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POLÍTICA

| Miércoles 22 de octubre de 2014

POLÍtica

Edición de hoy a cargo de Jorge Liotti www.lanacion.com/politica | @politica_LN | Facebook.com/lanacion [email protected]

Marchas y contramarchas del jefe de la aFIP El funcionario quedó atrapado en un enredo de aclaraciones

ayer

“La Presidenta no es socia de Lázaro Báez, sí tiene vínculos comerciales (...) son conocidos desde hace bastante tiempo, pero técnicamente no son socios”

anteayer

“Quiero remarcar, porque no sé si es con intencionalidad, por defecto de información o falta de conocimiento técnico profesional, que la presidenta Cristina Fernández no es socia de Lázaro Báez”

eL frente judiciaL | aclaraciones del jefe de la afip

Echegaray admitió que Cristina y Báez tienen “vínculos comerciales” Un día después de haber afirmado que la Presidenta no es socia del empresario, el funcionario corrigió su explicación; ocurre después de que se reveló una investigación por facturas falsas Hugo Alconada Mon LA NACION

Sólo un día después de utilizar una conferencia de prensa sobre facturas truchas para aclarar que la presidenta Cristina Kirchner no es socia del empresario Lázaro Báez, el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, debió aclarar lo aclarado. Reiteró que no son socios “técnicamente”, pero admitió, por primera vez, que ambos mantienen “vínculos comerciales”. “La Presidenta no es socia de Lázaro Báez, sí tiene vínculos comerciales”, indicó Echegaray al dialogar con un programa de radio, frase que poco después quedó claro que no lanzó al azar. Casi con las mismas palabras, lo repitió en una segunda radio. “En la vida en sociedad, todos tienen relaciones, no es que los funcionarios públicos son extraídos de un lugar donde no han tenido ningún tipo de vinculación o vida comercial”, buscó bajar el tono Echegaray, al ser consultado sobre los nexos financieros, hoteleros, comerciales y personales que unen a la Presidenta con el empresario patagónico desde hace años. “La vinculación, la vida en sociedad forma parte del ser humano, sea presidente o el último ciudadano de la Argentina”, añadió. El titular de la AFIP, que antes fue abogado de Gotti Hermanos –otra empresa de Báez, que acumuló facturas truchas por más de $ 400 millones– reafirmó, no obstante, la línea formal que separa a la jefa del Estado del ex empleado bancario. “Técnicamente no hay sociedad constituida”, indicó Echegaray, lo que luego repitió con palabras casi idénticas: “Cristina y Lázaro son conocidos desde hace bastante tiempo, pero técnicamente no son socios”, reiteró. “Desde el punto de vista técnico-fiscal, la Presidenta no es socia de Lázaro Báez. Afirmar que lo es constituye un error grosero y tiene una intencionalidad política”, insistió Echegaray al salir por las radios Continental y Nacional Rock. “La Presidenta no es socia de Lázaro Báez, pero sí tienen vínculos comerciales”, clarificó apenas un día después de confirmar durante una conferencia de prensa que la AFIP investiga al empresario patagónico por facturas truchas, tal como reveló la nacion este domingo. La operatoria bajo sospecha abarca tres grupos de empresas de Bahía Blanca que emitieron facturas apócrifas por decenas de millones de pesos que terminaron en los registros contables de Austral Construcciones. Pertenecen a las familias de Franco, Silvio y Enzo Ficcadenti –Calvento SA, Grupo Penta y Terrafaris–, Ferreyra –Constructora Patagónica Argentina– y Pedraza, con Iberoamericana de Servicios. Vínculos profusos ¿Cuáles son esos vínculos que unen a la familia presidencial con Báez? Entre otros, un condominio sobre un terreno de 87.000 metros cuadrados que la Presidenta y Báez comparten como copropietarios en El Calafate desde hace años. También, un complejo de diez departamentos que el empresario construyó en Río Gallegos, sobre la calle Mitre, a través de un fideicomiso, junto con Néstor Kirchner, que así lo consignó en su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción (OA). A ese primer emprendimiento inmobiliario se sumaron luego otros dos grupos de departamentos, también en Río Gallegos. Uno en la calle Alvear y otro en la calle Mariano Moreno. Este último se construyó en un terreno de los Kirchner, aunque

