encargados a desconfiar de las historias de los desplazados auténticos, que experimentan barreras invisibles de entrada al sistema y requisitos difíciles de cumplir. Según la opinión del director de Pastoral Social encargado de la atención a desplazados por parte de la iglesia católica, “Hay una falta de información certera y clara para los desplazados. No saben a que oficinas ir y los mandan de un lado al otro. Pastoral social prestó su casa para que cada funcionario de cada institución vaya allá, en vez de poner a las familias desplazadas a que vayan a cada oficina. Existe la Unidad de Apoyo a Desplazadas y la sede principal es Barranquilla.”104 Otra dimensión que ha impactado de manera notable a Barranquilla es la desmovilización de los grupos paramilitares, por la afluencia de desmovilizados y la dificultad de asimilarlos a la vida productiva normal. “En su mayoría son 100

Entrevista Incoder, Barranquilla. Entrevista Incoder, Barranquilla. 102 Entrevista pastoral Social, Barranquilla. 103 Entrevista Pastoral Social, Barranquilla. 104 Entrevista Pastoral Social, Barranquilla. 101

132 jóvenes, muchos se encuentran sin empleo. Hay mucha tramitología para que los cobije la ley de justicia y paz y todos ellos temen ser abaleados. Están relacionados con los delitos en la ciudad, pues los delitos no son de raponeros con armas blancas, sino de hombres fuertemente armados que andan en motocicletas. En la ciudad hay mayor violencia, atracos en moto, por los reinsertados”105 La desmovilización del bloque Norte, liderado por “Jorge 40”, que ejercía influencia en el Atlántico, inició un proceso de reinserción de excombatientes en el contexto de economías ilegales que siguen exigiendo mano de obra criminal para su funcionamiento. El narcotráfico sigue existiendo, la extorsión es un negocio organizado que todavía genera rentabilidad para quienes tienen armas para intimidar y además están surgiendo formas predatorias del lavado de ingresos, como el “mototaxismo” y el crédito “pagadiario” para los pobres. El taxismo en motos es hoy una realidad desbordada que ocupa las principales vías en las capitales de la Costa Atlántica. Hay grandes empresarios que compran motos y las venden o alquilan a desempleados y reinsertados, a cambio de un pago diario estipulado previamente. Se trata de un transporte más ágil y económico para los usuarios, que sin embargo desordena y congestiona al extremo el tráfico vehicular y facilita la delincuencia. El “pagadiario” es un sistema de crédito informal en pequeña escala, al que acuden los pobres sin acceso al sistema bancario, cuya garantía es la capacidad de intimidación de los prestamistas. En consecuencia, es el sistema ideal para obtener alta rentabilidad para los lavadores de dólares que puedan organizar a los excombatientes en redes de distribución de recursos. Su verdadero capital es el miedo acumulado por años de aplicación del terror, pues el pago de los créditos está garantizado con la vida del deudor. A pesar de los notables avances de la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General en la investigación y juicio de los políticos relacionados con los grupos paramilitares, que a abril de 2008 habían detenido a 27 congresistas y habían abierto investigación a casi medio centenar más, el desmonte de las redes de control político en ciudades como Barranquilla se encuentra a medio camino. La población no confía en la justicia y están aumentando los homicidios selectivos, que se atribuyen al establecimiento o reproducción de estructuras armadas que controlan territorios en los barrios periféricos. Sigue habiendo extorsión a tenderos y pequeños artesanos, al transporte y a la industria turística, por parte de antiguas y nuevas bandas delincuenciales. Más grave todavía, hay pocos avances en la tarea pendiente de impedir que la contratación pública se desvíe hacia los bolsillos de organizaciones armadas para cumplir compromisos en la financiación de las campañas electorales y la creación de clientelas en la burocracia estatal. ANEXO 1 DESPLAZADOS Y HECTÁREAS ABANDONADAS EN MUNICIPIOS DEL ATLÁNTICO 1997-2007 105

Entrevista Pastoral Social, Barranquilla.

133

DESPLAZADO S

Datos de Acción Social BARRANQUILL A BARANOA CAMPO DE LA CRUZ CANDELARIA GALAPA JUAN DE ACOSTA LURUACO MALAMBO MANATI PALMAR DE VARELA PIOJO POLO NUEVO PONEDERA PUERTO COLOMBIA REPELON SABANAGRAN DE SABANALARG A SANTA LUCIA SANTO TOMAS SOLEDAD SUAN TUBARA USIACURI TOTALES

TOTAL HECTÁREAS HECTÁREAS ABANDONADAS ABANDONAD POR LA AS INCIDENCIA DE OTROS GRUPOS ARMADOS Datos de Pastoral Datos de Social Pastoral Social

HECTÁREAS ABANDONADAS POR LA INCIDENCIA DE GRUPOS PARAMILITARES Datos de Pastoral Social

1,226 129

175.13 -

521.04 3.01

696.17 3.01

51 23 96

500.01

276.00

776.01

40 104 162 63

1.00 3.00 -

30.00 60.00 -

31.00 63.00 -

32 24 40 59

8.00

-

8.00

33 210

0.03

14.00 -

14.00 0.03

81

-

-

-

117 18

-

-

-

46 287 21 1 2 2,865

34.02 721.19

153.12 7.00 1,064.17

187.14 7.00 1,785.36

El despojo de tierras en Magdalena

134 El departamento de Magdalena es uno de los más extensos del país, con 2’318.800 hectáreas, de las cuales 1’672.648 están incorporadas a la frontera agropecuaria. En 2004 dedicaba 186.196 hectáreas a la agricultura y 1’351.552 a la ganadería. Tiene 99.525 hectáreas de bosques no colonizados en la Sierra Nevada de Santa Marta y 110.190 hectáreas de bosques colonizados, también en la vertiente occidental de la Sierra.106 Magdalena comprende tres grandes ecosistemas: la Ciénaga Grande, bordeando el mar Caribe, la vertiente nor-occidental de la Sierra Nevada de Santa Marta, y la llanura baja que se extiende desde la margen derecha del río Magdalena. Su estructura de propiedad de la tierra es muy antigua y predomina el latifundio extensivo, con un campesinado ubicado en tierras marginales. Entre la SNSM y el río Magdalena, al norte, está la zona bananera, en los municipios de Ciénaga y Fundación. Analistas de inteligencia de la policía departamental conciben así la situación de conflicto armado que ha vivido Magdalena en las últimas décadas “Magdalena es principalmente latifundista, la guerrilla fue una amenaza para los terratenientes. Muchos de los dueños se fueron y dejaron las tierras en manos de los trabajadores. Antes en esta zona la guerrilla era quien tenía cooptadas las instituciones del Estado. Hay reductos de la guerrilla, está el Frente 37 de las FARC en el sur del departamento. Hay una movilización de la guerrilla hacia el Cesar, guerrilla sin uniformes. La guerrilla no tiene la fuerza que tenía antes, buscan cobrar vacunas nuevamente. No hay formalidades de tipo bélico. En Plato hubo un enfrentamiento ejército-guerrilla, la guerrilla tenía armas de corto alcance y poca gente. Antes la guerrilla tenía tanto poder que sobrepasaba la capacidad militar de la policía, especialmente en el centro y sur de Magdalena (Pivijay), cuando se encontraban guerrilla y policía, a esta última le tocaba retroceder porque su poder era inferior siendo la autoridad legítima.” “Chepe Barrera estaba en el centro del departamento (pueblito de Los Andes). Era un ganadero tradicional, no fue narcotraficante pero protegió sus tierras con autodefensas, que andaban en su territorio. Las autodefensas fueron desplazando el paraestado de la guerrilla y le quitaron su dominio. En el sector de La Pola en el municipio de Chivolo, donde queda el cuartel, es la casa de Jorge 40. Hubo un arreglo entre Jorge 40 y Chepe Barrera para la seguridad porque las fincas eran cercanas. Chepe Barrera apoyo las políticas del municipio. El propósito de él fue fomentar la seguridad. Macaco tenía el mayor poder militar de la región. El Bloque Central Bolívar entró a disputar la costa atlántica con Jorge 40 por la SNSM. En los últimos años fue mayor el poder de Macaco que el de Jorge 40.” “Hernán Giraldo es quien manejaba el narcotráfico, tenía la supremacía por la cercanía que tenía con la salida hacia el mar. Estaba en el parque Tayrona, Palomino y los pueblos de Magdalena hacia la Guajira. Estratégicamente la SNSM es segura para procesar coca. En los municipios aledaños a la Sierra nunca hubo comunicación telefónica hasta que la puso Giraldo. El gobierno de EEUU midió las trazas que dejan los vuelos para saber por qué sitios salían los 106

DANE, Superficie total y aprovechamiento de la tierra, 2004.

135 vuelos con droga y comprobaron que salían por Venezuela y no por Colombia, como se creía.”107 Hernán Giraldo Serna fue uno de los primeros narcotraficantes que creó un grupo de autodefensa, vinculado con el MAS (Muerte a Secuestradores) a comienzos de los años ochenta, que se conoció como “Autodefensas del Mamey”, con influencia desde Santa Marta hasta el sur de la Guajira, especialmente entre Guacharaca y Buriticá, en la vertiente norte de la SNSM. Su iniciativa tuvo acogida entre los grandes hacendados, temerosos de la creciente influencia de las guerrillas de las Farc y el ELN, que desde mediados de los años ochenta rodearon la SNSM en Magdalena y Cesar. El frente 19 de las Farc creó el frente 41 y entre ambos formaron el frente 59. Otras autodefensas tempranas en los años ochenta fueron las Autodefensas del Palmar, formadas por Adán Rojas al servicio del Cartel de Cali y con influencia en Ciénaga. Este grupo fue diezmado por el frente 19 de las Farc y su líder buscó refugio en la zona protegida por Giraldo. También estaba el grupo de Autodefensas del Sur del Magdalena, liderado por Chepe Barrera, un ganadero que resolvió resistir a la extorsión de las guerrillas. Su grupo aportaba seguridad a ganaderos y bananeros en los municipios de El Plato, Pedraza, Chivolo, Pivijay, Ariguaní, El Difícil, y Sabana de San Angel. Después de 1997, cuando las autodefensas de varias regiones se federaron en las AUC, Salvatore Mancuso fue encargado de crear el Bloque Norte y extendió su influencia a Magdalena, Guajira y Cesar, donde reclutó a Rodrigo Tovar pupo, alias “Jorge 40”, que posteriormente se convirtió en el comandante del bloque Norte. A fines de 2001 el Bloque Norte entró en conflicto con las autodefensas de Hernán Giraldo, que en ese entonces se llamaban Frente Resistencia Tayrona, y luego de debilitarlo, lo obligó a aceptar el mando de las AUC bajo órdenes de Jorge 40. En 2005, antes de la desmovilización del Bloque Norte en 2006, su dispositivo comprendía cinco grupos de autodefensas. El grupo Walter Usaga, dirigido por Carlos Tijera, en Ciénaga y Fundación; el grupo Chivilo, dirigido por alias “Codazzi”, en la Ciénaga Grande y El Difícil; el grupo Pivijay, dirigido por “Doña Sonia”, en Salamina, Concordia y Pedraza; el grupo Sierra Nevada, dirigido por “Cantinflas”, en Algarrobo y Bellavista; y el grupo Ariguaní, dirigido por “Rocoso”, en El Difícil, Nueva Granada, Plato y Pueblo Viejo.108 Impulsado por el deseo de controlar las rutas más rentables del narcotráfico, Carlos Mario Jiménez, “Macaco”, líder del Bloque Central Bolivar, disputó los territorios del Bloque Norte y lo sustituyó en algunas regiones del Magdalena. Desmovilización Como en otras regiones de la Costa, en Magdalena la desmovilización de los paramilitares fue parcial, pues las necesidades de control territorial del 107

Entrevista con analistas de la policía, Santa Marta. Observatorio de Violencia de la Vicepresidencia, informe sobre la Sierra Nevada de Santa Marta 108

136 narcotráfico, los negocios de extorsión fundados en la venta de seguridad y las demandas de seguridad privada continuaron existiendo luego del desmonte del Bloque Norte y el Bloque Central Bolívar en 2006. Para los analistas de la policía el fenómeno es ambivalente y confuso. “Las bandas emergentes estaban matriculadas con algún patrón (Águilas, Jorge 40…), hoy no tienen esa estructura. Hay bandas, se han visto casos en los que han matado para comer. Ha aumentado el cobro extorsivo a pequeños comerciantes. La desmovilización fue efectiva. Hay narcotráfico en las zonas rurales. Hoy hay bandas criminales y reclutan desmovilizados. No hay un problema de autodefensas, el problema es de bandas. Las bandas están organizadas y hoy son “Oficinas de cobro”. Son estructuras del narcotráfico que recolectan dinero (En Cali, Montoya y Varela tenían oficinas de cobro). En Magdalena está “los Mellizos” y las “águilas negras”. Manejan pequeños grupos de delincuentes con mano de obra calificada (desmovilizados).” “En el departamento hay 2000 desmovilizados, de estos 300 están como guardabosques o guardavías. Hay otros dedicados a la criminalidad, trabajan en “oficinas de cobro” mototaxismo con metralleta. Las “oficinas de cobro” tenían armas legales y no hay ninguna ley que exija quitarlas. El porcentaje de desmovilización es de un 90% y de ese un 10% son BACRIM.” “Las “Águilas Negras” nacieron en Norte de Santander, no se han multiplicado, bandas pequeñas usan el nombre. Hay bandas que usan el miedo como negocio, pero no existe una organización piramidal. Hay un compromiso institucional para luchar contra las bandas criminales, no como antes, la tolerancia que existía con las AUC. Contra las BACRIM se están primero identificando sus miembros y luego judicializando por ley 600. Esto por fuera de la ley de justicia y paz (975) para que sean judicializados bajo el sistema penal acusatorio. Hay bandas urbanas precisamente porque no tienen la capacidad de conformar grupos rurales. Los desmovilizados no quieren volver al campo.”109 Para la policía, y en general para el gobierno, la desmovilización de las grandes estructuras paramilitares cambió la naturaleza del problema, pues dejó de ser el de una coalición militar más o menos tolerada por la fuerza pública, los políticos regionales y los grandes propietarios contra las guerrillas, para convertirse en un fenómeno delincuencial ligado al narcotráfico y la pequeña delincuencia por cuenta de algunas bandas de desmovilizados. Según opinan los oficiales de inteligencia de la policía del Magdalena, “Hay emporios de Narcotráfico. No hay bonanza de drogas hacia abajo, no hay mandos bajos con poder. Se usan estos hombres para extorsionar pero no tienen nexos para suceder jefes. Cienaga y Bonda son dos zonas en las que operan las bandas. Esta gente se matricula a una u otra estructura sin saber quienes son los altos mandos. Algunos mandos no se desmovilizaron. Orejuela fue el brazo armado de Varela y luego se enfrentaron a muerte. “Beto Quiroga” perteneciente al Bloque Tayrona (ex -sub oficial del ejército) hizo una alianza con Jorge 40 y empezó a manejar el narcotráfico. De esto se desprendió una gran estructura y formaron las Águilas negras. El sobrino de Hernán Giraldo, Rubén Giraldo, maneja una estructura armada. Jorge 40 estuvo en decadencia antes de 109

Entrevista con analistas de la policía, Santa Marta.

137 entregarse. Su fuerte eran las rutas de narcotráfico y ya no estaban funcionando. Los celulares que tienen en la cárcel están siendo controlados. Los homicidios en su mayoría son cometidos por desmovilizados, pagadiarios, estructuras viejas de paras y bandas emergentes. Se han registrado enfrentamientos entre bandas desmovilizadas de 40 y Giraldo. Hay 2 estructuras urbanas, no hay estructuras rurales.” “Hay una política nacional de desarme, estatuto de armas (2535) para poder quitarles las armas. En 15 días se capturaron 55 armas de las cuales 40 tenían permiso y 15 no. El problema es que los delincuentes muchas veces tienen armas con salvoconductos. El decreto 514 prohíbe el porte de armas para los motociclistas. Hay varias solicitudes de las personas que están retornando a las fincas para que les devuelvan las armas. Hay todavía muchas armas de guerra enterradas. Debería empezarse una cultura ciudadana para no portar armas.”110 Abandono y robo de tierras En Magdalena hubo un gran desplazamiento campesino durante el predominio de los grupos paramilitares, que afectó también a muchos habitantes de los pueblos y la capital. Como aparece en la tabla anexa, los municipios más afectados fueron Santa Marta (34.869 personas), Fundación (23.807), Ciénaga (18.313), Pivijay (9.893), Aracataca (5.542), Plato (5.218) y Remolino (4.717). Para los analistas de la policía “Donde más hubo problema de tierras en Magdalena fue en Chivolo, La Pola, Tenerife y Sanabria. Hubo conflicto de tierras con los campesinos. Se compró y se vendió tierra a bajos precios. Predios de 30 has se vendieron entre 20 y 40 millones. Algunas transacciones se hicieron verbalmente. Hay conflictos por derechos de posesión. Por ejemplo, en La Pola hay terrenos de Miguel Gnecco y se están reclamando esos predios. Hay problemas de ocupación. Esos campesinos tienen querellas en el INCODER y en la Defensoría del Pueblo. En la oficina de Acción Social de Santa Marta los funcionarios han asesorado a los desplazados de La Pola y su opinión no es optimista: “Al predio “La Pola” en Chivolo no se le ha podido hacer la reconstrucción legal porque muchas de las ventas se hicieron “legalmente”, es decir, hubo traspaso de propiedad, pero la gente dice que fueron usurpadas sus propiedades. No se hizo un censo de la población, es muy difícil establecer cuánta gente fue afectada.”111 Uno de los temas centrales en la atención a los desplazados es el tema de las tierras abandonadas o usurpadas por los grupos armados. Funcionarios de Acción Social que están en contacto diario con campesinos desplazados en Magdalena concluyen al respecto “El Estado dio terrenos en el Magdalena y la gente no los legalizó. Acción Social, para permitir que la gente proteja sus tierras, hace una entrevista preguntando las actuales condiciones en las que están los predios. Acción Social, tras haber hecho varias verificaciones, encontró que las modalidades más utilizadas para usurpar la tierra fueron, 1) 110 111

Entrevista con analistas de la policía, Santa Marta. Entrevista Acción Social, Santa Marta.

138 las ventas bajo presión; y 2) Expropiación violenta sin contraprestación. Otro problema que se tiene a la hora de proteger las propiedades es que la gente no tiene certeza sobre en cuál municipio está su parcela y esto impide hacer la protección con especificaciones exactas.” “La regional Magdalena de Acción Social necesita que el grupo de tierras no esté solamente en Bolívar, hace falta una oficina de tierras para Magdalena. Van a tener una cantidad inmanejable de trabajo cuando empiecen a realizar las labores que venía haciendo el INCODER. Es necesario que el INCODER subsista y preste una labor asistencial y de acompañamiento a Acción Social.” “Cuando el INCODER entregaba las tierras no había un comité de acompañamiento y a veces en estos sitios de reubicación, no había escuelas para los hijos, no había clínicas cerca y tampoco había seguridad. Esto hizo que mucha gente vendiera o abandonara las tierras otorgadas por el INCODER. En otros casos, cuando el personal del INCODER llegaba con la(s) familia(s) campesinas a las que le iba a entregar la tierra, ya había personas viviendo allá, por esa razón Acción Social pide certificación de seguridad al ejército.”112 El Defensor del Pueblo destaca el rol desempeñado por el miedo en el abandono y recuperación de las tierras, igual que el oportunismo que la situación masiva del desplazamiento despierta en algunos campesinos para conseguir tierra. “Hay muchos campesinos que han recuperado tierra, aunque muchos han vendido después de que el INCODER les ha otorgado la tierra. Algunos han vendido por amenaza, pero muchos lo han hecho para recibir el dinero. De las personas que se fueron por amenazas, muchas han vuelto a solicitar tierras al Incoder, ya no existe tanto temor. Algunas personas simplemente están aprovechando la situación para pedir tierra. Hay un mayor interés de la gente por adquirir parcelas agrarias. Hay, sin embargo, casos de malgasto como el de “casa Japón” donde pidieron un crédito para tierra y cuando se los concedieron, los campesinos hicieron una gran fiesta y se bebieron la plata del crédito. Ahora nuevamente esos mismos campesinos están solicitando tierra al INCODER. Hay muchas personas que no fueron desplazados por la violencia sino que vendieron sus predios a bajo costo por el temor. En las SNSM no hubo desplazamiento a excepción de algún desplazamiento a los indígenas Koguis. Muchos de los desplazados fueron antiguos colonos. Hay calma pero la gente sigue teniendo miedo.” 113 Un problema mayor ha sido detectado por las oficinas de Acción Social en casi todos los departamentos de la Costa Atlántica, donde el desplazamiento de campesinos ocurrió en un contexto rural marcado por la inequidad en la distribución de la tierra y el fracaso de la reforma agraria. Como el gobierno está estructurando políticas para recuperar la tierra perdida por desplazados, muchos campesinos sin tierra han visto la oportunidad para conseguir una parcela presentándose como desplazados sin serlo. “Existen bandas especializadas en “capacitar” a la gente para que responda el cuestionario de preguntas de Acción Social para hacerse pasar como desplazados y poder 112 113

Entrevista Acción Social, Santa Marta. Entrevista con Defensor del Pueblo, Santa Marta.

139 aspirar a que el gobierno les de tierra. Mientras no haya una política clara del gobierno frente al desplazamiento no habrá una solución real. En un censo realizado en el departamento ya no hay pobres históricos. Mientras desplazados hay acaso el doble. La gente se hace pasar como desplazado porque el gobierno da ayudas. El pobre histórico no puede pedir, ni ayuda de emergencia, ni vivienda, ni trabajo. Esto lo debe pensar el gobierno. Hay que hacer estrategias paralelas también para la población vulnerable.” 114 ANEXO 1 DESPLAZADOS Y HECTÁREAS ABANDONADAS EN MUNICIPIOS DEL MAGDALENA 1997-2007 DESPLAZADOS

MUNICIPIO SANTA MARTA ARACATACA ARIGUANI CERRO SAN ANTONIO CHIBOLO CIENAGA EL BANCO EL PIÑON EL RETEN FUNDACION GUAMAL PEDRAZA PIJIÑO DEL CARMEN PIVIJAY PLATO PUEBLO VIEJO REMOLINO SALAMINA SAN SEBASTIAN

114

HECTÁREAS ABANDONADAS POR LA INCIDENCIA DE GRUPOS PARAMILITARES Datos de Acción Datos de Pastoral Social Social

HECTÁREAS ABANDONADAS POR LA INCIDENCIA DE OTROS GRUPOS ARMADOS Datos de Pastoral Social

TOTAL HECTÁREAS ABANDONADAS

Datos de Pastoral Social

34,869 5,534 1,276

3,162.41 538.25 344.01

2,102.63 656.32 585.00

5,265.04 1,194.57 929.01

679 2,976 18,309 2,199 1,142 1,043 23,807 867 608

101.00 420.02 1,996.93 481.02 34.01 1,429.01 217.01 58.00

25.00 213.00 2,041.01 179.00 85.00 10.00 1,893.76 45.00 29.00

126.00 633.02 4,037.94 660.02 85.00 44.01 3,322.77 262.01 87.00

171 9,893 5,210

2,949.28 202.72

534.75 482.04

3,484.03 684.76

2,942 4,717 986 220

350.00 206.05 135.00

50.01 1.53 2.00 40.00

400.01 207.58 2.00 175.00

Entrevista con Acción Social, Santa Marta.

140 DE BUENAVISTA SAN ZENON SANTA ANA SITIO NUEVO TENERIFE TOTALES

104 450 3,886 1,069 122,957

0.03 240.15 127.01 12,991.91

55.06 44.06 151.00 9,225.17

55.09 284.21 278.01 22,217.08

El despojo de tierras en Cesar Con 2’290.500 hectáreas de superficie y 1’947.816 hectáreas de uso agropecuario, el Cesar es otro de los grandes departamentos ganaderos del país, pues dedica a esa actividad 1’644.513 hectáreas, mientras sólo ocupa 105.371 hectáreas en agricultura. El departamento tiene tres regiones claramente diferenciadas: la vertiente oriental de la Sierra Nevada de Santa Marta, la Serranía de Perijá y el amplio valle del río Upar, que corre entre la SNSM y el Perijá, que se extiende al sur hasta la región del Magdalena Medio. Por estar situadas entre dos grandes sistemas montañosos, sus tierras planas están bien irrigadas y reciben grandes aportes de sedimentos, que explican su buena fertilidad. Tiene apenas 43.350 hectáreas de bosques no colonizados, especialmente en el Perijá, y 124.291 hectáreas de bosques colonizados, en las laderas de la SNSM.115 Por sus montañas y su ganadería, el Cesar atrajo desde muy temprano a las guerrillas de las Farc y el ELN, que organizaron un drástico sistema de extorsiones contra los grandes y medianos hacendados, y otro sistema de servidumbre contra los campesinos. Además se localizaron en corredores estratégicos del narcotráfico, alrededor de la SNSM, con salida al océano Atlántico y la serranía del Perijá, con paso a Venezuela. También desde muy temprano, en la década de los ochentas, algunos dirigentes políticos y ganaderos usaron ejércitos privados para defenderse de la extorsión guerrillera. A fines de los noventas hicieron contacto con las AUC, dirigidas entonces por Carlos Castaño, y convinieron extender las operaciones de los grupos paramilitares al Cesar, con aportes económicos de los grandes propietarios. “En el Cesar el acoso guerrillero a ganaderos y empresarios motivó que se unieran y trajeran el paramilitarismo de las AUC. Al comienzo se vio con buenos ojos, porque los ganaderos pudieron volver a sus fincas y se reactivó la economía. Hernán Giraldo dominaba los flancos norte y occidental de la Sierra Nevada de Santa Marta y Jorge 40 el flanco oriental, que mira al Cesar, Guajira, Magdalena y el resto del Cesar.”116 Al poco tiempo Jorge 40 se destacó como líder del Bloque Norte de las autodefensas y su historia revela el surgimiento rápido de una nueva elite de empresarios de la violencia. “Antes de 1997 ya había paramilitarismo en el Cesar. Jorge 40 dice que él incursionó al paramilitarismo porque la guerrilla 115 116

DANE, Superficie total y aprovechamiento de la tierra, 2004. Entrevista Banco de la República, Valledupar

141 arruinó a su familia, eso es falso. Su familia venía quebrada del algodón (como pasó en la Guajira y en el Huila con la bonanza algodonera). En los 80s en Aguachica hubo cultivos extensivos de algodón y mucha gente se arruinó. Los familiares de Jorge 40 no eran buenos administradores de las fincas que tenían y por eso se arruinaron. Jorge 40 empezó siendo inspector de pesos y medidas y se ganaba 400.000 pesos, hoy es uno de los hombres más ricos de Colombia. Jorge 40 fue capturado con 40 fusiles AK47 y la policía le dio permiso para su porte.”117 Como en casi todo el país a fines de los años noventa, el ejército cooperó con los grupos paramilitares en la tarea conjunta de recuperar el territorio de la presencia guerrillera en Cesar. “La finca de Jorge 40 queda a 20 minutos del Comando del Ejército (batallón La Popa) del Cesar en Valledupar, en la carretera de Bosconia hacia Santa Marta. Él tenía un ejército de guardaespaldas detrás de él (550 hombres). Es imposible que el ejército no se hubiera dado cuenta. La familia de Jorge 40, para no correr riesgos de seguridad cuando iba a visitarlo, tomaba helicóptero desde la Brigada hasta la Finca. Los suboficiales, sin saber, le hacían la venía, pensando que era un oficial del ejército. El imperio de Jorge 40 se hizo con total cooperación del Ejército. En la Fuerza Pública se han visto cambios. Antes comandantes como Velásquez eran totalmente paramilitares, lo mismo en la V Brigada en Bucaramanga, el comandante era totalmente complaciente con los paras. Esta complacencia se ha visto cuando se han hecho operativos para incautar caletas y antes de que llegue la Policía, después de múltiples trabas puestas por el Ejército, llegan al sitio más tarde y encuentran un escondite desocupado y sin hombres. Otro ejemplo de esta complacencia y debilidad institucional se hizo evidente cuando en un mes se hicieron 89 allanamientos, 40 en Valledupar y 59 por fuera y no se obtuvo ningún resultado de incautación de armas ni de personas.”118 Los paramilitares forzaron a las guerrillas a desplazarse hacia la parte alta de las montañas y ambas organizaciones impusieron un régimen de restricciones a la población indígena de la Sierra Nevada. “En Nabusímaque hubo una reunión de todos los pueblos indígenas de la Sierra Nevada y denunciaban que las partes altas de la Sierra estaban dominadas por las guerrillas, especialmente el frente 29 de las Farc, en la zona media dominaban los paras y en la parte baja el ejército. Todos controlaban los víveres que subían a la Sierra. El ejército para impedir el abastecimiento de la guerrilla, los paras retenían la mitad de lo que llevaran y con lo que llegaba arriba se quedaban las guerrillas. Su queja era que estaban sitiados por hambre.”119 Las consecuencias acumuladas de la crisis económica del sector agrario, la mala calidad del gobierno regional y la competencia de organizaciones armadas y del narcotráfico por el control del territorio y las rutas de exportación de las drogas fueron la expulsión de una parte de la población en casi todos los municipios. En el Cesar hubo 116.767 desplazados entre 1997 y 2007 y casi la mitad salieron de Valledupar (27.197), Agustín Codazzi (17.429) y El Copey 117

Entrevista Fiscalía, Valledupar. Entrevista Fiscalía, Valledupar. 119 Entrevista Banco de la República, Valledupar. 118

142 (9.012), seguidos por Curumaní (7.879), La Jagua de 142bérico (6.430), Pailitas (5.566), Aguachica (4.617), Becerril (4.507) y San Diego (4.332), 120 como lo muestra el anexo estadístico. Despojo de tierras Como el ideal de riqueza en Cesar, igual que en muchas otras regiones de la Costa, se asocia a la propiedad latifundista, los jefes paramilitares buscaron capitalizar en tierras sus éxitos militares y su control del narcotráfico. “Los paras desplazaron a los pequeños campesinos, que ante las amenazas vendían la tierra a lo que les dieran. Por ejemplo, en las zonas cafeteras de los municipios de las estribaciones de la Sierra Nevada, en Pueblo Bello, Atánquez, Copey, Valledupar, Bosconia, los paras obligaron a venderles a bajo precio. Igual pasó en las zonas cafeteras de la Sierra de Perijá, en Manaure, San Diego, la Paz, y las tierras fueron dedicadas a los cultivos de coca. También desplazaron campesinos en el sur del Cesar, en la región de Aguachica y sus alrededores, que era dominada por Juancho Prada, lugarteniente de Jorge 40. En La Mesa, a una hora de Valledupar, Jorge 40 desplazó campesinos y se quedó con la tierra, pasándola a testaferros. Obligó a los contrabandistas de gasolina a pagarle peaje por cada pimpina que se trajera de Venezuela.”121 La Fiscalía de Valledupar complementa la información anterior: “Alias “39” empezó a desplazar gente, luego de él continuó Guevara alias “101”. Compraban la tierra a menor precio. Esas tierras hoy son de “39” y de testaferros. Esas tierras se podrían rescatar porque la tradición es nueva.” 122 Alias “39” era David Hernández Rojas y cayó muerto en combate con el ejército en Valledupar. En Cesar se presentaron varias situaciones respecto de las tierras. Algunas fueron simplemente abandonadas por amenazas contra la población, sin que fueran usurpadas por otros. En muchos casos, cuando se trataba de tierras apetecibles por sus condiciones geográficas, los propietarios fueron obligados a vender a menor precio. Un analista de inteligencia de la policía en Cesar evalúa así el problema: “Las tierras estaban abandonadas por campesinos e indígenas, eran tierras productivas que estaban dominadas por el Frente 59 de las FARC, luego llegaron las AUC a disputar esos territorios con la guerrilla y esa fue la razón del desplazamiento. Las fincas actualmente están abandonadas, acá no hubo robo de tierras, por eso la gente está retornando. Los campesinos que abandonan sus tierras no saben de los programas del gobierno, sobre la protección legal de sus territorios. Los campesinos son desconfiados y no piden ayuda, los avivatos son quienes lo han hecho. Y muchos de ellos han tenido subsidios para conseguir tierra. El no deseo de retorno no es por seguridad sino por falta de posibilidades para cultivar la tierra y para comercializar.”123

120

Acción Social, Entrevista Banco de la República, Valledupar. 122 Entrevista Fiscalía, Valledupar. 123 Entrevista con analista de la policía, Valledupar. 121

143 La observación del analista de la policía minimiza el robo de tierras y las ventas forzadas a menor precio, pero destaca un aspecto poco mencionado por otros observadores, el abandono de tierras por las dificultades de hacerlas productivas y de comercializar la producción, que sin duda forma parte de las motivaciones del desplazamiento, sumada al clima de amenazas creado por la presencia de actores armados en cada región. El copamiento de los paramilitares en Cesar se extendió a los principales cargos políticos y por tanto el despojo de tierras contó con la complicidad de las autoridades. Se llegó al extremo de destruir las evidencias del registro de los traspasos fraudulentos de la propiedad. “En Valledupar, Jorge 40 mandó quemar la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. En Córdoba también quemaron la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, lo que impide probar la propiedad antes de la llegada de los paras.”124

124

Entrevista Fiscalía, Valledupar.

