POLITICA

Miércoles 2 de diciembre de 2009

LA MAFIA DE LOS MEDICAMENTOS s TRAS LA DETENCION DE ZANOLA

Apuntan a Capaccioli en la causa de los remedios Pedirían la indagatoria del recaudador de la campaña oficialista HERNAN CAPPIELLO LA NACION La causa de la venta de remedios adulterados que eran vendidos a obras sociales sindicales apunta ahora al ex superintendente de Servicios de Salud y recaudador del Frente para la Victoria en la campaña presidencial 2007, Héctor Capaccioli, que debía controlar a las droguerías y obras sociales. Mientras la Justicia estudia llamarlo a prestar declaración indagatoria, ayer se entregó y quedó detenido Alberto Costa, el ex secretario de control sanitario bonaerense, que estaba prófugo. Esta decisión y otras importantes medidas de prueba que se realizarán hoy van a imprimirle un vertiginoso ritmo a la causa. Allegados a Capaccioli dijeron ayer a LA NACION que no había recibido ninguna notificación y que está a disposición de la Justicia. En tanto, Costa será indagado mañana por el juez federal Norberto Oyarbide, que además decidió rechazar el pedido de excarcelación del líder del gremio bancario Juan José Zanola, detenido anteayer por la policía cuando salía de un departamento de Quintana 54, en La Recoleta. Antes los uniformados lo habían ido a buscar a su chalet de dos plantas con pileta climatizada de la calle Sayos 6028 de Villa Lugano, pero no lo encontraron. Oyarbide coincidió con los argumentos del fiscal Luis Comparatore para rechazar los pedidos de excarcelación presentados por Zanola y su mujer, Paula Aballay, ex directora del Policlínico Bancario, ya que entendió que podrían fugarse. Hoy, el juez indagará a Zanola como sospechoso de liderar una asociación ilícita y de vender medicamentos apócrifos. También serán interrogados Aballay; la ex vicedirectora del Policlínico Bancario Susana Fiona; el dueño de la droguería San Javier, Néstor Lorenzo, y sus socios Carlos Torres y Sergio Blanco. La policía había ido a buscar a

TELAM

El juez federal Norberto Oyarbide indagará hoy a los detenidos Costa a su casa de La Plata, pero como no lo encontró, Oyarbide pidió su detención. Ayer, acompañado de su abogado Fernando Burlando, Costa llegó a los tribunales. Burlando aseguró que su cliente no se había presentado ante el juez porque padece una enfermedad coronaria y, al enterarse de que existía una orden de arresto en su contra, quedó internado en una clínica platense para hacerse estudios, tras sufrir “una descompensación”. Oyarbide pidió la detención de Costa a partir de escuchas telefónicas que revelaron sus vinculaciones con Lorenzo sobre contratos de provisión de medicamentos para presuntamente beneficiar a la droguería San Javier. Cuando trascendió el nombre de Costa como sospechoso y las pruebas que lo ligaban a la causa, el gobernador Daniel Scioli lo echó. Burlando entendió que el juez Oyarbide actuó de manera “imprudente” porque dijo que tomó “medidas demasiado intempestivas, y no demasiado meditadas”.

“Es un poco imprudente y no habla de la seriedad de lo que es una investigación judicial que el juez haga manifestaciones públicas y que después deba rectificarse”, dijo. Zanola pidió, además de su excarcelación, que se le permita permanecer preso en su casa porque dice que padece “un cuadro de broncopatía obstructiva crónica recidivante” –una afección respiratoria–, pero el fiscal rechazó “por el momento” el pedido hasta tanto se realicen exámenes médicos que “acrediten el estado de salud” de Zanola y si “la enfermedad que padece resulta de carácter terminal”. Oyarbide también rechazó las excarcelaciones presentadas por los directivos de la droguería Del Plata, Fabián Alejandro Martino, Bernardo Javier Hogan y Alexia Bergalli, que la semana pasada fueron procesados en la causa. La causa se inició en 2007 y se investiga la venta de remedios oncológicos adulterados que eran adquiridos por obras sociales sindicales. Hay 50 gremios en la mira de la Justicia.

El triple crimen rodea el caso Los asesinados Ferrón y Forza tenían vínculos con los ahora detenidos La causa de la “mafia de los medicamentos” terminó por unir dos investigaciones judiciales calientes: la de los asesinatos de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina, ocurridos el 13 de agosto de 2008 en General Rodríguez, en un aparente ajuste de cuentas de narcotraficantes, y el financiamiento de la campaña electoral 2007 que llevó al poder a Cristina Kirchner. El nexo es el nombre de Sebastián Forza, que aparece en la causa de los remedios como proveedor de la droguería San Javier, perteneciente a Néstor Lorenzo y al mismo tiempo fue uno de los aportantes a la campaña electoral del Frente para la Victoria con 200.000 pesos entregados en cuatro cheques de 50.000 pesos. Para entonces ya sumaba cerca de medio millar de cheques sin fondos

denunciados ante el Banco Central y enfrentaba 13 causas por presunta comercialización de medicamentos adulterados con su distribuidora de medicamentos Seacamp. Forza también era conocido de Lorenzo, a quien la ex ministra de Salud Graciela Ocaña denunció como “el Yabrán” de los medicamentos. Y, además, Lorenzo tenía en su poder recibos de aportes a la campaña electoral, que supuestamente realizaron otras personas en su nombre. Entre ellas, Julio César Pose, un ex agente de la SIDE y de la DEA que será enjuiciado por narcotráfico en un caso que involucra 40 kilogramos de cocaína. Pero hay más lazos entre las muertes de General Rodríguez y los remedios adulterados: la droguería San Javier, de Lorenzo, le habría

entregado a la bancaria de Juan José Zanola los remedios que le comparaba a la distribuidora de Forza. Se sospecha que algunos de ellos eran adulterados. Habría también un pago millonario en cheques de la obra social bancaria a Forza. Lorenzo figura demás como asociado a Carlos Torres, ahora detenido, que además es uno de los aportantes a la campaña electoral del Frente para la Victoria. Pero el recibo de los aportes apareció en la carpeta de Lorenzo. Torres, director suplente de la empresa Multifarma, aparece en la declaración de aportes del kirchnerismo con 170.000 pesos, pero hay sospechas sobre pagos adicionales, ya que un casi homónimo, llamado Carlos Torresín aportó $ 155.000. Torres y Torresín figuran con idéntico número de DNI.

I

9