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POLÍTICA

| Miércoles 23 de abril de 2014

Facundo Moyano, molesto con Massa

Aníbal Fernández y el ministro Tomada, ayer, en el plenario de comisiones

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Avanza el proyecto para frenar el trabajo en negro

senado. Tomada explicó el plan, que se tratará el miércoles;

el oficialismo firmó el dictamen y hubo quejas opositoras

Gustavo Ybarra LA nACion

Sin demasiados sobresaltos, el oficialismo firmó ayer el dictamen del proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo para fomentar el blanqueo de trabajadores no registrados. La iniciativa concede exenciones y reducciones en las cargas patronales para pequeñas y medianas empresas y la aplicación de un duro régimen de sanciones para quienes no cumplan con la ley. La luz verde del kirchnerismo permitirá que el proyecto se discuta en el recinto el próximo miércoles. Ayer, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, concurrió a un plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión, y de Presupuesto y Hacienda para defen-

Participaciones sociales 4318 8888

der la iniciativa. “Apuntamos a que, con medidas concretas y cumplibles, el trabajo registrado aumente en nuestro país”, afirmó el ministro, en un tramo de las casi tres horas que permaneció en el Senado. La oposición planteó algunos cuestionamientos. Así, la UCR cuestionó la severidad del régimen de sanciones en comparación con los beneficios que otorga el proyecto a quienes registren a sus trabajadores. no obstante, avaló el objetivo del proyecto de combatir el trabajo en negro. La postura más dura la planteó el socialista Rubén Giustiniani (FAPSanta Fe), quien recordó que los regímenes de exenciones de aportes patronales a cambio del blanqueo de trabajadores demostraron su ineficacia en la década del 90, durante los

gobiernos de Carlos Menem. En su exposición ante los senadores Tomada reiteró las cifras oficiales de trabajo no registrado, alternando ese índice entre el 33 y el 33,5%. Pero fue más allá y aseguró que “el 40% de las empresas formales, establecidas, tienen trabajadores en negro” y que “el 58% de las empresas inspeccionadas vuelven a reincidir” en la contratación irregular de empleados. Ante los reclamos de la oposición sobre la necesidad de flexibilizar el sistema de sanciones contemplado en el proyecto, Tomada se mantuvo firme. “Es necesario la visibilización social de las empresas y empresarios que no cumplen la ley”, sentenció. El ministro defendió, así, la creación de un registro público de em-

^b^b^ Sergio Massa anunció ayer que presentará un proyecto de ley para deducir el pago de alquileres del impuesto a las ganancias. El anuncio, hecho vía Twitter, le generó un cortocircuito con uno de sus aliados, Facundo Moyano, autor de una iniciativa muy similar, presentada en 2012. El joven diputado acusó al ex intendente de Tigre de haberle copiado la idea. “Lo volví a presentar el 8 de abril, ayer lo subí a Twitter y hoy apareció Sergio con este anuncio que nos sorprende”, dijo el jefe del gremio de los peajes, a radio Del Plata. presas sancionadas por no registrar a sus empleados y las penas, que van desde la quita de subsidios hasta la prohibición de acceder a contratos con el Estado. Esta explicación no conformó a la oposición. “Esto es un Veraz laboral con un régimen sancionatorio excesivo en relación con los beneficios, que son discretos”, se quejó Laura Montero (UCR-Mendoza). Tomada también le bajó el tono al temor, expresado por la peronista disidente Liliana negre (San Luis), de que las exenciones a las cargas patronales puedan desfinanciar el sistema de seguridad social. Al respecto, explicó que de los $ 4185 millones contemplados en beneficios “más del 50% se están pagando por una ley en vigencia que reduce cargas en los dos primeros años para nuevos trabajadores” y que el resto se compensaría si el nuevo régimen alcanza para registrar a 100.000 trabajadores. Al final de la reunión, el jefe de la bancada oficialista, Miguel Pichetto (Río negro), aceptó la sugerencia del radical Gerardo Morales (Jujuy) y aprobó eximir de las sanciones por el despido de trabajadores en casos de emergencia social o natural.ß

El macrismo propone quitarles los planes a quienes corten calles legislatura. Presentó un proyecto que fija esa sanción para

CASAMIENTOS

Dolores Estrada y Luis María Cetrá participan por este unico medio el casamiento de su hijo Santiago con Okcana Schelokova a realizarse mañana 24 de abril MISAS