Echegaray ofreció anteayer una conferencia de prensa; ayer corrigió su discurso en entrevistas radiales luego Báez también alquiló –por valores superiores a los del mercado– esos departamentos para alojar allí a varios gerentes de sus empresas, con cheques que emitió a nombre del ex presidente. Además de los alquileres, Báez también les compró a los Kirchner al menos nueve departamentos, casas y terrenos en apenas un año, que terminaron bajo el dominio de Austral Construcciones, en tanto que la constructora Epelco se encargó de adquirir la casa de Kirchner en el centro de Río Gallegos. Otra firma de Báez, en tanto, Valle Mitre SA, se encargó de los vínculos en el rubro turístico: administró los hoteles de la familia presidencial, a los que le alquiló más de 1100 habitaciones por mes, durante años, en el Alto Calafate, sin usar esas reservas, pero reportándoles ingresos millonarios, lo que el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, confirmó, pero redujo a un “negocio entre privados”, cuando la nacion lo reveló en diciembre pasado. Ayer, Echegaray también buscó quitar relevancia a los vínculos que el principal beneficiario de la obra pública en la Patagonia –sólo este año percibiría unos $ 2000 millones– mantiene con la familia presidencial. “Nadie desconoce la relación que Lázaro Báez tuvo con Kirchner”, planteó el titular de la AFIP.ß

del editor: qué significa. Es la segunda vez que un funcionario debe precisar en público el tipo de vínculo entre la Presidenta y Báez, dato incómodo si los hay para el Gobierno

Stolbizer aportó datos al juez y al fiscal ^b^b^ La diputada nacional Margarita Stolbizer se reunió con el juez Sebastián Casanello y el fiscal Guillermo Marijuan, quienes investigan a Lázaro Báez, para aportar datos y hacer un pedido concreto: que la justicia argentina “envíe la documentación necesaria y requerida por el Ministerio Público Fiscal suizo con relación a la investigación sobre lavado de activos”, para que sigan bloqueados 22 millones de dólares de Báez. ^b^b^ El juzgado ya respondió a un pedido de los suizos y no le llegó al juez otra solicitud de colaboración. Puede que se haya reiterado y que esté en trámite en la Cancillería, dijeron en tribunales. ^b^b^ Stolbizer sostuvo que la fiscal suiza Angeles Wellauer reiteró en marzo pasado que envíen información. Suiza no envió datos a la Argentina porque sostuvo que se pedía una medida de coerción y se debía probar el delito precedente al lavado.

télam

Difunden una lista de firmas sospechadas Son 1200 compañías que habrían emitido facturas truchas; la AFIP las publicó en Internet Apenas un día después de afirmar que investiga al empresario Lázaro Báez por facturación apócrifa y prometer mayor “transparencia”, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) publicó en su página oficial de Internet una lista con 1200 firmas que también son sospechosas de emitir facturas falsas. El listado abarca tanto firmas emisoras de esas facturas irregulares, identificadas como “usinas”, como empresas receptoras de esas facturas para evadir impuestos o generar fondos por fuera de la contabilidad para el pago de sobornos, algo que el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, negó anteayer durante su conferencia de prensa. Según Echegaray, “el uso de facturas apócrifas nace del sector privado y termina en el sector privado; no es una cuestión que forme parte de la política”, lo que sin embargo contradice lo que se verificó en resonados casos de corrupción, como el protagonizado por la multinacional Siemens, o cuando la Justicia detectó facturas irregulares en diversos organismos públicos, incluido el Congreso de la Nación. El listado incluye, de todos modos, aquellas sociedades que la AFIP ya ha verificado que son meras “usinas” de facturas truchas, entre las

