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POLÍTICA

| Jueves 16 de mayo de 2013

el escenario

El pacto mafioso se agrieta Carlos Pagni —LA NACIoN—

Viene de tapa

Pero bastó que, meses más tarde, la desocupación superara el 18%, para que el electorado promoviera a los dirigentes que se proponían investigarlo. La España de los indignados reproduce el mismo giro. Cuando traspusieron la tasa de desempleo del 20%, los españoles resolvieron darse por enterados de algunos vicios de su monarquía que hasta entonces sólo murmuraban. Las relaciones de Amado Boudou con Ciccone fueron mucho más estridentes que las de Hebe de Bonafini y Sergio Schoklender, un año antes, con el programa Sueños Compartidos. A pesar de que los desarreglos de éstos fueron más graves desde el punto de vista político, moral y simbólico que las fechorías del vicepresidente y sus amigos. La divulgación de los delitos de los funcionarios ejerce una didáctica engañosa. Las multitudes enojadas consiguen, de pronto, simplificar las razones de su desencanto con un sencillo teorema: “Las cosas están mal porque falta plata, y falta plata porque los de arriba se la roban”. El contexto actual colabora con la eficiencia de esa lectura qualunquista. Como Menem en 1995, o como Juan Perón en 1951, Cristina Kirchner obtuvo su espectacular triunfo de 2011 como el reconocimiento a una fiesta de consumo que se estaba agotando en el mismo momento en que la premiaban. Como Menem, y a diferencia de Perón, ella sacralizó la receta a la que atribuyó su éxito. La insatisfacción comenzó a ganar lugar en las encuestas. Las oportunidades fueron sustituidas por amenazas: la inseguridad física y el desasosiego económico lideran las preocupaciones en los sondeos de las principales consultoras. El tercer rubro es la corrupción. La imagen presidencial se fue deteriorando con el ritmo de esas variaciones. El consenso de los sociólogos es que en 2012 perdió una docena de puntos. Con la elección de Jorge Ber-

Cuando debió controlar Río Gallegos, la AFIP escogió a la cuñada de Máximo goglio como papa recuperó 5 puntos, debido al clima de concordia al que ella se incorporó. Pero a partir de las inundaciones volvió descender 10 puntos, y mantiene ese declive. Las evidencias de que la moral del kirchnerismo es poco edificante son antiguas. El desembarco de los Eskenazi en YPF se produjo a fines de 2007, y Elisa Carrió denunció por asociación ilícita a Néstor Kirchner y Lázaro Báez en 2008. Pero la persistencia de la inseguridad, la inflación, el estancamiento y las catástrofes en la infraestructura modificaron la percepción: del piadoso “roban pero hacen” se pasó al irritante “roban pero no hacen”. No es la única explicación del regreso de un desasosiego recurrente. La audiencia televisiva conoció revelaciones impactantes sobre el submundo de la familia presidencial. Es verdad que desde el año pasado se venían produciendo sorprendentes movilizaciones de descontento. Pero las denuncias de Jorge Lanata en Periodismo para todos tienen tres condiciones corrosivas. Son testimonios de personas identificables y arrepentidas. No se refieren a fraudes intrincados, sino a operaciones con dinero vivo, cuya narración suele ser, para horror de los acusados, invulnerable al sentido crítico. Pesaban la plata. Todo dicho. Además, estos escándalos se difunden por la TV abierta, de donde la política había sido expulsada hace mucho tiempo. Pero la caída libre en el prestigio moral del kirchnerismo se debe a iniciativas del propio kirchnerismo. Es difícil interpretar como una democratización de la palabra el avance administrativo sobre el periodismo crítico por parte de un gobierno atribulado por denuncias penales. Sobre todo si el mismo gobierno otorga prebendas escandalosas a cambio de mera propaganda. Es más probable que se esté ante un intento de oscurecimiento general para garantizar impunidad a quienes lo producen. Una reforma judicial aprobada a libro cerrado por la mayoría oficialista, destinada a incorporar a los consejeros de la Magistratura en las listas partidarias y a reducir la mayoría por la que los jueces son removidos, se parece más a una autoamnistía que a un proyecto de modernización. El blanqueo completa esta constelación. Ayer la oposición anticipó