Carlos María Gelly y Obes. - Su familia agradece todas las expresiones de afecto recibidas e invita a la misa que se oficiará en su memoria hoy, a las 19.30, en la parroquia de Madre Admirable María Mercedes Terrén, q.e.p.d. - Su familia invita a la santa misa a celebrarse con motivo del primer aniversario de su fallecimiento mañana, a las 19, en la capilla de las Siervas de María, Talcahuano 1154 RECORDATORIOS

JUAN ROJO, 30-11-2007. - En el día que hubiese sido tu cumpleaños, te recordamos siempre con el amor que te dimos y nos supiste dar. Tu esposa Isabel, hijos y nietos REUNIONES

El Rotary Club de Buenos Aires se reunirá hoy miércoles 23 de abril, a las 12.45, en el Sheraton Libertador Hotel, Córdoba 642. Presidirá la reunión el Sr. Emilio R. Dumais. En la oportunidad disertará el Dr. Luis M. Etchevehere sobre: “Situación y futuro de la actividad agropecuaria” Publique aquí todos los días de 9 a 20. Consulte horarios de cierre. 3 cuotas sin interes con tarjeta de crédito

quienes “atenten contra bienes públicos y privados” en la ciudad

Jaime Rosemberg LA nACion

Días después de conocerse el proyecto kirchnerista para reglamentar los piquetes, el macrismo lanzó en la Legislatura porteña su propia y polémica iniciativa. Con la firma del diputado Helio Rebot, titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el macrismo propuso sancionar con la “pérdida de planes y beneficios económicos del Estado” a quienes protagonicen cortes de calles o protestas en la vía pública, y tomen tierras en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. La polémica, que ya mereció el repudio de fuerzas de izquierda y organismos de control en el ámbito porteño, se centra en el proyecto de Rebot, que propone modificar el Código Contravencional porteño y agregar como “sanción accesoria” la quita de los planes sociales. En su artículo 2, el proyecto establece que “la pérdida de planes y beneficios consiste en la comunicación a los órganos de gobierno de la ciudad, a fin de que suspendan prestaciones de tipo económica derivadas de planes o programas sociales del cual el contraventor sea beneficiario”. Más adelante, especifica que será un juez quien “establecerá el plazo por el cual se produce la suspensión del beneficio” al manifestante. “La idea es generar un desincentivo a la realización de este tipo de medidas, como cortes de calles o impedir que gente pueda llegar a su casa o al trabajo. Casi ningún país considera válidos métodos como los

Manifestantes sin beneficios

Helio rebot legislador porteño-pro

Proyecto polémico El texto pena con la quita de planes a quienes corten calles o tomen terrenos en el ámbito de la ciudad que aquí se llevan adelante”, afirmó Rebot a la nacion. El legislador macrista, cercano a la senadora nacional Gabriela Michetti, se mostró contento por “dar el paso inicial para discutir el problema”, y puntualizó que la eventual penalización a quien forme parte de un piquete y “atente contra personas y bienes públicos y privados” no incluye a quienes perciben planes alimentarios. “no es que el Poder Ejecutivo de la ciudad va a estar tomando lista en las manifestaciones y tachar a quienes van. Pero es extorsivo y antidemocrático generarles problemas a otros para visibilizar mi reclamo”, agregó Rebot. A pesar de que, según el legislador de Pro, el proyecto fue presentado “a título personal”, la oposición disparó duro contra el macrismo.

“Sacarle el plan social –o sea el pan– a un beneficiario que pida aumento, vivienda u otro reclamo justo es casi fascista”, criticó el legislador Alejandro Bodart (MST-nueva izquierda). “El derecho a circular es importante, pero no se pueden plantear estas problemáticas desde la discriminación y posiciones casi extorsivas”, coincidió Claudio Presman, defensor adjunto de la ciudad y dirigente de la UCR. “Con este proyecto, Rebot asocia la pobreza a la comisión de un delito. Propone sacarles un plan social a las personas que corten calles o a quienes ocupen terrenos. Rebot revictimiza a las víctimas y además estigmatiza la pobreza”, afirmó el legislador kirchnerista José Cruz Campagnoli (nuevo Encuentro). Aunque para Rebot el proyecto “no tiene nada que ver” con el presentado la semana última por el diputado nacional Juan Pedrini (FPV-Chaco), en el que se establece que los manifestantes deberán solicitar permiso para manifestarse, en el macrismo reconocen que legislar en la materia “es un reclamo de la gente”. En el bloque de Pro no dieron mayores detalles sobre la velocidad que se le imprimirá al proyecto. El número de legisladores con los que cuenta Pro (28, a sólo tres del quórum) presume un rápido tratamiento. “Lo vamos a estudiar, pero, a priori, diría que la iniciativa es interesantísima”, afirmó la presidenta del bloque Pro, Carmen Polledo.ß