144 Sobre el problema de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, en las cuales se registran las escrituras de traspaso o constitución de la propiedad inmueble para que tengan valor legal, el diario El Tiempo publicó una nota que vale la pena transcribir: “Los paramilitares convierten a oficinas de Instrumentos Públicos en objetivo militar. Allí reposan pruebas de cómo ellos, sin importar rango, o sus testaferros, se han ido apropiando, poco a poco, de cientos de predios. Así parecen demostrarlo casos como el incendio de la oficina de Instrumentos Públicos de Valledupar (Cesar), el asesinato de dos funcionarios en Sincelejo y Cali y la alteración de datos en Montería. En Valledupar, zona de influencia del desmovilizado bloque Norte, cuyos jefes eran Salvatore Mancuso y ‘Jorge 40’, el 29 de enero se prendió fuego a 20.000 folios. Las autoridades están seguras de que se pretendía borrar evidencia. “Fue un incendio 144bérico144nado. Eran las transacciones de los últimos dos años”, dice el superintendente de Notariado y Registro, Manuel Cuello Baute. Y agrega que, por suerte, la información ya estaba en un software. El funcionario también califica de anormal la falla que se presentó en febrero pasado cuando iba a entrar en funcionamiento el nuevo sistema de registro de Montería: “Hay rastros de adulteración”. Aunque en esa seccional dicen que todo se debió a problemas en la sistematización, hoy hay abierta una indagación disciplinaria. Pero hay hechos más graves. Actualmente se investiga si el móvil de los asesinatos de dos jefes de registro fue su negativa a legalizar millonarias compraventas de tierras de ‘paras’ y narcotraficantes. Uno de las víctimas es Óscar A. Moreno, de la oficina de Sincelejo, asesinado en octubre del 2004. Moreno ocupó el mismo cargo en Valledupar, pero tuvo que salir de allí tras el asesinato de su esposa. Martha I. de Sánchez, jefe de registros en el Valle, también cayó acribillada ese año. Aunque aún nadie sabe quién la mató, reporteros de El Tiempo en Cali establecieron que la funcionaria habría descubierto una red de testaferrato con bienes de un conocido narco y de un paramilitar. Según la investigación, en esa oficina se han hallado casos de familias humildes a las que les figuran bienes por 17.000 millones de pesos. Y hace una semana, un jefe de registro de un pueblo de Antioquia fue trasladado ante las amenazas de muerte del líder ‘para’ de la zona. Según la Procuraduría, las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), la guerrilla y los narcos les han quitado a los desplazados 3 millones de hectáreas. Y según cuentas de la Contraloría, un 33 por ciento está en manos ‘paras’: algo más de un millón de hectáreas. Sin embargo, hoy los ex comandantes de las Auc hablan de devolver solo 100 mil hectáreas –de las cuales 35 mil ya estarían listaspara indemnizar a sus víctimas. A pesar de la intimidación, Instrumentos Públicos y notarías del país han reportado en los últimos dos años 26.000 operaciones sospechosas. A raíz de los atentados contra las Oficinas de Instrumentos Públicos y sus funcionarios, la memoria de la propiedad de las tierras en Colombia no solo opera ahora desde un sitio secreto en

145 Bogotá, sino que, además, se dispuso que una copia de seguridad fuera enviada a otro país.” 125 Según los registros recopilados por Pastoral Social, en Cesar fueron abandonadas por violencia 74.742 hectáreas, de las cuales 31.475 hectáreas por presión de grupos paramilitares y 43.267 hectáreas por la presencia de otros grupos armados, especialmente guerrillas. Como se observa en el cuadro anexo, los municipios donde los paramilitares despojaron más tierra fueron Valledupar (6.753 Has.), Curumaní (4.313), Agustín Codazzi (3.727), El Copey (2.077) y La Jagua de 145bérico (1.561). Desmovilización Como en otros departamentos, en Cesar existe una polémica sobre el alcance de la desmovilización de los grupos paramilitares. El Bloque Norte, comandado por Rodrigo Tovar pupo, alias “Jorge 40”, con fuertes nexos con la clase dirigente regional, efectivamente se desmovilizó, así como el Bloque Tayrona, liderado por Hernán Giraldo, y ambos están sometidos a la ley de justicia y paz por cuenta de la Fiscalía en la prisión de máxima seguridad de Itaguí. Según analistas de la policía, “Sí hubo una desmovilización real. Hicieron entrega de armas. Se desmovilizaron porque todos los grandes comandantes estaban negociando. Todos los paras del Cesar se desmovilizaron. Hoy hay desconfianza hacia los desmovilizados. Hay desmovilizados delinquiendo con la plata que les da el gobierno. Ellos estaban acostumbrados a más plata y por eso ahora conforman bandas emergentes y siguen cobrando, diciendo que pertenecen a estructuras grandes pero son individuos. La gente que ha denunciado a la fuerza pública se ha dado cuenta que después de hacer los operativos son algunos individuos delinquiendo. Hay bandas emergentes pero nos son grandes estructuras. Se basan en el temor y la gente sigue creyendo que son sucesores de las AUC.”126 Para la policía, no existe una organización criminal centralizada responsable por los actos delincuenciales, sino un fenómeno de criminalidad común, probablemente ampliado por la mayor oferta de mano de obra criminal disponible luego de la desmovilización. “Se han presentado hechos de delincuencia pero antes también. No es nada nuevo. Se han capturado atracadores y no son de Valledupar, es gente de Barraquilla, Santander y Cartagena. Se captura gente que son criminales y vienen de afuera, hacen sus fechorías y se van, esto es muy complicado de investigar y judicializar. Los vallenatos no son violentos y no son desconfiados, algunos se han visto vulnerados por su buena voluntad. Todavía hay una mentalidad de pueblo, no aseguran ni casa ni vehículos y los atracadores aprovechan eso.”127 En la Fiscalía de Valledupar hay una percepción distinta sobre la desmovilización, que destaca, por una parte, la inflación artificial del número de 125

Fuente: Unidad investigativa, El Tiempo, Bogota, 29 de julio de 2006

126

Entrevista con analistas de la policía, Valledupar. Entrevista con analistas de la policía, Valledupar.

127

146 desmovilizados de los grupos paramilitares, y por otra, la reorganización de estructuras armadas posterior a la desmovilización. “Hay viejas estructuras en proceso de reorganización usando las mismas armas que tenían escondidas. En la desmovilización reclutaron mucha gente para que recibiera 400.000 pesos de salario más salud. Mucha gente sin oportunidades de trabajo pasó por desmovilizada.”128 Un analista económico del Banco de la República en Valledupar es todavía más pesimista, aunque su observación es contradictoria, pues la desmovilización está asociada con el auge delincuencial que denuncia “Casi nadie quiere regresar a sus tierras. Los paras no se han desmovilizado de verdad. Al sur están las Águilas Negras y son estructuras anteriores que sobrevivieron a la desmovilización. En Ríoseco tienen un retén con camionetas 4 X 4 y jóvenes armados. A 10 minutos de Aguachica hay un caserío con paras. En Aguachica confluye la droga de muchas partes que llega del Sur de Bolivar, Santander y Magdalena Medio y sale de allí para la Costa Atlántica, Venezuela y el Caribe. En Valledupar se vive ahora un auge delincuencial por la desmovilización de los paras.”129 Narcotráfico La desmovilización de los grupos paramilitares ha sido, en el mejor de los casos, parcial, porque subsisten las estructuras de seguridad del negocio del narcotráfico, que estaba antes casi totalmente controlado por los grupos paramilitares y las guerrillas, a la par con su control de territorios y corredores de tránsito y embarque de drogas. Según un analista de la Oficina de Planeación del departamento, ”Aguachica es el corredor de paso de droga entre el sur de Bolívar – sur de Magdalena y Norte de Santander. Hay prostitución y en general descomposición social. El poder del narcotráfico busca influir en los cargos públicos.”130 Un observador de la Fiscalía destaca la reorganización del narcotráfico posterior a la desmovilización de los paramilitares y la continuación de las operaciones de lavado de dinero mediante remesas del exterior “Se habla que hoy el narcotráfico es de los mellizos Mejía Múnera, la franquicia se la compraron a Jorge 40 y las Águilas Negras son de ellos. En la unidad de lavado de activos y en la Fiscalía no se ve una voluntad política del gobierno para detener el narcotráfico. En el Banco de Colombia se ve mucha gente haciendo fila y esta es la modalidad que usan para repatriar dinero a Colombia desde España, le dan a cada persona 20.000 pesos por recibir un giro de 2.000.000. Una sola persona tenía a 360 personas recibiendo esta cantidad.”131 Sobre la especialización del narcotráfico en Cesar, un analista de la policía la describe en estos términos: “Las estructuras que existen hoy están dedicadas al narcotráfico. Acá no le piden cuota a la gente. Los cultivos de coca son pocos, habrá 100 – 150 Has en partes de la Sierra (SNSM) pero son pocas. En 128

Entrevista Fiscalía, Valledupar. Entrevista Banco de la República, Valledupar. 130 Entrevista Planeación Departamental, Valledupar. 131 Entrevista Fiscalía, Valledupar. 129

147 el Perijá hay cultivos de amapola dentro de los cultivos de pancoger. También hay coca en Codazzi, Pailitas, Pelaya y La Esperanza. Hay pequeños laboratorios, pero por la topografía, el Cesar es hoy un departamento de tránsito. Aguachica es el centro de paso y centro de negocios, hay ríos y hay pistas.”132 ANEXO 1 DESPLAZADOS Y HECTÁREAS ABANDONADAS EN MUNICIPIOS DELCESAR 1997-2007

MUNICIPIO

VALLEDUPAR AGUACHICA AGUSTIN CODAZZI ASTREA BECERRIL BOSCONIA CHIMICHAGUA CHIRIGUANA CURUMANI EL COPEY EL PASO GAMARRA GONZALEZ LA GLORIA LA JAGUA DE IBIRICO MANAURE BALCON DEL CESAR PAILITAS PELAYA PUEBLO BELLO RIO DE ORO LA PAZ SAN ALBERTO SAN DIEGO 132

HECTÁREAS HECTÁREAS ABANDONADAS ABANDONADAS POR LA POR LA INCIDENCIA DE INCIDENCIA DE OTROS GRUPOS GRUPOS PARAMILITARES ARMADOS Datos de Acción Datos de Pastoral Datos de Social Social Pastoral Social 27,197 6,753.06 13,809.11 4,617 302.06 1,113.17

DESPLAZADOS

TOTAL HECTÁREAS TODOS LOS ACTORES Datos de Pastoral Social 20,562.17 1,415.23

17,429 2,497 4,507 3,615 1,555 3,668 7,879 9,012 1,085 528 105 1,525

3,727.74 362.03 975.43 820.03 6,849.07 173.00 4,313.96 2,077.00 23.02 112.08 167.06

4,395.71 289.00 1,031.50 2,620.13 260.00 451.03 3,853.49 4,893.00 16.00 7.03 238.00 615.05

8,123.45 651.03 2,006.93 3,440.16 7,109.07 624.03 8,167.45 6,970.00 39.02 119.11 238.00 782.11

6,430

1,561.60

2,648.14

4,209.74

1,086 5,566 3,754 3,475 371 3,029 2,261 4,332

1,259.25 1,212.05 16.00 154.08 315.03 177.02

256.00 802.51 2,648.12 72.00 885.21 1,712.00 508.02

256.00 2,061.76 3,860.17 88.00 1,039.29 2,027.03 685.04

Entrevista Policía, Valledupar.

148 SAN MARTIN TAMALAMEQUE TOTALES

755 489 116,767

111.03 14.15 31,475.75

143.00 0.02 43,267.24

254.03 14.17 74,742.99

Despojo de tierras en La Guajira La ubicación estratégica del departamento como zona fronteriza, con salida al mar y cercanía a las Sierras -Nevada de Santa Marta (SNSM) y del Perijá-, ha configurado un escenario ideal para los grupos armados. La historia de estos grupos ha estado ligada a las bonanzas de recursos naturales legales e ilegales, al contrabando de mercancías y por encima de ello, a la disputa por el control territorial de las guerrillas del ELN y el EPL, grupos de autodefensa al mando de alias “Jorge 40” y Hernán Giraldo y Bandas Criminales como la de alias “Pablo” y las Águilas Negras. Las guerrillas del ELN se financiaban a través de secuestros, extorsiones y afectaciones al personal e infraestructura de las compañías encargadas de explotar recursos naturales. Operaban a través del frente “Luciano Ariza” con influencia en el sur del departamento.133 Durante la década de los noventa, el ELN consiguió base social mediante la propuesta de nacionalización de recursos. Los ataques a la infraestructura, el ambiente de hostilidad a las empresas y la falta de protección del Estado llevó a que los empresarios justificaran la creación de grupos de autodefensas que para hicieran una “limpieza social” a simpatizantes del Frente Luciano Ariza. Aunque nunca se comprobó dicha relación, en las declaraciones dentro del proceso de Justicia y Paz, “Jorge 40” aceptaría su culpabilidad de la masacre de 11 campesinos en 1998134. El EPL actuó en el departamento entre 1998 al 2001, a través del frente “Virgilio Enrique Rodríguez”. La guerrilla de las FARC llega en la década de 1990 con el frente “Resistencia Wayuu” y más tarde con el Frente 59, conformado de la avanzada y desdoblamiento de los Frentes 19 del Magdalena y 41 del Cesar.135 Según información del Comando de Policía Departamental actualmente, “la guerrilla en la Guajira está diezmada y replegada; hace controles en la Serranía del Perijá y en la Sierra Nevada de Santa Marta, a Riohacha no llegan. Llegan a algunos municipios como Cotoprix y Matitas que son corredores de movilidad”. 136 Según un funcionario de la Defensoría del Pueblo “en el departamento sigue teniendo presencia el Frente 59 de las FARC en Paraguachón, con el interés de copar los territorios que dejan los 133

Con influencia en el área rural de Riohacha y los municipios de Uramita, Villanueva, Fonseca, Barrancas y El Molina. Vicepresidencia de la República Los Derecho Humanos en el departamento de La Guajira. Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH. 2003. P. 5. 134 Santiago González-Plazas, Pasado y presente del contrabando en La Guajira. Centro de Estudios y Observatorio de Droga y Delito –CEODD–. Universidad del Rosario. 2008. 135 Vicepresidencia de la República Los Derechos Humanos en el departamento de la Guajira Op cit. P. 5 136 Entrevista realizada al comandante de Policía de La Guajira. Riohacha, Guajira. Agosto 29 de 2007.

149 paramilitares. La guerrilla recuperó territorios sobre el Perijá y la SNSM”. 137 Respecto al ELN afirma que está en la SNSM. La Defensoría manifiesta que ha recibido denuncias de que los indígenas están siendo desplazados porque los estigmatizan como guerrilleros. El International Crisis Group señala que “el Frente Francisco Javier Castaño del ELN y los Frentes 19 y 59 de las FARC mantienen presencia armada en lo alto de las sierras, pese a la fuerte presión del ejército. Si bien las FARC parecen estar tratando de conquistar los corazones y las mentes de la población absteniéndose de llevar a cabo operaciones para recuperar territorio personas que trabajan con comunidades de la Sierra Nevada le dijeron a Crisis Group que la guerrilla está incursionando en los resguardos indígenas” 138 Los indígenas Wayúu han sido víctimas pero también han sido parte activa de las actividades ilícitas en el departamento. Han contrabandeado desde hace más de dos siglos y, por tanto, en el país existe la percepción de que es una actividad inherente al indígena de esta etnia. Actualmente, mediante la regulación que se hizo a las Zonas Francas y a los controles de salida y entrada de mercancías de “contrabando de miseria”139 es más “barato pagar impuestos de importación que pagar sobornos, informantes, rutas y personal de cargue y descargue de mercancía.”140 Por tanto, son precisamente algunos indígenas los que hacen un llamado a la legalidad, sin que esto implique que muchos de ellos no estén del lado de alguno de los grupos armados. Algunos indígenas contrabandean “con armas y municiones marcadas con las insignias del Ejército venezolano. Un comerciante, después de vender unas armas y municiones a los paramilitares, decidió venderle las sobrantes a la guerrilla y éste y su esposa fueron asesinados por los primeros, una vez se percataron del hecho’ (Anónimo, 2007)”141 En ese sentido, los indígenas han sido parte activa del problema de la Guajira y en algunos casos han hecho parte de la estructura de los grupos armados para ejercer control territorial y permitir la salida, embarque y encaletamiento de droga en los manglares. “El papel de los indígenas en el negocio es principalmente el de transporte y acopio, son excelentes navegadores, cobran la parte de los puertos y el encaletado en los manglares”.142 “Aprovechando un conflicto entre castas de la etnia Wayuú, Jorge 40 se alió con algunos miembros de la familia Ipuana, encabezados por José María Barros Ipuana y José María Gómez, alias Chemabalas, configurando el denominado frente Contrainsurgencia Wayuú. Se debe aclarar que la presencia de la insurgencia en la Alta y Media Guajira ha sido casi nula, bloqueada por una fuerte 137

Entrevista realizada a un funcionario de la Defensoría del Pueblo. Riohacha, Guajira. Agosto 28 de 2007. 138 International Crisis Group. Los nuevos grupos armados en Colombia. Informe sobre América Latina No. 20. Mayo 17 de 2007. P. 19 139 “O contrabando democratizado. Este tipo de contrabando lo desarrollan los indígenas y mestizos pobres de La Guajira y pequeños comerciantes de la Costa Atlántica”. Santiago González-Plazas, Pasado y presente del contrabando en La Guajira. Op cit. P. 95 140 Santiago González-Plazas, Pasado y presente del contrabando en La Guajira. Op cit. P. 95. 141 Ibíd. P. 97. 142 Entrevista realizada a uno de los funcionarios de la Secretaria de Gobierno de la Guajira. Riohacha, Guajira. Septiembre 1 de 2005

150 resistencia por parte de los indígenas Wayuú, que en algunas ocasiones ha sido armada.” 143 Este papel activo de algunos Wayuus también fue objeto de una arremetida violenta por parte del frente Contrainsurgencia Wayúu de “Jorge 40”, en el 2004, en la masacre de Bahía Portete a raíz de la cual se desplazaron alrededor de 2000 indígenas hacia Venezuela.144 Hubo un rechazo de los Wayuú a la presencia de las autodefensas, justificado principalmente por la afectación de niños, ancianos y mujeres durante esta incursión. Un informe del CODHES145 afirma, “En el departamento de la Guajira se le atribuye a un grupo paramilitar liderado por “Jorge 40” la masacre de aproximadamente 30 personas pertenecientes a la comunidad Wayúu que provocó el desplazamiento masivo de más de 430 personas entre abril y mayo de 2004. Estas personas salieron de Bahía Portete hacia Venezuela y otras hacia San Juan del César, que reporta la segunda tasa de recepción municipal más alta del país." Las autodefensas, como una suerte de empresa de seguridad privada, funcionaron en los años 1980 a 1990, y prestaron servicios a empresas legales. La bonanza marimbera en la segunda mitad de los setenta trajo consigo también la creación de cuerpos de seguridad para evitar las extorsiones de las guerrillas por el cultivo, tránsito y embarque de droga. Actualmente algunos artículos señalan la coincidencia entres grupos paramilitares y el desarrollo de megaproyectos turísticos y de explotación minero energética146. Según la Vicepresidencia de la República, las autodefensas lideradas por Hernán Giraldo entran al departamento desde el Magdalena en el año 2000, con el objetivo de ejercer control territorial para desplegar sus fuerzas147. El International Crisis Group afirma que en febrero de 2002 entra el Bloque Norte al mando de Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40”, que ingresó al área rural del municipio de Uribia en la alta Guajira, y asumió el control de los corredores estratégicos del tráfico ilegal que antes pertenecían a la etnia Wayúu. La ofensiva aprovechó las rivalidades entre clanes y finalmente creó el Frente Contrainsurgencia Wayúu bajo el mando del Bloque Norte148. Existe también información de que el frente “Mártires del Valle de Upar”, al mando de “Jorge 40” ocupa la parte norte del departamento del Cesar y ha pretendido extender su dominio sobre la costa atlántica de La Guajira.149 El cabecilla de este frente en Cesar, David Hernández Rojas, alias “39”, fue 143

Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia. La confrontación en la Sierra nevada de Santa Marta. 144 González-Plazas. Op cit. P. 91. 145 CODHES Desplazados en el Limbo. Boletín informativo de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, No. 56. Bogotá, 1 de febrero de 2005. 146 Karmen Ramírez Boscan, Desde el desierto, notas sobre paramilitares y violencia en territorio Wayú de la media Guajira. Citado por González-Plazas. Op cit. P. 87. 147 Vicepresidencia Guajira… Op cit. P. 7. 148 International Crisis Group. Los nuevos grupos armados en Colombia. Informe sobre América Latina No. 20. Mayo de 2007. P. 16 149 Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia. La confrontación en la Sierra nevada de Santa Marta. P. 21.

151 muerto en combate por tropas de la Décima Brigada del Ejército en operaciones desarrolladas en la vereda El Mamón, en jurisdicción de Valledupar. Uno de los funcionarios de la SIJIN departamental describe como se maneja el narcotráfico en La Guajira “En esta región el negocio empieza por la Sierra, donde hay pequeños laboratorios básicamente controlados por la guerrilla y los paramilitares H. Giraldo y Jorge 40 controlan en general toda esta zona, luego la transportan por la ruta del caribe hasta la costa Guajira, donde hay miles de rutas por donde embarcarla, aquí la encaletan y la sacan por Diluya, Camarones, entre otras poblaciones. Por esta razón, las incautaciones se hacen básicamente por informantes o por los puntos que tiene la Armada y antinarcóticos en altamar, con destino a las islas del Caribe llegan a Jamaica y Haití para reabastecerse de combustible y dejar la mercancía para enviarla EEUU o Europa.150 El International Crisis Group señala que los cruces fronterizos se han convertido en puntos importantes de las rutas del narcotráfico. Los cruces hacia Venezuela a través de Cúcuta, en el departamento de Norte de Santander, y Maicao y Paraguachón, en el departamento de la Guajira, son puntos de salida de cargamentos procedentes de Catatumbo, Bucaramanga y Bogotá.151 Uno de los entrevistados afirma que el narcotráfico en el departamento está manejado por los mellizos Mejía Múnera. Despojo de tierras En el departamento, según el Comandante de Policía departamental, “hubo gente que abandonó las tierras por temor al conflicto y otros vendieron muy barato. Esa misma gente se desplazó por miedo de las alianzas y peleas entre paramilitares y guerrillas para sacar droga. Sin embargo, las tierras no fueron reapropiadas sino que permanecieron abandonadas. Se han presentado también casos donde hubo gente con dinero que compró tierras baratas y financió grupos paramilitares para garantizar su seguridad. Actualmente hay mucha gente con propiedades que antes no tenía. En ese sentido, la bonanza del narcotráfico creo enfrentamientos entre paramilitares y guerrillas de los que mucha gente se benefició por aliarse con cada uno de los bandos.” 152 Según un funcionario de la Defensoría del Pueblo de la Guajira, “los desplazados declaran que perdieron tierra pero no tienen voluntad de hacer trámites para recuperarla. Muchas de esas tierras no son tituladas. En Mingueo y Dibulla desplazaron y mataron a la autoridad ancestral para sembrar los territorios con coca; afirma además que para recuperar las tierras abandonadas

150

Entrevista realizada a uno de los funcionarios de la SIJIN departamental. Riohacha, Guajira, 2005. 151 International Crisis Group La droga en América Latina I: Perdiendo la lucha. Informe sobre América Latina No. 25. Marzo 14 de 2008. 152 Entrevista realizada al Comandante de Policía departamental. Riohacha, Guajira. Agosto 29 de 2007.

152 el INCODER ha intervenido y ha distribuido tierras en Riohacha y en Dibulla.” 153 Según cifras del Secretariado Nacional de Pastoral Social, en estos dos municipios es donde hay mayor abandono de tierras. Un funcionario de la Defensoría manifiesta que hay más desplazamiento por la guerrilla de las FARC que por los paramilitares. Sin embargo, las cifras de Pastoral Social de la iglesia, basadas en información obtenida en el momento del desplazamiento, sitúan a las guerrillas como posibles responsables del 38,2% en el abandono de tierras y los grupos de autodefensa o paramilitares responsables del 37,9% 154 . Uno de los entrevistados afirma que en el departamento en negocios como las bananeras hay lavado de activos y se están comprando buenas tierras a bajo costo. “En Matita están empezando negocios de palma africana. Meten a trabajar personas nuevas en las que se han empleado a muchos desmovilizados, especialmente en las bananeras”. Uno de los funcionarios del INCODER afirma que Acción Social, encargada ahora de manejar el tema de tierras, necesita retomar la experiencia del INCODER “hay que actuar en conjunto pues hemos sido nosotros los que hemos manejado el tema desde que existe política de tierras a través del INCORA. Un tema que el INCODER llevó adelante fue la determinación de Unidades Agrícolas Familiares para otorgar tierras y eso lo necesita saber Acción Social a la hora de dar tierras a los campesinos”. “El INCODER ha tenido dinero para darle tierra a los desplazados y sí hay un deseo de retorno de la población, a gente quiere volver al campo”.155 Tierras e indígenas Uno de los entrevistados afirma que “mientras estuvieran los paras, los Wayuus nunca se quejaron y según ellos robaron tierras y hubo desplazamiento, pero esto no fue así. Dicen esto para obtener recursos del gobierno. Algunos Wayuus hacen parte de organismos de Derechos Humanos y piden que se respeten sus derechos y se les reestablezca lo que perdieron, hacen lobby como desplazados sin serlo. Los Wayuus no perdieron territorio, pero según ellos si” El entrevistado afirma que los indígenas tienen parados muchos proyectos de gas como el de PDVSA; tienen frenado el desarrollo de la región, “el lider de una familia dice que si el viaducto pasa por su área lo tienen que indemnizar, si la familia que habita cerca se entera de esto, frena el proyecto y dice que toda la comunidad Wayuu tiene que ser indemnizada por que es una colectividad”. Los Wayuus hacen esto como una forma de obtener recursos porque es 153

Entrevista realizada a un funcionario de la Defensoría del Pueblo. Riohacha, Guajira. Agosto 28 de 2007. 154 Según Pastoral Social en el departamento de la Guajira, se han reportado 2,940 personas desplazadas en el lapso 1997 – 2007 que corresponde al 7,8% de las 37,249 (100%) personas registradas por la oficina de Acción Social. Secretariado Nacional de Pastoral Social, tabla Población registrada por Tipo de actores que causaron el desplazamiento. Municipios expulsores. Secretariado Nacional de Pastoral Social, seccional de Movilidad humana, sistema de información para población desplazada RUT. 2007. 155 Entrevista Incoder, Riohacha.

153 evidente que el Estado y en especial las administraciones locales tienen abandonados a los indígenas. Uno de los entrevistados afirma que “los Wayuu, no tienen agua potable, la gente no está identificada, no tiene cédulas, no hay escuelas”. Por esta razón muchos han aprovechado el status de desplazado o desmovilizado para recibir ayuda del gobierno. Desplazamiento Según cifras de Acción Social, en La Guajira hubo 37,249 personas desplazadas en el lapso 1997 – 2007. Los municipios con mayor incidencia del desplazamiento, por expulsión, son San Juan del Cesar (11,247), Riohacha (10,248) y Dibulla (6,470). Según cifras del Secretariado Nacional de Pastoral Social, los municipios con mayor cantidad de hectáreas abandonadas son Riohacha y Dibulla. El comandante de Policía menciona que hay retorno, principalmente en las áreas de Mingueo, Palomino, San Juan del Cesar, Villa Martín, Matitas y Juan Medio. Sobre este punto el funcionario de la Defensoría menciona que “el retorno ha sido espontáneo e improvisado y la población sigue teniendo miedo”. Uno de los funcionarios del INCODER menciona que la gente se desplaza masivamente por los enfrentamientos entre guerrillas y paramilitares (Ej. Vereda Las Flores de Villanueva, Guajira 7 de diciembre, 2002) Funcionarios de la Defensoría manifiestan que “esta entidad es la que orienta a los desplazados porque las oficinas del gobierno sobre este tema no son eficaces. No hay una política de tierras ni hay proyectos productivos para la población desplazada”. Estos funcionarios caracterizan a la Guajira más como un receptor que como un expulsor de desplazados, la gente viene porque piensa que en el departamento hay trabajo por la explotación de recursos, pero no es así. Según cifras del CODHES, el departamento en el lapso 1999 – 2005 recibió 30,059 desplazados. Los municipios con mayor recepción fueron Riohacha (12,445 personas) y San Juan del Cesar (8,509 personas)156. Un estudio del CODHES afirma que una de las dinámicas regionales que se percibió en La Guajira fue la continuidad de la crisis humanitaria debido a “la disputa entre los grupos armados irregulares por el control del territorios estratégicos para el desarrollo de la Guerra (…) por el control de armas y drogas”157 Desmovilización Uno de los oficiales de la policía departamental afirma, “acá fue efectiva (la desmovilización) porque desaparecieron los grupos de esa época, una vez desmovilizados unos se acogieron al programa y trabajaron, mientras que otros siguieron delinquiendo y por amenazas les tocó irse”. Otro de los entrevistados manifiesta, por el contrario que “no hay un desmonte efectivo de los paras. En la Alta Guajira hay un reducto de Jorge 40 dedicado al narcotráfico en cabeza 156

CODHES. Tabla Número de personas desplazadas por municipio de llegada por trimestre desde 1999 a 2005 – Cifra Codhes. Fuentes Sisdhes. Febrero 15 de 2006. 157 CODHES Desplazados en el limbo. Op cit. Pp. 16-17.

