POLITICA
Martes 27 de diciembre de 2011
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LA OFENSIVA CONTRA LOS MEDIOS s PRO SE DIFERENCIA DEL KIRCHNERISMO
Macri criticó al Gobierno por los ataques a la prensa
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Afirmó que la Casa Rosada “va en un camino distinto” del que prometió en la campaña JAIME ROSEMBERG LA NACION La maratón legislativa impulsada por el kirchnerismo en el Congreso, que dio como resultado la sanción de leyes polémicas como la del control estatal del papel para diarios, derivó ayer en la primera reacción adversa de Mauricio Macri contra el gobierno nacional en mucho tiempo. “En la campaña se vivió y se votó a favor de un clima de mayor diálogo, de mayor tolerancia, de mejor convivencia. Pero en estos primeros días de gobierno lo que uno siente es que vamos en una línea totalmente distinta”, afirmó ayer el jefe de gobierno porteño en declaraciones radiales. Y agregó que, a su criterio, la ley que establece severos controles sobre la producción de papel y perjudica a los accionistas privados de Papel Prensa (LA NACION y Clarín) se relaciona con “la obsesión que tiene el Gobierno con la prensa”. Una obsesión que, dijo, no entendía, ya que “no sirve tratar de hacer algo con la prensa […] Con [el líder libio Muammar] Khadafy no había un solo medio de comunicación libre y lo volteó Twitter”. En el gobierno porteño confiaron a LA NACION que las críticas al Gobierno “podrían ser una señal de cambio” en la relación entre ambas gestiones. Y no precisamente para mejor, luego de varios meses de diálogo sin demasiados avances y con muchos roces. “La convivencia con el periodismo crítico es algo bueno para la sociedad. No creo en nada que afecte la libertad de prensa, la libertad de expresión. Es algo fundamental y de lo que los argentinos estamos orgullosos”, afirmó el líder de Pro en sus declaraciones radiales. Consultado sobre las razones de esta ofensiva, Macri recurrió a la ironía. “No entiendo por qué: si [el Gobierno] sacó el 54%, a pesar de todas las cosas que la prensa venía diciendo, eso demuestra que la prensa es una opinión”, sostuvo. Al igual que en el discurso de asunción de su segundo mandato
ante la Legislatura porteña, Macri reafirmó su vocación de “liderar una alternativa” al Gobierno, “en 2013 y 2015”. Una buena performance de Pro en las elecciones legislativas de 2013 pasó a ser, según su visión, un objetivo por cumplir como condición para aspirar al premio mayor, la Presidencia, en algo menos de cuatro años. “Me siento responsable de construir una alternativa a lo que existe hoy para 2013 y para 2015, sobre todo. Pro lo va a hacer”, afirmó Macri. Para él, las elecciones de octubre último dieron “por terminada a una generación de gente que estaba en política, la mayoría dentro del campo opositor”, por lo cual “el país necesita una alternativa, que es mucho más que ser opositor”.
Armado en ciernes El jefe del macrismo dio, en los últimos días, algunos pasos definidos hacia la concreción de ese objetivo. El jueves último, en el Buenos Aires Design, presentó a Humberto Schiavoni como nuevo presidente de Pro, un nombramiento al que aún le resta la formalidad de las elecciones internas partidarias, previstas para abril próximo. De la nueva dirección de Pro formarían parte, según pudo saber LA NACION, Gabriela Michetti y Eugenio Burzaco, desplazado de la dirección de la Policía Metropolitana. Emilio Monzó, flamante ministro de Gobierno, está detrás de los acercamientos a los intendentes Mario Meoni (Junín) y Horacio Quiroga (Neuquén). Hoy, la pata bonaerense de Pro también tendrá motivos para la alegría. Jorge Macri, intendente de Vicente López, compartirá una foto con su par de Tigre, Sergio Massa, en tierra del jefe comunal de San Fernando, Luis Andreotti. La excusa será avanzar en acuerdos de la zona norte del conurbano en temas como seguridad, residuos y tránsito, pero a nadie escapa que el ex jefe de Gabinete de Cristina Kirchner es una presa codiciada por el macrismo en su búsqueda de referentes de peso para el siempre áspero territorio bonaerense.
Para Rossi, “era una deuda pendiente” El titular del bloque kirchnerista en la Cámara de Diputados, Agustín Rossi, volvió defender ayer el proyecto oficialista sobre Papel Prensa. Para el diputado, la polémica ley no hace más que “cumplir con un mandato constitucional de ser todos iguales y tener las mismas posibilidades”, según afirmó a Radio Nacional. Sin tomar en cuenta las críticas nacionales e internacionales, el diputado reiteró que la norma tiene que ver con “la democratización de los medios de comunicación, una deuda pendiente”, que, según su visión, se postergaba “ante la presión de determinados medios de comunicación”.