Moyano, Barrionuevo y los transportistas mantienen la alianza tras el paro. A pesar de las diferencias, los

gremios opositores evalúan otra protesta

Nicolás Balinotti LA nACion

Hubo un compromiso de no hablar de eventuales fechas para un paro general ni movilizaciones de protesta. El objetivo a corto plazo para la cúpula del sindicalismo opositor será no perder la adhesión que cosecharon en la huelga del 10 de abril pasado. Por eso, empujados por el pragmatismo, decidieron ocultar sus diferencias y avanzan en su alianza, por lo menos hasta fin de mes, cuando vuelvan a reunirse en la CGT para definir la hoja de ruta del plan de lucha que activaron hace dos semanas. Fue ayer la primera vez después del paro que Hugo Moyano, Luis Barrionuevo y los referentes de los gremios del transporte público de pasajeros conversaron cara a cara para evaluar los pasos por seguir. Casi por unanimidad, se impuso una postura: esperar alguna señal del Gobierno, sobre todo, en lo relativo al impuesto a las ganancias, a las asignaciones familiares y a las paritarias de los sectores que aún están en plena negociación. La posición más combativa la exhibió de vuelta la CGT Azul y Blanca de Barrionuevo, que abandonó la idea de activar un nuevo paro nacional de 36 horas, aunque sugirió hacer uno de medio día, entre el 5 y el 15 de mayo. Pero tampoco esta iniciativa logró adhesiones. Hasta la CTA de Pablo Micheli, excluida ayer del encuentro, rechazó la medida. Como parte de una estrategia para ganar tiempo, se dispuso convocar a un plenario general de dirigentes sindicales para el 30 de este mes en la CGT. Se debatirá allí cómo continuar en caso de que el Gobierno no haya dado respuestas a los principales reclamos sindicales. “no hay una postura ni una decisión tomada. Queremos que se expresen todas las seccionales, por eso convocamos a otro plenario general para fin de mes”, se mostró abierto y plural

el barrionuevista Carlos Acuña. El impulso que los sindicatos le den a otro paro general dependerá, sobre todo, de las negociaciones salariales de cada sector. Moyano, por ejemplo, aguarda por una mejora en el impuesto a las ganancias, ya que impactaría directamente en las paritarias de los camioneros, que negociarán entre mayo y junio. El jefe de la CGT advirtió que exigirá un 35% como piso de recomposición salarial para sus afiliados. De conseguirlo, una buena porción de los camioneros estará afectada por el tributo, que se abona a partir de sueldos brutos de $ 15.000. Surgió, además, otro frente de batalla para que Moyano decida salir nuevamente a la calle: la millonaria multa que le aplicó el Ministerio de Trabajo por un paro sectorial en 2012. Se retomaría hoy la paritaria de los colectiveros de la UTA. Roberto Fernández, su líder, participó ayer de la cumbre con Moyano y Barrionuevo. Asistió a la reunión porque conoce de antemano que la negociación salarial está empantanada. La UTA consiguió en febrero un adelanto de $ 1200 por mes para compensar la inflación. Ahora, deberá retomar la conversación y el piso del pedido de aumento es del 30 por ciento. También podrían complicarse las paritarias de los cuatro gremios ferroviarios, que volverán a negociar el 15 de mayo. Hace un mes, habían acordaron una suma fija mensual de entre $ 1100 y 2500, según la categoría, por el primer trimestre del año. Ahora, reclaman “no menos del 30%”, según omar Maturano, el jefe de los maquinistas y aliado de Moyano y Barrionuevo. El Gobierno tendrá injerencia en el desenlace de las paritarias de los ferroviarios y de la UTA, por lo que podría fracturar la alianza con Moyano y Barrionuevo. incidirá directamente en su rol de patrón, porque en algunos casos el servicio está estatizado, o como distribuidor de los subsidios a los empresarios del sector.ß