154 de alias ‘Pablo’ Se apropiaron del mercado del contrabando en Maicao asesinando a Mario Cote. Les quitaron el negocio a los indígenas”. En ese sentido el International Crisis Group señala que “el rápido surgimiento de nuevos grupos armados apenas unos meses después de la desmovilización del último contingente del Bloque Norte (BN) parece estar relacionado con comandantes de rango medio y combatientes que no se desmovilizaron o que retomaron las armas poco después. Con las estructuras básicas de los frentes desmovilizados del BN todavía intactas, los nuevos grupos que han conformado están tratando de mantener el control territorial sobre regiones estratégicas en las que antes operaban y donde tienen fuertes nexos con actividades delictivas, sobre todo narcotráfico y contrabando de armas. Un ejemplo de esto es “Codazzi”, un comandante de rango medio que no se desmovilizó y que según se cree controla corredores de droga en Chibolo, Tenerife y Pivijay (departamento del Magdalena) con unos 50 hombres. En el departamento de la Guajira, cerca de 40 hombres del Frente Contrainsurgencia Wayúu, liderado por “Pablo’, no se desmovilizaron y siguen controlando el contrabando y el narcotráfico en la alta Guajira, el triángulo Riohacha-MaicaoUribia.158 El Comandante de la Policía departamental corrobora la existencia de la banda criminal de alias “Pablo” y manifiesta que “opera en la Alta Guajira –Nazareth- y maneja el narcotráfico de esa zona. Pasan la frontera, aprovechan la binacionalidad de los indígenas para ir y venir sin problema de y hacia Venezuela; este es uno de los mayores problemas que tiene la policía a la hora de controlar.” Afirma también que hay algunos grupos de narcos que están reclutando gente, la policía tiene información de que a alias “Pablo” este año le han capturado 12 personas; afirma que “más que paramilitar es un narcotraficante que exporta clorhidrato de cocaína, él es quién va a la cabeza ‘el que se mete lo mata’. La estructura de “Pablo” se mueve en Riohacha y Maicao, sus secuaces extorsionan para sembrar miedo y ganar respeto. Tiene una red paralela de narcotráfico y extorsión. La gente no denuncia a los extorsionadores prefiere mandarlos a matar. ” El International Crisis Group al respecto menciona, “Los wayúu están siendo intimidados por los nuevos grupos que mantienen un férreo control sobre las operaciones de contrabando en Maicao y Bahía Portete, pese a la presencia de un batallón del ejército en la alta Guajira. Sin embargo los wayúu de Maicao han comenzado a armarse para resistir los ataques. Como los nuevos grupos se concentran sobre todo en operaciones de narcotráfico, no se sabe si combatirán contra las FARC y el ELN o si forjarán alianzas ad hoc con ellos cuando la guerrilla intente penetrar en sus territorios. En el sur de la Guajira la amenaza insurgente está latente, sobre todo en el corredor estratégico ubicado entre la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía de Perijá, cerca de la frontera con Venezuela. El Frente 41 de las FARC utiliza territorio venezolano para sus operaciones en la Serranía de Perijá, movilizando cerca de 700 hombres. “159 158

ICG Los nuevos grupos armados en Colombia. Op cit. P. 16

159

Entrevista de Crisis Group, Riohacha, 14 de marzo de 2007. ICG Los nuevos grupos

155

El comandante de Policía afirma que se puede capturar a los extorsionistas, pero si no hay denuncia no se pueden judicializar y en la mayoría de los casos ha tocado soltarlos. El funcionario de la Defensoría, en ese sentido manifiesta que “hay jefes, hay armas, hay estructuras; hay bandas paramilitares reorganizándose, pero no hay denuncias”. Funcionarios de la Policía argumentan que “acá no se han reproducido nuevas estructuras, hay algunas bandas criminales. Algunos han optado por reinsertarse a la vida civil legítima, no por los incentivos del gobierno sino por iniciativa de ellos mismos”. Afirma también que en la Guajira “no hay Águilas Negras, no existe una estructura unificada, usan ese nombre para buscar mayor capacidad de intimidación” y señala “la policía busca que ni la policía ni los medios sirvan al propósito de inflar las estructuras que no son tal”. Sin embargo, el International Crisis Group afirma que, “en Maicao (la Guajira), el ex comandante de rango medio del BN Jairo Samper (“Lucho”) armó un nuevo grupo que se asoció con las Águilas Negras. (P. 17). Las fuerzas de seguridad sí parecen estar buscando a las Águilas Negras en el Magdalena y la Guajira, como lo demuestran las capturas de “101”, “Negro Rojas” y “Lucho”. (P. 18)” 160 Sobre las bandas emergentes, el Octavo Informe de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA confirma Situaciones de Rearme en La Guajira y señala, “En el seguimiento a la verificación del rearme en este departamento se ratifica la presencia de un reducto presuntamente no desmovilizado en la Alta Guajira, específicamente en el área rural del municipio de Uribia. Alrededor de 70 integrantes conforman la estructura, usando camuflado y portando armas cortas, largas y de apoyo. Sus acciones se han dirigido a buscar el desplazamiento de comunidades indígenas que habitan la región, para consolidar su dominio sobre la zona, el cual está ligado al control de economías ilícitas. En los municipios de Riohacha y Maicao, la Misión recibió información que da cuenta de una estructura de aproximadamente 30 hombres compuesta por desmovilizados de las AUC, paramilitares no desmovilizados, bandas de sicarios, y delincuentes comunes. Regulan la dinámica social a través de violencia selectiva, extorsiones, amenazas, desplazamiento forzado, y homicidios. Algunos de sus integrantes han sido capturados por la fuerza pública. Se ha verificado también, una estructura armada de alrededor de 60 hombres con participación de mandos medios desmovilizados del “Frente Contrainsurgencia Wayuu” del Bloque Norte en el municipio de Dibulla. La zona cuenta a su vez con salida al mar y colinda con la Sierra Nevada de Santa Marta. En las estribaciones de la Sierra hacen presencia con armas largas, mientras que en los corregimientos como Río Ancho, Mingueo, Palomino, hacen presencia de civil y patrullan las vías en vehículos con armas cortas manteniendo así el control sobre la zona. ” 161 Uno de los funcionarios de la Defensoría afirma que las cooperativas de seguridad que antes existían y eran manejadas por paramilitares siguen armados en Colombia Ibid. P. 30 160 ICG Los nuevos grupos armados en Colombia. Ibid. Pp. 17 – 18. 161 Octavo informe trimestral del Secretario General al Consejo Permanente sobre la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia MAPP/OEA. Febrero 14 de 2007.

156 todavía siendo manejadas por la misma gente, pero reclutan gente nueva, especialmente desmovilizados. Cumplen funciones de sicariato y narcotráfico, pero son otras estructuras. Uno de los principales problemas de la desmovilización ha sido el aumento de la delincuencia. El problema más grave, según la Policía, está asociado al “pagadiario” que es una extorsión a pequeños comerciantes que se endeudan con la delincuencia y amortizan su deuda día a día. La garantía de la deuda es la vida del acreedor. Según información de los entrevistados, este sistema es manejado por ex paramilitares. De la mano de esta actividad está el mototaxismo que, según los entrevistados, es una actividad de las nuevas mafias para lavar dinero ilícito y que además utilizan este sistema como una forma de hacer inteligencia en las calles. El pagadiario es un problema grande en el departamento. Funcionarios de la Policía afirman que “no solo están prestando plata, la están lavando. Lavan comprando motos y se la dan a la gente desocupada para que diariamente le pague X cantidad por manejarla y quedan endeudados para toda la vida”. Hay sicariato, hurto callejero, desorden social, desorganización estatal y no existe regulación al mototaxismo. Maicao es uno de los municipios con mayor riesgo de sicariato, secuestro y asesinato. En la Policía fue bien recibida la implementación de la ley, que ha regulado el endurecimiento de penas, dicha ley ha actuado como disuasor del crimen. Así mismo la ley 1153 de 2008 de pequeñas causas ha sido útil. Antes las personas podían estar armadas sin salvoconducto y el delito era excarcelable (en el departamento hay una gran oferta de armas a bajo costo obtenidas de contrabando), se incautaba el arma pero la persona quedaba en libertad, hoy se pueden detener personas por el solo porte. Uno de los problemas al respecto es que no hay suficiente espacio en las cárceles. Otro problema que se ha presentado en el departamento son los efectos de la desmovilización. Un primer efecto, como se mencionó es la creación de bandas criminales dedicadas al narcotráfico, la extorsión ó al lavado de activos. Un segundo efecto es la hostilidad con la que han sido recibidos los desmovilizados que optan por una vida legal. El gobierno los ha empleado como Guardavías en las carreteras, sin embargo, algunos han vuelto a su vida delictiva argumentando que el gobierno se ha demorado con los pagos. Algunos desmovilizados, han sido hostigados por las FARC y han asesinado a varios desmovilizados mientras trabajan en fincas. En el departamento no se evidencia la misma forma de apropiación de tierras por parte de los grupos paramilitares que en el resto de los departamentos de la costa atlántica, básicamente porque los suelos son desérticos (a excepción de los límites con Magdalena y Cesar) y los grupos armados han priorizado el ejercicio de un dominio efectivo del territorio para controlar las rutas del narcotráfico utilizando el conocimiento de los indígenas que han actuado bajo coerción o por interés a cambio de recibir algún dinero a cambio.

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ANEXO 1 DESPLAZADOS Y HECTÁREAS ABANDONADAS EN MUNICIPIOS DE LA GUAJIRA 1997-2007 MUNICIPIO DESPLAZADOS

Datos de Acción Social RIOHACHA 10,137 BARRANCAS 1,109 DIBULLA 6,470 DISTRACCION 278 EL MOLINO 389 FONSECA 1,458 HATO NUEVO 239 MAICAO 2,191 MANAURE 131 SAN JUAN DEL CESAR 11,247 URIBIA 292 URUMITA 657 VILLANUEVA 2,102 TOTALES 36,700

HECTÁREAS ABANDONADAS POR LA INCIDENCIA DE GRUPOS PARAMILITARES Datos de Pastoral Social 1,384.27 596.93 12.00 43.00 30.11 -

HECTÁREAS ABANDONADAS POR LA INCIDENCIA DE OTROS GRUPOS ARMADOS Datos de Pastoral Social 5,803.11 1,213.37 72.12 8.01 78.01 131.50

TOTAL HECTÁREAS ABANDONADAS

Datos de Pastoral Social 7,187.38 1,810.30 72.12 20.01 43.00 108.12 131.50

23.12 90.00 2,179.43

463.00 18.00 78.00 76.22 7,941.34

486.12 18.00 78.00 166.22 10,120.77

El despojo de tierras en Antioquia Antioquia ha sido el departamento con mayor expulsión de población en el país durante los últimos 10 años, entre 1997 y 2007, con un total de 311,214 personas.162 De este total, el 15% acudió a la iglesia –46.510– y manifestó haber perdido 92,047 hectáreas de tierras por la incidencia de todos los actores del conflicto armado163 situándose en el noveno departamento con mayor abandono de tierras;164 el 33,26% (15,473) de los desplazadas manifestó haber 162

Datos de Acción Social, “Desplazamiento forzado (por expulsión) 1996 – 2007”, procesados por el Observatorio de Derechos Humanos Vicepresidencia de la República. 2007 163 Secretariado Nacional de Pastoral Social, Sección de Movilidad Humana Tabla: “Modalidad Tenencia de la Tierra abandonada, por familia y extensión de la tierra, municipios expulsores”. Sistema de información sobre población desplazada por la violencia en Colombia “RUT”. Fecha de corte Junio de 2007. 164 En su orden, el mayor robo de tierras se da en los departamentos de Caquetá, Santander, Chocó, Bolívar, Guaviare, Tolima, Norte de Santander, Meta y Antioquia. Secretariado Nacional de Pastoral Social, Sección de Movilidad Humana Tabla “Hectáreas abandonadas por Departamento y municipios expulsores. Junio 30 2007.

158 abandonado sus tierras por la posible incidencia de grupos de autodefensas ó paramilitares165. Antioquia es el departamento con mayor expulsión y es a su vez el segundo con mayor recepción de personas después de la ciudad de Bogotá.166 Las razones que lo convierten en mayor expulsor son los enfrentamientos entre grupos armados ilegales, el enfrentamiento entre el Ejército y los grupos armados ilegales, la presión de los grupos armados por el territorio, la fumigación de cultivos ilícitos -especialmente las áreas del nordeste que se sitúan al interior del Parque Nacional Natural Nudo de Paramillo –ej. Ituango, Dabeiba y Peque-, las minas antipersonales y el miedo167. Es necesario entender las razones del desplazamiento a partir de las disputas entre sectores de izquierda –que tuvieron gran acogida, especialmente la Unión Patriótica UP– y sectores más conservadores. Las diferencias obreropatronales alentadas por las guerrillas del EPL, FARC y el ELN en contra de las empresas agroindustriales –banano, maderas y metales- han servido para que estos grupos guerrilleros capitalicen su base social168. Al mismo tiempo en el que hubo una aceptación de la izquierda democrática por parte de los trabajadores, hubo también un gran hostigamiento por parte de las guerrillas a los terratenientes, razón por la cual, los sectores de izquierda, en especial las uniones de campesinos (ANUC) y los sindicalistas, fueron asesinados sistemáticamente al ser vistos como la cabeza visible de la guerrilla.169 El Urabá antioqueño, como eje de salida de narcóticos, entrada de armas y contrabando, ha sido una zona en disputa territorial entre grupos ilegales. Buena parte de los terratenientes en esta zona fueron el foco de amenaza, secuestro y extorsión de las guerrillas. La vulnerabilidad a la que estuvieron expuestos tanto terratenientes como empresarios creó el ambiente en el que 165

Estos datos de la iglesia se hacen a partir de la declaración de cada una de las personas desplazadas y ellas manifiestan quién fue el actor que las desplazó. Secretariado Nacional de Pastoral Social, Sección de Movilidad Humana Tabla: “Población desplazada por tipo de actores que causaron el desplazamiento, según departamentos y municipios expulsores 1997 – 2007”. Sección de Movilidad humana, Sistema de información sobre población desplazada por la violencia en Colombia “RUT”. Fecha de corte Diciembre de 2007. 166 Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento –CODHES- Tabla: “Número de personas desplazadas por departamento de llegada por trimestres desde 199 a 2005”. 15 de febrero de 2006. Monitoreo población desplazada – Sisdhes. En el periodo 1999 – 2005, Antioquia recibió 251.297 personas desplazadas, Bogotá recibió 265.921. 167 Entrevista a investigadores de la Corporación Región. Medellín, Antioquia. Octubre 5 de 2007 y entrevista a funcionario del Programa de tierras Acción social. Medellín, Antioquia. Octubre 3 de 2007. 168 Hay que tener en cuenta que la errada política de invasiones de tierras para resarcir la que abandonaron los campesinos a causa del conflicto, ha sido la salida fácil de una reforma agraria que le sirva al campesino para no solo tener su parcela sino para producir y comercializar sus productos. Las invasiones han venido acompañadas de violencia y han sido vistas por algunos sectores como amenazantes; de ahí que los sindicatos hayan tenido un desenlace cruento en regiones como el Urabá. Para un análisis histórico y con fuentes de primera mano sobre el problema de violencia en el Urabá, veáse, Clara Ines García, Urabá. Región, actores y conflicto 1960 – 1990. INER – Universidad de Antioquia. CEREC Bogotá, Marzo de 1996. 169 Al respecto se puede ver, Observatorio de Derechos Humanos y DIH de la Vicepreseidencia de la República, Dinámica reciente de la confrontación armada en el Urabá antioqueño. Septiembre 13 de 2006.

159 las autodefensas parecieran la opción más clara de seguridad. Esta connivencia y complacencia de ciertos sectores con las autodefensas es uno de los recuerdos de las comunidades afro-colombianas, que todavía cuentan anécdotas en las que se decía “vienen los ‘mochacabezas’ y después los paramilitares”170; haciendo referencia a estrategias de guerra sucia por parte de grupos armados. Es por esta razón que estas comunidades se han organizado y autodenominado Comunidades de Paz, en las que no permiten que las Fuerzas Militares estén en ese lugar y han hecho resistencia social a la acción tanto de grupos guerrilleros como de autodefensas171. Por esta razón, el miedo en las poblaciones afro-colombianas del Urabá ha sido un factor crítico de desplazamiento y de abandono de sus territorios colectivos.172 Al respecto, el Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia afirma que “la disputa registró mayor intensidad en los municipios de Dabeiba, Urrao, Apartadó, el Alto Atrato y el occidente de Antioquia, y las acciones violentas se concentraron en las denominadas comunidades de paz, tanto por parte de las FARC como por parte de las autodefensas, puesto que el carácter neutral de estas comunidades significaba un impedimento para el desarrollo de la estrategia de la subversión y para la lucha contrainsurgente que lideraban las ACCU.173 Paramilitarismo Desde 1987, como lo anota Mauricio Romero, podría decirse que empieza la arremetida paramilitar que se convierte en el escenario de la guerra sucia para librar la amenaza guerrillera “Para 1987, el escenario de la ‘guerra sucia’ estaba montado. El Ejército inauguró la XI Brigada en Montería, Fidel Castaño armó su ejército privado y los ganaderos cambiaron el destino de sus aportes: de los morrales de la guerrilla a las alforjas de Castaño, giro que también vino acompañado de una cambio semántico: de la “vacuna ganadera” se pasó a los “aportes de seguridad”174. Los grupos de autodefensas – paramilitares son los que mayor incidencia han tenido en el abandono de tierras de las sub-regiones antioqueñas del Magdalena Medio, Bajo Cauca y especialmente en el Urabá antioqueño. Desde 1988, con la masacre de la vereda de la “Mejor Esquina” del municipio de Buena Vista, se dio inició a las acciones de las autodefensas en el Urabá en la que murieron 36 personas y luego en las fincas “Honduras”, “La Negra” y Coquitos” con más de 20 muertes por acción175. En 1990 se consolidan estos 170

Aparte de la entrevista en la Corporación Región de Antioquia., Op cit. Para ver testimonios de las comunidades de paz afrocolombianas véase el documento fílmico de la Universidad Nacional. María Elvira Naranjo Botero “El Canto de la libélula”. 172 Los derechos colectivos sobre la propiedad de los afro-colombianos han sido garantizados bajo la ley 70 de 1993 173 Fernán González, Ingrid Bolívar, Teófilo Vásquez. Violencia Política en Colombia. Pág. 34. Centro de Investigación y Educación Popular Cinep. 2002. Citado por Observatorio de Derechos Humanos Dinámica reciente de la confrontación armada en el Urabá antioqueño. Op cit. P. 13. 174 Mauricio Romero Paramilitares y Autodefensas 1982 – 2003. IEPRI-Planeta, Bogotá 2003. P. 140. 175 Para un análisis detallado del Urabá antioqueño véase: Secretariado Nacional de Pastoral Social, Sección de Movilidad Humana, Desplazamiento Forzado en Antioquia “Urabá”, Tomo 171

160 grupos bajos los nombres de MRN “Muertes a Revolucionarios del Nordeste”, MAS “Muerte a Secuestradores” MRU “Muerte a Revolucionarios del Urabá” y Moes “Movimientos Obrero Estudiantil Nacional Socialista”176 La influencia de los hermanos Castaño tiene un capítulo importante en la dinámica paramilitar antioqueña. El municipio de Amalfi, hogar de la familia Castaño, hace parte de la sub región del Nordeste antioqueño,177 que en la década de los 80 fue plataforma militar del ELN bajo los frentes José Antonio Galán, Maria Cano, Bernardo López y las compañías Cuatro de Julio y Anorí. En contraposición a la estructura guerrillera, en 1987 los pequeños grupos de autodefensas que cumplían trabajos de la mal llamada, “limpieza social” y de seguridad privada, se configuraron en una estructura organizativa políticomilitar denominada Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá ACCU, liderada por los hermanos Castaño. Fidel Castaño y su hermano Carlos tuvieron gran influencia en Córdoba (Valencia y Tierralta), alrededor del Nudo de Paramillo, desde donde ejercieron influencia hacia el Urabá Antioqueño y el norte de Antioquia. En sus zonas de influencia son macabramente reconocidos como el grupo de “Los Tangueros” -por su finca llamada “Las Tangas” en Córdoba- con el que realizaron varias masacres en connivencia con fuerzas de seguridad del Estado y la complacencia de los sectores que los apoyaban para acabar con lo que llamaban “guerrilleros de civil”178. Carlos Castaño, a mediados de los años noventa, trató de ejercer influencia en la capital antioqueña a través del Bloque Metro y en los años 1998 y 1999 entra en la comuna 13, donde ejercían dominio armado las FARC. En el 2000 empezaron a presentarse enfrentamientos entre los paramilitares de Castaño y Rodrigo alias “Doble Cero”179 del Bloque Metro -con influencia en el nororiente antioqueño- por un lado, y el Bloque Cacique Nutibara, por otro. Este último fue el reciclaje del grupo los PEPES y de ahí surge Diego Murillo, alias “Don Berna”, como cabecilla de ese bloque y Daniel Mejía alias “Danielito” como segundo al mando180. La intención del Bloque Metro era hacer una guerra antisubversiva urbana (Comuna 13), que falla porque se encuentra con organizaciones dedicadas al narcotráfico (Cacique Nutibara) que tienen mucha más pericia en el manejo armado del área urbana. Al replegarse el Bloque Metro -hacia el municipio de 8. Conferencia Episcopal de Colombia. Bogotá, Colombia 2001. 176 Ibíd. P. 50 – 51. 177 Los municipios que conforman la subregión del nordeste antioqueño son: Amalfi, Anorí, Cisneros, Remedios, San Roque, Santodomingo, Segovia, Vegachí, Yalí y Yoolombó. Para un análisis detallado véase: Secretariado nacional de Pastoral Social, Sección de Movilidad Humana, Desplazamiento Forzado en Antioquia “nordeste”, Tomo 3. Conferencia Episcopal de Colombia. Bogotá, Colombia 2001. 178 Mauricio Romero Op cit. P. 117., y Juan Carlos Garzón “La complejidad paramilitar: una aproximación estratégica”. En, Alfredo Rangel (Ed.) El poder paramilitar. Fundación Seguridad y Democracia. Editorial Planeta. Bogotá, 2005. 179 Rodrigo alias “Doble Cero” fue teniente del ejército y era considerado el estratega militar con experiencia en contrainsurgencia y luego de su retiro trabajó con Fidel Castaño en los ochenta. Se consolidó como mano derecha de Carlos Castaño para entrar en el área metropolitana de Medellín. Después de alejarse de las AUC por la financiación del narcotráfico fue asesinado el 28 de mayo de 2004 en Santa Marta, Magdalena, al parecer por paramilitares. Perfiles de los jefes paramilitares en Especial Interactivo de semana sobre paramilitares. 180 Apartes de la entrevista en la Universidad de Antioquia, Octubre 4 de 2007.

161 San Roque, Nordeste antioqueño-, muchos de sus hombres pasaron a engrosar las filas del Bloque Cacique Nutibara, que además recibió el respaldo del BCB y de las Autodefensas del Magdalena Medio181 El Bloque Metro tuvo problemas también porque su líder, que ejercía dominio en 42 de los municipios del Nordeste antioqueño, rechazó la propuesta de paz del gobierno de Álvaro Uribe y decidió hacer su propia guerra, en la que no permitía ni la financiación del narcotráfico, ni que se usaran sus territorios para sembrar coca o para cristalizarla. “Doble cero” en una entrevista concedida al periódico El Mundo de España en el 2003 dice: «En 1994 todos (Autodefensas) andábamos en el monte, combatiendo a la guerrilla. En el 98, llegaron unos hombres en Toyotas con aire acondicionado, con lujos, plata, viejas (mujeres), y lo corrompieron todo. Se olvidaron entonces de la guerrilla y comenzaron una guerra por la plata. (…) Decidimos entonces separarnos. Su nueva obsesión, además de inculcar ideales a su gente para evitar que les compren los narcos, es que el mundo conozca las conexiones entre el cartel del Norte del Valle, el único poderoso ahora en Colombia, los jefes de las AUC y algunos mandos policiales. Que el Gobierno sepa que negociar con Carlos Castaño y los otros comandantes paramilitares es hacerlo directamente con los capos, que no tienen ningún otro interés en el proceso de paz que levantar una cortina de humo mientras siguen eternamente en el negocio.»182. Por esta razón el Bloque Metro se financiaba del robo de hidrocarburos en el nordeste183 del departamento, donde se replegó después de haber perdido territorio en el área metropolitana con el Bloque Cacique Nutibara. En el área rural de Magdalena Medio tenía influencia el Bloque Central Bolívar de las AUC al mando de Carlos Mario Jiménez, alias “Macaco”, que llegó desde el sur de Bolívar184. En la subregión del Bajo Cauca antioqueño y en algunos sitios de Medellín tenía influencia el Bloque Mineros encabezado por Ramiro Vanoy Murillo, alias “Cuco Vanoy”; él mismo, después, en compañía de Julián Bolívar ingresó al sur de Bolívar y alcanzó gran poder. 185 El segundo de Cuco Vanoy en la región es conocido con el alias de “Puma” 186. En el área del Urabá antioqueño tenía influencia el Bloque Élmer Cárdenas, al mando de Freddy Rendón, “El Alemán”, quien aceptó haber recibido pagos de multinacionales 181

Apartes de la entrevista en el Comando de Policía de Antioquia. Medellín, Antioquia. Octubre 4 de 2007. 182 Salud Hernández-Mora “La guerra privada de ‘doble cero’”. Periódico El Mundo. España. Lunes 31 de 2003. 183 Cristales y Frailes corregimientos del Municipio de San Roque y también el municipio de Santo Domingo. Apartes entrevista Comando de Policía Antioquia. Op cit. 184 A través del Bloque “Héroes y Mártires de Guática” al mando de alias “Macaco” el BCB hacía presencia en el norte del departamento de Risaralda y en, su capital, Pereira, llegó a tener 2000 hombres a su mando. Se desmovilizó con 400 de ellos en la vereda La Esperanza de Santuario, Risaralda. FAC “Hija de candidato a la gobernación de Risaralda era novia de ‘Macaco’ jefe paramilitar”. Fuerza Aérea de Colombia, Mindefensa. www.fac.mil.co 185 Apartes de la entrevista en el Comando de Policía de Antioquia Op cit. 186 Alias “Cuco” es de Caparrapí, Cundinamarca y era carnicero. Empezó con el negocio de las esmeraldas, se casó con una mujer rica del bajo Cauca y se volvió narcotraficante en el municipio de Tarazá, Antioquia. Le ayudaba a la gente de la población y la gente lo quería porque hacía las veces de mediador en los conflictos cotidianos; hoy tras las rejas, la gente extraña el papel de justicieros de los paramilitares.

162 como Chiquita Brands a cambio de seguridad;187 en Urabá tuvo también influencia el Bloque Bananero de las AUC, al mando de Ever Veloza García, alias “Hernán Hernández” o alias “HH”, con influencia en los municipios de Turbo, Apartadó, Carepa, Chigorodó, San Pedro de Urabá, Mutatá, Neclocí y Arboletes, donde había disputa territorial con los frente 5 y 34 de las FARC188. También en el área del Urabá antioqueño estaba el frente “Héroes de Tolová” al mando de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias “Don Berna” ó alias “Adolfo Paz”, desmovilizado en 2004. La primera desmovilización en el área metropolitana de Medellín fue la del Bloque Cacique Nutibara en noviembre de 2003 que tenía influencia también en el oriente antioqueño. Días antes de su desmovilización surge el Bloque Héroes de Granda con la misma línea de mando del Nutibara. Afirmaban, “no vamos a dejar el territorio solo” y en el 2003 bajo el mando de alias “Don Berna” queda consolidado.189 Esta desmovilización fue considerada por los paramilitares como un “globo de ensayo” para calcular las reacciones del gobierno. En 2003 las estructuras de autodefensas en Antioquia eran las siguientes: 1) Bloque Héroes de Granada (desmovilizado en 2005) 2) Frente Occidente (desmovilizado en 2005) 3) Frente Suroeste (desmovilizado en 2005) 4) Bloque Central Bolívar (desmovilizado en 2005) 5) Bloque Minero (desmovilizado en 2006) 6) Autodefensas Campesinas de Magdalena Medio (desmovilizado en 2006) 7) Bloque Élmer Cárdenas (desmovilizado en 2006) Tierras Según cifras de Pastoral Social, 44,154 personas desplazadas abandonaron 92,047 hectáreas en el departamento.190 Las subregiones antioqueñas con mayor despojo, según funcionarios de Acción Social de Antioquia, son Urabá, Magdalena Medio y Bajo Cauca.191 De las personas que acuden a la iglesia cuando son desplazadas y manifiestan haber perdido tierras entre los años 1997 – 2007, la mayoría pertenece a las subregiones de Magdalena Medio (Yondó 12.920 Hectáreas), Occidente (Buriticá 10.481 Has) y la subregión Norte (Ituango 5.920 Has).192 El estudio de Pastoral Social de Colombia sobre el desplazamiento forzado en Antioquia, en el acápite del Uraba Antioqueño, afirma: “La conflictividad social y política presenta como indicador crítico el desplazamiento forzado de 187

Caracol “Alias ‘El Alemán’ reconoce pagos de multinacionales por seguridad en el Urabá”. Caracol Radio. Marzo 31 de 2007. Grabación 7:25 am Disponible en: http://www.caracol.com.co/noticias/408930.asp 188 Fundación Seguridad y Democracia “La desmovilización del Bloque Bananero de las AUC” Serie de documentos ocasionales. Noviembre de 2005 189 Comando de Policía Antioquia. Op cit 190 Pastoral Social. Op cit. 191 Entrevistas Acción social. Medellín, Op cit. Octubre 3 de 2007 192 Seccional de Movilidad Humana, Secretariado Nacional de Pastoral Social. Op cit

163 población. Se sostiene una vieja estrategia de colonización expansiva y hegemónica para la acumulación y concentración de la propiedad de la tierra, ahora bajo la estrategia de despoblamiento-repoblamiento; pero en especial, de control de territorios estratégicos para la economía exportadora legal e ilegal y para la economía de guerra interna. Se confirma una vez más que la estrategia político militar es completamente efectiva para el mantenimiento de hegemonías económicas y políticas, que por vía de la violencia se disputan el control territorial de la región. Lo nuevo quizás es la constitución de un “Eje y corredores ganaderos” cuyas dinámicas conflictivas y violentas de implantación económica, habría que rastrear desde la frontera cordobesa, pasando por San Pedro de Urabá, por Turbo en la margen occidental del Eje Bananero, hasta la frontera chocoana, tanto por el norte como por el Bajo y Medio Atrato.”193 Las razones del despojo en Antioquia: 1. Desocupar los corredores estratégicos. En estas zonas se han hecho transferencias de títulos de dominio y la gente ha sido amenazada por los grupos armados para controlar estos corredores ofreciendo cantidades menores al costo real de los predios 2. El Despojo de tierras adjudicadas por el INCODER. Generalmente han sido tierras fértiles en las que se ha ido capitalizando el valor de la tierra por el trabajo de los campesinos. Son tierras productivas en las que se han sacado campesinos y se ha puesto gente de confianza de las personas que ejercen un poder armado, sean paramilitares o guerrillas. El compromiso de los “nuevos” habitantes es cumplir con los parámetros de legitimación de sus protectores, esta estrategia se conoce como “repoblamiento”.194 3. El despojo de tierras por intereses de narcotraficantes 195. Hay un tipo de apropiación ilegal cuando los narcos buscan tierra, generalmente buenas tierras para su disfrute ó fincas que tengan un interés de localización estratégica. A este tipo de usurpadores no les interesa tener títulos de propiedad en la medida en que hacen ocupaciones de facto. Cuando se revisan estos casos en las oficinas de instrumentos públicos no hay registros de nuevas escrituras. 4. A los que les prometieron que les iban a pagar y no lo hicieron. En estos casos llega un mensajero advirtiendo que tienen que vender esas tierras y la gente ante el temor, decide vender al precio que le ofrecen, sin embargo desalojan la propiedad y traspasan la escritura pero no reciben el dinero. Según Acción Social, esta es una de las situaciones más difíciles a futuro para los propietarios porque “legalmente” fueron vendidas 5. Despojo atravesado por la guerra familiar. Algunas veredas en Antioquia son habitadas por unas pocas familias y entre ellas se presentan riñas familiares y cada una de las partes acude a uno de los actores del conflicto distinto (ej. Santana) lo que genera enfrentamientos bélicos por riñas privadas. Las autoridades no cuentan eso como violencia, sin embargo, eso genera desplazamiento intraveredal “gota a gota” que no 193

Secretariado Nacional…Desplazamiento Forzado en Antioquia “Urabá”. Op cit., p. 31. Acción Social. Op cit. 195 Entrevista Comando de Policía Medellín, Antioquia. Octubre 4 de 2007. 194