que aparece Calvento SA, una de las firmas de Bahía Blanca que la nacion reveló este domingo que libró facturas para Austral Construcciones, la nave insignia del grupo Báez. En ese mismo listado, pero entre las receptoras, figura otra de las empresas que reveló la nacion tras una investigación de diez meses. Se trata de Iberoamericana de Servicios, que acumuló facturas de firmas de Juan Suris, al tiempo que facturó a su vez a Austral Construcciones. En ese listado, que Echegaray calificó de preliminar y que la AFIP actualizará de manera regular, no aparecen otras firmas involucradas en la operatoria irregular con epicentro en Bahía Blanca. En particular, Grupo Penta SA, ni como usina ni como usuaria de facturación apócrifa, aun cuando se acogió a dos planes de regularización fiscal, según reveló la nacion este domingo. El listado también refleja los tiempos de la AFIP para investigar la facturación apócrifa. Cuatro de los seis expedientes penales consignados se iniciaron antes de que Echegaray asumiera al frente del organismo, en tanto que el expediente radicado en 2009 se inició dentro de la AFIP también antes de la gestión actual, y tanto ésa como la registrada en 2011 sólo involucran a 139 empresas usuarias de esas facturas irregulares sobre el total de 1208 firmas incorporadas al listado. En el listado también aparecen firmas que ya tienen su situación regularizada y que ayer reclamaban ser excluidas de la nómina.ß

Bajo la lupa de la Justicia y de la oposición La Fiscalía Federal investigará la acción de la AFIP en el caso El titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, quedó desde ayer bajo la lupa judicial por la presunta actuación irregular de su organismo para proteger al empresario patagónico Lázaro Báez ante las facturas truchas que acumuló Austral Construcciones en Bahía Blanca por decenas de millones de pesos. Y quedó bajo esa lupa por partida doble. La Fiscalía Federal con asiento en Bahía Blanca inició, por su lado, una “investigación preliminar” sobre el proceder de la AFIP ante los tres grupos de empresas de esa ciudad que emitieron esas facturas irregulares para beneficiar a Báez. En esa línea, la fiscalía que lidera Alejandro Cantaro le requirió a la Regional Bahía Blanca de la AFIP que le entregara en el plazo de 48 horas sus expedientes internos y toda la documentación con la que cuenta sobre esos tres grupos de empresas. Entre otros documentos, los investigadores judiciales quieren analizar las “órdenes de intervención” y las actuaciones administrativas que la AFIP debió desarrollar sobre las sociedades anónimas Calvento, Grupo Penta, Terrafaris, Constructora Patagónica Argentina e Iberoamericana de Servicios. En su conferencia de prensa de anteayer, Echegaray sólo identificó a Calvento como una usina de facturas apócrifas, en tanto que en la página web de la AFIP se incluyó ayer a Iberoamericana como usuaria de facturas irregulares. Pero nada dijo sobre las otras tres firmas, cuyas facturas terminaron en los libros de Austral Construcciones, según verificó la nacion. Sin embargo, a esta primera investigación preliminar por la Fiscalía Federal de Bahía Blanca se suma la denuncia por presunto encubrimiento contra Echegaray de los diputados de Pro Patricia Bullrich, Federico Pinedo y Laura Alonso, quienes también reclaman que el titular de la AFIP se presente “urgente” ante el Congreso a dar explicaciones. Según estimaron los legisladores, “Echegaray realizó movimientos en torno a la Regional [de la AFIP] de Bahía Blanca que generaron el entorpecimiento o la paralización de las investigaciones que sus dependientes llevaban a cabo contra el empresario Lázaro Báez, logrando de esta manera proteger al mismo de los delitos que estuviera cometiendo”. Bullrich, Pinedo y Alonso también consideraron que el titular de la AFIP “estaría violando la ley de ética pública, ya que habría hecho abuso del cargo que ostenta para proteger a un empresario de estrecha vinculación con el Poder Ejecutivo Nacional y sobre todo con la presidenta de la Nación”. Los legisladores también repudiaron las declaraciones de Echegaray, quien negó que la Presidenta sea socia de Báez, aunque admitió sus “vinculaciones comerciales”. “Atento a los conocimientos técnicos y el cargo que ocupa Echegaray, tiene pleno conocimiento de que no puede admitir ni configurarse técnicamente una sociedad entre la Presidenta y el mencionado empresario”, argumentaron los legisladores, “toda vez que el grupo de empresas liderado por Lázaro Báez resulta ser el mayor ejecutor de las obras públicas encomendadas por el Gobierno”.ß