que, si llegara a controlar el Parlamento, derogaría la medida y revelaría la identidad de quienes se acogieran a ella. Fue una iniciativa de Alfonso Prat-Gay y Ricardo Gil Lavedra. Durante la última audiencia en el Senado, el radical Ernesto Sanz reveló que Báez ya se había beneficiado del jubileo anterior, en 2009, con $ 400 millones. Sanz recordó que los funcionarios que investigaban al empresario fueron reemplazados por Claudio Moroni, otrora jefe de la AFIP. Y su colega José Cano advirtió que el titular de la UIF, José Sbattella, no podía asistir a la reunión porque nunca denunció las operaciones sospechosas de Báez. Cuando en el Congreso se ventilaban estas miserias, en las oficinas de Cristóbal López divulgaban la adquisición de Petrobras Argentina. López, operador de un multimedio y uno de los hombres de negocios que más han prosperado con este oficialismo, es el beneficiario del decreto menos justificable de Kirchner. Lo firmó junto a su hermana Alicia y a Alberto Fernández en 2007 para conceder a su amigo las tragamonedas de Palermo desde su vencimiento, en 2017, hasta 2037. Mientras los voceros de López anunciaban aquella compra en Buenos Aires, la presidenta de Petrobras, Maria das Graças Foster, era interrogada por la misma operación en el Senado brasileño. Contestó que la de López era una oferta entre varias. Foster teme un escándalo por la proximidad del “amigo de Cristina Kirchner”, como retrata al zar del juego la prensa brasileña. Tampoco quiere contaminarse con la venta de activos de Petrobras a López, durante la gestión anterior. La intriga es por los viajes a Montevideo de un amigo de PC Farías, el controvertido colaborador de Fernando Collor. Sobre López existe, creen en Brasil, una lupa de dimensión internacional. Analistas petroleros vinculan el blanqueo propuesto por la Presidenta y la captura. Sospechan que el nuevo bono energético serviría para que López preste dólares al Banco Central, a cambio de que esa entidad le permita vender las toneladas de pesos que cosecha en los casinos, para, transformados en divisas, pagar a los brasileños. Hay lógica detrás de esa fantasía. Sobre todo si se recuerda quién fue el autor intelectual del blanqueo de 2009: López. Las revelaciones sobre la corrupción, el avasallamiento de la prensa y la Justicia y el blanqueo impactan sobre la dirigencia oficialista. La Presidenta podría halagar a los intelectuales de Carta Abierta con propuestas que vuelvan más verosímil la saga de la liberación. Los jóvenes de La Cámpora, que pretendían rescatar al Estado de las pragmáticas manos de De Vido, deberían prever alguna excusa por si el escándalo patrimonial araña a su jefe, Máximo Kirchner. Después de todo, cuando hubo que controlar Río Gallegos, la AFIP escogió a Virginia García, la cuñada del joven Kirchner. Como Cristóbal López en Brasil, Máximo y sus acólitos llaman la atención en los Estados Unidos. Douglas Farah, el investigador del influyente CSIS que publicó en febrero un severísimo dossier sobre el kirchnerismo, acaba de presentar “La Cámpora”. El texto comienza con un epígrafe: “Cómo un grupo de jóvenes utópicos radicales han capturado el Estado argentino, colapsado la economía e institucionalizado un gobierno autoritario” (http://www. strategycenter.net/docLib/20130513_ LaC%E1mporaFINAL.pdf). Entre ellos está Cecilia Nahón, la embajadora en Washington. Las contradicciones morales inquietan a quienes postulaban un kirchnerismo edénico que, extraviado de sí mismo, mutó en “cristinismo”. Los límites precoces de esa empresa imaginaria, cuyo vocero principal es Alberto Fernández, desafían sobre todo a Daniel Scioli: la radicalización del kirchnerismo y, sobre todo, la degradación de su imagen vuelven problemática la estrategia sucesoria del “cambio en la continuidad”. Sería incorrecto pensar que la glasnost oficial reduce sus efectos a la dirigencia política. El empresariado entró a la encrucijada, como se advirtió en la discusión sobre el blanqueo. Ignacio de Mendiguren, de la UIA, se entusiasmó con las ventajas productivas de los recursos mal habidos, después de que su escudero jurídico, Daniel Funes de Rioja, enumerara, sin abrir juicio de valor, los riesgos éticos y legales de la propuesta. “Me parece que están exhibiendo un pragmatismo cínico”, les hizo notar la mendocina Laura Montero, y, como a dos chicos, los mandó a estudiar la ley.ß