164 se contabiliza y se cree que la situación mejora pero simplemente es subregistro de desplazamiento. 6. Despojos por territorios para siembra de cultivos ilícitos196. Hay territorios usurpados, donde luego de unos años los desplazados regresan y se encuentran con que tienen inmensas siembras de cultivos ilícitos. El problemas es para los desplazados que eran propietarios, quienes no saben si denunciar los cultivos, porque como siguen siendo ellos efectivamente los propietarios, pueden ser objeto de la ley de extinción de dominio. En el Urabá ha sido distinto, porque los territorios colectivos que fueron abandonados y de los que la gente se desplazó, ahora que han retornado se encuentran con cultivos extensivos de palma. Funcionaros del gobierno afirman que “las guerrillas usufructúan la tierra pero no desplazan a la gente ni pretenden robársela (…) el despojo más rampante es el del paramilitarismo, que en algunos casos se disputan territorios entre ellos mismos”.197 En Mutatá las capturas masivas han sido un factor de desplazamiento 198. La población desplazada tiene temor frente al ejército, porque ellos los indagan como si encubrieran a la guerrilla y la gente tiene miedo. Este tipo de desplazamiento masivo se debe al miedo que genera la acción de la fuerza pública para contrarestar el narcotráfico y las acciones de los grupos armados en torno al narcotráfico, incluyendo a las guerrillas. En la parte de la costa, área rural de Chigorodó, y hacia el oriente y sur del departamento ha habido desplazamientos masivos con expropiación, principalmente, a pequeños propietarios, afirma uno de los funcionarios de Acción Social. Las amenazas de grupos paramilitares y guerrilleros a los campesinos de esas zonas fueron la principal causa de desplazamiento. La dificultad para los campesinos, además de las inherentes a cualquier desplazamiento, es que no tenían títulos de propiedad de sus predios y no pudieron dar constancia de las tierras que abandonaron. Sin embargo, hoy hay más desplazamiento individual, conocido como “gota a gota”, que masivo, lo que no es menos grave, sin embargo las razones son otras. En Ituango, Peque y Dabeiba siguen siendo fuertemente desplazados y se van a veredas contiguas, este tipo de desplazamiento invisible, que no se contabiliza, por ejemplo en San Francisco, es muy grave, porque no reciben, ni siquiera, ayuda de emergencia199. La gente de la zona afirma que alias “Macaco” del BCB tenía una voracidad de tierras más que ningún otro jefe paramilitar. Su interés primordial fue el Bajo Cauca Antioqueño y los terrenos colindantes con el departamento de Córdoba. Según información de inteligencia de la Policía, las tierras están en manos de testaferros cercanos, amigos y familiares, y no en manos de mandos medios. La gente del Bajo Cauca lo recuerda por su lema “Haga patria, compre vacas”. 196

Apartes de la entrevista con investigadores de la Corporación región Op cit. Apartes entrevista a Acción Social, Medellín. Op cit. 198 Ibíd. 199 Apartes de entrevista a Acción Social y Corporación Región Antioquia. Op Cit. 197

165 A alias “Macaco” lo sucedió el segundo en línea, su hermano Roberto Jiménez Naranjo, quien tenía aspiraciones políticas en el municipio de Dosquebradas, Risaralda, a las que renunció luego de los señalamientos de alianzas con su hermano.200 Él administraba el dinero que consiguió “Macaco” y, según el entrevistado, eso garantiza la hegemonía. Hoy administra proyectos productivos para los desmovilizados y alias “Macaco” tiene solicitud de extradición a los EEUU, por no haber cumplido con las condiciones de la Ley de Justicia y Paz, al seguir controlando envíos de cocaína desde la cárcel en la que se encontraba recluso. Tierras y FARC

Las FARC usaron el “repoblamiento”, como estrategia para asegurar áreas. En el oriente antioqueño, en los municipios de San Carlos, San Francisco, San Rafael y Cocorná hubo trabajo político-ideológico y ganaron base social mediante la asignación de predios de manera provisional. Sin embargo, quienes no estaban de acuerdo con la política de las FARC, tenían que irse de esa zona. Mucha gente tuvo que desplazarse y dejar abandonados los predios.201 Cuando había conflicto con las AUC, era angustiante para los pobladores; si las AUC llegaban, ellos no podían mostrar su afinidad con la guerrilla -el Frente 18 del Bloque José María Córdoba hacía presencia en el Bajo Cauca en los municipios de Tarazá y Cáceres–. Algunas fincas grandes fueron retomadas por cabecillas de la guerrilla, donde tienen ganado y son administradas por milicianos. En el norte de Antioquia en Ituango y en límites de Antioquia con Chocó en el Urabá, los guerrilleros hacen alusión con nombres propios como “Román” y “Víctor”, a fincas administradas por ellos mismos. Estas son zonas donde es muy difícil que el campesino tome el control de su terreno y la gente dice que “Meterse allá es la muerte”.202 En los años 1997 – 2007, según datos de Pastoral Social, hubo, como se anotó, 46,510 personas desplazadas en el departamento. De estas personas, 18,058 dicen haber abandonado sus tierras por la posible incidencia de grupos guerrilleros y 14,465 por la posible incidencia de actores de autodefensas o paramilitares.203 Sin embargo, las razones de abandono no son sólo la incidencia de actores armados ilegales; las crisis cafeteras, las fumigaciones, los vecinos, y la presencia de la Fuerza Pública204 han tenido también impacto en el abandono. Así mismo, las minas antipersonales (MAP) y la munición sin explotar (MUSE) han golpeado en especial el oriente del departamento, donde hacen presencia las guerrillas de las FARC, con los frentes 9 y 47, y el ELN, con los Frentes Carlos Alirio Buitrago y Bernardo López Arroyabe.205 200

FAC “Cuatro cargamentos de cocaína y varias grabaciones telefónicas enredan a ‘Macaco’” Fuerza Aérea Colombiana Mindefensa. www.fac.mil.co 201 Apartes entrevista Comando de Policía de Antioquia Op Cit. 202 Comando Policía Antioquia. Op cit 203 Pastoral Social. Op cit 204 INER - Universidad de Antioquia, Octubre 4 de 2007 205 Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH. Panorama actual del Oriente antioqueño. Octubre de 2004.

166 Desmovilización y Bandas Criminales Emergentes La desmovilización en Antioquia se puede dividir en los sitios donde hubo alta y baja concentración de la tierra por parte de los grupos paramilitares.206 En los sitios donde hubo alta concentración de la tierra, hubo una fuerte presencia paramilitar. El bloque Minero estaba en Taraza, Caucasia, Urabá y Puerto Berrío y sus actividades estaban concentradas en las economías ilegales, pero a su vez había un interés claro en la acumulación de tierras. Los desmovilizados de esas zonas están abandonados a su suerte porque esas tierras están en manos de testaferros y no de mandos medios. En los sitios en los que hubo baja concentración de la tierra tuvieron influencia Bloques como los “Héroes de Granada”, en los que la estructura desmovilizada se ha ido detrás de las economías ilegales y hay un conflicto mafioso que cada vez se desliga más del tema paramilitar y pasa al tema de criminalidad organizada, con el narcotráfico como eje de acción. Este es el caso del suroeste, el occidente y el oriente antioqueño, donde no se concentró la tierra porque son principalmente áreas de minifundio y de campesinado tradicional. Los paramilitares han perdido control en el área metropolitana de Medellín. Hay un reacomodo del negocio del narcotráfico con gente de Medellín y han tomado gran poder las “Oficinas de cobro”207 con ex paramilitares que han abandonado la guerra contrainsurgente y se han rearmado. Este “rearme paramilitar”208 tiene como objetivo articular el negocio del narcotráfico, en el que se disputan zonas de cultivos, laboratorios y rutas con las FARC209, pero también con otras bandas emergentes. El Bajo Cauca antioqueño es un ejemplo de ello, donde actúa un grupo de desmovilizados del BCB que mantiene el control sobre la población y las economías ilícitas, en especial en los municipios del El Bagre y Caucasia210. Alias “Rene” recobró los terrenos del Bloque suroeste antioqueño y Alias “Memín” recuperó los del frente noroccidente antioqueño.211 Hay un alto relevo de mandos medios porque siempre hay alguien que se quiere quedar con el botín y los mandos siguen teniendo legitimidad en la población. La Revista Cambio en el 2006 afirmaba “el rearme de los grupos paramilitares en Medellín se siente en barrios como La Mano de Dios y las comunas 3, 8 y 13, donde comandos de los extintos bloques Nutibara y Héroes de Granada, desmovilizados en 2003, se han reagrupado para reestablecer allí el control 206

Universidad de Antioquia, Octubre 4 de 2007. La “Oficina de Cobro de Envigado” era maneja por Alias “Danielito” uno de los hombres de confianza de alias “Don Berna” y una de las estructuras con más poder en Medellín, encargada de cobrar “impuesto” por seguridad a comerciantes formales e informales. David Hernández López, alias “Diego Rivera” afirma que el mismo “Don Berna” fue quien mandó a asesinar a “Danielito”. Revista Semana “El nuevo ventilador de los paras”. Marzo 10 de 2008. 208 “El rearme paramilitar”. Informe Especial. Fundación Seguridad y Democracia. Febrero 19 de 2007. 209 En otros sitios la guerrilla ha vuelto a controlar territorios En el norte de Antioquia hace presencia en Angostura, Anorí, Valdivia, Yarumal. En la frontera con Córdoba hay siembra de cultivos ilícitos y comercialización. Comando de Policía Antioquia Op cit. 210 El rearme paramilitar Op cit., P. 13 211 Comando de Policía Antioquia. Op cit. 207

167 territorial, cobrar vacunas, hacer reclutamiento forzado y reabrir las oficinas de cobro.212 Una Banda criminal (BACRIM) tiene cinco componentes: capacidad militar, capacidad de extorsionar o secuestrar (capitalización del temor), control de áreas, manejo de algún eslabón del negocio de las drogas ilícitas drogas ilícitas y desmovilizados como parte de su estructura. Información de inteligencia de la policía afirma que hay 5 bandas en el departamento de Antioquia, con esas carácterísticas: Banda 1: Una banda en occidente y norte del departamento, dedicada a cultivar, transportar y distribuir drogas ilícitas. Es una estructura de 120 hombres y es básicamente una organización militar. Se está investigando su actuar, hay silencio por parte de la población y no los quieren apoyar. Se han logrado desarticulaciones buscando cortarles corredores de movilidad. Banda 2: Ubicada en el sur de Bolívar con aproximación a Bajo Cauca y Cesar. Esencialmente control y tráfico de droga.

Banda 3: Ubicada en el sur del departamento en el área de influencia del Frente Cacique Pipintá. Su líder “Sebastián” fue capturado en Antioquia. La gente, en algunos sitios, prefiere paramilitares que guerrilleros y tienen miedo que con el desmonte del Frente Cacique Pipintá entre la guerrilla. Banda 4: Ubicada en el sur oeste, conformada por algunos cabecillas del bloque suroeste de las autodefensas Banda 5: Ubicada en el Nordeste del departamento reagrupada en torno al narcotráfico.

La Fundación Seguridad y Democracia afirma que en la antigua zona de operaciones del Bloque Bananero de las AUC opera la banda “Los Chenguez” en el municipio de Necoclí en el Urabá antioqueño.213 Sobre la banda emergente “Águilas Negras” se ha construido un imaginario fuerte. La banda ha tenido una sobrevaloración mediática y eso se corrobora en Antioquia, donde las bandas que han amenazado en nombre de las “Águilas Negras” sólo son la fachada -ó el Evil Will- de pequeñas bandas que no superan las 5 personas, a veces menores de edad, y lo hacen para infundir temor en la población porque el temor les resulta rentable.

Problemas de la desmovilización En las desmovilización del Bloque Cacique Nutibara, de acuerdo con declaraciones realizadas por el Alto Comisionado de Paz Luís Carlos Restrepo, del 27 de septiembre, sólo el 30% de las 855 personas que depusieron las armas, eran en realidad paramilitares214. Autoridades del departamento corroboran que hubo gente reclutada a última hora pero afirman que también hubo un desmonte efectivo y en las cárceles están las cabezas visibles. Sin embargo, los mandos medios, para los que no hubo una política clara de negociación ni de beneficios y que conocían cómo manejar el negocio de narcotráfico están por fuera sin inconveniente; “Los capos en nuestra jurisdicción todavía tienen poder, los mandos medios todavía son fieles, hay lealtad hacia ellos. Han delegado pero no han perdido la autoridad porque se

212

“El reciclaje ‘para’”. Revista Cambio No. 676. Junio 12 - 18 de 2006. Pp. 20 – 26. “El rearme paramilitar” Op cit. p. 20. 214 Fundación Seguridad y Democracia “La desmovilización del Bloque Bananero de las AUC” Serie de documentos ocasionales. Noviembre de 2005. 213

168 ganaron los corazones de la gente”215, “el control no es un asunto de fuerza del que llega y amenaza, sino de legitimidad”216. Sobre este punto hay que diferenciar los desmovilizados que se acogieron a las alternativas del gobierno y hoy están al margen de la delincuencia y los que siguen articulando el negocio del narcotráfico, “Don Berna está perdiendo espacios entre unos y otros, la capacidad de influencia de él es mínima pues la gente no se va a jugar la vida con alguien que se va extraditado. La primera vez que encerraron a “Don Berna” hubo paro en la ciudad pero cuando lo cambiaron de sede la gente no hizo nada. Cada vez hay más una distancia a sus órdenes”217 Algunas estructuras visibles de desmovilizados intentan tener una distancia del narcotráfico pero soterradamente está la presencia de muchas bandas al servicio de narcotráfico que siguen delinquiendo y disputándose territorios entre los que llegan y los que se van218. La lógica de la desmovilización funcionó porque era el momento adecuado para negociar por el ambiente de confianza que dio el gobierno y por la crisis interna de los paramilitares, en la que había un poder difuminado en muchas cabeza regionales que tenían que buscar una forma de salida, porque la expansión del narcotráfico los habían afectado y los llevó hacia un punto de disolución. Funcionarios de Acción Social de Antioquia afirman que ha sido difícil el proceso de adaptación de los desmovilizados que deciden hacer una vida legal, “la gente los recibe con ese miedo de que tuvieron un pasado armado, no los ven como personas normales, ellos no tienen vida cotidiana y se encuentran con el rechazo de la gente”. En ese sentido, investigadores de La Corporación Región de Medellín afirman que “la gente tiene el mismo miedo con los reinsertados que con los paras, cuando en 1997 hicieron su gran arremetida”. La gente sigue viéndolos como autodefensas, e interpretan que hay una complacencia entre policías y desmovilizados y el problema es que los desmovilizados que tienen armas con salvoconducto, armas legales, son vistos como una amenaza a los sitios a donde llegan. El Comandante de Policía afirma que las armas ilegales son decomisadas, pero las que son legales no se pueden retener; sobre eso el gobierno tiene que hacer algo porque los desmovilizados vienen de la guerra y no dudarán en usar sus armas para dirimir sus conflictos. En ese mismo sentido algunos desmovilizados de los grupos armados han sido utilizados por las unidades militares como guías en tareas de inteligencia y en la población eso es visto como connivencia. “En este entorno social, (en el que se le da primacía a las soluciones no judiciales y donde prima la desconfianza y la indiferencia) donde la justicia privada y el concepto de la “autodefensa” han tenido más validez que la capacidad del orden jurídico y legal para regular los conflictos cotidianos, donde múltiples formas de violencia se han asentado y será desde el exorcismo de estos odios privados desde donde deberán nacer parte de las

215

Inteligencia Policía Op cit Apartes entrevista investigadores U. De Antioquia. Op cit 217 Uniantioquia Ibid 218 Uniantioquia Ibid 216

169 soluciones que requiere un conflicto que tiene ya varias décadas de duración.219 Si bien los desplazados son las principales víctimas de este conflicto, es necesario que los desmovilizados tengan una oportunidad para que se reinserten económica y socialmente”. Desplazamiento220 El desplazado, además de los problemas inherentes a la guerra misma, como la muerte de un familiar, el cambio de hábitat contra su voluntad, el sometimiento a grupos armados y el deterioro de su nivel de vida, tiene problemas adicionales si dejó abandonadas sus tierras221. Cuando se abandonan las tierras el campesino desplazado no tiene ingresos económicos para pagar servicios públicos, impuestos ó créditos en el caso de que sean propietarios222. El incumplimiento de las obligaciones tributarias, crediticias y de servicios es un problema que el gobierno aún no ha resuelto. “Los campesinos tienen una tierra que no tienen, pero igual siguen corriendo los impuestos, la cuenta de luz… está indefinida también la extinción de obligaciones crediticias y de vivienda. El banco se supone que debe congelar la deuda hasta que el desplazado pueda recuperar su status. Lo que se cancela es el impuesto de usura por mora pero los impuestos siguen causándose año por año”223. Uno de los impactos más visible del desplazamiento es la migración que se da hacia las cabeceras municipales o hacia las ciudades principales. La familia que migra generalmente encuentra restricciones, que van desde la vivienda hasta el trabajo. Alguna de esa población desplazada pasa a engrosar los cinturones de miseria de las grandes ciudades. Sin embargo, la mujer víctima del desplazamiento es la que tiene mayor movilidad laboral, en la medida en que cuenta con facilidades para emplearse y encuentra bienestar de salud y educación para sus hijos volviéndose cabeza de familia. Para el hombre, por el contrario, es más difícil acomodarse y se ve relegado ante esta nueva situación. Por esta razón es precisamente el hombre quien manifiesta más 219

Secretariado Nacional de Pastoral Social, Sección de Movilidad Humana en colaboración con el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Desplazamiento Forzado en Antioquia. Volumen 8 “Urabá”. Bogotá, 2001. 220 Las tres tendencias centrales del desplazamiento son: la concentración de la propiedad territorial; el carácter generalmente violento que asume la expropiación de la tierra por parte de los agentes de la gran propiedad, y, finalmente, la generación de una población ‘excedentaria’ que no encuentra condiciones favorables de articulación en los mercados laborales urbanos y que debe fluir dentro de la economía informal urbana, las colonizaciones, las economías extractivas y los eslabones primarios del narcotráfico Darío Fajardo, “El Conflicto armado y el campo”, Guerra sociedad y medio ambiente. Foro nacional Ambiental. FESCOL, Uniandes, Tropenbos Internacional Colombia, Fund. Alejandro Ángel Escobar, Ecofondo y GTZ. Bogotá, Mayo de 2004. Pp. 78. 221 Un efecto directo e inmediato de estos éxodos es el mayor empobrecimiento y vulnerabilidad alimentaria que a su vez genera deterioros sociales y económicos no compensados que afectan la calidad de vida en conjunto de la población que se añade a la creciente restricción en la disponibilidad de tierras para los productores campesinos. Darío Fajardo Montaña. “El desplazamiento forzado: una lectura desde la economía política”. Territorio patrimonio y desplazamiento. Op cit. P. 115 222 Del total de personas desplazadas en Antioquia que acudieron a la iglesia entre los años 1997 – 2007, el 41,5% manifiestan ser propietarios, 8,8% arrendatarios, 2,65% colonos, 5,6% en posesión, 5,25% en otra forma, 16,8% no dejó, 6,2% en propiedad colectiva y 12,9% NS/NR. Secretariado Nacional de Pastoral Social “Modalidad tenencia de la tierra” Op cit. 223 Apartes funcionario de Acción Social, Medellín. Op cit.

170 interés de retornar y recuperar la tierra abandonada224. Del total de personas desplazadas en Antioquia en el lapso 1997 - 2007 que acudieron a la iglesia, el 51,56% tiene intenciones de permanecer, el 21,13% de reubicarse, el 14,63% de retornar, el 0,55% de salir del país y el 12,10% NS/NR. Muchos de los retornos han sido acompañados por la fuerza pública, mientras que otros han sido retornos voluntarios. El problema es que no hay una política de mediano ni de largo plazo para población desplazada al interior de las administraciones regionales. La solución tiene como eje el otorgamiento de tierras, pero todavía no hay un seguimiento efectivo de la viabilidad de los proyectos, más aún cuando los gobiernos regionales priorizan los pobres propios y no los desplazados ajenos. Gobierno Un problema operativo de la Fuerza Pública es que los indicadores de eficiencia se basan en capturas y bajas y cuando desde la cúpula se pide mayor eficiencia, se están presionando directamente tales resultados. Antioquia es uno de los departamentos más cuestionados por detenciones y ejecuciones extrajudiciales. Uno de los entrevistados afirmó que “El ejército sigue pensando que el único que acaba con la guerrilla es el paramilitarismo”. Sin embargo esta no es la constante. Los mismos oficiales de la fuerza pública ven como prioritaria una política institucional que se preocupe por acciones sociales. La gente ahora percibe una mayor seguridad y está pidiendo una mayor presencia estatal. Sobre este punto los sectores no estatales están tomando la delantera y Antioquia se ha configurado como uno de los departamentos con mayor expresión artística como mecanismos para hacer una catarsis de la violencia. Documentos fotográficos testimoniales como Espacios con-sentidos sobre el desplazamiento se plantean mostrar dignidad en la adversidad en una suerte de reflexión mediante el arte225. La fumigación ha servido y se están aplicando programas de erradicación manual que también están funcionando. Sin embargo, el tema ecológico, según investigadores de la Universidad de Antioquia, no es un tema que interese, ni al campesino, ni al gobierno. La gente se esta yendo a las zonas de amortiguamiento, a los parques naturales a sembrar coca; hay un problema social con los campesinos que viven de eso, prevalece “la cultura de la ilegalidad” donde se prefiere el dinero fácil. Es necesario trabajar políticas públicas diferenciales de propiedades colectivas e individuales. Es necesario estudiar la información de Catastro que cuenta con un registro histórico que guarda nombres de propietarios y poseedores, esta información es necesario cruzarla y actualizarla con las oficina de registro y el IGAC. Así mismo esa información es necesario triangularla con las personas que aparecen como actuales propietarias, poseedoras o tenedoras. La 224

Corporación Región Op cit. Luigi Baquero Espacios con-sentidos (Lebens Räume). Corporación Región, Medellín, 20007. 225

171 identificación de los predios es el paso inicial para la restitución, afirma el funcionario de Acción Social.

ANEXO 1 DESPLAZADOS Y HECTÁREAS ABANDONADAS EN MUNICIPIOS DE ANTIOQUIA 1997-2007 DESPLAZADOS MUNICIPIOS

MEDELLIN ABEJORRAL ABRIAQUI ALEJANDRIA AMAGA AMALFI ANDES ANGELOPOLIS ANGOSTURA ANORI ANTIOQUIA ANZA APARTADO ARBOLETES ARGELIA ARMENIA BARBOSA BELMIRA BELLO BETANIA BETULIA BOLIVAR BRICEÑO BURITICA CACERES CAICEDO CALDAS

Datos de Acción Social 11,811 2,070 64 1,928 315 1,400 764 407 808 2,341 750 313 14,447 2,167 6,980 146 747 50 1,003 273 1,858 1,301 2,337 2,377 453 267

HECTÁREAS HECTÁREAS TOTAL ABANDONADAS ABANDONADAS HECTÁREAS POR LA POR LA ABANDONADAS INCIDENCIA DE INCIDENCIA DE GRUPOS OTROS PARAMILITARES GRUPOS ARMADOS Datos de Datos de Datos de Pastoral Pastoral Social Pastoral Social Social 1,247.54 974.02 2,221.56 5.00 127.00 132.00 6.00 6.00 2.00 20.00 22.00 26.00 4.00 30.00 15.00 25.00 40.00 213.00 208.00 421.00 39.00 39.00 2.00 2.00 24.53 24.53 302.00 302.00 66.00 20.00 86.00 1,919.71 2,801.54 4,721.25 413.14 363.02 776.16 60.00 2,570.01 2,630.01 0.01 0.01 20.00 14.00 34.00 6.00 6.00 10.76 2.00 12.76 8.50 8.50 20.00 0.02 20.02 8.00 15.00 23.00 10,478.81 2.00 10,480.81 353.56 2,269.34 2,622.90 15.00 27.00 42.00 2.00 350.00 352.00

172 CAMPAMENTO CAÑASGORDAS CARACOLI CARAMANTA CAREPA CARMEN DE VIBORAL CAROLINA CAUCASIA CHIGORODO CISNEROS COCORNA CONCEPCION CONCORDIA COPACABANA DABEIBA DON MATIAS EBEJICO EL BAGRE ENTRERRIOS ENVIGADO FREDONIA FRONTINO GIRALDO GIRARDOTA GOMEZ PLATA GRANADA GUADALUPE GUARNE GUATAPE HELICONIA HISPANIA ITAGUI ITUANGO JARDIN JERICO LA CEJA LA ESTRELLA LA PINTADA LA UNION LIBORINA MACEO MARINILLA MONTEBELLO MURINDO MUTATA NARIÑO NECOCLI

619 1,759 116 120 3,417

2.00 150.00 251.01

105.00 46.00 3.00 239.18

105.00 48.00 153.00 490.19

2,500 84 2,414 4,619 117 16,960 930 734 139 10,721 62 85 11,675 18 27 132 9,779 89 236 134 13,412 240 192 247 463 48 107 8,015 197 77 252 30 128 1,136 165 300 1,263 784 969 8,184 3,888 4,411

5.00 64.04 333.55 1.00 100.00 114.00 2.00 601.91 879.41 6.50 16.72 52.00 241.00 2.00 41.00 1,353.00 22.00 5.00 107.00 12.00 15.00 885.01 6.00 144.66

211.00 555.34 1,396.19 4.00 2,113.48 18.00 90.00 3,606.82 80.00 3,501.85 405.00 552.64 90.24 138.14 10.00 8.80 2.00 4,585.00 6.00 0.01 1.28 34.00 61.00 250.00 1.00 20.01 87.00 1,801.50 2,719.04 1,323.51

216.00 619.38 1,729.74 5.00 2,213.48 132.00 92.00 4,208.73 80.00 4,381.26 405.00 559.14 106.96 52.00 379.14 10.00 10.80 43.00 5,938.00 6.00 22.01 1.28 39.00 61.00 250.00 108.00 32.01 102.00 2,686.51 2,725.04 1,468.17

173 NECHI OLAYA PEÑOL PEQUE PUEBLORRICO PUERTO BERRIO PUERTO NARE PUERTO TRIUNFO REMEDIOS RETIRO RIONEGRO SABANALARGA SABANETA SALGAR SAN ANDRES DE CUERQUIA SAN CARLOS SAN FRANCISCO SAN JERONIMO SAN JOSE DE LA MONTAÑA SAN JUAN DE URABA SAN LUIS SAN PEDRO SAN PEDRO DE URABA SAN RAFAEL SAN ROQUE SAN VICENTE SANTA BARBARA SANTA ROSA DE OSOS SANTO DOMINGO SANTUARIO SEGOVIA SONSON SOPETRAN TAMESIS TARAZA TARSO TITIRIBI TOLEDO TURBO

2,272 42 1,579 6,054 226

296.09 21.00 100.00 25.00

540.01 27.00 45.00 -

836.10 48.00 145.00 25.00

1,030 881

275.02 25.00

116.01 124.04

391.03 149.04

772 1,950 66 297 381 120 942 450

29.00 101.00 3.00 -

14.39 131.81 1.00 2,040.00 4.00 121.02 -

14.39 160.81 1.00 2,141.00 7.00 121.02 -

15,297

325.03

3,943.27

4,268.30

9,469 304

327.01 -

3,902.19 -

4,229.20 -

183

10.00

30.00

40.00

4,055 10,668 1,140

19.00 181.01 86.09

373.00 693.81 223.01

392.00 874.82 309.10

5,730 6,616 1,139 1,137

49.60 18.00 570.79 14.50

167.02 67.50 14.00 3.00

216.62 85.50 584.79 17.50

830

15.00

12.00

27.00

365

1.00

-

1.00

1,009 803 2,346 4,520 129 350 4,887 77 148 418 20,403

10.00 1.00 144.03 76.00 42.00 325.88 12.00 1,830.02

507.00 14.00 811.14 1,419.51 8.00 527.11 0.05 1,693.20

517.00 15.00 955.17 1,495.51 50.00 852.99 0.05 12.00 3,523.22

174 URAMITA URRAO VALDIVIA VALPARAISO VEGACHI VENECIA VIGIA DEL FUERTE YALI YARUMAL YOLOMBO YONDO ZARAGOZA TOTALES

1,304 7,912 627 94 1,000 158

272.02 379.00 25.00 11.00 -

57.00 846.51 34.51 607.00 -

329.02 1,225.51 59.51 11.00 607.00 -

4,811 553 831 1,444 9,491 3,134

876.04 13.00 3,283.14 308.21

3,160.55 146.00 292.01 40.00 9,790.26 301.17

4,036.59 146.00 305.01 40.00 13,073.40 609.38

309,815

30,735.81

66,747.12

97,482.93

El despojo de tierras en el Chocó La mayor parte del territorio del Chocó está formado por tierras bajas del litoral pacífico, cubiertas de selva húmeda tropical, con alta pluviosidad y poca aptitud agropecuaria de los suelos, una vez destruidos los bosques. Otra parte son las estribaciones de la cordillera occidental, que lo comunican con Antioquia, Risaralda y Quindío. La disputa territorial se presenta en la extracción de recursos mineros, la agroindustria, los megaproyectos, la compra de tierras por narcotraficantes, los sistemas de autodefensa (“limpieza social”) y las disputas entre los distintos actores armados ilegales por el control territorial. La situación de violencia en el Chocó tiene sus raíces en el proceso de colonización violenta del siglo XVI, cuando fueron traídos los esclavos afro-colombianos a sacar oro de los distritos mineros de Nóvita, Sipí, Tadó y Quibdó, lo que generó el desplazamientos de las comunidades indígenas asentadas en esos lugares.226 La lucha por el territorio ha configurado un rasgo de la identidad en el que personajes como Benkos Bihojo permanecen en el imaginario colectivo por su papel de resistencia y politización contra la explotación y la esclavitud227.

226

En el pacífico se encuentran las comunidades Embera, Wounaan y Tule, ancestralmente asentadas. “Población en situación de desplazamiento albergada en ‘El Coliseo’ y ‘Los Silos’ en Quibdó, Chocó”. Conferencia Episcopal de Colombia. Secretariado Nacional de Pastoral Social. Sección de Movilidad Humana. Boletín especial. Estudio de caso No.2. RUT Informa. Bogotá. Diciembre de 2001 227 La Tramoya. Derechos Humanos y palma aceitera Curvaradó y Jiguamiandó. Caso Tipo 5. Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, CINEP. Octubre, 2005

175 Los territorios colectivos. La explotación minera y agroindustrial La abundancia de los recursos naturales es una de las causas de la implantación de los grupos armados, de manera que su disfrute se convierte en condición necesaria para garantizar su sostenimiento y prolongación. Esta reflexión de Camilo Echandía228 sobre la abundancia de los recursos naturales permite explicar cómo la riqueza y explotación de los recursos naturales en el Chocó ha perpetuado el conflicto armado. Sin embargo, el conflicto más que traducirse en el simple usufructo de los recursos naturales se debe entender desde la territorialidad. El control territorial se ha sustentado en el ejercicio del poder armado para el aprovechamiento económico de los recursos naturales legales e ilegales. Dentro de los recursos legales están los maderables y mineros que han sido utilizados por los grupos armados, desde su nacimiento, como base de financiación, bien sea por la explotación directa de ellos o por las extorsiones cobradas a los dueños. En el Chocó, al igual que en el resto del país, la autodefensa fue el mecanismo de protección utilizado por empresarios y terratenientes para evitar los hostigamientos y extorsiones de la guerrilla. Uno de los líderes de las Comunidades afirma que el conflicto modeló la actitud de los empresarios y ellos se alían con quien los proteja.229 Buena parte de la literatura sobre el tema de la explotación minera en el Chocó se basa en una serie de denuncias sobre la anuencia entre las fuerzas militares y los grupos de autodefensa.230 En ese sentido, el libro la Tramoya sobre los Derechos Humanos y la palma aceitera en las cuencas del Curvaradó y Jiguamiandó señala: “Si existe hoy una situación de las comunidades afrodescendientes que haya ido deshilvanando la causalidad de la estrategia paramilitar y el sentido de la proyección de la institucionalización del paramilitarismo desde 2002 hasta hoy, no se puede dejar de observar, de mirar, de abordar las violaciones de derechos humanos relacionadas a la “coincidencia” con la posesión ilegal de tierras, la agroindustria, la extracción y la deforestación industrial en el bajo Atrato, en el Cacarica, en el Salaquí, en el Truandó y en el Jiguamiandó y el Curvaradó.” 231 Líderes de las Comunidades afirman que en San Juan, Carmen de Atrato y Condoto, el tema minero está totalmente paramilitarizado. Los paramilitares tienen controlada la actividad minera porque son los dueños de la retroexcavadoras y tienen a la gente trabajando en sus empresas, que se 228

Camilo Echandía Castilla, “Condiciones objetivas y estrategias en la expansión territorial de los protagonistas del conflicto” Dos décadas de escalamiento del conflicto armado en Colombia 1986 – 2006. Universidad externado de Colombia, Bogotá, Octubre de 2006. 229 Entrevista realizada a un líder de la Comunidad Asociación Campesina Integral del Atrato ACIA Quibdó, Chocó. Octubre 3 de 2007 230 “(…) la persecución sistemática que han sufrido las comunidades del Curvaradó y el Jiguamiandó hasta hoy por parte de las Fuerzas Militares de la Brigada 17, en interacción con estrategias paramilitares que han arrojado un total de 106 asesinatos y desapariciones forzadas desde octubre de 1996(…)”. “Son casi 9 años de la Operación ‘Génesis’ adelantada por la Brigada 17 al mando del Gral. Rito Alejo del Río, en acciones combinadas por tierra y agua, entre el 24 y 27 de febrero de 1997 en el Cacarica y el Salaquí, en una acción combinada con la estrategia encubierta de tipo paramilitar a través de las ‘Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá’”. Testimonios extractados del libro La Tramoya… Op cit., pp. 9 –10. 231 La Tramoya…2005 Op cit., P. 8.

