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POLÍTICA

| Domingo 18 De agosto De 2013

Caso Báez: denuncian que la Cancillería no envío a Uruguay un pedido de datos lavado. La diputada Ocaña, que viajó a Montevideo por este

tema, dijo que la justicia hizo la solicitud hace dos meses Hernán Cappiello LA nACIOn

La justicia uruguaya no recibió ningún pedido de información de la justicia argentina en el caso en el que investiga por lavado de dinero al empresario kirchnerista Lázaro Báez, a pesar de que hace dos meses el juez federal Sebastián Casanello pidió a ese país –a través de la Cancillería–datos sobre la compra de un campo en las playas de José Ignacio por 15 millones de dólares. Así lo denunció la diputada nacional Graciela Ocaña tras informarse del trámite de la causa en Uruguay. Además, denunció que desde hace dos meses salieron desde Uruguay pedidos de información a la justicia argentina, que no fueron respondidos aún porque están aún en la Cancillería. “Tememos que la cancillería argentina esté encubriendo y demorando para que no llegue aquí la información sobre la operatoria y no permita que lleguen y se envíen datos a Uruguay”, dijo la legisladora a la nacion, al regresar de Montevideo. Tras el feriado, el martes, Ocaña (quien está evaluando postularse como candidata a legisladora porteña para las próximas elecciones generales del 27 de octubre), se presentará junto con el diputado radical Manuel Garrido en el juzgado de Casanello para hacer esta denuncia y adjuntar además una amplia-

ción de la denuncia que hicieron en Uruguay sobre los movimientos de dinero de Báez y los misteriosos vuelos de aviones vinculados al empresario. En la Argentina y en Uruguay se investiga la compra del campo El Entrevero, que son 150 hectáreas con costa de mar, en las afueras de Punta del Este. Esa operación la inició Leonardo Fariña, el valijero del rodete, esposo de Karina Jelinek; el empresario Maximiliano Acosta, amigo suyo; el abogado de Lázaro Báez, Manuel Pérez Gadín, y Oscar Osvaldo Guthux, que fue hasta 2010 gerente de finanzas de Valle Mitre, el grupo vinculado a Báez, que administra el Hotel Alto Calafate, perteneciente a la presidenta Cristina Kirchner. La sospecha es que el campo lo compró en verdad Báez, mediante testaferros, y que Fariña se habría quedado con parte del dinero entregado para la operación. La justicia uruguaya investiga si hay allí lavado de dinero. La causa la maneja el fiscal antimafia Juan Gómez, especializado en crimen organizado, y la jueza Adriana de los Santos. Ellos rastrearon la ruta del dinero de la operación y establecieron cómo llegaron las transferencias de dólares a Uruguay. Ese hallazgo permitirá reconstruir la ruta del dinero hasta el dueño de la plata. “Los abogados de Báez y de Pérez Gadín están preocupados por las

Presentación para ampliar una denuncia ^b^b^ Graciela Ocaña y Manuel Garrido se presentaron ante la justicia uruguaya para ampliar sus denuncias contra Lázaro Báez, con nuevos hallazgos conocidos en el último mes sobre sus negocios. Les advirtieron a las autoridades uruguayas que Báez reconoció ante la AFIP cómo recibía valijas con dinero desde Uruguay, que llegaban en Buquebus o en avión y eran enviadas a Río Gallegos, como publicó la nacion. Además les informaron sobre los dictámenes del fiscal José María Campagnolli, que reconstruyeron una red de lavado de dinero, supuestamente ligada a Báez, con sociedades en una docena de países, incluido Uruguay.

noticias que llegan desde Uruguay”, dijo a la nacion un allegado. Ocaña dijo a este medio: “La justicia uruguaya ha avanzado en la determinación de la compra de campos con dinero proveniente de la Argentina. Sumando a ello que estaría establecida la ruta del dinero, con el detalle de las cuentas y los bancos que habrían intervenido en esa operación de lavado de dinero. Esto es lo más significativo”, dijo Ocaña, que por eso se mostró preocupada por que la información entre ambos países no fluya y se trabe en la cancillería argentina. La justicia uruguaya –que actúa por denuncia de Ocaña y Garrido– envió el 31 de mayo pasado dos exhortos a Casanello pidiendo información sobre la causa en que investiga a Báez, pero esos escritos nunca llegaron al juzgado argentino. El juez Casanello, por su parte, envió el 14 de junio exhortos a la justicia uruguaya con pedidos de información sobre la compra de El Entrevero, pero esa información nunca llegó al juzgado uruguayo. Que la información cruce el Río de la Plata, hacia y desde Montevideo, con la Cancillería en el medio, puede demorar más de 60 días. Casanello les había pedido información a la Inspección General de Justicia, al Registro de la Propiedad y al Colegio de Escribanos de Uruguay. “La cooperación internacional es central para investigar los delitos vinculados con la corrupción estatal. Hubo otros antecedentes, como el exhorto emitido en la justicia suiza, solicitando información sobre las causas judiciales abiertas en la Argentina vinculadas a Hugo Moyano y familiares, que nunca fueron tramitados con demoras”, dijo Ocaña. Y pidió “corroborar urgentemente y aclarar cuáles son los motivos de la demora, ya que las respuestas pueden sumar elementos sustanciales para el esclarecimiento de los hechos investigados en nuestro país y en Uruguay”.ß