Más bloqueos en Siderar pese a la denuncia penal Moyano reclama por la indemnización de 17 camioneros; fuerte impacto en industrias Por segundo día consecutivo, militantes del sindicato de choferes de camiones, que lidera Hugo Moyano, bloquearon ayer los accesos a las seis plantas de Ternium Siderar en reclamo de la reincorporación de 17 trabajadores despedidos por la transportista Vilaltella y Vals SA, que brindaba servicios a la compañía del Grupo Techint. La protesta de los camioneros continuó ayer, a pesar de la denuncia penal que radicó Siderar por considerar que la medida de fuerza del gremio es “ilegal e ilegítima”. “Esto no es un bloqueo, es un paro. Todos los gremios hacen medidas de fuerza, pero cuando somos nosotros hablan de bloqueos. Acá los camioneros no están ingresando a las plantas por un reclamo que viene desde hace años”, dijo el secretario adjunto de los camioneros, Pablo Moyano, en diálogo con Radio Rivadavia. Advirtió que la protesta continuará hasta que obtengan una respuesta y pidió que Siderar no se desligue del conflicto. Según Siderar, la firma Vilal-

tella y Valls SA dejó de prestarle servicios de transporte en junio de 2012, cuando entró en concurso preventivo. Además, la empresa metalúrgica explicó, a través de un comunicado: “La mayoría [de los trabajadores en conflicto ]está hoy contratada por otras compañías de transporte o jubilada. El gremio está utilizando una metodología abusiva, violando el derecho a la libre circulación de bienes y personas”. Según voceros de la empresa, la medida de fuerza de los camioneros ya ocasionó un impacto negativo, sobre todo, en las industrias automotriz y de la construcción. “El bloqueo impidió el despacho de 18.000 toneladas de acero destinadas a los sectores automotor y autopartes, construcción, línea blanca, agro y transporte, y envases. Cada día adicional de bloqueo frena la entrega de unas 9000 a 10.000 toneladas al mercado”, se informó desde Siderar. Y se agregó: “También se está frenando la entrega de materiales para la industria de la construcción, lo cual empieza a generar escasez en la cadena de distribuidores y corralones de materiales en todo el país. Y dejaron de circular 1800 camiones con productos industriales. El desabastecimiento empezará a afectar a la industria de electrodomésticos”.ß

D’Elía dijo a la Justicia que evitó un golpe de Estado

retenciones. Declaró por incitar a la violencia en la Plaza de Mayo; ofreció a la Presidenta como testigo Hernán Cappiello LA nACion

El ex piquetero hiperkirchnerista Luis D’Elía aseguró ayer ante la Justicia que cuando irrumpió en la Plaza de Mayo con casi un centenar de militantes el 25 de marzo de 2008 evitó un golpe de Estado, y ofreció a la presidenta Cristina Kirchner como testigo para respaldar sus dichos. El dirigente prestó ayer declaración indagatoria ante el juez federal Julián Ercolini, que lo acusa de incitar a la violencia, pues la noche en

que se discutían en el Congreso las retenciones agropecuarias D’Elía ingresó a la plaza con sus militantes donde había caceroleros que protestaban contra el Gobierno. Unos 30 militantes de su agrupación Miles lo acompañaban ayer en la puerta de Comodoro Py 2002. D’Elía dijo que actuó en defensa de la democracia, porque entendió que se gestaba un golpe de Estado. En un escrito que presentó con su abogado Adrián Albor ante el juez Ercolini y el fiscal Gerardo Pollicita, dijo que vio a Cecilia Pando, esposa del militar reti-

rado Pedro Rafael Mercado, en una esquina con un megáfono incitando a la gente y hablando por celular “de manera encendida”. Añadió que cruzó trompadas con un centenar de personas que –definió– eran “militares, fuerza de seguridad en actividad o en retiro”, según dedujo por su contextura atlética y su pelo corto. D’Elía afirmó que está dispuesto a ir preso, pero que volvería a hacer lo que hizo “100 veces, mil veces, todas las veces que la democracia corra riesgo”. Entendió que el golpe fue gestado por la

Sociedad Rural y por el Grupo Clarín. El fiscal Pollicita le preguntó si había visto policías en el camino entre que llegó a la Casa de Gobierno y salió de allí. D’Elía no lo recordó. Dijo que llamó al dirigente Emilio Pérsico y que lo acompañaron otros legisladores, cuyos nombres no recordaba. Cuando se fue, se cruzó con el ruralista entrerriano Alejandro Gahan y lo golpeó. Por eso fue condenado a cuatro días de prisión en suspenso. Así, por cualquier asunto que en adelante sea condenado, la pena será de cumplimiento efectivo.

D’Elía entendió que lo que ocurrió es similar al intento de golpe de Estado en Venezuela en 2002 o en Ecuador, y ofreció a Cristina Kirchner como testigo porque dice que la Presidenta comparte esta idea. Y advirtió: “El peligro no ha cesado, hay un demonio entre las sombras dispuesto a ignorar la voluntad popular”. Enumeró entre ellos a supermercadistas que aumentan los precios, policías en huelga que liberan la zona, empresarios que cortan la luz y los medios que reflejan estos hechos.ß