176 encuentran sobre territorios colectivos de las Comunidades negras e indígenas, y estos predios, “no son enajenables (se trasmite la propiedad sólo entre miembros del mismo grupo étnico), imprescriptibles (no se pierde la propiedad por ausencia de un miembro de la familia, no se gana por ocupación, sino que pertenece a ella) e inembargables (no se pueden retener o disponer de ellas por mandato judicial)”232 Sin embargo, a pesar de que las comunidades tienen el mecanismo de consulta previa, otorgado mediante la ley 70 de 1993 (sobre la propiedad colectiva del territorio), tienen debilidades como la coerción de los grupos armados, las precarias condiciones de vida233 y la falta de capacidad técnica para financiar un estudio ambiental y por ello han permitido que las empresas estén “legalmente en sus territorios”. Hay empresas inglesas como Anglo Gold Ashanti y Kedhada en estos territorios, pero no se tienen procesos en los que se les señale a ellos como responsables de usurpación de tierras, salvo las quejas de organizaciones religiosas y las mismas comunidades que viven y trabajan en la región234. Además de la incidencia, desde hace más de cuatro siglos, de la explotación minera sobre los territorios colectivos de las comunidades, las guerrillas, los grupos de autodefensa, los narcotraficantes que han comprado tierra y las empresas de agroindustria se han sumado a la compleja situación del robo de tierras y desplazamiento. Al respecto, un documento sobre los afrocolombianos del PNUD afirma que: “La lucha por la tierra convirtió los territorios en campo de batalla de paramilitares, guerrillas y narcotráfico, lo que generó la persecución y asesinato de varios líderes, la ocupación de sus tierras y el desplazamiento forzado(…) La Defensoría comprobó que ‘el desplazamiento es causado por la disputa territorial entre los actores armados al margen de la ley, situación que es aprovechada para la siembra de palma en los territorios de las comunidades desplazadas’235. La compra de tierra por narcotraficantes Las empresas turísticas, agroindustriales, piscícolas y de turismo que nacieron a finales de la década de los ochenta en el departamento del Chocó fueron el mecanismo usado por los narcotraficantes para lavar dinero. Con ello se cumplió un doble propósito, hacerse a tierras productivas con negocios rentables y consolidar el corredor pacífico, uno de los más importantes del occidente colombiano, para entrar armas y sacar narcóticos236. 232

“Población en situación de desplazamiento albergada en ‘El Coliseo’ y ‘Los Silos’ en Quibdó, Chocó”. Conferencia Episcopal de Colombia. Op cit., p. 7. 233 Según cifras del censo del DANE del 2005 las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) del departamento del Chocó son en lo urbano 82,3% y en lo rural 75,2% para un total de 79,1%, esta es la cifra más alta de toda Colombia. DANE “Boletín Censo General 2005. Necesidades Básicas Insatisfechas. Disponible en www.dane.gov.co 234 Apartes de la entrevista con funcionarios de la Comisión Vida, Justicia y Paz, Quibdó, Chocó. Octubre de 2007 y líderes comunitarios de ACIA. Octubre 3 de 2007. 235 PNUD “Los afrocolombianos y la defensa de sus derechos” Serie Hechos del Callejón. No. 30. Auspiciada por PNUD, ASDI y Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo. Año 3. Noviembre de 2007. 236 Alejandro Reyes Posada “Compra de tierras por narcotraficantes” Drogas Ilícitas en Colombia. DNE – PNUD. Editorial Ariel Ciencia Política, 1997. pp. 313-314.

177

Narcotraficantes de Antioquia han comprado tierras cercanas al mar de Acandí y Unguía, en el Golfo de Urabá, y en Juradó, en el norte del departamento. Los grupos del Valle han comprado en Bahía Solano y Nuquí, también junto al mar, al sur. En Condoto, y siguiendo la carretera que comunica a Pereira con Quibdó, han comprado tierras algunos narcotraficantes de Risaralda.237 En la actualidad sigue habiendo compra de tierras por nuevos narcotraficantes del Valle conocidos como “Los Muletos”. Una constante en el país, cuando los narcotraficantes llegan a una nueva zona, es la “ganaderización” del terreno sin importar la aptitud del suelo para ese fin. Desde Bahía Solano hasta el Valle se ha visto esa misma tendencia con ganado traído desde Ungía por avión238. Otra de las características de la inversión de estos dineros es la utilización de mecanismos de autodefensa para repeler las acciones guerrilleras. Es así que desde 1991 hay noticias de grupos de “limpieza social” que asesinaban civiles señalados como guerrilleros. Guerrillas En el departamento del Chocó ha sido constante y fuerte la presencia de las guerrillas en la medida en que la pérdida de tierras de las comunidades y los abusos laborales de las empresas agroindustriales se adecuaron al discurso guerrillero y con eso han afianzado su base social. En el departamento ha tenido presencia el ELN a través de los frentes Ernesto Ché Guevara, Manuel Hernández El Boche, Benkos Biohó y el Proyecto Juan Camilo. También hay presencia de la guerrilla del ERG, Ejército Revolucionario Guevarista, hoy muy cercana a las FARC239. Antes de que la guerrilla decidiera participar en toda la cadena de las drogas ilícitas, solamente participaban mediante el cobro del “impuesto” conocido como gramaje a los cultivos de coca y envíos de cocaína. Según el Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia, en el Chocó tienen presencia principalmente los frentes 57 y 34 de las FARC, la Compañía Aurelio Rodríguez y un bloque móvil de la misma organización. Según Camilo Echandía, “el bloque nor-oriental opera en los departamentos de Antioquia, Chocó y Córdoba. En el Urabá antioqueño y chocoano tienen presencia los frentes 5, 34, 57 y 58”240. El Comando de Policía de Chocó corrobora esta información (frentes 5, 18, 34, 57 y 58) y afirma que en el Bajo San Juan y sobre el río San Juan y Fugiadó hay posiciones del Frente Móvil Arturo Ruiz y del frente 39 de las FARC que viven del procesamiento de droga al igual que los otros frentes241. 237

Reyes Ibíd. P. 314 Apartes de la entrevista con funcionarios del INCODER. Chocó, Quibdó. Octubre 2 de 2007. 239 Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos de la Vicepresidencia, “Panorama actual del Chocó” Bogotá, diciembre de 2003. Serie geográfica No. 21 240 Camilo Echandía Castilla, El conflicto armado y las manifestaciones de violencia en las regiones de Colombia. Observatorio de la violencia, Oficina del Alto Comisionado para la paz. Presidencia de la República de Colombia. Biblioteca para la paz, serie aportes para la paz. Tomo I. Santafé de Bogotá, 1999. Pp. 49 – 50. 241 Entrevista en el Comando de Policía Quibdó, Chocó. Octubre 3 de 2007. 238

178 Guerrillas y Tierras Miembros de las comunidades afirman que la guerrilla se ha apropiado de los territorios y ha buscado control territorial apelando a la conciencia colectiva de las comunidades. Sin embargo, el Ejército ha hecho una movilización importante y los ha replegado a los caños de los ríos como el Atrato, mientras que en las cabeceras municipales señalan la presencia de grupos paramilitares. Reconocen que para la Fuerza Pública es muy difícil estar en todos los sitios, “hay zonas donde el ejercito entra y se muere”242 Son pocos los casos donde la guerrilla se ha apoderado de grandes extensiones de tierra pero está el caso del “Comandante 80” de la guerrilla, que mató al dueño de una finca y se quedó con la mujer y la tierra, bajo una estrategia típicamente paramilitar en la que mediante actos de fuerza como asesinatos selectivos o masacres se desplaza a la gente y se apropian los territorios243. La estrategia de la guerrilla se enfoca, más que todo, a hacer presencia en los territorios para conseguir base social y ejercer un poder territorial para controlar el negocio de las drogas ilícitas sin tener un interés claro de apoderarse de la tierra; sin embargo de la gente desplazada en el departamento que acude a la iglesia el 43,52% manifiesta que abandono sus tierras por la posible incidencia de la guerrilla. Así mismo las guerrillas de las FARC, el ELN y el ERG244 son las que mayor incidencia tienen en el secuestro masivo y extorsivo. Paramilitares La entradas de los paramilitares en el departamento empezó con el ingreso por bocas de río Atrato, Urabá Chocoano y Ríosucio proyectándose hasta medio Atrato chocoano y antioqueño, en Urabá y Vigia del fuerte entraron el 22 de mayo de 1997245 y la población todavía recuerda las cruentas arremetidas y masacres de retaliación entre grupos armados ante el copamiento territorial de los paramilitares. Al respecto Carlos Castaño dice “Los métodos utilizados por las autodefensas con el fin de recuperar el Urabá para la Nación no fueron menos violentos y despreciables que los empleados por el EPL y las FARC para dominar la zona. ¡Eso debe quedar bien claro! Copiamos los métodos de la guerrilla y así la enfrentamos.” 246 Con la entrada de los paramilitares se desplazaron las estructuras del frente 57 de las FARC y se presentaron muertes selectivas sobre las cabeceras de Murindó, río Muranda, Bojayá y Sipí. En el año 2000 las AUC se establecen cerca de Vigía del Fuerte, donde sostienen enfrentamientos con la Fuerza Pública y salen por presión militar. Tras su retirada entraron nuevamente las FARC y asesinaron a 22 policías y 8 civiles entre ellos el alcalde. Utilizaron armamento no convencional y como resultado destruyeron 10 casas con 242

Entrevista a miembros de la Comunidad ACIA. Quibdó Op cit ACIA Ibid. 244 Observatorio de Derechos Humanos “Panorama del Chocó” Op cit. P. 12 -13 245 Comando de Policía, Quibdó. Op cit. 246 Mauricio Aranguren Molina Mi confesión. Carlos Castaño revela sus secretos. Editorial Oveja Negra, 2001 243

179 pipetas de gas.247 Esas operaciones se hicieron de forma simultanea en Vigía del Fuerte y Bellavista. En 2002 ocurrió la masacre de Bojayá por la disputa territorial entre las FARC y el Bloque Élmer Cárdenas, en la que murieron 119 personas y 3,241 personas se desplazaron, dejando abandonadas sus tierras. Después de esta masacre entró la fuerza pública desde el río Napipí hasta Bojayá, donde sostuvieron 7 combates con la guerrilla (replegada en la zona de río Murrí) y con los paras (replegados en la nueva Bojayá). Una de las fuentes afirma que “el Ejército pensó que los paras podían frenar la acción de la guerrilla”. La gente de las comunidades y de la Defensoría afirma que las Fuerzas Militares estaban informadas porque se habían emitido Alertas Tempranas, por parte de la Defensoría, que eran de conocimiento de la IV Brigada y del Batallón fluvial. Desde ese momento se instalaron de manera permanente las Fuerzas Militares (con ayuda de Plan Colombia) y entró también, el 13 de mayo de 2003, la Policía. Los grupos irregulares se replegaron y se empezó a vivir una época más tranquila. Sin embargo, la guerrilla empezó a tomar represalias contra la población y por eso el gobierno crea la denominada Fuerza del Atrato, que patrulla de manera fluvial y terrestre en Napipí, Marquía, Bojayá.248 Paramilitares, agroindustria y tierras La presencia paramilitar también ha tenido un impacto ambiental por dos razones; la primera, porque se ha sembrado coca en los Parques Nacionales Naturales Katíos y Utría y, segundo, porque la industria maderera fue, al lado del negocio del narcotráfico, uno de los mecanismos de financiación del Bloque Élmer Cárdenas; el mismo “Alemán” afirma que “La industria maderera del Atrato fue nuestra alma". Se sabe de su estrategia del ‘Plan Motosierra’ que consistía en dar motosierras a los trabajadores para que talen árboles en el corazón de la selva.249. Según miembros de ACIA, en San Rafael de Negua, la guerrilla mató a unas personas porque los paras estaban controlando el negocio minero. Los campesinos muertos no eran paras sino jornaleros ganándose su diario. La policía departamental afirma que la guerrilla asesina a las personas que trabajan con ellos250. Junto a los proyectos madereros del Bloque Élmer Cárdenas, los pobladores hablan sobre el origen de las tierras en las que se encuentran sus proyectos. Según la Revista Semana “Al Élmer Cárdenas se le señala de ser uno de los grupos que más se ha prestado para despojar a los campesinos de sus fincas. Las denuncias se concentran en especial en la zona de Belén de Bajirá, Riosucio, y Balsa”. La misma Revista informa que Freddy Rendón “El Alemán” no acepta haber quitado la tierra a nadie y afirma que si es necesario, sumará esas tierras al fondo de reparación de víctimas del paramilitarismo251.

247

Comando de Policía Quibdó Op cit. Comando de Policía Quibdó Op cit. 249 “El Führer de Urabá”. Revista Semana 1265. Julio 29 de 2006. 250 Comando de Policía Quibdó Op cit. 251 Ibíd. Revista Semana 1265. 248

180 Alias “El Alemán” afirma que "El señor Vicente Castaño tiene unas personas que ha jalonado para sembrar palma en la región, pero sobre eso es él quién debe responder. También hay unas fincas por Riosucio que son suyas, que fueron compradas a los facinerosos de esas comunidades". Sobre esas afirmaciones dadas por “El Alemán” a la Revista Semana, se tuvo información en campo de que “las ganaderías extensivas en el Atrato son de Vicente Castaño y están hechas sobre terrenos de propiedad colectiva y no han permitido que la gente entre ahí”. El territorio en el bajo Atrato está controlado comercialmente por los paramilitares con la ganadería extensiva y la tala indiscriminada de los bosques. Líderes de las Comunidades del Pacífico afirman que los paramilitares han usado mecanismos legales para apoderarse de la tierras sembradas con palma y han buscado legalizarla amparados en la ley 70/93 bajo la figura de la asociación, en la que los Consejos comunitarios se pueden asociar con los empresarios. Este error legislativo ha desencadenado un problema legal y práctico y es asociar víctimas y victimarios252. Se sabe que los paramilitares han comprado tierras ilegalmente y hoy poseen títulos de propiedad. Hubo amenazas de compra a los dueños anteriores y a causa de la documentación precaria de los territorios, se hizo más fácil traspasar la propiedad.253 Algunas escrituras fueron legalizadas en las oficinas de registro y por esa razón han suspendido a registradores de instrumentos públicos. Los funcionarios públicos en el Chocó se han dejado sobornar y esto ha dado lugar a la legalización de territorios como los de Curvaradó y Jiguamiandó, donde se han aceptado escrituras de propiedades individuales sobre territorios colectivos. Según personas de estas comunidades “se ha generado la posibilidad de la apropiación ilegal de tierras y la protección estatal a la ilegalidad”254 que más que un plan estatal, como se ha afirmado en buena parte de estos documentos de denuncia, se ha llevado adelante por la corrupción de los funcionarios y la cooptación de los paramilitares en las administraciones públicas regionales. Funcionarios de la Defensoría del Pueblo afirman que militarmente no hay grupos grandes. Pero en Quibdo e Istmina se siente que hay gente de los paras y entre ellos mismos hay guerras por quedarse con el negocio 255. La guerrilla en Istmina amenaza a la gente porque piensan que hay complacencia con las nuevas bandas.256 En Acandí todo el mundo sabe quién es el nuevo jefe paramilitar y narcotraficante, sin embargo las AUC antes eran visibles y se sabía de dónde venían las amenazas, ahora no se sabe quién las hace. En épocas previas a las reconocidas fiestas populares de San Pacho en Quibdó 252

Apartes de la entrevista a un líder comunitario de ACIA. Octubre 3 de 2007. Miembros de las Comunidades afirman que miembros de los grupos paramilitares estaban negociando directamente con las víctimas a las que les ofrecían 15 millones para que no se quejaran ante al gobierno Apartes de la entrevista a miembros de la Comunidad COCOMACIA. Quibdó, Chocó. Octubre 2 de 2007 253

254

La Tramoya…2005 Op cit., p. 8 Apartes de la entrevista realizada a un funcionario de la Defensoría del Pueblo departamental. Quibdó, Chocó. Octubre 2 de 2007. 256 Entrevistas a miembros de la Comisión Vida Justicia y Paz. Quibdó, Chocó. Octubre 2 de 2007. 255

181 aumentan los asesinatos selectivos de “limpieza social”, la gente dice que son los mismos paramilitares pero hay incertidumbre.257 Personas de las comunidades manifiestan que en Salaquí el paramilitar conocido bajo el alias de “Comandante Mario” tiene siembras extensivas y asesinaron mucha gente en esos territorios. Así mismo afirman que en Nuquí, Juradó, Bahía Solano, Unguía, Acandí, unas partes de San Juan, Istmina, Andagoya y Tadó, están siendo usufructuadas las tierras por paramilitares con dinero del narcotráfico. En otros sitios, hay cultivos de coca sobre territorios colectivos con la asociación de ex paras. Según miembros de la Comunidad ACIA, no solo está en peligro la pérdida material del territorio sino también legal porque las tierras pueden ser extinguidas por estar sembradas con coca. Por esta razón, la gente a veces se abstiene de denunciar la presencia de actores armados y de cultivos, porque tienen miedo de perder sus territorios. Respecto de la desmovilización, uno de los líderes comunitarios manifiesta que “En el Darién chocoano, el Alto y el Bajo Atrato, los paramilitares han tomado 70.000 Hectáreas y las usufructúan. Según él no hubo una desmovilización efectiva y siguen teniendo ayuda de las Fuerzas Armadas”. Funcionarios del INCODER manifiestan que hubo usurpación de tierras por grupos paramilitares en la parte norte, en el Carmen del Darién, Río Sucio y Curvaradó 258. La Comisión Vida, Justicia y Paz denuncia que en el Bajo Atrato hay siembra de palma, se despojó de la tierra a los nativos, se destruyó la selva y pasaron por encima de los territorios de las comunidades. Muchos campesinos que retornaron vieron que sus tierras tenían sembrada palma 259. Los miembros de las comunidades tienen como único mecanismo de visibilización las denuncias que han tenido eco en el exterior y afirman que “la protección de las comunidades se ha basado en difundir estas amenazas, pues el gobierno le tiene más miedo al costo político internacional que a los problemas internos”.260 Otra de las amenazas que tienen los territorios colectivos son colonizaciones como la antioqueña, en sitios como Istmina, Puerto Melu por la vía hacia Baudó, sobre territorios colectivos. La gente de las Comunidades afirma que los territorios “están invadidos por ‘paisas’”. Sin embargo, funcionarios del INCODER manifiestan que hay alguna recuperación de territorios pero estos deben ir acompañados de una recuperación social. Desmovilización paramilitar y Bandas Emergentes

257

Entrevista a miembros de la Comunidad ACIA y de la Comisión Vida Justicia y Paz, Quibdó. Op cit 258 Apartes de la entrevista realizada a funcionarios del INCODER. Quibdó, Chocó. Octubre 2 de 2007. 259 Los testimonios de las Comunidades se pueden encontrar en el video “El precio de la tierra” elaborado por la Diócesis de Quibdó disponible en http://www.youtube.com/watch?v=Lo_hFBZGP0 Se recomienda también ver el video “Palma africana, violencia, desplazamiento y resistencia” en el que se encuentran testimonios de falsificación de documentos (firmas y escrituras) para apoderarse de las tierras, denuncias contra Urapalma por tener cultivos en territorios colectivos de las comunidades afrocolombianas e indígenas y denuncias contra la Brigada XVII del ejército y nexos con grupos paramilitares. Disponible en http://www.youtube.com/watch?v=5AC7rGsAt4U&feature=related 260 Apartes de la entrevista con miembros de la Comunidad ACIA Quibdó Op cit.

182 El 23 de agosto de 2005 se desmovilizaron 150 personas en Istmina, Chocó, pertenecientes al Frente Héroes del Chocó del Bloque Pacífico de las AUC. 261 Entre abril y agosto de 2006 se desmovilizó el Bloque Élmer Cárdenas con, primero, 309 personas (del frente costanero), luego 484 personas y en la tercera fase 745 personas.262 La gente de las Comunidades es muy escéptica sobre la desmovilización y afirman que “La desmovilización es un teatro. Los comandantes dejaron sus retoños. Hay desmovilizados en las calles. Siguen actuando como paras, están extorsionando a los comerciantes, cobran dinero. Acá casi todos los comerciantes tienen que pagar. Las empresas de transporte tiene que pagar, cuando se han demorado les han quemado los buses ej. Rápido Ochoa263. Otras opiniones coinciden “La Desmovilización en 2005 fue una farsa. Quienes se desmovilizaron no fueron quienes operaban, no eran combatientes. La presencia de la OEA fue muy emblemática, no hubo un estudio. Fue muy formal, nada de fondo. El armamento que entregaron no era el que utilizaban. Cuando se desmovilizaron estaban llegando a la región de otros sitios, no eran ni mulatos ni negros. Hubo un reemplazo inmediato.” “La “Desmovilización” ha sido un sofisma, una estrategia. Hay un matrimonio entre Fuerza Pública y AUC. La gente que ha hecho el daño sigue ahí (ej. San Juan). En Quibdo se sabe que los paramilitares siguen ahí. Los desmovilizados se saben cuales son, los de camisas azules que están de vigilantes. Pero hay paras en la ciudad y la policía se hace la de la vista gorda.” 264

Si bien esta es la visión por parte de las Comunidades sobre el proceso de desmovilización, también están de acuerdo en que hay cambios. Uno de esos cambios es que han cesado las masacres que en años anteriores, cuando estaban activas las estructuras paramilitares, eran muy frecuentes en el departamento. La policía departamental afirma que las bandas emergentes traen desmovilizados de otras regiones y ha aumentado el homicidio. La gente de las Comunidades manifiesta que los verdaderos paramilitares nunca se desmovilizaron, al mando quedó el “Comandante Mario” que sostuvo enfrentamientos con Vicente Castaño porque quería quitarle sus hombres. En el San Juan, el Bloque Élmer Cárdenas recogió 400 personas para presentar en la desmovilización y no entregaron todas sus armas. “Muchos colados se metieron al proceso de negociación pasando por paramilitares para obtener los beneficios”, sin embargo la Policía afirma que quienes se desmovilizaron legalmente están controlados. El Comandante de policía departamental afirma que a nivel nacional hubo un proceso de transición y ha dado paso a otro tipo de organizaciones, pero persiste el interés económico. Han tomado otros nombres. Según informes de la Policía e INDEPAZ en el departamento están las Autodefensas Campesinas Unidas del Norte del Valle ACUN265 y las Autodefensas Campesinas Unidas del 261

Alto Comisionado para la Paz “Bloque pacífico –Héroes del Chocó- hace dejación de armas” y “Gobierno firme en su propósito de desmovilizar totalidad de estructuras de las autodefensas” Agosto 23 de 2005. Disponible en http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/desmovilizaciones/2004/pacifico/index.htm 262 Alto Comisionado para la Paz, “Primera fase de concentración y desmovilización de integrantes del Bloque Élmer Cárdenas de las Autodefensas Campesinas” Abril 12 de 2006. “Segunda fase de concentración y desmovilización de integrantes del Bloque Élmer Cárdenas de las Autodefensas Campesinas” Abril 30 de 2006 y “Tercera fase de concentración y desmovilización de integrantes del Bloque Élmer Cárdenas de las Autodefensas Campesinas” Agosto 15 de 2006. Disponible en http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/desmovilizaciones/2006/index_realizadas.asp 263 Apartes de la entrevista a miembros de la Comisión vida justicia y paz, Chocó Op cit 264 Entrevista con representantes de comunidades, Quibdó. 265 Según la Defensoría las ACUN tienen influencia en Novita, Sipí y en Risaralda. Apartes de la entrevista realizada a funcionarios de la Defensoría departamental. Op cit. Según la Revista

183 Norte del Chocó266 manejando el narcotráfico. En Buenaventura sigue habiendo muchos muertos por el narcotráfico. En Istmina y en Urabá las comunidades dicen que hay “Águilas Negras”, pero la Policía no corrobora esta información, al parecer son bandas delincuenciales que usan ese nombre para sacar provecho. En Unguía, río Sucio y el Urabá antioqueño, se ha tenido información de dos grupos emergentes que se hacen llamar “La Nueva esperanza” y “Renacer” organizados con capital nativo para defender sus tierras, tienen un arraigo fuerte y tiene negocios de palma y ganado267. Funcionarios de la Defensoría del pueblo tienen información de que al bloque pacífico lo remplazaron las bandas “Rondas Campesinas Populares” y “Seguridad Armada Campesina SAC”. Son estas bandas quienes ahora cobran extorsiones, manejan negocios comerciales (ropa) y tienen influencia en Istmina y en más de 15 municipios. Desde 2005 empezaron a pulular negocios de compraventas y droguerías, que al parecer están relacionados con lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Esta modalidad es visible en el San Juan y en el litoral pacífico. La gente tiene miedo de que con el rearme paramilitar, la guerrilla empiece un proceso de recuperación del territorio y se especula que “las nuevas estructuras armadas vinculadas al narcotráfico volverán a hacerse a cuotas importantes del poder político, económico y social de las regiones”268 Narcotráfico Quien controla el territorio, controla el negocio del narcotráfico. La policía afirma que el narcotráfico en el departamento estaba dividido, hasta el 2007, entre 1) las FARC 2) “los Rastrojos” de Wilber Varela del Cartel del Norte del Valle -asesinado por su propia gente en Venezuela269 y 3) “Los Machos” de Diego León Montoya270. El Cartel del Norte del Valle le había ganado territorio a la guerrilla con la avanzada desde el sur por el Cañón del Garrapatas271. Sobre la situación actual del reemplazo de los carteles del Norte del Valle, luego de la muerte de alias “Jabón”, El Tiempo da algunas luces, “La sorpresiva muerte de Wílber Varela, 'Jabón', sacude de nuevo el mapa del narcotráfico en Cambio las ACUN tienen influencia en San José del Palmar, Istmina, Medio San Juan, Medio y Bajo Baudó, Condoto, Tadó, Unión Panamericana y Nóvita. Revista Cambio “El reciclaje’para’”. 12 al 18 de junio de 2006 No. 676. Pp. 20 – 26. 266 Indepaz “Informe de nuevos grupos narcoparamilitares” . Noviembre 24 de 2007. Disponible en http://www.indepaz.org.co/edisk/user1/nuevopara.pdf 267 Hay denuncias de las Comunidades del Cacarica contra empresas madereras del Darien por el auspicio de grupos de autodefensa. 268 “El rearme paramilitar”. Informe Especial. Fundación Seguridad y Democracia. Febrero 19 de 2007. 269 “Wilber Varela, alias ‘Jabón’, fue enterrado en Venezuela. Periódico El Espectador Bogotá, Colombia. Jueves 21 de febrero. 270 “General Mario Montoya explica operativo de captura a ‘Don Diego’”. Periódico El Tiempo. Septiembre 10 de 2007. 271 Esta zona montañosa es propicia por sus variaciones térmicas para el cultivo de coca, marihuana y amapola. Todo lo que sale del Cañón desemboca en Santa Rosa sobre el río Sipí. Según las autoridades ese es el epicentro del narcotráfico. FAC “Garrapatas, cañón de guerra y muerte”.Fuerza Aérea Colombiana Mindefensa. www.fac.mil.co Extractado del Diario Occidente, 19 de septiembre de 2005 y Comando de Policía Quibdó. Op cit.

184 todo el país. A finales del año pasado, EL TIEMPO reveló que, de manera silenciosa, una segunda guerra interna del cartel del Norte del Valle dejaba al menos 40 muertos desde la captura de 'don Diego' en septiembre pasado. Lo que se estableció en ese momento fue que los 'Rastrojos' de Varela estaban copando espacios que la banda de Diego Montoya, 'los Machos', estaba perdiendo en medio de una aguda pugna interna por la sucesión del capo capturado en un operativo militar. “Hombres como 'Capachivo' y 'La Iguana', segundos de 'don Diego', son capos con planes de expansión. (…) uno de los nombres que mencionó ayer el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, general Jesús Antonio Gómez Méndez, como posible sucesor de Jabón fue el de Daniel 'el Loco' Barrera. Es el gran narco de los Llanos Orientales y cobró notoriedad luego de que en noviembre del 2006, en un consejo comunal, el presidente Álvaro Uribe ordenó su captura. Barrera, según las autoridades, era uno de los contactos de los narcos del Norte del Valle para sacar droga a través de la frontera con Venezuela. Otro nombre que suena es el de Carlos Mario Aguilar o 'Rogelio', un mando medio de la 'Oficina de Envigado' que desde hace al menos un año se salió del control de sus antiguos jefes y se ha convertido en un gran poder criminal en Antioquia y el Eje Cafetero. La guerra entre 'Rogelio' y Varela amenazó a finales del año pasado los logros en seguridad que venía mostrando Medellín. No se descarta que los 'Mellizos', también socios de Varela, capitalicen su desaparición, como ya lo hicieron en el caso de algunos jefes 'paras' presos.” Los actores armados en el departamento han tenido numerosos enfrentamientos en los que han perdido hombres de sus propias filas y han asesinado a gente tachada de pertenecer a uno u otro grupo; con esto se ha afectado la movilidad y el abastecimiento de los pobladores de la región 272. Los grupos después de consolidar su territorio en las disputas armadas, y replegar al perdedor, se sitúan en distintos sitios. Se sabe que Palestina, Chocó es un pueblo controlado por la guerrilla así como del San Juan hacia abajo. Desde San Miguel hacia San Juan es territorio de las autodefensas al servicio del narcotráfico. Según las autoridades, el río San Juan es el principal corredor fluvial del sur-occidente colombiano y si no se controla seguirá el narcotráfico en esa zona. Esa estrategia, de bloquear corredores, funcionó vigilando Boca de Pepe y se logró diezmar el paso de cocaína que salía por el río Baudó. Desplazamiento y abandono de tierras En el departamento del Chocó, según cifras de Acción Social, se desplazaron 90,739 personas en el lapso 1997 – 2007, los municipios más afectados son Riosucio (25,611), Quibdó (14,759) y Bojayá (9,000)273. Las personas que acudieron a la iglesia en ese lapso fueron 18,968 y manifiestan haber perdido 184.705 hectáreas. Los municipios con mayor pérdida de tieras son Bojayá (81,718), Istmina (33,362) y Juradó (27,592)274. De estas 18.968 personas 272

Observatorio del Programa Presidencia de Derechos Humanos…Op cit., p. 6. Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República. Tabla “Desplazamiento forzado (por expulsión) 1996 – 2007 datos de Acción Social. 274 Secretariado Nacional de Pastoral Social, Sección de Movilidad Humana Tabla: “Modalidad tenencia de la tierra 1997 – 2007”. Sección de Movilidad humana, Sistema de información sobre población desplazada por la violencia en Colombia “RUT”. Fecha de corte Diciembre de 273

185 desplazadas que acudieron a la iglesia, el 50,53% (9,586 personas) manifiesta haber abandonado sus tierras por la posible incidencia de los grupos paramilitares y/o de autodefensa y el 43,52% (8,256 personas) por la incidencia de las guerrillas275. La modalidad del desplazamiento en el departamento ha cambiado, ha pasado de ser masiva a ser “gota a gota” y una posible explicación es la desmovilización de grupos paramilitares. Estos grupos cometían masacres que generaban el desplazamiento masivo, “La masacre de tres campesinos a manos de paramilitares, ocurrida el 4 de enero de 1998 en Pié de Pato, Alto Baudó, causó una movilidad humana forzada de por los menos 450 personas”.276 El Comandante de Policía advierte que hay desplazamiento de algunas comunidades negras e indígenas (Emberas) desde Piedra Candela, hacia Bellavista. Sobre las zonas rurales empiezan enfrentamientos entre paras y guerrillas que producen desplazamientos de las comunidades negras. Las comunidades colaboran a uno y a otro grupo y esto crea una “guerra fría” en sitios como Vigía del Fuerte y Bojayá, lo que hace que los campesinos sean acusados y hasta asesinados por ser colaboradores de paras o de guerrilleros. Esta gente desplazada, provenientes de medio y bajo Atrato migró a Quibdo hacia los barrios de la zona norte, principalmente la Rocera y los Alamos. Hay mucha población viviendo en el Coliseo de la ciudad y en los silos, después de haber pasado por Escuelas como lugares de paso277. La población de Bagadó se ha desplazado hacia Pereira, Bogotá y la Dorada. Según cifras de CODHES, el departamento del Chocó recibió 60,874 personas en el lapso 1999 – 2005278. Los principales municipios de recepción son Quibdó, con 34,163 personas, Bahía Solano, con 5,370 y Bojayá, con 4,139 personas en el lapso 1999 – 2005279. Hoy en día hay un problema con la recepción de desplazados en Quibdó, porque el gobierno de la capital no tiene la infraestructura para su recepción. Por esta razón en el Chocó han cobrado gran importancia las ONG –nacionales e internacionales- y la iglesia. Según las mismas instancias eclesiales “hay una pérdida de credibilidad en las entidades gubernamentales y agentes estatales, al sentir la negligencia en la implementación de una política pública acertada de prevención de los

2007. 275 Secretariado Nacional de Pastoral Social, Sección de Movilidad Humana Tabla: “Modalidad Tenencia de la Tierra abandonada, por familia y extensión de la tierra, municipios expulsores”. Sistema de información sobre población desplazada por la violencia en Colombia “RUT”. Fecha de corte Junio de 2007 276 Secretariado Nacional de Pastoral Social, Sección de Movilidad Humana “Población en situación de desplazamiento albergada en “El Coliseo” y “Los Silos” en Quibdó, Chocó. Op cit. 277 Secretariado Nacional de Pastoral Social, Sección de Movilidad Humana “Población en situación de desplazamiento albergada en “El Coliseo” y “Los Silos” en Quibdó, Chocó. Ibíd.. p. 11. 278 CODHES Tabla “Número de personas desplazadas por departamento de llegada por trimestre desde 1999 a 2005”. Fuente Sisdhes. Febrero 15 de 2006 279 CODHES Tabla “Número de personas desplazadas por municipio de llegada por trimestre desde 1999 a 2005”. Fuente Sisdhes. Febrero 15 de 2006. P. 113.