Rossi estuvo junto a Milani en Mendoza

los andes

Milani estuvo en Mendoza y prefirió un segundo plano

visita a tunuyán. Se mostró junto a Rossi y al

gobernador Pérez en un tributo a San Martín

MEnDOZA.– En medio de las críticas de organizaciones de derechos humanos y del propio gobierno kirchnerista de Mendoza, el jefe del Ejército, general César Milani, integró ayer la delegación nacional en el homenaje al libertador José de San Martín, realizado en el Manzano Histórico de Tunuyán. Ubicado en primera fila, al lado del gobernador Francisco “Paco” Pérez y del ministro de Defensa, Agustín Rossi, Milani se mostró en silencio, rodeado de una custodia militar, y eludió a la prensa custodiado, en un intento de pasar inadvertido. Estuvieron, también, el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez; la directora del Banco nación, Patricia Fadel; los diputados Guillermo Carmona y Anabel Fernández Sagasti, ambos del Frente para la Victoria, y el intendente de Tunuyán, Martín Aveiro, quien había admitido horas antes su preocupación por la visita del jefe del Ejército, que enfrenta denuncias en la Justicia por el papel que desempeñó en la dictadura militar y por un presunto enriquecimiento ilícito. El homenaje a San Martín, de cuya muerte se cumplieron ayer 163 años, comenzó con la Cabalgata de los Ponchos, que desfiló ante las autoridades en el lugar donde San Martín reposó a su regreso de la gesta libertadora. Incómodos por la polémica planteada en torno de la presencia de Milani, tanto el ministro Rossi como el gobernador Pérez eludieron cualquier referencia a la situación del jefe militar. “no estamos para discutir, sino para conmemorar una fecha muy especial”, dijo, escuetamente, Pérez, a pocos metros de Milani. Rossi centró su discurso en la convocatoria a los pueblos latinoamericanos para “defender los recursos naturales” y renovó el reclamo en favor de la soberanía argentina sobre las islas Malvinas. “Malvinas ya no es la causa de un país que no tolera una situación colonial ignominiosa en el siglo XXI, sino que hoy es representativa de la causa de los latinoamericanos que tenemos que cuidar nuestros recursos naturales”, enfatizó el mi-

nistro de Defensa, que evitó cualquier acercamiento con Milani. En declaraciones radiales, Rossi consideró “natural” que Milani se hiciera presente en Tunuyán, como el resto de la conducción de las Fuerzas Armadas. Al ser consultado por la actitud del jefe del Ejército, sin embargo, eligió el silencio. El intendente Aveiro, en tanto, se limitó a declarar que “debe ser la Justicia la que juzgue a Milani”. Envuelto en la polémica por la visita del jefe castrense, menos de una semana después de la derrota electoral del kirchnerismo en las primarias abiertas, el gobernador Pérez ratificó su pertenencia al kirchnerismo. “Pertenecemos a un proyecto de país que nos brinda mayor soberanía política, independencia económica y justicia social, y estamos comprometidos en la necesidad y sueños de nuestros comprovincianos”, dijo el mandatario mendocino. La visita de Milani, cuyo jefe en las tareas que desempeñó durante el Operativo Independencia fue procesado hace dos días, generó la reacción de la oposición al gobierno nacional. “Más que una contradicción del modelo es una burla del Gobierno”, escribió en Twitter el senador nacional Ernesto Sanz (UCR), al contrastar los valores que identifican al libertador San Martín con las sospechas y denuncias que rodean al jefe del Ejército.ß

Antecedentes en la Justicia ^b^b^ El senador Gerardo Morales (UCR) presentó ante la Justicia de Tucumán más elementos contra el jefe del Ejército, César Milani, en la causa en la que se investiga la desaparición del soldado Alberto Ledo. Acompañó casos en los que fueron procesados dos subtenientes, como partícipes en la desaparición de conscriptos.

Zaffaroni: “Hay una paranoia de los medios”

inseguridad. El juez de la Corte criticó el tratamiento de los hechos delictivos “Hay una paranoia construida por los medios”, dijo ayer en Salta el doctor Eugenio Zaffaroni, ministro de la Corte Suprema de Justicia de la nación, en referencia al tratamiento de los casos de inseguridad. “nunca hay una estrategia de seguridad del todo adecuada para combatir el delito”, dijo, al vincular la sensación de inseguridad con “un discurso generado por las redes de medios masivos de difusión”. En una entrevista con el diario local El Tribuno, Zaffaroni desestimó la importancia del número de muertos cuando se aborda el problema de la inseguridad. “no es la frecuencia delictiva lo que condiciona el discurso, es una paranoia construida. Los medios construyen la realidad, lo que no significa que la inventen”, puntualizó. En otro orden, Zaffaroni recordó su apoyo a la propuesta de un régimen parlamentario en el país, porque “el presidencialismo es lo que nos está abstrayendo de todos estos problemas”. Advirtió, al respecto, que hay que tener un

sistema que permita que la crisis política no derive en una crisis de sistema”. El juez de la Corte con lazos más cercanos al oficialismo aseguró que no tiene vínculos con la agrupación Justicia Legítima y, si bien dijo que no adhiere a ella, señaló: “Comparto y me gusta que esté, porque divide la opinión, moviliza y genera pluralismo”. Opinó, en tanto, que el conflicto entre el Gobierno y la Corte Suprema es similar al registrado en la crisis de 1930 en los Estados Unidos, cuando las medidas del segundo new Deal generaron un choque del presidente Roosevelt con el Tribunal Supremo de Justicia. “Es una situación que no es nueva en el mundo. no es la primera vez que pasa y no se puede prever el desenlace. En el caso de Roosevelt, el sistema se reacomodó y comenzó a funcionar de nuevo”, dijo, al desestimar que se llegue a situaciones más críticas, como la que derivó en el juicio a la Suprema Corte en e1946, durante el gobierno de Juan Domingo Perón”, expresó Zaffaroni.ß