Ciccone: el Gobierno tasó la imprenta en $ 300 millones Pese a ello confirmó que no pondrá dinero para expropiarla, ya que la mayor parte se compensa con deudas a la AFIP; la familia fundadora pidió una cautelar Hugo Alconada Mon LA NACION

Tras nueve meses en un limbo, el Gobierno corrió el velo a uno de los grandes misterios del “caso Ciccone”: cuánto vale la imprenta que protagoniza uno de los grandes escándalos de la última década. Le comunicó a la Justicia que la tasó en $ 300 millones. Como aspira a no poner un centravo para quedarse con la imprenta, el Gobierno planteó que unos $ 275 millones se compensarán con deudas a la AFIP y los $25 millones restantes con terrenos y maquinarias que pertenecen a la empresa, que no serán expropiados. El anuncio forzó la reacción de la familia fundadora, que sostiene que ese valor debe ser el piso y no el techo de la indemnización, y le reclamó a la Justicia una medida cautelar para protegerse. La puja entre el Gobierno y la familia Ciccone –que aún retiene el 30% de las acciones–, sumó otro giro inesperado, con la reaparición ante la Justicia en lo Comercial de Alejandro Vandenbroele, el único rostro visible de The Old Fund, el misterioso fondo que aún controla el 70% restante. También solicitó una medida cautelar. El Gobierno comunicó el valor oficial de la ex Ciccone a través de un informe de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), en el que expuso las conclusiones del Tribunal de Tasaciones de la Nación. El organismo, que depende del Ministerio de Planificación Federal –es decir, de Julio De Vido–, lo fijó en $ 300.301.800. Según la AFIP, ese valor corresponde a la suma de distintos bienes físicos: tres terrenos, edificios y mejoras, instalaciones, maquinarias, herramientas y muebles, bienes de cambio utilizables, y vehículos. La AFIP también aclaró que la normativa aprobada para el “caso

Ciccone” le imponía compensar el valor de la empresa con lo que ésta adeuda en impuestos, por un total de $ 275 millones, entre capital e intereses acumulados durante años. Por eso, añadió, decidieron avanzar con la expropiación de casi todos los bienes físicos, pero no todos, hasta llegar a un monto similar. Para cumplir con ese objetivo, la AFIP excluyó uno de los terrenos del predio sobre la Panamericana, por $ 30,8 millones, y distintos vehículos y maquinarias, herramientas y muebles, por casi $ 2 millones adicionales, para un total de $ 32,7 millones. De ese modo, el valor a expropiar se redujo a $ 267,5 millones, pero como en ciertos rubros la ley 21.499, de expropiaciones, impone elevar el valor en un 10% de manera automática, ese precio se elevó a $ 275,7 millones. Es decir, casi el monto exacto adeudado por la ex Ciccone por impuestos. Ante ese cuadro, la reacción de la familia Ciccone fue inmediata, con un escrito en el que calificó la actuación del Gobierno como “inconstitucional” y le pidió al juez en lo Comercial, Javier Cosentino, que dicte una medida cautelar de no innovar para impedir que las autoridades avancen sobre la empresa con daños irreversibles. En un escrito judicial, la familia explicó que la ley 26.761 declaró “sujeta a expropiación a la Compañía de Valores Sudamericana”, como se rebautizó a la ex Ciccone. Es decir, que debe pagar por el paquete completo de la empresa –con sus inasibles como patentes, “valor de empresa en marcha” o “valor llave”, entre otros posibles– y no de manera selectiva por sólo algunos de sus bienes físicos, como luego se acotó mediante la resolución 132/2013, que firmó el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray. El avance acotado sobre algunos bienes físicos, reclamaron los Cic-