186 desplazamientos que pueda contrarrestar los problemas socioeconómicos que la región posee”280. Sobre este punto es necesario decir que la recepción de desplazados no es un problema particular del departamento del Chocó sino un problema nacional. Los pobres y la gente con alguna necesidad optan por inscribirse como desplazados mientras que la gente que realmente lo es, prefiere no inscribirse como tal por el rechazo y la discriminación de ellos mismos y de sus hijos.281 La gente se desplaza, en algunos casos, por la presencia de la Fuerza Pública, porque ven en su presencia un problema de seguridad por las retaliaciones que pueda tomar la guerrilla. Algunos miembros de las comunidades manifiestan que miembros de la Fuerza Pública los interrogan como si fuesen guerrilleros y eso también ha generado desplazamiento282. Uno de los problemas que se ha generado es que se ha controlado la movilidad y la gente se siente presa en sus propias comunidades. Los problemas en el departamento no son solamente a causa del conflicto armado, desde antes de que empezaran los enfrentamientos entre grupos armados había conflicto social que causaba desplazamiento por la marginalidad. “Había comunidades sin maestro y la situación de salud aún es precaria. Se le ha pedido al gobierno que no solamente la seguridad y la defensa es suficiente, hace falta inversión social y frenos a la corrupción. Por otro lado, la gente se acostumbró a las ayudas y no quiere trabajar, prefiere vivir de las asistencias, “el ‘deme’ se convirtió en su forma de vida, rentabilizan su papel de víctimas”.283 Una de las líderes de COCOMACIA dice que es necesario que se ayude a la gente con facilidades crediticias e incentivos productivos pero no se debe acostumbrar a la gente a que por su situación se le deben regalar las cosas. Corrupción La corrupción en el Chocó debe entenderse desde las características culturales de sus pobladores. En la mentalidad de los afro-colombianos prevalece la familia extensa. Estos lazos de solidaridad hacen que los clanes familiares que se disputan el poder político nombren los puestos a su discrecionalidad y convierten la administración regional en botín privado284. La corrupción local no es el único problema del departamento. Hay una ausencia y omisión de los organismos de control, no solo para vigilar la administración pública regional, sino para verificar las concesiones a las empresas que explotan las minas, la palma, la madera y también la 280

“Población en situación de desplazamiento albergada en “El Coliseo” y “Los Silos””. Op cit., p. 7. 281 Apartes de la entrevista de uno de los miembros de la Comunidad COCOMACIA Quibdó, Chocó. Octubre 2 de 2007 282 Estas son algunas de las quejas que llevan los desplazados ante la Defensoría. Apartes de la entrevista con funcionarios de la Defensoría Quibdó. Op cit. 283 Entrevista a líder de COCOMACIA, Quibdó. 284 Miembros de la Comisión Vida, Justicia y Paz. Op cit.

187 biodiversidad de la selva. Es necesario que más que un veto al desarrollo en la región, su avance venga acompañado de una contraloría, procuraduría y defensoría vigilantes. La corrupción en el Chocó se ha convertido en el escenario ideal de los grupos armados ilegales para cooptar las administraciones regionales, desfalcar el presupuesto y sacar provecho. Los caciques escogen a un candidato y lo hacen elegir con los sistemas básicos del clientelismo en el que les dan algo a cambio de su voto. Una de las comunidades relata como familias que han manejado el poder y han estado en otros cargos han acumulado su dinero obtenido de los despilfarros al gobierno.285 Algunas expresiones de los entrevistados muestran la actitud de la gente frente a la corrupción: “el hambre y la necesidad no les deja pensar” “piensan en el ahora y no en el futuro” “Acá la justicia no funciona” “Hay corrupción en todas las instituciones del Estado, la única empresa es la politiquería”. “No se pueden hacer denuncias porque en algunos casos el mismo procurador llama al denunciado a decirle quién lo denuncia. Eso es ganarse la muerte” “Narcos, paras y guerrillas, manejan la política. El gobernador quería renunciar y lo amenazaron que si renunciaba lo mataban porque les había costado mucha plata” “Si los funcionarios fueran de otros sitios del país, funcionarían mejor. No actúan porque lastiman los intereses de las familias extensas”. “Han lanzado gente desde las asociaciones pero, como no dan contrapartida, no los apoyan. Acá los partidos no dejan trabajar a los funcionarios”. Sin embargo, la misma gente pide al gobierno que se deje de ver al Chocó como un caso perdido y que se hagan políticas diferenciales para el departamento286. Por esta razón a pesar de la traumática situación del desplazamiento la gente quiere retornar a recuperar sus tierras porque “Un afro sin tierra es como un afro sin esperanza”287. En las cabeceras municipales de Bellavista y Bojayá ha entrado el gobierno y hace presencia Acción Social y la policía para garantizar la seguridad de esa zona. La diócesis trabaja por los desplazados y les brinda ayuda de emergencia. El Ejército también ha entrado a las zonas que estaban bajo mando de paramilitares y guerrillas con lo que se ha conseguido que la gente retorne288. Miembros de la Comunidad COCOMACIA afirman que, “hace unos años había 30.000 habitantes en el sector rural, hoy hay 17.000. Hay sitios desocupados. Calle larga en Lloró había 30 familias, hoy no hay nadie. En San Jorge la mitad 285

Varios de los líderes relatan como el Sr. Patrocinio que siempre ha estado en cargos públicos hace su campaña dándole formulas médicas a los más pobres para que reclamen su medicina en las droguerías y les da un mercado. Apartes de la entrevista a líderes de las Comunidades en Quibdó. 286 Uno de sus clamores es que se desarrolle la etno–educación para las comunidades en donde se les enseñe de su historia, sus riquezas y de la importancia de su territorio y el compromiso que tienen con la conservación de su entorno. 287 Eliécer Banguero de Indepaz, en “Los afrocolombianos y la defensa de sus derechos” PNUD Op cit. P. 7. 288 Apartes de la entrevista la Comandante de Policía departamental Quibdó Op cit.

188 de la población se desplazó, algunas familias retornaron. En el caso de Canaletes había 29 familias, ahora hay 4. Los retornados lo han hecho por su propia cuenta. Algunos desplazados de Lloró vinieron a Quibdó, otros fueron al casco urbano, retornaron por su cuenta porque nadie los ayudó.”289 A Bojayá, la gente quiere retornar pero los territorios están minados y eso genera desconfianza. Uno de los mayores obstáculos para la Policía ha sido recobrar la confianza de la gente, aunque prefieren que haga presencia la Fuerza Pública porque en esas zonas hay cultivos, zonas de procesamiento y la guerrilla quiso tomar una posición de Estado; sin embargo, en estos sitios la presencia de la Fuerza Pública representa una amenaza porque en el pasado la guerrilla al querer acabar con la presencia estatal, perjudicaba a la población. Por esta razón las Comunidades de Paz o de Resistencia no aceptan ningún grupo armado ilegal como tampoco aceptan la presencia de la Fuerza Pública. En síntesis La riqueza natural y geográfica del Chocó más que proporcionar beneficios económicos para la región, ha significado el rezago, la violencia, las bajas condiciones de vida y la pérdida de tierras de los nativos. La tierra como eje del conflicto en el departamento se puede convertir en su solución. Los territorios colectivos tienen que ser repensados para garantizarle a los nativos una vida digna y sin amenazas. Es necesario que se haga un trabajo de socialización de la Fuerza Pública y los pobladores con un control vigilante, atento y sancionatorio por parte de los organismos de control. Este control tiene que darse primero, en las concesiones con las empresas que explotan los recursos, aquí es necesario que las negociaciones tengan un compromiso de inversión en la región como se ha hecho, por ejemplo, en la Guajira donde a las empresas que explotan los recursos salinos y carboníferos se les obliga a construir viviendas, vías y en general infraestructura en la región de explotación. El control también tiene que ser fuerte en el manejo administrativo regional. La corrupción ha contribuido al atraso y a que hoy sea el departamento con mayores Necesidades Básicas Insatisfechas del país, 79,1%. Si bien el robo de tierras por los grupos armados ha sido una constante en el país, el problema en el Chocó es diferente porque los territorios afectados, en su mayoría, son territorios colectivos. Estos territorios que han sido ocupados de facto para cultivar, procesar y traficar drogas ilícitas ó para desarrollar alguna actividad empresarial en desmedro de la población nativa, tienen que ser identificados para poder empezar un proceso de responsabilidad por parte de las empresas. En las versiones libres de los paramilitares desmovilizados, empresas de agroindustria han reconocido los pagos a estos grupos a cambio de protección. Es necesario que después de que los jefes paramilitares entreguen tierras en esta región y después de que las empresas sean sancionadas por su “colaboración”, se invierta el dinero en la relocalización de las familias desplazadas afrocolombianas e indígenas en zonas donde estén 289

Entrevista a líderes de COCOMACIA, Quibdó.

189 protegidas por el Estado, para que los grupos armados, ahora al servicio de narcotráfico, no los vean como colaboradores de uno u otro grupo y sean amenazados, desplazados o asesinados y tengan que, nuevamente, las comunidades abandonar sus territorios. ANEXO 1 DESPLAZADOS Y HECTÁREAS ABANDONADAS EN MUNICIPIOS DEL CHOCO 1997-2007 HECTÁREAS HECTÁREAS ABANDONADAS TOTAL ABANDONADAS POR LA HECTÁREAS POR LA INCIDENCIA DE ABANDONADAS INCIDENCIA DE OTROS GRUPOS GRUPOS DESPLAZADOS PARAMILITARES ARMADOS Datos de Acción Datos de Pastoral Datos de Datos de MUNICIPIO Social Social Pastoral Social Pastoral Social QUIBDO 14,573 3,524.64 3,995.42 7,520.06 ACANDI 2,492 625.86 665.00 1,290.86 ALTO BAUDO (PIE DE PATO) 4,583 3,807.00 545.02 4,352.02 ATRATO 794 BAGADO 3,696 752.00 1,223.04 1,975.04 BAHIA SOLANO (CIUDAD MUTIS) 168 5.00 5.00 BAJO BAUDO (PIZARRO) 1,517 70.00 140.02 210.02 BOJAYA (BELLA VISTA) 8,996 40,064.66 41,714.63 81,779.29 CANTON DE SAN PABLO 18.00 5.00 23.00 CONDOTO 1,174 234.08 100.00 334.08 EL CARMEN 2,252 234.00 589.05 823.05 LITORAL DE SAN JUAN 640 76.00 460.80 536.80 ITSMINA 2,631 5,115.85 32,525.91 37,641.76 JURADO 1,744 25,669.00 1,922.54 27,591.54 LLORO 2,722 1.00 1,541.01 1,542.01 NOVITA 1,452 310.00 1,724.34 2,034.34

190 NUQUI RIOSUCIO SAN JOSE DEL PALMAR SIPI TADO UNGUIA TOTAL

684 25,512

66.00 8,606.10

115.00 4,765.14

181.00 13,371.24

2,414 112 2,280 3,625 84,061

719.50 1,246.29 3,144.09 94,284.07

1,011.14 1,797.59 1,778.03 96,623.68

1,730.64 3,043.88 4,922.12 190,907.75

El despojo de tierras en Meta Compra de bienes por narcotraficantes La historia de los paramilitares en el departamento va ligada a la llegada y compra de tierras por el zar de las esmeraldas, Víctor Carranza y por Gonzalo Rodríguez Gacha y otros narcotraficantes en la década de 1980. Carranza se estableció en Puerto López, pero compró propiedades en todo el departamento, como la finca “Cabiona”, “La Portuguesa” y “El Porvenir”, la primera de ellas con 30.000 hectáreas en límites con el Vichada, en terrenos de altilllanura. “A Carranza le gustaba comprar tierras con problemas”, comenta uno de los entrevistados y esta tenía problemas por el abigeato de las FARC. Víctor Carranza compró en los municipios de San Martín, Granada, Puerto López y Puerto Gaitán y su expansión territorial estuvo acompañada de la organización de fuerzas paramilitares290 como los denominados “Carranceros” y los “Masetos”. Dos de los entrevistados afirman que “persisten las tierras de Carranza, él está limpio a pesar de que fue quien inició las autodefensas para defender su territorio”. Uno de los funcionarios de la Gobernación del Meta291 afirma que “la llegada de los esmeralderos fue a Cubarral, donde Carranza compró la mina de cal e hizo que una pequeña región se convirtiera en el municipio del Dorado. Se conformaron autodefensas privadas para cuidar el territorio y, en ocasiones llegaba la guerrilla y volaba la mina de su propiedad”. Leonidas Vargas también compró tierras en el departamento, diferenciándolas con enormes portales de cemento adornados con toros de lidia. La modalidad de adquisición consistía en ofrecer un precio exorbitante por las tierras, en especial las de altillanura por su aptitud para la cría extensiva de ganado. 292 Modalidad que fue utilizada por narcotraficantes y esmeralderos que compraron tierras en este territorio y en 1997 se ubicaban en los municipios, además de los señalados, en Villavicencio, Acacias, Castilla La Nueva, Cumaral, Restrepo, San Juán de Arama, Lejanías y Fuente de Oro.

290

Alejandro Reyes “Compra de tierras por narcotraficantes” Francisco Thoumi (Ed.) Drogas ilícitas en Colombia. DNE PNUD. Bogotá 2007. p. 323 –324. 291 Entrevista realizada en la Secretaria de Agricultura de la Gobernación del Meta. Villavicencio, Meta. Noviembre 13 de 2007. 292 Entrevista realizada a un investigador de la Universidad de los Llanos. Villavicencio, Meta. Noviembre 16 de 2007.

191 Uno de los entrevistados afirma que el eje San Martín – Pto López, no por la vía de la sabana sino por la Serranía, era un trayecto que estaba lleno de laboratorios y no había ninguna presencia del Estado. Esa fue una zona de dominio guerrillero y fue el lugar donde se asentó Gonzalo Rodríguez Gacha, alias “El Mexicano”, que compró esas tierras con dinero del narcotráfico y armó grupos paramilitares en alianza, en distintos momentos, con los hermanos Alape, Albarracín y –los herederos de Rodríguez Gacha- Jesús María Pirabán, “alias Pirata”, y alias Camisanegra293. Así mismo, tras la disputa de territorios con las FARC, miembros del Frente 16, a principios de 1980, incineraron la finca “Cabionas” propiedad de Rodríguez Gacha. Luego de esto uno de los trabajadores de Carranza fue el encargado de verificar los daños, esta persona era José Baldomero Linares, conocido bajo el alias de “Guillermo Torres”294 quien más tarde se convirtió en el comandante de las Autodefensas del Meta y Vichada y quien en el momento de su desmovilización (2005) se presentó “como una organización local, independiente, campesina, histórica y desligada del narcotráfico”295 Tras la muerte de Rodríguez Gacha, se desarrolló como narcotraficante Héctor Buitrago, padre de Martín Llanos, en remplazó de alias “El Mexicano”. Ellos ejercieron un domino territorial con base en el narcotráfico y asentaron grupos paramilitares para cuidar los cultivos, los laboratorios y las rutas. Paramilitares El grupo de narcotraficantes, a la cabeza de Martín Llanos, (“Los Buitragueños”) heredero de su padre, disputaban los territorios con las guerrillas, aunque su interés no consistía en hostigar a la población, solo les preocupaba cuidar el negocio del narcotráfico. La violencia en el departamento empieza a presentarse en el momento en que las AUC hacen una avanzada desde el Urabá (“Los Urabeños”) con Miguel Arroyave a la cabeza, que entra al departamento por las costas del Río Guaviare. Con las masacres de Mapiripán y Puerto Alvira se marca el inicio de una época sangrienta y de barbarie 296 en la que el Bloque Centauros, de Arroyave, se disputa el poder con las Autodefensas de Martín Llanos, con las Autodefensas del Yarí y con las FARC297. Uno de los entrevistados lo narra así: “Había un asentamiento de paras llaneros y llegaron los paras paisas, cuando entraron en choque, las contradicciones fueron por el dominio de territorios con coca. Ahí empieza la guerra entre paisas y llaneros, y aparece la más grande arremetida de los grupos que llegaron de Urabá bajo el mando de Arroyave contra Martín 293

Gustavo Salazar, Paramilitarismo: una aproximación a sus orígenes y evolución 1980 – 2999. Editorial Mimeo. Bogotá 1999. Citado por Juan Carlos Garzón, “Desmovilización de las Autodefensas del Meta y Vichada. Fundación Seguridad y Democracia. Bogotá Agosto 11 de 2005 294 Apartes de entrevista en Villavicencio, Meta. 295 Garzón 2005. Ibíd. 296 Para ver la degradación del conflicto y las barbaries a las que eran sometidos menores de edad en “escuelas” de entrenamiento en el Meta léase “Cuando el diablo se les metió a los ‘paras’”. Periódico El Tiempo. Domingo 25 de noviembre de 2007. Pp. 1-2. 297 El Tiempo “Este era el imperio de Miguel Arroyave en el Meta”. Septiembre 21 de 2004.

192 Llanos”. “En ese proceso de guerra empieza la migración de la gente de los Llanos hacia el norte, buscando Casanare. El territorio se llena de muertes en batalla. Entre abril - junio de 2004 ocurren las últimas peleas de Martín Llanos entre Meta y Casanare por el sector de Barranca de Upía. En esas últimas peleas hubo 2000 muertes en 2 meses. Algunos de esos muertos fueron traídos en volquetas hasta Puerto López. Esa guerra, causa la transformación de la tierra en el Meta por su crudeza.” Las bases sociales de los llaneros se ven amenazadas por la arremetida de Arroyave, y los hombres de su confianza se quedan con esas tierras, que son grandes extensiones de suelos de serranía, arenosos y sin contenido de nutrientes, pero que sirven para la ganadería extensiva. “Actualmente eso es lo que hay, una vez muerto Arroyave quedan sus tierras en manos de su gente”, afirma uno de los entrevistados. La Serranía de La Macarena298 es una de las áreas que en el año 2004 tuvo el mayor índice de hectáreas sembradas con cultivos de coca (18.800 Has 299) en lo que se conoce como el “efecto globo” que desplazó los cultivos desde el sur (Putumayo – Caquetá) hacia el Meta, principal pero no exclusivamente. Las tierras en zonas de cultivo y de procesamiento de droga o en áreas contiguas, fueron también uno de los intereses estratégicos de los narcotraficantes. Se sabe de la compra de tierras con estas especificidades en El Calvario, San Juanito, y Lejanías (amapola); en el sur de Puerto Gaitán, Macarena, Vista Hermosa, Puerto Lleras, Puerto Rico y San Martín (Coca).300 Bandas Emergentes En el departamento los cabecillas de las bandas emergentes son “Macaco”, Miguel Ángel Ospino Guerrero, alias “Palaguas” y alias “010” del grupo Cooperativa de Seguridad Meta y Vichada, desmantelada a finales del 2007. Cada uno de los grupos respeta los territorios de los otros y pagan impuestos. Uno de los funcionarios de inteligencia afirma “si los paras pasaban por territorios de la guerrilla pagaban y viceversa”. La revista Semana saca a la luz como una nueva tercera generación de ex–paras narcotraficantes ahora controla el negocio de la droga, “El nuevo enemigo es un monstruo de dos cabezas: tiene la ambición desmedida de los mafiosos, y la crueldad sin límites de los paras. Su rastro de sangre se siente en varias zonas del país donde están dispuestos a matar a quien sea con tal de mantener el control del territorio y las rutas. Tienen desde ejércitos hasta oficinas de cobro. Corrompen lo que esté a su paso, desde policías y soldados, hasta políticos y fiscales. Quieren convertirse en un proyecto nacional y poner en jaque a las autoridades. Los nombres de los nuevos capos ya se empiezan a ver impresos 298

Para un análisis sobre la política de erradicación en la Serranía de La Macarena véase, Santiago González Plazas La erradicación manual de cultivos ilícitos en la sierra de La Macarena: un ejercicio sobre la futilidad de las políticas. Centro de Estudios y Observatorio de Droga y Delito -CEODD-. Facultad de Economía Universidad del Rosario. Editorial Universidad del Rosario. Bogotá, junio de 2007. 299 ONUDD Colombia Monitoreo de cultivo de coca. Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. 2005 300 Reyes Op cit. p. 324.

193 en las primeras páginas de los periódicos. Los 'Mellizos', 'Don Mario', 'Capachivo', y el 'Loco' Barrera son apenas los más destacados. Actualmente, según información de la Policía, en el departamento actúa la Banda Criminal –BACRIM– ERPAC -Ejército Revolucionario Popular Antiterrorista de Colombia- con influencia en Meta y Guaviare. Es una organización de 600 hombres que comanda Pedro Oliveiro Guerrero, alias “Cuchillo”301 ó “Didier”, que no se desmovilizó, pero que se ha ido apoderando de las rutas que manejaba en las Farc el Negro Acacio302. En el Meta tiene influencia en Puerto Rico y Vistahermosa que dan cuenta también de la creciente presencia de este ex líder paramilitar en la región del Ariari. Un habitante de Santo Domingo, uno de los caseríos más grandes de Vista Hermosa, aseguró que la intención de Oliveiro Guerrero es dominar a sangre y fuego las zonas que antes eran de completo control de los frentes 27 y 43 de las Farc303. Uno de los entrevistados afirma que hay una confrontación armada por la disputa del territorio en los márgenes del Río Manacacias entre el ERPAC y la Cooperativa de Seguridad de Meta y Vichada. También, según información de la Policía departamental, está la banda “Los Paisas” al mando de Éver Veloza García alias “Hernán Hernández”, “HH” o “Carepollo” con influencia en Barranca de Upía en límites con el departamento de Casanare y Cundinamarca. Funcionarios de la Defensoría 304 afirman que la banda de “Los Paisas” pertenece a Vicente Castaño y actúa como una empresa de seguridad. Uno de los entrevistados afirma que “cerca del 70% u 80% del territorio es controlado por ‘Cuchillo’, él ayudo a la Fuerza Pública a capturar a Daniel Rendón Herrera alias ‘Don Mario’. Es una extraña coincidencia pero se evitó una guerra más grande”. Comenta, además, que el “Loco Barrera” apoyaba a “Cuchillo” y no se ha logrado establecer si tienen un acuerdo de no agresión o se apoyan. Lo que es claro es que el interés de las bandas emergentes gira en torno al negocio de las drogas ilícitas y han empleado la mano de obra de los desmovilizados que no han querido reinsertarse. El Ministerio de Defensa, en uno de sus comunicados afirma haber debilitado la estructura de “Los Paisas” y haberla reducido a banda delincuencial al dar de baja a varios de sus miembros305. Sin embargo uno de los funcionarios de la Defensoría manifiesta que la influencia de estos grupos es creciente y se han presentado asesinatos selectivos entre bandas. “Vistahermosa - Puerto Lleras - Puerto Rico, en el 301

Reconocido por asesinar a Miguel Arroyave para quedarse con el poder de los grupos paramilitares de Meta y Guaviare. 302 FAC “Guerra a muerte libran capos de tercera la generación tras golpes al cartel del norte del Valle” Periódico El Tiempo 6 de abril de 2008. 303 El Tiempo “Pedro Oliveiro Guerrero, alias ‘Cuchillo’, aumenta presencia en la región del Ariari. Periódico El Tiempo Marzo 26 de 2008. 304 Apartes de la entrevista con funcionarios de la Defensoría del Pueblo. Villavicencio, Meta. Noviembre 13 de 2007. 305 Mindefensa “Decimoquinto informe de control y monitoreo de los desmovilizados de los grupos ilegales” Ministerio de Defensa. Septiembre 5 de 2007. Disponible en: http://www.mindefensa.gov.co/index.php? page=426&id=6064&PHPSESSID=28d502f09da58152e0629f9e1caea200

194 centro del departamento, se conoce como el ‘Triagulo de las Bermudas’ por las desapariciones atribuidas a las nuevas bandas”. Desmovilización En el departamento se desmovilizaron las Autodefensas Campesinas de Meta y Vichada, con influencia en los dos departamentos, al mando de José Baldomero Linares, el 6 de agosto de 2005 y el Frente Héroes del Llano, al mando de Manuel de Jesús Piraban, el 11 de abril de 2006.306 Según oficiales de la Policía, ha mejorado la seguridad en las zonas rurales y en la zona urbana, pero hay muchos desmovilizados que tienen incertidumbre sobre qué ponerse a hacer. Sin embargo otros grupos como el de alias “Cuchillo”, que no se desmovilizaron, ahora quieren controlar todo el territorio. La creación de las BACRIM ha tenido incidencia en el área urbana y se han peleado territorio entre ellos mismos. Algunas personas no se sienten afines a las AUC, a pesar de haber estado en territorio de su influencia. Sin embargo, las bandas saben que las AUC dejaron base social y llegan nuevamente a sus terrenos de influencia. Uno de los funcionarios de la Gobernación afirma que en San Juan de Arama se establecieron predios para desmovilizados en las fincas de Rodríguez Gacha (Agrovalle y Bariloche) y muchos temen por las retaliaciones de las que pueden ser objeto por las bandas activas. A los desmovilizados se les están brindando beneficios para estimular su desmovilización. Algunos de los entrevistados afirman que “a los desmovilizados se le dan privilegios que a los desplazados no”. Sin embargo, la reinserción ha sido un proceso difícil, algunos han sido asesinados, otros han encontrado trabas a la hora de buscar empleo y las demoras en los pagos han sido la excusa para reincidir en actividades delictivas. Hay también problemas administrativos porque en el registro de los usuarios desmovilizados muchos han presentado documentación falsa. Tierras En el Meta la tierra se ha adquirido bajo diferentes métodos. Primero, la sobre valoración de la tierra cuando los narcotraficantes ofrecían precios superiores a su costo real en la década de 1980 e inicio de 1990. Luego, según uno de los funcionarios de Acción Social, las autodefensas presionaron a la población para apropiarse de las tierras y también para traspasar las escrituras y legalizarlas. Actualmente los grupos de autodefensas no desmovilizados y las bandas emergentes no tienen un interés por tierras, sino en el control territorial sobre el cultivo, el procesamiento y el tráfico de drogas.307 Según uno de los investigadores de la Universidad de los Llanos, “en el Meta hay escasez de tierras fértiles, a excepción del piedemonte, que se encuentra a 306

Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Proceso de paz con las autodefensas. Informe ejecutivo. CD. Diciembre de 2006. 307 Apartes de la entrevista en el Comando de la Policía. Villavicencio, Meta. Noviembre 14 de 2007

195 600 metros sobre el nivel del mar, los 100 kilómetros siguientes hacia el oriente son los terrenos más fértiles del departamento, son mas arcillosos y tienen mayores nutrientes que enriquecen el suelo. Esas cualidades del suelo determinaron los sitios de asentamientos y también la agricultura progresiva y los cultivos transitorios de arroz, soya. De Puerto López hacia el oriente los suelos de sabana tienen dos componentes, son terrenos de altillanura y son suelos pobres, pero tienen la cualidad de favorecer el tránsito de transporte terrestre sin la necesidad de que existan carreteras; en el departamento también están los bosques de galería, que son fácilmente sostenibles, por la irrigación y fertilidad de los ríos. Sobre esas zonas es que se ha abierto la frontera agrícola en el departamento”308. El departamento cuenta con 5.406.601 hectáreas con vocación agropecuaria y se emplean 381.798 (7.06%) en agricultura y 4.337.291 (80,2%) en labores pecuarias.309 El departamento está compuesto en buena parte por suelos de sabana310. En algunas de estas zonas hay inversión de personas del Valle con negocios limpios que están trabajando en el departamento. Según uno de los entrevistados, están los arroceros con condiciones difíciles porque los créditos han sido restrictivos y para los próximos años entra a funcionar el convenio FUNDALLANURA, con grandes inversiones colombianas y de la fundación del Mato Grosso de Brasil con una inversión total de 100 millones de dólares. Sin embargo el departamento también ha servido para el lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Uno de los entrevistados afirma que “en la vereda San Fernando, municipio de Puerto Concordia hay alrededor de 2000 Has dedicadas a palma de aceite y todo el mundo dice que eso es de ‘Cuchillo’. Se tendría que analizar quiénes son los propietarios originales, cómo las vendieron y porqué”. Uno de los funcionarios de la Secretaria de Agricultura311 de la Gobernación afirma que “hay zonas como Casibare, en el municipio de Puerto Lleras, que es una zona donde hubo presencia paramilitar y hoy hay cultivos de palma”. Un funcionario de Acción Social312 afirma que “se están legalizando capitales a través de la palma. Hay una pelea entre “Cuchillo” y “Macaco” por los territorios de palma africana. El gobierno fumiga las plantaciones de coca y ha propuesto algunos canjes de coca por palma, pero detrás de los cultivos de palma hay enormes capitales y se necesitan enormes extensiones de tierra. De 308

No hay grandes asentamiento en las laderas del río Meta y no hay presión sobre esas tierras pues la respuesta de los cultivos ilícitos no es buena, es un río sin coca. Es la conexión fluvial mas importante que llega hasta Puerto Ordaz en límites con Venezuela que está sobre el Orinoco. Apartes de la entrevista con un investigador de la Universidad de los Llanos. Villavicencio, Meta. Noviembre 16 de 2007. 309 DANE Información estadística “Superficie total y aprovechamiento de la tierra” . Totales Nacionales y departamentales – 2004. 310 En las tierras de sabana hay condiciones para que se puedan quemar los terrenos sin que represente un daño sustancial, a esto se le conoce como “ecosistemas de fuego” que fue una práctica de los indígenas en la que a través de las quemas se renuevan los nutrientes de la tierra mientras que los indígenas hacían largos desplazamientos que duraban menos de un año, tiempo suficiente para que se restableciera el terreno. Sin embargo, la ley prohibió la quema y es necesaria para el brote tierno del pasto. Apartes de la entrevista con un investigador de la Universidad de los Llanos. Ibid. Noviembre 16 de 2007. 311 Secretaria de Agricultura Gobernación del Meta Villavicencio, Meta. Noviembre 14 de 2007. 312 Entrevista realizada a un oficial del Programa Protección de Tierras y Patrimonio de Acción Social. Octubre 31 de 2007.