Los diarios de Brasil, muy críticos Importantes medios de prensa de Brasil se sumaron a las críticas que, dentro y fuera de la Argentina, se suscitaron frente a la sanción de la ley que impone severos controles estatales a la producción de papel para diario en el país. El matutino O Estado, de San Pablo, afirmó en un editorial que con esa norma la Argentina “se transformó en la versión austral de la democracia chavista”. Para el periódico, crítico de la gestión de la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, “Cristina Kirchner no perdió tiempo en usar la supremacía política del Gobierno para imponer su agenda legislativa, en la que se destacan propuestas claramente destinadas a restringir la libertad de expresión en el país”. Y agregó: “A la transformación del país en una versión austral de la democradura chavista le queda un único obstáculo: los sectores de la prensa que no se arrodillaron frente a la intimidación y a la formidable rapidez del Gobierno para corromper”, escribió el matutino. Otro diario brasileño, Folha de San Pablo, fue igualmente lapidario. En un editorial, opinó que “la presidenta Cristina Kirchner impulsa una compaña contra la prensa discordante e intenta imponer en el país la dictadura de la mayoría”. Según el periódico, “a diferencia de Brasil, que al democratizarse exorcizó su pasado populista, en la Argentina una herencia petrificada continúa sofocando las instituciones políticas”. Y comparó al país con “la regresión neopopulista que alcanzó a Venezuela, Bolivia y Ecuador”.
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ARCHIVO
El allanamiento judicial que suscitó un fuerte rechazo entre los empleados de Cablevisión
Cablevisión fue allanado sin una orden judicial La Gendarmería no contaba con la autorización escrita del juez ADRIAN VENTURA LA NACION La Gendarmería Nacional, cuando el miércoles último ingresó en Cablevisión por la fuerza, no cumplió un requisito inexcusable: el juez no había consignado en el expediente una orden escrita y fundada para hacer ese procedimiento. El cuestionamiento contra Bento surge de varias denuncias presentadas por Cablevisión y también, según afirman varias fuentes, de la compulsa de este expediente tramitado en Mendoza. Es decir, el juez Bento no sólo era incompetente para ordenar un procedimiento en la Capital Federal, a pesar de que los hechos que denunció el Grupo Uno, de Daniel Vila y José Luis Manzano –que acaba de recibir del Gobierno varias licencias nuevas– se habría cometido en Salta y en Córdoba. Además, habría obrado con abuso de autoridad, según denunció la empresa afectada. Alegando esos motivos, Cablevisión recusó a Bento y pidió que se investigue la intervención que el juez le dio a Gendarmería: ayer, el fiscal Jorge Di Lello pidió al magistrado mendocino que le permita certificar una copia del expediente. Cualquier juez penal sabe que un allanamiento –salvo casos de extrema urgencia, como ocurre cuando la policía oye gritos de auxilio dentro de una casa e ingresa en
forma inmediata– tiene que estar siempre precedido por una orden judicial escrita y fundada. En innumerables ocasiones, la Cámara de Casación y la Corte Suprema anularon procedimientos realizados sin esa garantía esencial. ¿Por qué Bento obró como lo hizo y dictó una resolución que redundó en benefició del Grupo Uno-Supercanal? Cablevisión sospecha que el juez actuó en connivencia con Vila y Manzano, y por eso lo denunció por cohecho.
Posibles relaciones Algunos datos merecerían ser profundizados. Bento y Manzano podrían tener un conocido en común: el asesor presidencial Juan Carlos Mazzón, que fue el segundo de Manzano cuando éste se desempeñaba como ministro del Interior durante el gobierno de Carlos Menem. ¿Puede haber otro motivo? Tal vez, también pudo haber pesado el hecho de que el Consejo de la Magistratura, hace apenas un mes, desestimó una denuncia contra Bento que había iniciado Nuevo Plaza Hotel Mendoza Ltda., con el patrocinio del abogado Nicolás Becerra. Este fue procurador general de la Nación y no sólo es un hombre de mucha confianza de Manzano, sino que también conoce al abogado que acompañó al interventor designado por Bento, Enrique Anzoize. Lo cierto es que en la foja 1479 del expediente Bento se limitó a
ordenarle a la Gendarmería la colaboración para que ayudara a poner en funciones al interventor, Enrique Anzoize, mediante el auxilio de la fuerza pública. Tal vez, no hay que descartarlo, Bento se haya sentido entre la espada y la pared: entre el Grupo Uno y el Gobierno existe una estrecha relación. En efecto, el Gobierno no pretende aplicar sobre el Grupo Uno la ley de medios, a pesar de que excede los límites de la ley de medios que sí le quiere aplicar al grupo Clarín. Es más, una de las empresas de ese grupo mendocino, Supercanal, confiesa en su sitio oficial que explota servicios de cable en 170 ciudades, a pesar de que sólo tiene licencia para hacerlo en 59. En segundo lugar, Manzano visitó en su despacho, en noviembre último, a la presidenta Cristina Kirchner. Y, ese mes, la Autoridad Federal de Servicios Audiovisuales (Afsca), cuando estaba todavía bajo el comando de Gabriel Mariotto, les dio al grupo y a sus allegados cuatro licencias nuevas. Veamos dos: la resolución 1670 de Afsca, del 9 de noviembre, le dio licencia a Fibra Hogar SA –de la que son accionistas Alfredo Luis Vila Santander y Aníbal Gabriel Olarte– para explotar televisión comunitaria en Rosario. Y Olarte también aparece en la resolución 1671 del organismo como titular de Valle Punilla Comunicaciones, que explotará ese servicio en La Falda.
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