Una disputa por millones

RICARDO ECHEGARAY TITULAR DE LA AFIP

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) estimó que puede compensar la expropiación de ciertos bienes físicos de la ex Ciccone, valuados en $ 275,7 millones, con lo que la imprenta le adeuda en impuestos

NICOlás CICCONE FUnDADoR DE LA EmPREsA

Sostiene que la forma en que avanza el Gobierno es “inconstitucional”, porque la ley que aprobó el Congreso impone que debería expropiar el valor global de la empresa, no sólo algunos de sus bienes físicos, como luego fijó mediante una disposición

Fracasó la campaña antártica en medio de denuncias misión incumplida. El Timca, el barco holandés contratado, dejará

la Antártida sin haber logrado abastecer correctamente a las bases Viene de tapa

Además del ministro Puricelli, fue imputado su hijo Alejandro y otros funcionarios del Ministerio de Defensa. La causa fue iniciada por el diputado nacional Manuel Garrido y el fiscal González investiga posibles irregularidades administrativas en las licitaciones que derivaron en la contratación de un barco, el Timca, y del transporte aéreo (un helicóptero y el lanzamiento de carga en la base Belgrano II) provistos por la empresa Transport&Service por US$ 15.830.814. Ese fue el monto al que se llegó tras un descuento por el pago anticipado de los servicios. Claro que desde el comienzo del alquiler, el 17 de febrero último, el barco holandés Timca sumó una increíble cantidad de fallas que dieron credibilidad a las previas objeciones sobre su falta de capacidad para operar en la Antártida. Apenas llegó a Puerto Belgrano se comprobó que carecía de grúa de carga y tardó cinco días en abastecerse. Luego se quedó sin combustible y retornó a Usuhaia durante dos semanas, para romper después un motor frente a la base San Martín. Además, el helicóptero a bordo estuvo inutilizado 20 días por la rotura de una turbina y sufrió otros dos desperfectos posteriores. El clima antártico no perdonó las demoras y, para colmo, el Timca no pudo enfrentar las capas de hielo en su primer viaje a la Antártida. Las denuncias iniciales partieron desde la compañía que perdió la licitación, Trade Baires International, cuyos barcos polares rusos eran contratados por el Ministerio de Defensa desde el incendio del rompehielos Irizar, en 2007. El 11 de noviembre pasado, esa empresa impugnó la licitación con el argumento de que el Timca no contaba con las capacidades requeridas. La apoderada de Trade Baires International, Marina Bertino, denunció el 16 de noviembre esas irregularidades en la Oficina Anticorrupción, donde se abrió un expediente que fue contestado el 14 de enero por la Dirección del Servicio Logístico de la Defensa. En esa respuesta se informó que en esa oficina “se reciben las planillas de requerimiento consolidado del Estado Mayor Conjunto,

Descuento por pago anticipado La contratista presentó dos boletas, una por Us$6.120.396

acompañadas de las respectivas específicaciones técnicas, se elabora el correspondiente pliego de bases y condiciones y se ejecuta la contratación a través de la Unidad Operativa de Compras de esta dirección general”. La contratación quedó así bajó supervisión de Puricelli. El 27 de diciembre, Trade Baires International advirtió sobre la situación a la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría Legal y Técnica de Presidencia: “La actitud manifiestamente arbitraria y temeraria de los funcionarios del Ministerio de Defensa implica el uso de medios, buque y helicóptero no aptos ni habilitados para realizar tareas en zonas antárticas y se pone

en riesgo el cumplimiento satisfactorio de la campaña 2012/13”. Hasta allí podría tratarse de impugnaciones nacidas de una derrota en la licitación. Así lo dijo Puricelli. Pero en la práctica la situación se agravó cada día por las repetidas fallas en la operación del Timca. El primer problema grave llegó en marzo, cuando se rompió una turbina del subcontratado helicóptero Kamov32. El repuesto llegó a Buenos Aires desde Sudáfrica, un vuelo de LADE lo transportó a Río Gallegos y de allí partió un Hércules hacia la base chilena Frei para ser embarcado en el Timca; fueron 20 días sin trabajos. La misión había comenzado tarde, ya que es habitual que la campa-