196 estas zonas han sido desplazadas personas a la fuerza para cultivar la palma, tomando ventaja de la precariedad de los títulos de propiedad. Con los cultivos de palma hay también un “repoblamiento laboral” en la medida en que se trae gente de otros departamentos para trabajar. Los cultivos de palma, caucho y caña de azúcar requieren de mano de obra técnica calificada. En las zonas de piedemonte en el área de Cumaral existen cultivos de palma y por falta de mano de obra, están trayendo gente de Tumaco. En Cumaral hay alrededor de 75 familias de afro-colombianos que traen de allá y en el pueblo se están creando ghettos.313 Sin embargo, es importante diferenciar que “la palmicultura existe desde antes de que los paras estuvieran acá, lo que no existía era el desarrollo de zonas de palma en territorios donde no había antecedentes de cultivos de alguna cosa. Es decir la palma se convierte en el primer producto”, afirma el investigador de la Universidad de los Llanos. El funcionario de Acción Social manifiesta que “uno de los problemas sobre la tierra en el departamento es que quienes han sido obligados a abandonar sus tierras son poseedores y/o ocupantes, que no tienen papeles de sus predios. Algunos de esos pequeños propietarios han visto como en sus territorios hay palma y han sido forzados a abandonar, una de las desplazadas que llegó al Meta afirma “hay que seguir las normas de quien esté”. Uno de los funcionarios del INCODER314 afirma que “hay abandono forzado pero no robo de tierras, esas tierras no son reapropiadas por escritura.” Sin embargo uno de los entrevistados afirma que hay influencia por coacción de los grupos armados en algunos traspasos de propiedades, en la medida en que tienen influencia en oficinas de registro y en dichas oficinas se “legalizan” las propiedades y actúan como intermediarios en la compra y venta de las tierras en las zonas de su dominio. Tanto guerrillas como paramilitares han cumplido funciones de “Estado”. “Los campesinos afirman “la junta me dio esta tierra para que la trabajara”, la guerrilla les ha dado hasta certificaciones a los campesinos sobre las tierras que les otorga y en algunas ocasiones llevan estos documentos para proteger sus territorios. Funcionarios de la Defensoría del pueblo manifiestan que “los paramilitares han coaccionado a la población a que trabaje para ellos, especialmente en zonas de cultivos ilícitos; han llegado a algunas zonas, sacan a la guerrilla y a su base social y repueblan con gente de su confianza”. En áreas de colonización no hay títulos de propiedad del territorio y se hace difícil comprobar la veracidad de la propiedad a través de testimonios. “En algunos casos, los desplazados traen carta-ventas con la descripción del predio y los linderos del terreno hechas a mano y firmadas por ellos mismos.” Uno de los funcionarios de la Defensoría afirma que “no ha existido una política de clarificación del dominio y eso ha dificultado la protección legal. El INCODER se ha concentrado en la adjudicación de terrenos provenientes de procesos de extinción de dominio y en la compra de tierras, y ha descuidado la titulación de 313

Apartes de la entrevista a un investigador de la Universidad de los Llanos Op cit. Apartes de la entrevista a funcionarios del INCODER Meta, Villavicencio, Meta. Noviembre 13 de 2007 314

197 predios, que se ha convertido en un proceso lento. Dos de los entrevistados coinciden en que “el gobierno ha sido muy legalista a la hora de hacer la comprobación de la propiedad sobre la tierra”; hay mucha gente desesperanzada en recuperar sus tierras y se ha desplazado a otros sitios. El INCODER no tiene en cuenta los intereses de las familias desplazadas y desconoce los estipulado por el Decreto 2007 del 2001 en el que se tiene que reconocer la tierra así no haya escrituras.” 315 Uno de los casos que se han presentado cuando se han adjudicado predios provenientes de procesos de extinción de dominio –San Martín y Puerto López– es que se ha dejado en provisionalidad a los trabajadores de las fincas y ellos se han apoderado de los territorios, de modo que cuando llegan los nuevos propietarios han sido amenazados. El investigador de la Universidad de los Llanos manifiesta que, “lo prioritario es desestimular la productividad en sitios por fuera de la frontera agraria, es preocupante desarrollar ganadería en la cuenca amazónica, no se pueden hacer proposiciones irresponsables como algunos políticos del Amazonas que quieren implementar proyectos ganaderos en esa zona. Esos suelos son de baja fertilidad y la ganadería en esos suelos no funciona”. Guerrillas El departamento tiene una larga historia de presencia guerrillera 316 y ejercen influencia el Bloque Oriental y el Estado Mayor del Bloque Oriental (EMBO).317 Según información de la Policía actualmente en el departamento hacen presencia los frentes: -

315

Frente 40, con influencia en La Uribe, La Julia, Jardín de Peñas, Mesetas y Lejanías, entre la Cordillera Oriental y la Serranía de la Macarena.

Entrevista Defensoría del Pueblo, Villavicencio. El departamento ha tenido una importancia estratégica para la Guerrilla y ha sido lugar de celebración de las más importantes Conferencias Guerrilleras. La segunda conferencia tuvo lugar en la región del Duda en 1966, allí se creó el Estado Mayor y se adoptó el nombre de las Fuerzas Revolucionarias de Colombia FARC. En las décadas de los setenta y ochenta hicieron presencia en el departamento los frente 1, 2, 3 y 7 e hicieron varias acciones como el secuestro de un biólogo norteamericano (Richard Starr) en la Macarena en 1976, la toma de Vistahermosa en 1977, la emboscada de Puerto Crevaux en 1980. En el Guayabero, en 1982, se celebró la Séptima conferencia, la más importante y estratégica para las FARC en la medida en que el desdoblamiento de frentes adoptado allí les sirvió para tener un mayor control territorial que les evitaría repetir emboscadas como la de Marquetalia. Así mismo en esta conferencia adoptaron el nombre de FARC – Ejército del pueblo y determinaron el despliegue estratégico de la organización en la Cordillera Oriental. Para un análisis de la presencia histórca de las guerrillas en el departamento véase Eduardo Pizarro León Gómez El Frente Nacional: Las ilusiones de la paz. Las FARC (1949 – 1966) De la autodefensa a la combinación de todas las formas de lucha. IEPRI Universidad Nacional – Tercer Mundo Editores 1992. y Panorama Actual del Meta. Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH. Vicepresidencia de la República – Plan Colombia Fondo de Inversión para la Paz. 317 Para ver estructura, ideología estrategia y proyección de las FARC. Véase, Juan Guillermo Ferro Medina y Graciela Uribe Ramón El orden de la guerra. Las FARC – EP entre la organización y la política. Centro Editorial Javeriana, 2002 316

198

-

Frente 27, con influencia en Vistahermosa, Piñalito y Campoalegre, al margen derecho de la Serranía de la Macarena.

-

Frente 43 con influencia en el norte y centro del departamento en los municipios de Puerto Rico, Puerto Lleras al mando de “Jhony 40”.

-

Frente 44, con influencia hacia el sur, en límites con el Guaviare, en el municipio de Mapiripán.

-

Frente 7, que opera desde el Guaviare.

-

Frente 39, en límites con el Vichada hacia el oriente

-

Frente 31, con influencia en el norte del departamento, en límites con el Casanare.

-

Frente 53, en límites con Cundinamarca, sobre la Cordillera, hace presencia en el municipio de la

Sin embargo, “ya no hay núcleos grandes de las FARC, pues el ejército los ha dado de baja. La detección de guerrilla en esta zona es fácil por el despliegue aéreo. La muerte de alias el “Negro Acacio” les quebró las finanzas del oriente. Actualmente la Fuerza Pública ha efectuado operaciones con más de 10 bajas que han diezmado el poder militar de la organización.” Uno de los oficiales de la Policía departamental afirma que actualmente, las FARC hacen presencia a través de milicias que “son jóvenes que llegan y hacen un daño parcial, sacan provecho y luego siguen su vida civil normal, no hacen parte del ala militar y les dan información de inteligencia. Hoy para encontrarlos toca viajar 12 horas, están lejos de los asentamientos rurales. Esto ha permitido que las comunidades estén esperanzadas por los laboratorios de paz de estas zonas”, comenta el investigador de la Universidad de los Llanos. Hay menor incidencia de la guerrilla y está más arrinconada, pero hacen presencia, aunque con menos influencia sobre las poblaciones urbanas y asentamientos rurales. Uno de los entrevistados afirma que “durante la época de la zona de distensión los pobladores pagaban las cuotas con dinero o con ganado, había un dominio total, hoy no se ve eso”. Por el contrario hay acceso a más información y más identificación sobre localización y operaciones. A la guerrilla se le capturó alias “el fiscal” quien cumplía un papel de fiscalizador de control territorial y estaba al tanto de quienes había en su área y su ubicación. Desplazamiento En el lapso 1996 a 2007, según cifras de Acción Social, el departamento del Meta tuvo un total de 74,171 personas desplazadas. Los municipios con mayor expulsión son Vistahermosa (13.562), Mapiripán (7,604), Puerto Rico (7.569),

199 El Castillo (4,643), La Uribe (4,445) y La Macarena (4,004)318. Del total de la población desplazada en el departamento (74,171) el 29% (21,519) opta por ir a la iglesia en el momento del desplazamiento. Este total de personas manifiesta haber perdido 98,396 hectáreas de tierra y el 61,9% (13,331 personas) de ellas, manifiesta haber abandonado sus tierras por la incidencia de las guerrillas, mientras que el 39% (5,205 personas) manifiesta haberlo hecho por la incidencia de los grupos paramilitares Uno de los funcionarios del Programa de Protección de Tierras afirma que “La gente no identifica claramente al agresor. Diferencian si es guerrilla de paramilitares, pero cuando se les pregunta sobre qué grupo paramilitar es, no saben”. Esto dificulta el proceso de restitución de tierras en la medida en que este proceso tiene en cuenta las estructuras desmovilizadas y a partir de sus confesiones se le devuelve la tierra a quien fue usurpada. Hay incidencia del desplazamiento en el piedemonte, lugares como El Castillo tienen alto desplazamiento, afirman funcionarios de Acción Social y de la Defensoría del Pueblo. “En el municipio de El Castillo salieron 700 familias de Medellín del Ariari hacia otros poblados. Las familias salieron entre 2001 y 2002 y en 2004 algunos han retornado. La gente retorna a pesar de que el Estado ha dicho que esas zonas no son seguras”. El gobierno previene a la gente que retorne de manera espontánea porque los grupos al margen de la ley, especialmente las guerrillas, han minado los territorios con cargas explosivas para evitar la acción de la Fuerza Pública. Los principales afectados han sido menores de edad. Los municipios del Meta con mayor incidencia de minas antipersona (MAP) y munición sin explotar (MUSE) son Mesetas, La Macarena, Puerto Rico, Vista Hermosa, Lejanías y San Juan de Arama319 Hay desplazamiento también por la fumigación de los cultivos ilícitos. Este desplazamiento no es forzado sino voluntario por parte de los cultivadores y raspachines que se van a zonas más remotas para evitar la fumigación y los hostigamientos de la Fuerza Pública. Esta población coquera proviene, principalmente, del Guaviare y del Vichada, afirma uno de los funcionarios de Acción Social. La campaña de erradicación ha hecho que los cultivos cada vez estén más fragmentados y más lejos. “En Mapiripan, en este momento, el gobierno esta erradicando”, afirma un oficial de la Policía Hay desplazamiento también por las amenazas del Ejército, que ven en la población posibles informantes de las guerrillas. Este caso, en particular, es muy difícil de manejar por parte de la Fuerza Pública, porque muchas veces presionan a gente que no respalda o apoya a las FARC sino que se somete a sus órdenes por miedo. Sin embargo, en esta zona la guerrilla utiliza gente de civil como milicianos para hacer tareas de inteligencia. 318

Acción Social. Tabla “Desplazamiento forzado por expulsión 1996 – 2007”. Cifras oficiales de Acción Social procesadas por el Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia. 2007. 319 Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia “Acción integral contra las minas estrategia frente a la situación de MAP y MUSE en el departamento del Meta”. Vicepresidencia de la República. Disponible en: http://www.derechoshumanos.gov.co/modules.php? name=informacion&file=article&sid=445

200 En el departamento también hay desplazamiento “gota a gota” intra departamental, especialmente, por el reclutamiento de jóvenes que son llevados a la fuerza y tanto grupos paramilitares como guerrilleros utilizan este mecanismo en el que son amenazadas y desplazadas las familias si no aceptan. “Hay zonas en el departamento en que solo se permite cultivar coca y toda la gente le guarda lealtad al grupo armado que tenga el control territorial. La gente de esas zonas es de su confianza. Han expulsado gente de esos lugares y han repoblado con su propia base social.” Los territorios indígenas no han sido tan afectados como en otras regiones del país. Sin embargo, según funcionarios del INCODER Meta, hay dos casos específicos en los que han sido desplazadas las comunidades Guayabera, en las riberas del río Guaviare y el río Guayabero por presión de las FARC. Esto ha causado que las comunidades se hayan desplazado hacia las cabeceras municipales, “Los Guayabero de Caño Ceiba se están desplazando actualmente hacia el resguardo Caño la Sal en Puerto Concordia y otros sitios, en el casco urbano de San José del Guaviare. Los sitios donde están los indígenas son de jurisdicción de Puerto Rico y Puerto Concordia, Meta” El río Guaviare, que limita con los departamentos de Guaviare, Meta y Guainia, es uno de los corredores estratégicos de las FARC para abastecerse y transportar insumos y cocaína procesada. “Los indígenas Guayabero han sido amenazados por las FARC por utilizar los ríos. Las comunidades de indígenas Sicuanes son los mas propensos a buscar economías ilícitas y se acostumbraron a esa forma de vida en la que han acabado con los árboles, al talarlos y no resembrarlos, y con los peces que obtienen envenenándolos, lo que vuelve frágil el ecosistema y estéril el agua. Estos indígenas, se han insertado en la economía ilícita “haciendo negocios con el ‘duro’ que les da trabajo”. En el departamento se ha atendido la necesidad de tierras para la población desplazada con bienes provenientes de procesos de extinción de domino de narcotraficantes (fincas Buenos Aires, Argentina y Bariloche). Actualmente hay 78 familias desplazadas en esos territorios, afirma uno de los funcionarios de la Gobernación, pero persisten las peticiones de los desplazados por tierras para trabajarlas. En el departamento las personas desplazadas son asistidas por la Pastoral Social, la Alcaldía, el PNUD y Acción Social. Estas oficinas han tenido problemas por la alta demanda, que según funcionarios de la Defensoría “hay personas que se hacen pasar por población desplazada para obtener los beneficios” Algunos ‘avivatos’ han aprovechado que la gente tiene miedo, compran barato las tierras y luego venden a mayor precio; además hay algunos casos como jefes de familia que solicitan tierra con dos diferentes núcleos familiares, estos casos se han identificado y se le ha dado marcha a tras a las solicitudes de tierra”, afirma uno de los funcionarios de Acción Social. Seguridad

201 En general los entrevistados manifiestan que hay un cambio en el departamento y se evidencia en la mayor presencia de la Fuerza Pública que ha representado mayor seguridad. En Piñalito, que ha sido una zona de presencia guerrillera, el Ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, entregó una sub–estación de policía.320 Esta mayor seguridad ha hecho que los campesinos que dejaron tierras abandonadas, una vez el Estado ha recuperado el control, regresen a reocuparlas. Uno de los entrevistados manifiesta que “se ha bajado la matanza en el departamento. La guerrilla tenía un control territorial muy grande, hay que agradecerle a Uribe. Venían hasta a 10 minutos de Villavicencio en el corregimiento de Cunchía, y volaban el peaje cada vez que querían, bajaban y se llevaban a la gente secuestrada por la carretera antigua, hoy eso no pasa” Esta mayor sensación de seguridad ha sido tomada como una amenaza por parte de la guerrilla. Uno de los entrevistados afirma, “a los guerrilleros antes les gustaba que instituciones como el INCODER o el SENA fueran a terreno y hoy son objetivo militar, toda actuación del gobierno es una amenaza. Piensan que todos los funcionarios son uribistas”321. La mayor presencia de la Fuerza Pública ha significado también duros cuestionamientos por la extralimitación de atribuciones, uno de los entrevistados afirma: “el Ejército no tiene funciones de policía judicial y sin embargo, hace capturas administrativas, que fueron altas en el 2004”. “Se hacen retenciones ilegales por parte de la FFPP. Esto tiene un problema y es que 1) conlleva al desplazamiento de la población al ser señalados, por rebelión, es decir, por vínculos con la guerrillas 2) Los paras, que también hacen presencia en esas zonas, pueden tomar represalias con los retenidos y 3) la guerrilla los puede señalar de sapos y ficharlos”. “Las ‘muertes en combate’ han sido un mecanismo para evitar la jurisdicción de la justicia ordinaria por asesinatos. Simplemente disfrazan las escenas de crímenes a colaboradores de la guerrilla y se justifican las muertes por ser supuestamente en combates” La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz de la iglesia ha hecho denuncia sobre estos abusos. Sin embargo, uno de los entrevistados afirma que “todas las denuncias parecen escritas por una misma persona y solo se cambia el nombre”. Uno de los funcionarios de la Defensoría manifiesta que hay mucha presión por los resultados a la Fuerza Pública y como esos resultados se contabilizan en bajas y capturas, se ha atentado contra la población para conseguirlos. La Defensoría cuenta con el mecanismo de Sistema de Alerta Tempranas (SAT) en los que se elabora un informe de riesgo con meses de investigación. Este informe se divide en riesgo bajo, medio y alto. El funcionario de la 320

“Mindefensa entregó estación en Piñalito (Meta). Juan Manuel Santos dijo que las FARC no están tranquilas porque cada vez se les cierra más el cerco y no pueden dormir dos noches en el mismo sitio”. Periódico local Llano 7 días. Martes 13 y 14 de noviembre de 2007. P. 9. 321 A veces la guerrilla ha hecho acciones delictivas, les roban los vehículos y los equipos para topografiar al grupo de trabajo del INCODER y los dejan cautivos por algún tiempo, es un criterio subjetivo del comandante, no es un criterio objetivo de la organización, algunos no tiene problemas. Apartes de la entrevista INCODER Ibid.

202 Defensoría afirma que “los actores empiezan a comportarse de manera que se puede predecir que va a pasar. Gracias a las alertas se han evitado confrontaciones y riesgos para la población. El problema es que la Fuerza Pública cuestiona la emisión de alertas, pero si no las hubieran encendido, tal vez hubiera ocurrido una confrontación”. El departamento ha mejorado ostensiblemente la seguridad; sin embargo, los cuestionamientos al ex Gobernador Castro por el asesinato de su contendor político, Euser Rondón, dejaron al descubierto las retaliaciones de facciones de grupos paramilitares por el poder político en el departamento. Restitución de tierras Los desplazados reclaman garantías y tienen expectativas de producción. No solicitan simplemente la tierra sino también asistencia técnica, créditos blandos de acuerdo a la capacidad de un campesino. Algunos de los territorios de restitución no son de buena calidad, no se pueden trabajar, ni sembrar, afirma una desplazada de Viotá322 que le fue adjudicada tierra en Meta. Las adjudicaciones en Puerto López han sido sobre tierras estériles. Una de los funcionarios de Acción Social afirma que “hace falta la organización de la comunidad para que se eduque y reclame sus derechos, es necesario que se apoyen estas organizaciones populares. La gente desconoce a lo que tiene derecho a reclamar”. Por esta razón, llega gente que se aprovecha de la falta de información y venden tierras con ‘kit’ completo de ayuda por encima de su precio real y argumentan que esa es una zona especial por la que van a pasar varios proyectos viales y productivos en los que tendrán subsidios por parte del gobierno, afirma una de las funcionarios del Programa de Protección de Tierras.323 Cuatro de los entrevistados manifiestan que es necesaria una política de clarificación del dominio. “Se tiene que ubicar el grupo armado, las zonas de masacres y se establecen cuáles son las tierras que hay que restituir. De esta forma se van construyendo mapas por zonas, contrastando las versiones de los desplazados que perdieron tierra. Es la única manera de poder recuperar la tierra, evitar que los vivos pasen por desplazados y se queden con tierras que no les pertenecen.” Uno de los funcionarios de las Secretaria de Agricultura de la Gobernación del Meta, manifiesta que “Las tierras para Campesinos sin tierra no funcionaron. Se quitó la columna vertebral de asistencia que daba el INCORA, donde adjudicaba a las regionales labores autónomas. Tenían hasta maquinaria para tierras, la carretera hacia Granada se hizo en su época con la maquinaria del INCORA. Luego desaparecieron los mecanismos de obras publicas y se privatizó, todo el Estado pasó a ser un contralor de los contratos a empresas privadas, era mejor cuando esto estaba en manos del gobierno, era 322

Apartes de la entrevista realizada a una desplazada en Villavicencio, Meta. Noviembre 12 de 2007. 323 Apartes de la entrevista realizada una funcionaria del programa de Protección de Tierras de Acción Social Bogotá, Octubre 31 de 2007.

203 directamente quien daba empleo y controlaba; ahora a las empresas privadas no las controla nadie y se vuelve el intercambio de favores políticos. Desde que el Estado permitió la contratación se ha aumentado la corrupción”. ANEXO 1 DESPLAZADOS Y HECTÁREAS ABANDONADAS EN MUNICIPIOS DEL META 1997-2007

MUNICIPIO VILLAVICENCI O ACACIAS BARRANCA DE UPIA CABUYARO CASTILLA LA NUEVA CUBARRAL CUMARAL EL CALVARIO EL CASTILLO EL DORADO FUENTE DE ORO GRANADA GUAMAL MAPIRIPAN MESETAS LA MACARENA LA URIBE LEJANIAS PUERTO CONCORDIA PUERTO GAITAN PUERTO LOPEZ PUERTO LLERAS

TOTAL HECTÁREAS HECTÁREAS HECTÁREAS ABANDONADA ABANDONADAS ABANDONAD S POR LA POR LA AS INCIDENCIA INCIDENCIA DE DESPLAZA DE GRUPOS OTROS PARAMILITAR DOS GRUPOS Datos de ES ARMADOS Datos de Acción Datos de Datos de Pastoral Social Pastoral Social Pastoral Social Social 2,954 1,226

603.84 809.04

5,635.04 534.61

6,238.88 1,343.65

213 188

23.00 84.03

147.20 59.00

170.20 143.03

181 355 605 176 4,634 798

32.10 1,569.26 15.00 558.54 115.92

41.00 67.55 150.00 1,308.01 15.01

73.10 1,636.81 165.00 1,866.55 130.93

500 1,649 267 7,595 4,910

4.00 294.03 180.01 3,498.02 205.08

6,366.00 555.80 8,083.71 6,114.05

6,370.00 849.83 180.01 11,581.73 6,319.13

3,999 4,445 3,515

932.02 280.00 188.03

16,863.04 6,434.26 2,380.16

17,795.06 6,714.26 2,568.19

3,541

3,114.27

4,399.45

7,513.72

1,856

1,132.00

14,543.00

15,675.00

969

2,384.04

273.00

2,657.04

3,750

359.52

1,762.33

2,121.85

204 PUERTO RICO RESTREPO SAN CARLOS DE GUAROA SAN JUAN DE ARAMA SAN JUANITO SAN MARTIN VISTAHERMO SA Total META

7,569 206

1,204.00 450.00

13,805.26 25.88

15,009.26 475.88

270

618.02

11.76

629.78

3,115 369 650

484.84 9.00 34.00

4,788.36 5,092.00 24.03

5,273.20 5,101.00 58.03

13,547 74,052

1,104.55 20,286.16

11,337.78 110,817.29

12,442.33 131,103.45

El despojo de tierras en Caquetá Caquetá es el quinto departamento con mayor expulsión de población entre los años 1997 a 2007 y el primer departamento con mayor abandono de tierras en el país. Según cifras de Acción Social del departamento, han salido expulsadas 103.433 personas y de estas, el 49,18% (50,874) ha acudido a la iglesia cuando han sido desplazadas y manifiestan haber abandonado 416,288 hectáreas. El 8,44% (4,297) de estas personas dice haber abandonado sus tierras por la incidencia de los grupos paramilitares, mientras que el 79,97% (40,686 personas) dice haber sido desplazada y haber abandonado sus tierras por la incidencia de las guerrillas. Guerrillas A diferencia de los departamentos analizados en este informe, aquí la guerrilla es quien mayor incidencia tiene en el abandono de tierras porque tiene una mayor presencia. El dispositivo de la guerrilla de las FARC consiste en dos columnas móviles, una de ellas la Teófilo Forero, encargada del narcotráfico en el departamento del Huila,324 un Interfrente (Caguán) que tiene influencia en Guaviare, Caquetá, Meta, Putumayo y opera en la zona del Caguán y en Cartagena del Chairá y es el encargado de sacar la droga por Brasil; el Frente 49, con influencia en la zona sur sobre los municipios de Morelia, Belén de los Andaquíes, San José de Fragua, Curillo y Solano, encargado de sacar la droga por Huila y también por Putumayo y además maneja las finanzas en el departamento. El frente 15, con influencia en la zona rural de Montañita, Paujil, Milán y Doncello. Adicionalmente, hacen presencia los Frentes 14, con influencia en el margen del río Caguán y el Frente 3, en límites con el Huila sobre la Cordillera Oriental.325

324

La columna Teófilo Forero actualmente no cuenta con suficiente capacidad militar. Los miembros de esta columna tienen asentamiento principalmente en Puerto Rico, San Vicente del Caguán y Huila. Esta columna se divide en 4 compañías, una comisión de finanzas y otra de milicias. Es la columna que mas colaboradores tiene pero es también la que más se ha neutralizado. Entrevista con oficiales de la SIPOL. Florencia, Caquetá. Diciembre 14 de 2007. 325 Entrevista con oficiales de la SIPOL. Florencia, Ibíd.

205 La Policía departamental afirma que antes del Plan Patriota, la Operación “JM” y la creación de la Fuerza de Tarea Conjunta “Omega” la situación en el Caquetá era diferente. El Frente 14 era el más importante en cuanto a las finanzas de la organización y ahora han perdido influencia territorial y efectivos. El Frente 14 tenía 800 personas y ahora tienen 200, afirma el oficial de la SIPOL Caquetá. Así mismo, por el debilitamiento al que ha sido sometida la guerrilla por parte de la Fuerza Pública, el Bloque Oriental y el bloque sur, crearon el interfrente que actúa de soporte a los frentes 14, el Frente 2 del Meta, el Frente 63 (amazónico), el Frente 61 que opera en el Huila, el Frente del Yari y el Frente del EMBO –Estado Mayor del Bloque Oriental–, con lo que han recuperado parte de las zonas que han perdido. También ha perdido influencia territorial el Frente 3, que ahora solo actúa en Florencia y no sobre toda la Cordillera del departamento. Por esta razón, en el mes de junio de 2007, cambió su nombre de Frente a Columna Móvil Yesid Ortiz y realmente son dos compañías del interfrente que desde el bajo Caguán lo vinieron a remplazar326. La mayoría de los entrevistados afirma que en el Caquetá la guerrilla siempre ha controlado el narcotráfico, y esta ha sido su principal forma de financiación. Desde hace unos años la gente no tiene la misma aceptación hacia la guerrilla porque han desplazado y amenazado a la gente. Una de las entrevistadas afirma que “la universidad ha sido el foco a través del cual la guerrilla consiguió apoyo de la población”, un ejemplo de ello fue el desempeño de Milton de Jesús Doncel, alias “Joaquín Gómez”, del Estado Mayor de las FARC como profesor de la Universidad de la Amazonía en Florencia, a su regreso de estudios universitarios en Rusia327. Uno de los entrevistados afirma que “hoy en día ya se acabo el ideal en la población y vieron que las FARC y sus integrantes solo les interesa financiarse del narcotráfico, ‘la coca marcó la pauta’”. Otro de los entrevistados afirma que “la actitud de la guerrilla cambió, el narcotráfico le hizo el mismo daño que al estado la corrupción”. Uno de los entrevistados del INCODER328 afirma que la guerrilla tiene una posición agresiva contra la población civil y la define como “el trato de quien tiene al poder frente al que no, ese poder a la guerrilla se lo dieron las armas y el dinero del narcotráfico”. Y en ese sentido, la gente se somete porque no tienen opciones. Sin embargo, hoy no es tan visible una identificación de la población con los ideales revolucionarios como si lo fue en la década de los sesenta o setenta. La base social no simpatiza con la guerrilla, obedece por miedo, por coacción armada o por interés económico. Esta legitimidad de la guerrilla se da básicamente en sitios donde hay cultivos de coca y la guerrilla garantiza su compra y la seguridad del raspachín. Uno de los oficiales de Acción Social 326 327

SIPOL Florencia Ibid. Ariel Ávila “El papel de Joaquín Gómez en las FARC” Revista Semana Marzo 5 de 2008.

328

Entrevista realizada a uno de los funcionarios del INCODER, Florencia, Caquetá. Jueves 13 de diciembre de 2007

206 sostiene que “las familias en la zonas de cultivos son parte de la guerrilla, son la base social” y además dice que “los cultivos ilícitos han dañado los núcleos familiares, los hombres se van como raspachines y no vuelven”329. Sobre este punto es importante entender que muchos de los desplazamientos de la población no son forzados por la guerrilla, porque es el cultivador de coca quien se va voluntariamente detrás de los grupos guerrilleros a sembrar coca en áreas donde sea más seguro. Estas zonas están generalmente por fuera de la frontera agrícola, hacia la selva, donde la guerrilla corre menos riesgos de un ataque militar y además donde garantizan que los cultivadores solo les vendan base de coca a ellos. Sobre este punto el Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia afirma que “Muchas de las muertes producidas en el último año tienen su origen en la coca. Las FARC no parecen estar dispuestas a tolerar mucho el hecho de que los campesinos vendan a otros el producto debido a que tienen monopolizado el negocio y en consecuencia manejan el precio a su antojo. La infidelidad a las FARC le ha costado la vida a más de un productor de la región”330. Funcionarios de Acción Social Florencia afirman que “la fortaleza de la guerrilla se basa en los cultivos de coca” y ahí es donde despliegan su poder. Tres de los entrevistados coincidieron en que hay zonas donde hay restricciones para entrar un ejemplo es La Unión-Peneya, corregimiento del municipio de la Montañita, donde hay restricción a la movilidad; ejemplo de ello es el retén en el que se le solicita a la comunidad del lugar que intercedan ante el comandante de la guerrilla y autorice la entrada de instituciones como el INCODER ó el SENA. Así mismo, uno de los entrevistados afirma que hay restricciones no solo de movilidad sino también a las comunicaciones; en estos sitios, los comandantes no dejan entrar celulares y “si alguien quiere entrar celular le cobran multas de hasta 1 millón de pesos. Hay gente que los tienen pero sabe que si los descubren los hacen irse o los hacen pagar” La incomunicación es un factor a favor de la guerrilla. El oficial de la SIPOL afirma que por información brindada por la gente a través de celulares se han podido capturar guerrilleros, explosivos y droga. Sin embargo a pesar del debilitamiento militar de la guerrilla, ellos tienen una eficiente infraestructura de información y de control a través de buenas redes de inteligencia conformadas por milicianos. “Los milicianos en el casco urbano son los encargados de denunciar a aquellos que establezcan relaciones con soldados y policías”331 Según un funcionario del INCODER, la estrategia de la guerrilla para consolidar las zonas bajo su dominio consiste en desplazar a los campesinos que no sean afectos a su causa y en su lugar ubican a milicianos de la guerrilla, en una 329

Entrevista realizada a un funcionario de Acción Social. Florencia, Caquetá. Jueves 13 de diciembre. 330 Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH. Panorama actual de los municipios que conforman la zona de distensión. Bogotá, diciembre de 2003. Serie geográfica No. 20. P. 17. 331 Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia “Zona de distensión…” Op cit., p. 23

207 suerte de estrategia de “repoblamiento”. Las razones de expulsión pueden ser que uno de los hijos del propietarios del predio esté en el ejercito ó porque no se les presta colaboración. Esas son dos de las causas más importantes de desplazamiento por parte de la guerrilla aunque no las únicas, las amenazas directas e indirectas, el asesinato de un familiar, el reclutamiento forzado y la presencia de minas antipersonales, son otras de las razones que presenta el CICR sobre un análisis del Caquetá.332 Sin embargo hay otros casos en los que no hay reapropiación de tierras por parte de la guerrilla y en otros sitios como la región del Yarí donde miembros de la guerrilla compraron tierras y no se sabe si están legalizadas o no. El funcionario del INCODER afirma “Yo he recibido testimonio directo de 4 personas que dicen haberle vendido sus tierras a gente de la guerrilla, esas son comprobadas pero no se sabe cuanta gente lo hizo”333 Uno de los entrevistados afirma que “la guerrilla tiene dinero y puede comprar tierras, negocios o invertirla en cualquier cosa (…) acá en Florencia era normal ver a personas consignando en tulas o costales, fajos de billetes. Eso generó violencia y pobreza y una cantidad de gente viviendo de la economía ilícita”. Al lado de las motivaciones económicas para incorporarse a la guerrilla están también las motivaciones personales como la retaliación; un funcionario de Acción Social afirma que “hay casos donde se vuelven guerrilleros para vengarse de los padres, de alguien que le quitó a la novia ó porque ven en la guerrilla una posibilidad económica diferente”334. Funcionarios del INCODER afirman que la guerrilla “actúa como una especie de gestores que administran el dinero de la comunidad, esa plata de obras no la pone la guerrilla (…) esa plata la aporta cada propietario y la plata recolectada la recibía la junta para hacer y organizar las obras públicas. Cuando se acabó la Zona de Distensión y el ejército daño la infraestructura, la gente se indignó con las Fuerzas Militares y el gobierno porque ese dinero lo pone la gente, no la guerrilla” “En Cartagena del Chaira después de acabada la Zona de Distensión destruyeron la infraestructura, las vías que la gente había hecho con plata de su propio bolsillo, la guerrilla actuó como coordinadora pero la guerrilla no pone plata para eso. La gente no entendía porque dañaban la infraestructura”335. El interés de la guerrilla en los sesenta, cuando su composición y mando eran en su mayoría rurales fue “la creación de una legalidad alternativa a la del Estado en el marco de un poder local”. Por eso desde el nacimiento de las FARC se impulsaron las “colonizaciones armadas” y con ellas la extensión territorial del agrarismo comunista.336 En la actualidad el interés de la guerrilla 332

Comité Internacional de la Cruz Roja, Una mirada a la población desplazada en ocho ciudades de Colombia: respuesta institucional local, condiciones de vida y recomendaciones para su atención. Resumen ejecutivo de la ciudad de Florencia. CICR y Programa Mundial de Alimentos de la ONU. Bogotá, noviembre de 2007. 333 Apartes de la entrevista a un funcionario de INCODER Op cit. 334 Apartes de la entrevista a un funcionario de Acción Social Op cit. 335 Apartes entrevista INCODER Op cit. 336 Eduardo Pizarro Leóngómez Las FARC (1949 – 1966) De la autodefensa a la combinación de todas las formas de lucha. IEPRI – Universidad Nacional. Tercer Mundo

208 es el copamiento territorial para conseguir un poder local con el objeto de garantizar la seguridad a los cultivadores de coca y asegurar así mismo la entrada de insumos y la salida de la cocaína. Fuente principal de su financiamiento. Tierras: Cultivos de Coca y Narcotráfico Según oficiales de la SIPOL, el principal centro de acopio está en el casco urbano y en el área rural de Cartagena del Chaira. Allá se adelanto el Plan Patriota y se le quitó a la guerrilla el control sobre los corredores de movilidad en el departamento, especialmente en el muelle sobre el río Caguán. Ahora todas las rutas son nuevas porque el ejército tiene un control permanente de esa zona. La coca la sacan en vehículos con caletas hacia el centro del país. Para tener alguna idea de la magnitud de las ganancias del negocio de la coca en el departamento, uno de los funcionarios del INCODER recuerda que “en Remolinos del Caguán en los ochenta un mercado de coca producía entre 2.000 a 3.000 millones de pesos y en esa época la guerrilla solo cobraban el gramaje que era el 20% del total, cómo será ahora que ellos son los dueños?” A causa de la presión militar en el departamento, se han presentado nuevas zonas de colonización coquera. Hay algunas en el bajo y medio Caguán y se afirma que mucha gente vive de los cultivos de coca. Hay otra colonización en los alrededores del Río Caquetá hacia Peneya. La colonización, según funcionarios del INCODER, se refleja en el tipo de tenencia informal, donde no hay escrituras de la propiedad; ni en las sabanas del Yarí ni en el Caguán hay titulación de tierras. Del total de personas desplazadas registradas por la iglesia en el Caquetá (50,874) el 52,99% manifiesta ser propietaria, el 4,9% arrendataria, el 2,28% colonos, el 5,25% estar en posesión, el 2,81% en alguna otra forma de ocupación, el 22,20% manifiesta no haber dejado terrenos, el 2,02% en propiedad colectiva y el 7,42% no sabe o no responde.337 Los cultivadores de coca siembran en las parcelas cultivos de pancoger para diversificar su economía familiar. Uno de los entrevistados afirma “a veces se ve la finquita con unas vacas, unas matas de plátano y lo complementan con media hectárea de coca”. Tierras Según funcionarios de la Secretaria de Gobierno del Caquetá, el departamento tiene limitaciones del suelo por su acidez, la actividad agrícola es limitada y algunos predios se han adaptado para ganadería extensiva. Uno de los funcionarios del INCODER afirma que “no hay justificación técnica para comprar tierras en el departamento. Vale la pena recuperar los bosques y buscar tierras más fértiles para que las familias se beneficien con menor cantidad de tierras, el elemento critico es la calidad de la tierra”. “No se aconseja comprar tierras acá”. El Estado en el departamento permitió la Editores. 1992. 337 Secretariado Nacional de Pastoral Social Seccional de Movilidad Humana Sistema de Información RUT. Tabla. Modalidad Tenencia de la tierra abandonada por familia y extensión de la tierra, municipios expulsores” Junio 2007.

209 colonización para no hacer una reforma agraria y esta tierra no es apta para cultivar. Sumado a esto, hay restricciones presupuestales para la compra de tierras por parte del gobierno y hay poca oferta de tierras al INCODER, el funcionario de la institución afirma que “la gente quiere vender a 3 millones la hectárea y una hectárea en una zona cerca de Florencia no supera 1´200.000 y en áreas retiradas del piedemonte cuesta $600.000 pesos. Hay algunas tierras de buena calidad que son las tierras que provienen de extinción de dominio pero, solo se reciben cuando esta culminado el proceso. De estas tierras hay en el departamento 1.110 has”. El funcionario de la Secretaría de Gobierno afirma que en “La parte norte, hacia San Vicente del Caguán son tierras extensas aptas para la ganadería. En Balsillas hay tierras fértiles porque están a 2800 mts de altura y son tierras de sabana propicias para la cadena productiva agrícola pero en esa zona hay mas convivencia de los pobladores con la guerrilla”338. Según funcionarios del INCODER y de Acción Social, algunos campesinos, cuando son desplazados, traen un documento firmado por la Junta Comunal a la que llaman la “Junta”, como evidencia de la propiedad de su terreno y se sabe que en zonas rurales del Caquetá éstas son manejadas o influenciadas por las FARC. En el departamento no se han presentado casos en los que la gente haya sido obligada a transferir la titularidad de las tierras, básicamente, como afirma el entrevistado del INCODER, porque los tierras no son buenas y porque hay una atraso en la legalización de los predios por ser áreas de colonización reciente. La gente que acude al INCODER, informa uno de sus funcionarios, trae su certificado de libertad y tradición y sobre eso pide que se levante la protección de la propiedad porque encontraron un comprador y quieren vender. La protección legal del predio permite, así, que solo se venda cuando el propietario tiene la certeza que vende después de que le paguen.339 El funcionario del INCODER ve como prioritaria una política de clarificación del dominio, Acción Social al respecto dice que en el departamento se puede replicar la estrategia utilizada en el corregimiento de La Unión Peneya, municipio de la Montañita, en la que está el 100% del inventario de predios porque el INCODER contrató a la misma población convirtiéndose en uno de los únicos municipios actualizados.

Compra de tierras por narcotraficantes En el departamento hubo compra de tierras por narcotraficantes buscando tierras extensas y aptas para la ganadería. Leonidas Vargas compró propiedades en casi todo el municipio de Florencia y propiedades que se 338

Apartes de la entrevista realizada a funcionarios de la Secretaria de Gobierno. Florencia, Caquetá. Viernes 14 de Diciembre. 339 Apartes INCODER. Op cit.

210 extienden a La Montañita, Puerto Rico, El Doncello, Morelia. También hay tierras de narcotraficantes en Albania , Belén de los Andaquíes y San Vicente del Caguán. Todos estos municipios comienzan en el piedemonte, la región más fértil, y se extienden hacia la selva, detrás del frente colonizador.340 En el departamento hubo muchas colonizaciones, de quina, caucho, maíz, arroz y la más duradera ha sido la colonización de coca protegida por los grupos armados y en especial por la guerrilla. Paramilitares Desde los ochenta, con la presencia de narcotraficantes y esmeralderos, hubo presencia de grupos de protección privada y autodefensas; sin embargo, los grupos paramilitares no fueron tan fuertes en el departamento. Según entrevista a oficiales de la SIPOL Caquetá entre el 2000 y hasta el 2002 hubo alguna influencia de los paramilitares del Bloque Central Bolívar de las AUC, que tuvieron influencia en el sur, Belén de los Andaquíes, San José de Fragua, Morelia, Solita, Curillo y Valparaíso, donde disputaron con el Frente 49 de las FARC el control del narcotráfico hacia el Putumayo. Hacia el norte, hubo alguna incidencia de grupos paramilitares en el Doncello. La presencia de los grupos paramilitares en el departamento estuvo marcada por masacres y asesinatos, “mataban a campesinos por el solo hecho de que se pusieran nerviosos en un retén”, comenta un funcionario de la Secretaria de Gobierno. Este grupo que delinquía en el sur del país desmovilizó 552 integrantes al mando de Juan Carlos Monje Alvarado en el 2006 y desde esa época han cesado las masacres. Al igual que la guerrilla, los paramilitares no hacía traspaso de la propiedad simplemente, copaban territorios y utilizaban la tierra para sembrar coca, procesarla y sacarla del departamento; sin embargo, el robo de tierras por parte de paramilitares es muy poco aunque si fueron causantes de desplazamiento por las masacres y asesinatos indiscriminados pero no en el mismo volumen que la guerrilla, afirma un funcionario del INCODER. ‘”Los paramilitares no tenían interés por las tierras y sostenían enfrentamiento con las guerrillas por el control de las vacunas a los ganaderos a los comerciantes y por el control del narcotráfico”. Funcionarios de la SIPOL afirman que en el departamento no hay situaciones de rearme, algunos desmovilizados aprovechan la coyuntura para extorsionar. Funcionarios de la Secretaria de Gobierno hablan del resurgimiento de las “Águilas” en las zonas rurales, básicamente porque varios desmovilizados no siguieron recibiendo ayuda y por eso han vuelto a delinquir y afirma que “antes tenían un mando que los controlaba, ahora no, son delincuentes comunes que no responden a una estructura militar jerárquica” Hoy existe una alta demanda de los desmovilizados por predios al INCODER; hay 252 desmovilizados inscritos solicitando tierra pero hasta ahora no se les 340

Alejandro Reyes Posada “La compra de tierras por narcotraficantes”. En Francisco Thoumi (Ed.) Drogas Ilícitas en Colombia. PNUD y Dirección Nacional de Estupefacientes. Editorial Ariel Ciencia Política, 1997.

211 ha dado terreno, ese será un programa especial en el que hay que tener la precaución de no otorgar tierras en áreas de influencia de la guerrilla, afirma el funcionario del INCODER. Rearme paramilitar Sobre el rearme paramilitar, algunos entrevistados afirmaron que hay presencia de las “Águilas Negras”, afirmación que fue desmentida por los funcionarios de la SIPOL, quienes afirman que hay bandas emergentes en torno a la reorganización del narcotráfico. INDEPAZ341 señala una banda emergente denominada “Grupo Operación Rastrojo”. En el Octavo informe de la MAPP/OEA sobre situaciones de rearme verificadas se menciona sobre el Caquetá: “En el municipio de Milán, corregimiento de San Antonio de Getucha, la Misión ha podido verificar la presencia de una estructura militar liderada por un mando medio desmovilizado del frente Sur de los Andaquíes del BCB. Controlan algunas economías ilícitas en la zona, extorsionan a los comerciantes, portan armas largas y también operan con armas cortas, además visten de camuflado. Con aproximadamente 50 hombres mantienen el control social sobre la comunidad. El 21 de octubre, en el municipio de Valparaíso, unidades del Ejército sostuvieron combates con la estructura dando de baja a dos integrantes, uno de los cuales era el comandante principal342. Funcionarios de la SIPOL Caquetá manifiestan que han aumentado los robos por parte de la delincuencia común y que los delincuentes andan en motos (115 RX de Suzuki). Sin embargo manifiestan que la delincuencia no se ha organizado en la figura de “oficinas de cobro”, como en otras partes del país. Desplazamiento y retorno Según el funcionario de la Secretaria de Gobierno, el desplazamiento se da, en parte, por el movimiento de la guerrilla y de sus raspachines 343, pero también 341

INDEPAZ Nuevos grupos narcoparamilitares. Noviembre 24 de 2007. Disponible en http://www.indepaz.org.co/edisk/user1/nuevopara.pdf 342 MAPP/OEA Octavo informe trimestral del Secretario General al Consejo Permanente sobre la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia. Febrero 14 de 2007. 343 Según el Secretariado Nacional de Pastoral Social, un fenómeno paralelo al desplazamiento y la guerra por la coca es la aparición de nuevos sujetos sociales de los que destaca tres. 1) El colonizador—coquero, para identificar al colono que siembra cultivo se coca en sus tierras; 2)Los raspachines, para identificar a la población flotante que llega a los cultivos de coca en busca de trabajo y es empleado en el proceso de raspado de la hoja de coca. Son personas generalmente jóvenes que vienen de otros lugares del país deslumbrados por las promesas de la economía ilícita; 3) los traquetos, para identificar a las personas dedicadas al negocio del tráfico de drogas y tienen características particulares, que los hacen fácilmente reconocibles por los exuberantes lujos, vehículo finos, joyas etc. En ese sentido se señala que “si antes la iglesia y la escuela eran el centro aglutinante de la comunidad, a partir de la influencia del mundo de la coca, la cantina y e prostíbulo aparecen en muchos lugares como los centros de la sociedad”. Secretariado Nacional de Pastoral Social, Caquetá: “Utopía de paz y desafío de reconciliación”. Boletín especial Estudio de caso 8. Diciembre de 2004. P. 10

212 por las fumigaciones en especial en el sur y en Cartagena del Chairá. En Belén de los Andaquíes, al sur también, la gente se desplazaba porque la Fuerza Pública no se quedaba y la guerrilla amenazaba a la gente. Así mismo, como se ha señalado, otra de las razones del desplazamiento en el departamento es el reclutamiento forzado344 por parte de la guerrilla. Según oficiales de la Policía muchos campesinos han sido desplazados porque hacen parte del programa de familias guardabosques del gobierno y estaban remplazando los cultivos de coca, “muchos se acogieron a ese plan y la guerrilla los amenazo, de ellos muchos se han desplazado”. Oficiales de la SIPOL afirman que “normalmente reclutan a los menores de edad y si no quieren, desplazan a la familia” y además manifiesta que “el mayor desplazamiento del departamento se da en lugares como Milán, Montañitas, EL Paujil y Cartagena del Chairá”. Esta afirmación coincide con las cifras de Acción social sobre los municipios con mayor desplazamiento por expulsión en el departamento en el lapso 1997 2007. El primero es Cartagena del Chairá con 15,464 personas; segundo, San Vicente del Caguán con 13,081 personas, donde aumentó el número de personas expulsadas en el 2002, cuando hubo 3,502 desplazados como efecto del fin de la Zona de Distensión. En tercer lugar, Florencia con 11,893, luego La Montañita con 7,549 y Puerto Rico con 7,185 desplazados. Según funcionarios del INCODER, la guerrilla es el grupo armado que más desplaza. Según Acción Social, el desplazamiento que no es causado por las guerrillas se da, actualmente, por las bandas criminales emergentes. Funcionarios de Acción Social afirman que “las estrategias de desplazamiento han cambiado y ahora se van núcleos familiares”. Florencia, la capital, es el municipio que más recibe desplazados. Según cifras del CODHES345, Florencia, recibió 48,733 personas entre los años 1999 a 2005. En Florencia, el gobierno a través de la UAO atiende a la población desplazada de manera permanente y cuenta con todas las oficinas del gobierno encargadas del tema de desplazamiento, con vigilancia de los organismos de control Los organismos internacionales como la CICR y la ACNUR ayudan también a atender las situaciones de emergencia. Uno de los entrevistados manifiesta, sin embargo, que las bases de cuantificación sobre población desplazada de la ACNUR no son las mas adecuadas. En Caquetá hay procesos de retorno exitosos. Uno de los funcionarios de las Secretaria de Gobierno afirma que en “la Unión-Peneya el retorno ha sido exitoso y la gente acepta que el ejército esté al lado de la población”. Sin embargo algunos retornos se han visto afectados por las minas antipersonales (Map) puestas por la guerrilla de las FARC para frenar las acciones de la Operación de la Fuerza Pública.346 Si bien la población se siente segura por la mayor presencia estatal, los pobladores prefieren que la infraestructura policial, 344

“las FARC-EP cambiaron su táctica de reclutamiento pasando del discurso ideológico cautivante al reclutamiento forzado de jóvenes campesinos; práctica que se ha manteniendo desde entonces por los distintos grupos armados al margen de la ley y aún hoy sigue siendo una de las causas importantes de expulsión de familias campesinas de la región” Secretariado Nacional de Pastoral Social, Caquetá: “Utopía de paz y desafío de reconciliación” Ibíd. P. 12 345 CODHES. Número de Personas Desplazadas por Municipio de Llegada por trimestre desde 1999 a 2005. Sisdhes. 15 de febrero de 2006

213 esté por fuera del casco urbano para que la guerrilla no tome retaliaciones contra la población. Respecto al otorgamiento de tierras a los desplazados, un funcionario de la Secretaria de Gobierno afirma que “no se les puede dar solamente la tierra, es necesario darles proyectos productivos; hay que pensar en alternativas sostenibles”. Uno de los problemas para atender a la población desplazada es la gente que no siéndolo, se inscribe como tal; según el INCODER, “un 30% de la gente desplazada no lo es y, por el contrario, muchos desplazados no declaran, no tienen ni idea de los procedimientos para acceder a ayuda o a tierra”. Sin embargo, uno de los entrevistados manifiesta que cuando la gente se inscribe como desplazada es porque no tiene ninguna otra oportunidad y en ese sentido una de las prioridades del INCODER ha sido también otorgar tierras a la gente con menores recursos económicos. Gobierno y Ejército Las oficinas estatales manifiestan que hay un cambio en la situación de seguridad. Algunos testimonios así lo corroboran “El líder para el Caquetá ha sido el presidente Uribe. Acá tuvo una de las mayores votaciones acá el cambio fue grande (…) la mejor publicidad al gobierno se la hace las FARC”, la gente está cansada de los hostigamientos de la guerrilla. “Hay rechazo en general, se vivieron muchos atentados terroristas, el familiar, el amigo murió, eso es un indicador que la guerrilla ya no esta de nuestro lado (…) Mucha gente que en sus épocas de juventud apoyaban a la guerrilla hoy no lo hace”. “Se trabaja de la mano con la Fuerza pública en jornadas interinstitucional. Ha mejorado la actitud hacia ellos, se ha facilita la comunicación por ser una ciudad pequeña, si se conoce de alguna violación de los militares, se le pone en conocimiento a los superiores y así se ha controlado. En terreno ya ha cambiado la situación de los cultivos, ahora las familias guardabosques cuidan. Acá tiene que construirse una economía agraria no industrial la fortaleza es la parte inicial de la cadena, caucho, café, ganado. En el municipio de la Montañita hay una empresa de procesamiento de caucho pero la gente cambió los cultivos de caucho por coca y ahora está desabastecida. La comunidad acepta la labor de Acción Social, se mueven en todo el territorio, la guerrilla tiene amenazada al programa porque les están pegando en su base dándole garantías al campesino. Sin embargo acá todavía no ha llegado el programa de Tierras, llega el otro año. La iglesia es un aliada hay un Monseñor en San Vicente y la Iglesia acá en Florencia ha sido mediadora entre la guerrilla y la población, han ayudado. En todo el departamento hay fumigación aérea, en especial en Valparaíso, Solita, Solano, La Montañita, Cartagena de Chairá, Curillo, San José…. “Los programas de erradicación manual no han tenido problemas”. ANEXO 1 DESPLAZADOS Y HECTÁREAS ABANDONADAS EN MUNICIPIOS DEL CAQUETÁ 1997-2007 346

Oberservatorio de Derechos Humanos y DIH de la Vicepresidencia Diagnóstico departamental del Caquetá. 2007.

214

MUNICIPIO FLORENCI A ALBANIA BELEN DE LOS ANDAQUIE S CARTAGEN A DEL CHAIRA CURILLO EL DONCELLO EL PAUJIL LA MONTAÑIT A MILAN MORELIA PUERTO RICO SAN JOSE DE FRAGUA SAN VICENTE DEL CAGUAN SOLANO SOLITA VALPARAIS O Total CAQUETA

TOTAL HECTÁREAS HECTÁREAS HECTÁREAS ABANDONADA ABANDONAD ABANDONAD S POR LA AS POR LA AS INCIDENCIA INCIDENCIA DE GRUPOS DE OTROS DESPLAZAD PARAMILITAR GRUPOS ES OS ARMADOS Datos de Datos de Datos de Datos de Acción Social Pastoral Social Pastoral Social Pastoral Social 11,876 1,562

1,309.57 1,214.70

41,879.97 3,597.08

43,189.54 4,811.78

3,294

500.01

7,306.74

7,806.75

15,460 7,927

1,271.02 1,219.08

66,306.26 14,468.98

67,577.28 15,688.06

3,818 3,093

252.05 631.18

83,441.75 9,280.33

83,693.80 9,911.51

7,549 5,100 1,107

320.09 303.01 593.53

17,726.24 64,569.10 2,126.55

18,046.33 64,872.11 2,720.08

7,185

188.37

8,810.47

8,998.84

5,373

897.11

10,834.98

11,732.09

13,081 4,362 5,542

2,269.57 313.29 353.16

42,586.20 18,788.03 9,642.35

44,855.77 19,101.32 9,995.51

7,053

4,207.14

11,552.80

15,759.94

103,382

15,842.88

412,917.83

428,760.71

215

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220 Departamento Administrativo Nacional de Estadística. –DANE– “Información estadística. Cuadro 1. Superficie total y aprovechamiento de la tierra. Totales nacionales y departamentales”, 2004 Secretariado Nacional de Pastoral Social, Sección de Movilidad Humana. Sistema de información sobre población desplazada por la violencia en Colombia “RUT”. Modulo de emergencias. Fecha de corte Junio y Diciembre de 2007. Tablas: “Modalidad Tenencia de la Tierra abandonada, por familia y extensión de la tierra, municipios expulsores”. “Población desplazada registrada según años” “Población desplazada registrada por deseo de ubicación de la población desplazada” “Población desplazada registrada por tipo de actores que causaron el desplazamiento” “Población desplazada registrada por motivos de expulsión” Recursos electrónicos Alto Comisionado para la Paz, “Primera fase de concentración y desmovilización de integrantes del Bloque Élmer Cárdenas de las Autodefensas Campesinas” Abril 12 de 2006. Disponible en: http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/desmovilizaciones/2006/index_rea lizadas.asp –––––––, “Segunda fase de concentración y desmovilización de integrantes del Bloque Élmer Cárdenas de las Autodefensas Campesinas” Abril 30 de 2006 ---------“Tercera fase de concentración y desmovilización de integrantes del Bloque Élmer Cárdenas de las Autodefensas Campesinas” Agosto 15 de 2006. Caracol “Alias ‘El Alemán’ reconoce pagos de multinacionales por seguridad en el Urabá”. Caracol Radio. Marzo 31 de 2007. Grabación 7:25 am Disponible en: http://www.caracol.com.co/noticias/408930.asp DANE “Boletín Censo General 2005. Necesidades Básicas Insatisfechas. Disponible en www.dane.gov.co “El precio de la tierra” elaborado por la Diócesis de Quibdó disponible en http://www.youtube.com/watch?v=Lo_hFB-ZGP0 FAC “Cuatro cargamentos de cocaína y varias grabaciones telefónicas enredan a ‘Macaco’” Fuerza Aérea Colombiana Mindefensa. www.fac.mil.co –––––––, “Hija de candidato a la gobernación de Risaralda era novia de ‘Macaco’ jefe paramilitar”. –––––––, “Garrapatas, cañón de guerra y muerte”.Fuerza Aérea Colombiana”.

221 INDEPAZ Nuevos grupos narcoparamilitares. Noviembre 24 de 2007. Disponible en http://www.indepaz.org.co/edisk/user1/nuevopara.pdf Mindefensa “Decimoquinto informe de control y monitoreo de los desmovilizados de los grupos ilegales” Ministerio de Defensa. Septiembre 5 de 2007. Disponible en: http://www.mindefensa.gov.co/index.php? page=426&id=6064&PHPSESSID=28d502f09da58152e0629f9e1caea200 Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia “Acción integral contra las minas estrategia frente a la situación de MAP y MUSE en el departamento del Meta”. Vicepresidencia de la República. Disponible en: http://www.derechoshumanos.gov.co/modules.php? name=informacion&file=article&sid=445 “Palma africana, violencia, desplazamiento y resistencia” http://www.youtube.com/watch?v=5AC7rGsAt4U&feature=related

Disponible

en

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222 Entrevista realizada a un funcionario de Acción Social. Diciembre 14 de 2007. Entrevista realizada a un funcionario de INCODER. Diciembre 13 de 2007. Entrevista realizada a funcionarios de Pastoral Social. Diciembre 14 de 2007. Entrevista realizada a un funcionarios de la Secretaria de Gobierno de la Gobernación del Caquetá. Diciembre 13 de 2007. Entrevista realizada a un funcionario de la SIPOL. Diciembre 14 de 2007. Valledupar, Cesar: Entrevista realizada a un funcionario de la sección de estudios económicos del Banco de la República. Agosto 27 de 2007. Entrevista realizada al Director de Fiscalías. Agosto 28 de 2007. Entrevista realizada a un funcionario de la oficina de Planeación de la Gobernación del Cesar. Agosto 28 de 2007. Entrevista realizada a un funcionario de la SIJIN. Agosto 28 de 2007. Montería, Córdoba: Entrevista realizada a un funcionario de Acción Social. Septiembre 13 de 2007. Entrevista realizada a un funcionario de la Defensoría del Pueblo. Septiembre 14 de 2007. Entrevista realizada a un funcionario del Comando de Policía. Septiembre 13 de 2007. Entrevista realizada a un investigador de la Universidad del Sinú. Septiembre 13 de 2007. Bogotá, Cundinamarca Entrevista realizada al Director de la Policía. Marzo 6 de 2007. Entrevista realizada a funcionarios del Programa de Protección de Tierras de Acción Social. Octubre 31 de 2007. Entrevista realizada a un funcionario de la sección de Movilidad humana – Tierras del Secretariado Nacional de Pastoral Social. Entrevista realizada al equipo de la Contraloría Delegada para el Sector Defensa Justicia y Seguridad. Dirección de estudios sectoriales. Contraloría General de la República. Febrero 20 de 2007. Riohacha, Guajira: Entrevista realizada a un funcionario del Comando de Policía. Agosto 29 de 2007. Entrevista realizada a un funcionario de la Defensoría del Pueblo. Agosto 28 de 2007. Entrevista realizada a un funcionario del INCODER. Agosto 29 de 2007. Santa Marta, Magdalena: Entrevista realizada a un funcionario del Comando de Policía. Agosto 31 de 2007.

223 Entrevista realizada a funcionarias de Acción Social. Agosto 31 de 2007. Entrevista realizada a un funcionario del INCODER. Agosto 31 de 2007. Villavicencio, Meta: Entrevista realizada a funcionarios del Comando de Policía. Noviembre 13 y 15 de 2007. Entrevista realizada a funcionarios del INCODER. Noviembre 13 y 14 de 2007. Entrevista realizada a un profesor- investigador de la Universidad de los Llanos. Noviembre 16 de 2007, Entrevista realizada a un funcionario de la Secretaria de Agricultura de la Gobernación del Meta. Noviembre 13 y 14 de 2007. Entrevista realizada a un funcionario de la Defensoría del Pueblo. Agosto 13 de 20007. Quibdó, Chocó: Entrevista realizada a un líder comunitario de ACIA. Octubre 3 de 2007. Entrevista realizada a un líder comunitario de COCOMACIA. Octubre 2 de 2007. Entrevista realizada a un funcionario de la Defensoría del Pueblo. Octubre 2 de 2007. Entrevista realizada a funcionarios de la Comisión Vida, Justicia y Paz. Octubre 2 de 2007. Entrevista realizada a un funcionario del INCODER. Octubre 2 de 2007. Entrevista realizada a un funcionario del Comando de Policía. Octubre 3 de 2007. Bucaramanga, Santander: Entrevista realizada a un funcionario de ACNUR. Noviembre 27 de 2007. Entrevista realizada a un funcionario del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo. Agosto 28 de 2007. Entrevista realizada a un funcionario del INCODER. Noviembre 27 de 2007. Entrevista realizada a funcionarios de la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos. Noviembre 26 de 2007. Entrevista realizada a un funcionario del Comando de Policía. Noviembre 25 de 2007. Entrevista realizada a un funcionario de Acción Social. Noviembre 26 de 2007. Sincelejo, Sucre: Entrevista realizada a un funcionario de Acción Social. Septiembre 11 de 2007. Entrevista realizada a un oficial del Comando de Policía. Septiembre 11 de 2007. Entrevista realizada al Defensor del Pueblo. Septiembre 12 de 2007. Entrevista realizada al Director de Fiscalías. Septiembre 11 de 2007. Entrevista realizada a un funcionario de la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos. Septiembre 11 de 2007.

224 Entrevista realizada a un ex – líder de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos –ANUC–. Septiembre 12 de 2007.

GLOSARIO DE SIGLAS AK47 Avtomat Kalashnikov Modelo 1947 –Fusil– ANUC Asociación Nacional de Usuarios Campesinos AUC Autodefensas Unidas de Colombia ACCU Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá ACMM Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio ACUNV Autodefensas Campesinas Unidas del Norte del Valle BACRIM Bandas Criminales BCB Bloque Central Bolívar CEDE Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico CEODD Centro de Estudios y Observatorio de Droga y Delito CINEP Centro de Investigación y Educación Popular CODHES Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento CTI Cuerpo Técnico de Investigaciones DANE Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DAS Departamento Administrativo de Seguridad DIJIN Dirección de Policía Judicial DDHHDerechos Humanos DIH Derecho Internacional Humanitario ELN Ejército de Liberación Nacional EPL Ejército Popular de Liberación ERP Ejército Revolucionario Popular EPS Empresa Promotora de Salud FAC Fuerza Aérea Colombiana FARC Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia GRAUGrupo Autodefensas Urbanas IGAC Instituto Geográfico Agustín Codazzi INCODER Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCORA Instituto Colombiano de Reforma Agraria MAPP Misión de Apoyo al Proceso de Paz MAS Muerte a Secuestradores OEA Organización de Estados Americanos ONG Organización No Gubernamental ONUDD Organización de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito PDVSA Petróleos de Venezuela S.A. SNSMSierra Nevada de Santa Marta