cone, “importa una subrepticia e inadmisible modificación del objeto de la expropiación”, lo cual consideraron una “actuación ilegítima” que causaba un “claro detrimento y perjuicio de [sus] derechos”. Es decir, decenas o acaso cientos de millones de pesos. La familia también cargó contra el avenimiento que firmaron el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, por la empresa intervenida, y la AFIP, como expropiante. Para los Ciccone, tener al Gobierno de ambos lados del mostrador los perjudicó porque nadie defendió sus derechos por el 30% de la compañía. Los Ciccone, sin embargo, no fueron los únicos que salieron al cruce. Así, mientras que el ex banquero Raúl Juan Pedro Moneta aclaró en el fuero contencioso administrativo que él no es el dueño del 70% de las acciones restantes, pero sí quien habría financiado a sus titulares –que permanecen en las sombras–, Vandenbroele también reapareció con sus propios reclamos contra la forma en que avanzó el Gobierno. Vandenbroele –investigado por la Justicia por sus presuntos lazos con el vicepresidente Amado Boudou– también atacó el avenimiento. Lo calificó de “prohibido, ineficaz y nulo”, y pidió a la Justicia que disponga una medida cautelar para detener lo que calificó como el “desembozado vaciamiento que pretende consumar el Estado”. En su segundo escrito, además, Vandenbroele corrigió una grosera omisión de su anterior presentación: aunque había denunciado la inconstitucionalidad de la avanzada oficial, no había hecho la reserva del “caso federal” para poder apelar ante la Corte Suprema. De eso quizá dependa que el misterioso The Old Fund –en el cual primero figuró como “nuevo accionista” y luego sólo como su presidente– algún día se lleve algún cheque.ß

ña antártica arranque en diciembre y termine a comienzos de abril, pero en febrero el buque seguía en Holanda por la retención del pago previsto para enero. Se había acordado el depósito adelantado de la totalidad del monto a cambio de un descuento del cinco por ciento en el valor del barco y del diez por ciento en el costo de los medios aéreos. Completado el pago en febrero a nombre de la empresa uruguaya Assine, cuya representación asumió Transport&Service, empezaron mayores problemas. Provisiones por aire Mientras se reparaba la falla en el helicóptero se conoció la situación de emergencia de provisiones en la base Orcadas. No tenían allí ni carne ni galletitas. Y el barco no llegaba por un frente de hielo que no podía atravesar. Frente a la polémica pública, se decidió un lanzamiento de carga desde un Hércules. En ese momento, Puricelli hizo una presentación pública en la que señaló que los problemas detallados eran “mentiras de Clarín y la nacion”, además de informar que “la campaña antártica ya se ha hecho casi en su totalidad”. Cincuenta días después queda la evidencia de que esas palabras no eran ciertas. El Timca pudo avanzar unos días después con su carga, pero apareció otra irregularidad: el barco no tenía permiso para llevar pasajeros. Al Timca tuvo que acompañarlo entonces a Orcadas el barco Canal Beagle para transportar a la dotación. Y el Ministerio de Defensa se topó con otra inmediata emergencia en la base San Martín. De manera irregular, ya que no estaba previsto en el pliego de licitación, se apeló a un crucero turístico ruso que operaba en la zona para cambiar al personal de esa unidad. Y mientras todo eso pasaba, el Timca se quedó sin combustible... El barco quedó amarrado dos semanas en Ushuaia, en medio de una discusión por pagos adicionales reclamados por la empresa contratada. Al volver a la actividad, las condiciones climáticas eran extremas. El Timca escapó apenas de quedar atrapado frente a Marambio. Ahora espera varado frente a la base Esperanza por un repuesto de motor que le permita volver al continente. Sólo parte del abastecimiento se pudo descargar en Marambio, Esperanza y Carlini; sí, en cambio, se completó el traslado de víveres en Orcadas, San Martín y Belgrano II. La mitad de las bases quedaron en problemas y con la necesidad de iniciar un racionamiento que hará más dura la complicada vida en la Antártida.ß